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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01889-01

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01889-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Modificar el numeral tercero de la sentencia proferida el 23 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, el cual quedará así: «TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar la sanción moratoria a la señora María Gladys Hernández Castellanos, correspondiente a un día de salario por cada día de retardo para el periodo transcurrido desde el 23 de febrero de 2017 al 24 de octubre de 2017, en los términos del artículo 5° de la Ley 1071 de 2006, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia». SEGUNDO. Se confirma en lo demás la sentencia apelada TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las motivaciones de esta providencia. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01889-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

1 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., primero (1°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2018 01889 01 (5260-2023)
Demandante: María Gladys Hernández Castellanos
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
Tema: Sanción moratoria por no pago oportuno de
cesantías.

Decisión: Modifica parcialmente sentencia de primera
instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 23 de junio de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “A”, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda

Con la demanda se pretende la nulidad del acto ficto producto de la no respuesta
de fondo frente a la petición del 14 de febrero de 2018, por medio de la cual la
actora solicitó a la Secretaría de Educación de Bogotá el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria contemplada en la Ley 1071 de 2006 y dio traslado de la
petición a Fiduprevisora S.A., entidad que no se pronunció.

A título de restablecimiento del derecho, solicita se reconozca y pague la sanción
moratoria establecida en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, correspondiente a
un (1) día de salario por cada día de retardo, contados a partir de los 30 días
hábiles posteriores a la radicación de la solicitud de las cesantía parcial, hasta
cuando se hizo efectivo el pago total de la prestación, para un total de 325 días
de mora, que las sumas reconocidas sean indexadas, que se dé cumplimiento a
la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA, que se paguen los
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 125000 23 42 000 2018 01889 01
Demandante : María Gladys Hernández Castellanos

intereses moratorios a que haya lugar y se condene en costas a la parte
demandada.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

El 11 de noviembre de 2016, la señora María Gladys Hernández Castellanos
presentó reclamación administrativa para el reconocimiento y pago de las
cesantías parciales. Dicha prestación fue reconocida por medio de la Resolución
nro. 6331 del 28 de agosto de 2017 y pagada el 17 de noviembre del mismo año.

Entre la fecha de la solicitud del reconocimiento y el pago efectivo de la misma,
transcurrieron 325 días de mora. Por eso y según la normativa aplicable, debe
reconocerse la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías parciales,
monto que debe pagarse indexado.

Mediante solicitud del 14 de febrero de 2018 con radicado nro. E-2018-27868,
se reclamó la sanción moratoria. El ente territorial a través del Oficio nro. S-2018-
46046 del 6 de marzo de 2018, remitió la petición a Fiduprevisora por ser la
entidad competente para dar respuesta; sin embargo, no se ha emitido
pronunciamiento alguno, configurándose el silencio administrativo negativo.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 2, 13, 16, 25, 29,
48, 53, 55, 56, 58 y 228 de la Constitución Política; Ley 57 de 1887; Ley 153 de
1887; Decreto 2277 de 1979; Ley 91 de 1989; Ley 4 de 1992; Ley 4 de 1966; Ley
5 de 1969; Ley 1071 de 2006; Ley 1437 de 2011; Ley 1429 de 2010 y demás
normas concordantes y pertinentes que regulan la materia.

En síntesis, en el concepto de violación expone que, al efectuarse el pago tardío
de las cesantías, se vulneró la especial protección que deben tener todos los
trabajadores, en especial el debido proceso, dado que no se obtuvo respuesta
de fondo a las pretensiones de la solicitud.

La entidad encargada del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías en el caso de los docentes es el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Lo anterior, en virtud de la Ley 91 de 1989.

1.4. Contestación de la demanda

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio guardó silencio.

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1.5. Sentencia de primera instancia1

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
“A”, mediante sentencia del 23 de junio de 2022, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. En ese sentido, en la parte resolutiva de la
providencia se dispuso declarar la nulidad del acto acusado y condenar a la
Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, a reconocer y pagar a favor de la demandante, la
sanción moratoria contemplada en el parágrafo del artículo 5° de la Ley 1071 de
2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, por el periodo
comprendido entre el 23 de febrero de 2017 y el 16 de noviembre de 2017, y
negó las demás pretensiones de la demanda.

Sostuvo el Tribunal de primera instancia que la accionante presentó solicitud de
reconocimiento y pago de cesantías parciales el día 11 de noviembre de 2016,
por lo que la entidad demandada contaba con 70 días hábiles para la expedición
del acto administrativo y pago de la prestación, término que concluyó el 22 de
febrero de 2017.

Así las cosas, desde el 23 de febrero de 2017 se causó la sanción moratoria a
cargo de la entidad demandada, hasta el 16 de noviembre de 2017, día anterior
a que fue puesto a disposición el pago de las cesantías a la demandante.

1.6. Recurso de apelación2.

La apoderada de la entidad demandada interpuso recurso de apelación
solicitando la revocatoria del ordinal tercero la sentencia de primera instancia, al
considerar que no es posible tener como fecha de pago la indicada por la
demandante, es decir el 17 de noviembre de 2017, debido a que conforme la
certificación emitida por Fiduprevisora S.A, el pago de las cesantías fue puesta
a disposición del docente el 26 de octubre de 2017.

De igual manera, indicó que en caso de que se reconozca a favor de la parte
demandante la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, no podrá
ordenarse el ajuste y/o indexación con base en el índice de precios al
consumidor, en virtud de lo señalado por el Consejo de Estado en la sentencia
de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 31 de enero de 2018, donde se dejó
claro que la sanción moratoria no tiene el alcance de un derecho laboral y, por
ende, no es procedente ordenar su reajuste.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

1 Folios 67 a 70 del expediente digital.
2 Folios 78 a 80 del expediente digital.

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Dentro del término previsto en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA,
modificado por la Ley 2080 de 2021, los sujetos procesales guardaron silencio.

Tampoco el Ministerio Público dentro de la oportunidad prevista para ello, emitió
concepto alguno.3

La Sala deja constancia que dado que el proceso se ha tramitado en forma legal
y no se observa causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por
el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó
recurso de alzada, el análisis se limita a los argumentos del respectivo recurso.

2.2. Problema jurídico

Esta Sala de Subsección se centrará en determinar si es procedente modificar
la sentencia de primera instancia mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones; para en su lugar, disminuir el número de días en mora a los cuales
se condenó a pagar.

A fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes temas: i) normativa y jurisprudencia aplicable al caso y ii) caso
concreto.

2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

2.3.1. Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria

El artículo 1° de la antedicha Ley 244 de 1995, establece que la entidad
empleadora deberá dentro de los 15 días hábiles siguientes a la reclamación del
interesado, expedir el acto administrativo correspondiente, sin perjuicio de las

3 numeral 6 del artículo 247 del CPACA modificado por la Ley 2080 de 2021.
4 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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solicitudes incompletas, las cuales deben subsanarse para que inicie el término
de la referencia, tal como se transcribe a continuación:

«Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores públicos
de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si
reúne todos los requisitos determinados en la Ley.

Parágrafo. - En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá
informárselo al penitenciario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la
solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hacen falta anexar.
Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos
señalados en el inciso primero de este artículo».

De igual manera, el artículo 2° ibidem, dispone que la entidad pagadora tendrá
un plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la firmeza del acto administrativo
que reconoce las cesantías, para cancelar dicha prestación, veamos:

«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco
(45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta
prestación social».

Ahora bien, la norma igualmente dispone una sanción moratoria cuando se
incumplen los términos para resolver la solicitud de cesantías, así como su pago.

El parágrafo del artículo en comento estipula la sanción mora, de la siguiente
manera:

«Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la
entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un
día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las
mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en
este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se
demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste».

Posteriormente, con la Ley 1071 de 2006 5 , se introdujo lo atinente al
reconocimiento de las cesantías parciales de los trabajadores y servidores del
Estado, así como su oportuno reconocimiento y cancelación; y se establecieron
los términos para efectuar dicho pago, así:

«Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación
de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los
peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y
pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los
requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la
solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez

5 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías

definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su
cancelación.”
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aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los
términos señalados en el inciso primero de este artículo».

Igualmente, el artículo 5° ibidem, consagró un término para el pago de las
cesantías parciales o definitivas y la correspondiente sanción por el
incumplimiento de este, consistente en el pago de un día de salario por cada día
de retraso, así:

«Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo
que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de
Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al
beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago
de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando
se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este».

Sobre el tópico en comento, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó jurisprudencia frente a la
fecha de causación de la sanción moratoria. Es así, como el aludido cuerpo
colegiado adujo que:

«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial
concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la
prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de manera tardía, el término
para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición
correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto
administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/20065), 10 del término de ejecutoria de la
decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia
del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles
a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los
70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata
el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)

Para mayor ilustración se trae a colación, las reglas jurisprudenciales fijadas por
esta Corporación en la misma sentencia de unificación, en cuanto a la
exigibilidad de la sanción moratoria en comento:

«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se puede
evidenciar en el siguiente cuadro:

TÉRMINO PAGO
HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA CESANTÍA CORRE MORATORIA
10 días, después de 45 días posteriores a la 70 días posteriores a la
PETICIÓN SIN
No aplica cumplidos 15 para expedir el ejecutoria petición
RESPUESTA
acto
Aplica pero no se tiene
ACTO ESCRITO 10 días, después de
en cuenta para el 45 días posteriores a 70 días posteriores a la
EXTEMPORANEO cumplidos 15 para expedir
computo del término la ejecutoria petición
(después de 15 días) el acto
de pago

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ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores a la 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
Personal ejecutoria notificación
TIEMPO notificación
10 días, posteriores a 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Electrónica certificación de acceso al ejecutoria notificación
TIEMPO
acto
10 días, posteriores al 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Aviso siguiente de entrega del ejecutoria entrega del aviso
TIEMPO
aviso
ACTO ESCRITO EN Sin notificar o notificado 10 días, posteriores al intento 45 días posteriores a la 67 días posteriores a la
TIEMPO fuera de término de notificación personal 9 expedición del acto
ejecutoria
45 días después de la 45 días desde la renuncia
ACTO ESCRITO Renunció Renunció renuncia
Adquirida, después de 45 días, a partir del 46 días desde la
ACTO ESCRITO Interpuso recurso notificado el acto que lo siguiente a la ejecutoria notificación del acto que
resuelve resuelve recurso
ACTO ESCRITO, 61 días desde la
RECURSO SIN Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días 45 días, a partir del interposición del recurso
RESOLVER de interpuesto el recurso siguiente a la ejecutoria

2.3.3. Indexación de la sanción moratoria y ajuste de la condena impuesta

El Consejo de Estado en la sentencia de unificación anteriormente mencionada
concluyó que la indexación no es procedente en el reconocimiento de la sanción
moratoria de las cesantías, pues su propósito es garantizar la actualización de
prestaciones sociales y en el caso de la sanción moratoria de las cesantías no
se está ante a un derecho o acreencia laboral, sino frente a una penalidad
económica por la negligencia de la entidad en el trámite para el pago de la
referida prestación de las cesantías.

«175. Es evidente, que la jurisprudencia de la Sección Segunda se inclinó por descartar la
procedencia de la indexación de la sanción moratoria, porque ésta penaliza la negligencia
del empleador en la obligación de reconocer y pagar oportunamente las cesantías a sus
empleados, que en términos monetarios constituyen sumas de dinero mayores a la
actualización a valor presente.

176 No obstante lo anterior, con el ánimo de esclarecer aún más el punto de la indexación
de la sanción moratoria, y amparados en el rol de órgano de cierre de la jurisdicción que en
el contexto del artículo 271 del CPACA, la Sala se permite reiterar el ya expuesto criterio
jurisprudencial, ofreciendo razones adicionales que lo refuerzan.

[...]

182. Visto lo anterior, es preciso concluir que la sanción moratoria por pago extemporáneo
de las cesantías es una sanción o penalidad cuyo propósito es procurar que el empleador
reconozca y pague de manera oportuna la mencionada prestación, más no mantener el
poder adquisitivo de la suma de dinero que la representa y con ella, la capacidad para
adquirir bienes y servicios o lo que la ley disponga como su propósito.

183. Desde la óptica del empleado, sí bien la sanción moratoria representa una suma de
dinero considerable, sucesiva mientras no se produzca el pago de las cesantías; ella ni lo
compensa ni lo indemniza por la ocurrencia de la mora del empleador en cumplir con su
obligación de dar, puesto que su propósito es procurar el pago oportuno de la prestación
social, razón por la cual, no es posible hablar que estamos ante un derecho o una acreencia
derivada de la relación de trabajo o de las eventualidades que el empleador ampare en
virtud de lo que ordena la ley.

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184. De ahí que, en materia de sanción moratoria sea necesario distinguir su naturaleza de
la voluntad legislativa de orientar que el empleado fuera su beneficiario, y en ese panorama
concluir que se trata de un derecho; pues contrario a ello, no se erige como una prerrogativa
prestacional en la medida que no busca proteger al trabajador de las eventualidades a las
que puede verse sometido durante una relación laboral, sino que se instituye como una
penalidad económica contra el empleador por su retardo en el pago de la prestación social
de las cesantías y en favor del servidor público.

185 En tal sentido, al no tratarse de un derecho laboral, sino de una penalidad de carácter
económica que sanciona la negligencia del empleador en la gestión administrativa y
presupuestal para reconocer y pagar en tiempo la cesantía, no es procedente ordenar su
ajuste a valor presente, pues, se trata de valores monetarios que no tienen intención de
compensar ninguna contingencia relacionada con el trabajo ni menos remunerarlo.

[...]

187. De acuerdo con lo anterior, las penalidades constituyen una sanción severa a quien
incumple con determinada obligación, siendo inviable su indexación porque con ello se
estaría ante doble castigo por la misma causa.

[...]

189. Ahora bien, esta situación debe ser mirada desde la óptica de ser una sanción que se
causó al constituirse en mora y cesar con el pago de la cesantías, y ese contexto, la
sentencia que la reconoce simplemente declara su ocurrencia y la cuantifica, sin que ello
implique el incumplimiento de una obligación generada por ministerio de la ley, tratándose
de empleados públicos, susceptible de ser ajustada con los índices de precios al
consumidor, cuyo propósito es mantener la capacidad adquisitiva y la finalidad que la
justifica en el ordenamiento jurídico.

190. Por ello, en juicio de la Sala para justificar la indexación de la sanción por mora en el
pago de las cesantías, no es viable acudir al contenido del último inciso del artículo 187 del
CPACA, según el cual, «Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de
dinero se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor», pues en
estricto sentido, la sentencia no reivindica ningún derecho ni obligación insatisfecha,
erigiéndose como generadora de un beneficio económico para el demandante cuya única
causa fue la demora en el pago de una prestación.

191. En suma, la naturaleza sancionadora, el cuantioso cómputo sistemático y prolongado
en el tiempo sin que implique periodicidad, y la previsión intrínseca del ajuste del salario
base con el IPC, indican con toda certeza que la sanción moratoria no puede indexarse a
valor presente, razón por la cual, la Sección Segunda del Consejo de Estado sentará
jurisprudencia en tal sentido. Sin embargo, ello no implica el ajuste a valor de la condena
eventual, en los términos descritos en el artículo 187 del CPACA.»

No obstante lo anterior, en cuanto al ajuste de la suma reconocida por sanción
moratoria, en providencias posteriores, el Consejo de Estado consideró que era
procedente el reajuste de las sumas en aplicación del artículo 187, pues así lo
hizo saber mediante sentencias bajo radicado 08001-23-33-000-2012-00224-
02(1752-15) del 30 de octubre de 2020 y 08001-23-33-000-2014-01207-
01(0902-17) del 12 de noviembre de 2020:

«Por otro lado, se advierte que si bien es cierto que no procede la indexación del capital
base de liquidación, esto es, el reajuste de la asignación básica con la cual debe ser
calculada la sanción, no lo es menos que ello no es óbice para dar aplicación al artículo 187
(inciso final) del CPACA, en el sentido de actualizar las sumas líquidas de dinero que
correspondan a la condena irrogada, tal como fue determinado por esta sección en
sentencia de unificación de 18 de julio de 20184.

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En tal virtud, la suma que deberá cancelar la entidad condenada por concepto de sanción
moratoria, se actualizará de acuerdo con la fórmula según la cual el valor presente (R) se
determinará multiplicando el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el
índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la
sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de la causación de la sanción.»

2.4 Caso concreto

La parte demandada, apeló la decisión de primera instancia, cuestionando el
número de días en mora ordenado por el Tribunal y el ajuste de la sanción
moratoria. Al respecto manifestó que debió tenerse en cuenta la fecha en que se
dejó a disposición de la interesada el pago de la prestación, lo que conlleva un
número menor de días en mora; además conforme a la sentencia de unificación
del 31 de enero de 2018 no es procedente el ajuste de la condena impuesta.

Para resolver el primer reparo, se verificará el cómputo del Tribunal de primera
instancia. Así:

TÉRMINO PAGO
HIPOTESIS NOTIFICACIÓN CORRE EJECUTORIA CESANTÍA CORRE MORATORIA
Aplica pero no se 70 días posteriores a
ACTO ESCRITO 10 días, después de 45 días la
tiene en cuenta para
EXTEMPORANEO cumplidos 15 para expedir posteriores a la Petición
el computo del
(después de 15 días) el acto ejecutoria
término de pago

La petición de cesantías No se tiene en cuenta. Los 15 días para expedir el Los 45 días Es decir que en este
fue presentada el 11 de acto se vencían el 5 de posteriores a la caso la mora empezó
noviembre de 2016. diciembre de 2016. ejecutoria, a correr desde el día
La Resolución nro. Los 10 días de ejecutoría comenzaron a 23 de febrero de
6331, que las reconoció se cumplieron el 20 de contabilizarse 2017, hasta el 16 de
se expidió el 28 de diciembre de 2016. desde el 21 de noviembre de 2017,
agosto de 2017. diciembre de día anterior a la fecha
2016 y vencieron desde la que tuvo a
(Acto Extemporáneo) el 22 de febrero disposición el
de 2017. interesado el pago.

Inconforme con el extremo final de la sanción mora calculada por el a quo, la
parte demandada afirmó que el dinero correspondiente al pago de las cesantías
estuvo a disposición de la señora Hernández Castellanos desde el 26 de octubre
de 2017 y no el 17 de noviembre. Para ese efecto, trajo a colación el certificado
emitido por Fiduprevisora S.A del 2 de diciembre de 2021.

La Sala advierte sobre el certificado allegado por la entidad demandada en el
recurso de apelación que no se puede tomar como prueba para establecer la
posible disminución de la sanción moratoria, en tanto no se allegó en las
oportunidades procesales para incorporar pruebas, como lo disponen los
artículos 212 y 247 del CPACA, modificados por los artículos 53 y 67 de la Ley
2080 respectivamente.

Pese a lo anterior, considera la Sala que le asiste razón parcialmente a la parte
apelante, en cuanto al cuestionamiento planteado frente a la fecha en la cual

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 125000 23 42 000 2018 01889 01
Demandante : María Gladys Hernández Castellanos

estuvo a disposición el dinero a la demandante. Véase que en el plenario obra la
certificación bancaria o colilla de pago del Banco BBVA, documento del cual se
resalta que en el punto “observación 2”, se consignó la fecha «20171025»
seguido de la expresión "NOMINA DE CESANTIAS PARCIALES CORREPON»,
lo cual es indicativo que en dicha data estuvo a disposición de la interesada el
dinero, como se ha interpretado en asuntos similares por esta Corporación. De
manera que, es esta fecha, y no la de retiro del dinero por parte del docente
(17/11/2017), la que debió tener en cuenta el Tribunal para la correspondiente
contabilización de la sanción moratoria.

En ese orden, conforme el computo efectuado, se tiene que la mora se causó
entre el 23 de febrero y el 24 de octubre de 2017, para un total de 244 días de
mora; por lo que se impone modificar en este sentido la sentencia de primera
instancia.

De otro lado, en cuanto al ajuste de la condena concedido por el a quo, estima
la Sala que no le asiste razón a la parte apelante, pues tal como se consignó en
el acápite de «premisa normativa y jurisprudencial», en la sentencia de
unificación de 18 de junio de 2018, la improcedencia de la indexación en el
reconocimiento de sanción moratoria no impide el ajuste al valor de la condena
en los términos del artículo 187 ibidem.

Lo anterior fue reiterado en sentencia del 12 de noviembre de 20206, en la cual
se sostuvo que si bien no procede la indexación del capital base de liquidación –
esto es, los salarios tenidos en cuenta para el cálculo de la sanción-; ello no
impedía la actualización de las sumas o valores a cuyo pago se condena.

En ese orden de ideas, se modificará el ordinal 3 de la sentencia de 23 de junio
de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección “A”, en cuanto al término de la sanción moratoria. En lo
demás se confirmará la sentencia.

2.5. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas a la
parte demandada; si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las
partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos
términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, no puede

6 Expediente radicado 08001-23-33-000-2014-01207-01(0902-17)

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Radicado : 125000 23 42 000 2018 01889 01
Demandante : María Gladys Hernández Castellanos

observarse que el recurso de apelación hubiese sido presentado con carencia
de fundamentación legal; por el contrario, el recurso prosperó parcialmente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. Modificar el numeral tercero de la sentencia proferida el 23 de junio
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “A”, el cual quedará así:

«TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar la sanción moratoria a la
señora María Gladys Hernández Castellanos, correspondiente a un día de salario por cada
día de retardo para el periodo transcurrido desde el 23 de febrero de 2017 al 24 de octubre
de 2017, en los términos del artículo 5° de la Ley 1071 de 2006, de conformidad a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia».

SEGUNDO. Se confirma en lo demás la sentencia apelada

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en
las motivaciones de esta providencia.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
consejero de Estado consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y
el art. 186 del CPACA.
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