Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2018-00627-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2018-00627-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2018-00627-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
28 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001 23 33 000 2018 00627 01 (3697-2021)
Demandante: Guillermo Silva Huertas
Demandado: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio)
Temas: Sanción moratoria por pago incompleto de las cesantías
definitivas – indexación de la condena
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Nación
(Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio)
contra la sentencia proferida el 29 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Tolima, mediante la cual accedió a las súplicas de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Guillermo Silva Huertas, por conducto de
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de los oficios
SAC2018RE5810 del 20 de junio de 2018 y SAC2018EE8918 del 25 de agosto de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 73001 23 33 000 2018 00627 01 (3697-2021)
Demandante: Guillermo Silva Huertas
2018, mediante los cuales reclamó el pago completo de las cesantías definitivas y
la sanción moratoria por la tardanza en la cancelación, de conformidad con lo
establecido en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó (i) ordenar el pago del saldo que se debe
por concepto de cesantías definitivas; (ii) reconocer la sanción establecida en la Ley
244 de 1995, subrogada por la Ley 1071 de 2006, que corresponde a un día de
salario por cada día de retraso, a partir del momento en que se debió pagar la
totalidad de sus cesantías «y no parcial como lo realizaron el 30-10-2015».
1.1.2. Hechos
Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:
(i) El 12 de marzo de 2015, el señor Guillermo Silva Huertas formuló solicitud dirigida
a obtener el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas, por retiro del
servicio docente.
(ii) El 9 de mayo de 2015, se le notificó al actor, la Resolución 3234 del 26 de mayo
de 2015, en la cual se reconocieron sus cesantías definitivas; sin embargo, dicho
acto administrativo contiene un error, pues al efectuar la liquidación no se incluyó la
prima de servicios ni la bonificación mensual docente, que son factores que
debieron computarse para ese efecto. Contra dicho acto administrativo procedía el
recurso de reposición, el cual no es obligatorio para agotar la actuación ante la
administración.
(iii) De acuerdo con los elementos probatorios allegados con la demanda, se puede
constatar que la relación laboral del demandante estuvo vigente desde el 24 de abril
de 1981 hasta el 4 de enero de 2015. Con aquellos también está demostrado que
la solicitud dirigida a obtener el pago de sus cesantías definitivas se formuló el 13
de marzo de 2015, según el radicado 2015-CES-006364 y que el pago parcial se
abonó cuando había vencido el plazo establecido por la ley, esto es, el 30 de octubre
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Radicación: 73001 23 33 000 2018 00627 01 (3697-2021)
Demandante: Guillermo Silva Huertas
de 2015.
(iv) Con sustento en lo anterior, al actor se le debe un día de salario por cada día
de retraso desde el 30 de junio de 2015, fecha en la que se debió pagar, en su
totalidad, la prestación, y hasta el día en que se realice el desembolso pleno y no
de manera parcial como se hizo. Dicha petición tiene fundamento en lo dispuesto
en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
(v) De acuerdo con la liquidación enunciada en el numeral séptimo de los hechos
de la demanda, al actor le deben una diferencia por concepto de cesantías
definitivas, por valor de $4.600.856; debido a lo anterior, el señor Silva Huertas
formuló una solicitud dirigida a obtener el «pago verdadero de sus cesantías
definitivas» y la sanción respectiva, en aplicación de las disposiciones legales antes
mencionadas. La petición fue radicada el 28 de mayo de 2018 y resuelta en forma
adversa, mediante los oficios acusados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 2, 13, 25, 29 y 53 de la Constitución Política;
Las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y los Decretos 1545 de 2013 y 1273 de 2018.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:
(i) Con los actos censurados no se asegura la convivencia pacífica y la vigencia de
un orden justo, ni se garantiza el derecho al trabajo, ni el debido proceso, ni la
remuneración mínima vital y móvil y demás derechos derivados del artículo 53 del
ordenamiento superior.
(ii) La entidad demandada desconoció la Ley 244 de 1995, subrogada por la Ley
1071 de 2006, en las que se establecen los términos en los que se deben reconocer
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Demandante: Guillermo Silva Huertas
y pagar las cesantías parciales y definitivas a los empleados, pago que no está
sujeto a disponibilidad presupuestal, pues los dineros destinados a ese efecto,
deben estar aprovisionados por parte del Estado. En ese contexto, como la Nación
(Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio)
no pagó al actor su prestación definitiva en el término de ley, quebrantó esa
normativa.
(iii) La entidad no dio cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1272 de 2018,
particularmente lo previsto en los artículos 2.4.4.2.3.2.22 a 2.4.4.2.3.2.22, según los
cuales las solicitudes de reconocimiento de las cesantías a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se deben resolver dentro de los
15 días siguientes a la radicación de la petición completa por parte del peticionario
y se fijan los demás términos y procedimientos para decidir un trámite de tal
naturaleza.
(iv) En ese sentido y atendiendo que en la sentencia de unificación SUJ-012-S2,
emitida por el Consejo de Estado, se fijó el criterio según el cual los docentes
oficiales sí son destinatarios de la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias
y se fijaron los términos para la exigibilidad de la sanción moratoria, se puede inferir
que la autoridad administrativa incurrió en las prohibiciones dispuestas en el artículo
35, numerales 1, 2, 7 y 8, de la Ley 734 de 2002 y en las prohibiciones de que tratan
los artículos 9, numeral 4, de la Ley 1437 de 2011, y 9 del Decreto 019 de 2012, en
cuanto no debían exigir documentos que ya reposaban en los archivos de la entidad
ante la cual se estaba tramitando la petición.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. La Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio)
La entidad demandada no contestó la demanda.
1.2.2. El departamento del Tolima
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Radicación: 73001 23 33 000 2018 00627 01 (3697-2021)
Demandante: Guillermo Silva Huertas
La autoridad territorial demandada, por intermedio de su apoderado, contestó la
demanda1 y se opuso a la prosperidad de sus pretensiones. Para tal efecto, invocó
los siguientes argumentos:
(i) La Secretaría de Educación actúa en representación del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual fue creado como una cuenta especial
de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, pero sin
personería jurídica y adscrita al Ministerio de Educación Nacional, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley 91 de 1989, 56 de la
Ley 962 de 2005 y el Decreto 2831 de 2005, reglamentario de las aludidas
disposiciones legales. En ese sentido, la mencionada secretaría actúa como
intermediaria, de manera que, en el evento de que se concluya que existe alguna
responsabilidad para el pago de la sanción moratoria reclamada en el proceso, su
reconocimiento se debe ordenar con cargo al Fomag.2
(ii) Deben prosperar las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
cobro de lo no debido, prescripción y las que, de forma oficiosa, se consideren
probadas.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 29 de julio de 2021,3
accedió al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la tardanza en el pago
de las cesantías definitivas del demandante, por el periodo comprendido entre el 1.º
de julio y el 16 de septiembre de 2015 e impuso la condena a cargo de la Nación
(Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio),
con base en los siguientes argumentos:
(i) En el expediente se acreditó que el actor formuló solicitud encaminada a lograr
el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas, mediante petición del 12 de
1 Folios 78 a 95.
2 Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
3 Folios 227 a 224.
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Radicación: 73001 23 33 000 2018 00627 01 (3697-2021)
Demandante: Guillermo Silva Huertas
marzo de 2015 y el pago de estas se produjo el 17 de septiembre de ese año.
Además, contra el acto administrativo que reconoció dicha prestación no se
interpusieron los recursos de ley, lo que llevó a que cobrara firmeza.
(ii) Lo anterior quiere decir que la petición formulada el 28 de mayo de 2018 resulta
impertinente e improcedente para reclamar la reliquidación de la prestación, pues el
demandante no formuló los recursos procedentes contra el acto que ordenó el
reconocimiento y pago de aquella, y ese era el momento en el cual debía solicitar
que se corrigiera el valor ordenado por concepto de sus cesantías, en lo que se
refiere a los factores tenidos en cuenta para la liquidación. Siendo así, como la
demanda en curso se radicó el 29 de noviembre de 2018, para ese momento ya
había fenecido la posibilidad de cuestionar la Resolución 3234 del 26 de mayo de
2015, que reconoció la prestación definitiva, pues habían transcurrido más de 4
meses desde su firmeza.
(iii) En lo que respecta al Oficio SAC2018EE8918 del 25 de septiembre de 2018,
este no es susceptible de ser enjuiciado, porque fue emitido como consecuencia del
memorial presentado el 24 de septiembre de 2018, el cual no tiene las formalidades
exigidas por los artículos 74 a 81 de la ley 1437 de 2011, para considerar que, con
él se pretendía agotar la actuación administrativa y, bajo esa consideración, la
controversia se analizará, únicamente, en torno al Oficio SAC2018RE5810 del 20
de junio de 2018 y, en ese escenario, lo único que se definirá es si hay lugar al
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías
definitivas.
(iv) De conformidad con la ley, las actuaciones administrativas inician, entre otros,
por quienes ejerciten el derecho de petición en interés particular, y dentro de las
garantías correlativas a aquel están las de obtener respuesta oportuna y eficaz en
los plazos establecidos para ese efecto, exigir el cumplimiento de las
responsabilidades por parte de los servidores públicos, quienes no pueden requerir
constancias, certificaciones o documentos que reposen en la entidad respectiva o
aquellos no previstos por las normas legales aplicables a los procedimientos de la
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Radicación: 73001 23 33 000 2018 00627 01 (3697-2021)
Demandante: Guillermo Silva Huertas
gestión que se esté tramitando, ni demorar, en forma injustificada, la expedición de
un acto o su comunicación o notificación; por otra parte, las peticiones dirigidas a la
administración no se pueden reputar incompletas por la falta de requisitos o
documentos que no hagan parte del marco jurídico vigente o cuando se encuentren
dentro de los archivos de aquella, pues eso atenta contra el principio de eficacia.
(v) En el anterior marco, la comunicación 10 del 1.º de septiembre de 2017 emitida
por la Fiduprevisora, desconoce las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, así como
los Decretos 019 de 2012, 1545 de 2013 y 1273 de 2018, pues afecta los derechos
del servidor público que estaba tramitando la solicitud de sanción moratoria; y, en
ese sentido, lo que procede es determinar el término en que se pagaron las
cesantías al docente e identificar si este fue o no oportuno.
(vi) En tales condiciones, como la petición de cesantías se radicó el 12 de marzo de
2015 y el pago se produjo el 17 de septiembre de ese año, se concluye que hubo
mora, por parte de la administración, entre el 1.º de julio y el 16 de septiembre del
referido año, de manera que durante ese periodo procede la sanción moratoria
reclamada.
(vii) Finalmente, la condena debe ser actualizada en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 187 en concordancia con el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
1.4. El recurso de apelación
La Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio), actuando por intermedio de apoderado, interpuso el recurso de
apelación parcial en contra de la sentencia de primera instancia.4 Para sustentar su
oposición indicó lo siguiente:
4 Folios 235 y 236.
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Radicación: 73001 23 33 000 2018 00627 01 (3697-2021)
Demandante: Guillermo Silva Huertas
(i) La disconformidad con la decisión adoptada se centra en lo ordenado en el
numeral 5 de la parte resolutiva de la sentencia en cuanto dispuso la actualización
de la condena, toda vez que hay incompatibilidad entre la sanción moratoria y la
indexación, tal como lo ha considerado el Consejo de Estado.5
(ii) En efecto, la sanción moratoria constituye una penalidad que tiene por objeto el
reconocimiento y pago a cargo del empleador, de una suma de dinero producto de
la tardanza en que incurrió para la cancelación de las cesantías a favor del
empleado, pero no para mantener el poder adquisitivo de aquella, y, en ese sentido,
ante la incompatibilidad de uno y otro reconocimiento, debe revocarse la decisión
adoptada en esa materia, pues el indexar la condena haría más gravosa la situación
de la administración.
1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes demandante y demandada guardaron silencio en esta etapa procesal.6
1.7. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si era viable que el a quo ordenara la indexación de la
condena en aplicación de lo dispuesto en el artículo 187 del Código de
5 Para tal efecto, se cita un aparte de la sentencia dictada en el radicado 73001 23 33 000 2014
00570 01.
6 En el informe secretarial que obra en el folio 247 no se hace mención de la actuación que hubieran
realizado las partes en esta etapa y en la plataforma Samái no aparece memorial de alegatos de
conclusión por ninguna de ellas.
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Radicación: 73001 23 33 000 2018 00627 01 (3697-2021)
Demandante: Guillermo Silva Huertas
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
2.2. Marco normativo
La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno
de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras
disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días para que
la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los
servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la solicitud
que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de que la
petición esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro
de los diez días hábiles siguientes al recibo de aquella, y señalar expresamente los
requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen, pueda proferir el acto
que reconozca la prestación, en el término inicialmente indicado.
El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.
Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada
en la aludida ley, en especial, los siguientes:
[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores
públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el
cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha
terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen
consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la
necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los
funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina
además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las
solicitudes, prácticamente al mejor postor.
Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga
al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal
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Demandante: Guillermo Silva Huertas
meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante
que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando
esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin
ningún reconocimiento para el trabajador7.
La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de
las cesantías definitivas y parciales8 de los servidores públicos, en sus artículos
4 y 5 determinó lo siguiente:
Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.
Por otra parte, el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 determina el contenido que
7 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
8 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la
administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar
estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de
cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma
podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y
adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de
gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente. /-
2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus
hijos.».
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Radicación: 73001 23 33 000 2018 00627 01 (3697-2021)
Demandante: Guillermo Silva Huertas
debe estar inmerso en las sentencias dictadas por los jueces de la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo, dentro del trámite ordinario, así:
Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella
se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de
las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente
necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y
precisión y citando los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra
que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior
estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la
no reformatio in pejus.
Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y
modificar o reformar estas.
Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se
ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor.
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
(i) El 26 de mayo de 2015,9 el secretario de educación y cultura del departamento
del Tolima expidió la Resolución 3234, a través de la cual ordenó el reconocimiento
y pago de las cesantías definitivas a favor del señor Guillermo Silva Huertas,
producto de la solicitud que en tal sentido formuló el 12 de marzo de 2015.
(ii) El 17 de septiembre de 2015,10 se pagó la prestación.
(iii) El 28 de mayo de 2018,11 el demandante dirigió petición a la Nación (Ministerio
de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Regional
Tolima) en la cual reclamó la liquidación de sus cesantías definitivas con todos los
9 Folios 4 y 5.
10 Según se indicó en el folio 221.
11 Folio 11.
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Demandante: Guillermo Silva Huertas
factores salariales a que tenía derecho, comoquiera que en el cálculo que dio origen
al valor reconocido en la Resolución 3234 del 26 de mayo de 2015 se omitió incluir
los factores denominados bonificación mensual y prima de servicios; de igual
manera, requirió el reconocimiento de la sanción moratoria por la tardanza en el
pago de su prestación y de los ajustes de valor a que haya lugar.
(iv) El 20 de junio12 y el 25 de septiembre de 2018,13 el profesional especializado de
prestaciones sociales del magisterio de la Secretaría de Educación del Tolima
expidió los Oficios SAC2018RE5810 y 2018RE8918, respectivamente, en los cuales
se refirió a las peticiones formuladas por el demandante el 28 de mayo y 24 de
septiembre de ese año, en las que, entre otras cosas, reclamó la sanción moratoria
por la tardanza en el pago de sus cesantías definitivas. En dichos actos se le solicitó
cumplir los siguientes requisitos:
Registrarse en el sistema NURFII bajo la denominación fallo ajuste a la cesantía
Acreditar el pago por parte del Banco BBVA
Anexar certificación link FIDUPREVISORA S.A. sobre el pago efectuado
Resolución que reconoció las cesantías. Decreto de los 3 años anteriores es decir a
partir de 2015.
Así mismo deberá anexar:
Formato de solicitud
Cédula del docente
Radicado NURF II
Certificado de salarios de las fechas que con que (sic) se debe liquidar la sanción por
mora.
Anexos.
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
En primer lugar, se precisa que, en el recurso de apelación, el apoderado de la
entidad demandada solo formuló oposición en torno a la orden de indexar la
condena, dispuesta en la sentencia de primera instancia, al tenor de lo señalado en
el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011; por lo tanto, en aplicación de lo establecido
12 Folio 8.
13 Folios 9 y 10. En la petición que dio origen a este oficio, visible en los folios 13 a 18, el actor requirió
dar respuesta de fondo a su solicitud anterior, en consideración a que la entidad no puede exigir
documentos que reposan en sus archivos.
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Radicación: 73001 23 33 000 2018 00627 01 (3697-2021)
Demandante: Guillermo Silva Huertas
en los artículos 32014 y 32815 del Código General del Proceso, el pronunciamiento
de segundo grado solo se circunscribirá a analizar si en el caso bajo examen
procedía impartir dicha orden, atendiendo que la condena se refiere a una sanción
moratoria, por el pago extemporáneo de las cesantías y, en sentir de la parte
recurrente, esta es incompatible con aquella.
A efecto de resolver el problema jurídico planteado, es necesario señalar que lo que
persigue la sanción moratoria que se ordenó en primera instancia es imponer una
carga pecuniaria al empleador que incumple el deber legal de pagar oportunamente
las cesantías a sus empleados, la cual fue concebida «como un mecanismo de
reparación al trabajador respecto de la mora del empleador».16 Y, para el caso
concreto, aquella se impuso como consecuencia de la tardanza en la cancelación
de la prestación definitiva a favor del señor Guillermo Silva Huertas.
Por su parte, la indexación de las condenas que imponen el pago o la devolución
de sumas de dinero tiene su fuente en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, y su
finalidad consiste en actualizar o revalorizar las condenas impuestas por esta
jurisdicción, lo cual no hace la deuda más onerosa, pues, se insiste, su propósito
no es otro que mantener su valor económico real frente a la progresiva devaluación
de la moneda; ello quiere decir que la suma reconocida por ese concepto no se
modifica, sino que, una vez establecido su monto para el momento en que aquella
se causó, se trae al valor real de la época en que se ordena su reconocimiento.
Sobre el punto anterior, es importante señalar que esta Sección, en la Sentencia de
Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 realizó el siguiente análisis:
175. Es evidente, que la jurisprudencia de la Sección Segunda se inclinó por
descartar la procedencia de la indexación de la sanción moratoria, porque ésta
14 Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
15 Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
16 Sentencia C-781 de 2003.
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penaliza la negligencia del empleador en la obligación de reconocer y pagar
oportunamente las cesantías a sus empleados, que en términos monetarios
constituyen sumas de dinero mayores a la actualización a valor presente.
[…]
185. En tal sentido, al no tratarse de un derecho laboral, sino de una penalidad de
carácter económica que sanciona la negligencia del empleador en la gestión
administrativa y presupuestal para reconocer y pagar en tiempo la cesantía, no es
procedente ordenar su ajuste a valor presente, pues, se trata de valores monetarios
que no tienen intención de compensar ninguna contingencia relacionada con el
trabajo ni menos remunerarlo.
[…]
187. De acuerdo con lo anterior, las penalidades constituyen una sanción severa a
quien incumple con determinada obligación, siendo inviable su indexación porque
con ello se estaría ante doble castigo por la misma causa.
[…]
191. En suma, la naturaleza sancionadora, el cuantioso cómputo sistemático y
prolongado en el tiempo sin que implique periodicidad, y la previsión intrínseca del
ajuste del salario base con el IPC, indican con toda certeza que la sanción moratoria
no puede indexarse a valor presente, razón por la cual, la Sección Segunda del
Consejo de Estado sentará jurisprudencia en tal sentido. Sin embargo, ello no
implica el ajuste a valor de la condena eventual, en los términos descritos en el
artículo 187 del CPACA. [Destaca la Sala]
Finalmente, en dicha providencia, se fijó la regla jurisprudencial que se transcribe a
continuación:
CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por
pago tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 187 del CPACA. [Se resalta]
De la exposición anterior se concluye que la Sección consideró que no es viable
indexar la sanción moratoria, como tal, pues ello constituiría un «doble castigo
por la misma causa» lo que, en últimas, quiere decir que no puede haber
simultaneidad en la aplicación de esas dos figuras, por un lado, que se genere la
penalidad, por el lapso en que ocurrió la tardanza en el pago de la prestación y, por
otro lado, el ajuste de valor de las sumas causadas por concepto de la sanción, en
idéntico lapso, pues es esa simultaneidad la que podría llegar a originar un doble
pago por un mismo concepto, máxime cuando, a voces de la providencia en cita,
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«en términos monetarios [la sanción constituye una suma de dinero mayor]17 a la
actualización a valor presente» y, por ende, ha de preferirse esta.
No obstante, una vez precisado lo anterior y sentada la jurisprudencia en ese
aspecto, la providencia de unificación dejó claro que dicho análisis y regla era
aplicable «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA»18 lo que
quiere decir que el hecho de que no se aplique la indexación o actualización
monetaria a la sanción moratoria propiamente dicha y durante el tiempo que
comprende dicha penalidad, no implica que a la suma líquida reconocida en una
sentencia condenatoria por ese concepto, no pueda aplicarse la regla del artículo
187 de la Ley 1437 de 2011.
Así lo ha considerado esta subsección, entre otras,19 en la providencia que se cita
a continuación:20
De otro lado, en cuanto al ajuste de la condena concedido por el a quo, estima la Sala
que no le asiste razón a la parte apelante, pues tal como se consignó en el acápite de
«premisa normativa y jurisprudencial», en la sentencia de unificación de 18 de junio
de 2018, la improcedencia de la indexación en el reconocimiento de sanción moratoria
no impide el ajuste al valor de la condena en los términos del artículo 187 ibidem.
En las anteriores circunstancias, la Sala concluye que lo que es improcedente es
aplicar de manera simultánea la penalidad, por el lapso en que ocurrió la mora y, a
la vez, actualizar las sumas generadas por concepto de esta durante igual periodo,
lo anterior, para evitar una doble sanción por idéntica causa; empero, sí es viable
traer a valor presente el capital causado por concepto de sanción moratoria —que
17 Se ajusta el contenido de la transcripción para que se adapte a la idea que se pretende exponer
en este aparte de la providencia.
18 Como se señaló en la regla del numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia en cita.
19 Ver también sentencia del 22 de julio de 2021, radicación 66001 23 33 000 2017 00292 01, número
interno: 0930-19, M.P. William Hernández Gómez.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado: 25000 23 42 000 2018 01889 01,
número interno: 5260-2023, M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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para este caso es el que se generó en el año 2015—21 hasta la ejecutoria de la
sentencia correspondiente, pues para esta última fecha han transcurrido más de 9
años y, por ende, el monto que se consolidó, en su momento, por concepto de la
sanción y que, en principio, debió pagarse en la mencionada anualidad, ha perdido
su valor y se encuentra desactualizado.
Las razones expuestas son suficientes para considerar que se debe confirmar la
sentencia de primera instancia, concretamente lo dispuesto en el numeral quinto de
su parte resolutiva,22 en el que se ordenó la indexación de las sumas reconocidas,
en aplicación de lo establecido en el artículo 187 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que constituye el único asunto
materia del recurso de apelación.
2.5. Condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,23 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
21 Se precisa que la sanción moratoria se ordenó por el lapso comprendido entre el 1 de julio y el 16
de septiembre de 2015, como consta en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia.
22 De manera expresa, el numeral citado señaló: « QUINTO: La Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, dará cumplimiento a lo
dispuesto en este fallo, en los términos indicados en el artículo 192 del C. de P. A. y de lo C. A.; las
anteriores sumas reconocidas serán indexadas, conforme a lo establecido en el artículo 187
Ib. y devengarán intereses en los términos previstos en el inciso tercero del artículo 192 de la misma
norma». Se destaca lo pertinente, pues constituye el objeto de análisis en esta providencia.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
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Demandante: Guillermo Silva Huertas
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que se debe confirmar la sentencia de primera
instancia que accedió a las pretensiones de la demanda y, concretamente, ordenó
la actualización de la condena, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 187 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y que
no se debe imponer condena en costas de segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Demandante: Guillermo Silva Huertas
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 29 de julio de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, que accedió a las pretensiones de la demanda en el
proceso promovido por Guillermo Silva Huertas contra la Nación (Ministerio de
Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), de
conformidad con lo expuesto en las consideraciones que anteceden.
Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandante, según lo manifestado en la parte motiva.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG
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