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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00528-01

Fecha
4 de mayo de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00528-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 6 de julio de 2017 , proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió a las súplicas de la demanda presentada por Amparo Mesa de Correa, en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia, en atención a lo expresado en esta sentencia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2015-00528-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

4 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00528-01 (4359-2017).
Demandante: Amparo Mesa de Correa
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social.
Temas: Pensión gracia. Tipo de vinculación. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demanda da contra la sentencia de 6 de julio
de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ,
que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda. 1

Amparo Mesa de Correa , por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 030778 de 9 de
octubre de 2014 y RDP 038028 de 16 de diciembre de 2014,
proferidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, por medio de las cuales le negó el reconocimiento y pago de
una pensión gracia y resolvió el recurso de apelación de forma
negativa.

1 Folios 1 y 2 del expediente.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Amparo Mesa de Correa

Como restablecimiento del derecho, pidió condenar a la UGPP a
conceder la pensión gracia, liquidada con la inclusión de todos los
factores salariales devengados en el último año de servicio,
debidamente indexados aplicando el índice de precios a l consumidor
desde el momento en que se haga el reconocimiento de la pensión
hasta el pago efectivo de la misma.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda.

Relató que nació el 9 de abril de 1949, razón por la cual el 9 de abril
de 1999 cumplió 50 años de edad, y prestó sus servicios como
docente nacionalizada desde el 6 de julio de 1977 hasta el 31 de
diciembre de 2004 en el departamento del Valle del Cauca.

Señaló que el 27 de mayo de 2014 solicitó el reconocimiento y pago
de la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, petición que fue resuelta de manera negativa con las
Resoluciones RDP 030778 de 9 de octubre de 2014 y RDP 038028
de 16 diciembre del mismo añ o.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

Como concepto de violación, argumentó que la entidad demandada
inaplicó las siguientes disposiciones normativas: artículos 1, 2, de la
Ley 114 de 1913 ; Ley 60 de 1993; Ley 4 de 1992; Ley 115 de 1994;
artículos 25,53,58 y numeral 1 del artículo 150 de la Constitución
Política de Colombia; artículo 15 de la Ley 91 de 1989; artículos 25
y 27 del Código Civil.

Sostuvo que no es aceptable el argumento expuesto por la UGPP ,
en el sentido de señalar que no se aportó la totalidad de l as pruebas
requeridas para poder estudiar si le asiste o no el derecho al
reconocimiento de la pensión gracia .

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Demandante: Amparo Mesa de Correa

Lo anterior, por cuanto adjuntó todos los decretos a través de los
cuales fue nombrad a como maestra en el departamento del Valle del
Cauca, con los que demostró el cumplimiento de los 20 años de
servicios como docente nacionalizada , así como la vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, además de cumplir con el
requisito de 50 años de edad.

1.4 Contestación de la demanda.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 2, por
intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda. Señaló que según consta en Certificado
de Historia Laboral 4.017 de 30 de noviembre de 2000, la vinculación
de la demandante a partir del 16 de enero de 1 995 fue de carácter
nacional y, en consecuencia , no es dable acceder favorablemente a
las súplicas de la demanda , por cuanto no se demostró el
cumplimiento del requisito de 20 años de servicio como docente
oficial de orden departamental, municipal o distrital.

Propuso como excepciones: (i) inexistencia de la obligación; (ii)
ausencia de vicios en los actos administrativos demandados ; y (iii)
prescripción.

1.5 Trámite en primera instancia.

En acatamiento al artículo 180 del CPACA, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca el 4 de abril de 2016 3, celebró audiencia inicial,
en la cual se fijó el litigio de la siguiente manera:

«[ …]

¿Si la señor a Am par o M esa de Cor r ea c um ple con e l r equis i t o de
haber labor ado 20 años o m ás al ser vicio de la doc encia -

2 Folios 70 al 74 del expediente.
3 Fo l ios 84 a l 89 d e l ex pe d i en te
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naciona liz ado, t er r itor ial, m unicipa l o dist r it al - , par a acceder al
r econocim ient o y p ago de l a pens ión gr acia, al t er no de lo
dispuest o en la Ley 114 de 1913 y dem ás nor m as concor dantes? ».

1.6 Decisión de primera instancia objeto de apelación. 4

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca e n sentencia de 6 de
julio de 2017 accedió a las pretensiones de la demanda . En
consecuencia: (i) declaró no probadas las excepciones de mérito
denominadas inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y
ausencia de vicios en los actos acusados; (ii) declaró la nulidad de
las Resoluciones RDP 030778 de 9 de octubre de 2014 y RDP
038028 de 16 de diciembre de 2014; (iii) ordenó a la UGPP reconocer
y pagar una pensión gracia en favor de la demandante a partir del 9
de abril de 1999 , con efectos fiscales a partir del 27 de mayo de
2011 por prescripción trienal ; y (iv) condenó en costas a la parte
demandada.

Al respecto, manifestó que , de acuerdo a los actos administrativos
de nombramiento y las actas de posesión, advirtió que fueron
expedidos por el departamento del Valle del Cauca y po r el alca lde
municipal de Cartago, razón por la cual en los términos del numeral
2 del artículo 1 de la Ley 91 de 1989 fueron de carácter
nacionalizado.

En ese orden de ideas, la actora al cumplir con los demás requisitos
para hacerse beneficiaria de la pensión gracia , esto es, tener más
de 50 años de edad y prestar sus se rvicios como docente por más
de 20 años, tiene el derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

1.7 Recurso de apelación. 5

La UGPP apeló la decisión de primera instancia , para lo cual
manifestó que la demandante no acreditó una vinculación anterior

4 Folios 136 al 139 del expediente.
5 Folios 145 al 148 del expediente.
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al 31 de diciembre de 1980 ni los 20 años de servicios co mo docente
de orden territorial o nacionalizada, por cuanto el nombramiento
que ostentó en el año 1994 fue de carácter nacional y, por
consiguiente, no le asiste el derecho a la prestación que reclama.

1.8 Trámite correspondiente a la segunda instancia

La UGPP 6 solicitó revocar el fallo de primera instancia , reiteró los
argumentos expuestos en el recurso de apelación y sostuvo que la
vinculación de la d emandante a partir del 16 de enero de 1995 fue
de carácter nacional de conformidad con la Certificación Laboral
4017 del 30 de noviembre de 2000.

La parte demandante y e l Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 7, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 328 del Código General del Proceso 8, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante; en el caso de la referencia, se observa
que únicamente la parte demanda da presentó recurso de alzada,
razón por la cual la competencia se encuentra limitada a los
argumentos expuestos en el mencionado recurso.

6 Folio 197 y 198 del expediente
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apel ante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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2.2. Problema jurídico

Considera esta Sala de Subsección que el estudio y posterior
decisión debe centrar se en establecer lo siguiente:

¿Amparo Mesa Correa en su calidad de docente oficial ,
tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión
gracia?

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley
114 de 1913 en favor de los maestros de las escuela s primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no
menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionant es para acceder a la
pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran
a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez,
consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años
de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el
docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1
de enero de 1981.

Posteriorment e, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspe ctores de instrucción pública.
De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en
diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo
requerido para acceder a la pensión.

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Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la
pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que
hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió
entre los conceptos de docente «naciona l» y «nacionalizado», así:

«A rt í cul o 1. Par a los ef ect os de la pr esent e Ley, los siguient es
t ér m inos t endr án el alcance indic ado a cont inuaci ón de ca da
uno de ellos:
Per sonal naci onal . Son los docen t es vinculados p or
nombrami ent o del G obi erno Naci onal .
Per sonal naci onal i zado. Son los docent es vinculados p or
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al ant es del 1 de ener o de
1976 y los vinculad os a par t ir de est a f echa, de conf or m idad
con lo dispuest o por la Ley 43 de 1975.
Per sonal t erri t ori al . Son los docent es vinculados po r
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al , a par t ir del 1 de ener o
de 1976, sin e l cu m plim ient o de l r equ isit o est ab lecid o en el
ar t í culo 10 de la Ley 43 de 1975. » [ Negr illas f uer a de t ext o] .

El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:

«A rt í cul o 15. A par t ir de la vigencia de la pr esent e Ley el
per sonal docent e na ciona l y nacional iza do y el que se vincule
con post er ior idad a l 1. de ener o de 1990 ser á r egido por la s
sigui ent es dispos ici ones:
[ …]
A. Los docent es vinculados hast a el 31 de di ci embre de 1980
que por m andat o de las Leyes 11 4 de 1 913, 116 de 1928, 3 7
de 1933 y dem ás nor m as que las hu bier an desar r ol lado o
m odif icado, t uviese n o llegar en a t ener der echo a la pensi ón
de gr acia, se les r econocer á siem pr e y cuando cum plan con l a
t ot alidad de los r equisit os . Est a pensión segu i r á
r econociéndos e por la Caj a Naci onal de pr evisión S oci a l
conf or m e al Decr et o 081 de 1 976 y s er á com pat ible co n la
pensión or d inar ia d e j ubilaci ón, aún en e l event o de est ar ést a
a car go t ot al o par cial de la naci ón. [ …]»

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De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha
advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente
que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus
condicionant es, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacion alizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado
en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón graci a
no quedan i ncl ui dos l os docent es naci onal es sino,
exclusiv am ent e, los naciona liz ados que , com o dice la Ley 91
de 1989, adem ás d e haber est ado vinc ulados hast a e l 31 de
diciem br e de 1980 “ t uviesen o lle gar en a t ener der echo a la
pensión de gr acia ( …) siem pr e y cuando cum plan con la
t ot alidad de r equis it os” . [ …] . » 9

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE-S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 10 previó las
siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los r ecur sos del si t uado f i scal que ot r or a t r ansf er í a o
cedí a la Nac ión a la s ent idades t er r it or i ales, en vi genci a de la
Car t a de 1886 y hast a cuando per m anecier on en vigor en la
Const it ución de 199 1, no obst ant e su or igen o f uent e nacion al,
una vez se incor poraban a los pr esupuest os locales pasaba n a
ser de pr opiedad ex clusiva d e los r ef er id os ent es en calid ad de
r ent as exógenas .
ii) Los ent es t er r it or iales son los t it ular es dir ect os o
pr opiet ar ios de lo s r ecur sos que les gir a la Nació n,
pr ovenient es del si st ema general de part i ci paci ones , por
asignac ión dir ect a del ar t í culo 356 de la Car t a Polí t ica de
1991.
ii i) La f inanciación de los gast os que gener aban los f ond os
educat i vos regi ona l es no solo dependí a de los r ecur sos q ue
gir aba la Nación a las ent idades t er r it or iales por concept o
del si t uado f i scal , sino que t am bién cor r espondí a a los entes

9 Consejode Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
10Consejo de Estado, Sección Segunda. Radi cación 25000-23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).

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local es dest inar par t e de su pr esupuest o par a at ender al
sost enim ient o de los r ef er idos f ondos educat ivos ( ar t í cul os 29
del Decr et o 31 57 d e 1968; y 60, inc is o 2. º , de la Ley 24 de
1988) .
iv) Así com o los f ondos educat i vos regi onal es at endí an los
gast os que gener aban los ser vicios educat ivos de los docent es
naciona les y nac io naliz ados 1 2 , r esult a f act ible cole gir d e
m aner a r azonada que lo pr opi o acont e cí a con algunas de las
er ogaciones sa lar ia l es or iginad as por el ser vicio que pr est ab an
los educador es t er r it or iales, ya que lo s r ecur sos dest inados
par a t al f in pr ovení an t ant o de la Nación —si t uado f i scal—
com o de las ent ida des t er r it or iales, y adem ás, en uno y ot r o
caso, el univer so d e esos r ecur sos le per t enecí a de f orm a
exclusiv a a los ent es loca les dado q ue ingr esaba n a s us
pr esupuest os en cal idad de r ent as exógenas y endógenas .
v) Por t ant o, no es dable inf er ir que los docent es t er r it or ial es
y/ o nacional izados s e convier t en en educador es naciona les ( i)
cuando en el act o de su vinculac ión i nt er viene, adem ás del
r epr esent ant e legal de la ent idad t er r it or ial, el delega do
per m anent e del M inist er io de E duca ción Nac iona l com o
m iem br o de la j unt a admi ni st radora del r espect ivo f ond o
educat i vo regi onal , así , est e últ im o, cert if ique la vacanc ia d el
car go j unt o con la dispon ibi li dad pr esu puest al 1 3 ; y ( ii) por el
ar gum ent o de que los r ecur sos dest inados par a su
sost enim ient o t iene n su or igen o f uent e en la Nación.
vi) Prueba de cal i dad de docent e t e rri t ori al . Se r equier e
copia de los act os a dm inist r at ivos dond e const e el ví ncul o, en
los que adem ás se pueda est ablec er con suf icient e c lar id ad
que la plaza a ocupar sea de aquella s que el legisl ador ha
pr evist o com o t err it or iales, o en su def ect o, t am bién se puede
acr edit ar con la r espect iva cer t if icac ión de l a aut or ida d
nom inador a que dé cuent a de m aner a inequí voca que el t i po
de vincul ación a l cu al se encuent r a som et ido el docent e of ic ial
es de car áct er t er r itor ial.
vii) O ri gen de l os recursos de l a enti dad nomi nadora . Lo
esencia lm ent e r elevant e, f r ent e al reconocim ie nt o de la
pensión gr acia, es la acr edit ación de la plaza a ocupar , esto
es, que sea de car áct er t er r it or ial o nacional izada, pues
conf or m e a los lin eam ient os f ij ados por la Sala en est a
pr ovidenc ia, en lo que r espect a a los educador es t er r it or iales,
el pago de sus acr eencias pr ovení a dir e ct am ent e de las r entas
endógenas de la r espect iva local idad, o de las exóge nas —
si t uado f i scal — cuando se suf r agaban los gast os a tr avés de
los f ondos educat i vos regi onal es ; y en lo que t iene que v er
con los educador es naciona liz ados, las er ogaciones que est os
gener aban se enm ar can en los r ecur sos del si t uado f i scal , hoy
si st ema general de part i ci paci ones . » ( Resalt ado del t ext o
or igina l)

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Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisprud encial sobre la int erpretación
del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docent es pue den acceder a la p ensión gr ac ia ant es y
después del 29 de diciem br e de 1989, siem pr e y cuando
acr edit en una vinc ulaci ón t er r it or ial o naciona lizad a con
ant elació n al 31 de d iciem br e de 1980 y c um plan con los dem ás
r equisit os le galm ent e est ablecidos par a su r econocim ient o». 11

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón
por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos
pendientes de resolución tanto en sede administrativa como
judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que
para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe
acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos
oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de
adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con ante rioridad al
31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4 Actuación administrativa

El 27 de mayo de 2014, la señora Amparo Mesa de Corre a presentó
solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la
UGPP. La entidad profirió la Resol ución RDP 030778 del 9 de

11Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).

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octubre de 201 4, por medio de la cual le indicó a la act ora que no
se aportaron los documentos necesarios para proceder al estudio
de fondo y al considerar que la carg a probatoria es exclusiva del
peticionario, resolvió negar la prestación reclamada.

Contra la anterio r decisi ón, la demandante interpuso recurso de
apelación , el cual fue resuelto de forma negativa por la UGPP a
través de la Resolución RDP 038028 de 16 de diciembre de 2014,
al considerar que la apelante no allegó ningún argumento fáctico ni
legal que varíe la decisión reprochada.

2.5 Análisis probatori o.

Revisado el exped iente, y con el objeto de resolver e l problema
jurídico planteado, la Sala encuentra como probado que Amparo
Mesa de Correa nació el 9 de abril de 1949 12, razón por cu al el 9 de
abril de 1999 cumplió 50 años.

2.5.1. Vinculación entre el 22 de abril de 1977 y el 15 de enero
de 1995.

A través del Decret o 0890 de 1977 el gobernador del departamento
del Valle del Cauca nombró a la señora Amparo Mesa de Correa
como docente en el Subcentro de Ca pacitación Popular de Adultos
de Cartago, a saber:

«DEPA RTAM E NTO DEL VALL E DEL C A UCA
DECRETO NÚMERO 0890 DE 1977
JUNIO 06

Por el cual se hacen unos nombramientos en Educación de Adultos.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
En uso de sus facultades legales,

DECRETA:

(…)

12 F o l i o 41 del expediente.

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Demandante: Amparo Mesa de Correa

ARTÍCULO SEGUNDO. - Nómbrese a AMPARO MESSA (sic)
CORREA, profesora de Comerciales de medio tiempo en el
Sub-centro de capacitación Popular de Adultos de Cartago,
en reemplazo de Hercilia Montoya Correa, quien renunció.
Asignación mensual $1.587.00

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los seis (6) días del mes de junio de mil novecientos
setenta y siente (1977).

CARLOS HOLGUIN SARDI MARÍA DEL SOCORRO B. DE
LENGUA
GOBERNADOR SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL». 13

Sobre el particular, se tiene que el gobernador del departamento del
Valle del Cauca vinculó a la señora Amparo Mesa de Correa como
docente del Subcentro de Capacitación Popular de Adultos 14 a través
del Decreto 0890 de 1977, posesionada el 6 de julio de 1977 con
vigencia desde el 22 de abril de 1977 hasta el 15 de enero de 1995 15,
situación que además se encuentra comprobada en el certificado de
tiempos de servicio 16 expedido por la Alcaldía de l municipio de
Cartago, así:
«REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ALCALDÍA DE CARTAGO
NIT. 891900493-2
CERTIFICADO DE TIEMPO DE SERVICIOS

FECHA: 28-NOV-08
NOMBRE: AMPARO MESA DE CORREA CÉDULA: 29.393.897
CARÁCTER: NACIONAL

EN: CARTAGO DÍA AÑO MES
DESDE: 22-ABR-77 17 8 24
HASTA: 15-ENE-95
CARGO: PROFESORA
DECRETO: 890 08-JUN-17 TIPO: NOMBRAMIENTO MEDIO TIEMPO
INSTITUCIÓN: SUBCENTRO DE CAPACITACIÓN POPULAR DE
AGULTOS».

Ahora bien, sobre las vinculaciones de los docentes que ejercieron
su labor en centros de enseñanza para adultos, esta Sala de

13 F o l i o 37 del expediente
14
15 Ac ta d e p os es ió n o br an t e a fo l i o 3 8 de l ex p ed i e nt e
16 Fo l io 11 8 d e l Cd obr a nt e a f o li o 6 4 d e l ex p e d ie nt e
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Subsección 17 ha considerado que los tiempos de servicios en los
cuales se ejerció la labor docente para la alfabetización, son
computables para efectos de acceder a la pensión gracia, en la
medida que, fue reglamentada a través de los Decreto s 1830 de 1966
y 378 de 1970, en el primero de ellos se reguló la educación para
las personas mayores y, en el segundo, se estableció la educación
primaria para esta población en todo el territorio nacional . Además,
el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979, dispuso que el ejercicio de
la profesión docente incluye la alfabetización de adultos.

Dilucidado lo anterior, d el análisis del acto administrativo y el
certificado laboral referenciado, lo necesario para determinar si la
docente tiene el derecho o no al reconocimiento de la pensión gracia,
es lo siguiente: ocurrió antes del 31 de diciembre de 1980, lo que
por regla general correspondería a un nombramiento territorial o
nacionalizado, pues la educadora fue nominada por disposición de
la autoridad local (gobernador del departamento del Valle del
Cauca), sin que obrara referencia a alguna ley que permita inferir
que su designación se realizaba en nombre de la Nación y, además,
tuvo como finalidad ocupar una plaza docente en ese departamento.

Ahora, en lo que corresponde a determinar cuándo un docente es de
carácter territorial o nacionalizado, resulta relevante destacar que la
Corte Constitucional, en sentencia C -084 de 1999, al analizar la
constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91
de 1989, precisó que antes de la nacionalización de la educación
que se surtió conforme a la Ley 43 de 1975, los docentes se dividían
sólo en dos categorías, así: (i) nacionales; y (ii) territoriales.
Específicamente, expuso:

«3.2.2. Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la
"nacionalización" de la educación prim aria y secundar ia oficial
decretada por la Ley 43 de 1 975 para ser cumplida en un período
de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían
dos cat egorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales,

17 Co ns ej o d e Es ta d o, S ec c i ón Se g un d a, S ubs ec c i ón A, s e nt e nc i a de 3 de
oc t u br e d e 2 0 2 0, r a di c ad o 52 0 0 1- 2 3- 33 - 0 0 0 - 20 1 4- 00 5 40- 0 1, ( 2 89 2- 2 0 1 6) M P .
Dr. R af a el Fr a nc is c o S uár ez Var g as .
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vinculados laboral mente de manera directa al Ministerio de
Educación Naci onal; y los territoriales, vinculados
laboralment e a los departament os , en nada se oponía a la
Const itución entonces en vigor, que existiera para éstos últ imos la
denom inada "pensión gracia", de que tr ata la Ley 114 de 1913,
posteriormente extendida a otros docentes p or las leyes 116 de
1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus
efectos en el t iempo para quienes act ualmente la disfrut an, o
reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella
antes del 31 de diciembre de 1980, pues la div ersidad del
empleador (nación o departamento), per mitía, conforme a la Carta,
establecer un trato dist into y una excepción al principio general
prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesor o Público,
situación ésta que resulta igualmente acompasada co n la
Const itución Polít ica de 1991, pues la norma acusada (artículo 4º,
numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el pr incipio de la
igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual
prohibe (sic) dispensar trato diferent e y discr iminado "por razones
de sexo, raza, origen nacional o familiar , lengua, religión, opinión
polít ica o filosóf ica" , nada de lo cual ocurre en este caso. […]»
(Negr illa de la Sala)

Por su parte, esta Sala ha precisado que «El carácter nacionalizado
de la designación […] encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley
91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos
«docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes
del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975 ». En similar
sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia C -085 de 2002,
indicó que los «docentes nacionalizados» son «los vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales».

Sumado a lo anterior, en lo que corresponde a dicha diferencia esta
Corporación en la citada sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18
del 21 de junio de 2018 , concluyó:

«Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i)
aquel que siendo territorial antes del 1. de enero de 1976 fue
objeto del proceso de nacionalización iniciado con la
expedición de la Ley 43 de 1975; y (ii) los que a partir de esa
fecha se hayan vinculado a una plaza de aquellas que fueron
nacionalizadas en virtud, también, del aludido proceso
adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).

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Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el
vinculado por entidades de ese orden a partir del 1. de enero
de 1976, sin el cumplimiento del re quisito establecido en el
artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar
haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los
gastos que esta genere se cubran con cargo a su propio
presupuesto».

En consecuencia , resulta necesario destacar que en el asunto bajo
análisis la docente fue nombrada por una entidad territorial con
posterioridad a la nacionalización adelantada por la Ley 43 de
1975, sin que se evidencie que la plaza ocupada haya sido
nacionalizada.

En este punto, es pertinente señalar que, si bien la vinculación de la
demandante fue posterior al proceso de nacionalización, lo cual en
primera medida permitiría deducir que su nombramiento fue de
carácter nacionalizado, lo cierto es que en el decreto de
nombramiento no hu bo ninguna intervención por parte de algún
delegado del Ministerio de Educación Nacional o de un representante
del Fondo Educativo Regional, tal como se dispuso en el artículo 6
de la Ley 43 de 1975, disposición que estableció que los recursos
asignados para las plazas o plantes educativos nacionalizados
serían administrados por aquellos.

Ahora bien, en gracia de discusión, si se tuviera que luego del
nombramiento de la señora Mesa Correa, la plaza o el colegio hizo
tránsito a uno nacionalizado, e llo no afectaría el derecho de la
demandante a que el tiempo de servicios prestado en el periodo
analizado se tenga en cuenta para la contabilización de los 20 años
para acceder a la prestación reclamada , por cuanto del estudio se
llega a la convicción de que de ninguna manera podría entenderse
la naturaleza jurídica del vínculo como de orden nacion al.

De esta manera, al efectuar el análisis en conjunto se advierte que ,
si bien el certificado de tiempos de servicio emitido por la Alcaldía
de Cartago india que la vinculación fue de carácter nacional, lo cierto

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es, que en los términos en que se dispuso en el acto de
nombramiento, el cual únicamente fue proferido por el representante
del ente territorial, con el fin de que la señora Amparo Mesa de
Correa ejerciera la labor de maestra en el departamento del Valle
del Cauca, el carácter de la vinculación de la demandante para dicho
período fue territorial (municipal).

Todo lo anterior, quiere decir que el t iempo de servicios prestados
por la demandante a partir del 22 de abril 1977 hasta el 15 de
enero de 1995 , para un total de 17 años 8 meses y 24 días,
resultaría válido para acceder a la pensión gracia, pues fue del
orden territorial .

2.5.2. Vinculación entre el 16 de enero de 1995 y 9 de abril de
2014 (fecha en la que se efectuó su retiro) .

A través del Decreto 2260 de 22 de noviembre de 1994 , el
gobernador del departamento del Valle del Cauca nombró a la
señora Amparo Mesa de Correa como profesora de tiempo completo
en el Distrito Educativo #9 Cartago , a saber:

« DEPA RTAM EN TO DEL VALL E DEL C A UCA
G O BERNACI Ó N
Decreto 2260
(22 NOV 1994)

CONSIDERANDO:

Q ue m ediant e la Ley 21 de 1992, se creó el Sist em a Nacio nal de
Cof inanc iaci ón de pl azas docent es par a el Sect or educat ivo.

Q ue m ediant e decr et o N°2132 de 1992, la Pr esidenc ia Repú blic a
est ableció la ej ecu ción de los r ecur s os m ediant e cont r at o y
adm inist r ación F idu ciar ia.

Q ue m ediant e Decr et o N°206 de 1993, se est ablecier on los
cr it er ios bás icos par a la par t icipació n de las ent idades del or den
Nacion al en Pr oyec t os Cof inanciados con ent idades del or den
t er r it or ial.

Q ue m ediant e Resoluci ón N°01507 d e 1993 expedida por el
M inist er io de Educación Nacion al, se r eglam ent ar on los convenios
par a la cof inanc iac ión de pl azas doc ent es Depar t am ent ales y
M unicipa les.

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Q ue por Decr et o Depar t am ent al N°0136 de ener o 24 de 1994,
expedida por la G ober nación de l Val le del Cauca, se f acult ó al
gober nador par a f ir m ar el convenio d e Cof inanc iaci ón y f i j ó el
pr esu puest o par a pago que le cor r esponde al M unicipio, conf or m e
a las nor m as cit adas.

Q ue la ley ( sic) 29 d e 1989, en sus ar t í culos 9° y 10° dispo n e que
los G ober nador es conser var án la f acult ad de nom br ar , t r asladar ,
r em over , cont r olar y en gener al adm inist r ar el per sonal docent e y
adm inist r at ivo de lo s est ablecim ient os educat ivos Nac iona l es y
Nacion al izados en a quel los Dep ar t am ent os donde lo Alca ld es no
asum an la r esponsa bil idad de l m anej o de la Educaci ón.

Q ue en Sant iago de Cali, el Depar t am ent o del Valle de l Cauca
pr evio el l leno de los r equisit os ex i gidos. f ir m ó el convenio
r espect ivo con la f id uciar ia de l Est ado.

Q ue de acuer do con las Resoluc iones 1 507 y 3117 em anadas del
M inist er io de Edu cación, la Secr et ar í a Depar t am ent al de
Educació n. el dí a 26 de sep t iem br e de 1994 convocó concur so de
aspir ant es, con base en el cual f uer on elabor adas las l ist a s de
eleg ibles r esu lt ando com o t ales las per sonas a que s e r ef i er e el
Ar t í culo Pr im er o de est e Decr et o.

Por m edio del cual se hacen un nom br am ient o de docent es de
t iem po com plet o par a Secundar ia en la Secr et ar í a de Educación
Depar t am ent al, por el Sist em a de Cof in anciac ión.

Q ue por Decr et o N°1637 del 24 de agost o de 1994, el
Depar t am ent o del V alle del Cauca, cr eó cuat r ocient as Nove nt a y
cinco ( 495) plazas Cof inanc iadas par a Secundar ia, de acuer do al
Conven io suscr it o ent r e el M inist er io de Educaci ón Na ciona l,
Fiduc iar ia de l Est ado y el Depar t am ent o.

DECR ET A :

A RT Í CULO PRIM ERO . - Nom br ase a la do cent e que
a cont inuación se r elaciona
com o pr of eso r de t iem po
com plet o en el dist r it o
Educat ivo # 9 Ca r t ago ( El
Águi la, Ar gel ia, ElCa ir o,
Anser m anuevo, Ull o a y Alcalá)
acor de con las nor m as
est ablecid as m ediant e los
m ecanism os de
Cof inanc iaci ón.
M uni ci pi o de Cart ago

Nombres y A pel l i dos Cédul a Escal afón Á rea Col egi o
Español, Indalecio
A M PA RO M ESA CORREA 29. 393. 866 7
literatura, penilla
sociales
( …)
PA RÁ G RA FO . - Los docent es nom b r ados ocupar án las
plazas cr eadas por Decr et o N°1637 del
24 de agost o de 19 9 4 del D epar t am ent o
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del Val le del Cauca , y la car ga labor al
de est os docent es ser á pagada de
acuer do con las nor m as y f or m alidades
est ablecid as por el G obier no Naci on al,
M inist er io de Educación Nacion al y la
Fiduc iar ia de l Est ad o, y pact adas en los
convenios de Cof ina nciaci ón celebr ados
ent r e el Depar t am ent o y la Nación.

A RT I CULO SEG UNDO . - El pr esent e Decr et o r ige a part ir de la
f echa de su com unicación.

CO M UNÍ Q UESE Y C UM PLA SE ».

A su vez, obra la siguiente certificación de tiempo laborado por la
aquí demandante:

REPÚ BLI CA DE CO LO M BI A
DEPA RT A M ENTO DEL VA LLE DEL CA U CA
A LCA LDÍ A DE CA RT AGO
NI T . 891900493 - 2
CERT I FI CA DO DE TI EM PO DE SERVI CI O S

( …)

EN: CART AG O A ÑO M ES DÍ A
DESD E: 16- ENE- 95 2 8 7
HA ST A: 22- SEP- 97
CA RG O : DO CENTE
DECR ET O : 2260 22- NO V- 94 T I PO: NOM BRAM I ENTO TI EM PO
CO M PLETO
I NST IT UCI Ó N: CO LEG I O I NDALECI O PENI LLA

En este período, se tiene que la Gobernación del Valle del Cauca, a
través del Decreto 2260 de 22 de noviembre de 1994, nombró en
propiedad a la señora Amparo Mesa de Correa en el cargo de
docente de tiempo completo en el Distrito Educativo #9 de Cartago ,
de este nombramiento la actora se posesionó el 16 de enero de 1995,
por medio del Acta 116 18 de esa misma fecha.

Sobre el particular, se observa que el decreto mencionado fue
proferido por el representante del ente territorial, con el fin de que
la señora Mesa de Correa ejerciera la labor de maestra en el Distrito
Educativo #9 de Cartago y no hubo ninguna intervención por parte
del Ministerio de Educación Nacional ya que únicamente fue

18 Fol. 25 del expediente.

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expedido por el gobernador y la secretaria departamental .

Ahora bien, en el parágrafo del mencionado decreto, se estipuló que
la carga laboral de la docente sería cancelada de conformidad con
los acuerdos pactados en los convenios de cofinanciación
celebrado s entre el departamento y la Nación.

En esos términos, resulta pertinente hacer referencia a la
naturaleza de la vinculació n de los docentes cofinanciados entre el
Gobierno Nacional y el ente territorial.

Al respecto, se destaca que la Ley 91 de 1989 señaló el alcance y
definición de lo que son los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales.

Posteriormente, como consecuencia de la promulgación de la Ley
60 de 1993 (vigente para el momento del nombramiento que se
estudia), se expidió el Decreto 196 de 1995 en el cual se definió a
cada uno de los docentes y su clase de vinculación, así:

«A rt í cul o 2º. - Def inicion es. Par a los ef ect os de la ap licac i ón del
pr esent e Decr et o, los sig uient es t ér m inos t endr án el alcance
indic ado en cada un o de ellos:
Docent es naci onal es y naci onal i zados: Son aquellos q ue han
venido siend o f inan ciados con r ecur sos de la Nación y que se
f inancian con r ecur sos del sit uado f iscal, a par t ir de la ent rada en
vigenc ia de la Ley 6 0 de 1993.

Docent es Depart am ent al es, Di st rit al es y M uni ci pal es:
a) Son los docent es vinculados por nom bram ient o de la r espect iva
ent idad t er r it or i al con car go a su pr opio pr esupuest o y que
per t enecen a su plant a de per sonal;

b) Son I gualm ent e l os docent es f inanci ados o cof inanci ado s por la
Nación - M in ist er io de Educación Naci onal , m ediant e convenio s y que
se encuent r an vincu lados a plazas de pa r t am en t ales o m unicipal es.
Docent es de Est ab l eci mi ent os Públ i cos O f i ci al es: Son aquel los
que per t enecen a la plant a de per sonal del r espect ivo
est ablecim i ent o públ ico educat ivo nacion al o t err it or ial, labor an en
los niv eles d e pr ee scolar , de educac ió n básica en los c ic los de
pr im ar ia y secundar ia y de educación m edia y son pagad os con
r ecur sos est ablecim i ent o. [ …] » ( Dest aca la Sala)

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Por su parte, el artículo 4 ibidem dispuso sobre los docentes
cofinanciados lo siguiente:

«A rt í cul o 4º . - Docent es depart ament al es y munici pal es
f i nanci ados o cofi nanci ados por l a Naci ón - Mi ni st eri o de
Educaci ón Naci ona l . Los docent es depar t am ent ales y m unicipal es
f inanciad os o cof ina nciados por la Nac i ón - M inist er io de Ed ucación
Nacion al m ediant e convenios, ser án af il iados o I ncor por a dos al
Fondo Nac iona l de Pr est aciones Soc ial es del M agist er io, baj o el
r égim en de la Ley 9 1 de 1989 y sus De cr et os r eglam ent ar ios 1775
y 2563 de 1990 o de las dispos ici ones que m odif iquen e l r égim en
indic ado, pr evio el cum plim ient o de lo s r equisit os económ icos y
f or m ales est ablecid os par a el ef ect o. Los docent es así vinculados
que pr eviam ent e se encuent r en af iliad os a una caj a de pr evisión o
ent idad que haga sus veces, quedar án exim idos de los r equisit os
económ icos de af i liac ión a l Fondo Nacion al de Pr est ac iones
Socia les de M agist e r io.

Las pr est aciones sociales de los docent es f inanci ados y
cof inancia dos ser án de car go de la r espect iva ent idad t er r it or ial y
los r ecur sos par a su cancelación se r egir án por lo que disponga el
cor r espondient e con venio de f in ancia ció n o de cof inanc iaci ó n. Las
ent idades t er r it or ial es, las caj as de pr evisión o l as ent idad es que
hagan sus veces, gir ar án dir ect am ent e los r ecur sos al Fondo
Nacion al de pr est aci ones Socia les del M agist er io.

Parágraf o. - Una vez se venzan los t érm in os de los convenios de
plazas f inancia das cof inanciadas, los der echos salar iales y
pr est acionales se p agar an con car go al sit uado f iscal. »

Sobre la naturaleza de la vinculación de los docentes
cofinanciados, esta Subsección en sentencia del 28 de julio de
2016 19, en la que resolvió un asunto similar, luego de analizar las
normas citadas, concluyó lo siguiente:

«De conf or m idad con lo ant er ior y en vir t ud a que las nor m as
def inen a los docent es cof inanc iados com o doc ent es
depar t am ent ales, di st r it ales o m unicip a les depen dien do de l ent e
que los hubier a v incul ado, la Sala consider a que co m o el
dem andant e f ue vinculad o com o docent e cof inanciado por el
M unicip io de Sa n Sebast ián de M ar iq uit a desde 199 4, se deb e
ent ender que dich a vinculac ión se d io com o m unicipal y por
consigu ient e t iene der echo a que dichos t iem pos sean t enidos en
cuent a par a el r econocim ient o de la pe nsión m ensual vit al i cia de

19 Con ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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j ubilac ión gr acia» .

Este mismo criterio fue expuesto por la Subsección S egunda de
esta Corporación e n las sentencias del 10 de febrero de 2011 20, del
10 de marzo de 2016 21 y recientemente en sentencia del 17 de julio
de 2020 22.

Por su parte, la Corte Constitucio nal en la SU -559 de 1997,
reconoce esta clasificación docente, cuando citando el artículo 2.°
del Decreto 19 6 de 1995, indicó que los docentes
departamentales, municipales y distritales, que también lo son
los cofinancia dos por la Nación, debían ser afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en
acatamiento a lo dispuesto en la Ley 60 de 1993 .

Expuesto lo anterior, es dable concluir que son docentes
departamentales, distritales y muni cipales:

1. Los vinculados por nombramiento de entidad territorial, a
partir del 1.° de e nero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de
1975. (Ley 91 de 1989, artículo 1.°, num. 3.°)
2. Los vinculados por nombramiento de la respectiva
entidad territorial con cargo a su propio presupuesto y
que pertenecen a su planta de personal. (Decreto 196 de
1995, artículo 2°, literal a.)
3. Los financiados o cofinanciados por la Nación -Ministerio
de Educación Nacional, mediante convenios y q ue se
encuentran vinculados a plazas departamentales o
municipales. (Decreto 196 de 1995, artículo 2°, literal b.)

En este último caso, deberán cumplir varios requisitos: i) que sean

20 Su b s e c c i ó n B , E x p e d i e n t e R a d . 0 0 8 8 - 1 0 C . P . D r . V í c t o r H e r n a n d o A l v a r a d o
Ardila.
21 S u b s e c c i ó n A, Expediente Rad. 2604 -14. C.P. Dr. Gabriel Valbuena
Hernández.
22 S u b s e c c i ó n B , E x p e d i e n t e R a d . 3 3 9 8 - 1 6 C . P . D r . C a r m e l o P e r d o m o C u é t e r .

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Demandante: Amparo Mesa de Correa

cofinanciados por la Nación y el ente territorial mediante la
suscripció n de convenios, y ii) que se encuentren vinculados en
plazas territoriales , como se evidenció en el Decreto 2260 de 22 de
noviembre de 1994 , bien sea departamentales o municipales, es
decir, que prest en sus servicios en plazas o instituciones
educativas te rritoriales.

Así, el periodo analizado entre el 16 de enero 1995 y 22 de
septiembre de 1997, fue de carácter departamental para un total de
2 años 8 meses y 7 días , resulta válido como tiempo de servicio
docente para reconocer la pensión gracia .

Ahora bien, se observa que la demandante tuvo dos incorporaciones:

«DEPA RT A M ENTO DEL VA LLE
G O BERNA CI Ó N
DECR ET O 2782 DE 1996

Por el cual se INCO RPO RA a la Plant a de Car gos del
DEPA RT A M ENTO DEL VA LLE DEL CA U CA , el Per sonal Dir e ct ivo
• Docent e y Docent e pagado con car go al SI T UA DO FI SCAL par a
el m unicip io de CA R T AGO .

EL G O BERNA DO R DEL DEPA RT A MENT O DEL VA LLE DEL
CA UCA en uso de sus f acult ades legales, especia lm ent e las
conf er idas por la Le y 60 de Agost o 12 de 1993 .

DECR ET A :

A RT Í CULO 1. - INCO RPO RA SE a l a Plant a de Car g os del
DEPA RT A M ENTO DEL VA LLE D EL CA UCA , el
Per sonal D ir ect ivo - Docent e y Docent e pagado
con car go SI T UA DO FI SCA L par a el m unicip io
de CA RT AG O de la sigui ent e f or m a:

01. CENT RO DO CENT E
48. CO LEG IO “I NST IT UTO T ÉCNI CO INDUST RI A L” I NDALECI O
PENI LLA ” URB
b. Personal docent e
A PELLI DO S NO M BRES CA RG O G RA DO
CÉDU LA
M ESA LO PEZ A M PA RO DO CENT E 07 29. 393. 897

Por el cual se INCO RPO RA a la Plant a de Car gos del
DEPA RT A M ENTO DEL VA LLE DEL CA U CA , el Per sonal Dir e ct ivo
• Docent e y Docent e pagado con car go al SI T UA DO FI SCAL par a
el m unicip io de CA R T AGO .

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A RT I CULO 6. - El pr esent e Decr et o r ige a par t ir de la f echa de su
expedic ión.

NO T I FI Q UESE, COM UNI Q UESE Y CUM PLA SE

Dado en Sa nt iago d e Cal i, a los dí as del m es de de m il
novecient os novent a y seis ( 1896) .

G ERM A N VI LLEG AS VI LLEG A S
G O BERNA DO R DEL DEPA RT AM ENT O DEL VA LLE DEL CA UCA

NELSO N RA FA EL VA RG A S M UÑO Z
SECR ET A RI O DE EDUCA CI O N DEPA R T AM ENTA L ».

La anterior incorporación fue certifica da por la Alcaldía de Cartago,
así:

«REP ÚBLI CA DE C O LO M BIA
DEPA RT A M ENTO DEL VA LLE DEL CA U CA
A LCA LDÍ A DE CA RT AGO
NI T . 891900493 - 2
CERT I FI CA DO DE TI EM PO DE SERVI CI O S

( …)
EN: CART AG O A ÑO M ES DÍ A
DESD E: 23- SEP- 97 6 4 18
HA ST A: 10- FEB- 04
CA RG O : DO CENTE
DECR ET O : 2782 18- DI C- 96 T I PO: I NCO RPO RACI Ó N PLANTA
DE CARG O S
I NST IT UCI Ó N: I NSTI TUTO TÉCNI C O I NDUSTRI AL “ I ND ALECI O
PENI LLA ».

Por su parte, el Decreto 113 de 17 de diciembre de 2003, dispuso:

«REP ÚBLI CA DE C O LO M BIA
DEPA RT A M ENTO DEL VA LLE DEL CA U CA
M UNI CI PI O DE CA RT AGO

DECR ET O No. 113
DI CI EM BRE 17 DEL 2003
“PO R EL CUA L SE I NCO RPO RA A LA PLA NT A DE PERS O NAL
G LO BA L DEL M UNI CI PI O DE CA RT GAG O SECTO R EDUC A TI VO ,
EL PER SO NA L DI RECT I VO DO CENT E FI NA NCI A DO CO N
RECU RSO DEL SI S T EMA G ENERA L DE PA RTI CI PA CIO NES Y SE
DI CT A N O T RA S DI SPO SI CI O NES”

El Alca lde del M unicipio de Car t ago, en ej er cicio de sus f acult ade s
const it uciona les y legales, y, en especia l, de las conf er idas en la
ley 715 de 2001 y el Decr et o 3020 del 2002

CO NSI DERA NDO

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Q ue m ediant e Resolución No. 2748 expedida por el M inist e r io de
Educació n Nacio nal , el M unicipio de C ar t ago, f ue cer t if icado en
cum plim ient o de lo or denado en la Ley 715 de 2001.
Q ue el M inist er io de Educación Nac iona l , m ediant e of icio No 430
de 24 de noviem br e del 2002, em it ió concept o de viabil idad par a
que el M unic ipio de Car t ago Vall e pr oceda a la adopc ión de la
Plant a de Car gos de dir ect ivos docent es, docent es y adm inist r at ivo
f inanciad a con r ecur sos del Sist em a G ener al de Par t icipac ion es.
Q ue m ediant e Decr et o No 112 de 17 de dici em br e de 20 03 el
M unicip io de Car t ago Valle adopt ó la nue va plant a globa l de car gos
del per sona l Doce nt e y Dir ect ivo Docent e del Sect or Educat i vo del
M unicip io de Car t ago Valle cancel ada con r ecur sos del Sist em a
G ener al de Par t icipa ciones ( SG P) .
Q ue es necesar io incor por ar a la Plant a G lobal del M unicip i o de
Car t ago, sect or Educat ivo, el Per sonal Dir ect iv o Doce nt e y
Docent e cancelado con r ecur sos del Sist em a G eneral de
Par t icipac iones ( SG P) , conf or m e a la nor m at ividad lega l vig ent e.
En m ér it o de lo expuest o;

DECR ET A :
A RT Í CULO 1º . I ncor por ar a la pla nt a de per sonal g l obal de l
m unicip io de Car t ago, sect or educat ivo, a los D ocen t es y
Dir ect ivos Doce nt es que se indican a co nt inuació n:
A . DI RECT I VO S DOCENT ES
No. NO M BRE C. C. CA RG O
515 M ESA LO PEZ AM PA RO 29393897 12

A RT Í CULO 2º . Al per sonal que se incor por a sólo se le podr á
r econocer el r égim e n salar ia l y pr est aci onal est abl ecido por la ley
o de acuer do con ést a.
PA RÁ G RA DO 1. Los salar ios del Per sonal Dir ect ivo D ocent e y
Docent e incor por ad o m ediant e el pr esent e Decr et o, cont inuar án
cancelánd ose con r ecur sos pr ovenient es del Sist em a G ener al de
Par t icipac iones ( SG P) .
PA RÁ G RA FO 2. La present e i ncorporaci ón a l a pl ant a de
Cargos y de Perso nal del M uni ci pi o de Cart ago Val l e sect or
educat i vo, no i nt errumpe, ni alt era l a rel aci ón j urí di co l aboral
de l os Di rect i vos Docent es y Docent es i ncorporados, q ue s e
segui rá ri gi endo por l as normas vi gent es.
A RT Í CULO 3º . A la plant a del per sonal globa l del m uni cipio de
Car t ago, sect or educat ivo, se incor por a el per sonal docent e y
dir ect ivo docent e que vení a vinculado con el M unicipio de Car t ago
Val le, y que pr est aba sus ser vicios en las inst it uciones of icia les
del m unic ipio. I gu alm ent e, ser á inco r por ado el per son al de
docent es nom br ado en pr ovision al idad, q ue adquir i ó dicho de r echo
en vir t ud del ar t í cul o 38 de la L ey 715 de 2001 y de conf or m idad
con el Decr et o 1278 de l 2002.
A RT Í CULO 4º . Los Docent es y Dir ect ivos D ocent es
incor por ados m edi ant e el pr esent e Decr et o y los que
post er ior m ent e sean nom br ados, ser án dist r ibuidos y ub icados
m ediant e Reso lució n expedida por la S ecr et ar í a de Educación, en
los dif er ent es est abl ec im ient os educat iv os, t eniendo en cue nt a la
est r uct ur a or gánica del sect or Educat ivo del M unicipi o de Car t ago
y las necesidad es del ser vicio.
A RT Í CULO 5º . El per sona l incor por ado en el pr esent e Decr et o
debe t om ar posesión ant e la secr et ar í a de ser vicios
Adm inist r at ivos, de nt r o de los t r eint a ( 30) dí as siguient e s a la
expedic ión de est e Decr et o.
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A RT Í CULO 6º . El pr esent e Decr et o r ige a par t ir de la fecha de
su expedici ón.

PUBLÍ Q UES E, CO MUNÍ Q UESE Y C ÚM PLA SE

Dado en Car t ago, a los di ecis iet e ( 17) d í as del m es de d icie m br e
del año dos m il t r es ( 2003 ) ».

La anterior incorporación igualmente fue certificada por la Alcaldía
de Cartago, a saber:

«REP ÚBLI CA DE C O LO M BIA
DEPA RT A M ENTO DEL VA LLE DEL CA U CA
A LCA LDÍ A DE CA RT AGO
NI T . 891900493 - 2
CERT I FI CA DO DE TI EM PO DE SERVI CI O S
( …)
EN: CART AG O A ÑO
M ES DÍ A
DESD E: 11- FEB- 04 0 6
22
HA ST A: 02- SEP- 04
CA RG O : DO CENTE
DECR ET O : 113 17- DI C- 03
T I PO: I NCO RPO RACI Ó N PLANTA CA R G O S CARTAG O
I NST IT UCI Ó N: I NSTI TUCI Ó N EDUCA TI VA I ND ALECI O
PENI LLA »

En ese orden de ideas, se tiene que la señora Amparo Mesa de
Correa, a partir del 23 de septiembre de 1997 tuvo dos novedades
por incorporación a través de los Decretos 2782 de 1996 y 113 de
2003, de los cuales tomó posesión 23 el 23 de septiembre de 1997
hasta el 10 de febrero de 200 4 y el 11 de febrero de 2004 en el
municipio de Cartago, siempre manteniendo incólume el
nombramiento como docente departamental efectuado en enero de
1995 y su vinculación sin solución de continuidad.

Así, en el caso concreto el periodo transcurrido desde el 16 de
enero de 1995 y el 9 de abril de 2014 (fecha en la que se efectúo
su retiro de conformidad con señalado en el certificado 24), es decir,
19 años 2 meses y 24 días, resulta válido como tiempo de servicio
docente para reconocer la pensión gracia, aclarando que si bien se
certificó que en los años 1996 y 2003, ocurrieron dos novedades

23 Fo l io 11 8 d e l c d o br a nt e a f o l. 6 4 de l ex p ed i en t e
24 Fo l io 10 6 d e l ex pe d ie nt e
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por incorporaci ón, ello no modificó la clase de vinculació n docente,
pues no hubo ruptura de este y, por tanto, al no haber solución de
continuidad se entiende que el nombramiento realizado con el
Decreto 2260 de 1994 se mantuvo vigente hasta el retiro definitivo
del servicio.

En ese orden de ideas, el tiempo de 19 años 2 meses y 24 días, es
válido para computar con los 17 años 8 meses y 24 días acreditados
en el análisis de la vinculación entre el 22 de abril de 1977 y 13 de
enero de 1995.

2.6. Conclusión .

De acuerdo con el material probatorio, la Sala encuentra que la
señora Amparo Mesa de Corra cum ple con todos los requisitos
exigidos para el reconocimiento y pago de una pensión gracia, en
la medida que no existen reproches sobre su buena conducta como
docente oficial, cumplió con más de los veinte años de servicio
como docente departamental, y tiene más de 50 años de edad,
consolidando su estatus el 9 de abril de 1999, fecha en la que llegó
a la edad de 50 años.

Ahora bien, teniendo en cuenta que procede el reconocimiento de
la prestación recla mada, es necesario determinar si se configura la
prescripción, para lo cual se tiene presente que la demandante
consolidó su dere cho de pensión el 9 de abril de 1999 , radicó la
reclamación el 27 de mayo de 2014, y la demanda fue interpuesta
el 16 de marzo de 2015.

En se orden de ideas, es claro que se configuró el fenómeno jurídico
de la prescripción, por cuanto , si bien entre la fecha de reclamación
y la de la demanda no se superó el tiempo de tres años, entre la
fecha de la consolidación del estatus pensional ( 9 de abril de 1999)
y la solicitud de reconocimiento de la prestación (27 de mayo de
2014) transcurriero n más de tres años .

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Es de anotar que dicho fenómeno opera en materia pensional sobre
las mesadas que hubiese lugar a reconocer y no sobre el derecho
en sí mismo, por lo que, siendo el interesado aún titular de la
prerrogativa jurídica reclamada ante la UGPP, la prescripción debe
contarse desde el momento en que se radicó la reclamación (27 de
mayo de 2014), de modo que hay lugar a declarar la prescripción
de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 27 de
mayo de 2011, como bien lo estipuló el a quo.

Al respecto, se resalta que del análisis probatorio efectuado que fue
sustento de la presente providencia para determinar el tipo de
vinculación de la docente, no se advierte que hubiese sido objeto de
tacha por alguna de las partes, de manera que conserva validez. En
consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia al
asistirle razón al a quo.

2.7. Condena en costas

Respecto de las costa s procesales, se debe tener en cuenta el
numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, que
señala expresamente que «solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezcan que se causaron y en la medida de su
comprobación», presupuesto que fue desarrollado en providencia del
7 de abril de 2016 2 3 . No obstante, teniendo en cuenta que la decisión
que aquí se adopta es fruto de lo dispuesto en las reglas
jurisprudenciales trazadas en la sentencia de unificación del 21 de
junio de 2018, no se impondrán costas a cargo de ninguna de las
partes con el fin de salvaguardar los principios de buena fe y
confianza legítima.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

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Demandante: Amparo Mesa de Correa

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 6 de julio de 2017 ,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que
accedió a las súplicas de la demanda presentada por Amparo Mesa
de Correa, en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP.

SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia, en atención
a lo expresado en esta sentencia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023 ).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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