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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00297-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00297-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Revocar el ordinal sexto de la sentencia proferida el 16 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño, en cuanto a la condena en costas impuesta, según las consideraciones que anteceden. En su lugar quedará así: «SEXTO. Sin condena en costas en esta instancia». SEGUNDO. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en las motivaciones anteriores. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2019-00297-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

27 de febrero de 2025

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00297-01
Demandante: Francisco Maya Burbano

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00297-01 (5474-2022)
Demandante: Francisco Maya Burbano
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1

Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Condena en
costas. Revoca parcialmente la sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandada contra la sentencia del 16 de marzo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones de la demanda.

El señor Francisco Maya Burbano por intermedio de apoderada y en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó que se declare la nulidad
del acto ficto o presunto negativo, producto de la petición del 9 de julio de 2018, por
medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la
cancelación tardía de las cesantías.

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por valor de
$121.270,002 COP, por el periodo comprendido entre el 6 de mayo de 2017 y el 7 de
junio de 2018., ii) la indexación de la condena, iii) el reconocimiento y pago de los
intereses moratorios conforme a lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA, y
iv) se condene en costas a la entidad demandada.

1.1. Hechos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

1 En adelante “Fomag”.
2 Así se consignó en los hechos.

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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00297-01
Demandante: Francisco Maya Burbano

El señor Francisco Maya Burbano el 30 de enero de 2017, solicitó ante la Secretaría
de Educación del departamento del Putumayo, el reconocimiento y pago de sus
cesantías definitivas.

La precitada Secretaría por medio de la Resolución 4276 del 11 de octubre de 2017,
reconoció a su favor la suma de 124.755.580 COP. Contra esta resolución no se
interpuso recurso de reposición.

El término legal de 65 días hábiles para el pago de las cesantías reconocidas venció
el 5 de mayo de 2017. No obstante, el desembolso sólo se efectuó el 7 de junio de
2018, es decir con una mora de 398 días.

Por último, el 9 de julio de 2018 solicitó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria, pero dicha solicitud no fue resuelta, configurándose el acto ficto negativo
demandado.

1.2. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 9 de la Ley 89 de 1991,
56 de la Ley 952 de 2005, y 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.

Al desarrollar el concepto de violación, la parte demandante expuso que el acto
administrativo ficto o presunto negativo, originado por el silencio de la entidad frente a
la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria, infringe las normas en
las que debía fundarse. Esto, debido a que, conforme a la normativa y la jurisprudencia
aplicable, los servidores públicos tienen derecho a que sus cesantías sean pagadas
dentro de los 65 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

Pese a que transcurrieron 398 días después de que vencieron los días para el
reconocimiento y pago de las cesantías, la entidad demandada se ha negado
injustificadamente a reconocer y pagar la penalidad que se deriva de la aplicación del
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

1.3. Contestación de la demanda

La parte demandada guardó silencio.

1.4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia del 16 de marzo de 20223,
previa declaratoria de nulidad del acto demandado, condenó a la Nación – Ministerio
de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al pago de la
sanción moratoria por la cancelación tardía de las cesantías, por el periodo

3 PDF 02 del expediente digital.

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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00297-01
Demandante: Francisco Maya Burbano

comprendido entre el 13 de mayo de 2017 y el 28 de mayo de 2018, para un total de
39.524.256 COP. Asimismo, ordenó a la entidad demandada a que actualizara el total
de los valores en los términos del artículo 187 del CPACA, debiendo dar aplicación a
la fórmula adoptada por el Consejo de Estado.

Y por último, condenó en costas a la parte demandada y en favor del demandante.

Adujo que se encuentra acreditado que el docente Maya Burbano presentó ante la
Secretaría de Educación del Putumayo – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio solicitud para el reconocimiento y pago de las cesantías el 30 de enero de
2017, por lo que la entidad demandada tenía hasta 12 de mayo de 2017 para efectuar
el pago de la prestación; no obstante, como el dinero fue puesto a disposición el 29 de
mayo de 20184 es claro que la demandada incurrió en un retardo de 380 días.

1.5. Recurso de apelación

La apoderada de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio5 inconforme con lo decidido interpuso recurso
de apelación contra la sentencia primera instancia. Concretamente, en dos aspectos
de la decisión así:

La indemnización por mora no es objeto de indexación, situación que ha sido
suficientemente decantada por el Consejo de Estado en sentencia de unificación.
Entonces, en este evento no procede la indexación tal como lo pretende el libelo6.

Y de conformidad con el artículo 188 del CPACA, el numeral 8 del artículo 365 del CGP
y la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa,
no procede la condena en costas, dado que no aparece demostrada su causación,
pues en el curso del proceso se actuó con buena fe.

1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia

Mediante auto del 9 de diciembre de 20227 se admitió el recurso de apelación. Dentro
del término previsto en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, modificado por la Ley
2080 de 2021, los sujetos procesales y el agente del Ministerio Público guardaron
silencio.

Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal forma,
sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se procederá
a resolver la apelación, previas las siguientes:

4 Fecha que se evidencia en el certificado bancario BBVA.
5 PDF 04 del expediente digital.
6 Así quedó registrado en el recurso
7 Actuación visible en el índice 04 de la plataforma SAMAI.

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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00297-01
Demandante: Francisco Maya Burbano

II. CONSIDERACIONES

2. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de
acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo8.

De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto
por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó
recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos consignados en el mismo.

2.1. Problema jurídico

Le corresponde a la Subsección determinar si hay lugar a revocar la sentencia de
primera instancia que accedió a las pretensiones, en cuanto ordenó una indexación y
condenó en costas a la parte apelante.

A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará los
siguientes temas: 2.2. Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción
moratoria, 2.3. Indexación de la sanción moratoria y ajuste de la condena impuesta,
2.4 Costas, 2.5. Hechos probados y 2.6. Caso concreto.

2.2. Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria.

La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2007 9, establece en
su artículo primero, lo siguiente:

«Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo
texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente,
si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.» (subraya
fuera del texto)
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o

parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.»

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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00297-01
Demandante: Francisco Maya Burbano

De igual manera, el artículo 2° de la citada ley, dispone que la entidad pagadora tendrá
un plazo máximo para cancelar dicha prestación, veamos:

«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional
de Ahorro.»( Subraya fuera del texto)

Norma que también dispone una sanción cuando se incumplen los términos para
resolver la solicitud de cesantías, así como su pago, tal como se evidencia en el
parágrafo del artículo en comento:

«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra
el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa
imputable a este». (subraya fuera del texto)

Esta Sección, en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó jurisprudencia
en torno a la fecha de causación de la sanción moratoria. Se consideró en esa
oportunidad que:

«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la
solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de manera
tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la
radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días
hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L.
1071/20065), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437
de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a partir del día en
que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días
hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)

Las reglas jurisprudenciales fijadas en la misma sentencia de unificación, en cuanto a
la exigibilidad de la sanción moratoria se sintetizan así:

«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se puede
evidenciar en el siguiente cuadro:

TÉRMINO PAGO
HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA CESANTÍA CORRE MORATORIA

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10 días, después de 45 días posteriores a la 70 días posteriores a la
PETICIÓN SIN
No aplica cumplidos 15 para expedir el ejecutoria petición
RESPUESTA
acto
Aplica pero no se tiene
ACTO ESCRITO 10 días, después de
en cuenta para el 45 días posteriores a la 70 días posteriores a la
EXTEMPORANEO cumplidos 15 para expedir el
cómputo del término de ejecutoria petición
(después de 15 días) acto
pago
ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores a la 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
Personal ejecutoria notificación
TIEMPO notificación
10 días, posteriores a 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Electrónica certificación de acceso al ejecutoria notificación
TIEMPO
acto
10 días, posteriores al 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Aviso siguiente de entrega del ejecutoria entrega del aviso
TIEMPO
aviso
ACTO ESCRITO EN Sin notificar o notificado 10 días, posteriores al intento 45 días posteriores a la 67 días posteriores a la
TIEMPO fuera de término de notificación personal 9 expedición del acto
ejecutoria
45 días después de la 45 días desde la
ACTO ESCRITO Renunció Renunció renuncia renuncia
Adquirida, después de 45 días, a partir del 46 días desde la
ACTO ESCRITO Interpuso recurso notificado el acto que lo siguiente a la ejecutoria notificación del acto que
resuelve resuelve recurso
ACTO ESCRITO, 61 días desde la
RECURSO SIN Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días 45 días, a partir del interposición del
RESOLVER de interpuesto el recurso siguiente a la ejecutoria recurso
Fuente: Sentencia de 18 de julio de 2018

2.3. Indexación de la sanción moratoria y ajuste de la condena impuesta

Esta Corporación en la sentencia antes mencionada concluyó que la indexación no es
procedente en el reconocimiento de la sanción moratoria de las cesantías, pues su
propósito es garantizar la actualización de prestaciones sociales y en el caso de la
sanción moratoria de las cesantías no se está ante un derecho o acreencia laboral,
sino frente a una penalidad económica por la negligencia de la entidad en el trámite
para el pago de la referida prestación de las cesantías. Así se explicó:

«175. Es evidente, que la jurisprudencia de la Sección Segunda se inclinó por descartar
la procedencia de la indexación de la sanción moratoria, porque ésta penaliza la
negligencia del empleador en la obligación de reconocer y pagar oportunamente las
cesantías a sus empleados, que en términos monetarios constituyen sumas de dinero
mayores a la actualización a valor presente.

176 No obstante lo anterior, con el ánimo de esclarecer aún más el punto de la
indexación de la sanción moratoria, y amparados en el rol de órgano de cierre de la
jurisdicción que en el contexto del artículo 271 del CPACA, la Sala se permite reiterar
el ya expuesto criterio jurisprudencial, ofreciendo razones adicionales que lo refuerzan.

[...]

182. Visto lo anterior, es preciso concluir que la sanción moratoria por pago
extemporáneo de las cesantías es una sanción o penalidad cuyo propósito es procurar
que el empleador reconozca y pague de manera oportuna la mencionada prestación,
más no mantener el poder adquisitivo de la suma de dinero que la representa y con

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ella, la capacidad para adquirir bienes y servicios o lo que la ley disponga como su
propósito.

183. Desde la óptica del empleado, sí bien la sanción moratoria representa una suma
de dinero considerable, sucesiva mientras no se produzca el pago de las cesantías;
ella ni lo compensa ni lo indemniza por la ocurrencia de la mora del empleador en
cumplir con su obligación de dar, puesto que su propósito es procurar el pago oportuno
de la prestación social, razón por la cual, no es posible hablar que estamos ante un
derecho o una acreencia derivada de la relación de trabajo o de las eventualidades que
el empleador ampare en virtud de lo que ordena la ley.

184. De ahí que, en materia de sanción moratoria sea necesario distinguir su naturaleza
de la voluntad legislativa de orientar que el empleado fuera su beneficiario, y en ese
panorama concluir que se trata de un derecho; pues contrario a ello, no se erige como
una prerrogativa prestacional en la medida que no busca proteger al trabajador de las
eventualidades a las que puede verse sometido durante una relación laboral, sino que
se instituye como una penalidad económica contra el empleador por su retardo en el
pago de la prestación social de las cesantías y en favor del servidor público.

185 En tal sentido, al no tratarse de un derecho laboral, sino de una penalidad de
carácter económica que sanciona la negligencia del empleador en la gestión
administrativa y presupuestal para reconocer y pagar en tiempo la cesantía, no es
procedente ordenar su ajuste a valor presente, pues, se trata de valores monetarios
que no tienen intención de compensar ninguna contingencia relacionada con el trabajo
ni menos remunerarlo.

[...]

187. De acuerdo con lo anterior, las penalidades constituyen una sanción severa a
quien incumple con determinada obligación, siendo inviable su indexación porque con
ello se estaría ante doble castigo por la misma causa.

[...]

189. Ahora bien, esta situación debe ser mirada desde la óptica de ser una sanción
que se causó al constituirse en mora y cesar con el pago de la cesantías, y ese
contexto, la sentencia que la reconoce simplemente declara su ocurrencia y la
cuantifica, sin que ello implique el incumplimiento de una obligación generada por
ministerio de la ley, tratándose de empleados públicos, susceptible de ser ajustada con
los índices de precios al consumidor, cuyo propósito es mantener la capacidad
adquisitiva y la finalidad que la justifica en el ordenamiento jurídico.

190. Por ello, en juicio de la Sala para justificar la indexación de la sanción por mora
en el pago de las cesantías, no es viable acudir al contenido del último inciso del artículo
187 del CPACA, según el cual, «Las condenas al pago o devolución de una cantidad
líquida de dinero se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor»,
pues en estricto sentido, la sentencia no reivindica ningún derecho ni obligación

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insatisfecha, erigiéndose como generadora de un beneficio económico para el
demandante cuya única causa fue la demora en el pago de una prestación.

191. En suma, la naturaleza sancionadora, el cuantioso cómputo sistemático y
prolongado en el tiempo sin que implique periodicidad, y la previsión intrínseca del
ajuste del salario base con el IPC, indican con toda certeza que la sanción moratoria
no puede indexarse a valor presente, razón por la cual, la Sección Segunda del
Consejo de Estado sentará jurisprudencia en tal sentido. Sin embargo, ello no implica
el ajuste a valor de la condena eventual, en los términos descritos en el artículo 187
del CPACA.»

Ahora bien, en cuanto al ajuste de la suma reconocida por sanción moratoria, en
providencias posteriores, esta Corporación consideró que era procedente el reajuste
de las sumas en aplicación del artículo 187, pues así lo hizo saber mediante sentencia
bajo radicado 25000-23-42-000-2018-01889-01 del 1.° de agosto de 202410, entre
otras.

2.4. Costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, dispone la condena en costas dentro de la
jurisdicción contenciosa administrativa, de la siguiente manera:

«Artículo 188. Condena en Costas. Salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.»

Ahora bien, para la fecha de expedición de la sentencia de primera instancia que
condenó en costas a la parte vencida, se encontraba vigente la Ley 2080 de 2021,
norma que introdujo una modificación al antedicho artículo 188 del CPACA, así:

«Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de
2011:
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal.»

Por su parte, el artículo 365 trae algunas reglas sobre la condena en costas:

«Artículo 365. Condena en Costas. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se
sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,

10 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección “A”, C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves, sentencia del 1° de

agosto de 2018.

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Demandante: Francisco Maya Burbano

súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código.
[…]
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación.»

2.5. Hechos probados

Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes:

i) Mediante la Resolución 4276 del 11 de octubre de 201711 el secretario de
Educación departamental del Putumayo resolvió: «reconocer al docente
FRANCISCO MAYA BURBANO, identificado con cédula de ciudadanía No.
5350104 la suma de ciento veinticuatro millones setecientos cincuenta y cinco
mil quinientos ochenta pesos ($124.755.580) m/cte ... por concepto de
liquidación de cesantías definitivas». En las consideraciones de dicho acto
administrativo se indicó: «Que mediante solicitud radicada en SAC con el No.
2017PQR1587 de fecha 30 de enero de 2017 ... el docente FRANCISCO MAYA
BURBANO solicita el reconocimiento de la cesantía definitiva...».

ii) El dinero correspondiente al pago de la mentada prestación fue cancelado el 7
de junio de 201812, tal como consta en el certificado bancario BBVA de la misma
fecha. No obstante, conforme al apartado de «observación2» contenido en el
antedicho certificado, el dinero estuvo a disposición el «20180529», es decir el
29 de mayo de 2018. Fecha que coincide con la certificada por la oficina de
vicepresidencia del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fiduprevisora S.A.13

iii) El 9 de julio de 201814, el demandante por intermedio de apoderada solicitó ante
la secretaría de Educación del departamento de Putumayo el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas; sin
embargo, no tuvo respuesta.

2.6. Caso concreto

Reitera la Sala que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del
Código General del Proceso, el estudio del recurso se circunscribirá a los puntos objeto
de reparo presentados por la parte apelante.

En primer lugar, aduce la entidad recurrente que conforme a la sentencia de unificación
del 18 de junio de 2018 no procede la indexación de la sanción moratoria.

11 Páginas 12 y 13 del PDF 37503 del expediente digital.
12 Página 24 del PDF 37503 del expediente digital.
13 Página 26 del PDF 37503 del expediente digital.
14 Páginas 11 a 30 del PDF 01 del expediente digital.

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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00297-01
Demandante: Francisco Maya Burbano

Para resolver, la Sala trae a colación lo expuesto en la providencia apelada sobre el
particular:

«8.15 Sobre la pretensión de indexación de la sanción moratoria.

En cuanto a la pretensión de la indexación de los valores reconocidos por concepto de sanción moratoria
por no pago oportuno de las cesantías, debe anotarse que la misma es procedente en aplicación del
artículo 187 del C.P.A. y C.A. (Ley 1437 de 2011), en concordancia con el artículo 16 de la Ley 446 de
1998, en tanto ello obedece a la actualización del valor de la moneda y tendiente a contrarrestar la
desvalorización por el paso del tiempo.

Valga anotar entonces que este concepto es distinto al proveniente de la sanción por no pago
oportuno, que tiene una fuente o causa jurídica distinta. La indexación tiene su fuente en las
normas indicadas y la sanción por no pago oportuno tiene como causa jurídica, entre otras, las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

La primera está dirigida a mantener actualizado en el tiempo el valor de la moneda y la segunda
se constituye en una sanción ante el incumplimiento de un deber legal.

No obstante, este Tribunal aplicará el criterio expuesto en sentencia de unificación CE-SUJ-SII-
012-2018, de fecha 18 de julio de 2018, cuando anotó que la sanción moratoria no es indexable,
pero a renglón seguido prescribió que: “Sin embargo, ello no implica el ajuste a valor de la
condena eventual, en los términos descritos en el artículo 187 del CPACA.” La sentencia dijo:

[…]

Se resalta de tal criterio que en la jurisprudencia de unificación distingue entre el concepto de
indexación y el concepto de actualización, aspecto que en criterio de la Sala realmente no
pueden diferenciarse, en tanto los dos conceptos implican actualizar al presente el valor de la
moneda o de una condena.»

Se advierte que, aunque para el tribunal no existe diferencia entre la indexación y el
concepto de actualización de la condena previsto en el artículo 187 del CPACA, lo
cierto es que en la providencia apelada se aplicó la sentencia de unificación CE-
SUJ01218, ya que solo condenó a la actualización de la misma según la norma
mencionada, por lo que no le asiste razón a la parte apelante, en cuanto alegó su
vulneración.

Esta Subsección al resolver un caso similar, en sentencia del 1° de agosto de 2024,15
sostuvo que si bien no procede la indexación del capital base de liquidación -esto es,
los salarios tenidos en cuenta para el cálculo de la sanción-; ello no impide la
actualización de las sumas o valores a cuyo pago se condena.

En segundo lugar, en cuanto a la condena en costas, en el recurso se afirmó que no
se demostró su causación, porque en el curso del proceso se actuó con buena fe.

Advierte la Sala que la sentencia de primera instancia fue proferida en vigencia de la
Ley 2080 de 2021, norma que en su artículo 47 establece: «En todo caso, la sentencia

15 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”, C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves

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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00297-01
Demandante: Francisco Maya Burbano

dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Pues bien, una lectura aislada de lo dispuesto en el anterior precepto llevaría a la
conclusión de que la norma se refiere únicamente a la falta de fundamento legal de la
demanda, situación que limita la posibilidad de aplicación de la norma a la parte
demandada que resulta vencida en el proceso; sin que exista una justificación
razonable para ello.

No obstante, dicha interpretación desconoce los principios y objeto de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo16, entre ellos el de igualdad.

Por tal motivo, solo un análisis del artículo 47 de la Ley 2080 en armonía con el artículo
365 del Código General del Proceso, garantiza extender su aplicación en igualdad de
condiciones tanto a la parte demandante como a la demandada, tal como lo ha definido
esta jurisdicción en sus diferentes providencias17.

Por lo que, en este caso al momento de imponerse la condena en costas, esta
circunstancia no fue valorada por el tribunal, en consecuencia, procede la revocatoria
del numeral sexto de la sentencia de primera instancia en cuanto a la condena en costas
y se confirmará en los demás apartados la decisión inicial, por las razones expuestas
en precedencia.

2.7. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas. Lo
dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar a aplicar esa
sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de
2021, es procedente verificar si el recurso de apelación se presentó con carencia de
fundamento legal.

Al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de revisar los argumentos
del apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario, se avizora la sustentación
de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por lo que, se repite, no se
condenará en costas a la parte vencida

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

16 Artículo 103 del CPACA.
17 Véase que en las sentencias del 28 de noviembre de 2024 radicado interno (3697-2021) y (3983-2024), entre

otras, se llegó a la conclusión de que con la modificación introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, se
debe analizar la conducta de las partes en el proceso.

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Demandante: Francisco Maya Burbano

III. FALLA

PRIMERO. Revocar el ordinal sexto de la sentencia proferida el 16 de marzo de 2022
por el Tribunal Administrativo de Nariño, en cuanto a la condena en costas impuesta,
según las consideraciones que anteceden. En su lugar quedará así:

«SEXTO. Sin condena en costas en esta instancia».

SEGUNDO. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en las
motivaciones anteriores.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta sentencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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