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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2018-00417-02

Fecha
17 de junio de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2018-00417-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Confírmase la sentencia de 28 de julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión. 19 Expediente: 85001-23-33-000-2018-00417-01 (70.381) Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto SAS – Servicios Biomédicos de Nariño SAS Controversias contractuales 2°) Condénase en costas al Municipio de Pasto en favor de la Unión Temporal Clinimédica Pasto SAS – Servicios Biomédicos de Nariño SAS, tásense en forma concentrada en el tribunal de primera instancia. 3°) Por Secretaría remítase copia de la presente sentencia al Tribunal Administrativo de Nariño con destino al proceso radicado con el número 52001-23-33-000-2017- 00573-00, para lo de su competencia. 4°) En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 52001-23-33-000-2018-00417-02

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

17 de junio de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 52001-23-33-005-2018-00417-01 (70.381)
Actor: UNIÓN TEMPORAL CLINIMÉDICA PASTO SAS –
SERVICIOS BIOMÉDICOS DE NARIÑO SAS
Demandado: MUNICIPIO DE PASTO (NARIÑO)
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: NULIDAD DE ACTOS CONTRACTUALES

Síntesis del caso: las partes suscribieron un contrato de compraventa de equipos médicos
para dotar un hospital en el municipio de Pasto (Nariño); el ente territorial contratante declaró
el incumplimiento del contratista quien demanda la nulidad de los actos administrativos en
los cuales está contenida esa decisión con sustento en el cargo de falta de competencia por
existir un proceso judicial vigente entre las partes en el cual se debaten los conflictos
surgidos durante la ejecución del contrato y porque la cláusula penal estaba restringida a los
eventos de incumplimiento total del contrato; el tribunal de primera instancia acogió
parcialmente las pretensiones de la demanda por encontrar probados los mencionados
cargos.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el ente territorial demandado
en contra de la sentencia de 28 de julio de 2023 por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión resolvió:

“PRIMERO: Sin lugar a pronunciarse sobre la excepción de fondo de
‘cobro de lo no debido’, formulada por la apoderada judicial del
Municipio de Pasto, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: DECRETAR la nulidad de los actos administrativos
contenidos en la Resolución n° 064 de 30 de abril de 2018, proferida por
la Directora del Departamento Administrativo de Contratación Pública
de la Alcaldía Municipal de Pasto (N), por medio de la cual se declaró el
incumplimiento parcial del contrato de compraventa n° 20153486 de 27
de noviembre de 2015 y de la Resolución n° 065 de la misma fecha que
resolvió recurso de reposición, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior DECLARAR que la
Unión Temporal Clinimédica Pasto S.A.S. – Servicios Biomédicos de
Nariño S.A.S., no incumplió parcialmente el contrato de compraventa n°
20153486 de 27 de noviembre de 2015.

2

Expediente: 85001-23-33-000-2018-00417-01 (70.381)
Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto SAS – Servicios Biomédicos de Nariño SAS
Controversias contractuales

CUARTO: DECLARAR que la Unión Temporal Clinimédica Pasto
S.A.S. – Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S., no está obligada a
pagar al Municipio de Pasto (N), la suma de doscientos cinco millones
veintitrés mil setecientos noventa y cuatro pesos ($205.023.794,oo)
M/CTE, por concepto de la cláusula penal pecuniaria establecida en el
contrato de compraventa n° 20153486 de 27 de noviembre de 2015.

QUINTO: DECLARAR que la Unión Temporal Clinimédica Pasto S.A.S.
– Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S., no está obligada a reintegrar
al Municipio de Pasto (N), la suma de trescientos treinta y siete millones
setecientos treinta y un mil ciento setenta y seis pesos con veintisiete
centavos ($337.731.176,27) M/CTE, por concepto del anticipo pagado
por el ente territorial en virtud a la forma de pago pactada en el contrato
de compraventa n° 20153486 de 27 de noviembre de 2015.

SEXTO: ORDENAR al Municipio de Pasto (N) para efectos que
comunique de la presente decisión a la Cámara de Comercio y a la
Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia.

SEPTIMO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO: COMUNICAR la presente decisión al Despacho 003 del H.
Tribunal Administrativo de Nariño, para los efectos correspondientes.

NOVENO: CONDENAR en costas al Municipio de Pasto (N), y a favor
de la parte demandante, de conformidad con lo previsto en el artículo
188 del C.P.A.C.A., cuya liquidación será adelantada de manera
concentrada por intermedio de la secretaria del Tribunal.

Ejecutoriada esta sentencia, por secretaría se realizarán las respectivas
desanotaciones del libro radicador correspondiente y luego se archivará
el expediente. A la parte demandante se le devolverá los dineros que
depositó para atender gastos ordinarios del proceso, si los hubiera. Se
dejará la respectiva constancia.” (fls. 27 – 28 índice 2 SAMAI sentencia
de primera instancia archivo ED_052FALLOPICON.pdf – mayúsculas
fijas y negrillas originales)

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 20 de septiembre de 2018 (fl. 2 c. 1), la Unión
Temporal Clinimédica Pasto SAS – Servicios Biomédicos Nariño SAS, a través de
apoderado designado por el representante de dicha figura asociativa 1 promovió
demanda en contra del Municipio de Pasto (Nariño) con el fin de obtener las
siguientes pretensiones:

1 En el contrato de constitución de la Unión Temporal, sus integrantes facultaron al representante de
la UT para “representarlos judicial y extrajudicialmente” (fl. 7 cdno. 1).

3

Expediente: 85001-23-33-000-2018-00417-01 (70.381)
Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto SAS – Servicios Biomédicos de Nariño SAS
Controversias contractuales

“PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 064 de 30 de
abril de 2018, proferida por la Directora del Departamento Administrativo
de Contratación Pública de la Alcaldía Municipal de Pasto, mediante la
cual, se declaró el incumplimiento parcial del Contrato de Compraventa
No. 20153486 de 27 de noviembre de 2015, cuyo objeto fue el siguiente:
‘EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE
PASTO – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
MUNICIPAL, A REALIZAR LA: “DOTACIÓN DEL HOSPITAL DE BAJA
COMPLEJIDAD TIPO IB EN EL MUNICIPIO DE PASTO” DE ACUERDO
A LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 2: COMPONENTE 1: DOTACIÓN
DE EQUIPOS DE LABORATORIO INSTRUMENTAL Y EQUIPOS
BIOMÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS. COMPONENTE 3; ADQUISICIÓN
DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA DOTACIÓN DE QUIRÓFANOS
Y SALAS DE PARTO.’

SEGUNDO: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 065 de 30 de
abril de 2018, proferida por la Directora del Departamento Administrativo
de Contratación Pública de la Alcaldía Municipal de Pasto, mediante la
cual, se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la apoderada de
Seguros del Estado en contra de la Resolución No. 064 de 30 de abril de
2018, modificando parcialmente el numeral cuarto de la Resolución No.
064 de 30 de abril de 2018, y confirmando la demás en su integridad.

TERCERO: Que como consecuencia de la anterior nulidad, se declare
que la UNIÓN TEMPORAL CLINIMEDICA PASTO SAS – SERVICIOS
BIOMÉDICOS DE NARIÑO SAS., no incumplió el Contrato de
Compraventa No. 20153486 de 27 de noviembre de 2015 (…).

CUARTA: Que se declare que la UNIÓN TEMPORAL CLINIMEDICA
PASTO SAS – SERVICIOS BIOMÉDICOS DE NARIÑO SAS., no está
obligada a pagar al Municipio de Pasto, la suma de DOSCIENTOS
CINCO MILLONES VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS ($ 205.023.794) M/CTE., por concepto de la cláusula
penal pecuniaria establecida en el contrato.

QUINTA: Que se declare que la UNIÓN TEMPORAL CLINIMEDICA
PASTO SAS – SERVICIOS BIOMÉDICOS DE NARIÑO SAS., no está
obligada a reintegrar al Municipio de Pasto, la suma de TRESCIENTOS
TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL
CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON 27/100 ($ 337.731.176.27)
M/CTE., por concepto de anticipo supuestamente no ejecutado.

SEXTA: Que el Municipio de Pasto, comunique a la Cámara de Comercio
de Pasto y a la Procuraduría General de la Nación, sobre la declaración
de nulidad de las Resoluciones No. 064 de 30 de abril de 2018 y No. 065
de 30 de abril de 2018, para lo de su competencia.

SÉPTIMA: Que el municipio de Pasto, proceda a recibir de forma
inmediata los 1288 equipos que se encuentran en la Sede de San Andrés
de la Alcaldía Municipal, los cuales fueron avalados y certificados por la
Interventoría del Contrato Ejercida por la firma CONSORCIO
INTERVENTORES NARIÑO 2015.

NOVENO: Que el Municipio de Pasto reconozca y pague la suma de
OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL

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Expediente: 85001-23-33-000-2018-00417-01 (70.381)
Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto SAS – Servicios Biomédicos de Nariño SAS
Controversias contractuales

TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($ 840.048.310) M/CTE la cual deberá ser
indexada, por concepto del pago de los equipos que fueron entregados
por la UNIÓN TEMPORAL CLINIMEDICA PASTO SAS – SERVICIOS
BIOMÉDICOS DE NARIÑO SAS., y que fueron recibidos a satisfacción
por la entidad contratante, pero que a la fecha de la presente demanda
no le han sido cancelados.” (fls. 114-116 cdno. 2 – mayúsculas fijas y
negrillas del original).

2. Hechos

El sustento fáctico de las referidas pretensiones es, en síntesis, el siguiente:

1) Previa escogencia del contratista mediante el procedimiento de selección de
subasta inversa, el municipio de Pasto (Nariño) suscribió el contrato de compraventa
número 20153486 de 7 de diciembre de 2015 con la Unión Temporal Clinimédica
Pasto SAS – Servicios Biomédicos de Nariño SAS cuyo objeto fue dotar el Hospital
de Baja Complejidad Tipo 1B con equipos de laboratorio, equipos industriales,
equipos biomédicos, odontológicos, equipos para quirófanos y salas de partos por
un valor de $3.361.045.802, en un plazo de seis (6) meses, con un 50% como
anticipo y, el saldo, previo recibo a satisfacción de la totalidad de los bienes
adquiridos.

2) El 7 de diciembre de 2015 se firmó el acta de inicio y el día 28 de esos mismos
mes y año se pagó el anticipo.

3) El contrato fue adicionado en dos oportunidades, la primera, por treinta (30) días
y, la segunda, por tres (3) meses, por lo cual el plazo expiró el 7 de octubre de 2016.

4) El municipio interpretó el contrato en forma unilateral en dos oportunidades:
primero, para disponer la necesidad de interventor y, luego, para precisar que el pago
de los bienes se realizaría con base en el valor unitario previsto en una ficha
denominada MGA que no se tuvo en cuenta en los estudios previos, en el pliego de
condiciones ni en el contrato, decisión esta última que fue objeto de recursos, pero,
la administración la confirmó.

5) En agosto de 2016, el contratista inició la entrega de los equipos porque la entidad
territorial no había terminado de construir el hospital; sin embargo, el 26 de
septiembre de 2016 la supervisión del contrato informó que algunos de estos no

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Expediente: 85001-23-33-000-2018-00417-01 (70.381)
Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto SAS – Servicios Biomédicos de Nariño SAS
Controversias contractuales

cumplían con las especificaciones contratadas y, el 3 de abril de 2017, el interventor
del contrato solicitó declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la
garantía única, por lo cual, el 6 de abril de 2017, el contratista fue citado para tal
efecto con sustento en que no se cumplieron las especificaciones técnicas pactadas
en 927 equipos entregados y se entregaron 24 que no hacían parte del objeto del
contrato.

6) El 31 de octubre de 2017, la unión temporal contratista formuló demanda de
controversias contractuales en contra de la entidad territorial contratante con el fin
de que se le declare incumplida y se le condene al pago de los perjuicios.

7) El 30 de abril de 2018, el municipio demandado expidió la Resolución número 064
de 2018 por la cual declaró el incumplimiento del contrato y dispuso hacer efectiva
la cláusula penal pecuniaria; el recurso de reposición interpuesto por la aseguradora
fue resuelto mediante la Resolución número 065 de 2018, ambas decisiones se
sustentaron en el incumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas.

3. Cargos

Las pretensiones de nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se
declaró el incumplimiento del contrato se sustentaron en los siguientes motivos de
reproche de ilegalidad:

3.1 Falta de competencia y violación de la ley

1) El municipio contratante perdió competencia para declarar el incumplimiento
cuando venció el plazo legal para liquidar el contrato, tal como lo sostuvo el Consejo
de Estado – Sección Tercera en sentencia de 25 de mayo de 2011, expediente 1807.
En este caso, los actos demandados fueron expedidos dieciocho (18) meses
después de expirado el plazo contractual y, por ende, por fuera del término para
liquidar el contrato.

2) Los actos demandados fueron expedidos a pesar de que el contratista formuló
demanda de controversias contractuales en la cual persiguió la declaración de
incumplimiento del contrato por parte del municipio y la liquidación judicial y ya se

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Expediente: 85001-23-33-000-2018-00417-01 (70.381)
Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto SAS – Servicios Biomédicos de Nariño SAS
Controversias contractuales

había admitido la correspondiente demanda por parte del Tribunal Administrativo de
Nariño, con lo cual la administración perdió competencia para declarar
unilateralmente el incumplimiento del contrato e imputarlo a su contraparte, postura
que, según indicó la demandante, ha sostenido la jurisprudencia de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en forma reiterada.

3) Desde la presentación de la demanda por parte del contratista cesó la
competencia de la administración para liquidar el contrato y, por ende, para declarar
el incumplimiento, lo cual solo podía hacer dentro del término previsto para la
liquidación del contrato.

3.2 Violación del artículo 1602 del Código Civil2

1) La cláusula penal pactada en el contrato se acordó para el evento de declaración
de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato,
por lo cual no podía hacerse efectiva por un incumplimiento parcial ya que dicha
estipulación contractual es ley para las partes.

2) El contratista no entregó la totalidad de los equipos contratados porque cuando
habían sido recibidos a satisfacción 1.288 de ellos la administración municipal no
pagó.

3) Los equipos entregados sí cumplían con las especificaciones técnicas, fueron
entregados en perfecto estado y recibidos a satisfacción; los desperfectos que se
pusieron de presente fueron causados en la bodega que dispuso la administración
para tal efecto, lo cual fue necesario porque no se terminó la construcción del hospital
al cual estaban destinados.

4) Los registros INVIMA de los equipos estaban vigentes en la época de la entrega
por lo cual su posterior vencimiento no puede imputarse al contratista.

5) Los equipos entregados a la administración contratante tienen un valor de
$2.520.571.211,93, lo cual equivale al 75% de ejecución del contrato; sin embargo,

2 En la demanda se precisó que este argumento adicional se propone solo en el evento en el cual no
se acepte la tesis de la falta de competencia de la entidad.

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Expediente: 85001-23-33-000-2018-00417-01 (70.381)
Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto SAS – Servicios Biomédicos de Nariño SAS
Controversias contractuales

solo se le pagaron al contratista $1.680.552.901 y se le adeuda la diferencia entre
dichos valores.

4. Contestación de la demanda

En la oportunidad legal, el Municipio de Pasto se opuso a las pretensiones de la
demanda (fls. 919 – 977 índice 2 SAMAI archivo
9_9_520012333000201800417027EXPEDIENTEDIGI20230919111305.pdf fls. 919)
con los argumentos que se resumen a continuación:

1) El contratista no entregó a la contratante ni a la interventoría el sustento detallado
del manejo del anticipo ni el 100% de los bienes comprados antes de la expiración
del plazo del contrato.

2) El interventor del contrato, Consorcio Interventores Nariño 2015, informó que el
contratista no entregó los bienes adquiridos por el municipio en las condiciones
pactadas y dejó de entregar 205 elementos.

3) El municipio de Pasto cumplió sus obligaciones contractuales, pero, el contratista
no presentó las facturas o cuenta de cobro necesarias para determinar si existía un
saldo en su favor ni solicitó pagos por encima del valor del anticipo oportunamente
entregado; por el contrario, el valor de los bienes entregados por el contratista es
inferior al anticipo entregado.

4) La entidad contratante tenía competencia para declarar el incumplimiento del
contrato en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el funcionario que
suscribió el acto lo hizo en ejercicio de delegación expresa; además, no existe
fundamento legal para concluir que esa facultad solo podía ejercerse durante la
vigencia del contrato.

5) La obligación de pagar el valor de la cláusula penal es adicional a las obligaciones
propias del objeto contractual.

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Expediente: 85001-23-33-000-2018-00417-01 (70.381)
Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto SAS – Servicios Biomédicos de Nariño SAS
Controversias contractuales

5. La sentencia apelada

El 28 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de
Decisión acogió parcialmente las pretensiones de la demanda (índice 2 SAMAI
archivo42_5200123330002018004170240EXPEDIENTEDIGI20230919111311201.
pdf) con fundamento en lo siguiente:

1) Los cargos de nulidad de la demanda no están encaminados a desvirtuar los
fundamentos de hecho por los cuales la administración declaró incumplido el contrato
por parte del contratista sino la competencia temporal de la entidad territorial para
proferirlos, por lo cual el análisis se restringe a esa específica materia.

2) La jurisprudencia no ha sido pacífica en relación con el término en el cual las
entidades estatales pueden ejercer la facultad otorgada en la ley para declarar el
incumplimiento del contrato con el fin de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria;
empero, como el contrato puede ser liquidado dentro del plazo de caducidad del
medio de control, las potestades unilaterales de la administración también pueden
ser ejercidas en el mismo lapso, respecto de lo cual concluyó:

“Así las cosas, para la Sala es posible concluir que dado que no existe una
norma que expresamente limite la competencia de la administración para
hacer efectiva la cláusula penal -restrinja el ejercicio de esta facultad-, ya
que el límite se reduce a que no se haya liquidado el contrato o se haya
vencido dicho término, y teniendo en cuenta que el término para liquidar los
contratos es diferente al de la caducidad, con la normativa vigente es
perfectamente posible que los negocios jurídicos se liquiden durante este
tiempo, salvo que se notifique el auto admisorio de la demanda. (fl. 17
sentencia de primera instancia índice 2 SAMAI).

3) En este caso concreto, el contrato estuvo vigente hasta el 7 de octubre de 2016,
podía liquidarse bilateralmente hasta el 8 de febrero de 2017 y, unilateralmente,
hasta el 9 de abril del mismo año; a partir de ese momento el contrato podía ser
liquidado, en principio, dentro del término de caducidad el cual corrió durante los dos
años siguientes; sin embargo, está probado que la contratista promovió demanda en
la cual pretendió la liquidación judicial del contrato, la cual fue admitida el 16 de abril
de 2018 mediante auto que se notificó el día 18 de esos mismos mes y año, con lo
cual la administración perdió competencia para declarar el incumplimiento del
contrato “pues dicha competencia había sido asumida y correspondía al juez de lo
contencioso administrativo, en este caso al Tribunal Administrativo de Nariño” (fl. 24

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Expediente: 85001-23-33-000-2018-00417-01 (70.381)
Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto SAS – Servicios Biomédicos de Nariño SAS
Controversias contractuales

sentencia de primera instancia), de ese modo, como los actos demandados fueron
expedidos luego de notificada la admisión de la demanda, son nulos.

4) De otro lado, la cláusula penal del contrato, según lo estipulado por las partes,
solo era aplicable en caso de incumplimiento total de las obligaciones del contrato,
por lo cual no podía hacerse efectiva por incumplimiento parcial, lo cual, según el
texto del contrato, únicamente daba lugar a la imposición de multas.

5) Las pretensiones del contratista tendientes a obtener el pago de la suma de
$840.048.310 y a la recepción de equipos (pretensiones octava y novena) se
discuten en el expediente número 52001-23-33-000-2017-00573-00 en el cual se
pidió la liquidación judicial del contrato con inclusión de esos valores, por lo cual la
decisión se limita a analizar los cargos de nulidad planteados en la demanda.

6) En los términos del artículo 188 del CPACA la parte vencida debe asumir las
costas del proceso.

5. El recurso de apelación

En el término previsto en la ley para tal efecto, el ente territorial demandado apeló la
sentencia de primera instancia (índice 2 SAMAI archivo
ED_054RECURSOAPELACI.pdf) con el fin de obtener que sea revocada y, en su
lugar, se desestimen las pretensiones, por considerar que los términos previstos en
la ley para la liquidación del contrato no afectan la posibilidad de declaración de
incumplimiento del contrato; en este caso, el municipio conocía que con ocasión de
la presentación de la demanda no podía proceder a liquidar el contrato, pero, ello no
le impedía hacer uso de las facultades legales con el fin de evitar la afectación de los
servicios a su cargo.

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Expediente: 85001-23-33-000-2018-00417-01 (70.381)
Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto SAS – Servicios Biomédicos de Nariño SAS
Controversias contractuales

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Surtido el trámite procesal sin que se advierta nulidad que lo invalide corresponde
resolver de fondo3, para lo cual se seguirá el siguiente derrotero: (i) objeto de la
controversia y anuncio de la decisión, (ii) nulidad de la declaración de incumplimiento
del contrato y, (iii) costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

La demanda se dirigió a obtener la nulidad de los actos administrativos por medio de
los cuales la entidad contratante declaró el incumplimiento del contrato por parte del
contratista, hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria y la garantía del contrato;
también se pretendió que se condene al ente territorial a recibir los equipos médicos
adquiridos pendientes de entrega y a pagar su valor.

El tribunal de primera instancia concedió las súplicas de nulidad de los actos
demandados, por considerar que la administración contratante obró sin competencia
porque, en forma previa a la adopción de las referidas decisiones, el contratista había
acudido al juez del contrato en procura de su liquidación judicial, momento a partir
del cual cesó la competencia para liquidar el contrato y, con ello, la posibilidad de
declarar unilateralmente el incumplimiento contractual, ordenó devolver las sumas
pagadas a título de cláusula penal, declaró que el contratista cumplió el contrato y
que no tiene la obligación de reintegrar parcialmente el anticipo; las demás
pretensiones relativas a los equipos no entregados y al pago de su valor fueron
denegadas.

El ente territorial contratante funge como apelante único y solo cuestionó la decisión
de nulidad de los actos administrativos demandados por considerar que sí era
competente para expedirlos toda vez que el trámite de liquidación del contrato es
diferente al uso de la potestad unilateral para declarar el incumplimiento contractual
la cual es independiente de los plazos previstos para efectuar el cruce de cuentas

3 Para tal efecto, se verifica que no operó la caducidad del medio de control toda vez que la demanda
se interpuso el 20 de septiembre de 2018 (fl. 2 c. 1), esto es, dentro de los dos (2) años siguientes al
30 de abril de 2018, fecha de la expedición y notificación en audiencia de los actos administrativos
demandados.

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Expediente: 85001-23-33-000-2018-00417-01 (70.381)
Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto SAS – Servicios Biomédicos de Nariño SAS
Controversias contractuales

del contrato, de modo que la competencia de la Sala se restringe al análisis de este
único aspecto.

La Sala confirmará la sentencia apelada, toda vez que para el momento en el cual
fueron expedidos los actos administrativos demandados la contratista había
promovido demanda de controversias contractuales en la cual pretendió la
liquidación judicial del contrato y la declaración de incumplimiento del contrato por
parte del ente territorial, sobre la base del propio cumplimiento del contrato, esto es,
la decisión sobre la conducta de las partes en relación con los precisos aspectos del
negocio jurídico estaban sometidas a decisión del juez y, por ende, la administración
perdió competencia para decidir unilateralmente sobre estos, con la precisión de que
en el recurso de apelación no se cuestiona el cumplimiento contractual del
contratista, por lo cual dicho aspecto no será materia de análisis debido a que escapa
a la competencia funcional del ad quem.

2. Nulidad de la declaración de incumplimiento del contrato

La decisión de primera instancia consistente en la declaración de nulidad de las
resoluciones número 064 y 065 de 30 de abril de 2018 proferidas por la directora del
Departamento Administrativo de Contratación Pública del municipio de Pasto, único
aspecto apelado de la sentencia de primera instancia, se confirma por las razones
que se explican a continuación:

1) El artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 4, vigente en la época de expedición de los
actos administrativos demandados facultó, en forma expresa e inequívoca a las
entidades estatales, para declarar el incumplimiento del contrato y cuantificar los
perjuicios derivados de este con la finalidad de hacer efectivas las garantías; la
referida norma previó el procedimiento a seguir previo a la adopción de esta decisión
unilateral, pero, no dispuso un término, plazo o límite temporal para el ejercicio de
dicha prerrogativa, vacío normativo que también se presenta en relación con el

4 Ley 1474 de 2011, “Artículo 86. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo,
imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal
efecto observarán el siguiente procedimiento: (…).”.

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Expediente: 85001-23-33-000-2018-00417-01 (70.381)
Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto SAS – Servicios Biomédicos de Nariño SAS
Controversias contractuales

ejercicio de otras potestades unilaterales tales como la imposición de multas o la
declaración de caducidad del contrato estatal.

2) La ausencia de un plazo específico para el ejercicio de estas facultades
unilaterales no ha sido interpretado por la jurisprudencia como una habilitación
permanente para su ejercicio y, por el contrario, este se ha establecido en relación
con la finalidad de cada una de estas determinaciones; en efecto, en relación con las
multas pactadas exclusivamente como apremios al contratista, atendido su carácter
conminatorio, la jurisprudencia ha determinado, en forma pacífica, que su imposición
solo procede durante la vigencia del contrato 5, igual que ocurre con la declaración
de caducidad6, cuya finalidad es evitar la paralización del contrato, por lo cual, estas
potestades pierden su propósito una vez expirado el plazo contractual, esto es, su
imposición solo es procedente durante el término de ejecución del contrato.

3) Por el contrario, la prerrogativa de la administración que le permite declarar
incumplido al contratista no tiene una finalidad conminatoria y, por ende, su ejercicio
no está limitado por el plazo de ejecución contractual; tal como lo prevé la ley, en
esta etapa la administración está facultada para hacer efectiva la garantía del
contrato estatal y cuantificar el monto de los perjuicios sufridos, siendo perfectamente
posible y frecuente que el incumplimiento y su magnitud solo puedan advertirse una
vez culminada la ejecución.

4) En esa línea teleológica, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado
que la declaración de incumplimiento procede durante la fase de liquidación del
contrato, la cual puede extenderse por el mismo término de la caducidad del
correspondiente medio de control, en los siguientes términos:

“Aunque la Sala no desconoce que el término de caducidad es diferente
al de liquidación, es la misma ley la que permite que, durante los dos
años siguientes al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, y
mientras no se acuda ante el juez, se pueda surtir la liquidación, lo cual,
mutatis mutandis, permite que la entidad contratante declare el
incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal -resaltando,

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de abril de 2020, exp.
64.154, MP Marta Nubia Velásquez Rico.

6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 22 de octubre de 2012, exp.
20.738, MP Enrique Gil Botero.

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Expediente: 85001-23-33-000-2018-00417-01 (70.381)
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además, que no existe una disposición que restrinja el ejercicio de esta
facultad-.”7.

5) En efecto, sin que pueda soslayarse que la liquidación del contrato y la caducidad
del medio de control son figuras distintas, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 se
refiere a ambas para efectos del límite temporal para liquidar los contratos, en los
siguientes términos:

“ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS
CONTRATOS. La liquidación de los contratos se hará de mutuo
acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o
sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el
efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo
que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la
liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la
entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido,
la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro
de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 136 del C. C. A.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la
liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo
dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que
se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.
C. A.

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación
por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo
procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo.” (resalta la Sala).

6) Lo anterior es coherente con el hecho de que toda controversia en materia
contractual está sometida al plazo extintivo y de orden público previsto en el artículo
164 numeral 2 literal j) del CPACA para acudir al juez, el cual no puede ser
desconocido por las entidades sometidas al estatuto de contratación mediante el uso
de potestades unilaterales una vez ha operado la caducidad, pues, ello tendría el
efecto de revivir, indebidamente, los plazos perentorios en los cuales es posible
reclamar judicialmente los derechos y obligaciones derivados del contrato estatal; en

7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 31 de marzo de 2023, exp.
56.002, MP María Adriana Marín.

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Expediente: 85001-23-33-000-2018-00417-01 (70.381)
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esas condiciones, la liquidación del contrato y la declaración de incumplimiento
proceden dentro del término de caducidad del medio de control, el cual, a su vez, es
el plazo máximo para efectuar la liquidación.

7) En ese contexto, no es viable acoger el argumento de la apelación según el cual
los términos para la liquidación del contrato no afectan la posibilidad de declaración
de incumplimiento contractual, pues, una vez expirada dicha oportunidad y, con ella,
la posibilidad de reclamar judicialmente cualquier aspecto propio de la ejecución del
contrato, cesa la posibilidad de que las partes ejerzan válidamente las potestades
unilaterales reconocidas por la ley o la convención.

8) Con todo, la Sala precisa que en este específico caso concreto que se resuelve,
la pérdida de competencia de la administración para declarar el incumplimiento del
contrato no devino como consecuencia de la expiración de la posibilidad de liquidar
el contrato -toda vez que las decisiones demandadas no adoptaron el cruce de
cuentas final del contrato ni fueron dictadas por fuera de la oportunidad para hacerlo-
sino del sometimiento previo de la puntual y específica controversia sobre el
cumplimiento del contrato al conocimiento de esta jurisdicción, pues, la parte
demandante probó que con antelación a la expedición de los actos administrativos
demandados formuló demanda de controversias contractuales en contra de la
entidad territorial contratante en la cual debatió idénticos hechos a los que fueron
objeto de pronunciamiento en sede administrativa 8.

9) En efecto, está probado que en la demanda promovida por el contratista en forma
previa a la declaración de incumplimiento cuya nulidad se pretende (fls. 797 y ss
cdno. 7 índice 2 SAMAI) este solicitó (i) que se declare incumplido al municipio de
Pasto, (ii) que se le condene a indemnizar los perjuicios causados con el
incumplimiento, (iii) que se ordene pagar el valor de los equipos suministrados y que
la contratante adeuda, (iv) se le indemnice el daño emergente, (v) la afectación al
buen nombre comercial y, (vi) que se liquide judicialmente el contrato.

8 En el sistema de información judicial SAMAI se verifica que la demanda antes referida fue radicada
el 20 de octubre de 2017 y en el presente expediente consta fue admitida mediante auto de 16 de
abril de 2018 (fl. 691 cdno. 7 índice 2 SAMAI), fechas ambas anteriores al 30 de abril de 2018 cuando
fueron expedidos los actos administrativos demandados.

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Expediente: 85001-23-33-000-2018-00417-01 (70.381)
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10) En el referido proceso judicial, el cual se tramita actualmente en primera instancia
ante el Tribunal Administrativo de Nariño con el número de radicación 52001-23-33-
000-2017-00573-00 y que para la fecha de elaboración del proyecto de decisión está
al despacho en dicha Corporación pendiente de proferir sentencia según la
información incorporada al sistema de gestión judicial SAMAI, se alegó en forma
expresa que el contratista cumplió con las especificaciones de los bienes adquiridos
por la contratante, que los entregó, que las demoras en la entrega son imputables al
Municipio de Pasto porque no dispuso oportunamente el lugar para recibirlos; por su
parte, en los actos administrativos demandados, la entidad territorial decidió que el
contratista incumplió las especificaciones técnicas y no entregó a tiempo pese a que
a que el municipio estuvo presto a recibir, con lo cual tuvo por zanjada en sede
administrativa la controversia que, previamente, fue sometida a decisión del juez del
contrato por parte del contratista. En la siguiente tabla se ilustran la coincidencia
entre el objeto de la demanda del expediente antes identificado y las decisiones por
las cuales se declaró el incumplimiento del contrato:

Demanda de la Unión Temporal Argumentos de las Resoluciones
Clinimédica Pasto SAS – Servicios números 064 y 065 de 30 de abril de 2018
Biomédicos de Nariño SAS en el por las cuales se declaró el
expediente 52001-23-33-000-2017-00573- incumplimiento del contrato por parte
00 dirigida a la declaración de del contratista.
incumplimiento por parte de la
contratante y a la liquidación judicial del
contrato
1. El contratista invirtió la totalidad del 1. “El contratista si bien es cierto recibió un
anticipo en la compra de los equipos objeto anticipo en el mes de diciembre de 2015 por
de suministro (fl. 19 demanda). la suma de $1.680.522.901, no había
reportado el destino que se le dio al mismo,
2. El contratista requirió al municipio de requerimientos que le hizo la interventoría
Pasto para que dispusiera el sitio para hasta el día 15 de abril de 2016” (fl. 788
entrega de los equipos y solo faltando cinco cdno. 1).
(5) días para la expiración del plazo
contractual (incluidas las adiciones que 2. El municipio de Pasto al no conocer el
tuvieron que firmarse por tal causa) el ente informe de interventoría y su respectivo
territorial definió un nuevo sitio para la concepto, no puede asumir el riesgo de
entrega (fl. 56 demanda). recibir los equipos.” (…) “el hecho de no
contar con el Hospital para la entrega e
3. El contratista entregó los equipos objeto instalación de los elementos biomédicos, no
de suministro los cuales cumplían las significaba que el municipio estuviera
especificaciones contratadas y estos fueron incumpliendo el contrato (…) ya que desde
recibidos a satisfacción por la entidad junio de 2016 determinó el sitio de
territorial y la interventoría (fl. 59 demanda). recepción provisional (…). (fl. 788 cdno. 1).
(…) “la administración no puede aceptar
4. La entidad territorial incumplió su elementos que no cumplan con las
obligación de pagar el 45% de los equipos condiciones técnicas exigidas” (fl. 794 cdno.
suministrados y solo pagó el anticipo de 1).
50% (fl. 60 demanda); la interventoría no

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Expediente: 85001-23-33-000-2018-00417-01 (70.381)
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entregó a tiempo el informe final del 3. “El contratista no cumplió con la entrega
contrato y la falta de entrega de algunos de 205 elementos de los 1.488 objeto del
equipos restantes es atribuible a la falta de presente contrato”. (fl. 771 cdno. 1).
pago del precio en las condiciones
acordadas (fl. 61 demanda). 4. “Según los informes de interventoría, el
contratista debió haber entregado antes del
7 de octubre de 2016, 1488 elementos
contratados más sin embargo se estimó
inicialmente por al interventoría que no se
cumplió en razón a que faltó
aproximadamente un 20%” (fl. 793 cdno. 1)
(…) el valor de los 335 elementos que
cumplen con los requisitos es de
$1.389.479.645,88 suma debidamente
indexada al año 2015, lo que significa que
el contratista no invirtió la totalidad del
anticipo (…) el valor de los bienes
entregados no superó el valor del anticipo.”
(fl. 794 cdno. 1).

11) Según se ilustra en el cuadro anterior, el reclamo judicial inicial del contratista
estuvo encaminado a sostener que (i) invirtió el anticipo en su totalidad, (ii) la demora
en la entrega de los bienes adquiridos es atribuible a la entidad territorial por no
disponer de instalaciones físicas necesarias para efectuarla, (iii) los equipos
cumplían las especificaciones contratadas y, (iv) el municipio incumplió con la
cláusula de forma de pago; por su parte, los actos administrativos demandados
declararon que hubo incumplido del contratista porque (i) el anticipo solo fue
parcialmente invertido, (ii) la entidad dispuso oportunamente un sitio provisional para
la entrega de los bienes, (iii) algunos equipos suministrados no cumplían con las
especificaciones contratadas y (iv) el municipio no incurrió en mora en el pago porque
lo entregado a satisfacción no superó el valor del anticipo.

12) En los referidos términos se colige, fundadamente, que a partir de la fecha de
presentación de la demanda9 que se tramita con el número de radicación 52001-23-
33-000-2017-00573-00 ante el Tribunal Administrativo de Nariño, la administración
contratante perdió competencia para declarar el incumplimiento del contrato en
relación con los específicos puntos que dieron lugar a ello, pues, precisamente, son
coincidentes con la controversia que, en forma previa, el contratista promovió ante la

9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1° de junio de 2020, exp. 48.522, MP Alberto
Montaña Plata en la cual la Sala consideró que el fenómeno de pérdida de competencia para liquidar
el contrato por haberse solicitado la liquidación judicial del contrato opera desde la fecha de
presentación de la demanda.

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Expediente: 85001-23-33-000-2018-00417-01 (70.381)
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jurisdicción; por ende, se concluye que a través de los actos administrativos
demandados (expedidos el 30 de abril de 2018) la administración se arrogó,
indebidamente, la decisión de aspectos que ya habían sido sometidos al juez natural
del contrato.

13) En ese contexto, para este específico caso, la pérdida de competencia de la
administración para declarar el incumplimiento del contratista se configuró como
consecuencia de la demanda del contratista, por medio de la cual el conocimiento y
decisión de los precisos y puntuales hechos que dieron origen a la expedición de los
actos unilaterales que se anulan quedaron sometidos a la decisión del juez y, en
consecuencia, la administración no podía pronunciarse, válidamente, sobre el
incumplimiento específico del contratista de las obligaciones que dieron lugar a la
controversia judicial que ya había iniciado en virtud de la demanda promovida por el
contratista en el momento en que fueron expedidos los actos demandados. Al
respecto, precisa la Sala lo siguiente:

a) El hecho de que el contratista formule una demanda con el propósito de obtener
la declaración de incumplimiento de la entidad contratante, en principio, impide a esta
última ejercer la potestad de declarar el incumplimiento del contratista, por cuanto
ese aspecto pasa a ser de competencia del juez del caso.

b) Sin embargo, sí es jurídicamente factible que la administración ejerza dicha
facultad a pesar de que el contratista ha demandado el incumplimiento de ella,
cuando la razón o el fundamento que tiene la entidad contratante para declarar
incumplido a su contratista tiene por fundamento fáctico y jurídico un motivo
sustancialmente distinto al invocado por este último en la demanda; en otros
términos, cuando la base de la demanda del contratista tiene por matriz o sustento
el incumplimiento de unos deberes u obligaciones contractuales distintos a aquellos
que la entidad contratante estima desatendidos por este.

c) En este caso concreto objeto de análisis es claro que la discusión relativa al
incumplimiento contractual versa sobre unos mismos deberes u obligaciones, pues,
en la demanda formulada por el contratista en el expediente 52001-23-33-000-2017-
00573-00 se reclama el incumplimiento del municipio de Pasto por el hecho de que
esta no garantizó las condiciones para recibir los equipos ni pagó lo necesario para

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Expediente: 85001-23-33-000-2018-00417-01 (70.381)
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ello, mientras que los actos demandados concluyen que fue el contratista quien no
se allanó a cumplir con la entrega de estos bienes, de donde se deriva que la
controversia entre las partes se circunscribe a la imputabilidad de la no entrega de
los equipos objeto de suministro, aspecto que quedó sometido al juez con la
demanda promovida por el contratista en el referido caso.

15) Por ende, la Sala confirmará la decisión apelada por medio de la cual el tribunal
de primera instancia decretó la nulidad de los actos administrativos demandados por
medio de los cuales el Municipio de Pasto declaró el incumplimiento del contrato
número 20153486 de 7 de diciembre de 2015 por parte del contratista, toda vez que
se profirieron luego de que el contratista presentó demanda en la cual pidió
declaración judicial respecto de los mismos hechos y situaciones que fueron objeto
de pronunciamiento por parte de la contratante, se reitera, sin analizar el
cumplimiento del contratista porque ese puntual aspecto de la decisión de primera
instancia no fue apelado.

3. Costas

En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del CGP, como
se desestimó el recurso de apelación de la parte demandada, esta asumirá las costas
procesales de la segunda instancia, las cuales deberán ser liquidadas en forma
concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 365 y 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°) Confírmase la sentencia de 28 de julio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión.

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Expediente: 85001-23-33-000-2018-00417-01 (70.381)
Demandante: Unión Temporal Clinimédica Pasto SAS – Servicios Biomédicos de Nariño SAS
Controversias contractuales

2°) Condénase en costas al Municipio de Pasto en favor de la Unión Temporal
Clinimédica Pasto SAS – Servicios Biomédicos de Nariño SAS, tásense en forma
concentrada en el tribunal de primera instancia.

3°) Por Secretaría remítase copia de la presente sentencia al Tribunal Administrativo
de Nariño con destino al proceso radicado con el número 52001-23-33-000-2017-
00573-00, para lo de su competencia.

4°) En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas
las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
Presidente de Subsección

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
(salvamento de voto)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Sección Tercera – Subsección del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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