Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2017-00573-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2017-00573-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 52001-23-33-000-2017-00573-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 52001-23-33-000-2017-00573-01 (72111)
Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto S.A.S. –Servicios
Biomédicos de Nariño S.A.S.
Demandado: Municipio de Pasto
Referencia: Controversias contractuales
Temas: FALLO ANULATORIO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DECLARATIVOS DE
INCUMPLIMIENTO POR FALTA DE COMPETENCIA – No incide en la sentencia que define
la reclamación por la no satisfacción de las obligaciones, porque la incompetencia
sancionada se fundamentó en que la controversia debía ser decidida por el juez del contrato
/ CONTRATO DE COMPRAVENTA CON OBJETO FRACCIONADO O A PLAZOS –
Diferencias con el contrato de suministro / CONCURRENCIA ENTRE INTERVENTORÍA Y
SUPERVISIÓN – Requieren pactar en la interventoría las actividades técnicas de control y
vigilancia sobre el objeto contractual que quedan a su cargo, pero la ausencia de esta
determinación no supone automáticamente la responsabilidad estatal, no habilita al
contratista para desatender los requerimientos del interventor ni justifica incumplir el
contrato vigilado / EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO – Condiciones para que
su contenido normativo proceda respecto de contratos estatales.
1. La Sala decide los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia
del 12 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño –Sala
Segunda de Decisión, que liquidó el contrato N° 20153486 del 27 de noviembre
de 2015, con saldo a favor de la entidad contratante, y negó las demás
pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. Luego de adelantar un procedimiento de selección abreviada por subasta
inversa, el municipio de Pasto (comprador) y la Unión Temporal demandante
(vendedor) celebraron un contrato de compraventa para realizar, a lo largo del
plazo pactado, la dotación de un hospital pendiente de ser edificado. De forma
paralela, la entidad contrató la construcción del mencionado centro de salud; sin
embargo, por motivos ajenos a las partes de la compraventa, el lugar nunca
estuvo disponible para la entrega e instalación de los implementos, razón por la
cual la Administración dispuso de una bodega para recibirlos y almacenarlos.
Por otra parte, la interventoría del contrato reprochó que la vendedora no legalizó
el anticipo ni proporcionó los equipos que le fueron solicitados. En su demanda,
la actora solicitó declarar el incumplimiento contractual de la parte estatal por no
pagar los elementos proveídos a la demandada, alegando que sus obligaciones
no fueron completamente satisfechas porque su contraparte no facilitó el lugar
de ejecución.
1
Radicación: 52001-23-33-000-2017-00573-01 (72111)
Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto S.A.S. –
Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S.
Demandado: Municipio de Pasto
Referencia: Controversias contractuales
ANTECEDENTES
La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó
3. El 19 de octubre de 2017, la Unión Temporal Clinimédica Pasto S.A.S. -
Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S.1 (en adelante, la UT, la contratista, la
vendedora o la demandante) radicó demanda2 de controversias contractuales
en contra del municipio de Pasto (en lo sucedáneo, la entidad territorial, la
Administración, el Municipio, la contratante o la demandada), con el fin de
obtener pronunciamiento favorable respecto de las siguientes pretensiones (se
transcribe textualmente con posibles errores, imprecisiones, y negrillas
originales del escrito):
“PRIMERA: Que se declare que el Municipio de Pasto – Nariño, incumplió el Contrato de
Compraventa No. 20153486 de 27 de noviembre de 2015, suscrito con la UNIÓN
TEMPORAL CLINIMEDICA PASTO SAS – SERVICIOS BIOMÉDICOS DE NARIÑO SAS.,
cuyo objeto era: “EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO-
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN MUNICIPAL, A REALIZAR
LA: “DOTACIÓN DEL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD TIPO IB EN EL MUNICIPIO
DE PASTO" DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 2: COMPONENTE 1:
DOTACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO INSTRUMENTAL Y EQUIPOS
INDUSTRIALES. COMPONENTE 2: DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y
ODONTOLÓGICOS. COMPONENTE 3; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
PARA LA DOTACIÓN DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTOS.”
SEGUNDA: Que, como consecuencia del incumplimiento en que incurrió el Municipio de
Pasto, se le declare patrimonialmente responsable de los perjuicios materiales e inmateriales
causados al contratista UNIÓN TEMPORAL CLINIMEDICA PASTO SAS – SERVICIOS
BIOMÉDICOS DE NARIÑO SAS.
TERCERA: Que se condene al Municipio de Pasto a reconocer y pagar a título de
indemnización por los perjuicios materiales causados en su modalidad lucro cesante la suma
de OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
DIEZ PESOS ($ 840.048.310), M/CTE., por concepto del pago de los equipos que fueron
entregados oportunamente por la UNIÓN TEMPORAL CLINIMEDICA PASTO SAS –
SERVICIOS BIOMÉDICOS DE NARIÑO SAS., y que fueron recibidos a satisfacción por la
entidad contratante.
CUARTA: Que se condene al Municipio de Pasto a reconocer y pagar a título de
indemnización por los perjuicios materiales causados a la UNIÓN TEMPORAL
CLINIMEDICA PASTO SAS – SERVICIOS BIOMÉDICOS DE NARIÑO SAS., en su
modalidad emergente la suma de TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHOS PESOS ($
380.446.148) M/CTE.
QUINTA: Que se condene al Municipio de Pasto a reconocer y pagar a título de
indemnización por los perjuicios inmateriales causados a la UNIÓN TEMPORAL
CLINIMEDICA PASTO SAS – SERVICIOS BIOMÉDICOS DE NARIÑO SAS.,
representados en la afectación al buen nombre comercial de las sociedades integrantes
CLINIMEDICA PASTOS SAS y SERVICIOS BIOMÉDICOS DE NARIÑO SAS., el
equivalente a 400 SMLMV para cada uno de ellos.
SEXTA: Que se liquide en la sentencia que se profiera en el presente proceso, el Contrato
de Compraventa No. 20153486 de 27 de noviembre de 2015, teniendo en cuenta el anticipo
cancelado, los equipos entregados y no pagados, el saldo no ejecutado y los perjuicios
1 Conformada por las sociedades Clinimédica Pasto S.A.S. y Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S. En:
Expediente Onedrive. Carpeta “02 Expediente físico 2017-573 [Corrección]”, “001 CUADERNO 1 2017-573”.
Archivo “CUADERNO 1 2017 – 573.pdf”, f. 15-17.
2 Ibid. F. 9-73.
2
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Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto S.A.S. –
Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S.
Demandado: Municipio de Pasto
Referencia: Controversias contractuales
causados a la UNIÓN TEMPORAL CLINIMEDICA PASTO SAS – SERVICIOS
BIOMÉDICOS DE NARIÑO SAS.
SÉPTIMA: Que se condene al Municipio de Pasto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 187 del CPACA, a reconocer y pagar la indexación correspondiente tomando como
base el Índice de Precios al Consumidor, sobre las sumas reclamadas en la demanda.
OCTAVA: Que se ordene al Municipio de Pasto, que dé cumplimiento al fallo dentro del
término de treinta (30) días y que pague los intereses moratorios a una tasa equivalente al
DTF desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria, conforme a lo dispuesto en los
artículos 192 y 195, numeral 4 del CPACA.
NOVENA: Que se condene en costas a la entidad demandada conforme lo dispone el
artículo 188 del CPACA”.
4. Como fundamentos fácticos, la demandante indicó que el 27 de noviembre de
2015 suscribió con el Municipio el “contrato de compraventa No. 20153486”, con
el objeto de realizar la “DOTACIÓN DEL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD
TIPO 1B EN EL MUNICIPIO DE PASTO”, cuyo alcance incluyó la provisión,
instalación y funcionamiento de equipos de laboratorio industrial, instrumentos
biomédicos, médicos y odontológicos, quirófanos, salas de partos y material de
apoyo hospitalario y mobiliario para el mencionado centro de salud.
5. Resaltó que, en los pliegos de condiciones y en sus anexos técnico y de
presupuesto, se desglosaron “individualmente por ítems, los equipos cuyo
suministro e instalación se contrataban, y los valores unitarios y totales de los
mismos para el año 2015”, y se precisaron de los “lotes 1 y 2 de sus respectivos
componentes” junto con las cantidades, características técnicas, valores
unitarios y totales. Tales documentos, según la demanda, fueron soportados en
un “estudio de mercado”, no todos los ítems contaban con especificaciones
técnicas, y existían “inconsistencias en los valores unitarios de varios equipos
de idénticas características”, situaciones aceptadas “por el proponente, hoy
contratista, porque se contrató por un valor global del lote de equipos a
suministrar no por valor unitario”.
6. El 7 de diciembre de 2015, las partes suscribieron el acta de inicio, a partir de la
cual empezaron a ejecutarse las obligaciones, cuyo término inicialmente pactado
fue de seis (6) meses, proyectando que el plazo concluiría el 7 de junio de 2016.
7. La forma de pago prevista planteó que el valor total, equivalente a la suma de
tres mil trescientos sesenta y un millones cuarenta y cinco mil ochocientos dos
pesos ($3.361’045.802), sería cancelado mediante un anticipo, equivalente al
50%, para “la adquisición de materias primas, accesorios y/o elementos que lo
componen para el suministro e instalación”. La mitad restante sería entregada
“en un solo pago al finalizar el contrato, previa certificación de recibo a
satisfacción por parte del Supervisor y de los informes correspondientes
debidamente aprobados”. El anticipo fue girado por la Administración el 28 de
diciembre de 2015.
8. Tras dos (2) meses de empezada la ejecución, y “al observar que no se había
finalizado la construcción del HOSPITAL […] y que por el contrario […] no
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Demandado: Municipio de Pasto
Referencia: Controversias contractuales
presentaba el avance esperado”, a través de escrito del 10 de febrero de 2016,
la contratista pidió al supervisor que se “definiera el sitio específico en el cual se
debían entregar e instalar los equipos, y en caso de no ser posible, modificar la
forma de pago del contrato”. El 14 de marzo de ese mismo año, la petición fue
contestada por la supervisión “negando las solicitudes elevadas”.
9. Según la parte actora, respecto al control sobre el objeto contratado solamente
“existía jurídica y contractualmente la supervisión del contrato”, designada por la
Secretaría de Infraestructura y Valorización del Municipio, tomando en cuenta lo
pactado en el numeral 24 de las obligaciones de la contratista, y que, por lo
general, la “supervisión y la interventoría no pueden ser concurrentes frente a un
mismo contrato, a menos que se dividan las funciones de inspección y
vigilancia”3, circunstancia que no fue advertida por la Administración en las
etapas anteriores a la celebración del negocio jurídico ni en el texto suscrito. Al
margen de ello, la UT atendió los requerimientos efectuados por la interventoría,
informando sobre la ejecución del anticipo4 y su inversión.
10. Por medio de la Resolución 156 del 27 de mayo de 2016, la Administración
interpretó el “numeral 32 del contrato […] para efectos de incluir la interventoría”,
legalizando esta labor, aunque esto fue un “aspecto que se pasó por alto”
durante el procedimiento de selección abreviada por subasta inversa, porque no
se informó de ello a los entonces oferentes. Señaló, además, que “en el acto de
interpretación unilateral, no se definieron que [sic] funciones de vigilancia
estarían a cargo de la supervisora del contrato, y cuales [sic], en cabeza de la
interventoría”.
11. El 18 de julio de 2016, la demandante insistió en que le informaran el sitio exacto
para proveer los elementos. En la misma fecha, se adelantó una reunión donde
se “acordó que era necesario empezar a recibir los equipos, y que para ello se
había destinado la sede de San Andrés de la Alcaldía Municipal”, y se acordó
modificar la forma de pago del contrato. Posteriormente, la UT informó que la
entrega tendría lugar los días 1, 3 y 5 de agosto de 2016, dividiendo los ítems
por lotes. Estos “correspondían a la cantidad de 1295 equipos”. Esta diligencia
se “prolongó hasta el 15 de agosto de 2016”.
12. El acta modificatoria fue “suscrita por parte de la administración a finales del mes
de septiembre de 2016, no obstante, en su texto se afirma que fue suscrita el 22
de julio de 2016”. En dicha oportunidad se estipuló que la forma de pago sería
la siguiente: (i) un pago del 50% del valor del contrato, en calidad de anticipo; (ii)
un 45% en “actas parciales”, presentando las facturas al supervisor, previa
entrega de los equipos, con la “aceptación y certificación de recibo a satisfacción
por parte del interventor y supervisor”, y “conforme a las especificaciones
3 Basó esta afirmación en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.
4 Adicionalmente, de acuerdo con la demanda, “se le informó al interventor que, por la naturaleza del contrato,
el anticipo no debía manejarse a través de fiducia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley
1474 de 2011, exigencia ésta que hizo el interventor”.
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Referencia: Controversias contractuales
técnicas establecidas en el contrato”; y (iii) el 5% que se reservaba la entidad
hasta la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos.
13. Previa solicitud de la supervisora del contrato, el 3 de junio de 2016, se prorrogó
el plazo de ejecución convenido en treinta (30) días. Posteriormente, el 6 de julio
de 2016, las partes agregaron tres (3) meses, e indicaron que finalizaría el 7 de
octubre del mismo año.
14. El 6 de octubre de 2016, la contratista solicitó la suspensión del contrato, petición
que no fue atendida por la contratante. Un día después, el plazo pactado se
extinguió.
15. El 19 de octubre de 2016, la entidad territorial notificó a la aquí demandante la
resolución núm. 335 del 6 de octubre del mismo año, en la cual “se interpretó
unilateralmente el alcance del punto 2 del numeral 13.1. y el numeral 14 del
punto 2.8. del contrato, en el sentido de precisar que el municipio pagaría el valor
unitario planteado en la ficha MGA elaborada […] por el municipio en la época
en que hizo el estudio del proyecto para la dotación del Hospital, ficha que no
fue tenida en cuenta en los estudios previos, ni en los pliegos de condiciones ni
en el contrato”. Esta decisión se notificó después del plazo de ejecución, y fue
objeto de recurso. La Administración confirmó íntegramente el acto impugnado
con la Resolución 427 del 20 de diciembre de 2016, notificada el 26 de diciembre
de la misma anualidad.
16. La contratista fue citada para adelantar la audiencia referida por el artículo 86 de
la Ley 1474 de 2011, a fin de declarar su incumplimiento contractual. Para el
momento en que se presentó la demanda, dicha diligencia no se había llevado
a cabo.
17. Con base en estos hechos afirmados, la actora consideró que en su caso era
aplicable la “excepción de contrato no cumplido”, porque no estaba obligada a
satisfacer las obligaciones a su cargo, si la entidad contratante: (i) “no dispuso
del sitio para la instalación de los equipos y puesta en funcionamiento de los
mismos, toda vez, que, para la fecha de finalización del contrato, no había
finalizado la construcción del HOSPITAL” y (ii) “no efectuó el pago mediante
actas parciales de los equipos entregados según lo ordenaba el Acta
Modificatoria No. 2 de 22 de julio de 2016”.
Trámite relevante en primera instancia
18. La entidad territorial contestó la demanda5 oponiéndose a las pretensiones.
Esgrimió que: (i) la demandante no destinó adecuadamente los recursos del
anticipo, ni presentó informes que reportaran el uso de los dineros; (ii) aunque la
contratista solicitó la designación “inmediata” de “un lugar para entregar los
5 Expediente Onedrive. Carpeta “02 Expediente físico 2017-573 [Corrección]”, “001 CUADERNO 2 2017-573”.
Archivo “CUADERNO 2 2017 – 573.pdf”, f. 1-58.
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Demandado: Municipio de Pasto
Referencia: Controversias contractuales
equipos”, ésta aun no los tenía en su poder; (iii) la UT conocía de la interventoría
que ejercería el departamento de Nariño a través del Instituto Departamental de
Salud de Nariño -IDSN a partir de lo informado en los estudios previos, y “desde
el mismo momento en que se suscribió el acta de inicio del contrato”, a lo que
agregó que la Resolución 156 del 27 de mayo de 2016 interpretó unilateralmente
el contrato para establecer que el Consorcio Interventores Nariño 2015 estaba
encargado de dicha vigilancia; (iv) la actora no quiso suspender el contrato a
“sabiendas que el Hospital […] no estaba construido”, porque “pretendía que el
Municipio […] incumpla con alguna de sus obligaciones”, pero esto no ocurrió
porque dispuso de un lugar para recibir provisionalmente los equipos mientras
concluía la construcción del hospital; (v) la Resolución de “interpretación
unilateral”, que adoptó la “Ficha MGA” para efectuar el pago de los objetos, sirvió
para zanjar una diferencia entre “el contratista y la entidad en cuanto a precios
se refiere” pero no influyó en la “cantidad o tipo de elementos” que debía
proporcionar; y (vi) la demandante “no concluyó la entrega de los elementos
objeto del contrato, como tampoco procedió a las [sic] suscripción de las actas
de recibo”.
19. Seguidamente, la demandada propuso la excepción de “contrato no cumplido”
porque la demandante no entregó los equipos que se comprometió a proveer 6,
ni proporcionó elementos que coincidieran con los precios y especificaciones
estipuladas. Asimismo, destacó el inicio del procedimiento encaminado a
declarar la separación de las obligaciones por parte de la contratista, y que
concluyó mediante la Resolución 064 del 30 de abril de 2018 en la que “dispuso
el incumplimiento parcial del contrato N° 20153486” sobre algunos componentes
del lote 2, hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada, y declaró la
ocurrencia del siniestro cubierto por la respectiva garantía, bajo los amparos de
cumplimiento y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.
20. Asimismo, sostuvo que, si bien el centro hospitalario no estaba terminado para
la entrega de los implementos contratados, el Municipio tomó las medidas
necesarias para almacenarlos provisionalmente en otro lugar, por lo que no se
configuró la insatisfacción de sus obligaciones acusada por la actora.
21. Manifestó que, en virtud de un informe emitido por la Secretaría de Salud el 24
de abril de 2018, como prueba practicada en el procedimiento administrativo
sancionatorio adelantado contra la demandante7, encontró que fueron
almacenados “provisionalmente” -sin ser recibidos formalmente- “1286
elementos [pero] no todos cumplían con los requerimientos de la entidad”8, pues
únicamente 335 satisfacían las especificaciones. Sobre esto último, expuso:
6 Más precisamente, la entidad invocó la información suministrada por la interventoría, que aseguró la no entrega
oportuna de un equipo de rayos x portátil, dos mesas de atención para partos, un monitor de signos vitales y un
“Autoclave” que no cumplían con las especificaciones técnicas, y una planta eléctrica. Según la firma
interventora, “el contratista NO CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DE DOSCIENTOS CINCO (205) ELEMENTOS,
de los MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO (1.488) OBJETO DEL CONTRATO” (mayúsculas originales
del escrito de contestación).
7 Que concluyó en las resoluciones núm. 064 y 065 de 2018.
8 Indicó que, “según informe de la Secretaria [sic] de Salud Municipal de Pasto, de fecha 24 de abril de 2018,
se puede determinar que el contratista no cumplió con la entrega total de los 1488 equipos biomédicos, en razón
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Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S.
Demandado: Municipio de Pasto
Referencia: Controversias contractuales
“El valor de los 335 elementos que cumplen con los requisitos es de $1,389,479,645.88,
suma debidamente indexada al año 2015, lo que significó que el contratista no invirtió la
totalidad del anticipo en la compra de los elementos, quedando así una diferencia de
$291,043,255.12. En este caso el valor de los elementos entregados provisionalmente no
superó el valor del anticipo que fue de $ 1.680.522.901.
[…] no todos los elementos biomédicos recepcionados [sic] provisionalmente en la bodega
de San Andrés, podían ser recibidos como lo pretende el contratista en esta demanda. La
Administración no puede aceptar elementos que no cumplan con las condiciones técnicas
exigidas ya [sic] de lo contrario se vería abocado a una situación irregular que
desencadenaría un detrimento al patrimonio del Estado. Por esta razón la Administración
optó por decretar unas pruebas el día 29 de diciembre de 2017, las que consistían en revisar
los equipos uno a uno como efectivamente lo hizo [sic] los profesionales biomédicos de la
Secretaría de Salud Municipal arrojando el informe del 24 de abril de 2018 […] donde se
detalla uno a uno lo [sic] elementos que no cumplen con las exigencias técnicas requeridas”.
22. El 4 de febrero de 2019, el Tribunal negó la acumulación del presente proceso 9
con el identificado bajo el número de radicación 2018-00417-00, porque en ese
otro trámite no se había adelantado la admisión de la demanda. En otra
oportunidad, mediante decisión del 8 de julio de 201910, el a quo denegó una
solicitud en idéntico sentido efectuada por la parte actora porque en este trámite
ya se había fijado fecha para la audiencia inicial, por lo que no se reunían las
condiciones previstas por el artículo 148 del CGP.
23. En la audiencia inicial, adelantada el 5 de noviembre de 2019 11, se fijó el litigio,
en síntesis, sobre los siguientes ejes: (i) si existió incumplimiento del contrato
suscrito entre las partes, atribuible al Municipio o a la UT; (ii) si se aplica en este
caso la excepción de contrato no cumplido; (iii) si la administración modificó
unilateralmente las condiciones pactadas, si contaba con las facultades para
hacerlo, y si ello fue objeto de demanda; y (iv) si procede el pago de los perjuicios
reclamados por la actora. En esa misma oportunidad, fue ordenada la
incorporación de los documentos allegados por las partes en sus respectivos
escritos de demanda y de contestación, sin que éstas cuestionaran tal decisión.
Sentencia de primera instancia
24. Mediante el fallo del 12 de abril de 202412, el Tribunal resolvió liquidar el contrato,
con saldo a favor de la entidad contratante, y negar las demás pretensiones de
la demanda, así (se transcribe textualmente, con posibles errores e
imprecisiones):
a lo siguiente: // Entregó 1286 equipos de los cuales Únicamente 335 elementos CUMPLEN con las
especificaciones requeridas por la entidad, 227 no cumplen y 24 fueron elementos que se entregaron sin estar
contratados. Por lo anterior la Administración procedió a recibir formalmente 335 elementos. Los 335 elementos
a recibir tienen un valor total de $1,309,841,295.13, es decir el contratista ha ejecutado un 39% del valor total
del contrato quedando pendiente por ejecutar un 61% esto es la de $2.051.204.506.87 entrega de la totalidad
de los equipos antes del 7 de octubre de 2016”.
9 En el expediente no consta cuál de las dos partes hizo esta solicitud, ni obra copia de la misma. Sin embargo,
en el auto que fija fecha para la audiencia inicial (Índice SAMAI núm. 2 segunda instancia, archivo
“21ED_17ConvocaAudienciaIn(.pdf)”), se precisó que ésta fue requerida por el despacho en el cual se tramitaba
el otro proceso.
10 Índice SAMAI núm. 2 segunda instancia, archivo “19ED_15NiegaAcumulacionPr(.pdf)”.
11 Índice SAMAI núm. 2 segunda instancia, archivo “23ED_19AudienciaInicialpd(.pdf)”.
12 Ibid. “34ED_70Sentenciadeprimera(.pdf)”.
7
Radicación: 52001-23-33-000-2017-00573-01 (72111)
Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto S.A.S. –
Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S.
Demandado: Municipio de Pasto
Referencia: Controversias contractuales
“PRIMERO.- LIQUIDAR el contrato de compraventa No. 20153486 del 27 de noviembre de
2015 suscrito entre el municipio de Pasto y la unión temporal Clinimédica Pasto S.A.S. –
Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S., en los siguientes términos:
Liquidación judicial contrato No. 20153486 del 27 de noviembre de 2015
Objeto el contratista se compromete para con
el municipio de Pasto - Secretaría de
infraestructura y Valorización Municipal, a
realizar “la dotación del Hospital de Baja
Complejidad Tipo 1B en el Municipio de
Pasto “De acuerdo a los siguientes lotes:
lote 2 Componente 1: Dotación de equipos
de laboratorio instrumental y equipos
industriales, Componente 2 Dotación de
Equipo
Biomédico y odontológico. Componente 3
Adquisición de
equipos biomédicos para la dotación de
quirófanos y
salas de partos
Plazo 6 meses
Acta de inicio 7 de diciembre de 2015
Ficha finalización (inicial) 7 de junio de 2016
Adición No. 1 3 de junio de 2016. Se adiciona en tiempo,
30 días más
desde la culminación del plazo inicial
Adición No. 2 6 de julio de 2016. Se adiciona en tiempo,
3 meses a
partir del vencimiento del plazo del
contrato principal, es
decir, hasta el 7 de octubre de 2016
Fecha finalización 7 de octubre de 2016
Valor del contrato $3.361.045.802
Anticipo (50%) $1.554.483.001,oo13
Valor ejecutado por el contratista $0
(acreditado)
Diferencia valor ejecutado y anticipo: $1.554.483.001,oo
Saldo a favor del contratista $0
Saldo a favor del contratante $1.554.483.001,oo
SEGUNDO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO.- Abstenerse de imponer condena en costas conforme a lo expuesto en la
sentencia apelada […]”.
25. Según el Tribunal, se configuró el “incumplimiento de las obligaciones a cargo
de ambos extremos contractuales”, en tanto la demandante no demostró haber
satisfecho sus compromisos, y porque, pese a las “falencias” en cuanto al
“principio de planeación que debía observar la administración”, estas no tuvieron
“la entidad suficiente para condicionar el incumplimiento en el que se habría
incurrido por parte del contratista”, menos con la “anuencia” de la demandante
en la modificación del lugar de ejecución.
26. En ese sentido, el a quo señaló que la participación de la interventoría había sido
dispuesta desde el planteamiento del proyecto de fortalecimiento de la red de
salud, en el que el departamento de Nariño se encargó de la contratación del
13 “Se precisa que la suma girada por la administración corresponde a $1.680.522.901, sobre la cual se aplican
descuentos por concepto de estampillas por $126.039.900” (nota al pie núm. 101 original del fallo).
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Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto S.A.S. –
Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S.
Demandado: Municipio de Pasto
Referencia: Controversias contractuales
interventor con el Consorcio Interventores de Nariño 2015. Además, frente a la
renuencia de la UT en facilitar estas labores, la entidad profirió la Resolución 156
de 2016 para entender que el contrato de compraventa sí contaba con esa
vigilancia. En vista de que esta decisión no fue objetada, su actuación “se reputa
válida”.
27. Dicho lo anterior, la sentencia concluyó que no se probó la debida inversión del
anticipo y que “no se encuentra evidencia alguna” del cumplimiento de los
requisitos que la parte actora debió demostrar para acceder al segundo pago,
equivalente al 45% del precio pactado en el acta modificatoria 14, en particular del
recibo a satisfacción de los equipos trasladados a la sede dispuesta por la
Administración.
28. Asimismo, expresó que los numerales 14, 17 y 23 de las obligaciones de la
vendedora no especificaron el lugar donde debían entregarse los insumos, sino
que ello se realizaría en el sitio designado por el supervisor. Resaltó que, pese
a contemplarse la suspensión del contrato como alternativa para superar la
circunstancia de no contar con el hospital construido, ésta no fue aceptada por
la demandante.
29. La provisión de los implementos estaba supeditada a la suscripción de actas de
recibo parciales, con la verificación de la interventoría. Esto no fue cumplido por
la UT porque:
“… (i) allegó equipos que no se ajustaron a los lineamientos técnicos señalados en los
documentos precontractuales, (ii) se abstuvo de efectuar la entrega total y completa de los
equipos contratados, y (iii) habría requerido la recepción de la totalidad de equipos y
elementos entregados, para proceder a la suscripción de actas de recibo y de finalización
del contrato, supuesto que se extrae de la versión e informes rendidos por el interventor, y
que no fue refutado -al menos no expresamente- por el ahora demandante”.
30. En el fallo se aseveró que la Administración inobservó el principio de planeación,
porque inició la ejecución del contrato, aunque el hospital “aún se encontraba en
fases tempranas de construcción”. Pese a ello, las partes acordaron el sitio y la
forma en que la contratista podría cumplir con la totalidad de sus compromisos.
31. Además, la UT desatendió los requerimientos de la interventoría y de la
supervisión sobre la inversión del anticipo, y no obran “la totalidad de soportes
que darían lugar a determinar cuáles de los equipos efectivamente consignados
en la locación acordada, fueron adquiridos en virtud de los dineros percibidos”
por ese concepto. En ese sentido, la conducta omisiva de la contratista también
incidió en la certificación del recibo satisfactorio de todos los equipos, y en la
emisión de las respectivas actas.
14 En palabras de la sentencia: “… el pago a cargo del contratante se haría exigible siempre que se cumpliera
con: (i) la entrega de los equipos, (ii) la presentación de las facturas respectivas, (iii) aceptación y certificación
de recibo a satisfacción por interventoría y supervisión. No obstante, de la revisión del extenso material
probatorio que obra en el proceso, no se encuentra evidencia alguna sobre el cumplimiento de tales requisitos”.
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32. Por ende, el Tribunal coligió la existencia de “un incumplimiento a las
obligaciones por ambos extremos contractuales, circunstancia que […] impiden
[sic] evaluar la declaratoria de incumplimiento requerida en la demanda, al
tiempo que, en atención a los artículos 1546 y 1609 del C.C., descarta la
posibilidad de reconocimiento de los perjuicios deprecados por la parte actora,
por lo cual, se dispondrá negar las pretensiones que se solicitan con base en tal
declaratoria”. Esto, sin perjuicio de las resoluciones declaratorias del
incumplimiento que, para la fecha de su pronunciamiento, estaban pendientes
de decisión en segunda instancia del proceso en el cual la UT pretende su
nulidad.
33. En cuanto a la liquidación judicial, más allá de los informes de la interventoría,
no encontró “data efectiva de la puesta a disposición de los insumos en favor de
la administración” ni pudo determinar el avance de ejecución contractual. Por
ende, lo único que evidenció fue el desembolso del anticipo, monto reconocido
en el saldo a favor de la contratante.
Recursos de apelación
34. Ambas partes impugnaron el fallo de primera instancia:
35. La parte actora15 cuestionó la sentencia por no haber estudiado ni definido el
“fundamento real de la demanda”, a su juicio, la excepción de contrato no
cumplido, pese a que la propia decisión afirmó que el comportamiento del
Municipio “coadyuvó a obstaculizar el objeto contractual”16. Aseguró que el
análisis hecho por el Tribunal contiene una “valoración de la prueba […] sesgada
y equívoca en cuanto a la responsabilidad” de la UT, además de contradecir “de
manera temeraria” la sentencia “de la Sección Tercera […] de fecha 17 de junio
de 2024 dentro del radicado 2018-00417” comunicada “al Despacho de la
Magistrada Ponente en el presente asunto, por el Consejo de Estado el 15 de
julio de 2024”, en la que esta Corporación accedió a la nulidad de las
resoluciones que declararon su incumplimiento contractual. Añadió que, en su
parecer, el fallo incurrió en los siguientes yerros:
36. Apreció incorrectamente las afirmaciones del interventor. Insistió en que su
presencia no fue pactada, y vulneró lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley 1474
de 2011 que proscribe la concurrencia de las funciones de supervisor e
interventor.
15 Ibid. Archivo “37ED_73Recursodeapelacion(.pdf)”.
16 Profundizando el argumento, aseguró que la “sentencia recurrida no decidió el fundamento real de la
demanda: la excepción de contrato no cumplido, se limitó a concluir que ambas partes incumplieron sus
obligaciones y en esas condiciones sin valorar, sin sopesar que el incumplimiento de la administración
contratante fue tan grave que generó una razonable imposibilidad de mi mandante de cumplir sus obligaciones
al ciento por ciento, concluye, que como ambas partes incumplieron, no ha pasado nada, ello a pesar de que la
misma sentencia afirma que el incumplimiento del Municipio obstaculizó el cumplimiento de las obligaciones del
contratista. // La sentencia recurrida con fundamento en el testimonio rendido por el Interventor del contrato
concluye que el contratista incumplió sus obligaciones en forma absoluta”.
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Referencia: Controversias contractuales
37. Desconoció el material probatorio que prueba el cumplimiento de las
obligaciones de la contratista “en un alto porcentaje”, en tanto facilitó buena parte
de los implementos y proporcionó “un número menor porque la entidad
contratante no cumplió con la obligación de cancelarle los equipos”
suministrados.
38. El proveído pasó por alto que la propia Administración, en la Resolución 064 de
2018, declaró el incumplimiento parcial del contrato, siendo contraevidente la
decisión de liquidar judicialmente el negocio jurídico con un reconocimiento para
el contratista equivalente a “$0”.
39. En ese sentido, de no admitir que el contratista sí honró sus compromisos, la
sentencia apelada debió aceptar que “entregó 1288 equipos que le recibieron
solo 355 [sic], en consecuencia, la ejecución del contrato no fue 0 y el saldo a
favor del contratante tampoco es el valor del anticipo $1.554.483.001.00”, de
acuerdo con lo dicho por la Administración en las resoluciones que declararon el
incumplimiento parcial de la UT.
40. A propósito del informe que soportó la recepción parcial de los elementos, la
recurrente invocó el testimonio practicado a la ingeniera Diana Zuleta, para
destacar que, según su versión, no hubo “ningún tema de incumplimiento hacia
el contrato”, comoquiera que vaciló sobre las condiciones de tiempo y lugar en
que se probaron los equipos, lo que, a su juicio, produjo que los instrumentos no
estuvieran en buen estado para el momento en el que fueron analizados por la
Administración17.
41. Por su parte, el Municipio18 alegó que el saldo en su favor, reconocido en el fallo,
que correspondió al anticipo desembolsado a la aquí demandante, debía
“indexarse por cuanto son recursos pertenecientes al municipio” cuyo giro se
produjo en el año 2015.
Trámite relevante en segunda instancia
42. Con auto del 18 de febrero de 2025, el Despacho admitió el recurso de
apelación19.
17 En el recurso se resaltó lo siguiente: “De la declaración de la Ingeniera contratada por el Municipio para que
revisara los equipos entregados por la Unión Temporal contratista, se deduce que el Municipio la contrató casi
dos años después de haberse entregado los equipos, que en su criterio ella no hizo ninguna aseveración acerca
del incumplimiento del contrato; que los equipos no fueron revisados en su totalidad por falta de condiciones
para hacerlo; que los equipos biomédicos debían haberse instalado y el equipo instrumental podía haberse
guardado pero en condiciones que garantizaran su estado; que el sitio donde estaban depositados los equipos
no era un espacio que se utilice para almacenar equipos biomédicos; en cuanto a la corrosión u oxidación que
presentaba[n] algunos equipos instrumentales y su causa consideró la declarante que se debía a las condiciones
de almacenamiento, esas condiciones podía[n] ser un factor por los cuales estos dispositivos estaban en esas
condiciones”.
18 Ibid. Archivo “38ED_74Recursodeapelacion(.pdf)”.
19 Índice SAMAI proceso segunda instancia, núm. 4.
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43. El 26 de febrero de 2025, la demandante presentó memorial de oposición a la
alzada formulada por la entidad territorial20, en el que expresó que era
“antijurídico y reprochable” fundamentar la indexación en el incumplimiento total
del contrato, cuando en un documento de la contratante se admitió “el recibo de
355 [sic] equipos y el pago de los mismos”.
44. A través de auto21 del 16 de junio de 2025, la Subsección decretó oficiosamente
las siguientes pruebas: (i) la “sentencia del 17 de junio de 2024 proferida por la
Sección Tercera, Subsección B, de esta Corporación, dentro del proceso
identificado con el radicado 52001-23-33-005-2018-00417-01 (70.381)”; y (ii) un
informe escrito rendido bajo la gravedad del juramento por el representante legal
del Municipio, a fin de que precisara hechos atinentes a la controversia 22.
45. Durante el traslado del primero de los elementos de convicción mencionados,
esto es, la copia de la decisión judicial, la actora indicó23 que, en virtud de lo allí
resuelto, se ratifica que la liquidación adoptada por el Tribunal dentro de la
presente causa no “se acomoda a la realidad fáctica de la ejecución del contrato
y a la prueba documental aportada al proceso” y “desconoce que el mismo
Municipio […] aceptó que el contratista le entregó 1288 equipos y que de ese
número solo le recibió 335 que en criterio del Municipio cumplían las
especificaciones técnicas”, por lo que, de ese ejercicio, no podía concluirse que
el “valor ejecutado por el contratista fue 0”.
46. En relación con ese mismo medio de prueba, la demandada24 resaltó que el fallo
del 17 de junio de 2024 tuvo un “objeto procesal y pretensiones específicas
relativas a la nulidad de unos actos administrativos […] más [sic] no hace énfasis
a la existencia o inexistencia del incumplimiento sustancial del contrato, ni sobre
la procedencia de reclamaciones económicas actuales”, razón por la que no
constituye cosa juzgada para este caso, ni posee un “efecto prejudicial
vinculante”. Aunado a esto, como no decidió las materias de este asunto, sino
que declaró la nulidad de los actos demandados por incompetencia, ni contiene
una posición jurisprudencial unificada, aseveró que no “constituye prueba
conducente, útil ni necesaria, pues no incide directamente sobre el objeto
procesal actual”, no obstante, de otorgársele valor probatorio, solicitó que sea
considerado como un “documento informativo, sin que se le otorgue efecto
prejudicial alguno”.
20 Ibid., núm. 10.
21 Ibid. núm. 15
22 Concretamente, se ordenó al Municipio que el informe debía detallar los siguientes puntos: “i) cuáles aparatos
o utensilios médicos (individualizándolos) fueron entregados por el contratista en el lugar destinado por las
partes para ello y dentro del plazo de ejecución del contrato, esto es, durante el periodo comprendido entre el 7
de diciembre de 2015 y el 7 de octubre de 2016; ii) si, para la fecha de su disposición en bodega, cada una de
esas piezas y equipos cumplió con las especificaciones técnicas y requerimientos exigidos en el negocio
jurídico; y iii) a cuánto ascendía su precio, de acuerdo con los valores unitarios a los que se refieren las
resoluciones 335 y 427 de 2016, que fijaron el precio a pagar conforme a la “Ficha MGA” establecida al momento
de formular el proyecto de dotación”.
23 Índice SAMAI proceso segunda instancia, núm. 21.
24 Ibid. núm. 22.
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47. El 15 de julio de 2025, el municipio de Pasto, en escrito suscrito por el alcalde,
se pronunció al requerimiento decretado25, en el que señaló que no le era posible
allegar la información solicitada, en atención a la antigüedad del procedimiento
contractual involucrado. Indicó que, entre los insumos documentales, se
encontró el informe final suscrito por la interventoría (del cual allegó copia), en
el que concluyó que la UT no entregó el 100% de los elementos convenidos -en
función de la ficha MGA pactada-; pero, agregó que no existió un acta final que
permitiese determinar el cumplimiento por parte de la contratista.
48. La entidad también aportó una constancia emitida por la Secretaría de
Infraestructura y Valorización, en la que se señaló que no se logró consolidar un
acta de recibo definitiva debido a múltiples observaciones técnicas de la
interventoría, lo cual adicionó con una certificación emitida por la Secretaría de
Salud municipal, en la que se indicó que “no se encontró registro alguno del
ingreso de elementos de suministro correspondientes al contrato No. 20153486”.
Pese a ello, añadió que la oficina de apoyo logístico (almacén) remitió un
documento titulado “contrato de suministro”, identificado con el número
2020000004 del 25 de marzo de 2020, “donde detalla elementos de la dotación
del hospital de baja complejidad tipo 1B en el municipio de Pasto”, de lo cual
anexó un documento contentivo de los artículos solicitados con sus valores
unitarios y totales. El alcalde finalizó señalando que no existen evidencias de las
denominadas actas de entrega, razón por la cual le era materialmente imposible
expedir cualquier certificación en ese sentido.
49. En cuanto al informe solicitado al Municipio, la actora se pronunció 26
oponiéndose a su contenido. Para el efecto, rememoró que en la Resolución 064
de 2018, que declaró el incumplimiento parcial del contrato, anulada por orden
judicial, la entidad ya había aceptado la entrega de algunos equipos contratados
y que debía recibir 335 por ser conformes a lo pactado. Igualmente, sostuvo que
el informe de interventoría invocado por el Municipio no concuerda con lo
afirmado en su respuesta al requerimiento probatorio.
50. En la etapa para formular alegatos de conclusión en segunda instancia, las
partes se pronunciaron, así: (i) la demandante27 reiteró los argumentos
presentados en su recurso de apelación, aduciendo que la sentencia invalidante
de las resoluciones de su contraparte comporta “cosa juzgada” de cara al
presente proceso, y que, a su juicio, la entidad infringió sus obligaciones a tal
punto que la UT no pudo satisfacer las suyas, siendo así procedente la
“excepción de contrato no cumplido”; (ii) la demandada28 insistió en solicitar que
se mantenga el sentido denegatorio de las pretensiones, basándose en que,
mientras su conducta se avino a lo pactado, la contratista “incumplió
sustancialmente sus obligaciones contractuales, al entregar equipos
25 Ibid. núm. 25.
26 Ibid. núm. 28 y 29.
27 Ibid. núm. 35.
28 Ibid. núm. 36.
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defectuosos, sin documentación soporte y sin cumplir las especificaciones
técnicas exigidas”. El agente del Ministerio Público no presentó concepto.
CONSIDERACIONES
51. Al no advertir causal de nulidad que invalide lo actuado, y una vez evidenciado
el cumplimiento de la totalidad de los presupuestos procesales, a saber,
jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa
por activa y por pasiva, el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial
y verificados los requisitos de la demanda en forma, la Sala decidirá la segunda
instancia de la presente litis.
Objeto de los recursos y problemas jurídicos a resolver
52. Como se mencionó anteriormente, la decisión del Tribunal estimó que la
contratante y la contratista incurrieron en un mutuo incumplimiento contractual.
La entidad, porque desatendió su deber de planeación al no concluir
oportunamente la construcción del hospital que sería dotado con los equipos y
demás enseres, ni prever alternativas oportunas para que el conjunto de bienes
comprados fuese suministrado; y la UT porque, a partir de la información
proveniente de la interventoría, no demostró haber hecho entrega, en tiempo y
forma debidos, de todos los elementos que se comprometió a proveer. Para el a
quo, al no ser probada la satisfacción de los débitos a su cargo, las pretensiones
de la demandante deben ser negadas.
53. En su apelación, la actora manifestó que el Tribunal no tuvo en cuenta lo decidido
en el proceso que anuló los actos administrativos que declararon su
incumplimiento, y dejó de apreciar las pruebas a la luz de la excepción de
contrato no cumplido. A su juicio, esta figura opera en su caso porque el hecho
de no honrar completamente sus obligaciones era imputable a la grave infracción
de los términos pactados por parte de la entidad contratante. Igualmente, acusó
el fallo por incorrecta valoración probatoria, pues, al encontrar que sí hubo
entrega parcial de los equipos contratados, no podía concluir la completa
inejecución del contrato, como lo reflejó la liquidación adoptada por el Tribunal.
54. Por su parte, la demandada únicamente cuestionó la cifra reconocida en su
favor, por considerar que no fue actualizada a valor presente.
55. Vistos los argumentos de los recursos de apelación que presentaron ambos
extremos del proceso, esta Sala deberá resolver los siguientes interrogantes:
(i) ¿El fallo apelado contradijo lo decidido en el proceso que estudió la validez
de las resoluciones emitidas por la contratante que declararon el
incumplimiento de la parte actora? En función de ello, ¿esta decisión tiene
algún impacto en la sentencia que adopte la Sala en el sub lite?
14
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(ii) ¿El Tribunal erró en la valoración probatoria porque estableció que la
excepción de contrato no cumplido planteada por la demandante no era
aplicable en el presente asunto por el incumplimiento de la contratista?
(iii) ¿En la providencia impugnada se incurrió en una inadecuada apreciación
fáctica al dejarse de lado que la vendedora entregó parcialmente bienes
solicitados por la entidad?
(iv) ¿La liquidación del contrato adoptada por el a quo podía efectuarse sin
tener en cuenta el valor correspondiente a los equipos entregados por la
contratista?
(v) ¿En relación con la suma reconocida al Municipio en el balance final del
contrato, el proveído de primer grado omitió indexarla? A partir de ello, ¿le es
dable a esta judicatura adelantar dicho ejercicio?
56. Así las cosas, en aras de resolver los cuestionamientos planteados por los
apelantes, la Sala traerá a colación (i) lo decidido en el fallo de segundo grado
por medio del cual se confirmó la anulación de las resoluciones por las que se
declaró el incumplimiento de la contratista, así como (ii) las obligaciones del
contrato suscrito entre las partes, desde su estructuración y su correspondiente
desarrollo, para así comprender el alcance de las prestaciones que se pactaron
voluntariamente y el grado de su cumplimiento, y determinar si la demandante
tiene o no razón en sus planteamientos y pedimentos. Posteriormente, (iii) será
examinada la liquidación del contrato adoptada por el a quo, indicando si viene
pertinente actualizar el rubro reconocido en favor del Municipio. Por último, (iv)
la Subsección discurrirá sobre la condena en costas procesales.
El fallo por el que se confirmó la anulación de las resoluciones que declararon
el incumplimiento de la contratista
57. Según se reseñó en el proveído apelado, la aquí demandante promovió otro
proceso de controversias contractuales para impugnar la validez de los
siguientes actos administrativos proferidos por el Municipio: (i) Resolución 064
del 30 de abril de 201829, que, en lo pertinente para este asunto, declaró el
“incumplimiento parcial del contrato No. 20153486”, hizo “efectiva la cláusula
penal pecuniaria, prevista en la cláusula 23”, y declaró la ocurrencia del siniestro
cubierto por la póliza de cumplimiento bajo las coberturas de “Cumplimiento” y
“Buen manejo y correcta inversión del anticipo”; y (ii) Resolución 065 del 30 de
abril de 201830, que desató el recurso de reposición interpuesto en contra de la
primera decisión, y la confirmó en su integridad.
58. Además, en el expediente referido, la UT pretendió que se ordenara a la entidad
territorial “recibir de forma inmediata los 1288 equipos que se encuentran en la
29 Aportada por la parte demandada en: Expediente Onedrive. Carpeta “02 Expediente físico 2017-573
[Corrección]”, “002 CUADERNO 2 2017-573”, archivo “CUADERNO 2 2017-573.pdf”, f. 651-722.
30 Ibid. F. 765
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Demandado: Municipio de Pasto
Referencia: Controversias contractuales
Sede de San Andrés de la Alcaldía Municipal”, y se la condene a pagar
“OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($840.048.310)” por “concepto del pago de los
equipos que fueron entregados”.
59. El señalado proceso judicial culminó, en primera instancia, con la sentencia del
28 de julio de 2023, proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Nariño31, en la cual se resolvió, en lo que interesa al sub lite,
lo siguiente (se transcribe textualmente con posibles errores e imprecisiones, y
negrillas originales32):
“PRIMERO: Sin lugar a pronunciarse sobre la excepción de fondo de “cobro de lo no debido”,
formulada por la apoderada judicial del Municipio de Pasto, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECRETAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución
n° 064 de 30 de abril de 2018, proferida por la Directora del Departamento Administrativo de
Contratación Pública de la Alcaldía Municipal de Pasto (N), por medio de la cual se declaró
el incumplimiento parcial del contrato de compraventa n° 20153486 de 27 de noviembre de
2015 y de la Resolución n° 065 de la misma fecha que resolvió recurso de reposición, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior DECLARAR que la Unión Temporal
Clinimédica Pasto S.A.S. – Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S., no incumplió
parcialmente el contrato de compraventa n° 20153486 de 27 de noviembre de 2015.
CUARTO: DECLARAR que la Unión Temporal Clinimédica Pasto S.A.S. – Servicios
Biomédicos de Nariño S.A.S., no está obligada a pagar al Municipio de Pasto (N), la suma
de doscientos cinco millones veintitrés mil setecientos noventa y cuatro pesos
($205.023.794,oo) M/CTE, por concepto de la cláusula penal pecuniaria establecida en el
contrato de compraventa n° 20153486 de 27 de noviembre de 2015.
QUINTO: DECLARAR que la Unión Temporal Clinimédica Pasto S.A.S. – Servicios
Biomédicos de Nariño S.A.S., no está obligada a reintegrar al Municipio de Pasto (N), la
suma de trescientos treinta y siete millones setecientos treinta y un mil ciento setenta y seis
pesos con veintisiete centavos ($337.731.176,27) M/CTE, por concepto del anticipo pagado
por el ente territorial en virtud a la forma de pago pactada en el contrato de compraventa n°
20153486 de 27 de noviembre de 2015.
SEXTO: ORDENAR al Municipio de Pasto (N) para efectos que comunique de la presente
decisión a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación, para lo de su
competencia.
SÉPTIMO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia […]”.
31 Compuesta por tres magistrados distintos a los que adoptaron la decisión de primera instancia del presente
asunto.
32 Corresponde a la transcripción efectuada en el fallo de segunda instancia proferido por la Sección Tercera,
Subsección B, de esta Corporación, obrante en el archivo “01 Sentencia Consejo de Estado proceso 2018-
00417” del expediente OneDrive del Tribunal del presente proceso (carpeta “EXPEDIENTE CONSEJO DE
ESTADO”). Esta providencia fue remitida al a quo por intermedio de la secretaría de dicha Sección mediante
oficio del 15 de julio de 2024, y decretada de oficio en este trámite como se indicó anteriormente.
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Demandado: Municipio de Pasto
Referencia: Controversias contractuales
60. Mediante sentencia del 17 de junio de 202433, notificada el día 26 del mismo mes
y año34, la Subsección B de la Sección Tercera de esta colegiatura35 decidió lo
siguiente:
“1°) Confírmase la sentencia de 28 de julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
de Nariño – Sala Primera de Decisión.
[…] 3°) Por Secretaría remítase copia de la presente sentencia al Tribunal Administrativo de
Nariño con destino al proceso radicado con el número 52001-23-33-000-2017-00573-00,
para lo de su competencia” (subrayas agregadas).
61. En cumplimiento de la anterior determinación, la Secretaría de la Sección
Tercera de esta Corporación envió el archivo electrónico del fallo de segundo
grado al tribunal, mensaje recibido por dicho órgano judicial el 15 de julio de
202436, esto es, antes de la notificación de la sentencia apelada dentro de este
proceso, que ocurrió el 22 de julio siguiente37. Según lo descrito, aquella
providencia también fue decretada como prueba dentro del presente expediente.
62. Recapitulado lo anterior, se debe destacar que, a diferencia de lo sostenido por
el Municipio, la decisión judicial en comento no es intrascendente para el
presente asunto. En efecto, el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA)
establece que los fallos anulatorios de los actos administrativos tienen “fuerza
de cosa juzgada erga omnes”. Esto significa que su alcance repercute hacia
todos los ámbitos, excede el marco de la controversia planteada entre las partes
del proceso y compromete a los estamentos del poder público que están
sometidos al imperio de la ley. Por lo tanto, es necesario que la Sala aprecie y
analice en su integridad las providencias anulatorias.
63. Con todo, deberá considerarse que estos documentos públicos dan cuenta de la
expedición de las respectivas sentencias, de las declaraciones que contienen y
de sus fundamentos, en atención a que los efectos de la invalidez de las
decisiones unilaterales de la Administración son oponibles de manera general
(esto es, erga omnes), y sus consecuencias se extienden a todos38. Para
verificar la incidencia adicional que pueda tener un pronunciamiento de tal
estirpe, se debe verificar que concurran los elementos constitutivos de la cosa
juzgada, instituto que se extiende más allá de la mera identidad de partes, y
33 Adjuntado al presente asunto en el archivo “5ED_EXPEDIENTECONSEJODEE(.zip)” (Índice SAMAI proceso
segunda instancia núm. 2).
34 Índice SAMAI del proceso 52001233300020180041702.
35 Rad. “85001-23-33-000-2018-00417-01 [sic] (70381)”. C.P. Fredy Ibarra Martínez. Con salvamento de voto
del consejero Martín Bermúdez Muñoz.
36 Archivo “00 Fecha de radicación” de la carpeta “EXPEDIENTE CONSEJO DE ESTADO” del expediente
OneDrive del Tribunal.
37 Índice SAMAI proceso primera instancia, núm. 70.
38 “… las providencias judiciales, al ser otorgadas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones,
ostentan el carácter de documento público en los términos del artículo 243 del CGP. // No obstante lo anterior,
tal característica, per se, no les imprime carácter probatorio, último que de conformidad con la jurisprudencia
del Consejo de Estado únicamente se les reconoce cuando a través de la sentencia respectiva se pretende
probar a) la existencia misma de la decisión judicial o b) un hecho judicialmente declarado en ella, como lo es
la filiación, la unión marital de hecho, la interdicción, la invalidez de una norma o acto, la existencia de una
condena pecuniaria, la consolidación de un derecho, entre otros”: Consejo de Estado. Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia del 3 de marzo de 2020. Rad.
11001-03-15-000-2009-01177-00(REV). C.P. William Hernández Gómez (se subraya).
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Radicación: 52001-23-33-000-2017-00573-01 (72111)
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Demandado: Municipio de Pasto
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exige que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto y causa que originó el
anterior39.
64. A fin de valorar lo expuesto, se extracta que, en primera instancia, el Tribunal
expuso las siguientes razones en fundamento de su decisión: (i) que los actos
demandados estaban “viciados de nulidad por falta de competencia temporal de
la entidad estatal para proferirlos”, y por violación de la ley porque estaba en
trámite el presente proceso y, “por consiguiente, el municipio carecía de
competencia para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal
pecuniaria, pues dicha competencia había sido asumida y correspondía al Juez
de lo Contencioso Administrativo”. Sin embargo, (ii) respecto de las pretensiones
que buscaban ordenarle al ente territorial “recibir los 1.288 equipos que se
encuentran en la sede San Andrés de la Alcaldía y [sic] a la cancelación de la
suma de $840.048.310 equivalente al pago de los equipos que fueron
entregados por el contratista, y que fueron recibidos a satisfacción por la entidad
contratante”, el fallo no las concedió, porque ello debía ser resuelto en este juicio,
y lo que correspondió a esta determinación radicó “exclusivamente al estudio de
los cargos de nulidad de los actos administrativos cuestionados -falta de
competencia temporal y violación de la ley”.
65. Entre tanto, la segunda instancia asumida por esta Corporación razonó, de forma
similar al Tribunal, que los actos incurrieron en el vicio de incompetencia
temporal porque:
“… a partir de la fecha de presentación de la demanda […] la administración contratante
perdió competencia para declarar el incumplimiento del contrato en relación con los
específicos puntos que dieron lugar a ello, pues, precisamente, son coincidentes con la
controversia que, en forma previa, el contratista promovió ante la jurisdicción; por ende, se
concluye que a través de los actos administrativos demandados (expedidos el 30 de abril de
2018) la administración se arrogó, indebidamente, la decisión de aspectos que ya habían
sido sometidos al juez natural del contrato”.
66. Tal pronunciamiento definitivo analizó el recurso de apelación propuesto por la
entidad territorial que, como única impugnante, defendió que podía expedir las
decisiones atacadas, independientemente “de los plazos previstos para efectuar
el cruce de cuentas del contrato”, razón por la que este veredicto únicamente
abordó ese cargo. Adicionalmente, precisó que en esa ocasión no fue
cuestionado “el cumplimiento contractual del contratista, por lo cual dicho
aspecto no será materia de análisis debido a que escapa a la competencia
funcional del ad quem”.
67. Con base en lo reseñado hasta este punto, lo sentenciado en el proceso 2018-
00417 no afecta el alcance de la decisión por proferir dentro del presente trámite.
En efecto, las decisiones anteriormente descritas se fundamentaron en que, para
la fecha de expedición de los actos administrativos demandados, la
Administración carecía de competencia para declarar unilateralmente el
incumplimiento de la UT, en tanto el análisis de la satisfacción de los
39 Vid. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 17 de julio
de 2025, rad. 11001 03 24 000 2012 00048 00. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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Radicación: 52001-23-33-000-2017-00573-01 (72111)
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compromisos surgidos del negocio jurídico compete exclusivamente a lo que se
defina en este proceso. Así las cosas, dado que la razón para anular las
resoluciones 064 y 065 de 2018 (objeto diferente al del presente trámite) no fue
el haber encontrado probado que la contratista no hubiese incurrido en
incumplimiento alguno, la causa petendi ventilada por la actora fue distinta a la
emprendida dentro de la actual litis, de forma que no se observa la configuración
del fenómeno de la cosa juzgada40. Con ello, la valoración sobre esa
circunstancia (el grado de honra negocial) yace plenamente en esta colegiatura,
en el marco del estudio de la satisfacción de las prestaciones convenidas.
68. En ese orden de ideas, lo dispuesto por el punto resolutivo tercero del proveído
de primera instancia (“declarar que la Unión Temporal (…) no incumplió
parcialmente el contrato”) es, expresamente, consecuencia de la nulidad de los
actos allí impugnados, decretada en el ordinal inmediatamente anterior, y por las
estrictas razones desarrolladas en dicho proveído. En ese sentido, su alcance
debe ser entendido como secuela directa y exclusiva de la prosperidad de los
cargos de incompetencia, por lo que no afectan en manera alguna el análisis
sustancial de este proceso, ni implican la configuración de cosa juzgada para lo
que es materia del presente litigio (según se expuso, ante la ausencia de
identidad de objeto y de causa).
69. Por lo tanto, los interrogantes que conforman el primero de los ejes planteados
para este asunto son respondidos negativamente, para concluir que: (i) el fallo
apelado no contradijo lo decidido en el proceso que estudió la validez de las
resoluciones que declararon el incumplimiento de la parte actora, y (ii) dicha
decisión no impacta la sentencia por adoptar en el sub lite.
70. Esclarecido lo anterior, la Sala realizará una recapitulación de las fases que
surtió el acuerdo de voluntades materia de esta litis, con la finalidad de dar
cuenta del origen de las obligaciones que se dicen incumplidas.
Etapa previa y celebración del contrato No. 20153486
71. De acuerdo con el proyecto de inversión “FORTALECIMIENTO DE LA RED DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBREGIÓN DEL
DEPARTAMENTO […]”, el contrato celebrado por las partes de este litigio fue
financiado con recursos del Sistema General de Regalías. Por esa razón, en
vigencia de la Ley 1530 de 201241, el Órgano Colegiado de Administración y
Decisión (OCAD) Región Pacífico dispuso priorizar, aprobar, viabilizar y designar
“los ejecutores y la instancia que adelante contratación de la interventoría” del
mencionado programa articulado, mediante los Acuerdos 007 del 4 de julio de
40 Contrario a lo invocado por la UT en sus alegatos de conclusión de segunda instancia, y en línea con lo
argumentado por el Municipio en su respectivo escrito.
41 En particular, de sus artículos 6° y 27. Esta ley fue derogada posteriormente, a partir del 1 de enero de 2021,
por la Ley 2056 de 2020.
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201342, 008 del 30 de septiembre de 201343, y 18 del 5 de diciembre de 201444.
En este último, se dispuso que la entidad designada para ejecutar el proyecto
sería el Municipio, mientras que el IDSN se encargaría de la “contratación de la
Interventoría”.
72. Según lo detallaron los estudios previos45 al procedimiento de selección
abreviada por subasta inversa previsto en el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública (EGCAP)46, este formaba parte del proyecto
aprobado por el OCAD, en el que el Departamento y tres de sus municipios
aunaron esfuerzos para desarrollar tres “sub-proyectos”, siendo uno de ellos47 el
de la “Construcción y dotación del hospital de baja complejidad tipo 1B en el
Municipio […]”.
73. En relación con la obra adelantada para edificar el hospital, ese documento
informó que había sido adjudicada en el “mes de Julio del año 2015”, y que
contaba con licencia de construcción de la “Curaduría Urbana Segunda” del
Municipio, y con “diseños aprobados” y “viabilizados” por el IDSN y el Ministerio
de Salud y Protección Social.
74. En lo referido a la dotación para el “normal y adecuado funcionamiento del
Hospital”, se discriminaron dos “lotes por componentes”. Conforme al
presupuesto oficial previsto para el proceso de selección, el valor del contrato a
celebrar incluiría lo correspondiente a tributos, así como “los costos directos e
indirectos”, ordenados de la siguiente forma (se transcribe el texto del
documento precontractual, con posibles errores e imprecisiones, negrillas y
viñetas originales):
“Lote 2
✔ Componente 1: Dotación e instalación de Equipos de laboratorio instrumental y
equipos industriales, por valor de MIL DOSCIENTOS TRES MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS M/CTE ($1.203.483.499,oo).
✔ Componente 2: Dotación e instalación de Equipo Biomédico y odontológico, por valor
de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($1.657.562.303,oo).
✔ Componente 3: Adquisición e instalación de equipos biomédicos para la dotación de
Quirófanos y salas de partos, por un valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
M/CTE ($500.000.000,oo).
42 Expediente Onedrive. Carpetas “02 Expediente físico 2017-573 [Corrección]”, “002 CUADERNO 2 2017 –
573”, “CD 1”, “BIOMÉDICOS PRUEBAS”, “1. Acuerdos y Cartas OCAD”. Archivo
“ACUERDO_007_OCAD_REGI_N_PACIFICO_20160316_1223.PDF”, f. 15.
43 Ibid. Archivo “ACUERDO_008_OCAD_REGI_N_PACIFICO_20160628_1230.PDF”, f. 32.
44 Ibid. Archivo “ACUERDO_018_OCAD_REGION_PACIFICO_20160426_1905.PDF”, f. 35-36.
45 Expediente Onedrive. Carpeta “02 Expediente físico 2017-573 [Corrección]”, “003 CUADERNO 3 2017-573”,
archivo “CUADERNO 3 2017-573.pdf”, f. 69-102.
46 Ley 1530 de 2012 – Artículo 28, inciso 1°: “Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema
General de Regalías serán ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y
Decisión, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación pública vigente
y aplicable […]” (subrayado añadido). Además, la Ley 80 de 1993, en sus artículos 1 y 2 -literal a- determinan,
en conjunto, la asignación del régimen jurídico general de la contratación de los municipios a lo dispuesto en el
EGCAP.
47 Los dos restantes eran la “Terminación del Centro de Salud “Salud Ya ESE” del Municipio de Yacuanquer”, y
la “Ampliación y adecuación de los servicios de urgencias, obstetricia y consulta externa del centro de salud
Hermes Andrade Mejía “ESE Tangua” del Municipio de Tangua”.
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Referencia: Controversias contractuales
[…] El lote 2, conformado por el componente 1 Dotación de Equipos de laboratorio
instrumental y equipos industriales, componente 2 Dotación de Equipo Biomédico y
odontológico y componente 3 Adquisición de equipos biomédicos para la dotación de
Quirófanos y salas de partos, por un valor total de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA
Y UN MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PEOS M/CTE
($3.361.045.802,oo)”.
75. De acuerdo con el numeral 2.2. del documento, el “proyecto a ejecutar” (derivado
del mentado plan de fortalecimiento de la red departamental de prestación de
servicios de salud) incluía el “suministro[48], la instalación y el funcionamiento de
equipos de laboratorio instrumental, equipos de laboratorio industrial, equipos
biomédicos, médicos, equipos odontológicos, equipos [de] dotación de
quirófanos, salas de partos, material de apoyo hospitalario y mobiliario” para el
centro de salud antes mencionado.
76. Conforme al numeral 2.4. de los estudios previos, el 50% del valor del contrato
se desembolsaría por concepto de anticipo “para la adquisición de materias
primas, accesorios y/o elementos que lo componen para el suministro e
instalación”, y el saldo restante “en un solo pago al finalizar el contrato, previa
certificación de recibo a satisfacción por parte del Supervisor y de los informes
correspondientes debidamente aprobados y previos los trámites administrativos
reglamentarios”, advirtiendo que las “retenciones, impuestos y descuentos a que
haya lugar” estaban a cargo del contratista.
77. En el numeral 2.5. se estableció que el plazo de ejecución sería de “seis (06)
meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio”, y que su vigencia
sería del mencionado término “y dos (02) meses más, previstos para su
liquidación”. No fue expresada la motivación que dio lugar a esta última
estipulación.
78. Asimismo, en el numeral 2.6. se indicó que el lugar en el que se realizaría la
“entrega de dotación e instalación” de “cada uno de los componentes”
correspondía al “Hospital 1B ubicado en el barrio Santa Mónica de la ciudad de
Pasto del Departamento de Nariño”, esto es, el centro de salud cuya
construcción se estaba adelantando.
79. El documento previo refirió, en su apartado 2.8., que el contratista estaría
obligado a cumplir “a cabalidad el objeto del contrato cuyas actividades se
establecen en el cuadro de especificaciones técnicas”. Seguidamente, entre
otras, enlistó las siguientes (se transcribe con posibles imprecisiones y errores):
“1. EL CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO […] a entregar a entera satisfacción
lo acordado dentro del objeto del contrato, en perfecto estado y equipos de buena calidad,
de acuerdo a las especificaciones requeridas y precios contenidos dentro de la oferta
aprobada, la cual hará parte del contrato a suscribir y a reemplazar a sus expensas y sin
costo alguno, en un tiempo tal que no afecte el servicio, todos aquellos elementos que
resultaren de mala calidad o con defectos de fabricación o procedimiento.
48 Aun cuando así se mencionó en el documento previo, la tipología contractual fue definida como “compraventa”
y, en función de ello, la obligación del contratista se fijó en “entregar a entera satisfacción lo acordado”.
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2. Cambiar el elemento objeto del contrato bajo la eventualidad de que no tenga las
especificaciones técnicas, colores, diseños y dimensionamientos descritos en la propuesta
y definidos en el proceso de la contratación.
3. Cancelar los aranceles de importación y presentar al MUNICIPIO […] el manifiesto de
aduana de los equipos y demás documentos necesarios para demostrar el debido trámite de
importación de los equipos si hubiera lugar.
4. Certificar y garantizar que los equipos a entregar cumplen con las disposiciones vigentes
ambientales técnicas y de seguridad establecidas.
[…] 7. El Contratista deberá entregar al finalizar el contrato los siguientes documentos que
garantizarán la propiedad:
• Manifiesto de aduana
• Factura de venta
• Manuales de Garantías
• Manual de Operación
• Manual de servicio o mantenimiento
Estos deben ser entregados en medio físicos [sic], en idioma español correspondiente en
cada uno [sic] de las referencias.
Un manual o CD-ROM de partes y componentes del equipo en medio magnético y/o físico
en idioma español.
8. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las calidades y cantidades
requeridas, cumpliendo con las condiciones económicas, técnicas, jurídicas, financieras, y
comerciales estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta.
9. Entregar los equipos de primera calidad, original, nueva, con año de fabricación igual o
superior a 2015, no Re manufacturados [sic] ni repotenciadas, de conformidad con las
especificaciones técnicas y el tiempo establecido.
10. Proveer los equipos con sus respectivos accesorios en óptima calidad.
[…] 12. Entregar las respectivas fichas técnicas de los equipos y manual de operaciones,
funcionamiento y mantenimiento.
[…] 14. Asumir los costos de transporte y seguros del equipo hasta el lugar de entrega.
[…] 16. Entregar los documentos de importación y demás que se requieran para legalizar la
titularidad de la maquinaria a nombre del Municipio de Pasto.
17. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la Alcaldía de
Pasto a través de la [sic] personal a cabo [sic] de la supervisión del contrato.
[…] 19. Asumir el riesgo por pérdida y/o deterioro del equipo hasta la entrega [en] el lugar de
destino para la entrega del mismo.
[…] 21. Durante el término de garantía del fabricante, el cual es de 12 meses, sin limitación
de horas de uso, el vendedor, asumirá el soporte técnico en sitio de trabajo con una atención
de prontitud o celeridad en tiempo real, no mayor a un día para disponer del soporte técnico
en el sitio donde se encuentre la máquina, el cual no debe ser en jurisdicción diferente al
Municipio de Pasto.
22. Realizar la instalación de cada uno de los equipos, instrumentos y mobiliarios solicitados
por los componentes.
23. El contratista deberá realizar la instalación de los equipos e instrumentos que lo
requieran, en los lugares donde el supervisor lo indique.
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Referencia: Controversias contractuales
[…] 25. Contar con personal idóneo y capacitado para la elaboración e instalación de los
elementos requeridos.
26. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato”.
80. Por su parte, la entidad territorial se obligaría a: verificar el cumplimiento “de los
términos de ejecución en las fechas establecidas dentro del presente proceso
[sic]” y del “objeto y las obligaciones” del contratista; certificar “los cumplidos a
satisfacción o cumplimiento de las reciprocidades del contrato”, en particular, el
“cumplimiento del contratista, documento que se constituye en requisito previo
para el pago”; y realizar “por escrito sus observaciones, recomendaciones o
sugerencias […] pertinentes con relación a la correcta ejecución” del contrato.
81. La supervisión del contrato, que fue enlistada en los estudios previos como una
de las obligaciones de la contratante, sería “ejercida por el Secretario de
Infraestructura y valorización y/o su delegado”, y debía “controlar su correcta
ejecución y cumplimiento”, así como vigilar “el desarrollo total o parcial del objeto
del contrato, […] suscribir el acta de inicio”, certificar el “cumplimiento del objeto
contractual por parte de la contratista”, y proyectar “la respectiva liquidación del
contrato”.
82. El pliego de condiciones49 ratificó lo señalado respecto al alcance (núm. 1.1.1.),
la forma de pago (núm. 1.12.), el plazo contractual (núm. 1.13.), y el lugar de
ejecución (núm. 1.15.). La minuta del contrato reprodujo, en su numeral 13.1.,
las obligaciones de las partes. El presupuesto total (núm. 1.10.) fue mantenido
en el monto fijado en los estudios previos, y con la división por componentes que
allí se contempló50.
83. En la carta de presentación de la oferta -contenida en el anexo 1 de los pliegos-
, diligenciada por la UT51, constó la siguiente declaración de la contratista:
“entendemos que el valor del Contrato, conforme está definido en el pliego de
condiciones, incluye todos los impuestos, tasas o contribuciones directas o
indirectas que sean aplicables, así como todos los costos directos e indirectos
que se causen por labores de administración y las utilidades del contratista”.
49 Expediente Onedrive. Carpetas “02 Expediente físico 2017-573 [Corrección]”, “002 CUADERNO 2 2017 –
573”, “CD 1”, “BIOMÉDICOS PRUEBAS”, “3. CD EP contratación etaP pre y contractual del contrato No
20153486-SECOP”, “SU-2015-030”, archivo “Pliegos de condiciones definitivos.pdf”. Rememórese que,
conforme a la jurisprudencia de esta colegiatura: “El pliego es el acto sobre el cual se desarrolla el proceso de
selección y la ejecución del contrato, por lo tanto, se erige como la hoja de ruta o el plan de navegación sobre
el cual se diseña, estructura y concreta el denominado proceso contractual de la administración pública; por
consiguiente, todo su contenido es obligatorio para las partes, al grado tal que sus disposiciones prevalecen
sobre el clausulado del contrato una vez suscrito el mismo” (sentencia del 24 de julio de 2013, exp. 25.642. C.P.
Enrique Gil Botero; reiterada en providencia del 15 de julio de 2022, exp. 57.103, C.P. José Roberto Sáchica
Méndez).
50 Estos eran: “COMPONENTE 1 – EQUIPO DE LABORATORIO INSTRUMENTAL Y EQUIPO DE
LABORATORIO INDUSTRIAL” por un monto de “$ 1.203.483.499”; “COMPONENTE 2 – EQUIPO BIOMÉDICO
Y ODONTOLÓGICO”, con un valor de “$1.657.562.303”, y el “COMPONENTE 3 – QUIRÓFANO Y SALA DE
PARTOS”, en una suma de “$ 500.000.000”. Cuadro de presupuesto total, en: Expediente Onedrive. Carpeta
“02 Expediente físico 2017-573 [Corrección]”, “003 CUADERNO 3 2017-573”, archivo “CUADERNO 3 2017-
573.pdf”, f. 249-291, y 346-375.
51 Conforme lo indica el informe de evaluación final de las ofertas, en: Expediente Onedrive. Carpetas “02
Expediente físico 2017-573 [Corrección]”, “002 CUADERNO 2 2017 – 573”, “CD 1”, “BIOMÉDICOS PRUEBAS”,
“3. CD EP contratación etaP pre y contractual del contrato No 20153486-SECOP”, “SU-2015-030”, archivo
“Informe de evaluación final.pdf”.
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Demandado: Municipio de Pasto
Referencia: Controversias contractuales
84. En la minuta del contrato (anexo 5 de los pliegos)52, rotulada como de
“Suministro”, se reiteraron las obligaciones del contratista y del contratante.
Además, se incluyó la cláusula 18, relativa a la supervisión del contrato (se
transcribe textualmente con posibles errores e imprecisiones):
“18. SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato resultante del presente proceso de
selección será ejercida por el Secretario de Infraestructura y valorización y/o su delegado,
para el caso será un profesional, vinculado a la secretaría de Infraestructura y valorización
quien deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento, y vigilará el desarrollo total o
parcial del objeto del contrato, quien también deberá suscribir el acta de inicio, previa
verificación de los requisitos para la ejecución del contrato, certificará [el] cumplimiento del
objeto contractual por parte de la contratista y proyectará la respectiva liquidación del
contrato, una vez realizada la devolución a satisfacción de los bienes oficiales, documentos,
bases de datos, archivos e información encomendados al contratista para el normal
desempeño de sus actividades, conforme al acta de entrega. De igual manera el supervisor
dará cumplimiento a las obligaciones y funciones establecidas en el Estatuto de Contratación
Pública, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011,
en materia de supervisión de contratos estatales”.
85. El contrato53, textualmente identificado por las partes como de “Compraventa”
núm. “153486”, fue celebrado por el Municipio y la UT el 27 de noviembre de
2015, por un precio equivalente al presupuesto oficial destinado al lote 2 del
proyecto, según los estudios previos ($3.361’045.802). Las cláusulas 13.1. y
“2.8. [sic]” incorporaron las obligaciones del contratista y de la contratante
reseñadas anteriormente. Asimismo, las estipulaciones sobre el plazo (cláusula
14), forma de pago (cláusula 16), y supervisión (cláusula 18) reiteran el
contenido de los documentos precontractuales. A esto, cabría añadir que el
contrato reprodujo la minuta plasmada en el pliego de condiciones en torno a la
aplicación de la interpretación, modificación y terminación unilaterales, en los
términos de los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 (cláusula 27), y la
liquidación del contrato (cláusula 28)54.
86. Hasta este punto, pueden colegirse tres aspectos puntuales que serán de
importancia al momento de responder a los cargos planteados por la UT en su
apelación. En primera medida, en virtud de este pacto, regido jurídicamente por
el EGCAP, la contratista sí estaba obligada a proveer la totalidad de los
elementos del denominado “Lote 2” del proyecto en el lapso estipulado, con
fundamento en un negocio jurídico que, a pesar de las imprecisiones en su
calificación entre el texto de la minuta, que lo nombró como “suministro”, y el
52 Expediente Onedrive. Carpeta “02 Expediente físico 2017-573 [Corrección]”, “003 CUADERNO 3 2017-573”.
Archivo “CUADERNO 3 2017 – 573.pdf”, f. 1202-1210.
53 Expediente Onedrive. Carpeta “02 Expediente físico 2017-573 [Corrección]”, “001 CUADERNO 1 2017-573”.
Archivo “CUADERNO 1 2017 – 573.pdf”, f. 92-97.
54 Se transcribe con posibles errores e imprecisiones, y negrillas del original: “28. LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO: El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto,
o a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la extinción del plazo
de ejecución del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. También en ésta
etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación
constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá a EL CONTRATISTA
la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la extinción del mismo. PARÁGRAFO: LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si EL
CONTRATISTA no se presenta a la liquidación, o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma,
dentro del plazo previsto y los subsiguientes dos (2) meses, será practicada directa y unilateralmente por El
MUNICIPIO y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”.
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acuerdo de voluntades elevado a escrito (en el que se calificó como
“compraventa”), correspondió a lo que la jurisprudencia de esta misma
Subsección ha denominado como “compraventa de cosas con objeto
fraccionado o a plazos”55.
87. Para ahondar en estas afirmaciones, es útil invocar la distinción jurisprudencial
entre este tipo contractual y el de suministro, previsto en el artículo 968 del
Código de Comercio56 (se transcribe textualmente, con posibles errores e
imprecisiones):
“El contrato de suministro, cuyas características más acentuadas vienen a ser la continuidad
o periodicidad de las prestaciones, aunque puede registrar algunas afinidades o semejanzas
con otros contratos como el de compraventa, sin embargo, presenta diferencias […].
En efecto, difiere el suministro de la compraventa en que el primero implica, en forma
independiente, varias prestaciones y el segundo una sola, así se trate de entrega por cuotas
o entrega fraccionada. Precisamente, en este específico punto, sostiene Francesco
Messineo: “El criterio diferencial se encuentra, de ordinario, en el hecho de que el
suministrante está obligado a efectuar varias prestaciones, que constituyen una serie de
prestaciones conexas entre sí, aunque autónomas; y no sería concebible una prestación
única; mientras que, en la venta, aun cuando ésta se cumpla en diversos momentos, a
entregar por partes, se da el fraccionamiento de una prestación única (contrato unitario);
fraccionamiento que tiene lugar en orden a la ejecución, no a la formación del contrato,”
(Derecho Civil y Comercial. T.V. pág. 150)”57.
88. Así, la dotación de equipos e implementos médicos para el hospital buscaba
satisfacer prestaciones únicas, aunque llevadas a cabo de forma dilatada
durante el término estipulado. Por ejemplo, dentro de las cosas que debían ser
provistas estaban, entre muchas otras, un termómetro digital para la sala de
vacunación del primer piso58, un flujómetro para el quirófano de partos en la sala
de ginecología ubicada en el segundo piso59, o doce monitores de signos vitales
para las habitaciones unipersonales en el área de hospitalización del tercer
piso60. Las obligaciones de la contratista se agotaban en el abastecimiento (e
instalación, si era necesaria para el funcionamiento del implemento), por una
sola vez, de estos objetos, de allí que otra cualidad de este acuerdo sea que, en
palabras de esta Subsección, “una vez finalizado el término convenido sin que
se satisfaga la prestación no se extingue el vínculo contractual, es decir, no
fenece la obligación sino que la sitúa en un estado de incumplimiento o de
mora”61.
89. Por otra parte, el segundo aspecto sobre el que se llama la atención es que, de
acuerdo con los documentos precontractuales que formaron parte del contrato,
55 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del
27 de abril de 2016. Rad. 25000-23-26-000-2007-00466-01(47085). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
56 “El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en
favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios”.
57 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 20 de mayo de 1981. M.P. Alberto Ospina
Botero.
58 Expediente Onedrive. Carpeta “02 Expediente físico 2017-573 [Corrección]”, “003 CUADERNO 3 2017-573”,
archivo “CUADERNO 3 2017-573.pdf”, f. 352.
59 Ibid. f. 349.
60 Ibid. f. 366.
61 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del
24 de febrero de 2016. Rad. 85001-23-31-000-2007-00116-02 (46185). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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es evidente que el lugar donde el contratista debía entregar y/o instalar los
implementos médicos (según fuese el caso) no era otro que el Hospital “1B” del
barrio “Santa Mónica”.
90. Para la construcción de dicho centro de salud, se perfeccionó el contrato de
obra62 núm. 153351 celebrado entre el Municipio y el Consorcio 2C, con el objeto
de “realizar la “construcción del Hospital de baja complejidad tipo 1B […] del
Municipio […]” a precios unitarios fijos”, negocio que se firmó el 31 de julio de
2015, con un plazo de ejecución “de doce (12) meses, contados a partir de la
suscripción del acta de inicio”. Esta última63 se suscribió el 9 de octubre de 2015,
con lo que se proyectaba su finalización para el 9 de octubre de 2016.
91. El 15 de diciembre de 2015, las partes del contrato de obra suspendieron la
ejecución de los trabajos64 alegando “inconformidades” de la comunidad del
barrio donde se adelantaba la construcción que no serían superadas hasta
entregar el “predio que sustituirá el espacio de recreación actual en el cual se ha
establecido el desarrollo del proyecto”. Esta medida fue ampliada el 18 de enero
de 201665. El plazo se reanudó el 7 de marzo de ese año66, proyectando como
fecha conclusiva del negocio el día 31 de diciembre de 2016.
92. Con esto, puede advertirse que, para el comienzo de la ejecución de la
compraventa (7 de diciembre de 2015), el centro de salud no estaba construido
e incluso su edificación estaba paralizada por la medida adoptada apenas 8 días
después de su perfeccionamiento, lo que imposibilitaba cualquier instalación de
los elementos que exigieran dicha labor en el sitio donde fueron destinados, mas
no su entrega, que bien podía ser adelantada en otro lugar, a instancias del
supervisor, como se indicó en el numeral 23 de las obligaciones de la contratista.
93. Por otro lado, el tercer punto a rescatar es que, aun cuando el contrato objeto
del presente litigio no mencionó la designación de un interventor ni sus
funciones, al ser financiado con recursos del Sistema General de Regalías, el
OCAD tenía competencia67 para determinar a la entidad ejecutora del
subproyecto y designar a la encargada de contratar la interventoría, siguiendo
los parámetros dispuestos por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. En este
caso, está probado que, para la ejecución del proyecto y de la interventoría, el
62 Expediente Onedrive. Carpetas “02 Expediente físico 2017-573 [Corrección]”, “001 CUADERNO 1 2017 –
573”, “CD4”. Archivo comprimido “contrato de obra 20153351 Hospital Santa Monica”. Archivo “20153351-
contrato y actas.pdf”, f. 1795-1803.
63 Ibid. F. 4997-4998.
64 Acta de suspensión de obra núm. 1, en: Ibid. F. 5019-5020
65 Acta de prórroga a la suspensión de obra núm. 1, en: Ibid. F. 5017-5018.
66 Acta de reinicio de obra núm. 001, en: Ibid. F. 5021-5022.
67 Ley 1530 de 2012 – Artículo 28, inciso y parágrafo primeros: “ARTÍCULO 28. EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN. Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán
ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con estricta
sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación pública vigente y aplicable y el ejecutor
garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y
registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación. […]
PARÁGRAFO PRIMERO. Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión decidirán la instancia que
adelante la contratación de la interventoría en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, atendiendo
la importancia, naturaleza o cuantía del proyecto de inversión” (se subraya).
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órgano en mención facultó a dos entidades públicas distintas, pero igualmente
involucradas en su desarrollo, siendo escogido el IDSN para gestionar la
vinculación del interventor; no obstante, en el expediente no se acreditaron los
motivos que justificaron esta decisión.
94. En virtud de lo anterior, el IDSN celebró el contrato de interventoría 201500724
del 16 de septiembre de 201568, con el Consorcio Interventores Nariño 2015 (en
adelante, el Consorcio), para:
“… realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal sobre la
ejecución del contrato de obra que celebre el municipio […] en la ejecución del proyecto
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA
SUBREGIÓN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO – SUBPROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 1B DEL BARRIO SANTA MÓNICA – MUNICIPIO DE
PASTO, Y EL DE COMPRAVENTA QUE SUSCRIBA PARA SU DOTACIÓN DE
ELEMENTOS BIOMÉDICOS Y HOSPITALARIOS […]”.
95. Aunado a lo anterior, por medio de la Resolución núm. 156 del 27 de mayo de
2016, que no fue objeto de recursos en sede administrativa y cuya presunción
de legalidad no fue cuestionada judicialmente, el Municipio decidió interpretar
unilateralmente el contrato de compraventa “en razón en que [sic], al formar
"parte integral de éste contrato los estudios y documentos previos, los pliegos
de condiciones, la oferta presentada por el contratista, disponibilidad y registro
presupuestal, las garantías y acto de aprobación de las mismas, paz y salvo
municipal, pago de estampillas y todos los demás documentos que legalmente
se produzcan durante la ejecución y liquidación del contrato”; su
INTERVENTORÍA está bajo la responsabilidad del CONSORCIO
INTERVENTORES DE NARIÑO DE 2015, en virtud del Contrato N 2015000724
del dieciséis (16) de septiembre de 2015 que suscribió con el Instituto
Departamental de Salud de Nariño”.
96. Tomando en cuenta lo transcrito, está probado en este caso que, contrario a lo
señalado por la demandante, el contrato sí debió contar con interventoría, tanto
por los efectos del acto administrativo mencionado en el párrafo anterior como
por la decisión del OCAD que así lo dispuso, en ejercicio de las competencias
legales vigentes en ese entonces.
97. Además, el interventor tenía a su cargo la vigilancia técnica, administrativa,
financiera, ambiental y legal sobre todos los acuerdos derivados del proyecto
aprobado por el OCAD sobre la construcción del hospital y su dotación,
contratada en su “lote 2” con la vendedora. Esto, a diferencia de la supervisión,
cuya cláusula contractual englobó la labor de controlar la correcta ejecución de
lo pactado, realizar la certificación del cumplimiento de las obligaciones, y
proyectar la liquidación del contrato, sin enfatizar en el carácter técnico,
financiero, ambiental y/o legal de estas labores.
68 Expediente Onedrive. Carpetas “02 Expediente físico 2017-573 [Corrección]”, “002 CUADERNO 2 2017 –
573”, “CD 1”, “BIOMÉDICOS PRUEBAS”, “4. contrato de interventoría No 2015000724 del 16 de septiembre de
2015”. Archivo “Contrato de Interventoria firmado.pdf”.
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98. En tal sentido, lo pactado debía subordinarse a lo ordenado especialmente por
el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, que dispone la supervisión como la
actividad obligatoria para la contratación de las entidades públicas de “vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado”, función que
abarca expresamente el “seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, y jurídico” del objeto contractual, y cuyo ejercicio es efectuado por la
misma entidad contratante salvo que se requieran “conocimientos
especializados” en lo que es materia del contrato, o en eventos en los que “la
complejidad o extensión” del contrato lo justifiquen, supuestos que habilitan la
contratación de la interventoría.
99. El precepto mencionado indica, además, que por lo general estas dos figuras
“no serán concurrentes en relación con un mismo contrato”, pero que la
contratante cuenta con la posibilidad de “dividir la vigilancia del contrato
principal”, pactando en el contrato de interventoría las “actividades técnicas a
cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del
supervisor”. Así, esta disposición apunta a que el marco de actuación del
supervisor no se traslape con el del interventor, o viceversa, afectando la buena
marcha de la ejecución contractual, y los principios de eficacia y economía69 que
orientan la gestión pública en torno a los negocios jurídicos que celebra el
Estado.
100. En este caso, no está probado que el contrato de interventoría entre el IDSN
-entidad que no era la compradora- y el Consorcio haya justificado las razones
para que los acuerdos de voluntades originados en el proyecto aprobado por la
OCAD contaran con esa vigilancia técnica especializada, ni realizaron el reparto
entre las labores entre el interventor y los supervisores de los contratos. Sin
embargo, estas omisiones no facultaban de forma automática al contratista para
desatender los requerimientos del interventor cuando estos razonablemente
apuntasen a la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
ni servían por sí solas para excusar su incumplimiento. Será el análisis del caso
concreto el que determine si la superposición de funciones entre el interventor y
el supervisor impactó negativamente en el curso del programa obligacional, al
punto de perjudicar los intereses jurídicamente tutelados del contratista.
Etapa de ejecución del contrato
101. Transitando al desarrollo de las prestaciones pactadas en la compraventa,
esta fase inició el 7 de diciembre de 2015, como consta en acta suscrita por el
representante legal de la vendedora, el supervisor designado por el Municipio, y
el interventor70. La aquí demandante no se pronunció sobre la figura del
interventor en el acta de inicio. El 28 de diciembre del mismo año, la entidad
69 Cfr. Ley 80 de 1993 – Artículos 23 y 26, núm 4. Además, en la jurisprudencia ver: Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 3 de diciembre de 2007. Rad. 11001-03-26-
000-2003-00014-01(24715). C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
70 Acta de inicio, en: Expediente Onedrive. Carpeta “02 Expediente físico 2017-573 [Corrección]”, “001
CUADERNO 1 2017-573”. Archivo “CUADERNO 1 2017 – 573.pdf”, f. 100-101.
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territorial desembolsó a la UT, por concepto de anticipo, la suma de mil
quinientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y tres mil un pesos
($1.554’483.001,oo)71.
102. El 10 de febrero de 2016, la contratista mediante escrito72 solicitó al
supervisor, principalmente, que se estableciera de forma “inmediata” el “lugar
donde se deben entregar e instalar los elementos adquiridos por el municipio”; y
como pedimento subsidiario formuló la modificación de la forma de pago del
contrato, en el sentido de “pagar un valor equivalente al 45% del valor del
contrato, dejando como saldo únicamente el equivalente al 5% del valor del
contrato, el cual se pagar a la [sic] finalización del contrato por concepto de
instalación por ser la única actividad pendiente”.
103. En oficio 1520/268-2016 del 14 de marzo de 201673, la Administración no
accedió a lo planteado por la UT, por considerar que: (i) la recepción de los
equipos “antes del tiempo acordado” no era “una obligación de inmediato
cumplimiento para la Administración […] máxime cuando el Hospital […] todavía
no se ha construido”, y recordó que la contratista debía asumir el riesgo por
pérdida o deterioro del equipo hasta la entrega que “tendría que hacerse en las
instalaciones del Hospital”; (ii) hubo “problemas de fuerza mayor” para la
construcción de la obra; y (iii) advirtió que no había sido “presentado ningún tipo
de informe sobre los resultados de las obligaciones que le compete, en especial
la manera en que se ha invertido el 50% del anticipo” desembolsado.
104. Mediante oficio fechado el 15 de abril de 201674, el interventor solicitó a la UT
el estado de la cuenta bancaria a la que fue consignado el anticipo, y la
presentación de una “propuesta de inversión del anticipo, donde demuestre
técnicamente las prioridades para la inversión de los dineros entregados en tal
calidad, además del manejo administrativos [sic] que se le va a dar [a] los
mencionados recursos”. En respuesta75 a lo anterior, la aquí demandante negó
la existencia de la interventoría porque no fue prevista en los estudios previos ni
pactada en el contrato y el requerimiento se efectuó mucho después del inicio
de la ejecución, y le restó “toda facultad legal” para exigir la información
reconociendo únicamente a la supervisión.
105. El 2 de mayo de 2016, representantes de la entidad supervisora del contrato,
de la vendedora y del interventor se reunieron76 para resolver: (i) la
obligatoriedad de las instrucciones de la interventoría; (ii) la forma de pago, y (iii)
la imposibilidad de la entidad de “recibir los elementos producto del contrato
hasta tanto se tuviera construido el hospital”. De esa sesión, el representante
legal de la aquí demandante se comprometió a “entregar el informe sobre la
71 Comprobantes de egreso, en: Ibid. F. 102-103.
72 Ibid. F. 104-109.
73 Ibid. F. 112-121.
74 Oficio CIN-INTER-PST-035-2016, en: Ibid. F. 128-129.
75 Documento del 25 de abril de 2016, en: Ibid. F. 130-133.
76 Acta de reunión, en: Expediente Onedrive. Carpetas
“02 Expediente físico 2017-573 [Corrección]”, “002
CUADERNO 2 2017 – 573”, “CD 1”, “BIOMÉDICOS PRUEBAS”, “10”. Archivo “10.pdf”.
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inversión del anticipo y el informe financiero” solicitado anteriormente por el
Consorcio, y la “propuesta de costo sobre el almacenamiento de los equipos
hasta que se pueda[n] entregar e instalar” en el hospital.
106. Mediante documento del 10 de mayo de 2016, la vendedora presentó a la
supervisora del contrato un informe77 sobre el “ANTICIPO DEL 50%” del valor
de la compraventa, en el que allegó78 un comprobante de egreso expedido por
una de las integrantes de la UT por concepto de “PRESTAMO [sic] […] PARA
COMPRA [DE] EQUIPOS”, y un recibo de caja de la misma sociedad por
concepto de “CAJA GENERAL”. Además, solicitó nuevamente la información
sobre la “designación del lugar donde hacer la respectiva entrega de los equipos”
sin hacer mención sobre la instalación de aquellos que lo requiriesen, y afirmó:
“Con el anticipo entregado, se procedió a realizar pagos parciales como anticipos a los
proveedores, situación que fue y es necesaria para dar cumplimiento al contrato suscrito con
el municipio, sin embargo y teniendo en cuenta que los equipos ya fueron enviados en su
mayoría por parte de mis proveedores, se hace necesario el pago de los saldos, so pena de
incumplimiento y perjuicios a reclamar por parte de ellos.
El crédito con los proveedores es una actividad común en los contratistas que ejecutan este
tipo de contratos, en tanto se adelanta un primer pago para el diseño, elaboración y envío
de equipos, y un segundo pago como saldo con la entrega del equipo, situación idéntica a
la realizada por el municipio de Pasto y demás entidades ya sean de orden nacional, y
departamental en sus contratos de compraventa y suministro”.
107. Tanto la supervisión del contrato79 como el interventor80 expresaron que la
información suministrada por la contratista era insuficiente. El Consorcio reiteró
el requerimiento de la información sobre el manejo de la cuenta bancaria y la
propuesta de inversión del anticipo, indicó su inconformidad con la realización
de “pagos parciales como anticipo a proveedores” sin contar con “la propuesta
de inversión del anticipo”, y cuestionó que los soportes allegados no “reúnen las
más mínimas condiciones para servir de justificación a un plan de manejo de
inversión del anticipo y mucho menos para legalizar el mencionado gasto”.
108. Posteriormente, en documento con fecha del 1 de junio de 2016 81, el
interventor exhortó a la UT a la entrega de la información relacionada con el plan
de inversión del anticipo, el estado de la cuenta a la que fueron desembolsados
dichos recursos, la “relación debidamente documentada de los equipos y
dotación adquirida con los dineros que se recibieron a título de anticipo hace
más de cinco (5) meses” aún no recibida, y las “facturas o comprobantes de
pago” que especifiquen lo anterior.
77 Expediente Onedrive. Carpeta “02 Expediente físico 2017-573 [Corrección]”, “001 CUADERNO 1 2017-573”.
Archivo “CUADERNO 1 2017 – 573.pdf”, f. 139-141.
78 Comprobante del 31 de enero de 2016, por valor de $283’073.798, y recibo de caja de “$300.447.399” Ibid.
F. 142-143.
79 Oficio 1521/454-2016 del 12 de mayo de 2016, en: Ibid. F. 144-146.
80 Oficio CIN-INTER-039-2016 del 17 de mayo de 2016, en: Ibid. F. 148-152.
81 Oficio CIN-INTER-057-2016, en: Ibid. F. 165-167.
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109. En informe de interventoría del 1 de junio de 201682, se planteó la necesidad
de ampliar el plazo del contrato de compraventa “en un mes, con la finalidad de
que el Municipio […] busque un sitio de almacenamiento temporal de los equipos
y elementos objeto del contrato de compraventa y simultáneamente se modifique
la forma de pago del contrato en razón a que el tiempo de ejecución se ha
agotado y financieramente se debe evitar el rompimiento del equilibrio
contractual”. Con todo, insistió en la necesidad de contar con la “documentación
soporte de la inversión del anticipo”.
110. En el reporte de supervisión del 3 de junio de 201683, se expuso que el
“proyecto de dotación no ha podido ejecutarse en su totalidad en razón a que se
debe contar con la infraestructura del Hospital”. Por ende, avaló la prórroga que,
mediante el acuerdo denominado “ADICIÓN EN TIEMPO No. 01”84, celebrado
en la misma fecha del reporte, agregó “TREINTA (30) DÍAS más” al plazo,
computados “a partir del día siguiente al vencimiento del contrato principal”.
111. En oficio de “junio de 2016”, la UT solicitó añadir “TRES (03) meses más” al
término de ejecución, argumentando que: (i) sería realizada “la entrega de
TODOS los equipos estipulados”; (ii) su recepción requería la revisión detallada
de la interventoría; (iii) en vista de que los equipos no serían “instalados ni
puestos en funcionamiento requiere que los mismos queden nuevamente
empacados”; y (iv) existían bloqueos en la “vía Panamericana” que dificultaban
la llegada de implementos almacenados en otras ciudades del país.
112. El 6 de julio de 2016, las partes pactaron la “ADICIÓN EN TIEMPO No. 02”85
en el sentido de “Adicionar el plazo al Numeral 14 del contrato de compraventa
[…] en TRES (3) MESES más contados a partir del día siguiente al vencimiento
del contrato principal, es decir, hasta el día siete (7) de Octubre de 2016”.
113. El 18 de julio de 2016, se reunieron en las instalaciones del IDSN,
funcionarios de dicha entidad, del Municipio y de la supervisión del contrato,
junto con personal de la interventoría, y el representante legal de la vendedora.
En el acta correspondiente86, se reflejó que trataron los siguientes aspectos: (i)
fue evaluada la solicitud del contratista para “modificar la forma de pago,
teniendo en cuenta que él tiene listos los equipos para entrega y que a la fecha
la construcción del Hospital […] se encuentra a nivel de cimentación y la fecha
de entrega de esta construcción será aproximadamente para mayo de 2017”.
Además, se refirió que “la entidad contratante ha dispuesto un espacio físico con
las condiciones técnicas y de seguridad exigidas para el bodegaje y custodia de
los equipos en la sede de San Andrés de la Alcaldía Municipal”. Sobre estas
bases se propuso la legalización de “la entrega financiera del anticipo con la
entrega de los equipos correspondiente a 1500 millones”; (ii) el interventor
insistió en que se “ha presentado un incumplimiento reiterado por parte del
82 Ibid. F. 195-201.
83 Ibid. F. 191-194.
84 Ibid. F. 188-190.
85 Ibid. F. 208-210.
86 Ibid. F. 220-221.
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contratista” a sus requerimientos, en particular, respecto de la información sobre
la inversión del anticipo; y (iii) la reunión concluyó con “el acuerdo de modificar
el contrato en su forma de entrega, pago y con la generación [sic] del cronograma
respectivo para el recibo y posterior suspensión del contrato”, pero en esa
oportunidad no se indicó cuándo se perfeccionaría esa futura modificación.
114. Con oficio fechado en el mismo día de la reunión, la vendedora solicitó al
interventor que se “informe el sitio exacto” en el que se realizaría la entrega de
los equipos87. El destinatario, en comunicación del 26 de julio de 201688, aseguró
que la verificación de las condiciones del lugar para adelantar la recepción de
los elementos, inspeccionado previamente junto con el representante legal de la
UT, estaba en trámite; además, precisó que el “recibo queda sujeto a aprobación
o rechazo una vez se verifiquen las condiciones, especificaciones técnicas así
como el cumplimiento de las características de acuerdo a los requerimientos
establecidos por la entidad contratante en los estudios previos y a la oferta
presentada por el contratista”.
115. El 22 de julio de 2016, las partes suscribieron el “ACTA MODIFICATORIA
No. 2”89, para la cual partieron de la base de que la supervisora y el contratista
coincidieron en la “conveniencia de modificar el orden de entrega e instalación
de los equipos acordados en el objeto contractual”. Por conducto de este
acuerdo, se varió la forma de pago en estos términos:
“16. FORMA DE PAGO: la entidad contratante pagará al CONTRATISTA el valor por el cual
le fue adjudicado el contrato de la siguiente manera. El cincuenta por ciento (50%) del valor
del contrato, en calidad de anticipo, una vez legalizado el contrato, cumplidos los requisitos
de perfeccionamiento y legalización del contrato. Este valor será amortizado mediante
deducciones del 50% del valor de cada acta parcial, hasta completar el 100% de la suma
dada como anticipo.
Un 45% se pagará en actas parciales con la presentación de las facturas al supervisor del
contrato previa entrega de los equipos y elementos que conforman el objeto contractual con
la aceptación y certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor y supervisor,
conforme las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, y cumplidos los trámites
administrativos reglamentarios.
Un 5% restante se pagara [sic] una vez se verifique que los equipos y elementos
relacionados en el objeto contractual, fueron debidamente instalados y puestos en
funcionamiento bajo la aprobación de la interventoría y de la supervisión en el hospital de
Baja Complejidad 1B del Municipio de Pasto del Barrio Santa Mónica
[…] Parágrafo: El contratista deberá entregar el 100% de los elementos objeto del contrato
recibiendo como pago el equivalente al 95% del valor del contrato, toda vez que el municipio
se reserva el pago correspondiente al 5% del total del contrato hasta la finalización del mismo
previa instalación y funcionamiento de los equipos”.
116. Según expresó el contratista90, la entrega física de los equipos en la “SEDE
SAN ANDRÉS” del Municipio se efectuaría parcialmente sobre algunos
elementos, el lunes 1, miércoles 3 y viernes 5 de agosto de 2016.
87 Ibid. F. 217.
88 Oficio CIN-INTER-PST-076-2016, en: Ibid. f. 223-224.
89 Ibid. F. 282-285.
90 Documento fechado el 27 de julio de 2016, en: Ibid. F. 226-228.
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117. Posteriormente, en escrito del 5 de septiembre de 2016 91, el interventor
solicitó a la supervisora del contrato y al delegado del IDSN “ACLARACIONES”
para el recibo de equipos que, en su criterio, no se acompasaban con lo
establecido por el pliego de condiciones o con la propuesta92. Allí indicó:
“Como es de su conocimiento, y atendiendo las directrices impartidas por la Secretaría de
Infraestructura y valorización, en desarrollo de nuestras labores de interventoría, hemos
venido haciendo el recibo de los equipos correspondientes al contrato No. 20153486 […]
encontrando que algunos de ellos no cumplen con las especificaciones y requerimientos
establecidos en el pliego de condiciones del proceso SU-2015030; por lo que se han
rechazado y solicitado el cumplimiento de lo establecido en las condiciones técnicas del
proceso de selección; no obstante, es de anotar que algunos de los equipo [sic] presentados
por el oferente contratista en su propuesta, no coinciden con lo establecido en el proceso
SU2015030 y sus anexos técnicos.
Por lo antedicho, de la manera más atenta y respetuosa, solicitamos a la entidad contratante
se hagan las aclaraciones pertinentes, sobre las condiciones de recibo definitivas, toda vez
que, ésta interventoría, considera que los equipos a entregar por el contratista […] deben
cumplir con lo establecido en el proceso SU-2015030 y sus anexos técnicos” (subrayas fuera
del original).
118. El 8 de septiembre de 201693, el contratista ofreció aclaraciones sobre los
elementos que fueron reprobados por el interventor, expresando que “el equipo
entregado es de mayor capacidad y características ofertadas inicialmente”.
119. El interventor insistió en su posición94, y el 20 de septiembre de 2016 exigió
a la UT que “los elementos que no cumplen con las especificaciones técnicas
requeridas en el PLIEGO de condiciones […] deberán ser reemplazados y
suministrados de conformidad con lo requerido en el mencionado documento,
[…] antes de la fecha de terminación del contrato”. Para el efecto, agregó un
listado de los elementos que, a su juicio, no eran acordes con lo pactado95.
91 Oficio CIN-INTER-PST-094-2016, en: Ibid. F. 236-241.
92 Estos eran: (i) “ASPIRADOR DE SECRECIONES” (3 unidades), porque no contaba con un “REGULADOR
CON CALIBRADOR DE 0-760 MMHG AJUSTABLE, PERO LA CAPACIDAD MÁXIMA DEL EQUIPO
ENTREGADO POR EL PROVEEDOR ES DE 660 MM HG”, no tenía especificaciones sobre la vida útil de los
elementos, no cumplía con el peso, ni sus dimensiones, ni satisface el “MECANISMO DE SUCCIÓN”; (ii) “BALA
DE OXÍGENO” (7 unidades) porque no cumplían con la capacidad de 3,2 litros sino que solo se entregó una
bala de “3,452” litros; (iii) “AUTOCLAVE”, porque no se proporcionó la ficha técnica, se pidió un equipo con dos
puertas pero se proveyó uno con solo una y capacidad de “370 LITROS”; (iv) “EQUIPO CARRO DE
CURACIONES X 4”, en tanto el solicitado en los pliegos era de acero inoxidable mientras que el bien entregado
era de “ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA METÁLICA 1° COLD-ROLLED, CUBIERTA SUPERIOR EN
LAMINA COLD-ROLLED, CUBIERTA SUPERIOR EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO
GENERAL EN PINTURA POLVO ELECTROSTÁTICA COLOR ALMENDRA”; (v) “COMPRESERO PORTA
BOLSA” (12 unidades) porque el material entregado no coincide con lo pedido en el pliego de condiciones (en
acero inoxidable); (vi) “EQUIPO DE RAYOS X” (1 unidad) porque proporcionó un equipo portátil que no
concuerda con el ofertado “INTRAORAL MURO (DE PARED ELITY 70); (viii) “PESA BEBÉ x” (13 unidades) en
tanto las dimensiones de la bandeja de la balanza en lo entregado (324 mm) no coincide con lo ofertado (330
mm); (ix) “ELECTROCAUTERIO BIPOLAR” porque el modelo entregado era diferente al propuesto por la UT;
(x) “FLUJOMETRO” (180 unidades) ya que no correspondían a la marca ofrecida, y si bien “CUMPLE CON LAS
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS” en el “REGISTRO DE IMPORACIÓN NO [se] RELACIONA EL NUMERO
DE LA SERIE”.
93 Expediente Onedrive. Carpeta “02 Expediente físico 2017-573 [Corrección]”, “001 CUADERNO 1 2017-573”.
Archivo “CUADERNO 1 2017 – 573.pdf”, f. 242-244.
94 Oficio CIN-INTER-PST-100-2016, en: F. 248-249.
95 Estos elementos eran: “INCUBADORA”, “MÁQUINA DE ANESTESIA”, “ASPIRADOR DE SECRECIONES”,
“EQUIPO DE RAYOS X”, LÁMPARA DE CALOR RADIANTE”, “PESA BEBÉ”, “ELECTROCAUTERIO
BIPOLAR”, “FLUJOMETRO”, “BALA DE OXIGENO”, “AUTOCLAVE”, “EQUIPO CARRO DE CURACIONES”,
“COMPRESERO PORTABOLSA”, y “LAMPARA DE FOTOCURADO”.
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120. Con fundamento en lo informado por la interventoría, la supervisora del
contrato pidió a la vendedora, en comunicación del 26 de septiembre de 201696,
dar “estricto cumplimiento a la entrega de lo exigido en el mencionado cuadro y
de los elementos restantes a entregar para dar paso al pago del 95% del valor
del contrato por la entrega de la totalidad de los equipos biomédicos”, y sugirió
“verificar las fechas de entrega de los equipos”. También pidió presentarle “a la
interventoría y a la supervisión […] la propuesta económica de los equipos
enunciados en el Anexo 2” para unificar los valores, con “el sustento técnico
correspondiente”.
121. El 4 de octubre de 2016, el interventor requirió 97 a la contratista concluir
inmediatamente con la entrega de equipos biomédicos, conforme a sus
observaciones, antes del 7 de octubre del mismo año, fecha en la que finalizaba
el término de ejecución. Como respuesta a ello, la aquí demandante, en escrito98
que data del 5 de octubre, sugirió que el contrato no se limitaba a la simple
entrega de equipos, y que la entidad territorial tenía obligaciones pendientes
referentes a la infraestructura objeto de dotación. En documento separado del
mismo día99, contestó las objeciones planteadas sobre los bienes entregados,
manifestando que existía “cumplimiento en las condiciones técnicas exigidas
[…], existiendo un error en el informe, por lo que debe procederse con el recibo
de los mismos”.
122. El 6 de octubre de 2016, la contratista100 pidió al Municipio la suspensión del
contrato de compraventa por “12 días calendario contados a partir del día 7 de
octubre de los cursantes”, arguyendo que, en virtud de las “solicitudes de
carácter técnico” requeridos por la supervisión, “los proveedores nos han pedido
al menos 10 días calendario para responder de fondo”.
123. Por medio de la Resolución núm. 335 del 6 de octubre de 2016101, la entidad
territorial interpretó unilateralmente el contrato de compraventa “en el sentido
que el municipio pagará el valor unitario planteado en la Ficha MGA para lo cual
el Municipio hizo un estudio de mercadeo en la época de elaboración del
Proyecto de Dotación del Hospital […] indexado al año 2015”. El representante
legal de la UT presentó recurso de reposición102 en contra de esta decisión, al
considerar que no había parálisis en la entrega de los bienes como uno de los
presupuestos para ejercer esta facultad unilateral, y que en realidad entraña una
modificación a las obligaciones contractuales. La Administración confirmó su
decisión en la Resolución 427 del 20 de diciembre de 2016 103, notificada
96 Documento 1520/0997-2016, en: Expediente Onedrive. Carpeta “02 Expediente físico 2017-573 [Corrección]”,
“001 CUADERNO 1 2017-573”. Archivo “CUADERNO 1 2017 – 573.pdf”, f. 266-267.
97 Oficio CIN-INTER-PST-106-2016 del 4 de octubre de 2016, en: Ibid. F. 290-291.
98 Ibid. F. 292-294.
99 Ibid. F. 295-298.
100 Ibid. F. 302.
101 Ibid. F. 312-317.
102 Ibid. F. 318-321.
103 Ibid. F. 326-334.
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personalmente el 26 de diciembre del mismo año104, con lo que adquirió firmeza
al día siguiente105.
124. El 27 de octubre de 2016106, la vendedora solicitó al interventor copia de “las
actas de entrega y recibo de los equipos” con el fin de presentar “la cuenta de
cobro”. Esta solicitud fue elevada, además, a la supervisora del contrato, en
escritos presentados los días 20 y 26 de diciembre del mismo año107.
125. La funcionaria del Municipio encargada de la supervisión contractual, en
oficio del 28 de diciembre de 2016, respondió al pedimento formulado por la aquí
demandante remitiendo el “Correo electrónico enviado por la Ingeniera
Biomédica de la Interventoría […] donde se evidencia el resumen de los equipos
que reposan en la bodega de la Alcaldía con sede en San Andrés, con fecha 14
de Diciembre de 2016”108. Posteriormente, en documento del 30 de diciembre
de 2016109, informó que en relación con “la expedición de copias de las actas de
recibo”, el “único documento que reposa en esta Dependencia, es el listado
enviado mediante correo electrónico” por parte de la ingeniera biomédica de la
interventoría, aclarando que debía concertarse “el acta de recibo de los equipos
con la interventoría” y “remitir dicha documentación a la Supervisión para realizar
su correspondiente aprobación”.
126. Por su parte, el interventor, en respuesta a la petición de la UT, señaló110 que
“si bien algunos de los elementos objeto de su contrato fueron depositados por
ustedes en las instalaciones de San Andrés de la Alcaldía Municipal, estos no
fueron objeto de recibo oficial, por cuanto se presentaron inconsistencias frente
al valor a pagar por estos elementos”. Añadió que, a pesar de haber sido
requerido para ello, la contratista no “concluyó la entrega de elementos objeto
de su contrato, como tampoco procedió a la suscripción de las actas de recibo
parcial oportunamente”.
127. El 18 de octubre de 2016, el interventor se dirigió111 al director del IDSN, y a
la supervisión del contrato, para afirmar que:
“…algunos equipos entregados por el contratista no cumplen con las especificaciones
técnicas requeridas en el pliego de condiciones, situación que venía siendo puesta en
conocimiento del contratista en el momento mismo de la revisión y previa la finalización del
plazo contractual, adicionalmente se remitió al contratista el listado de los equipos
entregados que no cumplen con las especificaciones y características técnicas y por tanto,
no fueron objeto de recibo por la interventoría. Solicitándole que debía retirar estos
elementos de las bodegas donde se almacenaron los elementos recibidos a satisfacción y
que debía realizar el reemplazo por elementos que cumplan con lo requerido.
104 Acta de notificación personal al representante legal de la contratista, en: Ibid. F. 324.
105 CPACA – Artículo 87, núm. 2.
106 Ibid. F. 336.
107 Ibid. F. 388-389.
108 Copia del correo con cuadros anexos, en: Ibid. f. 390-417,
109 Oficio 1520/1300-2016, en: Ibid. F. 428-429.
110 Oficio CIN-INTER-PST-137-2016, en: Ibid. F. 430-431.
111Oficio CIN-INTER-PST-112-2016, en: Expediente Onedrive. Carpetas “02 Expediente físico 2017-573
[Corrección]”, “002 CUADERNO 2 2017-573”, “CD1”, “BIOMEDICOS PRUEBAS”, “18”. Archivo “19.pdf”.
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Referencia: Controversias contractuales
Finalizado el plazo contractual, y después de nuevas revisiones y observaciones por parte
de la entidad contratante avalando algunos equipos, tal como consta en acta suscrita el
pasado cinco (05) de octubre/16; de tal manera que a la fecha de terminación del plazo
contractual establecido según consta en acta […], se encuentran recibidos a satisfacción por
ésta interventoría 1297 de los 1488 elementos totales del lote contratado con la UT
Clinimédica Pasto SAS - Servicios Biomédicos de Nariño; faltando por entregar 191
elementos, los cuales ya no podrá[n] ser recibidos, en atención al fenecimiento del plazo
contractual”.
128. Mediante informe de interventoría del mes de enero de 2017112, se describió
que existieron circunstancias que no habían “permitido finalizar el proceso de
liquidación del contrato”. En particular, mencionó la discrepancia de los precios
a pagar por los elementos entregados, que consideró zanjada por las
Resoluciones 335 y 427 de 2016; la presentación de una acción de tutela por
parte de la contratista; y que esperó instrucciones del IDSN sobre “la manera en
que se debía proceder para continuar con el proceso de liquidación del contrato”.
129. Posteriormente, en documento del 3 de abril de 2017113, dirigido al IDSN y a
la supervisora114, el interventor sostuvo que la vendedora “no dio cumplimiento
total a sus obligaciones contractuales por lo cual se presenta […] un posible
incumplimiento”. Indicó que el lote 2, correspondiente a lo estipulado con la UT,
equivalió a un total de “MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO (1.488)
elementos” divididos en tres componentes, y equivalentes en total a la suma
pactada como precio del contrato. Tras reiterar las posiciones vertidas sobre el
comportamiento de la contratista, expuso lo siguiente:
“A la fecha, se encuentran en las bodegas de la alcaldía equipos que corresponden
aproximadamente al 80% de elementos contratados, y vencido el plazo contractual,
quedaron pendientes el 20% de los equipos (aproximadamente); es de aclarar que este
porcentaje corresponde a número más [sic] no a valor.
Los equipos que actualmente se encuentran en las bodegas de la alcaldía municipal son los
que corresponden a las especificaciones técnicas establecidas por la entidad y los que se
objetaron corresponden a los que no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas;
es de anotar, que dentro del proceso contractual el oferente-contratista aportó fichas técnicas
para algunos equipos, con características diferentes a las requeridas por la entidad; por lo
que se generó una ambigüedad entre lo solicitado por la entidad y lo ofertado por el
contratista. En ese orden de ideas, se presenta un conflicto con el contratista quien exigía
se reciban los equipos que él ofertó en su propuesta ya que, según exponía, así le fueron
aceptados por la entidad.
Por lo expuesto, se procede por parte de ésta [sic] interventoría a elevar consulta a la entidad
contratante para que se defina la forma como se haría el recibo de estos elementos y se
establezca claramente cuáles características prevalecerían, si las ofertadas por el contratista
en su propuesta o las del pliego de condiciones […]” (subrayas originales del texto).
130. En el mismo documento, el interventor rememoró la discrepancia respecto
de los precios, y la “solicitud de prórroga” del contratista un día antes del
vencimiento del plazo contractual. Afirmó, adicionalmente, que “algunos
elementos de las mismas características, marcas y especificaciones técnicas se
112 Expediente Onedrive. Carpeta “02 Expediente físico 2017-573 [Corrección]”, “001 CUADERNO 1 2017-573”.
Archivo “CUADERNO 1 2017 – 573.pdf”, f. 496-497.
113 Ibid. F. 526-545.
114 Quien reiteró su contenido mediante informe presentado el 4 de abril de 2017 (Expediente Onedrive. Carpeta
“02 Expediente físico 2017-573 [Corrección]”, “002 CUADERNO 2 2017-573”. Archivo “CUADERNO 2 2017 –
573.pdf”, f. 109 – 126.
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Referencia: Controversias contractuales
presentan diferentes precios”115. Sostuvo nuevamente que, pese a sus llamados
a reemplazar los equipos no conformes, “el contratista no concluyó la entrega de
elementos objeto del contrato, como tampoco procedió a la suscripción de las
actas de recibo parcial oportunamente al no aceptar las soluciones propuestas
por la interventoría y la administración municipal”. En relación con la liquidación
del contrato, recordó el desembolso del 50% del precio en “una cuenta de
propiedad de la UT” y la necesidad de verificar “si se generaron rendimientos
financieros, los cuales deberían ser devueltos a la entidad contratante […]. Cabe
anotar, que el contratista nunca legalizó la inversión del anticipo”.
131. Seguidamente, enlistó los “1.283” elementos que se encontraban
“depositados en las dependencias de la Alcaldía Municipal de Pasto, Sede San
Andrés, que cumplen con los lineamientos técnicos y especificaciones
entregadas por la Alcaldía […] y que pueden ser objeto de recibo y pago tan
pronto se defina el valor con que se hará el referido pago”, e indicó qué equipos
no serían aceptados por la interventoría: “EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL”
porque el aparato suministrado era de “RX ODONTOLÓGICO” que no cumplía
con las condiciones requeridas para el servicio de urgencias; “MESA DE
ATENCIÓN PARTO (02 unidades)” porque no contaba con “instalación para
toma corriente”; un “Monitor de signos vitales […] y un Autoclave […] que no
cumplen las especificaciones técnicas y por tanto deben ser retirados”; y una
“PLANTA ELÉCTRICA” que no correspondía a la requerida por la entidad y
debía ser retirada de la sede en la que se encontraba depositada. Al final,
concluyó:
“… el contratista NO CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DE DOSCIENTOS CINCO (205)
ELEMENTOS, de los MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO (1.488) OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.
Los elementos que se encuentran en las bodegas acondicionadas en la Alcaldía Municipal
[…] Sede San Andrés, se encuentran empacados y libres de humedad; la entidad contratante
deberá realizar controles periódicos para garantizar las condiciones de almacenaje óptimas,
de tal manera que al momento de trasladar estos equipos y elementos al Hospital de Santa
Mónica, se encuentren en perfectas condiciones”.
132. Hasta este punto, es viable concluir, de manera preliminar, que existen
elementos de juicio que apuntan al incumplimiento por parte de la UT contratista,
a pesar de que se dio solución al impase relativo al lugar de entrega de los
implementos.
115 Estos elementos fueron los siguientes: (i) “LÁMPARA AUXILIAR RODABLE” (la diferencia entre los valores
unitarios era entre las sumas de “735.372,00”, “2.063.582,00” y “14.509.188,00”; (ii) “DOPPLER FETAL
(“1.025.352,00” y “365.391,00”); y (iii) “ASPIRADOR DE SECRECIONES” (“1.187.293,43”, “1.184.233,00”, y
“423.100,00”).
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Referencia: Controversias contractuales
Procedimiento sancionatorio adelantado en contra de la UT116
133. El 3 de abril de 2017, el alcalde municipal citó al contratista 117 y a Seguros
del Estado (aseguradora)118 a la audiencia prevista en el artículo 86 de la Ley
1474 de 2011, con el fin de establecer el “presunto Incumplimiento Definitivo y
Siniestro de Desembolso” del contrato núm. 20153486, concretado en que “no
se entregaron los equipos contratados en la fecha establecida, esto es, antes
del 07 de octubre de 2016 […] tampoco existe acta formal de entrega de los
equipos suscrita entre el contratista, la interventoría y supervisión de
conformidad como lo establece la cláusula primera numeral 16 del acta
modificatoria No 02 […] concluyendo entonces que al parecer no existe un
documento de recibo a entera satisfacción de los elementos embodegados”.
134. El 25 de abril de 2017119, la Administración solicitó a la interventoría una
certificación que indicara si la contratista cumplió o no con las obligaciones del
contrato para el día de su vencimiento, y si existió o no acta de recibo formal
“respecto de los elementos que se encuentran en la bodega de San Andrés”. El
Consorcio, en oficio del 28 de abril del mismo año120, ratificó lo sostenido en sus
informes anteriores; reiteró el número de elementos depositados en el lugar
dispuesto por la entidad territorial, y expresó que el “7 de octubre de 2016, el
contratista no da cumplimiento al objeto contractual, razón por la cual, no existe
acta de recibo que avale la entrega de los equipos contratados y por tanto
no hay cumplimiento del objeto contractual” (negrillas originales del texto).
135. En oficio del 7 de julio de 2017121, la supervisora del contrato reiteró la
petición al interventor, directamente y al IDSN122, para que aquél diera cuenta
de la satisfacción de los débitos contractuales a cargo de la UT123. El 27 de
septiembre de 2017, el Consorcio contestó124 a estos requerimientos indicando
que, de 132 ítems y “1295,0” unidades contratadas, había “1.283,0” elementos
en bodega. Además, describió 193 “EQUIPOS CONTRATADOS QUE NO
FUERON DEPOSITADOS EN LAS BODEGAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL”,
y reafirmó los equipos no avalados por la interventoría indicados en su informe
del 3 de abril del mismo año. Asimismo, plasmó lo siguiente (se transcribe
textualmente, con posibles errores e imprecisiones):
116 Aunque los actos que culminaron este trámite administrativo fueron anulados, tanto el texto de estas
resoluciones como las pruebas allí practicadas deben ser valoradas en sede judicial, en vista de que fueron
aportadas oportunamente por la parte demandada al contestar la demanda, y su incorporación al proceso fue
decidida sin protesta alguna de la actora. De otra parte, en las providencias que invalidaron las decisiones del
municipio no fue cuestionada la juridicidad o licitud de los elementos de convicción recaudados durante el
procedimiento administrativo, y constituyen elementos informativos relevantes para develar los hechos que
interesan al presente caso.
117 Expediente Onedrive. Carpeta “02 Expediente físico 2017-573 [Corrección]”, “002 CUADERNO 2 2017-573”.
Archivo “CUADERNO 2 2017 – 573.pdf”, f. 75-88.
118 Ibid. f. 61-74.
119 Oficio 1520/0288-2017, en Ibid. f. 148 – 151.
120 CIN-INTER-PST-187-2017, en: Ibid. f. 154-159.
121 Oficio 1520-569-2017, en: Ibid. f. 201-207.
122 Oficio 1520-597-2017, en: Ibid. f. 209-214.
123 En ese mismo sentido, la Oficina Asesora Jurídica del Municipio solicitó esa información, en documento
1120/CC 084-2017: Ibid. f. 216 – 217.
124 Oficio CIN-INTER-PST-231-2017, en: Ibid. f. 219-232.
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Referencia: Controversias contractuales
“De otra parte, existen algunos elementos que deben ser instalados una vez la construcción
del Hospital […] esté concluida, tal es el caso de las lámparas cielíticas, las mesas
quirúrgicas, máquinas de anestesia, interruptor de rx, equipos odontológicos, elementos
que requieren instalación, calibración y ser probados posteriormente a la misma, para
verificar su correcto funcionamiento.
Cabe mencionar que durante la revisión realizada por la interventoría no se probaron los
componentes eléctricos ni electrónicos de los equipos, ya que la bodega dispuesta por la
Administración Municipal no cuenta con red de energía regulada ni datos que permitieran
hacer las pruebas; por tanto, todos los equipos que contengan alguno de estos
componentes deberán ser objeto de revisión y verificación de su funcionamiento al
momento de instalarlos en el Hospital […]. En el mismo orden de ideas, durante el proceso
de revisión de los elementos por parte del equipo de la interventoría y la supervisión del
IDSN, el contratista no permitió retirar del guacal algunos elementos aduciendo la fragilidad
de los equipos y que si se abrían perdería la garantía del elemento; por tanto, elementos
como las mesas quirúrgicas no fueron revisados físicamente y solo se procedió a hacer la
verificación con la documentación entregada por el contratista”.
136. Mediante documento125 fechado el 10 de noviembre de 2017, la supervisora
del contrato advirtió que, entre lo señalado en el reporte de la interventoría del 3
de abril de 2017, y el expedido el 27 de septiembre del mismo año, no existía
“claridad en cuanto al número total de elementos contratados y el número de
elementos que no fueron entregados”, por lo que le pidió al Consorcio, con el fin
de adelantar el trámite administrativo sancionatorio, “aclarar tal situación”
respecto del “Valor de cada uno de los elementos depositados en la bodega de
San Andrés del Municipio de Pasto teniendo como base los precios de la ficha
MGA”, si “respecto de los elementos que se requieren instalar según informe del
27 de septiembre d [sic] 2017, el Municipio puede considerar recibirlos y
pagarlos, descontando el valor de la instalación”, y si “los 1283 elementos
depositados en la bodega cumple [sic] con los requerimientos técnicos que el
municipio solicitó”.
137. Por medio del informe “CIN-INTER-PST-242-2017” del 16 de noviembre de
2017126, el interventor aclaró que el “balance final y definitivo del contrato se
resume de la siguiente manera”:
DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL EQUIPOS CONTRATADOS 1488
EQUIPOS EN BODEGA QUE CUMPLEN 1283
CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA
ENTIDAD
EQUIPOS QUE NO SE DEPOSITARON EN 200
BODEGA DE SAN ANDRÉS
UNIDADES INCOMPLETAS 12
SUMAS IGUALES 1488 1488
138. Por otra parte, esta misiva enlistó los 131 ítems que relacionó en las
ocasiones anteriores, en conjunto con las “Cantidades contratadas”, su “Vr.
Parcial”, las “Cantidades depositadas en Bodega San Andrés”, y el “Valor
elementos en bodega según MGA remitida por la Alcaldía Municipal de Pasto”.
De esta forma, resumió el monto en dinero de las cosas enunciadas:
125 Oficios 160/286-2017: Ibid. f. 235-236.
126 Ibid. f. 238 – 248.
39
Radicación: 52001-23-33-000-2017-00573-01 (72111)
Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto S.A.S. –
Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S.
Demandado: Municipio de Pasto
Referencia: Controversias contractuales
VALOR TOTAL ELEMENTOS DEPOSITADOS EN LA $ 2.113.990.769,30
BODEGA DE SAN ANDRÉS (SEGÚN MGA REMITIDA
POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL)
ANTICIPO ENTREGADO AL CONTRATISTA $ 1.680.522.901,00
VALOR DESCONTANDO ANTICIPO $433.467.868,30
139. Allí mismo, reiteró que algunos de esos instrumentos requerirían “instalación,
calibración y ser probados” para validar su funcionamiento, que no adelantó
ensayos sobre los componentes eléctricos ni electrónicos de estas cosas porque
la bodega no contaba con redes para realizarlas, y que el “contratista no
permitió” desempacar otras. Igualmente, insistió en que la UT incumplió el
contrato porque no entregó “TODOS Y CADA UNO de los elementos
contratados” dentro del plazo pactado.
140. El 19 de diciembre de 2017, la Secretaría Municipal de Salud remitió a la
supervisora del contrato127 un informe “parcial” denominado “SITUACIÓN
ACTUAL DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
ADQUIRIDA PARA EL HOSPITAL 1B DEL BARRIO SANTA MONICA”128
elaborado por dos “contratistas Ingenieras biomédicas”. Según este documento,
conforme a los “registros de Importación de la Dian” de algunos equipos, la UT
no cumplió con su obligación de proveer instrumentos fabricados, como mínimo,
en el año 2015 sino que estos se construyeron antes, por ende, su vida útil y su
garantía estaría reducida a uno o dos años129. Así, sugirió que la contratista
debía “buscar los medios de cómo responder por la garantía que es de un año
[…] y empezará a correr desde el momento que se firme el acta de conformidad
de recibido por ambas partes”, y resaltar que “se debe brindar un soporte por 5
años o el tiempo de la vida útil de los equipos”.
141. El 29 de diciembre de 2017, el Municipio, a través de la directora del
Departamento Administrativo de Contratación Pública, delegada para el
efecto130, adelantó audiencia dentro del procedimiento encaminado a declarar el
incumplimiento contractual de la aquí demandante131. En esa oportunidad, la
entidad decretó como prueba que el interventor realizara una revisión física
individual de los “elementos que se encuentran depositados en la sede san
Andrés del Municipio de Pasto con registro [que] determine uno a uno si cumplen
con las especificaciones técnicas y demás requisitos exigidos por la
administración Municipal”, con acompañamiento de la Secretaría de Salud, la
127 Oficio 1542/0323-2017: Ibid. f. 259.
128 Ibid. F. 260-265.
129 “… algunos de ellos como lo son: aspiradores, electrocauterio, rotador de manzini, centrífuga, instrumental
de cirugía, histerometro, guía lumínica, equipo de órganos, entre otros, los certificados de la Dian registran que
su fecha de fabricación es del 2013 o 2014, teniendo en cuenta, el ciclo de vida útil de la tecnología biomédica
desde su momento de adquisición y funcionamiento que es óptimo de 5 años y teniendo presente que el hospital
entraría en funcionamiento entre abril y mayo del 2018, se estaría reduciendo el ciclo y tiempo de vida útil a 2
años a equipos fabricados en el 2014 y menos de un año para los fabricados en el 2013, a diferencia del resto
cuya fabricación es del 2015 en adelante, que tendrían un ciclo y tiempo de vida útil mayor y óptimo” (Ibid. f.
261).
130 Decreto núm. 0142 del 11 de abril de 2017 (únicamente fue aportada la parte resolutiva del acto y la firma
del alcalde municipal): Ibid. f. 145-146.
131 Ibid. f. 331-351.
40
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Referencia: Controversias contractuales
supervisión del contrato, el contratista y el “Ministerio público”. En el documento
ordenado por la Administración, debía reflejarse el funcionamiento de los
equipos, cuáles necesitaban ser instalados con su respectivo procedimiento, qué
instrumentos exigían su montaje en el hospital, la garantía, estado y año de
fabricación de cada uno, y el listado de los que cumplían con la totalidad de los
requerimientos técnicos exigidos por la entidad. Además, a petición de la UT, fue
ordenado un “nuevo reconteo de los equipos”.
142. El 18 de enero de 2018, el Consorcio respondió132 a la decisión de la
contratante en el sentido de que el “trabajo que se solicita realizar a ésta
interventoría ya fue desarrollado como era nuestra obligación contractual
durante el tiempo de vigencia” de la compraventa. Afirmó que, además de haber
concluido sus responsabilidades con el IDSN y de tratarse -según su criterio- de
obligaciones postcontractuales que exigirían una modificación al vínculo que la
ligaba con la entidad que la contrató, ya no contaban con el personal profesional
para adelantar la labor que ahora se les encomendaba, y “teniendo en cuenta
que los elementos depositados en la Sede San Andrés llevan más de un año en
bodega, no es posible para esta interventoría entrar a certificar el estado de los
mismos ni su funcionamiento, pues […] algunos de estos elementos requieren
condiciones especiales para su bodegaje y así mismo para su instalación y el
funcionamiento deberá ser probado cuando estén en uso, ya que algunos incluso
deberán ser calibrados para poder verificar” lo que pedía el Municipio.
143. Mediante Resolución133 012 del 22 de enero siguiente, la funcionaria
encargada del trámite estableció que no fue posible “recaudar la prueba”
solicitada al Consorcio, que “no ha prestado la colaboración requerida para tal
fin”, por ende, lo requirió a “la entrega de TODAS las carpetas que contienen los
documentos de los equipos biomédicos con los cuales la Secretaría […]
efectuará el proceso de verificación” de los elementos encontrados en la sede
de la alcaldía.
144. El 31 de enero del mismo año, el representante legal de la contratista envió
a la entidad134 “certificaciones de fabricación” expedidas por las empresas (a)
Técnica Electromédica S.A.135 e (b) Incolmédica S.A.136:
145. En la primera se enlistaron “dispositivos médicos [que] fueron vendidos a la
UNIÓN TEMPORAL”, cuya fecha de fabricación correspondió al año 2015, “a
excepción de la monitoria [sic] los cuales tienen fecha de fabricación del año
2016”, sobre estos elementos se informó que “contaban con un tiempo de
garantía de un (01) año” a partir de la fecha de entrega, y como la última remisión
“se realizó en el mes de Junio (sic) de 2016, todos los dispositivos relacionados
anteriormente ya están fuera del periodo de garantía correspondiente”.
132 Oficio CIN-INTER-PST-272-2018, en: Ibid. f. 399-400.
133 Ibid. f. 417-421.
134 Ibid. f. 430
135 Ibid. f. 431-435.
136 Ibid. f. 436-441.
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Referencia: Controversias contractuales
146. En la segunda se describió que entre la sociedad emisora y la UT hubo “un
acuerdo comercial para la compra-venta de equipos médicos destinados a la
dotación del Hospital 1B del Barrio Santa Mónica”, cuya negociación concluyó el
“día 28 de diciembre de 2015 previo pago del 100%” realizado en la misma fecha
a “la cuenta bancaria de la empresa” vendedora. A renglón seguido fueron
enlistados los implementos que fueron objeto del negocio mencionado, e informó
que “la garantía de los equipos enviados a la Unión Temporal […] expiró el día
2 de agosto de 2017, fecha en que fueron recibidos los equipos”.
147. El 21 de febrero posterior, dos ingenieros biomédicos y contratistas de la
Secretaría de Salud del Municipio allegaron a la instructora del procedimiento
sancionatorio un informe denominado “Revisión, reconteo y pruebas de
funcionamiento de los equipos biomédicos depositados en la Sede San Andrés
de la alcaldía municipal de pasto”, practicado sobre elementos que no
“necesitaron ser conectados a la red eléctrica”137, concretamente, el
“instrumental básico de cirugía de las marcas Superdent y Bismark y los
tensiómetros adultos y pediátricos de la marca ALKP2”. En relación con estos
últimos se precisó que, si bien estaban en “buenas condiciones de
funcionamiento”, ninguno contaba “con los manuales de operación y usuario que
deberían tener al ser nueva tecnología biomédica adquirida [y] la fecha del
Registro Sanitario Invima está próxima a vencer”. En relación con el
instrumental, se evidenció la “existencia de corrosión u oxidación en algunas
piezas del instrumental” que “no tendrían por qué encontrarse en este estado -
oxidación- ya que son elementos compuestos por acero inoxidable”.
148. Los días 5138, 7139 y 8140 del mismo mes de febrero, se efectuaron actividades
de reconteo de algunos elementos biomédicos objeto del contrato con la
presencia del representante legal de la UT141. Posteriormente, para las
reuniones del 27142, 28143 de febrero; 1°144, 2145, 3146, 5147, 6148, 7149, y 8150 de
marzo; 20151 y 23152 de abril de 2018, únicamente acudió personal vinculado con
las dependencias del Municipio que participaban de la práctica de las pruebas.
137 Ibid. f. 500-514.
138 Ibid. f. 568-572. Asistieron el representante legal del contratista, tres personas por la Secretaría de Salud
(entre ellas, los dos ingenieros biomédicos que elaboraron el informe del 21 de febrero de 2018), y una por la
Secretaría de Infraestructura y Valorización del municipio.
139 Ibid. f. 573-575. Acudieron las mismas personas referidas en el pie de página anterior.
140 Ibid. f. 576-578. Fue suscrita por los mismos sujetos antes mencionados.
141 Actas remitidas por la Secretaría de Salud Municipal a la directora del Departamento Administrativo de
Contratación Pública, en oficio 1542/0300-2018 del 22 de marzo de 2018: Ibid. f. 568.
142 Ibid. f. 587-589.
143 Ibid. f. 590-592. En esta ocasión, se advirtió que el representante legal de la UT hizo “presencia en la bodega
[…] con el fin de verificar el desarrollo de las actividades, tomar algunas fotos, y llevar una copia del Acta # 007”,
referida a lo acontecido el día anterior.
144 Ibid. f. 593-595.
145 Ibid. f. 596-597.
146 Ibid. f. 598-599.
147 Ibid. f. 600-601. Conforme a esta acta, el contratista visitó la bodega durante “cerca de 10 minutos” para
“tomar una copia de las actas anteriores”.
148 Ibid. f. 602-603.
149 Ibid. f. 604-605.
150 Ibid. f. 606-607
151 Ibid. f. 642-645, y continúa a f. 631-633.
152 Ibid. f. 634-638.
42
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Referencia: Controversias contractuales
149. El 19 de abril siguiente, la directora del Departamento Administrativo de
Contratación del Municipio requirió a la Secretaría de Salud para remitir “el
informe final y consolidado respecto de la práctica de la prueba ordenada”153.
150. El 24 de abril posterior, la Secretaría de Salud allegó154 el informe final155,
suscrito por la contratista Diana Alejandra Zuleta Triana156, que reúne el “análisis
de la revisión, reconteo y pruebas de funcionamiento” a 96 clases de “equipos
biomédicos depositados” en la bodega de la sede dispuesta por la
Administración, practicadas entre el 5 de febrero y el 23 de abril del mismo año.
Este elemento de convicción describió, someramente, que la metodología
aplicada consistió en relacionar “el nombre del equipo con la marca, modelo,
serie, importador”, registro y vigencia del INVIMA; efectuar la “verificación de
accesorios” para “concluir si el estado físico y funcional […] del equipo, insumo
o instrumental es óptimo junto con la documentación necesaria que debe tener
[…] y finalmente comparar si cumple o no con las condiciones del pliego de
condiciones”. Además, sostiene haber compendiado el resultado de la
inspección y examinación de los instrumentos que, según advirtió, fueron
hallados en las instalaciones de la demandada157, y concluyó que podían ser
153 Resolución 061 del 19 de abril de 2018, en: Ibid. f. 628
154 Ibid. f. 790.
155 Denominado “Revisión, reconteo y pruebas de funcionamiento de los equipos biomédicos depositados en la
Sede San Andrés de la alcaldía municipal de Pasto – Entre el 05 de febrero al 23 de Abril de los corrientes [sic]”
En: Expediente Onedrive. “02 Expediente físico 2017-573 [Corrección]” / “002 CUADERNO 2 2017-573” / “CD
3”. Archivo: “informe FINAL de equipos biomédicos revisados en la bodega de san andres (1).pdf”.
156 A pie de firma del documento, indicó que es “Ingeniera Biomédica – Especialista en Gerencia de Servicios
de Salud”. Asimismo, en testimonio rendido dentro de este proceso, ella ratificó tener dicha profesión y expresó
que su vinculación con el Municipio tuvo lugar en calidad de contratista “para hacer una revisión de unos equipos
para prestar los servicios como ingeniera biomédica, o sea, como profesional especializado para la revisión de
unos equipos que se habían adquirido para el hospital de Santa Mónica”. En: Expediente Onedrive. “53
Audiencia de pruebas”, video “AUDIENCIA DE PRUEBAS 52001233300020170057300 (1A PARTE)”, min.
2:30:46 a 2:31:48)
157 “1. Monitores multiparamétricos de la marca BLT BIOLIGHT. // 2. Monitores multiparamétricos con
capnografía de la marca BLT BIOLIGHT. // 3. Instrumental básico de cirugía de las marcas SUPERDENT Y
BISMARK. // 4. Tensiómetros adultos y pediátricos de la marca ALKP2. // 5. Estetoscopios de dos servicios de
la marca ALKP2. // 6. Negatoscopios de dos cuerpos de la marca KRAMER. // 7. Chalecos plomados del
fabricante Rayo tex de Colombia. // 8. Reguladores de oxígeno de la marca AIR IMETAN. // 9. [T] hermo-
higrometros digitales de la marca ALLA FRANCE. // 10. Termómetros de nevera de la marca ALLA FRANCE. //
11. Relojes de laboratorio con cuatro programaciones de la marca ALLA FRANCE. // 12. Cilindros de oxígeno
de la marca LUXFER // 13. Cámaras de Hood grande, mediana y pequeña de la marca KRAMER. // 14. Martillos
para reflejo “Buck” de la marca HOSPITAL. // 15. Guías lumínicas de intubación adulto de la marca BOVIE. //
16. Resucitadores autolavables y reutilizables (Ambu) adultos, pediátricos y neonatales de la marca MERLIN
MEDICAL. // 17. Pesas con tallimetro de la marca HEALTH O METER. // 18. Equipo de pequeña cirugía de la
marca HOSPITAL. // 19. Pesas bebe de la marca HEALTH O METER. // 20. Instrumental básico de odontologia
de la marca SUPERDENT. // 21. Sierra eléctrica para yeso de la marca DIMEDA. // 22. Flujometros dobles de
la marca SUNMED HEALTHCARE // 23. Agitador para cuadros hemáticos de la marca BOECO. // 24. Agitador
de manzini de la marca BOECO. // 25. Pipeta automática de 100 a 1000 lambdas de la marca BOECO. // 26.
Pipeta automática de 20 a 200 lambdas de la marca BOECO. // 27. Pipeta automática fija de 10 lambdas de la
marca BOECO. // 28. Pipeta automática fija de 50 lambdas de la marca BOECO. // 29. Compresores de la marca
DYNAIR. // 30. Incubadoras biológicas de la marca 3M. // 31. Dopplers de la marca EDAN // 32. Aspiradores
quirúrgicos dobles de la marca THOMAS. // 33. Aspiradores portátiles sencillos de la marca KAIYA. // 34.
Electrocardiógrafos de la marca MINDRAY. // 35. Concentrador de O2 (Oxigeno) de la marca AIRSEP. // 36.
Cavitron o scaler de la marca DBA. // 37. Carros de paro de la marca KRAMER. // 38. Equipos de órganos
(Completo) de la marca WELCH ALLYN. // 39. Riñoneras en acero inoxidable de la marca KRAMER. // 40.
Riñoneras estándar de la marca KRAMER // 41. Patos coprológicos de la marca KRAMER. // 42. Patos urinarios
de la marca KRAMER. // 43. Tarros algodoneros de la marca KRAMER. // 44. Tarros algodoneros medianos de
la marca KRAMER. // 45. Tarros algodonero pequeño de la marca KRAMER. // 46. Tarros en acero inoxidable
con tapa de la marca KRAMER. // 47. Cubeta en acero inoxidable con tapa grande de la marca KRAMER. // 48.
Cubeta con tapa en acero inoxidable de la marca KRAMER. // 49. Jarra acero inoxidable de 1 litro de la marca
KRAMER. // 50. Jarras en acero inoxidable de la marca KRAMER. // 51. Platones en acero inoxidable de la
marca KRAMER. // 52. Platón acero inoxidable grande de la marca KRAMER. // 53. Serofugas digitales de la
marca CLAY ADAMS. // 54. Baño serológico de la marca MEMMERT. // 55. Centrifuga por 24 puestos digital
43
Radicación: 52001-23-33-000-2017-00573-01 (72111)
Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto S.A.S. –
Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S.
Demandado: Municipio de Pasto
Referencia: Controversias contractuales
recibidos por la contratante las siguientes 2132 piezas, equipos o
instrumentos158. Empero, en este instrumento no consta una estimación
económica de estos objetos159:
CANTIDAD DE
CANTIDAD DE EQUIPO EQUIPO
BIOMÉDICO REVISADO BIOMÉDICO
QUE SE ENCUENTRA REVISADO QUE SE
EQUIPO BIOMÉDICO REVISADO EN CUSTODIA PUEDE RECIBIR
Monitores multiparamétricos 58 58
Monitores multiparamétricos con
capnografía 4 4
Reguladores de oxigeno 26 26
[T]hermo-higrometros digitales 17 16
Termómetros de nevera 12 12
Relojes de laboratorio con cuatro
programaciones 2 2
19 (8 para adultos, 8
Resucitadores autolavables y reutilizables pediátricos y 3
(Ambu) adulto, pediátrico y neonatal neonatales) 19
Pesa con tallimetro 17 17
Pesa bebe 16 16
Sierra eléctrica para yesos 1 1
Agitador de manzini 1 1
Pipeta automática de 100 a 1000 lambdas 1 1
Pipeta automática de 20 a 200 lambdas 1 1
Pipeta automática fija de 10 lambdas 1 1
Pipeta automática fija de 50 lambdas 1 1
Compresor 2 2
Doppler 5 5
Electrocardiógrafo 5 5
Cavitron o escaler 3 3
con regulación de RPM y tiempo de la marca CLAY ADAMS. // 56. Centrifuga por 24 puestos digital de la marca
CLAY ADAMS. // 57. Pipeta de vidrio graduada 5 cc x 5 unidades de la marca BRAND. // 58. Pipeta de vidrio
graduada 10 cc x 5 unidades de la marca BRAND. // 59. Pipeta de vidrio graduada 2 cc de la marca BRAND. //
60. Contador de células de la marca KRAMER. // 61. Autoclaves odontológicas de 12 o 18 litros de la marca
DENTOMAT. // 62. Nebulizadores portátiles de la marca a KAIYA. // 63. Electrocauterio bipolar de la marca
BOVIE. // 64. Infusión a presión de la marca RIESTER. // 65. Laringoscopios de la marca WELCH ALLYN // 66.
Ecógrafos de la marca MINDRAY. // 67. Linterna para diagnóstico de la marca RIESTER. // 68. Reveladora
manual o digital de FIAD INTERNATIONAL. // 69. Unidades odontológicas, la cuales no reportan marca. // 70.
Mesas quirúrgicas de la marca MINDRAY. // 71. Mesas riñoneras, la cuales no reportan marca. // 72. Máquinas
de anestesia de la marca MINDRAY. // 73. Lámparas cieliticas de la marca ILUMITEC. // 74. Lámparas de calor
radiante de la marca NINGBO DAVID. // 75. Incubadoras de la marca NINGBO DAVID. // 76. Equipo de rayos
X periapical de FIAD International. // 77. Tallimetros de la marca SECA. // 78. Metros de la marca KRAMER. //
79. Mesas para atención a recién nacido, las cuales no reportan marca. // 80. Mesas ginecológicas, las cuales
no reportan marca. // 81. Camillas ginecológicas, las cuales no reportan marca. // 82. Mesas de atención de
parto, las cuales no reportan marca. // 83. Equipo lavado de oído de la marca KRAMER. // 84. Balanza de piso
de la marca HEALTH O METER. // 85. Pesa de piso con dial circular de la marca HEALTH O METER. // 86.
Lámparas auxiliares con rodachines de la marca WELCH ALLYN. // 87. Lámpara cuello de cisne de lujo de la
marca KRAMER. // 88. Protector de tiroides x 3 de Rayotex de Colombia. // 89. Protector gonadal x 3 juegos de
4 piezas de Rayotex de Colombia. // 90. Pisingo orinal de la marca KRAMER. // 91. Cubeta esmaltada en acero
inoxidable con tapa de la marca KRAMER. // 92. Pieza de baja velocidad de la marca NSK. // 93. Contra ángulo
de la marca NSK. // 94. Pieza de alta velocidad de la marca NSK. // 95. Micromotor de la marca NSK. // 96.
Instrumental para cirugía general, cesárea y laparotomía de la marca DIMEDA”.
158 El documento no contiene expresamente la sumatoria de los elementos.
159 La tabla elaborada que se expone a continuación extrae los datos pertinentes que están contenidos en el
cuadro plasmado en las páginas 169 a 199 del informe, con posibles errores e imprecisiones ortográficas. Se
traen a colación únicamente las filas correspondientes a aquellos implementos que se sugirió recibir y las
columnas atinentes a su denominación, la cantidad que se “encuentra en custodia” y aquella que “se puede
recibir”.
44
Radicación: 52001-23-33-000-2017-00573-01 (72111)
Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto S.A.S. –
Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S.
Demandado: Municipio de Pasto
Referencia: Controversias contractuales
Cubeta con tapa en acero inoxidable
grande 2 2
Serofuga digital 2 2
Baño serológico 1 1
Pipeta de vidrio graduada 5 cc x 5
unidades 5 5
Pipeta de vidrio graduada 10 cc x 5
unidades 5 5
Pipeta de vidrio graduada 2 cc 1 1
Contador de células 1 1
Autoclave odontología 12 0 (sic) 18 litros 4 3
Nebulizador 6 6
63 componentes (45
hojas de laringoscopio, 9 61 (se indicó que “se
mangos de pilas y 9 podrían recibir 8
estuches de lujo) para 9 laringoscopios de los
Laringoscopio laringoscopios nueve”)
Linterna para diagnostico x 12 12 12
Unidades odontológicas 3 3
Mesas quirúrgicas 3 3
Máquina de anestesia 2 2
Lámparas cielitcas 3 3
Lámpara de calor radiante 2 2
Incubadoras 2 2
Tallimetro 5 4
Metro 18 15
Mesa ginecológica 2 2
Camilla ginecológica 2 2
Balanza de piso 4 2
Lampara auxiliar con rodachines 6 6
Lámpara cuello de cisne de lujo 18 17
Protector gonadal X 3 juegos de 4 piezas 12 12
Cubeta esmaltada en acero inoxidable
con tapa 1 1
Pieza de baja velocidad 3 3
Contra Angulo 3 3
Pieza de alta velocidad 3 3
Micromotor 3 3
Instrumental DIMEDA 1754 1754160
151. En la Resolución 064 del 30 de abril de 2018161, la directora del
Departamento Administrativo de Contratación Pública del Municipio declaró el
“incumplimiento parcial del contrato” por parte de la UT. De acuerdo con la
motivación de este acto (se transcribe textualmente, con posibles errores e
imprecisiones, y negrillas originales):
160 Frente a estos implementos, se anotó: “El instrumental se encuentra empaquetado por instrumento, se
recomienda organizarlo en sus respectivos Kits”.
161 Expediente Onedrive. Carpeta “02 Expediente físico 2017-573 [Corrección]”, “002 CUADERNO 2 2017-573”.
Archivo “CUADERNO 2 2017 – 573.pdf”, f. 651-722. Notificada por estrados, de acuerdo con el acta de la
audiencia de la misma fecha (f. 766-771).
45
Radicación: 52001-23-33-000-2017-00573-01 (72111)
Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto S.A.S. –
Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S.
Demandado: Municipio de Pasto
Referencia: Controversias contractuales
“Según informe presentado por la Secretaría Municipal de Salud el día 24 de abril de 2018,
[…], existen en bodega 1.286 elementos de los cuales 335 CUMPLEN con las
especificaciones técnicas requeridas por el Municipio y 927 NO CUMPLEN. Esto permite
concluir que si bien es cierto el contratista entregó 1286 elementos, no todos cumplían con
los requerimientos de la entidad. El valor de los 335 elementos que cumplen con los
requisitos es de $1,389,479,645.88, suma debidamente indexada al año 2015, lo que
significa que el contratista no invirtió la totalidad del anticipo en la compra de los elementos,
quedando así una diferencia de $291,043,255.12 […]”.
152. En esta misma decisión, se coligió que la UT “entregó 1286 equipos de los
cuales únicamente 335 elementos CUMPLEN con las especificaciones
requeridas por la entidad, 927 no cumplen y 24 fueron elementos que se
entregaron sin estar contratados”. Por lo anterior, procedió a “recibir formalmente
335 elementos”, bajo estos términos:
“Los 335 elementos a recibir tienen un valor total de $1,309,841,295.13, es decir el
contratista ha ejecutado un 39% del valor total del contrato quedando pendiente por
ejecutar un 61%, esto es la de $2.051.204.506.87.
Ahora bien, este Despacho concluye también que a partir de la presente fecha se reciben
formalmente los 335 elementos biomédicos que fueron entregados por el contratista y que
cumplen con las condiciones técnicas exigidas por la administración. Este valor deberá ser
amortizado del anticipo con base en los precios debidamente indexados al 2015”.
153. Seguidamente, en el acto se explicó que “indexó el valor que el Municipio
acepta respecto de los 335 elementos biomédicos que cumplen con las
características técnicas exigidas” a partir del valor de estos “según MGA precios
2013-2014 Aprobados por SGR-DNP”, equivalente a “$1,309,841,295.13”.
154. El 8 de mayo de 2018162, la Secretaría Municipal de Salud advirtió que
carecía de “competencia” para “efectuar el recibo formal de los 335 equipos que
ya se han definido que cumplen con las condiciones técnicas exigidas por la
administración municipal”, en vista de que la supervisión del contrato celebrado
con la UT la adelantó otra dependencia (Secretaría de Infraestructura y
Valorización). Por ende, indicó que “no podemos […] hacernos responsables ni
de la recepción de los elementos definidos para ello, ni de la devolución de los
que se han definido para tal fin”.
Informe allegado por el Municipio como prueba decretada de oficio
155. En memorial163 radicado el 15 de julio de 2025, el alcalde encargado164 del
Municipio, en su calidad de representante legal de la demandada, remitió
respuesta en “cumplimiento al Auto que decreta prueba de oficio”. Inicialmente,
afirmó que los hechos conocidos en este proceso “fueron realizados en tres
períodos constitucionales anteriores”, por lo que la suscripción del contrato y su
ejecución no es responsabilidad de la “actual Administración Municipal en
cabeza del alcalde electo para la vigencia 2024-2027”.
162 Ibid. f. 779-780.
163 Índice SAMAI, núm. 25.
164 Al pie de su firma, cita el “Decreto 0133 del 9 de julio de 2025”, del cual no allegó copia al plenario.
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Referencia: Controversias contractuales
156. No obstante, invocando el oficio de interventoría del 3 de abril de 2017 165,
aseveró que la UT no cumplió con el contrato por no entregar el 100% de los
equipos contratados, pese a los requerimientos realizados, y por ese motivo “no
hay un acta final, razón por la cual no se puede determinar con ello su
cumplimiento por parte del contratista”.
157. Con la respuesta se anexó una constancia fechada el 14 de julio de 2025166,
y suscrita por la secretaria de infraestructura y valorización, en la que afirmó lo
siguiente:
“Que revisado el archivo correspondiente a la Secretaría de Infraestructura y Valorización
Municipal, no se encuentra registrada ni obrante en la actualidad un acta de recibo definitiva
de los equipos biomédicos suministrados en virtud del Contrato No. 20153486, celebrado
entre el Municipio de Pasto y la Unión Temporal CLINIMEDICA PASTO S.A.S. – SERVICIOS
BIOMÉDICOS DE NARIÑO S.A.S, para la dotación del Hospital de Baja Complejidad Tipo
IB en el municipio de Pasto, durante la vigencia 2015 a 2016.
Que conforme al Informe de Supervisión del contrato y demás actuaciones adelantadas por
esta dependencia, se constató que si bien se realizaron entregas parciales de los equipos
biomédicos por parte del contratista en la Sede San Andrés de la Alcaldía de Pasto, y se
reportó la recepción de un porcentaje cercano al 80% de los elementos, no se logró
consolidar un acta de recibo definitiva suscrita por todas las partes intervinientes, en razón
a múltiples observaciones técnicas de la interventoría sobre especificaciones no cumplidas,
así como diferencias en los valores unitarios de elementos con iguales características.
Que adicionalmente, mediante Resolución No. 012 del 22 de enero de 2018, proferida por la
Dirección del Departamento Administrativo de Contratación Pública del Municipio de Pasto,
se dejó constancia de que no fue posible recaudar las pruebas técnicas necesarias para el
recibo definitivo de los equipos, debido a la incomparecencia del Consorcio Interventores
Nariño 2015, y la falta de entrega de documentación técnica esencial, como facturas, fichas
técnicas, garantías y manuales de los equipos.
[…] En atención a lo anterior, y siendo el contrato No. 20153486 de ejecución desde el año
2015, actualmente no reposa en esta Secretaría acta final de recibo de equipos biomédicos
suscrita y aprobada en debida forma, ni se encuentra evidencia en archivo de que tal
documento haya sido suscrito”.
158. Asimismo, el funcionario adjuntó una certificación firmada por la secretaria
de salud, del 14 de julio de 2025167, en la que indicó:
“… tras un barrido histórico de la información y documentación que reposa en las
dependencias de esta Secretaría, y previa verificación con la Oficina de Apoyo Logístico, no
se encontró registro alguno del ingreso de elementos de suministro correspondientes al
Contrato No. 20153486, celebrado con la Unión Temporal CLINIMEDICA PASTO SAS –
SERVICIOS BIOLÓGICOS, para los años 2015, 2016”.
159. A partir de lo anterior, el representante legal del Municipio concluyó que, para
la época de los hechos, la Administración actuó de forma acorde a la legislación
vigente, y enfatizó en que “no existen evidencias en las dependencias que por
competencia funcional tienen a cargo la administración del archivo municipal de
las denominadas actas de entrega debidamente protocolizadas, razón por la cual
165 Anexado parcialmente al informe: f. 6-16.
166 Informe, f. 24-25.
167 Núm. 1160/004756-2025, en Ibid. f. 44.
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es materialmente imposible al señor alcalde expedir bajo la gravedad del
juramento cualquier certificación en ese sentido”.
La excepción de contrato no cumplido en el sub lite
160. Tras haber realizado la anterior valoración probatoria, la Sala reitera 168 que,
por regla general, quien acude en ejercicio del derecho de acción ante los jueces
en búsqueda de la declaración judicial de incumplimiento contractual debe
acreditar el cumplimiento de sus propias obligaciones contraídas por medio del
negocio jurídico. Este axioma surge del contenido normativo de los artículos
1546169 y 1609170 del Código Civil, integrado al régimen jurídico de la
compraventa analizada por disposición del inciso primero del artículo 13 de la
Ley 80 de 1993171.
161. En lo que interesa al presente caso, en tanto forma parte de la argumentación
central de la recurrente, cabe referir el contenido normativo del mencionado
artículo 1609 del Código Civil, en tanto preceptúa que en “los contratos
bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo
pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo
en la forma y tiempo debidos”. Según ha dicho la jurisprudencia, este texto legal
regula:
“… la mora en los contratos bilaterales, que descansa en el aforismo con arreglo al cual “la
mora de uno purga la mora del otro” [y] consagra la exceptio non adimpleti contractus, medio
de defensa que puede invocar una de las partes del contrato cuando no ha cumplido porque
la otra tampoco lo ha hecho, caso en el cual su conducta no es tomada como antijurídica”172.
168 “… para la Sala es evidente que para poder solicitar ante el juez la declaratoria de incumplimiento, de una
parte o de la totalidad del contrato por parte del contratista, es indispensable que éste, a su vez, acredite que
satisfizo todas y cada una de sus obligaciones contractuales, de manera tal que hace exigibles las de su co-
contratante. // En este sentido, no resulta procedente solicitar solamente la declaratoria de incumplimiento del
contrato por parte del municipio, sin antes haber acreditado plenamente el cumplimiento propio de quien lo
alega, pues ello constituiría una pretensión incongruente, donde una eventual condena devendría en injusta e
irregular, en tanto no está plenamente establecido que el incumplimiento del co-contratante obedeció a mora en
el pago de la obligación, que sería, en el presente caso, la única situación que justificaría la condena solicitada”:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 24 de febrero de
2005. Rad. 70001-23-31-000-1996-05716-01(14937). C.P. Germán Rodríguez Villamizar.
169 Según esta norma: “En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse
por uno de los contratantes lo pactado. // Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la
resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios.”. En relación con el entendimiento
del precepto citado, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia apuntó lo siguiente: “… el artículo
1546 está montado sobre la base de que si un contratante contraviene lo pactado da derecho para instar la
resolución o el cumplimiento: ¿y a quién concede esa facultad? Sencillamente al otro contratante que ha
aportado una conducta jurídica, esto es, de parte cumpliente [sic]. No cabe duda alguna, que la acción
alternativa que enuncia la norma en comento sólo se ofrece para el contratante que ha observado, dentro del
marro negocial o legal, las obligaciones a su cargo. Por esa misma razón se permite, como consecuencia
inevitable, que se reclamen los perjuicios, a manera de compensación por los menoscabos patrimoniales que
se derivan de la inobtención [sic] de los resultados. Es la función equilibradora de la resolución que se entiende
en beneficio del que ha cumplido": Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 16 de julio
de 1985. M.P. José Alejandro Bonivento Fernández.
170 Según la jurisprudencia de la Sección, el canon establecido en el artículo 1609 del Código Civil significa que
“no es permitido ni admisible que una de las partes del contrato exija a la otra que satisfaga sus obligaciones,
mientras ella misma no lo haya hecho, en tanto que sería injusto permitir o patrocinar que quien no ha cumplido
las obligaciones que correlativamente asumió, pudiera reclamar del otro que tampoco ha cumplido lo acordado”:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 22 de julio de 2009.
Rad. 23001-23-31-000-1997-08763-01(17552). C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
171 “Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por
las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley”.
172 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección B. Sentencia del
30 de enero de 2013. Rad. 20001-23-31-000-2000-01310-01(24217). C.P. Danilo Rojas Betancourth (E).
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Referencia: Controversias contractuales
162. En el presente asunto, la parte actora planteó, tanto en la demanda como en
el recurso de apelación, la “excepción de contrato no cumplido”, figura que ha
sido concebida como alternativa para rebatir la pretensión del extremo procesal
activo173, lógica que no puede desconocerse en esta ocasión. En ese sentido, la
utilización de dicho mandato como soporte de la reclamación por incumplimiento
no ha sido ajena a la jurisprudencia de esta Sección que, en tales casos, ha
acudido a los presupuestos de este mecanismo para resolver el fondo del
asunto174.
163. En este orden de ideas, y en aras de otorgarle coherencia a lo planteado en
esta instancia, se recalca que, al invocar la excepción de contrato no cumplido
como sustento de sus pedimentos y de la impugnación contra el fallo de primer
grado, la parte actora no buscó emplearla como si estuviera asumiendo una
posición defensiva como demandada dentro del proceso. Más bien, recurrió a
esta figura para argumentar que no pudo cumplir sus obligaciones en tanto el
otro extremo del negocio no dispuso del lugar en el que adelantaría sus
prestaciones y, por ello, la contratista no contó con las condiciones necesarias
para satisfacerlas.
164. En esa dirección, cabe reafirmar que la contratista estaba sometida a cumplir
los términos estipulados de forma íntegra, efectiva y oportuna175, y su
apartamiento del programa contractual trae consigo variadas sanciones
previstas por el ordenamiento. Con todo, el argumento expuesto por la
demandante, fundamentado en lo previsto por el artículo 1609 del Código Civil,
supone la demostración de una “razonable imposibilidad de cumplir”176 surgida
173 “La excepción non adimpleti contractus es, pues, un medio de defensa de buena fe que el que se halla
obligado en virtud de una relación sinalagmática, sin estar él precisado a ejecutar primero el contrato, puede
hacer valer para rehusar la prestación debida hasta el cumplimiento de la prestación que incumbe a la otra
parte”: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencias del 13 de diciembre de 1983 y del 4 de
marzo de 1991, ambas con ponencia del magistrado Alberto Ospina Botero, citando la obra “Explicaciones de
Derecho Civil T. XI, - Pág. 788” del autor Luis Claro Solar.
174 En el fallo del 30 de enero de 2013, antes citado, el demandante en ese proceso argumentó que el
incumplimiento de la “entidad demandada violó “el mantenimiento del equilibrio financiero del contratista”, al
incumplir el pago del anticipo y del restante valor económico del contrato “dio paso a la tesis de la exceptio non
adimpleti contractus”, argumento que reiteró en la alzada. Frente al caso, la Subsección B, acogiendo la
jurisprudencia que ha adaptado la excepción de contrato no cumplido a los contratos celebrados por el Estado,
sentenció que “si bien se presentó un retraso en el pago de una parte menor del “anticipo”, este incumplimiento
no tiene la entidad suficiente como para alterar la normal ejecución del negocio jurídico. En otros términos, al
no demostrar el contratista demandante un incumplimiento serio, grave, determinante de la Administración, que
lo hubiese puesto en una razonable imposibilidad de cumplir, no podría alegar en su favor la excepción de
contrato no cumplido”.
175 “Es principio general de[l] derecho civil que los contratos se celebran para cumplirse y, en consecuencia, que
el deudor debe estar dispuesto a ejecutarlos íntegra, efectiva y oportunamente. La integridad está referida a la
totalidad de la prestación debida, hecho o cosa; la efectividad dice relación a solucionar la obligación en la forma
pactada; y la oportunidad alude al tiempo convenido”: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.
Sentencia del 3 de julio de 1963. M.P. Enrique Coral Velasco.
176 “… la Sala se inclina por la tesis de quienes predican que la exceptio non adimpleti contractus sí tiene cabida
en la contratación administrativa, pero no con la amplitud que es de recibo en el derecho civil, pues se impone
dejar a salvo el principio del interés público que informa el contrato administrativo. El contratista, en principio,
está obligado a cumplir con su obligación, en los términos pactados, a no ser que por las consecuencias
económicas que se desprenden del incumplimiento de la administración se genere una RAZONABLE
IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR para la parte que se allanare a cumplir, pues un principio universal de derecho
enseña que a lo imposible nadie está obligado. No basta, pues, que se registre un incumplimiento cualquiera,
para que la persona que ha contratado con la administración por sí y ante sí deje de cumplir con sus deberes
jurídicos. Así, y por vía de ejemplo, si la administración está obligada a poner a disposición del contratista el
terreno donde se ha de levantar la obra y no lo hace, o no paga el anticipo, cómo pretender obligar a la parte
que con esa conducta se ve afectada a que cumpla, así sea pagando por anticipado el precio de su ruina? [sic]
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de la inejecución grave de una obligación contractual recíproca, correlativa,
exigible a la contraparte, y que sea fuente de la insatisfacción del deber pactado
en cabeza de quien lo invoca177.
165. Traído lo anterior al análisis de los cargos planteados en la alzada por la UT,
esta Subsección no encuentra fundadas las razones esgrimidas por la contratista
para explicar que el incumplimiento de su obligación de proporcionar la totalidad
de los elementos de dotación del hospital, de manera ajustada a las
“especificaciones técnicas”, “calidades y cantidades” exigidas por los
documentos previos, de forma acorde con las condiciones “técnicas” requeridas,
y en “óptima[s]” cualidades para su adecuado funcionamiento, era atribuible a
una desatención grave del contrato por parte de la demandada.
166. De un lado, la conducta de la contratante en relación con la disposición del
centro hospitalario para que la vendedora ejecutase sus obligaciones (la entrega
de los bienes en cuestión) no causó ni podía ocasionar la insatisfacción de la
obligación de entrega a cargo de la demandante. En efecto, en vista de los
inconvenientes con el centro hospitalario, se acordó la disposición de un nuevo
lugar donde serían entregados los bienes proporcionados por la UT (la sede
“San Andrés”), arreglo que la propia contratista aceptó estableciendo fechas de
entregas parciales. Este cambio de sede no impidió que la contratista acatara
las pautas contractuales. Luego, mal podría decirse que la entidad territorial
deshonró sus compromisos respecto al sitio donde facilitaría las cosas que
fueron objeto del contrato.
167. De otro, como ya se mencionó, aunque no se justificó la concurrencia entre
el interventor y el supervisor, ni sus labores estuvieron delimitadas por el acuerdo
suscrito entre el IDSN y el Consorcio, en este caso la participación del primero
no fue inarmónica con las labores del segundo, ni se demostró que haya
causado, en la praxis, traumatismo alguno sobre las labores de la contratista.
Cabe rememorar que la actora no desvirtuó ninguno de los descalificativos de
las instancias de vigilancia contractual sobre los equipos que fueron
considerados incompatibles con lo exigido desde la fase precontractual.
A estos extremos no se puede llegar, pues los principios generales que informan la contratación administrativa,
tales como el de la buena fe, la justicia, etc, lo impiden. Será el juez, en cada caso concreto, el que valorará las
circunstancias particulares del caso para definir si la parte que puso en marcha la exceptio non adimpleti
contractus se movió dentro del marco de la lógica de lo razonable o nó. [sic]”: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 31 de enero de 1991. Rad. 4739, 4651 y 5951. C.P.
Julio César Uribe Acosta. Reiterada por la misma Sección, entre otras, en sentencia del 14 de septiembre de
2000. Rad. 13530. C.P. Ricardo Hoyos Duque (mayúsculas originales del texto citado).
177 “… la aplicación de la excepción de contrato no cumplido en los contratos del Estado se encuentra
condicionada a los siguientes supuestos: i) La existencia de un contrato bilateral o sinalagmático, esto es, fuente
de obligaciones recíprocas, correspondientes o correlativas, lo cual implica que una de las partes se obliga a su
prestación a cambio de la prestación que la otra parte le debe satisfacer, regla “do ut des” (te doy para que me
des); ii) El no cumplimiento actual de obligaciones a cargo de una de las partes contratantes; iii) Que el
incumplimiento de la Administración sea grave, de entidad y gran significación, de manera tal que genere una
razonable imposibilidad de cumplir por parte del contratista, iv) que ese incumplimiento pueda identificarse como
fuente o causa del incumplimiento ante el cual se opone; y que ha de justificarse por la configuración de aquel;
v) El cumplimiento de sus demás obligaciones por parte de quien la invoca o, al menos, la decisión sería cierta
[sic] de cumplirlas mediante el allanamiento correspondiente”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 31 de agosto de 2006. Rad. 25000-23-26-000-1991-07664-
01(14287). C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
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168. De esta forma, en respuesta al segundo problema jurídico, se descarta que
el Tribunal haya valorado incorrectamente los elementos de convicción
sometidos a su escrutinio al descartar que fuese aplicable la regla dispuesta en
el artículo 1609 del Código Civil en favor de la demandante, por los motivos que
ésta expresó, toda vez que, bajo esos derroteros, los incumplimientos de la
vendedora no encuentran correlación con la conducta desplegada por la
compradora, ya que su actuar de disponer un sitio distinto al inicialmente
previsto, lejos de afectar su prestación, facilitó la entrega completa de los
objetos.
Análisis del grado de cumplimiento de las obligaciones negociales
169. Una vez establecido lo anterior, cabe enfatizar que, si bien los planteamientos
de la demandante, basados en la excepción de contrato no cumplido, no son de
recibo por las razones anotadas, la reclamación de la UT por incumplimiento
contractual del Municipio versó sustancialmente sobre la satisfacción
fragmentada de sus obligaciones, representada en el valor de los bienes
supuestamente entregados dentro del plazo estipulado, en el sitio acordado, y
que fueron recibidos sin reproche alguno por la contratante.
170. Para tales efectos, la actora debió acreditar, en primera medida, que (i)
proporcionó material y oportunamente parte de los implementos pactados y (ii)
fueron avalados por el interventor y por la entidad, conforme a lo convenido en
el acta del 22 de julio de 2016. Además de ello, tenía la carga de demostrar que
(iii) cada uno de los elementos mencionados sí cumplían a cabalidad con lo
solicitado por la entidad desde la fase precontractual del negocio, y (iv) su
correspondiente precio conforme a lo dispuesto por la entidad en las
Resoluciones núm. 335 y 427 del 2016, cuya juridicidad no fue cuestionada. Lo
anterior debía quedar evidenciado en el proceso178, como supuestos de hecho
que acreditarían el pago parcial de sus obligaciones179 y configurarían la
responsabilidad contractual suplicada180. El hecho de que la entrega de los
implementos hubiese sido parcial no obsta para que se elevase esa pretensión,
teniendo en cuenta que, de encontrarse que el Municipio recibió, al menos, una
parte de los implementos, dicha entidad estaba obligada a pagarlos si los
conservó en su poder, circunstancia que -igualmente- debió ser acreditada.
178 CGP, artículo 167: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen”.
179 Código Civil – Artículo 1757: “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”.
180 “… la estructuración de la responsabilidad por incumplimiento contractual requiere la concurrencia de los
siguientes elementos: (i) la existencia de un contrato o convenio válidamente celebrado; (ii) la preexistencia de
una o varias obligaciones originadas en el negocio que son desconocidas por el deudor; (iii) el comportamiento
antijurídico de la parte a quien se le atribuye el incumplimiento, que, en el plano contractual, se traduce en la
infracción de las cláusulas contractuales, por acción o por omisión, y que se concreta en la falta de cumplimiento
de la prestación debida en la forma y en el tiempo establecidos, y (iv) un daño que tenga relación causal entre
el comportamiento antijurídico del deudor y la prestación insatisfecha”: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 16 de agosto de 2022. Rad. 08001-
23-31-000-2011-00506-01 (60.434). C.P. María Adriana Marín.
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Referencia: Controversias contractuales
171. En cuanto a la entrega de los equipos e instrumentos contratados, varios
documentos obrantes en el expediente reflejan este hecho. Sin embargo,
analizados en su conjunto, los medios probatorios aludidos no informan de
manera concluyente la cantidad total de objetos que hicieron parte de estas
diligencias, ni la fecha en que acontecieron. Tampoco precisan cuántos
concordaron con las especificaciones técnicas, ni a cuánto ascendió su coste:
172. De una parte, en los informes del consorcio interventor de 2016, y en
oportunidades posteriores, aquél afirmó que admitió piezas correspondientes al
acuerdo de voluntades. Ahora, esta instancia de vigilancia contractual reportó,
tanto en vigencia del plazo de ejecución contractual como después de su
fenecimiento, cifras discordantes respecto de los bienes que dijo recibir de la
aquí demandante:
18 de 3 de abril 27 de 16 de
octubre de de 2017 septiembre noviembre de
2016 de 2017 2017
Total equipos 1488 1488 1295 1488
Recibidos y en bodega 1297 1283 1283 1283
“Equipos contratados No refiere No refiere 193 No refiere
pero no depositados en
bodega”
“Equipos que no se No refiere No refiere No refiere 200
depositaron en la bodega
de San Andrés”
“Unidades incompletas” No refiere No refiere No refiere 12
173. Por otro lado, en la contestación de la demanda, el hecho de la entrega
parcial fue aceptado por la entidad territorial como argumento para defender su
conducta por facilitar el almacenamiento de los instrumentos en un lugar
alternativo al sitio donde se previó la dotación, y mencionar la conclusión del
trámite efectuado para declarar la insatisfacción de las obligaciones a cargo de
la contratista.
174. En desarrollo de ese procedimiento sancionatorio adelantado por el
Municipio, este no desconoció que algunos elementos sí fueron depositados en
sus instalaciones y advirtió la necesidad de establecer con precisión cuántos y
cuáles dispositivos estaban almacenados en la sede municipal, y en ese sentido:
(i) la supervisión del contrato instó al interventor a precisar ese análisis, ya que
estos no ofrecían la suficiente claridad; (ii) en la instrucción del procedimiento
sancionatorio, se decretaron pruebas expresamente dirigidas a identificar lo
entregado por el contratista; y (iii) surgieron informes elaborados por personal
vinculado con la propia Administración que examinaron los artefactos dejados
en la bodega.
175. De estos últimos, cabe destacar el informe final del 24 de abril de 2018, que
plasmó la revisión, reconteo y prueba de funcionamiento sobre los equipos
hallados en el sitio. Este documento fue el insumo tenido en cuenta por el
Municipio para emitir las conclusiones plasmadas en la Resolución 064 de 2018,
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por medio de la cual se declaró el incumplimiento parcial de la UT, en cuya parte
motiva se plasmó un cuadro de resumen de aquellos implementos que, según la
ingeniera biomédica que elaboró el señalado reporte, podían ser recibidos por
cumplir con los requerimientos técnicos. Al respecto, la Sala advierte lo
siguiente:
176. En la resolución previamente referida, se señaló que la UT entregó un total
de 335 implementos a conformidad. Esta cifra no fue explicitada en el informe
suscrito por la ingeniera Diana Zuleta, sino que corresponde a la sumatoria
efectuada por la entidad a partir de la relación de las cantidades de implementos
que, según el informe del 24 de abril de 2018, “se podrían recibir”. Revisados
uno a uno, se encuentra que los elementos que se sugirió admitir en ese reporte
fueron consignados en la tabla agregada en la motivación del acto
administrativo, salvo algunas excepciones que difieren en cuanto a la cantidad
que la entidad dijo aceptar y la denominación formal de ciertos ítems181, y
aunque la motivación de la resolución no señaló la metodología que se empleó
para adoptar o modificar las conclusiones de ese informe (o apartarse
parcialmente de ellas), existe coincidencia entre el señalado instrumento y la
matriz inserta en la decisión que declaró el incumplimiento de la UT. Según se
desarrolló en acápites anteriores, el hecho de que esta última hubiese sido
anulada no incide en la valoración de su contenido, comoquiera que la razón
para ello fue la pérdida de competencia temporal del municipio para emitir esa
determinación (en vez de haberse efectuado un juicio de falsa motivación).
177. A lo anterior, debe agregarse que, aunque en el informe del 24 de abril de
2018 se señaló, para varias de las piezas que se sugirió admitir, que podrían
recibirse “siempre y cuando una vez instaladas y probadas, estas funcionen
adecuadamente en el Hospital 1B del Barrio Santa Mónica”, los elementos frente
a los que se agregó esa anotación fueron aceptados por la entidad en la
Resolución 064 de 2018. Así ocurrió, por ejemplo, con las mesas quirúrgicas, las
incubadoras, las lámparas de calor radiante, las unidades odontológicas y los
autoclaves de odontología, elementos que fueron relacionados en el reporte de
la ingeniera biomédica con la señalada observación, no obstante lo cual fueron
incluidos en el referido acto administrativo como parte de los insumos que la
entidad reconocería.
178. Asimismo, aunque la sumatoria de los equipos que la ingeniera biomédica
aseveró que se podrían recibir arroja una cifra mucho mayor a la que fue
contratada (2132 elementos contra 1488), ello guarda explicación con el hecho
de que los implementos nombrados como “instrumental DIMEDA” fueron
relacionados con una cantidad de 1754, mientras que en la resolución se
agruparon bajo las denominaciones “equipo de instrumentación para cesárea”
(12), “equipo de instrumentación para laparotomía” (9) e “instrumental para
181 Por ejemplo, los “reguladores de oxígeno” se relacionan en la resolución como “manómetros”, y los
“monitores multiparamétricos” se identifican como “monitores de signos vitales”. Igualmente, verbigracia, en el
informe se sugirió recibir el elemento “micromotor”, sin que el mismo figure en la resolución, y en ésta se
relacionaron elementos como “módulo de gases anestésicos”, que no se menciona en el reporte.
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cirugía general” (10), con lo cual la diferencia advertida no resta credibilidad al
informe del 24 de abril de 2018 como fundamento de la tabla inserta en la
resolución. De igual forma, a pesar de que fue en esta última que se relacionaron
los precios de cada uno de los insumos, y de que dicho dato no se incluyó en el
referido informe, ello no era una variable que debiese ser incluida en ese
documento, máxime cuando su valor unitario ya estaba definido en la ficha MGA,
y aunque ésta no se aportó al plenario (lo que impide cotejar que los valores
señalados en la resolución sí correspondan a los allí fijados), ninguna de las
partes en este proceso impugnó o tachó dichos guarismos.
179. A su vez, la señora Diana Alejandra Zuleta Triana (autora del informe), en su
declaración dentro del presente proceso, no amplió los detalles consignados en
el instrumento analizado. En esa oportunidad, procedió a: (i) reseñar aquellas
labores que efectuó en la visita a la bodega en la que estaban depositados los
equipos, (ii) aclarar que el producto de dicha visita no tuvo por objeto declarar el
incumplimiento del contrato (tarea asignada a la supervisión), (iii) relatar aquellos
aspectos en los que se centró la verificación de los implementos (como el año
de fabricación y su incidencia respecto de las garantías, o, frente a los que se
pudieran conectar a un tomacorriente, que sí pudiesen ser encendidos), (iv)
diferenciar los dispositivos biomédicos, los clasificados como “tecnología
controlada” y el instrumental médico, (v) explicar que, frente a los implementos
en los que se habría encontrado corrosión u oxidación, no le era dable
determinar si fueron entregados con esos defectos, o si éstos se debieron a las
condiciones de almacenamiento, y (vi) señalar que, en todo caso, los detalles
respecto de ello se encuentran referenciados en el informe. Debe aclararse que,
pese al carácter técnico del informe, y al hecho de que su autoría hubiese
declarado en el presente proceso, dicho instrumento debe ser valorado como
una prueba documental y no pericial, en tanto no fue aportado en esa calidad y
no cumple con los requisitos del artículo 226 del CGP para ser tomado como tal.
180. Ahora, la respuesta otorgada por el alcalde municipal a la orden proferida por
esta Sala de decreto oficioso de pruebas, junto con los certificados anexados
por las dependencias de la demandada, no solo niega que se hubiesen recibido
los bienes proporcionados por el contratista (aun cuando se reportó “la recepción
de un porcentaje cercano al 80% de los elementos”), sino que también rehúsa
que cualquiera de estos objetos haya ingresado a la entidad por no haber
encontrado registro que así lo acredite. Pese a esta afirmación, lo que se
desprende del contenido del informe del 24 de abril de 2018 y de la Resolución
064 de ese año es que la entidad sí recibió, al menos parcialmente, los
implementos materia del contrato, y no se aportó ningún elemento de prueba
que dé cuenta de que dichos insumos hubiesen sido devueltos a la Unión
Temporal, de forma que la respuesta brindada por la entidad no puede ser
empleada como medio demostrativo en contra de esa entrega.
181. Bajo el anterior orden de ideas, se colige que las únicas pruebas
documentales que reposan en el expediente en torno al cumplimiento -al menos
parcial- de las obligaciones de la UT son: (i) la Resolución 064 de 2018, proferida
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por el municipio de Pasto, en la que éste aceptó haber recibido a conformidad
un total de 335 implementos, por un valor de $1.309’841.295.13, y (ii) el informe
del 24 de abril de 2018 en el que aquélla se sustentó, y que, a pesar de presentar
leves diferencias respecto de la tabla incorporada en la motivación del citado
acto, da cuenta de que este último contó con un mínimo respaldo probatorio en
torno a la verificación de los insumos depositados en la bodega “San Andrés” y
de su concordancia con las especificaciones requeridas.
182. A lo anterior debe agregarse que la misma demandante, en sus alegatos de
conclusión de segunda instancia, señaló que “la liquidación del contrato
efectuada en la sentencia no se acomoda a la realidad fáctica de la ejecución
del contrato y a la prueba documental aportada al proceso, pero además
desconoce que el mismo Municipio de Pasto acepto que el contratista le entrego
1288 equipos y que de ese número solo le recibió 335 que en criterio del
Municipio cumplían las especificaciones técnicas”, lo que le llevó a solicitar que
se incluyera el ya mencionado rubro en el nuevo corte de cuentas impetrado
ante esta instancia. La demandada, por su parte, fue quien aportó este
documento y no lo tachó de falso, y en su escrito final de segundo grado, aceptó
que “con base en los informes allegados por el señor Alcalde y la supervisión
contractual, se constató que únicamente 335 equipos cumplieron con los
requisitos técnicos exigidos”.
183. Frente a lo expuesto, no puede soslayarse que, entre los anexos del informe
rendido por el alcalde del Municipio, se allegó copia de un listado de artículos
titulado “contrato de suministro 2020000004”, con fecha “miércoles 25 de marzo
de 2020”, señalando que fue remitido por la “oficina de Apoyo Logístico –
Almacén”, según se adujo en la respuesta, “donde detalla elementos de la
dotación del hospital de baja complejidad tipo 1B en el municipio de Pasto”. En
el encabezado de dicho documento figura lo siguiente (se transcribe de forma
literal, con errores incluidos):
“Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a (sic) El contratista se compromete para
con el municipio de pasto - secretaria de infraestructura y valorizacion municipal, a realizar
la dotacion del hospital de baja complejidad tipo lb en el municipio de pastop de acuerdo a
los siguientes lotes: lote 2: componente 1: dotacion de equipos de laboratorio instrumental y
equipos industriales, componente 2: dotacion de equipo biomedico y odontologlco,
componente 3: adquisiion de equipos biomedicos para la dotacion de quirofanos y salas de
partos.p no de contrato no. 20153486, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar
los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la [texto incompleto]”182.
184. Aunque la aducción de este documento apuntaría a que, con posterioridad a
la presentación de la demanda que originó el presente litigio, se celebró un
nuevo negocio con -aparentemente- el mismo objeto del contrato 20153486
(referenciado explícitamente en dicho instrumento), dicho anexo no brinda
certeza sobre su alcance ni la incidencia que pudo tener en los implementos
supuestamente entregados en el marco del acuerdo del 2015.
182 El documento se dirige a la “Unión Temporal Clinimédica Pasto SAS – Servicios Bi [texto cortado]”. En su
pronunciamiento frente al informe, la UT no se refirió al contenido de este anexo.
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185. Por todo lo anterior, el tercer problema jurídico se contesta en sentido
afirmativo, para declarar que en la providencia impugnada se incurrió en una
inadecuada apreciación fáctica, al dejar de lado que la vendedora entregó
parcialmente bienes solicitados por la entidad, como lo reconoció la misma
contratante en sede administrativa. No obstante lo anterior, con el fin de abordar
los interrogantes restantes, esta Subsección estudiará el impacto que esta
circunstancia puede tener en los efectos patrimoniales perseguidos por la
libelista, de cara a la realidad de la ejecución del contrato que pudo evidenciarse
dentro del presente proceso.
Sobre la liquidación judicial del contrato y la actualización solicitada por el
municipio
186. Con el fin de abordar los cuestionamientos cuarto y quinto, la Sala precisa
que el contrato de compraventa que es objeto de este juicio estuvo sometido a
liquidación porque sus prestaciones se sometieron a plazo, lo que tornaba
necesario que, al finalizar ese periodo, se realizara un balance final del estado
de cumplimiento de las obligaciones contraídas. Además, este procedimiento fue
previsto por las mismas partes en la cláusula 28 del negocio.
187. En ese orden de ideas, la ley aplicable al presente acuerdo de voluntades
dispone que serán objeto de liquidación los “contratos de tracto sucesivo,
aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás
que lo requieran”183. Según lo ha interpretado la jurisprudencia, determinar si el
contrato está o no sometido a este trámite no depende de que sus prestaciones
puedan o no ser satisfechas de forma instantánea, sino que son las partes
quienes tienen la facultad de definir si el cumplimiento de sus obligaciones
recíprocas tendrá lugar durante un tiempo prolongado, prevaleciendo así la
autonomía de la voluntad184.
183 Ley 80 de 1993 – Artículo 60, inciso primero.
184 “… corresponde precisar que del hecho de que un contrato pueda ser ejecutable en un único acto o en un
mismo momento y por ende clasificarse como de ejecución instantánea, no significa que esta clasificación sea
en todos los casos condición sine qua non de su existencia, y que siga al contrato incluso cuando las partes
pacten que el cumplimiento de las prestaciones se haga de manera prolongada en el tiempo. Entenderlo así
implicaría admitir en el mundo jurídico una impropiedad en esta clasificación, que viene definida por la naturaleza
de las prestaciones estipuladas por las partes, lo que se traduce en que si bien hay contratos que por su
naturaleza responden a una determinada forma de ejecución, es posible que los contratantes, en ejercicio de
su capacidad para contratar, pacten cláusulas que modifiquen la manera como se cumplan las prestaciones del
mismo, y por tanto variaría la ubicación del contrato dentro de esta clasificación, que en últimas, se itera, son
las cláusulas contractuales las que definen a qué tipología de contrato pertenecen. // Esta postura ha sido
sostenida por la doctrina tradicional, la que ha considerado que si bien, el contrato de compraventa de contado
es el ejemplo por antonomasia de un contrato de ejecución instantánea, éste no lo será cuando se estipulen
prestaciones que deben ser cumplidas durante un periodo prolongado de tiempo. […] // De allí que es
inadecuado señalar que una clase de contrato, porque generalmente se ejecute de determinada manera, no
pueda ser cumplido (si las partes así lo disponen) de forma distinta, pues entenderlo en este sentido sería
desconocer los principios generales que rigen la contratación. De suerte que es posible que contratos que
generalmente se ejecuten instantáneamente, las partes pacten su cumplimiento de ejecución sucesiva. En
últimas, es la voluntad de las partes la que configura la obligación y su forma de ejecución”: Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Auto del 21 de noviembre de 2013.
Rad. 19001-23-31-000-2011-00613-01(47864). C.P. Enrique Gil Botero.
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188. A ese supuesto apunta el legislador cuando precisa que los contratos
deberán liquidarse cuando su desarrollo esté sujeto a un plazo, entendimiento
que le confiere a la norma un fin eminentemente práctico:
“… lo consagrado por la disposición, que prima facie parece una redundancia – al señalar
que los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue
en el tiempo, son liquidables- establece de manera objetiva y al margen de las disquisiciones
académicas, que deberán ser liquidables. Se itera: lo determinante para establecer si un
contrato es liquidable o no, no es la clasificación dada por la doctrina, sino el hecho de que
las obligaciones establecidas en él se prolonguen o no en el tiempo, este es un criterio mucho
más pragmático y apegado a la realidad de la contratación estatal”185.
189. Dicho lo anterior, varios pronunciamientos de esta Sección han decantado
ampliamente la noción, contenido y efectos de la liquidación de los contratos,
señalando de forma indistinta que, independientemente de la modalidad, se trata
de una “actuación tendiente a establecer el resultado final de la ejecución
contractual, en cuanto al cumplimiento de las prestaciones a cargo del
contratista, los pagos efectuados por la entidad contratante, los saldos
pendientes, las mutuas reclamaciones entre las partes, las transacciones y
conciliaciones logradas, etc., y de esta manera finiquitar la relación negocial”186.
190. En otros términos, la liquidación contractual es un ejercicio llamado a
concretar lo sucedido durante el desarrollo de lo pactado, no sólo mediante la
comprobación genérica de lo acontecido sino en la definición del “balance
técnico, económico, financiero, administrativo y jurídico del contrato, mediante el
análisis de lo acontecido durante el curso de su ejecución (previa constatación
del porcentaje de cumplimiento de las obligaciones, actas, facturas o cuentas y
sumas pendientes de pago, la amortización del anticipo, las multas o sanciones
impuestas al contratista, la vigencia de las garantías y su extensión) y los
ajustes, revisiones, actualizaciones o reconocimientos a que haya lugar, todo
ello en aras de mantener la equivalencia de las prestaciones pactadas, según el
mandato del artículo 27 de la Ley 80 de 1993, y poder llegar al cierre definitivo
del contrato”187.
191. En el evento de la liquidación judicial, esta procede188 cuando las otras dos
variantes, a saber, la alcanzada por mutuo acuerdo y la impuesta unilateralmente
por la entidad contratante, no fueron efectuadas189, o en el evento en que se
solicita la nulidad del balance adoptado unilateralmente para que el juez sea
quien lo efectúe. Ahora, como cualquier pretensión, su prosperidad supone la
satisfacción de la carga probatoria anteriormente mencionada, mediante la
185 Ibid.
186 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección B. Sentencia del
29 de febrero de 2012. Rad. 66001-23-31-000-1993-03387-01(16371). C.P. Danilo Rojas Betancourth.
187 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del
1° de diciembre de 2023. Rad. 250002326000200700425 01 (62067). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
188 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia
del 9 de octubre de 2013. Rad. 25000232600020030122701 (30680). C.P. Mauricio Fajardo Gómez
189 Según el inciso primero del artículo 141 del CPACA: “el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del
contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado
unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de
mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley”.
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acreditación de los elementos que permitan finiquitar el contrato en los términos
planteados por la demandante190.
192. En este caso, la providencia de primer grado liquidó el contrato, arrojando
como resultado un saldo a favor de la entidad contratante equivalente al valor
del anticipo desembolsado. Asimismo, el balance efectuado por el Tribunal no
encontró sumas pendientes de pago para el contratista porque no existían
soportes de la aceptación y recibo a satisfacción de los elementos contratados,
y menos aún de su costo individual a efectos de consignarlos como débitos a
cargo de la entidad contratante.
193. La Subsección se separa de la liquidación judicial del contrato adoptada por
el Tribunal, toda vez que, según lo expuesto, en el plenario sí obran medios
demostrativos de la entrega de 335 implementos conforme a lo detallado en la
tabla inserta en la parte motiva de la Resolución 064 de 2018, que tasó el valor
de los mismos en $1.309’841.295.13 (y no se encuentran elementos de prueba
adicionales que den cuenta de que la UT cumplió a cabalidad con la entrega de
los elementos restantes, lo que impide su reconocimiento en esta instancia),
mismo que tendría que ser compensado con el monto del anticipo desembolsado
a la contratista, como se reseña a continuación:
Liquidación judicial del contrato No. 20153486 del 27 de noviembre de 2015
Valor del contrato $3.361.045.802
Anticipo (50%) $1.554.483.001191
Valor ejecutado por el contratista $1.309.841.295.13
(acreditado)
Diferencia valor ejecutado y anticipo: $ 244.641.705,87
Saldo a favor del contratista $0
Saldo a favor del contratante $ 244.641.705,87
194. Como se observa, el anterior ejercicio arrojaría una suma de dinero que
tendría que ser restituida por parte de la UT a la entidad territorial, dado que el
monto del anticipo desembolsado fue superior al valor de los equipos que se
demostró fueron entregados a conformidad. Lo anterior impide a esta colegiatura
acceder a la pretensión de liquidación formulada por la demandante, comoquiera
que su petitum giró en torno a que se le reconociera el valor de la totalidad de
los equipos que dijo haber entregado, aspecto que -según se expuso- no se
acreditó sino hasta cierto monto. Desde luego, tampoco se encaminó a que el
corte de cuentas arrojara un resultado en su contra, a lo que se debe añadir que
el municipio no formuló una demanda de reconvención en la cual reclamase el
saldo por el anticipo no ejecutado, circunstancias que no permiten a esta
Corporación resolver favorablemente el pedimento relacionado con el balance
final del negocio.
190 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia
del 13 de marzo de 2024. Rad. 50001-23-31-000-2005-00517-01 (58666). C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas;
y Subsección A. Sentencia del 30 de abril de 2014. Rad. 25000-23-26-000-2000-00089-01(27877). C.P. Hernán
Andrade Rincón.
191 Como se reconoció en el fallo de primer grado, la suma girada por la administración corresponde a
$1.680’522.901, sobre la cual se aplicaron descuentos por concepto de estampillas por $126’039.900.
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195. Por lo anterior, la Sala tampoco puede realizar la actualización del rubro
reconocido en el corte de cuentas efectuado por el Tribunal, ejercicio que fue
solicitado por el municipio en su recurso de apelación. Ello es así porque no se
accederá a la pretensión de liquidación y, nuevamente, en atención a que la
entidad territorial no formuló su propia pretensión encaminada a que se ordenara
a la contratista la devolución del anticipo no ejecutado, de forma que una
decisión en ese sentido contravendría el principio de congruencia de que trata el
artículo 281 del CGP.
196. A lo expuesto se debe añadir que, según el artículo 187 del CPACA, el ajuste
pecuniario conforme al Índice de Precios al Consumidor solo está previsto para
aquellas “condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero”. Sin
embargo, según lo expuesto, en la presente oportunidad no es viable emitir una
decisión en ese sentido, a falta de una pretensión que haya sido enfilada a ese
fin. Por tal motivo, el quinto problema jurídico debe ser resuelto de manera
desfavorable a la entidad.
197. Finalmente, dado que no hay lugar a reconocer suma alguna en favor de la
Unión Temporal (habida cuenta de la compensación que se debería efectuar
debido al rubro del anticipo), no es viable acceder a la pretensión relacionada
con el pago de los perjuicios materiales deprecado por la actora. Lo mismo
sucede frente al reconocimiento de los perjuicios inmateriales pedido en la
demanda, pues, aun cuando el a quo no se refirió a este rubro, la apelante
tampoco reprochó esa determinación, lo que impide a esta judicatura referirse a
ese respecto192 e impone la denegatoria de dichas solicitudes.
Conclusiones
198. La Sala revocará la sentencia apelada y negará las pretensiones de la
demanda, por las siguientes razones:
199. Las sentencias que anularon los actos administrativos por falta de
competencia de la entidad territorial, con efectos erga omnes, se fundamentaron
en que, para el momento en que se expidieron dichas resoluciones, este proceso
encaminado al análisis y juzgamiento del incumplimiento de las obligaciones del
contrato ya había comenzado. Por lo tanto, lo fallado en esas instancias, al
reconocer la competencia adquirida por los jueces para definir el asunto, no
configuraron el fenómeno de la cosa juzgada de cara al presente asunto, en el
que se dilucidó lo relativo al grado de cumplimiento de las prestaciones
negociales.
200. La interventoría y la supervisión forman parte del control y vigilancia de los
contratos sometidos al régimen general de contratación pública. Sin embargo,
192 Conforme al artículo 287 del CGP: “El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del
inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado”, ligado al alcance de la apelación previsto
en el artículo 328 ejusdem.
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estas funciones no son concurrentes para realizar el seguimiento del
cumplimiento de un mismo contrato, salvo que se requiera de un conocimiento
especializado, o cuando la complejidad o extensión de lo pactado lo justifiquen.
En este último evento, puede dividirse la inspección señalando, en el acuerdo
con el interventor, cuáles actividades técnicas quedan a su cargo, dejando las
restantes en el resorte del supervisor. Si ocurre lo contrario, dependerá de cada
caso concreto determinar si esta circunstancia genera un daño resarcible para
el contratista, e imputable a la contratante. En este caso, pese a que no fueron
claramente segmentadas sus labores, no fue demostrado que la interventoría y
la supervisión se desempeñaran de forma discordante, y con repercusiones
negativas en el desarrollo de lo estipulado. De cualquier manera, la omisión en
el reparto de labores no habilita al contratista vigilado a repudiar al interventor,
ni a deshonrar sus obligaciones contractuales.
201. El contrato celebrado por las partes fue una compraventa con objeto
fraccionado o a plazos, tipología en la que se pacta la ejecución de una única
prestación -en este caso, la dotación del hospital-, pero en la que se estipula su
ejecución durante el plazo acordado.
202. Por regla general, quien pretende la declaratoria de incumplimiento
contractual y su consecuente resarcimiento patrimonial, debe acreditar haber
cumplido las obligaciones contractuales a su cargo. No obstante, de acuerdo con
lo previsto en la normatividad civil, en los contratos bilaterales no es exigible el
cumplimiento de las obligaciones si la contraparte no satisface las suyas o se
allana a hacerlo. Esta premisa puede ser empleada como fundamento de la
pretensión, aceptando su incumplimiento, pero con la carga de probar que la
infracción de su contraparte fue grave, tuvo lugar respecto de compromisos
recíprocos, correlativos, exigibles y conexos con su desatención, y generó una
razonable imposibilidad de satisfacer los compromisos convenidos. En el sub
lite, la desatención de los deberes de la demandada, consistentes en la
disposición del lugar de entrega de los equipos y la no justificación de las labores
concurrentes de supervisión e interventoría, no impidieron que la demandante
desarrollara una conducta acorde a lo pactado. Sin embargo, se demostró que
la Unión Temporal realizó una entrega a conformidad de 335 elementos
convenidos, según lo aceptado por la misma entidad en la resolución que declaró
su incumplimiento parcial, y en esa proporción es dable reconocer el rubro
correspondiente dentro de la liquidación del negocio, lo que impone revocar el
ejercicio efectuado en primera instancia que no lo tuvo en cuenta.
203. De acuerdo con el régimen jurídico del contrato, como el cumplimiento de
este acuerdo de voluntades se prolongó en el tiempo, es objeto de liquidación.
La realización de este ejercicio en sede judicial, como toda pretensión solicitada
ante instancias jurisdiccionales, supone la satisfacción de la carga probatoria
que permita realizar el balance de las prestaciones ejecutadas durante la
relación contractual en los términos solicitados por el demandante. De acuerdo
con lo indicado, al haberse demostrado un cumplimiento al menos parcial de las
obligaciones convenidas (y sin que se aportara ninguna prueba de que los
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implementos fueron devueltos a la ejecutora), dicho corte de cuentas debe
consagrar el valor que la misma contratante admitió en sede administrativa. No
obstante, dado que ese ejercicio arroja un saldo a favor de la entidad
demandada, quien no formuló una pretensión propia dirigida a que se le
restituyese dicho rubro, no hay lugar a acceder a la pretensión de liquidación de
la UT, pues dicho ejercicio resultaría contrario a su petitum.
204. Por las mismas razones que acaban de exponerse, no es viable proceder
con la actualización del saldo a favor del Municipio, resultante de una liquidación
del negocio.
Costas
205. El artículo 365, numeral 1, del CGP, aplicable a este asunto en virtud de lo
previsto por los artículos 188 y 306 del CPACA, prevé que la condena en costas
procede en contra de “la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación […] que haya propuesto”. El numeral
5 del precepto citado establece que “En caso de que prospere parcialmente la
demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena
parcial, expresando los fundamentos de su decisión”.
206. Dado que en este grado jurisdiccional se declararán imprósperos ambos
recursos de apelación, en tanto que no se emitirá condena en contra del
municipio y no se accederá a la actualización solicitada por este último, la
Subsección se abstendrá de proferir condena al respecto.
207. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR los ordinales primero y segundo de la sentencia del 12 de
abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño –Sala Segunda de
Decisión, por las razones expuestas en esta providencia, y, en su lugar,
SEGUNDO: NEGAR todas las pretensiones de la demanda.
TERCERO: NO CONDENAR en costas de segunda instancia.
CUARTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada esta sentencia.
61
Radicación: 52001-23-33-000-2017-00573-01 (72111)
Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto S.A.S. –
Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S.
Demandado: Municipio de Pasto
Referencia: Controversias contractuales
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con salvamento parcial de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.
VF
62
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