Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00281-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00281-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2018-00281-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
29 de mayo de 2025
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00281-01
Demandante: Elmira Torrejano Villarruel, Yasnery del Carmen Guardo Pardo
y Liliana Rocío López Gutiérrez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00281-01 (5370-2024)
Demandante: Elmira Torrejano Villarruel, Yasnery del Carmen Guardo Pardo y
Liliana Rocío López Gutiérrez.
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Modifica la
sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada contra la sentencia del 15 de octubre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
2. Las señoras Elmira Torrejano Villarruel, Yasnery del Carmen Guardo Pardo y Liliana
Rocío López Gutiérrez por intermedio de apoderado y en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitaron que se declare la nulidad del acto
ficto o presunto, producto de la no respuesta a la petición del «27 de septiembre de
2017»1, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
por la cancelación tardía de las cesantías parciales a cada una de ellas.
3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, cada una peticionó: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
establecida en el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006, ii) el ajuste de la condena tomando
como base el índice de precios al consumidor y iii) se condene en costas a la entidad
demandada.
1 Dicho así en la demanda.
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Radicado: 13001-23-33-000-2018-00281-01
Demandante: Elmira Torrejano Villarruel, Yasnery del Carmen Guardo Pardo
y Liliana Rocío López Gutiérrez
Hechos
4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
5. El 28 de enero de 2015 la señora Elmira Torrejano Villarruel presentó reclamación
administrativa ante la Secretaría de Educación de Bolívar, solicitando sus cesantías
parciales. Dicha prestación fue reconocida por medio de la Resolución 3197 del 27 de
noviembre de ese mismo año y cancelada por intermedio del banco BBVA el 17 de
junio de 2016, por lo que transcurrieron 365 días de mora.
6. El 22 de mayo de 2015 la señora Yasnery del Carmen Guardo Pardo peticionó ante
la entidad territorial el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales. El auxilio fue
reconocido por medio de la Resolución 2922 del 27 de octubre de ese mismo año y
cancelado por intermedio del banco BBVA el 3 de enero de 2016, por lo que
transcurrieron 138 días de mora.
7. El 2 de octubre de 2016 la señora Liliana Rocío López Gutiérrez presentó
reclamación administrativa ante la Secretaría de Educación de Bolívar, solicitando el
reconocimiento y pago de sus cesantías parciales. La prestación fue reconocida por
medio de la Resolución 3950 del 26 de diciembre de ese mismo año y cancelada por
intermedio del banco BBVA el 27 de julio de 2017, por lo que transcurrieron 203 días
de mora.
Fundamentos de derecho y concepto de violación
8. Se señalaron como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 2 de la Ley
244 de 1995, adicionada y modificada por el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.
9. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de las demandantes expuso
que el acto administrativo enjuiciado le resta el efecto útil a las normas que regulan la
materia y a la capacidad conminatoria de la sanción.
Contestación de la demanda
10. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio 2, al contestar la demanda se pronunció sobre los hechos y
se opuso a todas y cada una de las pretensiones por carecer de fundamentos de hecho
y de derecho que avalen su prosperidad.
11. Sostuvo que las pretensiones no se ajustan a derecho, toda vez que no se tuvo en
cuenta el ordenamiento jurídico de manera integral.
2 Páginas 75 a 94 del expediente digital.
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12. Además, el pago de la prestación se realiza cuando exista disponibilidad
presupuestal y en estricto orden cronológico de aprobación y recepción de las
resoluciones, tal como se sostuvo en la Circular 01 del 23 de abril de 2002.
13. Finalmente, propuso las excepciones de «inexistencia del derecho por errónea
interpretación de la norma», «pago», «cobro de lo no debido», «compensación»,
«excepción genérica o innominada» y «buena fe».
Sentencia de primera instancia
14. El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia del 15 de octubre de
20213, emitió las siguientes órdenes:
«PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad del Acto administrativo ficto o presunto que se
configuró por la no contestación de la petición elevada el día 18 de septiembre de 2017,
ante el Ministerio de Educación Nacional - Fomag, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva.
SEGUNDO: ORDENÁSE a título de restablecimiento del derecho, al Ministerio de
Educación Nacional – Fomag, a reconocer y pagar a las señoras Elmira Torrejano
Villarruel, Yasnery del Carmen Guardo Pardo y Liliana Roció López Gutiérrez la sanción
equivalente a un día de salario por cada día de mora, a partir del 13 de mayo de 2015,
05 de septiembre de 2015 y 14 de enero de 2017 hasta los días 15 de junio de 2016,
04 de enero de 2016 y 25 de julio de 2017, respectivamente, donde se deberá tener en
cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación
de la mora sin que varíe por la prolongación en el tiempo.
TERCERO: Condenase en costas a la parte demandada. Por secretaría, una vez en
firme la sentencia se liquidará, de conformidad con lo dispuesto en lo expuesto en la
parte motiva de la presente sentencia.
(…).4»
15. Para el tribunal, la entidad demandada tenía la obligación de cancelar las cesantías
a las señoras Elmira Torrejano Villarruel, Yasnery del Carmen Guardo Pardo y Liliana
Rocío López Gutiérrez a más tardar los días 12 de mayo de 2015, 4 de septiembre de
2015 y 13 de enero de 2017 respectivamente, pero no lo hizo.
16. Así las cosas, desde los días 13 de mayo de 2015, 5 de septiembre de 2015 y 14
de enero de 2017 se hizo exigible la sanción moratoria consagrada la Ley 244 de 1995
que consiste en un día de salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías,
hasta el día anterior de la cancelación del auxilio, es decir el 16 de junio de 2016, 5 de
enero de 2016 y 26 de julio de 2017.
3 PDF 04 del expediente digital.
4 Transcripción con errores incluidos.
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17. Tras realizar un análisis del lapso que tenían los demandantes para presentar la
reclamación de la sanción moratoria en cada caso, consideró que no había operado la
prescripción de los derechos invocados.
18. Ordenó la indexación de la condena aplicando la siguiente formula: R= RH (índice
final/ Índice inicial).
19. Finalmente, condenó en costas a la parte vencida dentro del proceso.
Recurso de apelación.
20. La apoderada de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio 5 interpuso recurso de apelación, solicitando que
se revoquen los numerales 2° y 3° de la sentencia de primera instancia con base en
los siguientes argumentos.
21. Frente a la docente Elmira Torrejano, adujo que el dinero se puso a disposición
el 14 de junio de 2016 y no el 17 de junio de ese mismo año, tal como se evidencia en
el acápite de observación 2 del certificado bancario.
22. En el caso de la señora Yasnery Guardo, el dinero fue puesto a disposición el 29
de diciembre de 2015 y no el 6 de enero de 2016, tal como se evidencia en el acápite
de observación 2 del certificado bancario.
23. Con relación a la profesora Liliana López, el dinero se puso a disposición el 24 de
marzo de 2017, y no el 27 de junio de ese mismo año, tal como consta en el certificado
expedido por Fiduprevisora -el cual se menciona aporta con el recurso-.
24. Por último, solicitó se revoque la condena en costas, dado que la entidad no ha
realizado actos dilatorios, ni temerarios, ni encaminados a perturbar el procedimiento,
habiéndose limitado a realizar actuaciones propias inherentes a la defensa judicial.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
25. Mediante auto del 3 de diciembre de 20246 se admitió el recurso de
apelación. Dentro de la oportunidad legal, las partes y el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.
26. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
previas las siguientes:
5 PDF 06 del expediente digital.
6 SAMAI. 73001233300020210050801. Actuación: “Auto que admite recurso de apelación”. Índice 00004.
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y Liliana Rocío López Gutiérrez
II. CONSIDERACIONES
Competencia
27. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto
de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo 7.
28. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto
por el apelante y, dado que en este caso solo la entidad demandada interpuso el
recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos expuestos en este.
Problema jurídico
29. Le corresponde a la Subsección determinar si hay lugar a modificar la sentencia
de primera instancia mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones; para
en su lugar, disminuir el número de días en mora a los cuales se condenó a pagar,
teniendo en cuenta la fecha en que fueron puestos a disposición los dineros.
30. De igual manera, se analizará si hay lugar a revocar la sentencia de primera
instancia que condenó en costas a la parte apelante.
31. A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará los
siguientes temas: i) Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria, y
ii) Caso concreto.
Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria.
32. La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 20068, establece
que:
«Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo
texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente,
si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o
parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”
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Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.» (subraya
fuera del texto)
33. De igual manera, el artículo 2° de la citada ley, dispone que la entidad pagadora
tendrá un plazo máximo para cancelar dicha prestación, así:
«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional
de Ahorro.»( Subraya fuera del texto)
34. Norma que también dispone una sanción cuando se incumplen los términos para
resolver la solicitud de cesantías, así como su pago, tal como se evidencia en el
parágrafo del artículo en comento:
«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este». (subraya fuera del texto)
35. Esta Sección, en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó
jurisprudencia frente a la fecha de causación de la sanción moratoria. Se consideró
en esa oportunidad que:
«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva
la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de
manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de
la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días
hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L.
1071/20065), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437
de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a partir del día en
que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días
hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)
36. Las reglas jurisprudenciales fijadas en la misma sentencia de unificación, en
cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria se sintetizan así:
«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se
puede evidenciar en el siguiente cuadro:
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TÉRMINO PAGO CORRE
HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA CESANTÍA MORATORIA
10 días, después de 45 días posteriores a 70 días posteriores a
PETICIÓN SIN
No aplica cumplidos 15 para expedir la ejecutoria la petición
RESPUESTA
el acto
Aplica pero no se
ACTO ESCRITO 10 días, después de
tiene en cuenta para 45 días posteriores 70 días posteriores
EXTEMPORANEO cumplidos 15 para
el cómputo del a la ejecutoria a la petición
(después de 15 días) expedir el acto
término de pago
ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores a la 45 días posteriores a 55 días posteriores a
Personal
TIEMPO notificación la ejecutoria la notificación
10 días, posteriores a 45 días posteriores a 55 días posteriores a
ACTO ESCRITO EN
Electrónica certificación de acceso al la ejecutoria la notificación
TIEMPO
acto
10 días, posteriores al 45 días posteriores a 55 días posteriores a
ACTO ESCRITO EN
Aviso siguiente de entrega del la ejecutoria la entrega del aviso
TIEMPO
aviso
Sin notificar o 10 días, posteriores al 67 días posteriores a
ACTO ESCRITO EN
notificado fuera de intento de notificación 45 días posteriores a la expedición del
TIEMPO
término personal 9 la ejecutoria acto
45 días después de la 45 días desde la
ACTO ESCRITO Renunció Renunció renuncia renuncia
Adquirida, después de 45 días, a partir del 46 días desde la
ACTO ESCRITO Interpuso recurso notificado el acto que lo siguiente a la notificación del acto
resuelve ejecutoria que resuelve recurso
ACTO ESCRITO, Adquirida, después de 15 45 días, a partir del 61 días desde la
RECURSO SIN Interpuso recurso días de interpuesto el siguiente a la interposición del
RESOLVER recurso ejecutoria recurso
Fuente: Sentencia de 18 de julio de 2018
Caso concreto
37. En primer lugar, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio apeló
la decisión de primera instancia, cuestionando el número de días en mora ordenado
por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Al respecto, afirmó que debió tenerse en
cuenta la fecha en que se pusieron a disposición los dineros para el pago de la
prestación y no cuando las docentes realizaron el cobro.
38. Para resolver, se analizará en forma separada la situación de cada una de las
demandantes.
Elmira Torrejano Villarruel.
39. A juicio de la Sala, le asiste razón parcialmente a la parte apelante en cuanto al
cuestionamiento planteado frente a la fecha en la cual estuvo a disposición el dinero
de la demandante. Véase que, en la certificación bancaria o colilla de pago del Banco
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BBVA aportada con la demanda 9, se observa en el acápite de «observación 2» lo
siguiente: «20160614» seguido de la expresión «NOMINA DE CESANTIAS
PARCIAL», lo cual es indicativo que desde esa fecha estuvo a disposición de la
interesada el dinero, tal como se ha interpretado en asuntos similares por esta
Corporación. 10 De manera que, es esta fecha, y no la de retiro del dinero por parte de
la docente11, la que debió tener en cuenta el Tribunal para la correspondiente
contabilización de la sanción moratoria.
40. En ese orden, se tiene que la mora se causó entre el 13 de mayo de 2015 y el 13
de junio de 2016, para un total de 398 días de mora; por lo que se impone modificar
en este sentido la sentencia de primera instancia.
Yasnery del Carmen Guardo Pardo
41. En este caso, también le asiste razón a la entidad recurrente frente al
cuestionamiento realizado sobre el extremo final de la penalidad. Pues, en el plenario
obra la certificación bancaria o colilla de pago del Banco BBVA, documento del cual se
resalta que en el punto «observación 2», se consignó la fecha «20151229»12 seguido
de la expresión «NOMINA DE CESANTIAS PARCIAL», lo cual es indicativo que en
dicha data estuvo a disposición de la interesada el dinero. De manera que, es esta
fecha, y no la de retiro del dinero por parte de la docente (4/01/2016), la que debió
tener en cuenta el Tribunal para la correspondiente contabilización de la sanción
moratoria.
42. En ese orden, se tiene que la mora se causó entre el 5 de septiembre de 2015 y el
28 de diciembre de 2015, para un total de 115 días de mora; por lo que se impone
modificar en este sentido la sentencia de primera instancia.
Liliana Rocío López Gutiérrez
43. En este punto, es necesario precisar que las decisiones de los operadores
judiciales deben basarse en las pruebas debidamente aportadas al proceso dentro de
los términos procesales previstos para tal efecto13. Ello en razón a que la parte
recurrente indicó en el recurso que el pago de las cesantías ocurrió en una fecha
anterior de aquella tomada en cuenta por el a quo y para acreditar su tesis, mencionó
aportar el certificado de pago emitido por Fiduprevisora S. A., sin embargo, dicho
documento no reposa en el expediente.
9 Folios 21 al 23 de la demanda.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 30 de enero de 2025. Cp. Luis Eduardo Mesa Nieves.
Radicación núm. 08001-23-33-000-2016-00933-01 (3004-2022)
11 El 17 de junio de 2016.
12 Páginas 34 y 35 de la demanda.
13 Artículo 164 Código General del Proceso. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno
derecho.
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44. Ahora bien, el tribunal tuvo en cuenta el documento contentivo en el folio 50 de la
demanda del que se transcribe: «Fecha de pago: 27-07-2017», único documento
obrante en el expediente que da cuenta del pago de la prestación y frente al cual la
parte demandada no presentó objeción alguna.
45. De modo que, al no encontrarse elementos de prueba allegados oportunamente
que den cuenta de una fecha diferente a la dispuesta por el tribunal, no es viable
acceder a la exigencia de la entidad recurrente respecto al extremo final de la sanción
moratoria. En tal virtud, no prospera el recurso en este punto.
46. No obstante, se advierte que, si bien el tribunal ordenó la indexación de la sanción
moratoria considerando la formula: R= RH (índice final/ Índice inicial), lo cierto es que
la terminología aplicada resulta imprecisa, pues conforme se indicó en la sentencia de
unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018 la penalidad por mora en
pago de las cesantías no puede ser indexada, sin embargo, sí es posible ajustar el
valor de la condena eventual tomando como base el índice de precios al consumidor
a partir del día siguiente en que cesó la causación la penalidad y hasta la ejecutoria de
la sentencia, en los términos descritos en el artículo 187 del CPACA, aspecto que no
fue incluido en la parte resolutiva de la sentencia apelada.
47. Por lo cual, se encuentra procedente delimitar el ajuste de la condena conforme
las pautas antes señaladas y complementar el fallo de primera instancia en uso de las
facultades conferidas al juez de segunda instancia el artículo 287 del CGP14.
48. En tercer lugar, en cuanto a la condena en costas, en la alzada se afirmó que no
se realizaron actuaciones temerarias o dilatorias, por lo que no era procedente su
imposición.
49. Advierte la Sala que la sentencia de primera instancia fue proferida en vigencia de
la Ley 2080 de 2021, norma que en su artículo 47 establece: «En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
50. Pues bien, una lectura aislada de lo dispuesto en el anterior precepto llevaría a la
conclusión de que la norma se refiere únicamente a la falta de fundamento legal de la
demanda, situación que limita la posibilidad de aplicación de la norma a la parte
demandada que resulta vencida en el proceso; sin que exista una justificación
razonable para ello.
51. No obstante, dicha interpretación desconoce los principios y objeto de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo 15, entre ellos el de igualdad.
14 CGP. Artículo 287. Adición (...)
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con
la omisión haya apelado (...).
15 Artículo 103 del CPACA.
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52. Por tal motivo, solo un análisis del artículo 47 de la Ley 2080 en armonía con el
artículo 365 del Código General del Proceso, garantiza extender su aplicación en
igualdad de condiciones tanto a la parte demandante como a la demandada, tal como
lo ha definido esta jurisdicción en sus diferentes providencias 16.
53. En ese sentido, revisados los argumentos esgrimidos en la contestación de la
demanda no se advierte que esta se encuentra carente de fundamentación jurídica.
54. En este caso al momento de imponerse la condena en costas, esta circunstancia
no fue valorada por el tribunal, por lo que procede la revocatoria del numeral tercero de
la sentencia de primera instancia en cuanto a la condena en costas y se modificará el
ordinal segundo, por las razones expuestas en precedencia.
Condena en costas
55. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo expresado, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar a
aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio y la carencia de fundamentación
jurídica.
56. En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de
revisar los argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario, se
avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por lo que,
se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.
57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Revocar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 15 de octubre de
2021 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en cuanto a la condena en costas
impuesta. En su lugar quedará así:
«TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia»
SEGUNDO. Adicionar el numeral segundo de la mencionada providencia, el cual
quedará así:
16 Véase que en las sentencias del 28 de noviembre de 2024 radicado interno (3697-2021) y (3983-2024), entre
otras, se llegó a la conclusión de que con la modificación introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, se
debe analizar la conducta de las partes en el proceso.
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Radicado: 13001-23-33-000-2018-00281-01
Demandante: Elmira Torrejano Villarruel, Yasnery del Carmen Guardo Pardo
y Liliana Rocío López Gutiérrez
«SEGUNDO: ORDENÁSE a título de restablecimiento del derecho, al Ministerio de
Educación Nacional – Fomag, a reconocer y pagar a las señoras Elmira Torrejano
Villarruel, Yasnery del Carmen Guardo Pardo y Liliana Roció López Gutiérrez la sanción
equivalente a un día de salario por cada día de mora, a partir del 13 de mayo de 2015,
5 de septiembre de 2015 y 14 de enero de 2017 hasta los días 13 de junio de 2016, 28
de diciembre de 2015 y 25 de julio de 2017, respectivamente, donde se deberá tener
en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la
causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el tiempo. Condena que
deberá ser ajustada tomando como base el índice de precios al consumidor a partir del
día siguiente en que cesó la causación la penalidad hasta la ejecutoria de la presente
sentencia en los términos del artículo 187 de CGP».
TERCERO. Confirmar en todo lo demás la providencia recurrida.
CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las
motivaciones de esta providencia.
QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del
CPACA.
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