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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-00102-01

Fecha
14 de mayo de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-00102-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 06 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda; de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme la motivación. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2020-00102-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

14 de mayo de 2025

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSEJO DE ESTADO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001 23 33 000 2020 00102 01 (0904–2024)
Demandante: José Hermínsul Muñoz Campaña
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Educador Nacional. Proceso de
incorporación de personal docente no cambia la naturaleza del
vínculo. Ley 1437 de 2011

Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1.La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 06 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Nariño que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

2.El señor José Hermínsul Muñoz Campaña, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 034559 del 05 de septiembre
de 2017 y RDP 040936 del 30 de octubre de 2017, por medio de las cuales la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – en adelante UGPP –, negó el reconocimiento y pago de
una pensión gracia y resolvió negativamente un recurso de apelación,
respectivamente.

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede

Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2020 00102 01 (0904–2024)
Demandante: José Hermínsul Muñoz Campaña

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la pensión
gracia en cuantía del 75% del promedio de la totalidad de los factores salariales
devengados en el año anterior a la adquisición del estatus jurídico con los
respectivos ajustes de ley; indexar las sumas adeudadas de acuerdo con el IPC; el
cumplimiento de la sentencia y el pago de intereses moratorios.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4. El señor José Hermínsul Muñoz Campaña indicó que fue vinculado al magisterio
con anterioridad al año 1981, que es mayor de 50 años y ejerció con buena conducta
el servicio docente por 20 años.

5. Realizó un análisis extenso de la educación oficial en Colombia y de la evolución
legal y jurisprudencial que resulta aplicable a la pensión gracia, concluyendo que sí
tiene derecho al reconocimiento de la prestación aun tratándose de un docente
vinculado al orden nacional.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

6. Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada infringió el
artículo 29 de la Constitución Política, así como las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928,
37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989.

7. Adujo que la negativa de la entidad demandada a reconocer la pensión gracia
radicaba en que el demandante era docente nacional, lo cual tenía sustento en
jurisprudencia y no en el estudio acertado de la ley; que la posición que adoptó la
UGPP era contraria a la Constitución y a la ley.

1.4. Contestación de la demanda

8. Presentada la demanda el 03 de marzo de 2020, admitida el 16 del mismo mes y
año, y una vez notificada, la UGPP a través de apoderado presentó escrito con el
que se opuso a la prosperidad de las pretensiones; para el efecto sostuvo que el
demandante acreditó tiempos de servicio docente del orden nacional, puesto que,
en su nombramiento intervino el Ministerio de Educación Nacional, por tanto, no
pueden ser tenidos en cuenta para acceder a la prestación reclamada.

9. Finalmente propuso como excepciones, i) inexistencia de vulneración de
principios constitucionales y legales; ii) cobro de lo no debido; y iii) prescripción.

1.5. Sentencia de primera instancia

10. Con decisión de 06 de abril de 2022 el Tribunal Administrativo de Nariño negó
las pretensiones de la demanda y condenó en costas.

11. Como sustento de lo anterior, indicó que si bien el señor José Hermínsul Muñoz
Campaña, acreditó tener más de cincuenta (50) años y buena conducta en el
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: José Hermínsul Muñoz Campaña

ejercicio de la docencia, no demostró haber laborado por más de veinte (20) años
como docente territorial o nacionalizado; además su vinculación antes de 1980 fue
de naturaleza nacional.

12. Por último, señaló que los emolumentos que percibió no son de aquellos
financiados por el presupuesto nacional a través del Sistema General de
Participaciones, sino que se le pagaron en forma directa por la Nación, en razón a
que su designación provino del Ministerio de Educación Nacional.

1.6. Recurso de apelación

13. A través de apoderado el señor José Hermínsul Muñoz Campaña presentó
recurso de apelación con el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia.

14. En especial hace énfasis, en que su poderdante adquirió el derecho a la pensión
gracia en virtud de la Ley 37 de 1933, la cual sostiene extendió a los docentes de
secundaria y nacionales tal beneficio.

15. Argumentó que el vínculo nacional que traía el actor se territorializó a partir de
la descentralización de la educación, por disposición de la Ley 60 de 1993. Por
tanto, el tiempo de servicio comprendido desde 1993 hasta su retiro, es del orden
territorial.

16. De igual manera, señaló que los dineros con los que fueron cancelados los
salarios fueron pagados con el situado fiscal, hoy Sistema General de
Participaciones, y de acuerdo con ello la vinculación podría poseer naturaleza
territorial o nacionalizada, más no nacional.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

17. Con auto de 04 de marzo de 2024, se admitió el recurso de apelación.

18. A su turno, el delegado del Ministerio Publico emitió concepto mediante el
cual solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, en razón a que los
argumentos esgrimidos por el recurrente carecen de fundamentos fácticos y
jurídicos.

19. Por su lado, la parte demandante y la UGPP, guardaron silencio en esta etapa
procesal.

20. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,

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Radicado: 52001 23 33 000 2020 00102 01 (0904–2024)
Demandante: José Hermínsul Muñoz Campaña

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

21. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto.

22. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso3, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la
referencia, únicamente la parte demandante presentó recurso de alzada, el análisis
se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2 Del problema jurídico

23. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor José Hermínsul
Muñoz Campaña, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia
por haber cumplido los requisitos para ello, en especial la vinculación como docente
territorial o nacionalizado antes de 1980, y los 20 años de servicio bajo dicha
modalidad; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para hacerse acreedor
a tal prestación.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia

24. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en
el magisterio por un término no menor de 20 años.

25. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además
de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos
con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años. Por su parte, se
reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

26. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los

2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
3 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»
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Demandante: José Hermínsul Muñoz Campaña

inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

27. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

28. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

29. El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de
la pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

30. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta

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Demandante: José Hermínsul Muñoz Campaña

el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»4

31. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20185 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a
ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para
tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le
pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador
ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de

agosto de 1997.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: José Hermínsul Muñoz Campaña

conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

32. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».6

33. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

34. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante
20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria
o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad
de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y el cumplimiento de los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2 Incorporación personal docente a los entes territoriales en el proceso de
descentralización de la educación

35. Con ocasión al proceso de descentralización planteado en la Constitución
Política de 1991, el Congreso de la República profirió la Ley 60 de 1993, la cual
dispuso la desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba
previamente para la prestación del servicio educativo, con el fin de que los entes
territoriales estuvieran encargados de la cobertura y la calidad de este servicio.

36. En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería los
bienes del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos; de igual
manera, a través de dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de los
establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.

37. En el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se indicó:

6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El
personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será
incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará
el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. […]»
(Subrayado y negrilla fuera del texto original)

38. A partir de lo expuesto, las plantas de personal comenzarían a formar parte de
la respectivas entidades territoriales, en principio departamentos y distritos y, en
consecuencia, era necesario que se adelantara un proceso de incorporación, pues
los docentes que tenían la condición de nacionales o nacionalizados, debían migrar
a los departamentos, municipios o distritos, y el régimen prestacional que
incorporaran como a los que se vincularan de forma posterior, sería el establecido
en la Ley 91 de 1989.

39. Ahora bien, aunque como se puso de manifiesto la intención de la norma era
que más municipios asumieran el manejo total de la administración del servicio de
educación, lo cierto es que dicha legislación únicamente habilitó a los municipios
certificados (con una población superior a 100 mil habitantes) para que se les
trasladara directamente los recursos relacionados con al sistema educativo para ser
invertidos con autonomía. Así, lo dispuso el literal b, numeral 7 del artículo 16
ibidem:

«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual o
superior a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con la
aprobación del Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas otorgar
a estos municipios autonomía para la prestación del servicio de educación y la
asunción de las obligaciones correspondientes en las mismas condiciones de
los distritos.»

40. De forma posterior, con el fin de hacer frente al problema base de la educación
del país, generado por «la duplicidad de funciones entre los niveles municipal,
departamental y nacional» y en aras a «pasar a una nueva etapa de la
descentralización, en la cual […] las entidades territoriales consolidan su autonomía
administrativa como operadores de la organización de los servicios de educación
[…]», se expidió la Ley 715 de 2001.

41. Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las entidades
territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en
sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley se refirió expresamente
a la incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y 38. Tales normas
disponen:

«ARTÍCULO 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata
el artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes,
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directivos y administrativos de los planteles educativos, de los departamentos,
distritos y municipios.

Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de
los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad […]

ARTÍCULO 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y
administrativos a los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas
financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará
por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal
actualmente vinculado y que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo.
[…]»

42. En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo consigo
dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el personal
administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas
conforme a la Ley a través del procedimiento de incorporación, y ii) que los docentes
incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de vinculación que
ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.

2.4. Actuación administrativa

43. El señor José Hermínsul Muñoz Campaña, actuando a través de apoderado,
radicó el 19 de mayo de 2017 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión
gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, que a través de la
Resolución RDP 034559 de 05 de septiembre de 2017 negó la solicitud, en razón
a que el demandante tuvo una vinculación de naturaleza nacional desde el 16 de
diciembre de 1974 hasta el 19 de junio de 2015.

44. Inconforme con la precitada decisión, el peticionario interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto negativamente con la Resolución RDP 040936 del
30 de octubre de 2017 expedida por el director de pensiones de la UGPP.

2.5. Caso concreto

45. Pasa la Sala a determinar si el demandante cumple con las exigencias
contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la
jurisprudencia del Consejo de Estado, principalmente las sentencias de unificación
jurisprudencial previamente descritas, para el reconocimiento de la acreencia
pensional en discusión. Debiendo analizarse, además, si el traslado a una plaza
nacionalizada y la incorporación ocurrida en virtud de la “departamentalización y
municipalización” de la educación, implica que el tiempo servido a partir de ello,
modificó la naturaleza de la vinculación nacional a territorial, resultando válido el
tiempo de servicio docente prestado.

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Demandante: José Hermínsul Muñoz Campaña

2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos

a. Edad

46. Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico
planteado, la Sala encuentra acreditado que José Hermínsul Muñoz Campaña nació
el 19 de junio de 19507, razón por la cual, el 19 de junio del 2000 cumplió 50 años.

b. Buena conducta

47. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, el demandante aportó
declaración extraproceso afirmando que sus actuaciones en el sector público como
privado han obedecido a valores de honradez, idoneidad, consagración y buena
conducta; ahora, no se observan reproches que pongan en duda su actuar en el
desarrollo de la actividad educativa, por lo que también se entiende cumplido dicho
requisito.

c. Tiempo de servicio

48. Al respecto, se observan las siguientes novedades laborales como docente
oficial:

• Vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Desde el 1° de
septiembre de 1973 hasta el 19 de junio de 2015

49. Revisado el expediente, se observa copia auténtica expedida el 12 de agosto
de 1986 del acta de posesión suscrita el 15 de noviembre de 1973, mediante la cual
el señor Muñoz Campaña tomó posesión del cargo de profesor de enseñanza
secundaria del Colegio Nacional Juanambú para el cual fue nombrado a través de
la Resolución 11481 del 09 de noviembre del mismo año, acto este último emitido
por el Ministerio de Educación Nacional, con efectos retroactivos a partir del 1° de
septiembre de 1973. Véase:

7 Copia del registro civil de nacimiento visible en el expediente digital que se encuentra en SAMAI.

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Radicado: 52001 23 33 000 2020 00102 01 (0904–2024)
Demandante: José Hermínsul Muñoz Campaña

50. En primer lugar, advierte la Sala que no hay certeza del extremo final de este
periodo, no obstante, se observa que mediante telegrama de fecha 19 de diciembre
de 19748 se le comunicó al demandante que ejercería la labor docente a partir del
15 de septiembre de 1974 en el Colegio Nacional Simón Bolívar por orden de la
Resolución 10427 de fecha 16 de diciembre de 1974, por lo tanto, se infiere que
este periodo va desde el 1° de septiembre de 1973 hasta el 14 de septiembre de
1974.

51. Ahora bien, de este segundo nombramiento reposa copia del acta de posesión
de fecha 3 de enero de 1975 a través de la cual el señor José Hermínsul Muñoz
Campaña tomó posesión del cargo de profesor de enseñanza secundaria en el
Colegio Nacional Simón Bolívar para el cual fue nombrado por medio de la
Resolución 10427 de fecha 16 de diciembre de 1974, con efectos retroactivos al 15
de septiembre de 1974. Véase:

8 Página 93 del archivo 52001233300020200010200\EXPDIG\001. 2020-0102 N. R.pdf

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52. De igual manera, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Secretaría de Educación Municipal de Pasto, en certificado de 13 de marzo de 2017
indicó que el actor prestó servicio docente en el periodo comprendido desde el 16
de diciembre de 1974 hasta el 19 de junio de 2015, así:

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53. Respecto a la naturaleza de los vínculos en mención, se tiene de las
mencionadas actas de posesión, que la designación se realizó para prestar el
servicio docente en colegios nacionales i) desde el 1° de septiembre de 1973
hasta el 14 de septiembre de 1974 en el Colegio Nacional Juanambú, y ii) desde el
15 de septiembre de 1974 hasta 19 de junio de 2015 en el Colegio Nacional Simón
Bolívar.

54. Sumado a lo anterior, el contenido del acta de posesión de fecha 15 de
noviembre de 1973 señala que nombramiento del docente en el Colegio Nacional
Juanambú fue efectuado por el Ministerio de Educación Nacional mediante la
Resolución 11481 del 09 de noviembre de 1973, es decir, que la Nación es quien
fungió como nominador, en uso de sus facultades legales, por lo que para la Sala
no existe duda alguna respecto a que esta primera vinculación fue de carácter
nacional.

55. Sobre el particular, la Ley 91 de 1989, en el artículo 1º, dejó claro que un docente
«nacional» es el que es nombrado por el Gobierno nacional, a saber:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional».

56. En igual sentido, esta Corporación en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2021 del 11 de agosto de 2022 sentó la siguiente regla jurisprudencial:

«Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar la
siguiente regla en cuanto al entendimiento que debe otorgarse al artículo 15,
numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 para efectos de reconocer la pensión
gracia de jubilación:
Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de

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diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial
o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con
los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.»
(Negrilla de la Sala)

57. Sumado a ello, esta Corporación en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997,
citada por el apoderado de la demandante en el escrito de apelación, se señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»9

58. Ahora, si bien en cuanto a la segunda vinculación no se indicó el ente nominador,
se tiene certeza de que la plaza que ocupó el demandante es de naturaleza
nacional.

59. Sobre este particular, esta Corporación ha venido insistiendo que la condición
de docente nacional no se adquiere por el hecho de que en el acto administrativo
de nombramiento intervenga un delegado de esa cartera ministerial y/o porque sus
salarios hayan sido pagados con recursos del situado fiscal, ni mucho menos porque
las autoridades territoriales obraran como presidentes de las Juntas
Administradoras de los FER10, sino que lo que resulta de interés es la plaza a
ocupar, así se indicó por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018.

60. En dicha providencia también se señaló que, para acreditar la naturaleza del
vínculo docente, ello puede establecerse a partir del acto de nombramiento o de
certificaciones de la entidad nominadora que de manera inequívoca ofrezcan
certeza al respecto. Ahora, si bien al plenario no se allegaron los actos de
nombramientos, si se adjuntaron ambas actas de posesión a partir de los cuales se
estima que se trató de una labor docente nacional en los periodos que se analizan;
y la parte actora no aportó ningún otro medio probatorio que permita desvirtuar tal
conclusión, siendo de su carga probar los supuestos de hecho que aduce, ello al
tenor de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, que prevé
que «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», por lo que era el actor el que tenía
la carga de demostrar el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de
la pensión gracia deprecada, lo cual se itera, no ocurrió.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de

agosto de 1997.
10 Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 23 de marzo

de 2023, radicado 63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de 2023, radicado 54001
23 33 000 2017 00661 01 (0605– 2019).

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61. Para finalizar, es menester señalar que, con el recurso se aduce que con la
nacionalización de la educación y el proceso de incorporación docente, se debe
descartar que el actor tenga un vínculo de naturaleza nacional, para la Sala tal
argumento no tiene vocación de prosperidad, primero, porque las designaciones
tuvieron lugar para prestar el servicio en colegios nacionales y segundo, el origen
de los recursos con que se sufragó el pago de salarios y prestaciones al docente no
es determinante para establecer la naturaleza del nombramiento, pues, tal como lo
ha señalado esta Corporación, debe tenerse en cuenta, el origen de la plaza
ocupada.

62. De manera que, si bien el certificado de tiempos de servicios evidencia que
mediante el Decreto 1191 de 30 de agosto de 1999, el demandante fue incorporado
al servicio educativo municipal de Pasto -Nariño, lo cierto es que aquél ya traía una
dependencia del nombramiento que le fue efectuado en una institución educativa
del orden nacional, desde el 15 de septiembre de 1974 hasta 19 de junio de 2015,
concretamente en el Colegio Nacional Simón Bolívar.

63. De manera que, las condiciones de la vinculación del demandante no se
modificaron a pesar de las novedades descritas en el certificado en cita, como lo
son el traslado y la incorporación a la planta territorial, comoquiera que, se insiste,
el último nombramiento del que fue objeto se efectuó en el año 1974, en el orden
nacional; de ahí en adelante se presentaron situaciones administrativas sin que ello
afectara su relación laboral, pues, como quedó claro, la vinculación la designación
de que fue objeto antes de la incorporación a la planta de personal docente del
municipio Pasto- Nariño se mantuvo incólume al no existir ruptura del vínculo
laboral.

64. Ahora, si bien con el proceso de descentralización de la educación, y la creación
del sistema general de participaciones, se transfirieron los recursos de la Nación a
los entes territoriales, dicha circunstancia por sí sola no implica un cambio en la
naturaleza del vínculo docente; siendo pertinente señalar que, aunque con la Ley
60 de 1993 se dispuso la descentralización de ciertas competencias de la Nación
respecto de los entes territoriales, en su artículo 6.º señaló que «el régimen
prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de
continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989,
y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o
cualesquiera otra clase de remuneraciones». (Resaltos de la Sala)

65. Además, la Ley 715 de 2001, en desarrollo de lo anterior, dispuso en el artículo
34 que «los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles
educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su
vinculación sin solución de continuidad.» Tal como ocurre en el caso del actor, cuyo
vinculo desde el año 1974, se mantuvo sin solución de continuidad hasta el año
2015, según da cuenta certificado obrante en el plenario.

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66. El anterior criterio ha venido siendo reiterado por esta Corporación, entre otras,
en sentencia de 28 de enero de 202111en la que se indicó:

«[…] del aludido procedimiento de incorporación de la demandante se destaca
que (i) no tenía la calidad de profesora municipal, sino nacional; (ii) Manizales
era el lugar geográfico en el que desarrollaba su funciones, circunstancia que
no mutaba la naturaleza de su vinculación, dado que la vacante que ocupaba
y el colegio en el que laboraba eran nacionales; y (iii) no se trató de una nueva
designación, tanto es así que no hubo modificación en cuanto al régimen
salarial que le reconocía la Nación.
En consecuencia, conforme a lo certificado por la secretaría de educación el
10 de febrero de 2006 y el 1° de agosto de 2016, la accionante «[…] prestaba
sus servicios como Docente plaza Nacional […]», lo cual no varió por la
incorporación del departamento de Caldas.
[…]
Por otra parte, en lo concerniente a los recursos con los cuales se financió el
empleo de la accionante, el acto de incorporación hace referencia al situado
fiscal que si bien atendía los gastos que generaban los servicios educativos
nacionalizados y territoriales, también lo hacía respecto de los nacionales
como en este caso, en el que, se reitera, la plaza era nacional sin que exista
en el plenario prueba en contrario.»12

67. Por tanto, dado que la naturaleza del nombramiento del aquí demandante a
partir del año 1974 en adelante, fue del orden nacional y que las novedades de las
que fue objeto administrativamente no modificaron dicha naturaleza, es claro que
no es posible computar el tiempo de servicio que se analiza; y en consecuencia,
como lo dispuso el tribunal en primera instancia, no se acredita los 20 años de
servicio docente territorial y/o nacionalizado, lo cual resulta indispensable para
obtener el reconocimiento de la pensión gracia. Por el contrario, el análisis del
material probatorio permite inferir, que aquél ocupó una plaza nacional por más de
40 años, incluso, la parte demandante acepta que el nombramiento fue del orden
nacional, pero que mutó en virtud del proceso de incorporación, argumento que
como se ha dejado sentado, no tiene prosperidad.

2.6. Conclusión

68. En ese orden de ideas, para la Sala no prosperan los argumentos planteados
en el recurso de apelación, pues, no había lugar a considerar que el actor tuvo un
vínculo territorial y/o nacionalizado, pues se insiste, se mantuvo en el orden nacional
conforme a las actas de posesión. Con fundamento en lo antes expuesto, tampoco
se advierte un desconocimiento de la jurisprudencia de esta Corporación ni de la
Constitución.

11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Radicado: 17001-23-33-000-2015-00285-
01 (363-2018). Ver además expediente 13001 23 33 000 2019 00262 01 (0534–2024) C.P Luis
Eduardo Mesa Nieves

12 Véase también, Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 66001-23-33-000-2016-00086-
01(2163-2018). Sentencia de 16 de mayo de 2019.
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69. Así, el demandante no cumple con el requisito de vinculación con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980 al servicio territorial o nacionalizado para ser beneficiario
de la pensión solicitada, como tampoco acredita 20 años de servicio docente
territorial o nacionalizado, razón por la cual, la Sala considera que deberá ser
confirmada la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda de la referencia.

2.7. Condena en costas

70. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio de la existencia de carencia de
fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer extensiva esa
interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los argumentos presentados
por la parte actora, no puede observarse dicha situación, contrario a ello, se observa
que se sustentaron las razones en defensa jurídica de los intereses y, por ende, no
se condenará en costas, máxime cuando lo aquí resuelto tiene que ver directamente
con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales trazadas en las sentencias de
unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.

71. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

3. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 06 de abril de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda; de
acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme la motivación.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

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JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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