Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00292-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Cesantías: sanción moratoria
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00292-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2017-00292-01
Consejero ponente: William Hernández Gómez
22 de julio de 2021
CESANTÍAS - Sanción moratoria / DOCENTES OFICIALES - Servidores públicos / SERVIDORES PÚBLICOS - Beneficiarios de sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 / SANCIÓN MORATORIA - Procedencia por la tardanza en el pago de las cesantías / SANCIÓN MORATORIA - Causación / INDEXACIÓN DE LOS VALORES QUE RESULTEN A FAVOR - Improcedente
Los docentes oficiales se encuentran englobados por la categoría de servidores públicos y, por ende, resulta forzoso concluir que la sanción por mora de que tratan las normas referenciadas, ampara el derecho que les asiste a percibir de manera oportuna las cesantías de la que son acreedores. Los 70 días hábiles para el pago del auxilio de cesantías reclamadas en el sub examine, contados a partir de la radicación de la solicitud, se cumplieron el 23 de enero de 2013 y en tanto la consignación correspondiente se produjo el 26 de febrero de 2014, se encuentra demostrada la causación de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, entre el 30 de enero de 2013 y el 26 de febrero de 2014. A la demandante sí le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria en tanto que, entre la fecha en que solicitó su prestación y la que se pagó efectivamente la misma transcurrieron más de 70 días. Las previsiones desarrolladas en la sentencia de unificación que se cita imponen desestimar la pretensión de indexación de las sumas que se deriven de la sanción por mora que habrá de reconocerse, pese a lo cual amerita precisarse que el inciso final del artículo 187 del CPACA señala de manera clara el ajuste de valor o indexación de las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, es decir, de las condenas que se deriven de la sentencia que defina la situación jurídica del libelista en este caso, y no desde el momento de causación de la sanción por mora, pues como quedó expuesto dicho ajuste de valor implicaría el reconocimiento doble de la penalidad impuesta al empleador por virtud de la Ley 1071 de 2006 y el Decreto 1272 de 2018.
FUENTE FORMAL: LEY 1071 DE 2006 / LEY 244 DE 1995
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN "A"
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 66001-23-33-000-2017-00292-01(0930-19)
Actor: MARIA DOLLY ROMERO CASTAÑO
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. TEMA: SANCIÓN MORATORIA CESANTÍAS DEFINITIVAS. IMPROCEDENCIA INDEXACIÓN. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA. LEY 1437 DE 2011.
ASUNTO
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la sentencia proferida el 6 de julio de 2018 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora María Dolly Romero Castaño en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011, formuló, en síntesis, las siguientes:
Pretensiones
Declarar la nulidad de la Resolución 5415 del 24 de octubre de 2016, expedida por la Secretaria de Educación Municipal de Pereira, por medio de la cual negó a la señora María Dolly Romero Castaño la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción por mora reglada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la entidad demandada a reconocer y pagar la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías definitivas, debidamente ajustadas a la ejecutoria de la sentencia conforme al I.P.C. según lo instituye el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Igualmente, el reconocimiento y pago de intereses moratorios a partir de la ejecutoria del fallo hasta que se efectúe el pago de la sanción moratoria y se condene en costas.
Supuestos fácticos relevantes indicados en la demanda
La demandante laboró como docente oficial y el 17 de octubre de 2012 solicitó ante la Secretaria de Educación Municipal de Pereira, el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas.
Por medio de la Resolución 847 del 30 de diciembre de 2013 le fue reconocido el auxilio de cesantías solicitado, que fue cancelado el 26 de febrero de 2014.
Entre el vencimiento del plazo con el que contaba la entidad demandada para pagar las cesantías solicitadas y en el tiempo que efectivamente fueron canceladas transcurrieron 399 días de mora.
El día 20 de septiembre de 2016 solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías definitivas, con lo cual agotó la actuación administrativa.
La Secretaria de Educación Municipal de Pereira expidió la Resolución 5415 del 24 de octubre de 2016, con la cual negó el reconocimiento de la sanción moratoria.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la prueba. En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de “tuerca y tornillo”, porque es guía y ajuste de esta última.
En la audiencia inicial se fijó el litigio de la siguiente manera:
«[…] consiste en establecer si fue oportuno el pago efectuado en favor de la demandante, por concepto de cesantías definitivas reconocidas por medio de la Resolución 847 del 30 de diciembre de 2013, expedida por la Secretaria de Educación Municipal de Pereira, y en caso de retardo, determinar la eventual causación de la sanción moratoria por dicho concepto, a cargo de la entidad demandada, a lo cual se opone ésta, al considerar que el pago de las cesantías en el caso de los educadores afiliados al mencionado Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no se encuentran sujeto a los términos y a la sanción prevista en las normas generales, sin que éstas puedan hacerse extensivas a un régimen especial que no contempla dicha sanción moratoria.
Acto seguido, la Magistrada instructora indaga a las partes sobre los hechos y extremos de la litis respecto de los cuales exista consenso, frente a lo cual indica el despacho que en ese sentido se fijó el litigio e igualmente con la excepción de prescripción que corresponde per se a la decisión de mérito. […]». (texto original)
Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Risaralda profirió sentencia el 6 de julio de 2018, en la que accedió a las súplicas de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Para resolver la controversia efectuó un resumen del marco legal y jurisprudencial de la sanción moratoria regulada en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, y definió que a los docentes que acrediten que la entidad les pagó las cesantías parciales o definitivas por fuera del tiempo consagrado en la Ley les asiste el derecho al reconocimiento y pago de la citada sanción.
De otro lado, señaló que la Ley 244 de 1995 fijó los términos para el pago de las cesantías definitivas a los servidores públicos en los artículos 1 y 2, y que, posteriormente, con la expedición de la Ley 1071 de 2006, tales disposiciones se subrogaron con el ánimo de ampliar el derecho y cobijar a los trabajadores a obtener la mora en el evento del retiro de cesantías parciales o definitivas, igualmente analizó las disposiciones de la Ley 91 de 1989 y recientes jurisprudencias del Consejo de Estado.
En ese sentido, encontró que se causó una mora en el pago de las cesantías que trascurrió entre el 30 de enero de 2013 y el 26 de febrero de 2014, por lo que concluyó que la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción regulada por las Leyes 244 y 1071.
Frente a la prescripción, indicó que la interesada presentó solicitud de cancelación de la sanción moratoria a la administración el día 20 de septiembre de 2016, resulta claro que la mora causada con anterioridad al 20 de septiembre del 2013 se encuentra afectada del fenómeno de prescripción, lo que quiere decir que la sanción generada entre el 31 de enero de 2013 - día siguiente al vencimiento de los 70 días con que se contaba la entidad para efectuar el pago - y el 19 de septiembre de 2013 se encuentra prescrita, por lo tanto solo debe reconocerse la sanción moratoria comprendida entre el 20 de septiembre de 2013 y el 25 de febrero de 2014.
Finalmente, en relación a la pretensión de actualización de las sumas adeudadas, lo consideró procedente al tener en cuenta lo señalado por el Consejo de Estado en la sentencia del 12 de marzo de 1998, para lo cual sería pertinente aplicar la fórmula de reajuste de las sumas reconocidas.
Acorde con los anteriores razonamientos, el tribunal profirió sentencia que se resume así: i) declaró probada la excepción de prescripción de las sumas generadas entre el 31 de enero y el 19 de septiembre del 2013 conforme a las razones expuestas en la providencia; ii) declaró la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 5415 del 24 de octubre de 2016, notificada el 9 de noviembre de la misma anualidad, por medio de la cual negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas; iii) condenó a la demandada a reconocer y pagar a la demandante la sanción por mora de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, entre el 20 de septiembre de 2013 y el 25 de febrero de 2014, de conformidad a las razones expuestas; iv) ordenó a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FNPSM a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que resulten en favor de la demandante según el IPC de conformidad al artículo 187 del C.P.A.C.A.; v) condenó en costas a la parte demandada.
RECURSO DE APELACIÓN
La entidad demandada interpuso recurso de alzada, en los términos que se resumen a continuación:
Señaló que las pretensiones de la demanda deben ser resueltas a su favor de conformidad a que lo docentes son cobijados por un régimen especial y diferente, comprendido en la Ley 91 de 1989, el Decreto 2831 de 2005 que reglamentó el inciso 2 del artículo 5 y el numeral 6 del artículo 7 de la Ley 91 de 1989, el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 entre otras.
En ese sentido, indicó que el reconocimiento de cualquier prestación de los docentes nacionales o nacionalizados adscritos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tiene un trámite reglado con términos diferentes a los que se indican en la Ley 244 de 1995, razón por la cual no resulta posible reconocer y pagar las cesantías solicitadas por la demandante en tiempos distintos de los que efectivamente trascurrieron.
Sostuvo, además, que todo gasto debe contar con la respectiva apropiación presupuestal, ya que los recursos son manejados por una sociedad de economía mixta (Ley 38 de 1989 y demás normas concordantes) Fiduciaria la Previsora S.A., de conformidad con el contrato que para tal efecto suscribió el Ministerio de Educación Nacional.
Aunado a lo anterior, de acuerdo a lo instituido en la Ley 715 de 2001, la administración del servicio educativo ya no es nacionalizada sino descentralizada en cada una de las entidades territoriales, es decir, que los municipios y departamentos certificados perciben directamente todos los recursos de la participación educativa y tienen total responsabilidad de la administración del recurso humano.
De otro lado, en lo que tiene que ver con la indexación de los valores e intereses que resulten de la presunta sanción en caso de ser reconocida por el Despacho, concederlos equivaldría a condenar al Fondo al pago de una doble sanción, primero por actos no realizados y segundo porque dicha indexación atenta contra el patrimonio estatal como lo ha señalado la Corte Constitucional.
De conformidad con lo anterior, afirmó que no hay lugar a reconocer el pago de la sanción moratoria alegada por la demandante, como tampoco es viable la cancelación de intereses o la indexación sobre los mismos. Por lo tanto, solicitó acoger los argumentos esbozados para desestimar las pretensiones de la demanda y revocar la sentencia.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA
La parte demandante reiteró los argumentos planteados a lo largo del proceso, y solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.
La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal, según constancia secretarial visible a folio 155 del expediente.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada.
Problemas jurídicos
De conformidad con los planteamientos derivados de la sentencia de primera instancia y del recurso de apelación, los problemas jurídicos a resolver en esta instancia se resumen en las siguientes preguntas:
¿Es viable para los docentes oficiales reclamar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006?
En caso afirmativo,
¿La causación de la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 se encuentra condicionada por los trámites internos, administrativos y presupuestales, de la entidad obligada al pago de la prestación?
¿Se encuentra acreditada la causación de la sanción moratoria reclamada en el sub lite?
¿Hay lugar al reconocimiento de la indexación por valores reconocidos a título de sanción por mora en el pago de cesantías definitivas?
Primer problema jurídico
¿Es viable para los docentes oficiales reclamar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con lo definido por la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda de esta Corporación el 18 de julio de 2018, el cargo de docente oficial comprende todos los elementos propios de un empleo público y, en tal medida, se trata de auténticos servidores públicos sujetos a las disposiciones de la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006.
La Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el 18 de julio de 2018, en la que sentó la línea de interpretación y aplicación jurisprudencial, entre otros aspectos, sobre la naturaleza del empleo de docente del sector oficial y de la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías, así como sobre el momento en que dicha sanción es exigible y la viabilidad o no del reconocer indexación sobre su valor.
En lo que atañe a los aspectos que resultan relevantes para desatar la alzada, la providencia de unificación en cita concluyó que la naturaleza del cargo de docente comprende todos los elementos propios de un empleo público y, en tal medida, se trata de auténticos servidores públicos sujetos a las disposiciones de la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006. Así lo puntualizó la Corporación:
«[…] 81. Con fundamento en lo expuesto, para la Sección Segunda los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través de la ley. […]». (Negrillas del texto original)
En segundo lugar, se tiene que la Ley 244 de 1995 previó, en el parágrafo de su artículo 2, la procedencia de la sanción por la tardanza en el pago de la prestación social de cesantías, parciales o definitivas, a cargo de la entidad pública responsable de su reconocimiento y pago, para quienes ostentan la calidad de servidores públicos, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 2o. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.» (Subrayas de la Subsección)
Posteriormente, la norma en comento fue subrogada por la Ley 1071 de 2006, que contempló como sujetos beneficiarios de la sanción por mora a los servidores públicos al indicar en el ámbito de aplicación de su articulado que «Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.» (Subrayas fuera del texto original)
En consecuencia, los docentes oficiales se encuentran englobados por la categoría de servidores públicos y, por ende, resulta forzoso concluir que la sanción por mora de que tratan las normas referenciadas, ampara el derecho que les asiste a percibir de manera oportuna las cesantías de la que son acreedores.
Segundo problema jurídico
¿La causación de la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 se encuentra condicionada por los trámites internos, administrativos y presupuestales, de la entidad obligada al pago de la prestación?
Al respecto la Sala sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con el régimen jurídico que regula la sanción por la mora en el pago de las cesantías parciales o definitivas, y en particular por expresa disposición del Decreto 1272 de 2018, los trámites administrativos internos de la entidad obligada no suponen la ampliación o condonación del plazo para el cumplimiento de la prestación, y en consecuencia no se erigen como causa eficiente que impida la causación de la penalidad moratoria.
Claro como se encuentra que los docentes también ostentan la calidad de servidores públicos, y que en tal sentido les es aplicable la sanción por mora regulada por la Ley 244 de 1995, es preciso referirnos a la manera en que dicha sanción se encuentra desarrollada por el ordenamiento jurídico. Así, se tiene que la Ley 1071 de 2006, que adicionó y modificó la norma en comento, reguló el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, previó las sanciones derivadas de su incumplimiento y fijó los términos para su cancelación, reiterando los parámetros respecto de los cuales se entiende configurada la mora en el pago de las cesantías solicitadas:
«ARTÍCULO 4o. TÉRMINOS. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.» (Subraya la Sala)
Por su parte, el Decreto 1272 de 2018 al definir el procedimiento interno de respuesta y gestión del pago de las cesantías solicitadas por el interesado(a), hizo eco en la subsección 2, de los términos generales de respuesta a dicha solicitud contenidos en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 al siguiente tenor:
«ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.22. Término para resolver las solicitudes de reconocimiento de cesantías. Las solicitudes correspondientes a reconocimientos de cesantías parciales o definitivas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deben ser resueltas sin exceder 15 días hábiles contados desde la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario.
ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.23. Gestión de la entidad territorial en las solicitudes de reconocimiento de cesantías. La entidad territorial certificada en educación, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación en debida forma de la solicitud de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, deberá elaborar un proyecto de acto administrativo que resuelva el requerimiento.
Dentro del mismo término indicado en el inciso anterior, la entidad territorial deberá subir y remitir a través de la plataforma dispuesta para tal fin el proyecto de acto administrativo debidamente digitalizado con su respectivo expediente para que sea revisado por la fiduciaria.
ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.24. Gestión a cargo de la sociedad fiduciaria en las solicitudes de reconocimiento de cesantías. La sociedad fiduciaria, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo del proyecto de acto administrativo de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, deberá impartir su aprobación o desaprobación argumentando de manera precisa el sentido de su decisión.
Dentro del mismo término indicado en el inciso anterior, la sociedad fiduciaria deberá digitalizar y remitir a la entidad territorial certificada en educación la decisión adoptada, a través de la plataforma dispuesta para tal fin.
ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.25. Elaboración del acto administrativo que resuelve las solicitudes de reconocimiento de cesantías. La entidad territorial certificada en educación, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo, por parte de la sociedad fiduciaria, del documento que contiene la aprobación o la desaprobación del proyecto de acto administrativo, deberá expedir el acto administrativo definitivo que resuelva la solicitud de reconocimiento de cesantías.
Si la entidad territorial certificada en educación tiene objeciones frente al resultado de la revisión de que trata el artículo anterior, podrá presentar ante la sociedad fiduciaria las razones de su inconformidad, dentro de los 2 días hábiles siguientes contados desde la recepción del documento que contiene la aprobación o desaprobación del proyecto de acto administrativo.
La sociedad fiduciaria contará con 2 días hábiles para resolver las observaciones propuestas por la entidad territorial certificada en educación, contados desde la recepción del documento que contiene las objeciones del proyecto.
La entidad territorial certificada en educación, dentro del día hábil siguiente contado desde la recepción de la respuesta a la objeción, debe expedir el acto administrativo definitivo.
En cualquier caso, la entidad territorial certificada en educación deberá subir y remitir en la plataforma dispuesta por la sociedad fiduciaria, el acto administrativo digitalizado.
PARÁGRAFO. Bajo ninguna circunstancia, los términos previstos en los incisos 2, 3 y 4 del presente artículo podrán ser entendidos como una ampliación del plazo señalado en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006. En todos los casos, las solicitudes de que trata este artículo deberán resolverse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su radicación completa por parte del peticionario.
ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.26. Remisión del acto administrativo notificado y ejecutoriado que resuelve las solicitudes de reconocimiento de cesantías. Una vez notificado y ejecutoriado el acto administrativo definitivo que resuelve las solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, la entidad territorial certificada en educación deberá subir y remitir este acto administrativo inmediatamente a través de la plataforma empleada para tal fin.
ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.27. Pago de los reconocimientos de cesantías. Dentro de los 45 días hábiles siguientes a la notificación y ejecutoria del acto administrativo que reconoce las solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, la sociedad fiduciaria deberá efectuar los pagos correspondientes.» (Resalta la Sala)
Como se observa, el marco normativo que regula la penalidad por el pago tardío del auxilio de cesantías, parciales o definitivas, no contempla condicionamientos para la causación de la sanción, distinta de la constatación objetiva de la tardanza del empleador en la consignación del auxilio de cesantías, vencidos los 45 días hábiles desde la firmeza del acto administrativo que las liquida. Así, para la causación de la sanción moratoria resulta irrelevante el examen sobre la conducta desplegada por el empleador o por la entidad que tiene a su cargo el pago de las cesantías causadas, pues la norma concibe dicha prestación como una obligación a su cargo y no como una facultad discrecional cuyo cumplimiento pueda ser relativizado o condicionado por elementos intrínsecos o extrínsecos.
Bajo dicho entendimiento, la entidad obligada no puede excusarse en trámites o plazos administrativos internos, ni pretender que por virtud de los mismos se impida la causación de una penalidad que opera por ministerio de la ley, de pleno derecho, que no requiere declaración judicial y que puede ser reclamada y reconocida aún por vía administrativa. Aceptar aquello sería tanto como convalidar la ineficiencia de la administración en el cumplimiento de sus funciones, y equivaldría a admitir que le es dable a la entidad desplazar hacia el administrado la carga de soportar las consecuencias de su mal funcionamiento y que, en definitiva, le está permitido alegar la propia culpa en su beneficio, en directa contravía del principio nema auditur propiam turpitudinem allegans y en detrimento de la filosofía de la cesantía y de los derechos del trabajador -como extremo débil de la relación laboral-. Aquello, por supuesto, es inadmisible.
Se reitera, la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantías opera por ministerio de la ley y representa una penalidad para el empleador o entidad obligada omisiva, de manera que la responsabilidad por su causación y prolongación en el tiempo es del resorte exclusivo de aquél y no del trabajador, y no pueden alegarse razones internas de orden administrativo o presupuestal para soslayar su causación. Esa conclusión encuentra respaldo en lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.4.4.2.3.2.25 del Decreto 12712 de 2018, arriba transcrito, cuando prescribe que «Bajo ninguna circunstancia, los términos previstos en los incisos 2, 3 y 4 del presente artículo podrán ser entendidos como una ampliación del plazo señalado en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006. En todos los casos, las solicitudes de que trata este artículo deberán resolverse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su radicación completa por parte del peticionario.» (Resalta la Sala)
Tercer problema jurídico
¿Se encuentra acreditada la causación de la sanción moratoria reclamada en el sub lite?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con los elementos probatorios aportados al expediente, se acreditó la causación de la sanción moratoria reclamada en la demanda, respecto del auxilio de cesantías definitivas.
En el asunto bajo estudio la demandante perseguía el pago de la sanción moratoria derivada de la tardanza en la consignación del auxilio de cesantías definitivas. La sentencia objeto de la alzada accedió a las pretensiones del líbelo, e indicó que el fenómeno prescriptivo operó parcialmente en la medida que la sanción moratoria se hizo exigible a partir del 31 de enero de 2013 y la demandante radicó la solicitud de pago de dicha penalidad el 20 de septiembre de 2016, por lo que la mora causada con anterioridad al 20 de septiembre de 2013 se encuentra afectadas del fenómeno de prescripción, y por tanto se reconoció la mora entre el 20 de septiembre de 2013 y el 25 de febrero de 2014, día anterior al pago de las cesantías definitivas reconocidas.
Hechos probados
El 30 de diciembre de 2013 la Secretaría de Educación Municipal de Pereira expidió la Resolución 847, por medio de la cual reconoció y liquidó en favor de la demandante el auxilio de cesantías definitivas. Según el acto administrativo, la prestación fue solicitada el 17 de octubre de 2012.
El 26 de febrero de 2014, según recibo de consignación expedido por el Banco BBVA, visible a folio 4 del plenario, se produjo la consignación de las cesantías definitivas reconocidas, por un valor de $67’184.643.
El 20 de septiembre de 2016 la señora María Dolly Romero Castaño radicó ante la entidad demandada, solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por la consignación tardía del auxilio de cesantías en comento.
Dicha petición fue resuelta de manera negativa a través de la Resolución 5415 del 24 de octubre de 2016.
Finalmente, la demanda de la referencia fue presentada el 20 de abril de 2017.
Tal como se reseñó en líneas anteriores, por disposición de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, la entidad demandada contaba con un plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la firmeza del acto administrativo que ordenó la liquidación de las cesantías definitivas de la demandante, para efectuar el pago correspondiente. Con todo, a la luz de las pruebas aportadas al expediente, el acto administrativo en comento fue expedido por fuera del plazo de 15 días con el que contaba la administración para el efecto, pues la radicación de la solicitud se produjo el 17 de octubre de 2012, el plazo vencía el 8 de noviembre de 2012 y el acto fue expedido el 30 de diciembre de 2013.
Bajo ese panorama, es preciso remitirnos a los términos definidos por la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, reseñada al inicio de estas consideraciones, respecto de la causación de la sanción moratoria cuandoquiera que el acto que reconoce las cesantías sea proferido por fuera del término de ley. En aquella oportunidad, señaló esta Corporación:
«[…] Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago. […]»
En ese sentido, los 70 días hábiles para el pago del auxilio de cesantías reclamadas en el sub examine, contados a partir de la radicación de la solicitud, se cumplieron el 23 de enero de 2013 y en tanto la consignación correspondiente se produjo el 26 de febrero de 2014, se encuentra demostrada la causación de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, entre el 30 de enero de 2013 y el 26 de febrero de 2014.
Conclusión: a la demandante sí le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria en tanto que, entre la fecha en que solicitó su prestación y la que se pagó efectivamente la misma transcurrieron más de 70 días.
Cuarto problema jurídico
¿Hay lugar al reconocimiento de la indexación por valores reconocidos a título de sanción por mora en el pago de cesantías definitivas?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: la indexación tiene relación directa con prestaciones periódicas de carácter patrimonial y, específicamente de carácter laboral, de modo que la misma no puede ser predicable de la sanción por mora definida en la Ley 1071 de 2006 y el Decreto 1272 de 2018, por cuanto la naturaleza de dicha sanción es la de penalizar la negligencia del empleador en el reconocimiento y pago oportuno de las cesantías a que tiene derecho el servidor público, y no la de restablecer derechos laborales.
La sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda de esta Corporación el día 18 de julio de 2018, sentó jurisprudencia al disponer la improcedencia de la indexación de la sanción por mora (sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011), bajo el entendido que la Ley 244 de 1995 fue constituida como garantía a la protección del derecho laboral que tienen los servidores públicos de percibir de manera oportuna sus cesantías, y en esa medida la misma previó el procedimiento para su reconocimiento y pago, así como una sanción a cargo de la administración al presentarse retardo en el pago de la mencionada prestación.
Al respecto, considera la Sala importante referirse a lo planteado en el proveído de unificación:
«[…]
179. Cabe indicar que la Ley 244 de 1995, al establecer un término perentorio para la liquidación de las cesantías definitivas buscó que la administración expidiera la resolución en forma oportuna y expedita para evitar corrupción, favorecimientos indebidos y perjuicios a los trabajadores.
180. A partir de lo anterior, es posible sacar las siguientes conclusiones relativas a los fines de la sanción moratoria: i) La sanción moratoria se consagró con el fin de conminar a las entidades encargadas al pago oportuno de la prestación social del auxilio de cesantías, ya que generalmente como consecuencia de la burocracia, la tramitología era común la demora en el citado pago y, ii) en el momento de recibir el pago efectivo de la prestación social, únicamente se pagaba lo certificado por la entidad pagadora meses o años atrás, cuando el dinero había perdido su poder adquisitivo, por lo cual, la disposición buscó que la administración expidiera la resolución en forma oportuna y expedita para evitar el retardo en el citado pago y sus consecuencias desfavorables para el trabajador.
181. De este modo, la jurisprudencia del Consejo de Estado igualmente ha caracterizado la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías como una multa a favor del trabajador y en contra del empleador estatuida con el objeto de reparar los daños causados al primero por el incumplimiento en el plazo para el pago, en los siguientes términos:
«La indemnización moratoria de que trata la Ley 244 de 1995, como ya se anunció, es una multa a cargo del empleador y a favor del empleado, establecida con el fin de resarcir los daños que se causan a este último con el incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía en los términos de la citada Ley.»
182. Visto lo anterior, es preciso concluir que la sanción moratoria por pago extemporáneo de las cesantías, es una sanción o penalidad cuyo propósito es procurar que el empleador reconozca y pague de manera oportuna la mencionada prestación, más no mantener el poder adquisitivo de la suma de dinero que la representa y con ella, la capacidad para adquirir bienes y servicios o lo que la ley disponga como su propósito.
183. Desde la óptica del empleado, si bien la sanción moratoria representa una suma de dinero considerable, sucesiva mientras no se produzca el pago de las cesantías; ella ni lo compensa ni lo indemniza por la ocurrencia de la mora del empleador en cumplir con su obligación de dar, puesto que su propósito es procurar el pago oportuno de la prestación social, razón por la cual, no es posible hablar que estamos ante un derecho o una acreencia derivada de la relación de trabajo o de las eventualidades que el empleador ampare en virtud de lo que ordena la ley.
184. De ahí que, en materia de sanción moratoria sea necesario distinguir su naturaleza de la voluntad legislativa de orientar que el empleado fuera su beneficiario, y en ese panorama concluir que se trata de un derecho; pues contrario a ello, no se erige como una prerrogativa prestacional en la medida que no busca proteger al trabajador de las eventualidades a las que puede verse sometido durante una relación laboral, sino que se instituye como una penalidad económica contra el empleador por su retardo en el pago de la prestación social de las cesantías y en favor del servidor público.
185. En tal sentido, al no tratarse de un derecho laboral, sino de una penalidad de carácter económica que sanciona la negligencia del empleador en la gestión administrativa y presupuestal para reconocer y pagar en tiempo la cesantía, no es procedente ordenar su ajuste a valor presente, pues, se trata de valores monetarios que no tienen intención de compensar ninguna contingencia relacionada con el trabajo ni menos remunerarlo.
[…].» (Negrillas del texto)
Ahora bien, las previsiones desarrolladas en la sentencia de unificación que se cita imponen desestimar la pretensión de indexación de las sumas que se deriven de la sanción por mora que habrá de reconocerse, pese a lo cual amerita precisarse que el inciso final del artículo 187 del CPACA señala de manera clara el ajuste de valor o indexación de las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, es decir, de las condenas que se deriven de la sentencia que defina la situación jurídica del libelista en este caso, y no desde el momento de causación de la sanción por mora, pues como quedó expuesto dicho ajuste de valor implicaría el reconocimiento doble de la penalidad impuesta al empleador por virtud de la Ley 1071 de 2006 y el Decreto 1272 de 2018.
Por consiguiente, debido a que la indemnización moratoria es una sanción severa y superior al reajuste monetario, no es moderado condenar a la entidad al pago de ambas, por cuanto se entiende que esa sanción moratoria, además de castigar a la entidad morosa, cubre una suma superior a la actualización monetaria.
En conclusión: se revocará el ordinal cuarto de la providencia apelada, en el sentido de no ordenar la indexación de los valores que resulten a favor de la demandante, debido a que no es procedente la indexación del valor a pagar por sanción moratoria toda vez que constituiría una doble sanción.
Decisión de segunda instancia
Por las razones que anteceden, la subsección revocará el ordinal cuarto, por cuanto se niega la indexación solicitada y en lo demás se confirmará la sentencia de primera instancia.
De la condena en costas
Esta Subsección, en providencia del 7 de abril de 2016, sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, y señaló como conclusión lo siguiente:
El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» -CCA- a uno «objetivo valorativo» -CPACA-.
Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
De conformidad con lo señalado, en el presente caso la Sala se abstendrá de condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada, en la medida que el recurso de alzada prosperó parcialmente y, en consecuencia, no acarrea la revocatoria total del fallo impugnado, de manera que no se configura la causal prevista en el artículo 365-4 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 6 de julio de 2018 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió a las pretensiones de la demanda interpuesta, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por María Dolly Romero Castaño contra la Nación -Ministerio de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En su lugar,
Segundo: Negar la indexación de la condena impuesta, conforme a la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
Cuarto: Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia, por lo brevemente expuesto.
Quinto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante CPACA.
Folio 23.
Folios 24 a 25
Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015). EJRLB.
Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015). EJRLB.
Folio 100 a 101, 103 - CD.
Folios 102, revés 111
Folios 116 a 123.
Folio 151 a 152
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, exp. 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15).
Folio 3
Folio 6 a 9
Folio 10 a 13
Folio 31 acta individual de reparto.
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
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