RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 52001-23-33-000-2019-00669-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00669-01

Fecha
5 de octubre de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00669-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO. MO DIFI CAR el ordinal tercero de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 25 de agosto de 2021, que accedió a las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Ludimia María Alicia Ceró n Riascos contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia , el cual quedará así: «TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, CONDÉNAS E a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP a reconocer y pagar la pensión gracia a la señora LUDIMIA www.consejodeestado.gov.co 28 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022) Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos MARÍA ALICIA CE RÓN RIAS COS, id entificada con cédula de ciudadanía 27.219.191, en el equivalente al 75% del promedio de todos los factores consagrados en la ley, devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación de su stat us pensional, esto es, entre el 5 de agosto de 2011 y el 4 de agosto de 2012 , según certificación obrante a folio 106 .» SEGUNDO. REVOCAR el ordina l séptimo de la sentencia recurrida según lo expuesto . TERCERO. Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada. CUARTO. No condena r en costas en esta instancia. QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecuto riada esta providencia devolver el exp ediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2019-00669-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

5 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001233300020190066901 (0542-2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP 1

Temas: Pensión gracia . Tipo de vinculación. Docente
alfabetizadora adultos. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA

La Sala de Subsección A resuelve el recurso de apelación
interpuesto la entidad demanda contra la sentencia proferida por el
por el Tribunal Administrativo de Nariño el 25 de agosto de 2021 ,
que accedió a las pretensiones de la demanda .

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

1.1 Pretensiones

La señora Ludimia María Alicia Ceró n Riascos , por intermedio de
apoderad o, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previst o en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011 3, deprecó declarar la nulidad de la Resoluci ón RDP
047604 del 18 diciembre de 2018 , el Auto ADP 004965 de 25 de

1 En adelante, UGPP.
2 Folios 24 a 39.
3 Códigode Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En adelante CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

julio de 2019 y la Resolución RDP 032268 de octubre de 30 de
2019, por medio de las cuales, la UGPP negó la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión gracia .

A título de restablecimiento del derecho, solicitó con denar a la
entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia con el
75% de todos los factores salaria les devengados el año anterior al
27 de junio de 2012; fecha en la que alcanzó el estatus pe nsional;
(ii) aplica r los aumentos anuales automáticos que ordena la Ley 71
de 1988, incluyendo la actualización de los valores de a cuerdo a la
variación de Índice de Precios al Consumidor (IPC) según lo
autoriza el artículo 187 del CPACA ; (iii) cumplir la sentencia
conforme a los art ículos 189, 192, 194 y 195 de la Ley 1437 de
2011.

1.2 Hechos que funda mentan la demanda

La señora Edith Gutiérrez Palomino , por intermedio de apoderado,
expuso que nació el 9 de enero de 1920 (sic) y estuvo vinculad a
como docente de manera interrumpida desde el 1.º de septiembre
de 1979 hasta el 27 de junio de 2012.

El 31 de agosto de 2018 , solicitó ante la UGPP, el reco nocimiento
y pago de la pensión gracia, sin em bargo, le fue negado el derecho
a través de los actos administrativos demandados.

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación

La accionante argumentó que , con los actos administrativo s
demandado s la entidad demandad incurrió en falsa motivación o
error en los motivo s indicados y en ese orden, le fueron vulnerados
derechos constitucionales y legales.

Adujo que sí cumplía con los requisitos para ser acreedora de la
pensión gracia, para lo cual, se refirió al objeto de la prestación
conforme a la normativa que regula la materia, invocó

www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

jurisprudencia en torno a la valoración de los certificados de tiempo
de servicios, así co mo las m odalidades de vinculación do cente y los
recursos para el pago de los salarios docentes.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 4

La UGPP se op uso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda por carecer de fundamentos de derecho, y en
consecuencia, solicit ó que se exonere de toda responsabilidad a la
entidad, toda vez que la actora no cumplió con los requisitos para
ser acreedora de la prestación que reclama.

Indicó que e l tiempo de servicio prestado por la actora en el
Municipio de Guaitarilla , del 1.º de septiembre de 1979 en adelante,
no puede ser tenido en cuenta para el reconocimiento de la pensión
gracia por ser éste de carácter nacional.

En su escrito, indicó que la legalidad d e los actos administrativo s
censurado s no ha sido desvirtuad a, y estos no contiene n vicio
alguno, por lo que la negativa se encuentra ajustada a derecho en
tanto que la actora no cumple con los requisitos exigidos para
acceder a la pensión gracia.

Propuso las excepciones denominadas (i) inexistencia de
vulneración de principios constitucion ales y legales ; (ii) cobro de lo
no debido ; (iii) pre scripción; (iv) inexistencia de la oblig ación ; y (v )
las que se encuentre n probada de manera oficiosa.

3. AUDIENCI A INI CIAL 5

El Tribunal Administrativo de Nariñ o , mediante auto del 16 de
octubre de 2020, resolvió tener p or contestada la demanda,
incorporar las prue bas documentales aportadas y dar aplicación a
lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 13 del Decreto 806 del 4

4 Expediente digital CONTESTACION 2019 -00669.pdf
5 Expediente digital 004 AutoAplicaDecreto806 -CorreTrasladoExcepciones.pdf

www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

de junio de 2020 , por lo que corrió t ras lado de las excepciones y
posteriormente a las partes para presentar alegatos.

4. SENTENCIA DE PRIMERA I NSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo de Na riño profirió sentencia el 25 de
agosto de 2021, por medio de la cua l, accedió a las pretensiones
de la demanda y condenó en costas equivalentes al 80%, en
concordancia con los artículos 361 y siguientes del Código General
del Proceso –CGP– así:

« [ …]

SEG UNDO : DECLA RA R la nulidad de l a Resoluci ón RDP 047604
del 18 dic iem br e de 2018, por m edio de l as cuales la UG PP n egó el
r econocim ient o y pago de una pensión gr acia en f avor de la señor a
LUDI M I A M A RÍA A LI CI A CERÓ N RI A SCO S , ident if icada con cédula
de ciudadaní a Nº 27219191. El lo conf or m e a lo dicho en la
m ot ivación de est e pr oveí do.

T ERCERO : Com o consecuencia de la ant er ior declar ació n, y a t í t ulo
de r est ablecim i ent o del der echo, C O NDÉNA SE a la Unida d
Adm inist r at iva Espe cial de G est ión Pe nsiona l y Cont r ibu cione s
Par af iscales de la P r ot ección Socia l - UG PP a r econocer y pagar la
pensión gr ac ia a l a señor a LUDI M I A M A RÍA A LI CI A CERÓ N
RI ASCO S, ide nt if ica da con cédu la de c i udadaní a Nº 2721 91 91, en
el equ ival ent e al 75% del pr om ed io de t odos los f act or es
consagr ados en la ley, devengados en el año inm edi at am ent e
ant er ior a la conso li dación de su st at us pensiona l, est o es, ent re el
15 de j ul i o de 2011 y el 15 de j uli o de 2012.

[ …]

Q UI NTO : DECLA R AR que las sum as debidas, ant er ior es al 31 de
agost o de 2015 se encuent r an PRE S CRI T A S . En consecuencia,
O RDÉNA SE a La Unidad Adm i nist r at iva Especia l de G est ión
Pension al y Cont r ib uciones Par af isca le s –UG PP a que cancele al
act or las m esadas p ensiona les cau sa da s con post er ior idad al 31 de
agost o de 2015.

SÉPT I M O: CO NDENA R par cialm ent e en cost as en un 80% en
pr im er a inst ancia a la Unid ad Adm in ist r at iva Especia l de G est ión
Pension al y Cont r ib uciones Par af isca le s de la Pr ot ección Socia l -
UG PP [ …]

[ …] » (sic)

6 Folios 244 a 252.

www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

La autoridad judicial , con base en los documentos aportados y
jurisprudencia emanada del Consejo de Estado, concluyó que la
actora se vinculó inicialmente por medio de la Resolución 220 del
18 de septiembre de 1979 , como docente alfabetizadora de adulto,
destinada a la prestación del servicio al Centro “Guaitarilla ”,
nombramiento que se hizo efectivo con efectos retroactivos desde
el 11 de septiembre 1979, según el acto de nombramiento y el acta
de posesión y hasta el mes de febrero de 1980, tiempo que es
posible ser computado para efecto del reconocimiento de pensión
gracia reclamada por la actora .

En cuanto al segundo nombramiento que se concretó mediante el
Decreto 009 de 22 de enero de 1993, nombramiento suscrito por el
señor alcalde de Guaitarilla, por lo que no podría considerarse
como docente de orden nacional, como dan cuenta las
certificaciones de historia laboral – FOMAG aportadas al proceso,

En ese orden, consideró que la actora acreditó haber estado
vinculada por más d e 20 años de servicio, que su vinculación se
produjo con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 , superó los 50
años de edad y no fue sancionada disciplinariamente, de modo que
adquirió su status pensional el 15 de julio de 2012 .

Precisó que la vinculaci ón de la parte demandante a la docencia
oficial y el pago en parte de sus emolumentos provenientes del
Sistema General de Participacio nes, no la excluyen del
reconocimiento del derecho pensional reclamado según lo
dispuesto en la sentencia de unificación.

Teniendo en cuenta que la reclamación administrativa sólo
interrumpe el término de prescripción por una sola vez, y dado que
la petición se presentó el día 31 de agosto de 2018 y la demanda
fue radicada el 18 de diciembre de 2019, declaró prescritas las
mesadas causadas con anterioridad al 31 de agosto de 2015,
conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968

www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

y artículo 151 del C.P.L., que establecen que estos derechos
prescriben en 3 años, a partir de que se haya hecho exigible la
obligación.

En cuanto a la condena en costas, indicó que no es dado que el
juez realice un juicio de valor respecto del comportamiento procesal
de la parte vencid a en el proceso, p ara establecer si le condena o
no en costas; basta con advertir que se trata de la parte vencida en
el debate procesal para impartirle co ndena en costas , conforme al
art. 365 del CGP , por lo que fijó las mismas en el 80%.

5. RECURSO DE APELACIÓN 7

La UGPP solicitó revocar la decisió n y , en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda al considerar que la accionante no
reúne los requisito s para acceder a la pensión gracia, pues, a partir
del 1.º de septiembre de 1979 hasta el 30 de marzo de 1980, la
vinculación fue nacional, según la certificación laboral del 16 de
agosto de 2012, expedid a por la Secretaría de Educación
Departamental de Nariño, en donde se indica que la actora se
desempeñó como docente alfabetizador de los programas de
educación para adultos, lo cual conlleva el cumplimiento de un
programa de o rden nacional, cancelado con cargo a dicho
presupuesto de conformidad con la normatividad expedida para tal
efecto, que si bien conlleva a una categoría de docente oficial no
puede afirmarse que corresponde a la categoría de docente
territorial, por lo q ue no puede ser tenido en cuenta .

Insistió en que los pagos se realizaron con recursos de la Nación y
así las cosas, se debe determinar que el actor incurriría en la
prohibición de doble remuneración proveniente de esta.

Indicó que se encuentra de acuerdo con los argumentos expuestos

7 Expediente digital y CD a folio 210, archivo 017RecursoDeApelación -
EnTérmino.pdf

www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

en el salvamento de voto , que transcribió.

De manera subsidiaria, y en el evento de confirmar la decisión,
solicitó no condenar en costas a la entidad, por considerar que bajo
la Ley 1437 de 2011 no cabe la conducta automática a la parte
vencida, sino que habrá que considerar (i) naturale za de los
conflictos que se resuelven, que no tienen un contenido puramente
económico, sino que está involucrado el interés público y el reclamo
de derechos de los ciudadanos ante la administra ción y (ii) el
fundamento de las costas procesale s es sancionar e l abuso del
derecho o el desgaste judicial innecesario, por ello cabe el análisis
de la conducta de las partes en el deb ate, las costas no pueden ser
impuestas atendiendo simplemente el razon amiento objetivo de ser
vencido en juicio.

En ese sentido, señaló que la UGPP no ha actuado fuera del marco
legal, ni realizó conductas fraudulentas o perturbadoras de la
administración de justicia .

Adicionalmente, indicó que en el presente asunto la parte
demandante no acreditó haber incurrido en gasto alguno, por lo
tanto, no debe haber reconocimiento de conformidad con lo
expuesto por el Ho norable Consejo de Estado en providencia del 22
de julio de 2014, en la que aclaró el tema de las costas en el sentido
de que el reconocimiento efectivo de las costas judiciales
dependerá de la causa y razón que motivaron el gasto .

6. ALEGATOS DE SEGUNDA I NSTANCIA

Las partes, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y
el Ministerio Público guardaron silencio según el informe secretarial
obrante a folio 217 del expediente .

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

El Consejo de Est ado es competente para resolver el recurso de
apelación , de acuerdo con el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 8 y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso 9.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala , de acuerdo con el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada , resolver lo siguiente :

1. ¿La señora Ludimia María Alicia Cerón Riascos , en su
calidad de docente oficial, tiene derecho al reconocimiento
de la pensión gracia en aplicación del régimen consagrado
en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha
prestación?

2. ¿Le asistió razón jurídica al a quo al condenar en costas y
agencias en derecho a la parte demandada?

2.3. Marco normativo y jurisprudencia aplicable al asunto.

2.3.1. La pensión gracia.

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley
114 de 1913 en favor de los maestros de las escuela s primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no
menor de 20 años.

Respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su
reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i)
haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración

8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la l ey.»

www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

y buena conducta; ii) no haber recib ido o recibir ot ra pensión o
recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad.

Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspectores de instrucció n pública y
autorizó la suma de servicios prest ados en diversas épocas al
computar los años en la enseñanza primaria, la norm alista y la
inspección, con el f in de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

Con la Ley 37 de 1933, el beneficio se hizo extensivo a los maestros
de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios
señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º , distinguió
entre los conceptos de docente «nacional», «nacionalizado» y
«territoria l».

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer
que, los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980
que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado,
tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá, siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos.

En ese orden, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes , esta solo está
prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir,
con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la
Sala Plena del Co nsejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de
agosto de 1997 señaló con claridad dicha exclusión.

www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE-S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 10 previó las
pautas jurisprudenciales a seguir en relación con el presupuesto
proveniente del situado fiscal y la titularidad de los recursos
provenientes del sistema general de participaciones.

Dicha decisión hizo también referencia a los fondos educativos
regionales, los cuales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados
y, en ese sentido , se aclaró que el universo de esos recursos con
los que se financiaban, le pertenecía de forma exclusiva a los entes
locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas, por lo que no es dable inferir que los
docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en
educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial,
el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo
regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con
la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente
en la Nación.

La sentencia en mención, se refirió a la prueba de calidad de
docente territo rial, para lo cual determinó que se requiere copia de
los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que
conjuntamente se pueda establecer con suficiente claridad que la
plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como
territoriales o, en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva cert ifica ción de la autoridad nominadora que dé cuenta

10Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).

www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

En cuanto al origen de los recursos de la entidad nominadora, se
aclaró que lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de
la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es,
que sea de carácter territo rial o nacio nalizada.

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 11, la Sección Segunda incorporó
adicionalmente como regla jurisprud encial sobre la int erpretación
del artículo 15, numeral 2.º, literal a , de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que los docentes
pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación
territorial o nacion alizada con antelación al 31 de diciem bre de 1980
y cumplan con los demás requisitos legalmente estab lecidos para
su reconocimiento».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón
por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos
pendientes de resolución tanto en sede administrativa como
judicial.

En conclusión, queda claro que, para acceder al reconocimiento de
la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales,
en primaria o en secundaria, como normalista , inspector de
instrucción pública , o en calidad de docente nacionalizado, con
alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo,
siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación
con anterioridad al 31 de diciemb re de 1980 y cumpla con los demás

11Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).

www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

requisitos exig idos, es decir, haber a lcanzado la edad de 50 años y
demostrado buena conducta.

2.4 Caso concreto

2.4.1 Actuación admini strativa

I) El 31 de agosto de 2018 la accionante solicitó ante la e ntidad
demandada el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

II) La UGPP negó la petición mediante la Resolución RDP
047604 del 18 diciembre de 2018 12, para lo cual relacionó los
siguientes tiempos de servicio:

Señaló que los servicios fueron prestados con nombramiento del
orden nacional por lo que no hay lugar al pago de la pensión de
jubilación.

Indicó que, de acuerdo con el certif icado de información laboral del
16 de agosto de 2012, la actora se d esempeñó como alfabetizador
del Centro Urbano de Guaitari lla en el periodo comprendido entre
el 1.º de septiembre de 1979 hasta el 28 de febrero de 1980 , lo cual
se considera educación formal y, por tanto, no es posible
computarlo para el reconocimiento de la pensión gracia.

III) La accionante interpuso recurso de apelación el 7 de junio de
2019.

IV) Por medio de l Auto ADP 004965 de 25 de julio de 2019 13, la
entidad rechazó el recurso de apelación por extemporáneo.

V) La accionante interpuso recurso de queja en contra de l

12 F o l i o s 17 a 20 Vto.
13 F o l i o s 23 y 24.

www.consejodeestado.gov.co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

referido auto y fue resuelt o mediante la Resolución RDP 032268
de octubre de 30 de 2019 14, que indicó que, revisado el cuaderno
administrativo, la Resolución RDP 047604 del 18 diciembre de 2018
se notificó por aviso el 17 de enero de 2019 y el recurso fue
presentado el 13 de junio de 2019, aunque tenía oportunidad hasta
el 31 de enero de 2019 según se establece en el artículo 69 del
CPACA.

2.4.2 Hechos probados y análisis

2.4.2.1 La demandante nació el 9 de enero d e 1960 15, por tanto,
el mismo día y mes de 1996, cumplió 50 años de edad.

2.4.2.2 Respecto de los tiempo s de servicio docente , se tiene lo
siguiente :

a) El periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1 979 y
el 30 de marzo de 1980, nombrada mediante la Resolución
220 del 18 de septiembre de 1979 16.

«RESOLUCIÓN NUMERO 220 DE 1979
(Septiembre 18)

Por el cual se hacen unos nombramientos en el Ramo de la Educación de Adultos

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
En uso de sus facultades legales,

RESUELVE
[…]

[…]

14 F o l i o s 27 a 30.
15 S e g ú n c o n s t a e n l a c o p i a d e l a c é d u l a d e c i u d a d a n í a a f o l i o 4 1 y d e l R e g i s t r o

Civil de Nacimiento visible a folio 42.
16 F o l i o s 46 a 48

www.consejodeestado.gov.co 13
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

SECRETARIO DE EDUCACIÓN PUBLICA NARIÑO
DELEGADO DEL MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL
GRUPO NÚMERO UNO – EDUCACIÓNADULTOS NARIÑO JEFE

• Según Acta del 2 de octubre de 1979 17, la actora to mó
posesión del cargo de «Alfabetizadora del centro Urbano de
Guaitarilla, nombramiento hecho mediante Resolución No.
220 del 18 de septiembre de 1.979, comunicado No. 34 del 19
de Septiembre del presente año.» La posesión se realizó ante
el alcalde municipal y su secretario.

• La anterior información fue verificada por la Gobernación de
Nariño en Oficio 2018RE16040 del 16 de agosto de 2018 18 así:

Acorde con las piezas reseñadas, lo que constituye relevancia para
determinar s i la do cente tiene el derecho o no al reconocimiento de
la pensión gracia, es si fue nombrad a docente antes del 31 de
diciembre de 1980, y si se t rató de una vinculación de carácter
territorial o nacionalizada.

17 F o l i o 49.
18 F o l i o 43.

www.consejodeestado.gov.co 14
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

Del análisis del ref erido acto de nombramiento, es preciso resaltar
que la nominación fue emanada del secretario de educación pública
de Nariño, en uso de las facultades que le son inherentes, es decir,
que no invocó normas que permitan inferir que actuaba como
delegado de la Nación; designación que tampoco proviene
directamente del Ministerio de Educación Nacional y no fue
allegada alguna evidencia de la que se pueda concluir que dicho
nombramiento se efectuó con intervención de la Nación. Sumado a
ello, no se especificó que los pagos de los salarios fueran
procedentes de esta cartera.

Adicionalmente, se encuentra que, de manera expresa, en el acto
administrativo objeto de estudio, se registró que se nombraba a la
actora como seccional alfabetizadora e n una plaza del Centro
Guaitarilla en el municipio del mismo nombre, que hace parte del
departamento de Nariño , y que tendría efectos retroactivos a partir
de 11 de septiembre de 1979 y válido «hasta Febrero de 1980»
(sic).

Sobre este nombramiento es posible determinar que ocurrió antes
del 31 de diciembre de 1980, lo que por regla general
correspondería a un vínculo territoria l o nacionalizado.

Esta Sala ha precisado que « El car áct er nacionali zado de la
designac ión [ …] enc uent r a r espaldo en el ar t í culo 1 de la Ley 91 de 1989,
en t ant o dispone que son nacionaliz ado s aquellos «docent e s vinculados
por nom br am ient o de ent idad t er r it or ial ant es del 1 de enero de 1976 y
los vincu lados a par t ir de est a f echa, de conf ormi dad con l o di spuest o
por l a Ley 43 de 1975 ». En similar sentido, la Corte Constitucional,
mediante sentencia C -085 de 2002, indicó que los « docent es
naciona liz ados » son « los vincul ados ant es del 31 de diciem br e de 1980,
por las ent idades t er r it or iales ».

Sumado a lo anterior, en lo que corresponde a dicha diferencia esta
Corporación en la citada sentencia de unificación CE -SUJ2-011-
18 del 21 de junio de 2018 , concluyó:

www.consejodeestado.gov.co 15
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

«Por su par t e, se ent iende por personal naci onal i zado ( i) aquel
que siend o t er r it or ia l ant es de l 1. de en er o de 1976 f ue obj et o del
pr oceso de nacio nal izació n in icia do con la exped ició n de la Ley 43
de 1975; y ( ii) los q ue a par t ir de esa fecha se hayan vinc ulado a
una plaza de aq uel la s que f uer on naciona liz ad as en vir t ud, t am bién,
del alu dido pr oceso adelant ado por la no r m a en cuest ión ( Ley 43 de
1975) .

Ent r e t ant o, debe ent ender se por personal t erri t ori al el vinculad o
por ent idades de es e or den a par t ir del 1. de ener o de 1976, sin el
cum plim ient o de l r e quisit o est abl ecido en el ar t í culo 10 de la Ley
43 de 1975; est o es, que la plaza a ocupar haya sido cr eada de
f or m a exclusiva por el ent e local y los gast os que est a gener e se
cubr an con car go a su pr opio pr esupues t o. »

Adviértase que esas reglas ju risp rud enciales deben analizarse en
cada caso particular en conjunto con los todos elementos de juicio
para concluir , sin lugar a equívoco , el tipo de vinculación del
respectivo docente.

Lo anterior permite concluir que, para dicho periodo, el docente, en
principio ostentarí a una vinculación nacionalizada , pues la misma
tuvo lugar después de la nacionalización de que trata la Ley 43 de
1975 (toda vez que la expedición y entrada en vigencia f ue el 11 de
diciembre de 1975).

Si bien el documento fue suscrito por el delegado del Ministerio de
Educación Nacional , ello reafirma q ue se trató de una vinculación
nacionalizada, y por el contrario, no supone que se trate de una
vinculación del ord en nacional, pues como se indicó en la sentencia
unificadora de 2018, no es dable inferir que los docentes
territoriales y/o nacion alizados se convierten en educadores
nacionales cuando en el acto de su vinculación interviene el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional , ni aún
como miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo
Educativo Regional –FER–.

Ahora bien, sobre las vinculaciones de los docentes que ejercieron
su labor en centros de enseñanza para adultos, esta Sala de

www.consejodeestado.gov.co 16
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

Subsección 19 ha considerado que los tiempos de servicios en los
cuales se ejerció la labor docente para la alfabetización, son
computables para efectos de acceder a la pensión gracia, en la
medida que, fue reglamentada a través de los Decretos 1830 de 1966
y 378 de 1970, en el primero de ellos se reguló la educación para
las personas mayores y, en el segundo, se estableció la educación
primaria para esta población en todo el territorio nacional. Además,
el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979, dispuso que el ejercicio de
la profesión docente incluye la alfabetización de adultos.

Dilucidado lo anterior, esta Corporación concluye que la accionante
ocupó el cargo de educador a entre el 11 de septiembre de 1979 y el
1º de marzo de 1980 y la naturaleza de la vinculación fue
nacionalizad a, por lo cual, d icho periodo es susceptible de
acreditar la vincula ción antes del 31 de diciembre de 1980 y de ser
contabilizado para efectos de colmar el requisito de tiempo de
servicios exigido para acceder al reconocimiento y pago de la
pensión gracia (20 años).

b) Del período comprendido entre el 27 de enero de 1993 y el
7 de febrero de 2020 (fecha de la última certificación
aportada y visible a folios 141 y 142) , nombrada mediante el
Decreto 009 del 22 de enero de 1993 20, así:

19Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de
mayo de 2023, radicado 76001-23-33-000-2015-00528-01 (4359-2017), C.P.
Gabriel Valbuena Hernández ; 3 de octubre de 2020, radicado 52001 -23-33-
000-2014-00540-01, (2892-2016) C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
20 F o l i o s 50 y 51.

www.consejodeestado.gov.co 17
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

[…]
EL ALCALDE
LA SECRETARIA» ( sic)

www.consejodeestado.gov.co 18
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

• Con el anterior acto de nombramiento fue allegad a también
Acta 001 del 27 de enero de 1993 21, por medio de la cual, la
accionante tomó posesión del cargo de « docente de
Secundaria en la Escuela Nacional “San Juan Bosco” que
funciona en este Municipio, para el que fue nombrada por
Decreto No. 009 del veintidós /22) de Enero de mil
novecientos noventa y tres (1.993).» La posesión se realizó
ante el alcalde de Guaitarilla, Na riño , y su secretaria.

• De acuerdo con el Certificado de Tiempo de Servicio emitido
por la Secretaría de Educación de Nariño el 16 de mayo de
2003 22, la accionante se vinculó en propiedad y el carácter
jurídico de la vincu lación fue «Nacionalizado», así:

• El Formato Único para la Expedición d e Certif icado de Historia
Laboral del FOMA G, emitido por la Secretaría de Educación
Departamental de Nariño del 6 de enero de 2015 23, así como
la del 7 de febrero de 2020 24, no indican el tipo de vinculación
y sólo refiere n al «REGIMEN DE PENSIONES» como
«Nacional» así :

21 F o l i o 52.
22 F o l i o 104.
23 F o l i o s

24 F o l i o s 143 y 144.

www.consejodeestado.gov.co 19
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

En cuanto al tiempo de servicios se relacion an los siguientes:

Del análisis de l act o de nombramiento contenido en el Decreto 009
del 22 de enero de 1993 , se evidencia que el nominador fue el
representante del ente local, es decir, el alca lde municipal de
Guaitarilla, Nariño quien invocó las facultades contenidas en el
artículo 9 de la Ley 29 de 1989 y los Decretos Ley 2277 de 1979 y
1706 de 1989 .

En cuanto a la Ley 29 de 1989 se tiene:

«Ar t í culo 9º . - El ar t ículo 54 que dar á así : Se asigna a l A lcal d e M ayor
del Dist r it o Espec ia l de Bogot á, y a los alcaldes m unic ipa l es, las
f unciones de nom br ar , t r asladar , r em over , cont r olar y, en gener a l
adm inist r ar el per sonal docent e y adm inist r at ivo de l os
est ablecim i ent os ed ucat ivos naci onal es o naciona li zados, plazas
of icia les de colegio s cooper at ivos, pr ivados, j or nadas adicionales,
t eniendo en cuent a las nor m as del Est at ut o Docent e y la Car r er a
Adm inist r at iva vi gen t es y que expidan e n adelant e e l Cong r eso y el
G obier no Naciona l, aj ust ándose a los car gos vacant es de las
plant as de per son al que apr uebe e l G obier no Nacion a l y las
dispon ibi li dades pr e supuest ales cor r esp ondient es.

[ …]

Par ágr af o 1º . - Los salar ios y pr est aciones socia les de est e
per sonal, cont inuar án a car go de la Nación y de las ent idades
t er r it or iales que las cr ear on.

Par ágr af o 2º . - La Nación no asum e r es ponsabi li dad al guna por los
nom br am ient os que excedan las pl ant as de per sonal apr obad as por
el G obier no Nacion al par a la r espect iva j u r isdicción m uni cipal y

www.consejodeestado.gov.co 20
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

par a la j ur isdicc ión de la I sla de San A ndr és, ni naciona liz ar á el
per sonal así design ado.

Los nom br am ient os y dem ás novedades de per sonal que se l l egasen
a pr oducir por f uera de las r espect ivas plant as de per sonal o
cont r aviniend o las nor m as del Est at ut o Docent e y de la Car r er a
Adm inist r at iva y las dis poni b il idades pr esu pu est ales
cor r espondient es, ser án de exclusiva r e sponsabi li dad del m unici pio
o ent idad t er r it or ial que los h icier e, y suyas las car gas civi les,
adm inist r at ivas y la b or ales que de t ales a ct uaciones se despr endan.
El f uncio nar io qu e pr oduj er e el nom br am ient o o la nov ed ad de
per sonal, incur r ir á en causal de m ala conduct a, y r esponder á
solid ar iam ent e con l a ent idad que dicho f uncionar io r epr esen t e.

[ …] »

Sobre el parti cular, se precisa que el nombramiento en uso de las
facultades otorgadas en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, no
significa per se que la vinculación sea nacional, puesto que en
virtud de esa disp osición normativa se asignaron a los alcaldes
municipales l as funciones de nombrar, trasladar, remover,
controlar y, en general, administrar el personal docente y
administrativo de los establecimie ntos educativos nacional o
nacionalizados .

El Decreto Ley 2277 de 1979, Estatuto Docente, «Por el cual se
adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente» ,
dispuso en el «Capítulo II» lo relativo a las condiciones generales
para ejercer la docencia, y en el artículo 5 reguló lo relativo a
nombramientos, para lo cual, determinó que a partir de la vig encia
de ese decreto sólo podrían ser nombrados para ejercer la docencia
en planteles oficiales de educación quienes posean título docente
o acrediten estar inscritos en el escalafón nacional docente, de
conformidad con los requerimientos establecidos para cada uno de
los distintos nivele s del sistema educativo nacional.

Así, el artículo 61 ibidem señala lo pertinente a los traslados de
docentes por parte de la entidad nominadora, mientras que el 69
reglamentó lo concerniente a las re nuncias que de manera libre
pueden presentar aquellos maestros que se desempeñen en
propiedad.

www.consejodeestado.gov.co 21
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

Por su parte, el Decreto 1706 de 1989 en su artículo 10 determinó
la estructura del escalafón y en el 16, definió las funciones de la
Junta Nacional del Escalafón Docente. Cabe menci onar que
adicionalmente, este reglamentó los artículos 7, 10 y 18 de la Ley
29 de 1989, con la intención de desarrolla r un régimen que se
adecuara a la administración de la prestación del servicio
educativo.

Pues bien, de acuerdo con la normativa relacion ada en el acto de
nombramiento contenido en el Decreto 009 del 22 de enero de
1993, se observa que dichas normas no delegan de modo alguno
en el representante territo rial facultades para nombrar docentes en
nombre de la Nación, por el contrario, como se pu ede colegir, lo
que se pretende con estas es regular de manera clara conceptos
como traslados, renuncias y nombramientos para la debida
administración del servicio educativo por parte del nominador.

Además, este acto administrativo fue suscrito po r el alcalde y su
secretaria, es decir, sin intervención alguna de representantes del
gobierno Nacional.

Ahora, si bien se indica que el delegado permanente del Ministerio
de Educación Nacional ante el FER d e Nariño, cert ificó la existencia
de disponibilidad p resupuestal y adicionalmente que debía
remitírse le copia del acto de nombramiento, lo cierto es que en el
artículo 6 de la Ley 43 de 1975 se determinó que los recursos
destinados a la nacionalización adelantada por dicha norma serían
administrados por los Fondos Educativos Regionales con sujeción
a los planes que estableciera el Ministerio de Educación Nacional,
lo que justifica dicha intervención.

Igualmente, como se expuso en la sentencia unificadora de 2018,
no es dable inferir que los docentes territor iales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales cuando en el acto de su
vinculación interviene, además del representante legal de la entidad

www.consejodeestado.gov.co 22
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

territorial, el deleg ado del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la Junta Administrado ra del respectivo Fondo Educativo
Regional.

Por su parte, es relevante precisar que el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral del FOMAG , señala
que el régimen de pensiones es nacional, más no, que el carácter
de la vinculación fuera nacional, razón por la cual no es posible
equiparar dichos términos, mucho menos sin que medie una
explicación o análisis por parte de la certificadora sobre los
mismos.

Contrario al mencionado formato, el Certif icado de Tiempo de
Servicio del 16 d e mayo de 2003 sí señala que la vinculación como
docente es nacionalizado, la que se hizo extensible hasta la fecha
de expedición de la última certificación, en la que consta que la
accionante continuaba vinculada como docente ( 7 de febrero del
2020).

Bajo esa línea, las condiciones de la vinculación docente de la
señora Ludimia María Alicia Cerón Riascos no se modificaron a
pesar de la permuta y los traslados a otras instituciones del mismo
municipio , situaciones administrativas que no afectaron sus
prestaciones salariales o régimen de pensiones y cesantías, pues
como se explicó, la vinculación d e la educadora se mantuvo
incólume al no existir ruptura del vínculo laboral, situación que se
corroboró con la s certificaciones relacionada s ut supra , sin que ello
le hubiese cambiado la naturaleza del vínculo.

Así, con fundamento en los elementos de juicio allegados al
expediente y apreciados en conjunto, conforme a las reglas de la
sana crítica, a esta Sala no le qu eda duda que la accionante
acreditó los 20 años de servicio reque ridos para la pensión gracia.

Disiente la Sala de la fecha establecida por el a quo para la
adquisición del estatus pensional que fue determinado el 15 de julio

www.consejodeestado.gov.co 23
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

2012, pues calculó 192 en la primera vinculación , cuando en
realidad co rresponde al 5 de agosto de 2012 .

CALCULO DE PERÍODO
ACTO ADMINISTRATIVO FECHA INICIO FECHA FINAL
DIA MES AÑO DIA MES AÑO (-)DIA
Resolución 220 del 18 de septiembre de 1979 11 9 1979 1 3 1980 171
Decreto 009 del 22 de enero de 1993 27 1 1993 5 8 2012 7029
7200

2.4.2.3 En relación con el requisito d e buena conducta, obra en el
proceso autodeclaración para tramitar pensión gracia, del 25 de
julio de 2018 25, que da cuenta de que la señora Cerón Riascos se
desempeñó como docente con honradez, consagración e idoneidad
y buena conducta.

Obra también Certificado de Antecedentes emitido por la
Procuraduría General de la Nación el 29 de agosto de 2019 26, en el
que se indica que la actora «NO REGISTRA SANCIO NES NI
INHABILIDADES VIGENTES».

Fue allegada a solicitud del tribunal constancia emitida por la
Secretaría de Educación Departamental de Nariño, del 7 de febrero
de 2020 27, en la que se registra que, revisados los registros
correspondientes a investigaciones y procesos disciplinarios, la
actora no ha sido sancionada y/o excluida en el Escalafón Nacional
Docente.

A este respecto, esta Sala debe indicar que se presume la buena fe
del interesado en cuan to a este requisito, pues, adicionalmente, no
fue aportada prueba o indicio que indique lo contrario y dicho tópico
no fue objeto de discusión en sede administrativa o en la primera
instancia.

25 F o l i o 55.
26 F o l i o 56.
27 F o l i o 145.

www.consejodeestado.gov.co 24
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

Así las cosas, esta Sala tiene el convencimiento de que la
accionante (i) prestó sus servicios como docente de carácter
territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; (ii) acreditó
20 años de servicios con vinculación nacionalizada el 5 de agosto
de 2012, fecha en la que alcanzó el estatus pensional; (iii) cumplió
50 años de edad el 9 de enero de 2010 , y (iv) no existe n pruebas
de que haya incurrido en causal de mala conducta, lo que indica
que es beneficiari a de la pensión gracia.

En ese orden, habrá de modificarse la fecha a partir de la cual la
accionante tuvo derecho a la pensión gracia, toda vez que ello
ocurrió el 5 de agosto de 2012 y no el 15 de julio de 2012 como lo
determinó el tribunal 28, por lo que deberán tenerse en cuenta los
factores salaria les devengados el año anterior comprendido entre
el 5 de agosto de 2012 y el 4 de agosto de 2012 , según certificación
obrante a folio 106.

En cuanto a la prescripción, teniendo en cuenta que el derecho lo
adquirió el 5 de agosto de 2012 , la reclamación ad ministrativa fue
presentada ante la UGPP el 31 de agosto de 2018 y la demanda
objeto de análisis fue interpuesta el 18 de diciembre e 2019 , tal
como consta en el acta de reparto que obra a folio 76 del
expediente, por lo que las mesadas causadas antes del 31 de
agosto de 2015 se encuentran prescritas, tal y como lo estipuló el
a quo.

• Le asistió razón j urídica al a quo a l condenar en cos tas y
agencias en derecho a la parte demandada.

La UGPP solicitó revocar la condena en costas atendiendo lo
establecido en el numeral 8.º del artículo 365 del Código General

28Sobre este punto, se atiende lo normado en el artículo 328 del CGP que
dispone que «[E]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones
que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. […] El juez no
podrá hacer más desfavorable la situación del apelante úni co, salvo que en
razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella ». (Resalta la Sala)

www.consejodeestado.gov.co 25
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

del Proceso –CGP–, pues afirmó que el proceso se realizó con total
celeridad y que, no se ha hecho uso temerario del recurso judicial,
ni está demostrado que haya desco nocido los deberes que le
impone el artículo 10 del CPACA. Adicionalmente, señaló que la
actora no acreditó haber incurrido en gasto alguno, por lo tanto, no
debe haber reconocimiento en concordancia con la pauta
jurisprudencial p lasmada en la sentencia de fecha 7 de abril de
2016, consejero ponente, William Hernández Gómez .

Al respecto, es importante señalar que esta Sección había
sostenido la tesis de que el concepto de las costas d el proceso
comprendía todos los gastos necesarios o útiles den tro de una
actuación de esa naturaleza y los denominados gastos o expensas
del proceso, llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso y
otros, como son los indispensables para traslado de testigos y la
práctica de la p rueba pericial, los h onorarios de auxili ares de la
justicia como peritos y secuestres, transporte de expediente al
superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.

Tras la expedició n del CPACA, la Subsección A, inicialmente
sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la
condena de manera «automática» u «objetiva», para quien resultara
vencido en el litigio. Ello, en consideración a que debían observarse
una serie de factores tales como la temeridad, la mala fe y la
existencia de pruebas en el proceso sobre lo s gastos y costas en el
curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de
análisis mínimo en el que el director del proceso evaluara las
circunstancias para imponerla o no.

Sin embargo, esta Subsección en providencia del 7 de abril de 2016,
varió aquella posición y acogió el criterio objetivo -va lorativo al
concluir que no era necesario evaluar la conducta de las partes –
temeridad o mala fe –, sino los aspectos previstos en el Cód igo

www.consejodeestado.gov.co 26
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

General del Proce so, con el fin de darle plena aplica ción a su
artículo 365.

No obstante, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, recientemente
fue modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el
sentido de precisar que «En todo caso, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Lo anterior, permite hacer extensiva dicha interpretación para
efectos de analizar si la oposición presentada por la UGPP puede
considerarse que se presentó con carencia manifiesta de
fundamento legal.

Con base en lo expuesto, se observa que en el presente caso e l a
quo no efectuó dicho estudio y, además, verificada la contestación
de la demandada presentada por la entidad demandada, no puede
considerarse que la misma se presentó sin sustento legal.

En ese orden, esta Sala considera que deberá revocar la condena
en costas impuesta en contra de la UGPP, pues la decisión
adoptada por el tribunal no tuvo en cuenta la modificación que
introdujo la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, tal como se expuso.

3. Conclusión

Conforme a lo expuesto, a la señora Ludimia María Alicia Cerón
Riascos le asiste el derecho a la pensión gracia, por lo que esta
Subsección modificará la fecha en la que la accionante adquirió el
estatus pensional, revocará la cond ena en costas impuestas a la
UGPP y confirma rá en lo demás la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño el 25 de agosto de 2021, que
accedió a las pretensiones de la demanda , según lo expuesto .

www.consejodeestado.gov.co 27
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

4. Condena en costas de segunda instancia

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en
costas, comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta
Sala de Subsección realizaba una valoración objetiva para
determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, lo cierto es
que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de
2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de
las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica .

En esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo
análisis, de la revisión del recurso de apelación, no puede
observarse dicha situación, contrario a ello, en el recurso se
sustentaron las razones en defensa jurídica de sus intere ses y, por
ende, no se condenará en costas a la parte vencida .

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

F A L L A

PRIMERO. MO DIFI CAR el ordinal tercero de la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño el 25 de agosto de 2021,
que accedió a las pretensiones de la demanda interpuesta por la
señora Ludimia María Alicia Ceró n Riascos contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia , el cual quedará
así:

«TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, y
a título de restablecimiento del derecho, CONDÉNAS E a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP a
reconocer y pagar la pensión gracia a la señora LUDIMIA

www.consejodeestado.gov.co 28
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001233300020190066901 (542 -2022)
Demandante: Ludimia María Alicia Cerón Riascos

MARÍA ALICIA CE RÓN RIAS COS, id entificada con cédula de
ciudadanía 27.219.191, en el equivalente al 75% del promedio
de todos los factores consagrados en la ley, devengados en el
año inmediatamente anterior a la consolidación de su stat us
pensional, esto es, entre el 5 de agosto de 2011 y el 4 de
agosto de 2012 , según certificación obrante a folio 106 .»

SEGUNDO. REVOCAR el ordina l séptimo de la sentencia
recurrida según lo expuesto .

TERCERO. Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada.

CUARTO. No condena r en costas en esta instancia.

QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecuto riada esta providencia devolver el exp ediente al
Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

www.consejodeestado.gov.co 29
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.