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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00933-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00933-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Revocar parcialmente el ordinal primero de la sentencia proferida el 14 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección “B”, en cuanto declaró no probada la excepción de «falta de legitimación en la causa por pasiva» propuesta por la entidad territorial demandada. En su lugar, quedará así: «PRIMERO: Declárase probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Soledad, y no probadas las excepciones Inexistencia de la obligación, Inexistencia del derecho por errónea interpretación de la norma, pago, cobro de lo no debido, compensación, excepción genérica e innominada, buena fe y prescripción, de conformidad con la parte motiva de esta providencia». Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 08001-23-33-000-2016-00933-01 Demandante: Yadira de los Reyes de la Hoz SEGUNDO. Modificar el ordinal tercero de la sentencia, el cual quedará así: “TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a pagar a la señora YADIRA DE LOS REYES DE LA HOZ la sanción moratoria de que trata el artículo 2° de la Ley 244 de 1995 subrogado por el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario desde el 11 de febrero de 2014 y hasta el 9 de junio de 2014, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. Dicho trámite deberá surtirse a través del MUNICIPIO DE SOLEDAD - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL”. TERCERO. Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia. CUARTO. La abogada Angélica María Rodríguez Ruíz, identificada con cédula de ciudadanía 64.921.791, renunció al poder. La cual surtió efectos después de los 5 días de su presentación en la secretaria de esta Corporación. QUINTO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las motivaciones de esta providencia. SEXTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2016-00933-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de enero de 2025

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00933-01
Demandante: Yadira de los Reyes de la Hoz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00933-01 (3004-2022)
Demandante: Yadira de los Reyes de la Hoz
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el municipio de Soledad.

Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por
las entidades demandadas contra la sentencia del 14 de mayo de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección “B”, que accedió a las pretensiones
de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones de la demanda.

La señora Yadira de los Reyes de la Hoz por intermedio de apoderado y en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó que se declare
la nulidad del Oficio sin número del 28 de marzo de 2016, por medio del cual se negó
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
definitivas.

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en
el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006, correspondiente a un (1) día de salario por cada
día de retardo, desde el 6 de agosto de 2013 hasta el 10 de julio de 2014, ii) el
reconocimiento y pago de los intereses moratorios, iii) la indexación de la suma que se
reconozca conforme el IPC que certifique el DANE y (iv) se dé cumplimiento a la
sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00933-01
Demandante: Yadira de los Reyes de la Hoz

1.1. Hechos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

La señora Yadira de los Reyes de la Hoz, el 30 de abril de 2013, presentó ante la
Secretaría de Educación de Soledad reclamación administrativa para el
reconocimiento y pago de las cesantías a que tenía derecho, siendo asignado el
radicado SAC2013-PQR-2732.

La precitada Secretaría expidió la Resolución 00037 del 11 de marzo de 2014, por
medio de la cual reconoció y ordenó el pago de las cesantías definitivas por valor de
77.620.095 COP, prestación que fue pagada el 10 de julio de 2014.

Por último, la demandante exigió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria,
pero esta solicitud fue atendida desfavorablemente a través del Oficio sin número del
28 de marzo de 2016.

1.2. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 13, 53 y 58 de la
Constitución Política; 24 de Convención Interamericana de los Derechos Humanos;
Ley 100 de 1993; Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006,

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso que es
el mismo Estado a través de la entidad demandada, quien transgrede, atenta y vulnera
derechos ciertos, irrenunciables e indiscutibles adquiridos legalmente de las personas
que le prestaron sus servicios durante años.

El acto demandado es nulo porque contraviene el ordenamiento jurídico, en especial
las normas que obligan a resarcir el incumplimiento de una obligación prestacional,
ocasionando que el empleado no pueda ver compensado de forma completa y real su
trabajo.

1.3. Contestación de la demanda

El municipio de Soledad a través de su apoderado1, se pronunció sobre los hechos
y se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por los siguientes
motivos:

El Oficio sin número del 28 de marzo de 2016, se encuentra legal y constitucionalmente
ajustado a derecho, por tal motivo no puede ser anulado por el operador judicial y
menos cuando no se materializó ninguna de las causales de nulidad previstas en el
artículo 137 del CPACA.

1 Folios 154 a 182 del PDF 3 del expediente digital.

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Demandante: Yadira de los Reyes de la Hoz

La Secretaría de Educación municipal cumplió con todo el trámite previsto en el
Decreto 2381 de 2005, el cual consagra para el reconocimiento de las cesantías de
los docentes oficiales afiliados al FOMAG, unos términos y plazos totalmente distintos
a los previstos en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, de tal suerte
que no le asiste razón a la actora al pretender una sanción moratoria, ya que para su
caso concreto, las normas no contemplan la viabilidad o pago de esa penalidad

En suma, el municipio de Soledad no se encuentra legitimado para fungir como
responsable de una posible condena por sanción mora, pues de conformidad con lo
establecido en el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y el artículo 1° de la Ley 91 de
1989, todo pago de las prestaciones sociales de un afiliado al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio le corresponde al citado fondo por medio del
administrador de sus recursos.

Propuso las excepciones de “falta de competencia”, “falta de legitimación en la causa
por pasiva”, “falta de integración del litisconsorcio necesario”, “prescripción”, e
“inexistencia de la obligación”.

Por su parte, la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio2, al contestar la demanda se pronunció sobre los hechos y se
opuso a todas las pretensiones de la demanda por carecer de fundamentos de hecho
y de derecho.

Como excepciones propuso las de “inexistencia del derecho por errónea interpretación
de la norma, “pago”, “cobro de lo no debido”, “compensación”, “genérica e innominada”
y “buena fe”.

1.4. Sentencia de primera instancia

La Sección “B” del Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 14 de
mayo de 20213, emitió las siguientes órdenes:

«PRIMERO: Declárase no probadas las excepciones de falta de legitimación en la
causa por pasiva, Inexistencia de la obligación, Inexistencia del derecho por errónea
interpretación de la norma, pago, cobro de lo no debido, compensación, excepción
genérica e innominada, buena fe y prescripción, de conformidad con la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad del Oficio fechado 28 de marzo de 2016
proferidos por el Secretario de Educación del Municipio de Soledad, mediante el cual
se negó el reconocimiento de la sanción moratoria a favor de la señora YADIRA DE
LOS REYES DE LA HOZ.

2 Folios 196 a 202 del PDF 3 del expediente digital.
3 PDF 13 del expediente digital.

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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00933-01
Demandante: Yadira de los Reyes de la Hoz

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento
del derecho, CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
– FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a pagar a la señora
YADIRA DE LOS REYES DE LA HOZ, la sanción moratoria de que trata el artículo 2°
de la Ley 244 de 1995 subrogado por el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006, equivalente
a un día de salario básico desde el 11 de febrero de 2014 y hasta el 09 de julio de 2014,
de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

Dicho trámite deberá surtirse a través del MUNICIPIO DE SOLEDAD – SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.»

Una vez definido que a los docentes en su calidad de empleados públicos, se les aplica
las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, normas que contemplan la sanción moratoria
por el no pago o pago tardío de las cesantías definitivas o parciales, precisó que la
solicitud de reconocimiento prestacional se efectuó el 28 de octubre de 2013, por lo
cual la entidad contaba con 15 días para expedir el acto administrativo, plazo que no
se cumplió porque la Resolución 00037 de 2014 fue expedida el 11 de marzo de 2014.
De igual manera, la entidad tenía para cancelar las cesantías hasta el 10 de febrero
de 2014, y lo hizo el 10 de julio de 2014.

Al aplicar la hipótesis relativa a «expedición del acto administrativo por fuera del
término de ley», contenida en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018,
encontró que se causó la sanción moratoria desde el 11 de febrero hasta el 9 de julio
de 2014, es decir 148 días.

Y agregó que, si bien se encuentra en cabeza del FOMAG tanto el reconocimiento
como el pago de las prestaciones sociales de los docentes, no se puede dejar de lado
la obligación que le asiste al ente territorial de expedir los actos administrativos que
reconocen dicha obligación.

1.5. Recursos de apelación

La apoderada del municipio de Soledad4 interpuso recurso de apelación en contra
de la sentencia de primera instancia, en el cual solicitó que se revoque por los
siguientes motivos:

El municipio cumplió con los trámites de ley para efectos del reconocimiento y
liquidación de las cesantías de la docente. Por mandato legal, la entidad territorial solo
se encarga de recibir las solicitudes y expedir el acto administrativo de reconocimiento
de las prestaciones sociales, sin tener injerencia alguna en el pago efectivo de la
obligación ni mucho menos el pago de sanción moratoria.

En virtud de lo anterior, se deben denegar las pretensiones respecto al municipio de
Soledad. De hecho, la entidad no se encuentra legitimada para conocer de la presente
4 PDF 16 del expediente digital.

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demanda, pues no podría confirmarse el fallo y endilgarse responsabilidad alguna en
contra de la entidad territorial, debido a que esta no reconoce, rechaza o decide si se
otorga o no el reconocimiento de la prestación social deprecada por la actora y la
sanción moratoria.

Por último, alegó que conforme la sentencia de unificación proferida por el Consejo de
Estado el 18 de julio de 2018 es improcedente la indexación de la sanción moratoria.

También, la apoderada de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio5, interpuso recurso de apelación
contra la sentencia del 14 de mayo de 2021, el cual sustentó así:

Después de relacionar la naturaleza jurídica de dicha entidad y la finalidad del contrato
de fiducia mercantil, indicó que el término señalado como sanción moratoria a cargo
del FOMAG es menor al que indicó el tribunal, puesto que el dinero se colocó a
disposición para cobro el 28 de abril de 2014 y no el 10 de julio de ese año.

Lo anterior, lleva a concluir que la mora fue de 81 días y no de 148 como lo afirmó el
Tribunal Administrativo del Atlántico. Por ello, solicitó revocar la sentencia de primera
instancia.

1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia

Mediante auto del 14 de septiembre de 20226 se admitió el recurso de apelación.

Dentro de la oportunidad legal, no se emitió pronunciamiento alguno de las partes y
del agente del Ministerio Público.

Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal forma,
sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se procederá
a resolver las apelaciones, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

2. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de
acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo7.

5 PDF 21 del expediente digital.
6 PDF 29 del expediente digital.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto
por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo las entidades demandadas
presentaron recursos de apelación, el análisis se limita a los argumentos de los
respectivos recursos.

2.1. Problema jurídico

Le corresponde a la Subsección determinar si el municipio de Soledad Atlántico se
encuentra legitimado en la causa por pasiva, para resistir las pretensiones de la
demanda.

De igual manera, verificará la Sala si es procedente modificar la sentencia de primera
instancia mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda; para en su
lugar, disminuir el número de días en mora a los cuales se condenó a pagar.

A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará los
siguientes temas: 2.2. solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria,
2.3. indexación de la sanción moratoria y ajuste de la condena impuesta, 2.4.
Oportunidades probatorias, 2.5. Hechos probados y 2.6. Caso concreto.

2.2. Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria.
La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2007 8, establece que:

«Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo
texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente,
si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.» ( subraya
fuera del texto)

De igual manera, el artículo 2° de la citada ley, dispone que la entidad pagadora tendrá
un plazo máximo para cancelar dicha prestación, veamos:

«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para

8 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o

parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”

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cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional
de Ahorro.»( Subraya fuera del texto)

Norma que también dispone una sanción cuando se incumplen los términos para
resolver la solicitud de cesantías, así como su pago, tal como se evidencia en el
parágrafo del artículo en comento:

«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este». (subraya fuera del texto)

Esta Sección, en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó jurisprudencia
frente a la fecha de causación de la sanción moratoria. Se consideró en esa
oportunidad que:

«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva
la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de
manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de
la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días
hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L.
1071/20065), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437
de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a partir del día en
que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días
hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)

Las reglas jurisprudenciales fijadas en la misma sentencia de unificación, en cuanto a
la exigibilidad de la sanción moratoria en comento se sintetizan así:

«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se
puede evidenciar en el siguiente cuadro:

TÉRMINO PAGO
HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA CESANTÍA CORRE MORATORIA
10 días, después de 45 días posteriores a la 70 días posteriores a la
PETICIÓN SIN
No aplica cumplidos 15 para expedir el ejecutoria petición
RESPUESTA
acto
Aplica pero no se tiene
ACTO ESCRITO 10 días, después de
en cuenta para el 45 días posteriores a 70 días posteriores a
EXTEMPORANEO cumplidos 15 para expedir
cómputo del término la ejecutoria la petición
(después de 15 días) el acto
de pago
ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores a la 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
Personal ejecutoria notificación
TIEMPO notificación

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10 días, posteriores a 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Electrónica certificación de acceso al ejecutoria notificación
TIEMPO
acto
10 días, posteriores al 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Aviso siguiente de entrega del ejecutoria entrega del aviso
TIEMPO
aviso
ACTO ESCRITO EN Sin notificar o notificado 10 días, posteriores al intento 45 días posteriores a la 67 días posteriores a la
TIEMPO fuera de término de notificación personal 9 expedición del acto
ejecutoria
45 días después de la 45 días desde la
ACTO ESCRITO Renunció Renunció renuncia renuncia
Adquirida, después de 45 días, a partir del 46 días desde la
ACTO ESCRITO Interpuso recurso notificado el acto que lo siguiente a la ejecutoria notificación del acto que
resuelve resuelve recurso
ACTO ESCRITO, 61 días desde la
RECURSO SIN Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días 45 días, a partir del interposición del
RESOLVER de interpuesto el recurso siguiente a la ejecutoria recurso
Fuente: Sentencia de 18 de julio de 2018

2.3. Indexación de la sanción moratoria y ajuste de la condena impuesta.

Esta Corporación en la sentencia de unificación citada anteriormente concluyó que la
indexación no es procedente en el reconocimiento de la sanción moratoria de las
cesantías, pues su propósito es garantizar la actualización de prestaciones sociales y
en el caso de la sanción moratoria de las cesantías no se está ante a un derecho o
acreencia laboral, sino frente a una penalidad económica por la negligencia de la
entidad en el trámite para el pago de la referida prestación de las cesantías.

En los siguientes términos:

«175. Es evidente, que la jurisprudencia de la Sección Segunda se inclinó por descartar
la procedencia de la indexación de la sanción moratoria, porque ésta penaliza la
negligencia del empleador en la obligación de reconocer y pagar oportunamente las
cesantías a sus empleados, que en términos monetarios constituyen sumas de dinero
mayores a la actualización a valor presente.

176 No obstante lo anterior, con el ánimo de esclarecer aún más el punto de la
indexación de la sanción moratoria, y amparados en el rol de órgano de cierre de la
jurisdicción que en el contexto del artículo 271 del CPACA, la Sala se permite reiterar el
ya expuesto criterio jurisprudencial, ofreciendo razones adicionales que lo refuerzan.

[...]

182. Visto lo anterior, es preciso concluir que la sanción moratoria por pago
extemporáneo de las cesantías, es una sanción o penalidad cuyo propósito es procurar
que el empleador reconozca y pague de manera oportuna la mencionada prestación,
más no mantener el poder adquisitivo de la suma de dinero que la representa y con ella,
la capacidad para adquirir bienes y servicios o lo que la ley disponga como su propósito.

183. Desde la óptica del empleado, sí bien la sanción moratoria representa una suma
de dinero considerable, sucesiva mientras no se produzca el pago de las cesantías; ella

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ni lo compensa ni lo indemniza por la ocurrencia de la mora del empleador en cumplir
con su obligación de dar, puesto que su propósito es procurar el pago oportuno de la
prestación social, razón por la cual, no es posible hablar que estamos ante un derecho
o una acreencia derivada de la relación de trabajo o de las eventualidades que el
empleador ampare en virtud de lo que ordena la ley.

184. De ahí que, en materia de sanción moratoria sea necesario distinguir su naturaleza
de la voluntad legislativa de orientar que el empleado fuera su beneficiario, y en ese
panorama concluir que se trata de un derecho; pues contrario a ello, no se erige como
una prerrogativa prestacional en la medida que no busca proteger al trabajador de las
eventualidades a las que puede verse sometido durante una relación laboral, sino que
se instituye como una penalidad económica contra el empleador por su retardo en el
pago de la prestación social de las cesantías y en favor del servidor público.

185 En tal sentido, al no tratarse de un derecho laboral, sino de una penalidad de
carácter económica que sanciona la negligencia del empleador en la gestión
administrativa y presupuestal para reconocer y pagar en tiempo la cesantía, no es
procedente ordenar su ajuste a valor presente, pues, se trata de valores monetarios que
no tienen intención de compensar ninguna contingencia relacionada con el trabajo ni
menos remunerarlo.

[...]

187. De acuerdo con lo anterior, las penalidades constituyen una sanción severa a quien
incumple con determinada obligación, siendo inviable su indexación porque con ello se
estaría ante doble castigo por la misma causa.

[...]

189. Ahora bien, esta situación debe ser mirada desde la óptica de ser una sanción que
se causó al constituirse en mora y cesar con el pago de la cesantías, y ese contexto, la
sentencia que la reconoce simplemente declara su ocurrencia y la cuantifica, sin que
ello implique el incumplimiento de una obligación generada por ministerio de la ley,
tratándose de empleados públicos, susceptible de ser ajustada con los índices de
precios al consumidor, cuyo propósito es mantener la capacidad adquisitiva y la finalidad
que la justifica en el ordenamiento jurídico.

190. Por ello, en juicio de la Sala para justificar la indexación de la sanción por mora en
el pago de las cesantías, no es viable acudir al contenido del último inciso del artículo
187 del CPACA, según el cual, «Las condenas al pago o devolución de una cantidad
líquida de dinero se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor»,
pues en estricto sentido, la sentencia no reivindica ningún derecho ni obligación
insatisfecha, erigiéndose como generadora de un beneficio económico para el
demandante cuya única causa fue la demora en el pago de una prestación.

191. En suma, la naturaleza sancionadora, el cuantioso cómputo sistemático y
prolongado en el tiempo sin que implique periodicidad, y la previsión intrínseca del ajuste
del salario base con el IPC, indican con toda certeza que la sanción moratoria no puede

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indexarse a valor presente, razón por la cual, la Sección Segunda del Consejo de Estado
sentará jurisprudencia en tal sentido. Sin embargo, ello no implica el ajuste a valor de la
condena eventual, en los términos descritos en el artículo 187 del CPACA.»

Ahora bien, en cuanto al ajuste de la suma reconocida por concepto de sanción
moratoria, en providencias posteriores, esta Subsección9 ha considerado que, si bien
no procede la indexación en el reconocimiento de la sanción moratoria, sí es procedente
el ajuste al valor de la condena, en aplicación del artículo 187.

2.4. Oportunidades probatorias

Los primeros incisos de artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, consagran las oportunidades probatorias que tienen los
sujetos procesales en primera instancia, así:

«ARTÍCULO 212. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez
las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los
términos y oportunidades señalados en este Código.

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas:
la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de
reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los
incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.

Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su
derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias
anteriormente señaladas».

De la norma se identifican con claridad 5 momentos procesales que tienen las partes
para aportar o solicitar pruebas, las cuales son las siguientes:

1. La demanda y su contestación.
2. La reforma de la demanda y su respuesta.
3. La demanda de reconvención y su contestación.
4. Las excepciones y la oposición a las mismas.
5. Los incidentes y su respuesta.

Y en segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de
ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes pueden pedir pruebas, no
obstante, su decreto solo procede en los siguientes casos:

«1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros
diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.

9 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección “A”, C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves. Bogotá D.C., sentencia

del 1° de agosto de 2024, con radicado: 25000 23 42 000 2018 01889 01 (5260-2023).

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2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse
decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último
caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su
perfeccionamiento.

(Numeral 2, modificado por el Art. 53 de la Ley 2080 de 2021)

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para
pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos
hechos.

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y
4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las
decreta.

PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se
decretará un término para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles.»

Acorde con lo anterior, la sentencia debe tener en cuenta aquellas pruebas allegadas
y practicadas legalmente en las oportunidades procesales, tal como lo establecen el
artículo 164 del Código General del Proceso.

2.5. Hechos probados

Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes:

i) Mediante la Resolución 000037 del 11 de marzo de 201410 el secretario de
educación municipal de Soledad - Atlántico, en nombre y representación del
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio «reconoció y ordenó el pago de
unas cesantías definitivas a la docente Yadira de los reyes de la Hoz». En las
consideraciones de este acto, se plasmó «que mediante solicitud radicada bajo
el 2013-CES-039871 de fecha 28/10/2013, la docente Yadira de los Reyes de
la Hoz solicitó el reconocimiento y pago de una cesantía definitiva»

ii) El dinero correspondiente al pago de la mentada prestación fue cancelado el 10
de julio de 201411, tal como consta en el certificado bancario BBVA de la misma
fecha. No obstante, conforme al apartado de «observación 2» contenido en el
mismo certificado, el dinero estuvo a disposición el «20140610»., es decir el 10
de junio de 2014.

10 Páginas 12 a 14 del PDF 3 del expediente digital.
11 Página 11 del PDF 3 del expediente digital.

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iii) El 29 de febrero de 201612, la señora Yadira de los Reyes por intermedio de
apoderado, solicitó ante la Secretaría de Educación del municipio de Soledad
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías.

iv) La secretaria de educación de Soledad luego de explicar el trámite para el
reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y sobre la sanción moratoria por pago
tardío de las cesantías definitivas, por medio del oficio sin número del 28 de
marzo de 201613, no accedió a la solicitud de sanción moratoria ni a la
indexación pretendida por la demandante.

2.6. Caso concreto

El municipio de Soledad inconforme con la decisión del Tribunal Administrativo del
Atlántico adujo haber dado cumplimiento al trámite de reconocimiento y liquidación de
las cesantías, y no encontrarse legitimada en la causa por pasiva para resistir las
pretensiones de la demanda, aunado a la improcedencia de la indexación de la sanción
moratoria.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 962 de 200514 y el Decreto 1272 de 201815
vigentes para la fecha de reconocimiento de las cesantías de la parte demandante, la
gestión a cargo la entidad territorial en el trámite de reconocimiento y pago de
12 Páginas 16 y 17 del PDF 3 del expediente digital.
13 Páginas 26 a 28 del PDF 3 del expediente digital.
14 ARTÍCULO 56. Racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas
por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el
cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la
que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que
llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.
15 «ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.2. Gestión a cargo de las Secretarías de Educación. La atención de las solicitudes

relacionadas con las prestaciones económicas que reconoce y paga el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio será efectuada a través de la entidad territorial certificada en educación o la dependencia que haga
sus veces.
Para tal efecto, la entidad territorial certificada en educación correspondiente, a la que se encuentre vinculado el
docente, deberá:
1. Recibir y radicar, en estricto orden cronológico. las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de
prestaciones económicas, de acuerdo con los formularios que adopte la sociedad fiduciaria encargada del
manejo de los recursos de dicho Fondo.
2. Expedir, con destino a la sociedad fiduciaria y conforme a los formatos únicos por esta adoptados,
certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional del docente peticionario o
causahabiente, de acuerdo con la normativa vigente.
3. Subir a la plataforma que se disponga para tal fin el proyecto de acto administrativo debidamente
digitalizado con su respectivo expediente para que sea revisado por la sociedad fiduciaria.
4. Suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones económicas, de acuerdo con lo
dispuesto en las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los
trámites administrativos a que haya lugar, en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la
ley y en esta Subsección.
5. Remitir a la sociedad fiduciaria copia de los actos administrativos de reconocimiento de prestaciones
económicas, junto con la respectiva constancia de ejecutoria para efectos del pago.
PARÁGRAFO . Todos los actos administrativos que sean expedidos por la entidad territorial certificada en
educación, a través de los cuales se reconozcan prestaciones económicas a los afiliados al Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, deberán contar con la aprobación previa por parte de la sociedad fiduciaria, so pena de
incurrir en las responsabilidades de carácter disciplinario, fiscal y penal correspondientes.»

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cesantías, parciales o definitivas, se limita a: i) recepcionar y radicar las solicitudes de
reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, ii) elaborar proyecto de acto administrativo,
iii) enviarlo a la fiduciaria para su aprobación, y iii) expedir el acto definitivo y
comunicarlo al docente y a la fiduciaria. De tal manera, que su actuación se realiza en
nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Y en cuanto al pago de la prestación, el artículo 5 de la Ley 91 de 1989 estableció
como objetivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio «efectuar
el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado», actividad que realiza la
entidad fiduciaria –Fiduprevisora S.A., como encargada de sus recursos.

Por lo que, para la Sala le asiste razón a la entidad apelante cuando afirma que no
está legitimada en la causa por pasiva para resistir las pretensiones de la demanda,
dado que su actuación se limita a la gestión en sede de la administración en nombre y
representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por lo
tanto, no es la encargada de pagar las prestaciones económicas de los docentes y
mucho menos la sanción moratoria. Situación que tuvo una modificación con la
expedición de la Ley 1955 de 2019, que dispuso la responsabilidad del ente territorial
frente al pago de la sanción moratoria en las hipótesis consagradas en la norma.

Por lo expuesto en precedencia, se revocará parcialmente el numeral primero de la
sentencia, en cuanto declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa del municipio de Soledad.

En cuanto al trámite de cumplimiento de la sentencia donde se condena a la Nación –
Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al
pago de sanción moratoria, pero además se ordena que «dicho trámite se realice a
través del municipio de Soledad - Secretaría de Educación Municipal», consultado el
Manual Operativo de Prestaciones Económicas de las Secretarías de Educación
certificadas en educación16 y del Comunicado 006-actividades para el cumplimiento de
los fallos, se observa que dicho trámite se realiza a través de las Secretarias de
educación del respectivo municipio certificado.

Sobre el particular, disponen lo siguiente:

«10. TRÁMITE PARA EL RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES A CARGO DEL FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

[...]

b. GESTIÓN A CARGO DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS.

16 Manual que puede ser consultado y descargado en el siguiente link: https://www.fomag.gov.co/wp-
content/uploads/2021/12/Manual-Operativo-Prestaciones-Econ%C3%B3micas-Secretar%C3%ADas-
Educaci%C3%B3n-Certificadas-V9-NOV-21-1.docx

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RADICACIÓN DE SOLICITUDES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y FALLOS
JUDICIALES.

[...]

Todas las solicitudes para cumplimiento de sentencia judicial deben realizarse ante las
Secretarías de Educación Certificadas, de tal forma que los entes territoriales adelanten el
procedimiento de radicación en y digitalización en las plataformas habilitadas para el efecto, por
la entidad fiduciaria.»

Así las cosas, las solicitudes de cumplimiento de fallos judiciales, incluyendo la sanción
moratoria, deben presentarse ante las entidades territoriales, las cuales ingresan y
digitalizan la información en la plataforma habilitada por la entidad fiduciaria para ello.
Por tal motivo, no hay lugar a modificar el inciso final del ordinal tercero de la sentencia
apelada.

En cuanto a la improcedencia de la indexación de la sanción moratoria; examinada la
decisión de primera instancia, advierte la Sala que no fue impuesta condena al
respecto, por lo tanto, no hay lugar a pronunciarse sobre ello.

Por otra parte, la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio en la sustentación del recurso de apelación afirmó que el
Tribunal tomó como fecha de pago de las cesantías el día que la docente cobró dicha
prestación en el banco y no el día en que se puso a disposición el dinero, fecha esta
que se indicó en el certificado emitido por Fiduprevisora S.A, tuvo lugar el 28 de abril
de 2014.

La Sala advierte que el documento anexado por la entidad demandada en el recurso
de apelación -certificación para el pago de cesantías- no fue presentado dentro de las
oportunidades legales para su valoración, según los términos del artículo 212 del
CPACA. Por lo tanto, no se tendrá en cuenta para acreditar el numero inferior de días
que alega la entidad apelante.

No obstante, le asiste razón a la entidad apelante al manifestar que el a quo al
momento de establecer el extremo final de la sanción moratoria tomó la fecha en que
el dinero fue cobrado en la entidad bancaria, esto es el 10 de julio de 2014,
circunstancia que conforme a lo considerado por esta Subsección17 no corresponde a
la fecha que debe tomarse para la contabilización de la penalidad, pues el límite atañe
al día en que se puso a disposición el dinero para cobro.

Para efectos de establecer el extremo final de la sanción moratoria, observa la Sala
que dentro de las pruebas aportadas se allegó el extracto del banco BBVA del 10 de

17 Ver entre otras, la sentencia del 23 de mayo de 2024, C.P: Jorge Iván Duque Gutiérrez con radicado 08001 23

33 000 2021 00007 01 y sentencia del 22 de agosto de 2024 C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves con radicado 05001
23 33 000 2021 00879 01.

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julio de 2014, el cual, pese a que fue tenido en cuenta por el tribunal, no advirtió la
fecha en que efectivamente se puso a disposición el dinero.

Pues, el mencionado certificado en su parte inferior contiene la siguiente leyenda:
«observación 2 - 20140610 NÓMINA CESANTÍAS FONDO MAGISTERIO», es decir
que el día 10 de junio de 2014 es la fecha en que fueron puestos a disposición los
dineros, razón suficiente para modificar los días en que incurrió la entidad en mora.

En ese orden, conforme lo expuesto en precedencia, la mora se causó entre el 11 de
febrero -fecha de causación- y el 9 de junio de 2014 -día anterior a la fecha de
disposición del dinero-; por lo que se impone modificar en este sentido la sentencia de
primera instancia.

2.7. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas. Lo
expresado, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar a
aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.

En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de
revisar los argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario, se
avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por lo que,
se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. Revocar parcialmente el ordinal primero de la sentencia proferida el 14 de
mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección “B”, en cuanto
declaró no probada la excepción de «falta de legitimación en la causa por pasiva»
propuesta por la entidad territorial demandada. En su lugar, quedará así:

«PRIMERO: Declárase probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva del municipio de Soledad, y no probadas las excepciones Inexistencia de la
obligación, Inexistencia del derecho por errónea interpretación de la norma, pago,
cobro de lo no debido, compensación, excepción genérica e innominada, buena fe y
prescripción, de conformidad con la parte motiva de esta providencia».

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SEGUNDO. Modificar el ordinal tercero de la sentencia, el cual quedará así:

“TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del
derecho, CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a pagar a la señora YADIRA DE LOS
REYES DE LA HOZ la sanción moratoria de que trata el artículo 2° de la Ley 244 de 1995
subrogado por el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario desde el
11 de febrero de 2014 y hasta el 9 de junio de 2014, de acuerdo con lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.

Dicho trámite deberá surtirse a través del MUNICIPIO DE SOLEDAD - SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL”.

TERCERO. Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia.

CUARTO. La abogada Angélica María Rodríguez Ruíz, identificada con cédula de
ciudadanía 64.921.791, renunció al poder. La cual surtió efectos después de los 5 días
de su presentación en la secretaria de esta Corporación.

QUINTO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las
motivaciones de esta providencia.

SEXTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del
CPACA.

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