Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00614-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00614-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2018-00614-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
31 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00614-01 (3882-2023)
Demandante: Ana Gabriela Narváez Leitón
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia a masa sucesoral de docente
fallecida. Docente territorial. Tiempos en plazas del orden
territorial con contratos de prestación de servicio. Incorporación
no cambia la naturaleza de la vinculación. Declara de oficio la
excepción de falta de decisión previa respecto de la sustitución
pensional. REVOCA PARCIALMENTE, MODIFICA Y
CONFIRMA SENTENCIA EN LO DEMAS
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el veintidós (22) de enero de dos mil veinte (2020) por el Tribunal
Administrativo de Nariño por medio de la cual accedió a las pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Ana Gabriela Narváez Leitón instauró demanda1 en contra de la UGPP
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones (i) RDP 008736 del 7 de marzo de
2017 y RDP 019346 del 11 de mayo de 2017, por medio de la cual la UGPP negó
una pensión gracia a la señora Rebeca Amada Leitón Benavides por considerar
como nacional el periodo laborado desde el 23 de noviembre de 1994.
1 Páginas 3 a 17 del expediente digital, visible en el índice 15 de SAMAI-Tribunales.
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Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a que reconozca
la pensión gracia post mortem a la señora Rebeca Amada Leitón Benavidez
(q.e.p.d.) y que la misma sea sustituida en favor de la señora Ana Gabriela Narváez
Leitón, hija de la causante.
Que la pensión gracia post mortem debe ser reconocida a partir del 5 de octubre de
2006 pero con efectos fiscales a partir del 21 de octubre de 2013 por prescripción
trienal de mesadas, mismo fenómeno que aplica a la sustitución.
Que en el pago de las mesadas deben incluirse las primas, aumentos anuales y la
actualización del valor de acuerdo con el IPC.
Que la entidad demandada dé cumplimiento al fallo según lo establecen los artículos
189, 192, 194 y 195 del CPACA, y que la misma sea condenada en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la señora Rebeca Amada Leitón Benavidez (q.e.p.d.), laboró como docente
municipal desde el 5 de mayo de 1977 hasta el 31 de diciembre de 1984 en
Córdoba, Nariño, nombrada por el alcalde de dicha entidad territorial; que su
situación administrativa fue modificada, y pasó a prestar sus servicios mediante
contrato desde el 1.° de enero de 1985 hasta el 30 de mayo de 1992.
Que continuó trabajando entre el 1.° de octubre y el 31 de diciembre de 1992, y
entre el 1.° de enero y el 30 de junio de 1993, bajo la modalidad de contratación
administrativa, esta vez en el municipio de Ipiales.
Que mediante Decreto 083 de 1994 fue incorporada al situado fiscal como docente
nacionalizada para continuar con la prestación del servicio que ejercía como
docente contratada, esto en vigencia de la Ley 60 de 1993, artículo 6, y que laboró
desde la fecha de su nombramiento (23 de noviembre de 1994) hasta el 9 de febrero
de 2017, fecha de su muerte.
Que la historia laboral de la causante señala equivocadamente que su vínculo fue
nacional, contrariando los artículos 1.° de la Ley 91 de 1989 y 2.° del Decreto 196
de 1995 que la clasificaría como nacionalizada.
Que la causante solicitó el reconocimiento de la pensión gracia el 21 de octubre de
2016 pero la entidad negó el derecho a través de la Resolución RDP 008736 del 7
de marzo de 2017 argumentando que el tiempo laborado a partir del 23 de
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noviembre de 1994 fue de carácter nacional; y confirmó su decisión en Resolución
RDO 019346 del 11 de mayo de 2017.
Que durante el trámite administrativo le sobrevino un cáncer terminal y falleció el 9
de febrero de 2017, y quedó como beneficiaria su hija Ana Gabriela Narváez Leitón,
quien al menos para la fecha de la demanda contaba con 20 años de edad y tenía
la condición de estudiante, por lo que debe ser considerada incapaz por estudio y
en consecuencia tiene derecho a suceder de manera excepcional la pensión gracia
hasta que cumpla 25 años de edad, condicionada a demostrar la continuidad de los
estudios superiores.
Que su padre nunca ha asumido las obligaciones morales y económicas, y que no
cuenta con los recursos suficientes para garantizar la continuidad de sus estudios
en el programa técnico laboral por competencias de mantenimiento-red informática
del centro System Plus Pasto.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Afirmó que con el acto administrativo demandado se transgreden los artículos: 1, 2,
13, 25, 42, 48, 53, 58 y 243 de la Constitución Política; 27, 30 y 31 del Código Civil;
2 de la Ley 153 de 1887; 75 y 92 del Decreto 1848; 3 de la Ley 71 de 1989; 13 de
la Ley 100 de 1993; las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989
y los Decretos 1160 de 1989 y 2277 de 1979.
Que los actos incurren en una falsa motivación, pues se advierte un error en la
calificación de la plaza ocupada a partir del 23 de noviembre de 1994, la cual es
contraria a los tipos de vinculación consagrados en la Ley 89 de 1990 y el Decreto
196 de 1995.
Que al ser incorporada por nombramiento desde la data señalada, por el municipio
de Ipiales, el vínculo de la causante fue nacionalizado.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 18 de febrero de 2019 fue admitida la demanda2, se notificó a la UGPP, quien
manifestó3 que en sede administrativa no se allegó copia original o autentica de los
decretos de nombramiento y actas de posesión como docente municipal antes del
31 de diciembre de 1980 ni con posterioridad, para acreditar una vinculación legal y
reglamentaria. Que, además, no se allegó copia de los contratos de prestación de
servicio en los periodos comprendidos entre el 1.° de enero de 1985 y el 30 de mayo
de 1993.
2 Página 68, Ibid.
3 Página 175, Ibid.
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Que el nombramiento realizado el 23 de noviembre de 1994 fue de carácter
nacional, esto teniendo en cuenta el certificado de información laboral con
consecutivo n.° 298 del 23 de mayo de 2016.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la vulneración de
principios constitucionales y legales, (ii) cobro de lo no debido, (iii) prescripción, (iv)
solicitud de reconocimiento oficioso de excepciones.
En la audiencia inicial4, se determinó que la excepción de prescripción sería resuelta
en la sentencia; se fijó el litigio; se declaró fracasada la etapa de conciliación, y se
efectuó el decreto de pruebas y el tribunal ofició a las secretarías de educación de
Ipiales y de Córdoba para que allegaran certificaciones sobre los nombramientos de
la causante y la procedencia de los dineros con los que se pagaron los salarios, así
como las constancias sobre la naturaleza de la vinculación, el tiempo de servicios y
las posibles sanciones de tipo disciplinarios.
En audiencia de pruebas5 se incorporaron los documentos allegados por parte de
la Secretaría de Educación de Ipiales y de Córdoba; se prescindió de la audiencia
de alegaciones y juzgamiento; se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión, y al Ministerio Público, para que, si a bien lo considerase, emitiera
concepto.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia del 22 de enero de 2020,
accedió a las pretensiones y condenó en costas a la parte vencida.
Expuso que, la docente fallecida laboró desde el 5 de octubre de 1977 hasta el 31
de diciembre de 1984 bajo una calidad municipal, nombrada por Decreto 24 del 5
de octubre de 1977 que fue reconstruido por Decreto 017 AMC-2011, y que sus
salarios fueron pagados con recursos propios de la entidad territorial. Que de
manera posterior, se vinculó por medio de contratos de prestación de servicios,
suscritos con el municipio, entre el 1.° de enero de 1985 y el 30 de mayo de 1992,
y entre el 1.° de octubre de 1992 y el 30 de junio de 1994.
Que su última relación legal y reglamentaria fue desde el 23 de noviembre de 1994
hasta el 1.° de enero de 2017, ocupando una plaza de naturaleza territorial,
nombrada por Decreto 83 del 23 de noviembre de 1994 expedido por el alcalde de
Ipiales.
Que la educadora cumplió con los 20 años de servicio exigidos en la norma, con los
4 Página 196, Ibid.
5 Página 275, Ibid.
6 Página 341, Ibid.
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50 años de edad y que se acreditó que no fue sancionada ni se desvirtuó que su
labor se ejerciera con honradez y consagración. Que en consecuencia, su derecho
se configuró el 5 de octubre de 2006 pero las mesadas anteriores al 21 de octubre
de 2013 fueron declaradas prescritas.
Que respecto al alegato del procurador judicial, en el cual advierte que de manera
previa a radicar la demanda ante la jurisdicción la accionante debió solicitarle a la
entidad que la pensión de su madre le fuera sustituida, estimó el tribunal que tal
presupuesto era imposible de cumplir para la actora, porque en consideración a la
negativa del derecho de la causante en sede administrativa, no tenía esta ninguna
prestación para sustituir.
Que la demandante como única hija tiene derecho hasta los 25 años de edad a que
se le sustituya la pensión gracia reconocida en la sentencia a su madre fallecida,
esto por demostrar que a la fecha de la sentencia contaba con 22 años de edad y
acreditó cursar estudios en la Institución Educativa para Trabajo y Desarrollo
Humano System Plus Pasto, en el programa técnico laboral para competencias en
«mantenimiento- red informática». Por tanto, le reconoció el derecho pensional por
sustitución a partir del 21 de diciembre de 2013.
RECURSO DE APELACIÓN7
La demandada interpuso recurso de apelación. Expresó que no existe certeza sobre
los tiempos de servicio alegados porque no se aportó la prueba idónea en la que
conste el tipo de vinculación de la causante, en la que se especificara el carácter
nacional, nacionalizado o territorial, la fecha, y el origen de los recursos con los que
se financió su plaza, así como la copia original de los actos de nombramiento ni la
reconstrucción de los actos administrativos conforme a la normatividad aplicable.
Que los contratos de prestación de servicios no generan una vinculación directa con
el municipio contratante y no pueden ser tenidos en cuenta para el reconocimiento
del derecho, esto además porque no existe soporte documental de los mismos, por
lo que no puede establecerse el régimen prestacional. Que no existe una
declaración judicial previa que reconozca la existencia una relación legal y
reglamentaria para los periodos en los que se desempeñó bajo esta modalidad.
Que respecto a su última vinculación, del 1.° de octubre de 1994 al 1.° de enero de
2016, la docente laboró bajo una relación legal y reglamentaria de naturaleza
nacional, esto según consta en el certificado laboral del 23 de mayo de 2016.
Que no existe certeza sobre el origen de los recursos con los que se cancelaron sus
salarios, esto es, si fueron financiados por la Nación a través del situado fiscal, y en
7 Página 364, Ibid.
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que en caso de ser así, no se cumpliría con el requisito del artículo 3.° de la Ley 114
de 1913.
Que en cuanto a la condena en costas, la misma solo procede cuando la conducta
de la parte vencida ha sido temeraria o abusiva, y en el proceso actual no se observa
conducta dilatoria de por parte de la entidad.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 8 de agosto de 20238 se admitió el recurso de apelación y por no haber pruebas
que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar.
En la oportunidad para pronunciarse, la demandada allegó memorial de alegatos de
conclusión en el que reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación;
la parte demandante guardó silencio y el Ministerio Público se abstuvo de intervenir.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
La Sala debe determinar si la causante, en vida, cumplió con los requisitos
necesarios para acceder a la pensión gracia, y en consecuencia, declarar la nulidad
de las Resoluciones RDP 008736 del 7 de marzo de 2017 y RDP 019346 del 11 de
mayo de 2017, por las cuales se le negó el reconocimiento de su derecho. En caso
de acreditarse dicho supuesto, corresponderá verificar si la demandante, como hija
mayor de edad de la causante, reúne las condiciones necesarias para sustituir el
derecho pensional.
Cuestión previa
En el recurso de apelación interpuesto por la demandada, la entidad manifiesta su
desacuerdo con la totalidad de las declaraciones y condenas del fallo de primera
instancia, y aunque no expone de manera literal los fundamentos de inconformidad
frente a la sustitución pensional, es evidente que al afirmar que la causante no
cumplía con los presupuestos exigidos para acceder a la pensión gracia, y que, por
tanto, esta no debía reconocerse, de la misma manera se está en desacuerdo con
la eventual sustitución, por tanto es congruente proceder con su estudio en segunda
instancia.
Además, se precisa que en uso de las facultades consagradas en el inciso segundo
del artículo 187 del CPACA, los jueces deben declarar cualquier excepción que
8 Ver índice 4 en SAMAI.
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encuentren probada de oficio, incluso en segunda instancia (sin perjuicio de la
reformatio in pejus).
Marco normativo y jurisprudencial
Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una
pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la
presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en
cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que
el artículo 4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna
indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes
postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para
que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
En suma, conforme a la anterior normativa, y adicionalmente a las Leyes 116 de
1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989, así como al amplio desarrollo
jurisprudencial del Consejo de Estado en las sentencias S-699 del 26 de agosto de
1997, CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el
docente oficial que la solicite debe cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
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ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
b. Incorporación personal docente a los entes territoriales en el proceso de
descentralización de la educación
En atención al proceso de descentralización planteado en la Constitución de 1991,
el Congreso de la República profirió la Ley 60 de 1993, la cual dispuso la
desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba previamente para la
prestación del servicio educativo, con el fin de que los entes territoriales estuvieran
encargados de la cobertura y la calidad de este servicio.
En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería los bienes
del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos; de igual manera,
a través de dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de los
establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.
En el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se indicó:
«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El
personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será
incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará
el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. […]»
(Subrayado y negrilla fuera del texto original)
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A partir de lo expuesto, las plantas de personal comenzarían a formar parte de la
respectivas entidades territoriales, en principio departamentos y distritos y, en
consecuencia, era necesario que se adelantara un proceso de incorporación, pues
los docentes que tenían la condición de nacionales o nacionalizados, debían migrar
a los departamentos, municipios o distritos, y el régimen prestacional que
incorporaran como a los que se vincularan de forma posterior, sería el establecido
en la Ley 91 de 1989.
Ahora bien, aunque como se puso de manifiesto la intención de la norma era que
más municipios asumieran el manejo total de la administración del servicio de
educación, lo cierto es que dicha legislación únicamente habilitó a los municipios
certificados (con una población superior a 100 mil habitantes) para que se les
trasladara directamente los recursos relacionados con al sistema educativo para ser
invertidos con autonomía. Así, lo dispuso el literal b, numeral 7 del artículo 16
ibidem:
«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual o
superior a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con la
aprobación del Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas otorgar
a estos municipios autonomía para la prestación del servicio de educación y la
asunción de las obligaciones correspondientes en las mismas condiciones de
los distritos.»
De forma posterior, con el fin de hacer frente al problema base de la educación del
país, generado por «la duplicidad de funciones entre los niveles municipal,
departamental y nacional» y en aras a «pasar a una nueva etapa de la
descentralización, en la cual […] las entidades territoriales consolidan su autonomía
administrativa como operadores de la organización de los servicios de educación
[…]», se expidió la Ley 715 de 2001.
Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las entidades
territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en
sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley se refirió expresamente
a la incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y 38. Tales normas
disponen:
«ARTÍCULO 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata
el artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes,
directivos y administrativos de los planteles educativos, de los departamentos,
distritos y municipios.
Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de
los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad […]
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ARTÍCULO 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y
administrativos a los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas
financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará
por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal
actualmente vinculado y que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo.
[…]»
En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo consigo
dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el personal
administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas
conforme a la ley a través del procedimiento de incorporación, y ii) que los docentes
incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de vinculación que
ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.
Diferencias entre sustitución pensional, pensión de sobrevivientes y pensión
gracia post mortem
En el marco de la regulación general del Sistema de Seguridad Social Pensional,
el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 consagró de manera amplia el derecho a la
pensión de sobrevivientes bajo los siguientes supuestos:
«[…] ARTÍCULO 46. Requisitos para obtener la Pensión de Sobrevivientes.
Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por
riesgo común, que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste
hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo
menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes
durante por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento
en que se produzca la muerte.
PARÁGRAFO . Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el
presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo
33 de la presente Ley. […]» (Líneas de la Sala).
Como se observa, pese a que la norma en comento señala indistintamente que la
mencionada figura opera tanto para el pensionado por vejez como para el afiliado
que fallezca, lo cierto es que esa errada redacción ha conllevado una confusión que
jurisprudencialmente ya fue zanjada9 al evidenciar que el espíritu de dicha
disposición es completamente diferenciador, es decir, prevé dos supuestos
divergentes conforme a los cuales la muerte de un empleado que tenga o no el
9 En sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda el 11 de
agosto de 2022.
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derecho a tal prestación, podría generar situaciones jurídicas accesorias para sus
beneficiarios supérstites.
Al respecto, cuando se presenta el deceso del jubilado, es decir, de quien tenía
consolidada la pensión por haber reunido y acreditado todos los requisitos para la
adquisición de su estatus jurídico habilitante, bien sea con o sin el acto
administrativo que formalmente le reconoce la prerrogativa, necesariamente se está
en el campo de la sustitución pensional, donde lo que sucede es una transmisión
de titularidad del derecho original a favor de otra persona con interés legítimo y
demostrado para acceder a este.
Atendiendo ese mismo escenario, en el evento en que la prestación ya haya sido
concedida al pensionado y este hubiese alcanzado a devengarla, lo que procede
es la sustitución directa de tal derecho a nombre del respectivo beneficiario.
Pero, siempre que el titular no hubiere alcanzado a reclamarla o percibirla, pese a
tener la situación jurídica ya consolidada, es decir, bajo el supuesto de que aquel
muriera antes de que le fuera abonada, claramente lo que se habrá generado es
un crédito por concepto de retroactivo desde la fecha del estatus hasta el
fallecimiento del causante, el cual no se constituye automáticamente en favor del
familiar reclamante, sino de la masa sucesoral ilíquida.
Bajo ese entendido, en aquel evento solo habrá lugar a sustituir la pensión al
sobreviviente que la solicite, una vez esta sea otorgada y cancelada a la sucesión,
para que, luego, la misma surta efectos como prestación periódica únicamente a
partir de la muerte del jubilado en adelante.
Por el contrario, cuando quien muere es el afiliado, esto es, un servidor que aún no
había adquirido el derecho pensional por faltarle uno o varios requisitos normativos
para lo propio se habla indiscutiblemente de una pensión de sobrevivientes,
entendida como un derecho independiente al que acceden los solicitantes
supérstites con el fin de materializar una expectativa legítima que tenía tanto el
trabajador próximo a pensionarse, como su familia.
Tratándose de dicha figura, pero en el campo de la pensión gracia, a esta se le ha
dado jurisprudencial y doctrinariamente el calificativo de “post mortem”. No
obstante, tal reclamación ya fue estudiada por la Sala Plena de la Sección Segunda
de esta corporación en el entendido de que la misma es improcedente, tal como se
expuso en las sentencias dictadas el 29 de mayo y el 9 de julio de 2024.10
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencias por importancia
jurídica del 29 de mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018), demandante: Ana
Victoria Andrade de Quintero; y del 9 de julio de 2024, radicado: 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014),
demandante: Polidoro Gross Buitrago.
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Resolución del caso concreto
Inicialmente, debe resaltarse que el presente litigio se originó en razón a que la
reclamante en calidad de hija de la señora Rebeca Amada Leitón Benavides solicitó
el reconocimiento de una «pensión gracia post mortem», para lo cual fundamentó
la procedencia de este derecho en que su causante cumplió con todas las
exigencias necesarias para lo propio y que si bien en vida solicitó el derecho, en el
curso de la actuación administrativa falleció y de manera posterior la entidad negó
lo pretendido por considerar que el último periodo laborado fue de carácter nacional.
Al respecto, debe realizarse una precisión en cuanto al derecho reclamado, pues
pese a que la solicitud de la accionante y la decisión del tribunal de primera instancia
refieren a una pensión gracia post mortem por sustitución, en realidad lo que se
reclama corresponde a una sustitución pensional, toda vez que lo que se solicita es
que se otorgue, en calidad de beneficiaria, la pensión que debió reconocérsele a la
fallecida, última sobre quien se manifestó que había cumplido la totalidad de
exigencias en vida, y no aquella de un afiliado no pensionado que no cumplió con
los requisitos mínimos para obtener la pensión.
Pues bien, para abordar el objeto del litigio, esto es, determinar si la causante había
adquirido en vida el derecho al pago de la pensión gracia desde la consolidación
hasta su muerte, y si la actora cumplió los requisitos para ser considerada
beneficiaria de la sustitución de dicha prerrogativa, resulta indispensable analizar
en primera medida si se cumplieron las exigencias previstas en la regulación
aplicable indicada en el marco normativo en orden de evidenciar si la señora Rebeca
Amada Leitón Benavidez había o no consolidado el estatus jurídico pensional
respectivo antes de su deceso.
Pues bien, frente al primer requisito relacionado con la edad, se observa que la
causante nació el 5 de octubre de 195611, de modo que cumplió los 50 años el 5 de
octubre de 2006, esto es, antes de su muerte ocurrida el 9 de febrero de 2017.
Para el segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de
aquella como docente territorial o nacionalizada, se realiza el siguiente estudio
sobre los tiempos de labor acreditados en la presente causa judicial:
• Periodo I: del 1.° de octubre de 1977 al 31 de diciembre de 1984
Conforme al Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
emitido el 16 de mayo de 201612 por el alcalde de Córdoba, Nariño y al acta de
11 Según Registro Civil de Nacimiento y copia de la cédula de ciudadanía obrantes en las páginas 37 y 62 del
expediente digital, respectivamente.
12 Página 41, expediente digital.
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posesión13, se tiene demostrado que la causante fue nombrada mediante Decreto
24 del 5 de octubre de 1977 con retroactividad al 1.° de octubre de 1977, como
maestra municipal de la Escuela Rural Mixta de San Pablo de Payán, con
vinculación territorial, y finalizó su periodo el día 31 de diciembre de 1984.
Si bien obra en el plenario el Decreto 017 AMC-2011 del 8 de febrero de 201114, por
medio del cual se reconstruye el Decreto 24 del 25 de octubre de 1977, al examinar
el acto administrativo de reconstrucción se observa que no puede atribuírsele valor
probatorio pues este se alejó del procedimiento establecido por la Ley 594 de 2000
y el Acuerdo 007 del 15 de octubre de 201415, lo que no permite endilgarle la
autenticidad suficiente para respaldar a partir de ella una decisión fundamentada.
En tal medida, es necesario analizar en conjunto todos los documentos aportados
a la actuación, y no focalizarse solamente en el decreto a través del cual se
reconstruye el acto de nombramiento porque a la luz de las disposiciones que
gobiernan la pensión gracia, la naturaleza de la relación legal y reglamentaria de un
docente es posible extraerla a partir de otros medios probatorios como
certificaciones, actas y su respectiva valoración bajo elementos propios de la sana
crítica, pues tal posibilidad incluso fue contemplada por el Consejo de Estado en la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 cuando señaló:
«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador
ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial. […]»
Así las cosas, del acta de posesión ya relacionada, del certificado laboral y
advirtiendo también que se encuentra un certificado de la Secretaría General y de
Gobierno Municipal de Córdoba, Nariño expedido el 29 de octubre de 201916 en el
que se reitera la naturaleza municipal de la relación legal y reglamentaria, se
concluye que la señora Rebeca Amada Leitón Benavides (q.e.p.d.) inició su
actividad laboral como docente en el municipio de Córdoba, y su tipo de vinculación
fue territorial, por lo que el periodo comprendido entre el 1.° de octubre de 1977 al
31 de diciembre de 1984 (7 años, 3 meses y 1 día) resulta válido para efectos del
reconocimiento pensional.
13 Página 50, Ibid.
14 Página 52, Ibid.
15 «Por medio del cual se establecen los lineamientos para la reconstrucción de expedientes y se dictan otras
disposiciones». En esa normatividad se establece la reconstrucción del expediente y/o documento de archivo
público, como herramienta procesal que permite a las entidades del Estado recuperar de forma integral,
autentica y original la información que reposaba en ellos por extravío o pérdida parcial o total.
16 Página 270, Ibid.
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• Periodo II: del 1.° de enero de 1985 al 30 de mayo de 1992 (lapsos
interrumpidos)- Contratos de prestación de servicios con Córdoba, Nariño
En atención a lo señalado por el alcalde de Córdoba en el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido el 16 de mayo de 201617 y el
certificado de historia laboral aportado y del certificado de la Secretaría General y
de Gobierno Municipal de Córdoba, Nariño expedido el 29 de octubre de 201918, se
observa que la causante laboró bajo la modalidad de contrato de prestación de
servicios a favor del municipio en los siguientes lapsos: (i) del 1.° de enero de 1985
al 31 de diciembre de 1985, (ii) del 1.° de enero de 1986 al 31 de diciembre de 1986,
(iii) del 1.° de enero de 1987 al 31 de diciembre de 1987, (iv) del 1.° de enero de
1988 al 31 de diciembre de 1988, (v) del 1.° de enero de 1989 al 31 de diciembre
de 1989, (vi) del 1.° de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1990, (vii) del 1.° de
enero de 1991 al 30 de junio de 1991, y (viii) del 1.° de septiembre de 1991 al 30 de
mayo de 1992.
Ahora bien, sobre la plaza ocupada, aunque no se aportaran los referidos contratos
en los que se identifiquen las partes contratantes, es posible valorar de manera
conjunta los documentos obrantes en el expediente, esto de conformidad con la
referencia expuesta antes sobre la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018
de esta corporación.
En ese orden de ideas, del mencionado certificado de historia laboral aportado y del
certificado de la secretaría general del municipio, claramente puede extraerse la
naturaleza de la vinculación, toda vez que ambos señalan que la docente laboró
bajo dicha modalidad contractual al servicio de la entidad territorial. Por lo tanto, a
partir de los mismos puede concluirse que la calidad ocupada fue territorial.
Si bien se advierte que la forma en la que la reclamante se desempeñó como
educadora estatal fue en virtud de la modalidad de prestación de servicios, y no de
una relación legal y reglamentaria, lo cierto es que, no se puede desconocer la
naturaleza propia de la labor educativa, la cual comporta en esencia una actividad
reglada y sometida a directrices de política pública que conlleva asumir que, en
realidad, tales relaciones contractuales eran verdaderamente vínculos laborales
encubiertos que tienen plenos efectos en materia del reconocimiento de derechos
como la pensión gracia.
Respecto a esta afirmación, basta con resaltar, como lo hizo esta corporación en la
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 que, en el caso de los maestros
del Estado, no existe duda sobre la prestación personal del servicio, así como la
remuneración que estos perciben por esa labor debido a la esencia del contrato
17 Página 41, expediente digital.
18 Página 270 del expediente digital.
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celebrado, al igual que la subordinación y dependencia a la que están sometidos
debido a la falta de autonomía y discrecionalidad que se predica del desarrollo de
las funciones educativas, pues este servicio está regulado por los lineamientos
revisados, controlados y materializados en órdenes de un superior.
Al respecto, el Consejo de Estado19 sobre las vinculaciones mediante la aludida
modalidad contractual, ha mantenido una postura jurisprudencial de garantizar el
principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades en
materia laboral, básicamente en la medida en que debido a que el desarrollo de la
función docente implica necesariamente un elemento de subordinación intrínseco
derivado de la regulación y control de las actividades educativas por parte de las
autoridades, así como la prestación personal del servicio y el cumplimiento de
condiciones de formación y experiencia, lo que realmente se genera es un vínculo
laboral entre la administración y los educadores contratados, el cual puede
deducirse en casos particulares como el que es objeto de discusión, sin que deba
exigirse el pronunciamiento judicial previo que así lo declare.
Además, resulta adecuado acudir a la tesis que esta Corporación ha sostenido en
casos similares al presente, cuando se ha precisado que la normativa especial de
la pensión gracia no excluyó tal forma de labor oficial contractual para consolidar
aquel derecho, toda vez que lo esencial para adquirirlo es que el reclamante
compruebe que ejerció funciones como educador oficial en plazas del orden
territorial o nacionalizado, lo cual ocurre en el asunto bajo examen si se tiene en
cuenta la calidad departamental adjudicada en el certificado.
Por consiguiente, al considerar que no existe prueba de que los contratos fueron
expedidos conforme al proceso de nacionalización de la Ley 43 de 1975 ni se
registra información de intervención directa por parte del Ministerio de Educación
Nacional, dicho tiempo se tendrá del orden territorial. Por tanto deberán
computarse, para efectos de consolidar el derecho a la pensión gracia, los
19 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 19 de enero de 2017. Exp. 54001-23-33-
000-2012-00180-01 (1706-2015). CP: Carmelo Perdomo Cuéter: «[…] Para la Sala, esa modalidad de
vinculación no es ajena a quienes se incorporen a la planta docente de las entidades territoriales en propiedad,
habida cuenta que las funciones que cumplen unos y otros son «[…] similares en el campo educativo y, en
consecuencia, [el vinculado mediante contrato de prestación de servicios también] está obligado a acreditar
iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las propias
instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer
regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales […], a percibir las prestaciones
sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o privados, las cuales deben
otorgarse en proporción al tiempo laborado».
[…] En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación
de servicios desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste, cumplen similares
funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y, además, deben
acreditar iguales condiciones de formación y experiencia.
Por tanto, la Sala, contrario lo dispuesto por el a quo, valida el tiempo laborado por el accionante como docente
mediante contratos de prestación de servicios, para que sea contabilizado con el ejercido en propiedad,
circunstancia que le permite, previo estudio de su caso particular, acceder al reconocimiento de la pensión
gracia. […]»
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interregnos antes relacionados que en conjunto suman 6 años, 9 meses y 5 días.
• Periodo III: del 1.° de octubre de 1992 al 30 de junio de 1994 (lapsos
interrumpidos)- Contratos de prestación de servicios con Ipiales, Nariño
Respecto a los interregnos referidos, se encuentra certificado de la Secretaría
General de Ipiales del 20 de mayo de 201620 en el que se observa que la docente
tuvo un vínculo laboral con la mencionada entidad territorial mediante los siguientes
contratos de prestación de servicios: (i) contrato 044 de 1992 con una duración del
1.° de octubre de 1992 al 30 de diciembre de 1992, (ii) contrato 46 de 1993, con una
duración del 1.° de enero de 1993 al 30 de junio de 1993, y (iii) contrato 110 de
1993, con una duración del 1.° de septiembre de 1993 al 30 de junio de 1994.
En consideración a las partes contractuales, esto es, el municipio y la educadora,
se tiene que la naturaleza de la vinculación laboral sostenida fue de carácter
territorial, y teniendo en cuenta la viabilidad de computar el tiempo desempeñado
por contrato según lo ya expuesto en esta providencia, se concluye que la
educadora sumó un total de 1 año y 7 meses.
• Periodo IV: del 1.° de octubre de 1994 al 9 de febrero de 2017
Frente a este tiempo de servicio, es del caso precisar que el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral n.° 577 del 30 de octubre de 201921
corrobora que la causante se desempeñó como educadora oficial en el centro
educativo Laguna de Bacca (Ipiales) en virtud del nombramiento efectuado
mediante Decreto 083 de 1994, desde el 1.° de octubre de 199422 hasta el 9 de
febrero de 2017, y que su vínculo laboral finalizó con ocasión a su muerte.
Debe destacarse que esta venía desempeñándose mediante contratos de
prestación de servicio con vinculación territorial como se concluyó con anterioridad,
pero mediante el referido Decreto 083 del 23 de noviembre 199423, el alcalde de
Ipiales considerando lo establecido por el parágrafo 1° del artículo 6° de la Ley 60
de 1993, la nombró «en propiedad» para que desempeñara el cargo de docente en
la Escuela Rural Mixta Laguna de Bacca.
Se precisa que, en virtud de la mentada disposición normativa, los docentes
vinculados de manera temporal podían ser incorporados a la planta de los
departamentos o distritos, situación que para el caso en concreto aconteció en
vigencia de dicha ley. Sin embargo, se aclara que si bien el anterior precepto legal
20 Página 44, expediente digital.
21 Páginas 221 a 224, Ibid.
22 Fecha que también se evidencia en el acta de posesión n.° 127, visible a folio 53 del expediente digital, la
cual señala que la docente se prestó el 23 de noviembre de 1994, pero que la posesión tenía efectos fiscales
con retroactividad al 1.° de octubre de 1994.
23 Páginas 55 a 59, expediente digital.
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fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-555 del 6 de
diciembre de 1994, lo cierto es que aquel acto no fue controvertido legalmente, por
lo que se presume válido para todos los efectos y además porque al momento en
que fue expedido, la norma no había salido del ordenamiento jurídico.
En este sentido, respecto al tipo de vinculación en los interregnos señalados, si bien
es cierto que la descentralización educativa en Colombia conllevó el traslado e
incorporación del personal docente a las entidades territoriales certificadas en
educación, y que por lo tanto la administración del servicio y de dichos empleados
terminó radicada en las referidas autoridades, tales condiciones no generaron un
cambio en la naturaleza de la vinculación inicial de los educadores que estaban
prestando sus servicios con anterioridad a dicho proceso, como es el caso de la
causante, quién continúo con su vinculación de carácter territorial.
Adicionalmente, respecto al argumento del apelante relacionado con la naturaleza
nacional de los recursos por provenir del situado fiscal, se recuerda que a la luz de
los lineamientos fijados por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, el pago de las acreencias laborales
de los educadores territoriales y nacionalizados con cargo «[…] a las rentas
endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— […] hoy
sistema general de participaciones», no implica que los recursos que enmarcan la
prestación del servicio sean de naturaleza nacional y por consiguiente le otorguen
dicha calidad a la plaza que el educador oficial ostenta.
Además, en la aludida providencia se sostuvo que el origen de los recursos
destinados a financiar los pagos de los maestros oficiales no es criterio suficiente ni
indispensable para determinar la calidad del vínculo laboral de aquellos, pues para
el efecto lo que resulta necesario es identificar cómo fue designado inicialmente el
educador por la entidad, así como la plaza materialmente ocupada por este, de
manera que tampoco sería adecuado afirmar que se dio un cambio de vinculación
por las anteriores razones.
En consecuencia, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo
laborado por la causante como docente territorial durante el lapso transcurrido entre
el 1.° de octubre de 1994 y el 9 de febrero de 2017 (22 años, 4 meses y 9 días),
observa la Sala que, junto con los demás lapsos estudiados previamente, se
satisfizo con suficiencia el requisito de cumplir más de 20 años al servicio educativo
como maestra del orden territorial.
Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar alguna vinculación
en una plaza docente de iguales calidades a las mencionadas con anterioridad, ello
previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva sin dificultad del hecho de
que la educadora efectivamente se desempeñó como tal al servicio del municipio
de Córdoba bajo una relación legal y reglamentaria del orden territorial desde el 1.°
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de octubre de 1977 hasta el 31 de diciembre de 1984, es decir, en periodo anterior
a la primera fecha en comento, por lo que se encuentra colmada la exigencia objeto
de análisis.
En punto a cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la accionante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa, ni en primera instancia ni mucho menos mediante el recurso de
apelación analizado en esta oportunidad; sin embargo, de los medios de convicción
allegados, se encuentran certificados expedidos por las Secretarías de Educación
de Córdoba24 y de Ipiales25 en la que se hace constar que la docente no presentó
ni investigaciones ni sanciones de carácter disciplinario.
Con base en lo expuesto, se concluye que la señora Rebeca Amada Leitón
Benavides sí había adquirido el derecho a la pensión gracia desde el 5 de octubre
de 2006, fecha en la cual cumplió los 50 años de edad (después de los 20 años de
servicio26), esto es, con anterioridad a la fecha de su deceso ocurrido el 2 de febrero
de 2017.
En consecuencia, en la medida en que ante su muerte aquella no alcanzó a solicitar
por vía judicial ni a devengar las mesadas causadas entre las dos fechas en
comento, resulta claro que dicha suma acumulada solo generó un crédito a favor de
su masa sucesoral, mas no un derecho de sustitución de la prerrogativa en nombre
de la demandante, ya que esta última figura únicamente se estructura desde el
fallecimiento de la titular de la pensión en adelante.
De acuerdo con lo anterior y contrario a la orden del tribunal de origen, deberá
modificarse el ordinal segundo de la sentencia y ordenarse a la UGPP que
reconozca y pague a favor de la masa sucesoral de la causante, el valor actualizado
y reajustado que resulte por concepto de retroactivo de mesadas generadas del 5
de octubre de 2006 al 2 de febrero de 2017, pero con efectos fiscales a partir del 21
de octubre de 2013, pues como se expuso en primera instancia, procede la
prescripción al considerar que el reconocimiento de la pensión gracia fue solicitado
ante la UGPP hasta el día 21 de octubre de 201627 y se interpuso la demanda dentro
de la interrupción, esto es el día 18 de diciembre de 201828.
24 Página 269, Ibid.
25 Página 228, Ibid.
26
DESDE HASTA AÑOS MESES DIAS
01/10/1977 31/12/1984 7 3 1
01/01/1985 30/05/1992 (interrumpido) 6 9 5
01/10/1992 30/06/1994 (interrumpido) 1 7 0
01/10/1994 24/02/1999 4 4 24
TOTAL TIEMPO 18A+1A= 20A 23M (1A, 11M) 30D
27
Página 21, expediente digital.
28 Conforme sello de radicado visible en la página 18 del expediente digital.
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Solo con el ánimo de precisar la forma en que debe reconocerse este tipo de
derechos en cabeza de una sucesión y luego del beneficiario reclamante, la Sala
advierte que esta modificación resulta necesaria, al margen de que lo propio no haya
sido objeto de apelación por la entidad demandada.
Ello porque dicha aclaración busca evidenciar cuál es la forma legal y práctica de
dar cumplimiento efectivo a una sentencia como la presente, y, en todo caso, lo
cierto es que esta decisión en nada afecta la situación jurídica creada en primera
instancia a la única parte apelante, pues no hace más gravosa la condena en su
contra, sino que, por el contrario, la vuelve más comprensible para su correcta
ejecución, más aún en el entendido de que se mantiene el reconocimiento del
derecho causado por la docente fallecida.
De la sustitución pensional en favor de la accionante
Tal como se planteó al comienzo de este acápite, de acuerdo con el escrito de la
demanda, la accionante, además del reconocimiento de la pensión gracia causada
por la señora Rebeca Amada Leitón Benavidez (q.e.p.d.), pretendía la sustitución
de esta a su nombre.
Pues bien, en cuanto a la procedencia del derecho alegado, a diferencia de lo
sostenido en el fallo apelado respecto a la imposibilidad de la accionante para
cumplir con el presupuesto de solicitar de manera previa a la administración la
solicitud de la sustitución pensional, esta Sala, en virtud de las facultades
consagradas en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, que ordena a los
jueces declarar cualquier excepción que encuentren probada, incluso en segunda
instancia (sin perjuicio de la reformatio in pejus), declarará de oficio la excepción de
falta de decisión previa.
Lo anterior considerando que, ni en los hechos de la demanda ni en el material
probatorio se observa el trámite administrativo surtido por la demandante para
solicitar su derecho a sustituir la pensión de su madre fallecida ante la entidad.
Tal determinación se soporta en la garantía del debido proceso de la administración
y su privilegio de decisión previa, pues, como presupuesto procesal de la acción
contenciosa administrativa se consagra el agotamiento preliminar de la actuación
administrativa, conforme lo dispone el numeral 2 del artículo 161 del CPACA:
ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR
(...)
2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán
haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren
obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá
demandar directamente el acto presunto.
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Del mismo modo, esta corporación en sala plena, en Sentencia del 13 de marzo del
201829, se pronunció respecto al cumplimiento de esta exigencia:
16.3. Es necesario insistir en que, en observancia del principio de decisión
previa, los particulares, en el marco de sus relaciones con el Estado, tienen el
deber de acudir a la vía administrativa consagrada específicamente para
obtener el reconocimiento de los derechos o prestaciones de los cuales se
reputan titulares o beneficiarios, de modo que, si no lo hacen, la demanda que
presenten ante la jurisdicción carecerá de aptitud sustantiva para ser tramitada,
pues en estos casos el ordenamiento jurídico otorga a la administración el
privilegio o la potestad de pronunciarse sobre el asunto antes de ser objeto de
censura en un proceso judicial.
Por consiguiente, el administrado, antes de recurrir al control por vía judicial, debe
colmar antes los recursos administrativos que la ley establece, por lo que, en este
caso, ante el incumplimiento del referido requisito procedimental, se tiene
demostrada la excepción que se expuso previamente, por lo que la misma será
declarada probada de oficio, y, en consecuencia, se revocará el ordinal tercero la
providencia que ordenó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional a favor
de la demandante.
De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia
Procederá la Sala a analizar lo relacionado con la condena en costas impuesta en
primera instancia, en consideración a que, para la entidad demandada, no se
encuentran probadas actuaciones dilatorias de temeridad o mala fe, manifestando
su desacuerdo con la condena impuesta.
En lo que respecta a este punto de impugnación, la Sala en el caso particular acudirá
a la tesis que se había sostenido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021 (25 de enero de 2021), pues se entiende que la decisión de primera
instancia fue proferida previamente a la referida circunstancia (22 de enero de
2020).
Es decir, resultaba acertado al momento de la expedición de la sentencia apelada,
asumir que en virtud del criterio objetivo valorativo para la imposición de las costas,
debía excluirse el elemento subjetivo de la mala fe o la temeridad de las partes y
que en consecuencia procedía la referida condena contra la parte demandada por
haber resultado vencida en juicio y haberse demostrado la causación de las
agencias en derecho en el monto que el tribunal estimó conforme a las previsiones
29 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 13 de marzo del 2018.
Exp. 25000-23-26-000-2003-00208-01 (28769) (IJ). C.P. Danilo Rojas Betancourth.
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Radicado: 52001-23-33-000-2018-00614-01 (3882-2023)
del artículo 188 del CPACA y 365 del CGP, así como la demás normativa que regula
la materia.
En tal sentido, se confirmará el fallo apelado en este punto sobre la decisión de
condena en costas de primera instancia a cargo de la accionada.
Ahora bien, para el caso de análisis en segunda instancia, es importante aclarar que
si bien la jurisprudencia de la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando
el mencionado criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador la materia, la Subsección
A considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los fundamentos esbozados por el recurrente en sus distintas intervenciones, no se
presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas, por el contrario, en el escrito de alzada la demandada manifestó argumentos
razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá
condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR el ordinar tercero de la sentencia proferida el veintidós (22) de
enero de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio
de la cual se ordenó el reconocimiento de una sustitución pensional a favor de la
señora Ana Gabriela Narváez Leitón. En su lugar, declarar probada de oficio la
excepción de falta de decisión previa, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia apelada que accedió a
las pretensiones de la demanda, el cual quedará de la siguiente forma:
«[…] SEGUNDO. - Ordénese a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP,
reconocer a favor de la masa sucesoral de la señora Rebeca Amada Leitón
Benavidez (q.e.p.d.), el valor actualizado y reajustado que resulte por concepto de
retroactivo de mesadas a título de pensión gracia causadas por la docente fallecida
entre el 21 de octubre de 2013 y el 2 de febrero de 2017, fecha de su deceso. […]»
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Tercero. CONFIRMAR en los demás la sentencia proferida el veintidós (22) de
enero de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio
de la cual accedió a las pretensiones.
Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.
Quinto. Reconocer personería al abogado Jhonier Alejandro Trejos Valencia,
portador de la tarjeta profesional 268.679, quien a su vez es la representante legal
de Asproint Asesores, S.A.S., identificada con NIT 900.648.658-2, quien es la
apoderada general de la UGPP conforme al poder conferido mediante escritura
pública visible en el índice 15 de la plataforma SAMAI.
Sexto. Reconocer personería a la abogada Laura Lucia Amaya Guerra, portadora
de la tarjeta profesional 381.522, en calidad de apoderada sustituta de la UGPP
conforme al memorial en el índice 15 de la plataforma SAMAI.
Séptimo. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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