Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-33-31-008-2008-00304-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Revisión eventual de acción popular: necesidad de unificar la
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-33-31-008-2008-00304-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 52001-33-31-008-2008-00304-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
4 de octubre de 2021
REVISIÓN EVENTUAL DE ACCIÓN POPULAR – Necesidad de unificar la
jurisprudencia / ACCIÓN POPULAR / MEDIO DE CONTROL DE
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD DEL CONTRATO – El juez
de la acción popular no tiene la facultad de decretar la nulidad de contratos
administrativos, aunque la acción se haya iniciado bajo la vigencia del
Decreto 01 de 1984 / UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL
Teniendo en cuenta que para los casos iniciados en vigencia del Decreto 01 de
1984 no existe la prohibición, que sí contempla la Ley 1437 de 2011 y que la
jurisprudencia de esta Corporación no ha sido pacífica, como más adelante se
explica, en lo que tiene que ver con la posibilidad de que el juez popular pueda
anular contratos de la administración, cuando evidencia la vulneración de un
derecho colectivo en las acciones populares iniciadas en vigencia del C.C.A, ni
respecto de las medidas que se pueden tomar y su incidencia en las garantías o
intereses colectivos, resulta necesario unificar la posición al respecto. Esto con el
fin de determinar cuál es la tesis que debe seguir aplicándose a dichos procesos.
(…) En criterio de la Sala Especial de Decisión, en las acciones populares
iniciadas en vigencia del Decreto 01 de 1984 la jurisdicción de lo contencioso
administrativo no tiene facultad para decretar la nulidad de contratos
administrativos que se consideren causa de la amenaza o violación de derechos
colectivos. En estos casos, el juez tiene la posibilidad de emitir cualquier otra
orden de hacer o no hacer con el fin de proteger o garantizar los derechos e
intereses colectivos vulnerados, o que estén en inminente peligro de ello.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 3 /
CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 6 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA –
ARTÍCULO 88 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 121 / CONSTITUCIÓN
POLÍTICA – ARTÍCULO 122 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 123 /
CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 230 / DECRETO 01 DE 1984 / LEY 472
DE 1998 – ARTÍCULO 2 / LEY 472 DE 1998 – ARTÍCULO 9 / LEY 472 DE 1998 –
ARTÍCULO 34 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 140 / LEY 1437 DE 2011 –
ARTÍCULO 144
NOTA DE RELATORÍA: Sobre las facultades de la acción popular frente al medio
de control de controversias contractuales, ver: Consejo de Estado, sentencia IJ del
9 de diciembre de 2003, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, radicación número
25000232600020021204-01(AP)IJ; Sección Tercera. Sentencia del 5 de octubre
de 2005, C.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra, radicación número 20001-23-31-000-
2001-01588-01(AP-01588); Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 2 de
diciembre de 2013, radicación número 16001 23 31 000 2005 02130 01 (AP), C.P.
Stella Conto Díaz del Castillo; Sección Quinta, sentencia del 6 de noviembre de
2013, radicación número 11001-33-31-022-2009-00363-01(AP)REV, C.P Dr.
Alberto Yepes Barreiro (E).
ACCIÓN POPULAR – Carácter y fines / ACCIÓN POPULAR – Competencia
funcional / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / El juez popular no tenía la
facultad de declarar la nulidad de contratos estatales / ACCIÓN POPULAR /
El juez posee la posibilidad de emitir cualquier otra orden de hacer o no
hacer, diferente a la nulidad del contrato, con el fin de proteger o garantizar
los derechos e intereses colectivos vulnerados
[A]tendiendo aspectos tales como el carácter principal y fines diferentes de la
acción popular respecto de las acciones ordinarias, el alcance y aplicación
especial del principio de congruencia en esta clase de procesos y razones de
seguridad jurídica y de orden procesal, la Sala considera que en el caso en que se
acredite la violación de la ley que configurara la nulidad del contrato y ello implique
la vulneración de la moral administrativa u otra garantía colectiva, en vigencia del
C.C.A el juez popular no tenía la facultad de declarar su nulidad. En cambio,
poseía la posibilidad de emitir cualquier otra orden de hacer o no hacer con el fin
de proteger o garantizar los derechos e intereses colectivos vulnerados, o que
estén en inminente peligro. La Sala reconoce y destaca el importante avance de la
jurisprudencia de la Corporación sobre la protección de la garantías populares; no
obstante, considera que la interpretación de las nomas analizadas en precedencia
es la que mejor se ajusta al objeto y fin de la acción popular prevista en la Ley 472
de 1998, para prevenir que en sede popular el operador judicial exceda el límite de
su competencia funcional, en cuanto el propósito principal de la acción popular es
la protección de los derechos colectivos no el determinar la legalidad de los
contratos (…).
FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 – ARTÍCULO 87 / LEY 80 DE 1993 –
ARTÍCULO 45 / LEY 472 DE 1998 – ARTÍCULO 11
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad en la acción popular, ver: Corte
Constitucional, sentencia C- 215 de 14 de abril de 1999, M.P. Martha Sáchica de
Moncaleano. Sobre la legitimación en la causa en la acción popular, ver: Corte
Constitucional, sentencia C-221 del 14 de abril de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz.
CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES - La calidad de accionista
presupone la efectiva realización de un aporte al capital de la sociedad
anónima o la adquisición de la acción por alguno de los modos consagrados
en la ley / PATRIMONIO PÚBLICO – No se acreditó su afectación
En el contrato de suscripción de acciones la calidad de accionista presupone la
efectiva realización de un aporte al capital de la sociedad anónima o la adquisición
de la acción por alguno de los modos consagrados en la ley. En este caso, de la
revisión del contenido del contrato elevado a la Escritura Pública No. 2635 de
1960, la Sala establece que ello tuvo lugar en este caso, toda vez que la
participación económica del socio municipio de Pasto a la sociedad CENDENAR
S.A se concretó en la trasferencia de los bienes inmuebles que conforman la
Planta Hidroeléctrica del Río Bobo a cambio de $850.000 y de las 415.000
acciones de la sociedad. (…) [E]n el caso concreto no se probó de forma precisa
que con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato de suscripción de
acciones elevado a Escritura No. 2635 de 5 de diciembre de 1960 se hubiera
afectado el patrimonio público del municipio de Pasto, conforme lo explicado en
consideraciones anteriores, toda vez que: i) no se evidenció el incumplimiento por
parte de CEDENAR S.A E.S.P al referido contrato, ii) el valor de las acciones de la
sociedad se incrementó; iii) la disminución de la participación accionaria del ente
territorial obedeció al aumento de ella por parte de la Nación; y, iv) no se acreditó
que con la creación de la empresa SEPAL S.A para la prestación del servicio
público de alumbrado se hubiera configurado vulneración o trasgresión a alguna
garantía colectiva.
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DÉCIMA ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 52001-33-31-008-2008-00304-01(AP)REV
Actor: ALFREDO CANO CÓRDOBA
Demandado: CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO (CEDENAR S.A E.S.P)
Tema: REVISIÓN EVENTUAL DE ACCIÓN POPULAR
Decide la Sala Diez Especial de Decisión de lo Contencioso Administrativo, la
revisión de la sentencia de acción popular proferida el 4 de mayo de 2011 por el
Tribunal Administrativo de Nariño1, mediante la cual desató el recurso de
apelación interpuesto por Centrales Eléctricas de Nariño - CEDENAR S.A -
E.S.P.2 contra la providencia del 23 de julio de 2010, dictada por el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Pasto que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda3.
I. ANTECEDENTES
La demanda4.
1. El señor Alfredo Cano Córdoba instauró demanda en ejercicio de Acción
Popular con el fin de obtener el amparo de los derechos colectivos: i) a la
moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, ii) a la seguridad y
salubridad públicas, iii) al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna y, iv) al de los consumidores y usuarios. El actor popular
pretende que se declare que CEDENAR incumplió las obligaciones establecidas
en el contrato de suscripción de acciones elevado a Escritura No. 2635 de 5 de
1
Folios 4-112
2
De acuerdo con el certificado de la Cámara de Comercio que obra en los folios 46 y 47 del
cuaderno 1, la sociedad se denominó posteriormente CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO
SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, con sigla CEDENAR S.A – E.S.P.
En adelante CEDENAR
3
Seleccionada mediante providencia de 17 de mayo de 2012, visible en los folios 206 a 221.
4
El actor popular radicó la demanda de acción popular el 20 de octubre de 2008 (Folios 1 a 3 del
cuaderno 3). Mediante escrito de 5 de noviembre de 2008 adicionó el hecho referido a la
imposibilidad de creación del impuesto de alumbrado eléctrico por parte de los concejos
municipales y distritales (folio 32 vuelto del cuaderno 3).
diciembre de 19605; que se disponga la restitución a favor del municipio de Pasto
de la propiedad sobre la planta hidroeléctrica municipal del río Bobo con la
totalidad de bienes muebles e inmuebles que la constituyan y que se le ordene a
la mencionada entidad territorial que continúe prestando el servicio público de
alumbrado.
Hechos de la demanda6.
2. Las anteriores pretensiones se fundan, en síntesis, en los siguientes hechos:
3. El municipio de Pasto y CEDENAR, celebraron un contrato elevado a la
Escritura No. 2635 de 5 de diciembre de 1960, suscrita ante la Notaria Segunda
de esa ciudad.
4. Las obligaciones principales se concretaron en la entrega por parte de la
Empresa al municipio de Pasto de los títulos correspondientes a 415.000 acciones
y el deber de suministrar el servicio de alumbrado público con cargo a las
utilidades que se liquidaren a favor del municipio en su calidad de accionista.
Como contraprestación, el ente territorial aportó al Fondo Social de la Empresa la
totalidad de los bienes inmuebles, instalaciones, maquinaria, equipos y demás
elementos que componen la planta hidroeléctrica del río Bobo, avaluados en
$5.000.000.
5. CEDENAR nunca cumplió con su obligación de suministrar el alumbrado público
a la ciudad de Pasto en las condiciones expresamente pactadas en el contrato y
se excusó en que su actividad comercial no produce utilidades. La Empresa
incluyó en su factura de cobro de energía un valor por alumbrado público en
contravía de lo dispuesto por la jurisprudencia de esta corporación, según la cual
las empresas de servicios públicos domiciliarios no pueden contener en sus
facturas conceptos diferentes al precio del servicio o aquellos establecidos en el
contrato de condiciones uniformes.
6. Según el informe de 4 de marzo de 2003, suscrito por el ingeniero eléctrico
Jorge Darío Pérez López y remitido al alcalde de Pasto, la central de río Bobo
siempre fue rentable y produjo suficiente energía para abastecer del doble de la
5
Específicamente, en lo que tiene que ver con el suministro de alumbrado público a la ciudad de
Pasto.
6
Folios 1-3 del cuaderno 3
carga de alumbrado público.
7. Los hechos expuestos, según el actor popular, configuraron la vulneración de
los derechos colectivos a la moralidad pública, al acceso a los servicios públicos y
a que su prestación sea eficiente y oportuna y a los derechos de los consumidores
y usuarios, pues CEDENAR no suministró el alumbrado público en las condiciones
pactadas, arguyendo que su actividad comercial no produjo utilidades y desde
1990 cobró ilegalmente el servicio al usuario.
Sentencia de primera instancia.
8. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto profirió sentencia el día
23 de julio de 2010, por medio de la cual amparó los derechos colectivos a la
moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, de la siguiente
manera7:
«PRIMERO.- AMPÁRANSE los derechos colectivos a la moralidad administrativa
y a la defensa del patrimonio público, vulnerados en los términos ya señalados en
la parte motiva de esta sentencia, por el Municipio de Pasto, CEDENAR S.A y el
Concejo Municipal de Pasto.
SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA lo siguiente:
El Municipio de Pasto y CEDENAR S.A., adelantarán las actuaciones tendientes a
liquidar el convenio plasmado en la Escritura 2.635 de 1960, lo que harán en un
término máximo de seis meses, como fruto de esa liquidación:
a) CEDENAR reconocerá al Municipio de Pasto en un plazo máximo de un
mes siguiente a la liquidación, en forma indexada la cantidad de $5.000.000.oo, la
suma insoluta se indexará aplicando para ello la siguiente fórmula:
R= Rh Índice Final
Índice Inicial
En la fórmula el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es la suma de cinco millones de pesos, por el guarismo que resulte de
dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la
ejecutoria de esta sentencia) y el índice inicial (vigente para la fecha abril de
1960).
b) Ahora, como la planta continuará en poder de CEDENAR, salvo que las
partes, esto es CEDENAR y el Municipio de Pasto, determinen otra cosa en el acta
de liquidación que se ha ordenado efectuar, CEDENAR pagará al Municipio de
Pasto, en forma anual un porcentaje no inferior al 5% del activo total que posea la
empresa en el corte que se efectúe cada año, lo que hará hasta que la Planta
Hidroeléctrica del Río Bobo siga en poder de CEDENAR. Las anteriores sumas
serán destinadas por el Municipio de Pasto, exclusivamente al mejoramiento del
servicio de alumbrado público que presta la ciudad.
7
Folios 735 - 791 del cuaderno 3
c) En la liquidación, las partes acordarán lo que sucederá en adelante con la
prestación del servicio de alumbrado público y con las acciones que el Municipio
de Pasto posee en CEDENAR.
[…]
CUARTO.- DECLARAR que se presentó carencia de objeto en cuanto al hecho
invocado por el actor popular en la demanda que se refiere a la facturación de la
tasa de alumbrado público, no obstante lo anterior, ADVERTIR a CEDENAR que
en caso de que emitan nuevos actos administrativos que sirvan de soporte legal al
“impuesto de alumbrado público”, este cobro NO PUEDE INCLUIRSE EN LA
FACTURA, salvo que utilice un formato adherido, separable de la factura, es decir,
expida una factura que, contenga dos valores distintos a pagar, uno sin el pago de
la contribución, y otro, separable en el que se incluye (sic) el valor de aquella
dentro del monto a cancelar, dando así la posibilidad para que el usuario del
servicio opte libremente por pagar o no la referida contribución, sin que el pago de
la misma conlleve afectación alguna a la prestación del servicio domiciliario de
energía.
QUINTO.- Confórmese un comité integrado por el actor popular, el Alcalde
Municipal, un representante de CEDENAR, un representante de SEPAL, un
representante del Concejo Municipal, la Personería Municipal de Pasto, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Defensoría del Pueblo,
que vigilarán el cumplimiento de la sentencia
SEXTO.- FÍJASE a favor del accionante Sr. ALFREDO CANO CORDOBA, por
partes iguales, a cancelar entre el Municipio de Pasto y CEDENAR, a título de
incentivo el quince por ciento (15%) del valor que CEDENAR pague al Municipio
de Pasto con ocasión de lo ordenado en el literal a, numeral 2° de la parte
resolutiva de esta providencia.
QUINTO.- (sic) DENEGAR las demás súplicas de la demanda.»
9. La Juez de primera instancia encontró probada la vulneración de los principios
colectivos de moralidad administrativa y del patrimonio público por parte del
municipio de Pasto. Para sustentar su decisión, indicó que CEDENAR incumplió la
obligación principal de suministrar el servicio de alumbrado público a la ciudad,
deber que adquirió a cambio del inmueble que recibió. Frente al municipio de
Pasto, estableció que ese ente territorial omitió adelantar las gestiones pertinentes
para finiquitar el negocio del que únicamente se benefició la Empresa. Finalmente,
encontró que el concejo de Pasto autorizó la creación de la empresa SEPAL que
debía servir a un objetivo para el cual ya existía convenio.
Recursos de apelación.
10. CEDENAR S.A. E.S.P interpuso recurso de apelación contra la decisión de
primera instancia para que se revoque en su totalidad.8
8
Folios 798 - 814 del cuaderno 3
11. La Empresa adujo que no vulneró alguna garantía colectiva, específicamente
la que tiene que ver con la defensa del patrimonio público, pues sometió su
conducta a las leyes que le son aplicables y a las decisiones tomadas por el
municipio y el concejo de Pasto y SEPAL S.A. Agregó que si bien por varios años
sus ejercicios contables registraron pérdidas, ello se debió a las condiciones
adversas del mercado que maneja y que en todo caso, el ente municipal puede
enajenar o disponer de las acciones que posee en la Empresa.
12. Considera que del contenido del contrato de suscripción de acciones elevado a
la Escritura Pública No. 2635 del 5 de diciembre de 1960, se desprende que el
municipio de Pasto y CEDENAR adquirieron diversos compromisos. A cargo de
esta última se establecieron los de entregar al municipio los títulos
correspondientes a 415.000 acciones y a cancelar las obligaciones que tenía el
municipio con diferentes entidades bancarias en cuantía de $850.000. En
contraprestación, el municipio se obligó a aportar al fondo social de CEDENAR la
totalidad de los bienes inmuebles, instalaciones, maquinaria, equipos y elementos
de la Planta Hidroeléctrica Municipal del río Bobo, es decir, que pagó en especie
las acciones, de forma que el bien pasó a ser de propiedad de la Empresa.
13. Explicó que el referido vínculo contractual se dio en vigencia de la Constitución
de 1886 y que con ocasión de la expedición de la nueva Carta de 1991 y de la Ley
142 de 1994, surgió para el municipio la obligación de crear una nueva empresa
para cumplir el cometido estatal del alumbrado público. De esta forma, el
compromiso de prestar ese servicio dejó de ser una obligación civil para tornarse
en una meramente natural. Agregó que en virtud de disposiciones administrativas
del municipio y del concejo de Pasto, tal deber pasó a la Empresa de Servicio
Público de Alumbrado - SEPAL S.A.
14. Aseguró que se le condenó a pagar $5.000.000 de forma indexada a favor del
municipio de Pasto, suma que equivale a $8.710.000.000. De esta forma, se le
obligó cancelar nuevamente el valor de la planta como si el municipio la vendiera
en este momento, pese a que en la sentencia se reconoció que ella pertenece a la
Empresa. Agregó que al mismo tiempo y de forma contradictoria, se dispuso que
el municipio de Pasto conserva las acciones y, por tanto, sigue como socio de la
electrificadora y acreedor del 5% del activo total que posea la Empresa con el
corte que se efectúe cada año.
15. Alegó que tal como se dispuso en la sentencia de primera instancia, la
condena asciende por ambos conceptos a $9.581.679.274, suma que en un solo
año supera en más de 4 veces el valor de la planta de río Bobo que es de
$2.066.674.285.93.
16. Indicó que, en el año 1960, CEDENAR realizó la compra parcial de la planta,
bien que en todo caso es susceptible de depreciación. Puntualizó que, si el pago
de las acciones hubiera sido en dinero, al tomar los mismos $5.000.000, esa suma
equivaldría a $8.710.000.000, valor que, si bien es inferior a la condena impuesta,
resulta superior a las utilidades que obtuvo la Empresa durante los años 2008 y
2009. Tal hecho conlleva una desventaja y desigualdad frente a los demás
accionistas, genera un enriquecimiento sin causa para el municipio y la pone en
situación de inviabilidad financiera.
17. Alegó que el juez de instancia ordenó la liquidación del contrato de suscripción
de acciones y la restitución del bien aportado, disposiciones que son propias de
una declaración judicial de nulidad. Lo anterior a pesar de que el contrato no
reviste alguna irregularidad que la amerite, máxime cuando en este caso,
cualquier irregularidad –que no la hay– quedó saneada por prescripción
extraordinaria en los términos del artículo 1742 del Código Civil.
18. El municipio de Pasto interpuso recurso de apelación9 pues no está de
acuerdo con la sentencia en cuanto incluyó al ente territorial como responsable de
la vulneración de los derechos colectivos. Alegó que CEDENAR S.A E.S.P. es la
única que se ha aprovechado del contrato de suscripción de acciones, en virtud
del cual el municipio entregó la Hidroeléctrica del río Bobo sin recibir nada a
cambio, pues ni siquiera mantuvo el porcentaje accionario en la sociedad el que a
la fecha no representan ni siquiera el 1%. Pide que se guarde el equilibrio
contractual, de manera que se le ordene a CEDENAR que cumpla a cabalidad con
el contrato o lo liquide.
19. Además, considera que: i) el porcentaje que CEDENAR debe pagar al
municipio de Pasto no debe ser inferior al 20% de los ingresos brutos que genera
la hidroeléctrica desde que entró a operar la Empresa SEPAL, ii) no hay lugar a la
disminución del porcentaje accionario que el municipio de Pasto adquirió en 1960
9
Folios 858 vuelto- 859 vuelto
y, iii) el principal obligado a la prestación del alumbrado público es CEDENAR,
quien es la única que debe ser condenada a pagar el incentivo.
20. SEPAL S.A interpuso recurso de apelación10 con el propósito de que se
revoque el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia que se refiere a la
facturación del Impuesto de Alumbrado Público, pues la retribución por la
prestación de ese servicio es necesaria, justa y proporcional al servicio que como
empresa de economía mixta y en virtud de un contrato de concesión ha prestado
con una debida administración del recaudo.
21. El accionante presentó apelación adhesiva11 para que se que se adicione la
sentencia de primera instancia y se disponga que CEDENAR reintegre al
municipio de Pasto la suma de $7.439.949.404 que recibió en el año 2003 con
ocasión del acuerdo conciliatorio que celebró con ese ente territorial dentro de un
proceso ordinario que se adelantó en su contra ante el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Pasto en el que la Empresa le cobró el servicio de energía.
22. Agregó que la referida suma fue pagada con los recursos que destinó la
Nación para cubrir el valor del servicio de energía para los años 1960 hasta junio
de 2002, incluido el alumbrado público.
Sentencia de segunda instancia.
23. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia proferida el 4 de
mayo de 201112, adicionada el 8 de junio del mismo año13, al resolver los recursos
de apelación interpuestos contra la decisión inicial, modificó los numerales
primero, segundo y quinto del fallo de primera instancia, en los siguientes
términos:
«PRIMERO.- Amparar los derechos e intereses colectivos a la moralidad
administrativa y a la defensa del patrimonio público, vulnerados en los términos
señalados en la parte resolutiva de esta sentencia por el Municipio de Pasto y la
Empresa Centrales Eléctrica de Nariño S.A.- CEDENAR S.A E.S.P.
SEGUNDO- En orden a la protección de los derechos e intereses colectivos
vulnerados se dispone:
10
Folios 860 - 862
11
Folios 886 - 892
12
Folios 4 - 111
13
Folios 133 - 139, en la que dispuso condenar en costas a las entidades accionadas.
a) Déjase (sic) sin efectos la cláusula duodécima de la Escritura Pública 2635 de
5 de diciembre de 1960 de la Notaría Segunda de Pasto.
b) Ordénase (sic) a la Empresa Centrales Eléctrica de Nariño S.A – CEDENAR
S.A E.S.P, que en el término de seis (6) meses contados a partir de la
ejecutoria de este fallo, restituya al Municipio de Pasto el valor de adquisición
de las 415.000 acciones debidamente indexado desde el 1 de enero de 1961 y
hasta la ejecutoria de este fallo, con la aplicación de la siguiente fórmula:
R= Rh Índice Final
Índice Inicial
Donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es el valor de adquisición de las 415.000 acciones, por el guarismo que
resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el
DANE, vigente a la ejecutoria del fallo y el índice inicial, vigente a 1 de enero
de 1960.
c) Ordénase (sic) a la Empresa Centrales Eléctrica de Nariño S.A – CEDENAR
S.A E.S.P. que dentro del término antes señalado pague al Municipio de Pasto
el interés legal que se liquide sobre el valor de adquisición de las 415.000
acciones, desde el 1 de enero de 1961 y hasta la ejecutoria de este fallo. (…)
d) Tan pronto el Municipio de Pasto reciba el pago de las sumas de dinero que se
liquiden por los conceptos anteriores, hará devolución de las 415.000 acciones
a la Empresa Centrales Eléctricas de Nariño S.A – CEDENAR S.A E.S.P.
e) El Municipio de Pasto destinará las sumas de dinero que reciba por los
conceptos anotados, a la prestación del alumbrado público en el Territorio
Municipal.
QUINTO.- Conformáse (sic) un comité integrado por el actor popular, el Alcalde
Municipal de Pasto, el representante legal de la Empresa Centrales Eléctrica
de Nariño S.A – CEDENAR S.A E.S.P., el Personero Municipal de Pasto y el
Defensor del Pueblo Regional Nariño, con el objeto que verifique el
cumplimiento de esta Sentencia. La secretaría enviará los oficios
correspondientes.
SEGUNDO- Revocar los numerales tercero, cuarto y sexto del fallo apelado.»
24. El tribunal encontró acreditado que mediante la Escritura Pública No. 2635 de
5 de diciembre de 1960, CEDENAR S.A. E.S.P. y el municipio de Pasto celebraron
un acuerdo en orden a que se prestara el servicio de alumbrado público en el
referido ente territorial. Para el efecto, el municipio se obligó a entregar la Planta
Hidroeléctrica a CEDENAR, erigiéndose, igualmente, en uno de sus accionistas.
Luego de analizar las pruebas allegadas al trámite constitucional, encontró que las
partes incurrieron en incumplimiento contractual. Para sustentar su decisión,
expuso, en resumen, las siguientes razones:
25. Consideró que Centrales Eléctricas de Nariño S.A E.S.P incumplió la
obligación contenida en la cláusula duodécima14 de la Escritura Pública No. 2635
de 5 de diciembre de 1960 de la Notaría Segunda de Pasto, toda vez que: i) si
bien prestó el servicio de alumbrado público en la ciudad de Pasto entre los años
1960 a 2003, lo hizo de manera deficiente y reclamó el pago de esa prestación al
municipio de Pasto o lo obtuvo de los usuarios, contraviniendo lo estipulado en el
referido acuerdo y, ii) a partir de enero de 2004 dejó de suministrar definitivamente
el alumbrado, época a partir de la que el servicio fue asumido por la Sociedad de
Servicio Público de Alumbrado de Pasto S.A – SEPAL S.A, entidad que se creó
por las deficiencias en la prestación por parte de la demandada.
26. Frente a la administración municipal de Pasto, dijo que su conducta omisiva
frente al incumplimiento contractual de la Empresa constituye infracción de las
competencias administrativas que el ordenamiento jurídico le otorgó en materia de
contratación estatal, específicamente la de exigir al contratista la prestación debida
y la ejecución idónea de sus obligaciones.
27. Aseguró que el referido incumplimiento es violatorio de los derechos e
intereses colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio
público. Frente a ello, adujo que no es de recibo la justificación esgrimida por
CEDENAR S.A E.S.P., según la cual solamente produjo utilidades a partir de 2008
y que, al trasladar la obligación de pagar el suministro de energía eléctrica para el
alumbrado público al municipio de Pasto, por mandato legal, no violó algún
derecho colectivo.
28. Dedujo de la prueba testimonial practicada que desde que se le transfirió la
hidroeléctrica del río Bobo, la empresa demandada ha utilizado la energía eléctrica
que genera para atender el servicio que presta a sus diferentes usuarios con
márgenes de ganancia considerables. Tales utilidades han sido invertidas en
infraestructura o destinadas al cumplimiento de una función social a cargo del
Estado, amén de que ha sufrido pérdidas por uso fraudulento del servicio.
29. Indicó que CEDENAR S.A E.S.P. tenía la obligación de ejercer la vigilancia y
control del servicio para evitar su uso fraudulento, de manera que no puede hacer
partícipe al municipio de las consecuencias de su omisión. Agregó que, en todo
14
La cláusula duodécima contiene la obligación a cargo de CEDENAR de suministrar el servicio de
alumbrado público a la ciudad de Pasto, a las tarifas que al efecto fije el Ministerio de Fomento y
con cargo a las utilidades que se liquidaron a favor del municipio en su carácter de accionista.
caso, su comportamiento desconoce el principio de buena fe contractual porque
inicialmente prestó de manera deficiente el servicio para el cual fue contratada y
reclamó y obtuvo su pago del municipio o de los usuarios pese a que debió
deducirlo de sus ganancias.
30. Agregó que el incumplimiento de CEDENAR, a su vez, generó la necesidad de
creación de una nueva empresa que se encargara de la prestación del servicio
público de alumbrado; sin embargo, estableció que la creación de SEPAL S.A
obedeció a lo que establece el numeral 6 del artículo 313 de Constitución Política,
de manera que no devino en ilegal.
31. Finalmente, la Sala observa que, mediante providencia de 8 de junio de 2011,
el Tribunal Administrativo de Nariño adicionó la sentencia en el sentido de
condenar al Municipio de Pasto y a la Empresa CEDENAR S.A. E.S.P. al pago de
las costas procesales.
II. REVISIÓN EVENTUAL
Solicitud e insistencia de revisión eventual.
32. Dentro del término legal, el 25 de mayo de 2011, CEDENAR S.A. ESP solicitó
y sustentó su pretensión de revisión eventual15.
33. La Empresa demandada alegó la inexistencia de jurisprudencia del Consejo de
Estado sobre los siguiente temas: i) restricciones a los jueces de acciones
populares en el marco de contratos estatales cuando los términos de prescripción
y caducidad se encuentran vencidos, ii) posibilidad de los jueces en acciones
populares de tomar medidas confiscatorias, de restitución y compensación sobre
bienes de propiedad privada y; iii) la posibilidad de que las empresas de servicios
públicos puedan hacer operaciones de reinversión de las utilidades de sus socios,
en la expansión de redes y del servicio, frente a los derechos colectivos a la
defensa del patrimonio público y la moralidad administrativa.
34. La anterior petición fue denegada por esta Corporación mediante providencia
de fecha 7 de diciembre de 2011,16 bajo la tesis de que los argumentos que la
sustentaron no tenían relación con alguna causal de revisión eventual, más bien
15
Folios 113 - 126
16
Folios 164 - 178
concernían a las consecuencias de los fallos proferidos en el asunto y a la
particularidad del caso concreto, de suerte que lo que se pretendía era acceder a
una tercera instancia.
35. La parte demandada insistió en su solicitud de revisión17. En esta oportunidad,
sostuvo que esta Corporación ha expuesto al menos tres criterios en torno a la
posibilidad que tiene el juez de la acción popular para declarar la nulidad absoluta
de un contrato estatal.
36. A saber: i) tesis restrictiva, ii) intermedia y, iii) amplia. La primera reconoce el
carácter principal de la acción popular pero aclara que por esta vía no se puede
decidir sobre la legalidad de un contrato público, toda vez que éste es un asunto
reservado a la acción contractual consagrada en el artículo 87 del C.C.A 18. La
segunda, es decir, la tesis intermedia, se presenta cuando otros jueces distintos
del juez popular hayan avocado el conocimiento de la acción contractual, evento
en el que el fallador puede ordenar la suspensión de la ejecución del contrato
hasta que se defina su legalidad. Finalmente, la tesis amplia admite la posibilidad
de analizar la legalidad del contrato estatal, cuando éste vulnere o amenace algún
derecho colectivo con el exclusivo fin de procurar su protección.
37. Dijo que en caso de aceptarse la tesis de que el juez popular puede anular de
oficio un contrato estatal en sede popular y adoptar decisiones restitutorias, el
Consejo de Estado también debe unificar la jurisprudencia en orden a establecer
los límites del operador judicial en aquellos eventos en que haya trascurrido el
término de prescripción extraordinaria, otrora de 20 años hoy de 10 años, pues tal
fenómeno sanea cualquier vicio que pudiera tener el contrato.
38. Frente a este tópico, adujo que la jurisprudencia ha tomado distintas
decisiones, esto es, que el juez popular: i) no puede anular el contrato de oficio
cuando haya operado el fenómeno de la prescripción extraordinaria porque se
entiende saneado cualquier vicio de nulidad con independencia de que por cuenta
del vicio se vulneren intereses y derechos, ii) no puede avalar ilicitudes
sobrevinientes de manera que puede anular, a petición de parte o de oficio, con
independencia del plazo de su vigencia, inclusive después de terminado este y, iii)
puede anular un contrato que amenace o vulnere derechos colectivos sin alguna
cortapisa.
17
Folios 179 - 195
18
Hoy artículo 141 del CPACA que establece el medio de control de controversias contractuales.
39. El recurrente también invocó la necesidad de fijar un criterio unívoco en torno a
la posibilidad de que una empresa de servicios públicos que administre
mayoritariamente recursos del Estado reparta utilidades para el cumplimiento de
sus obligaciones contractuales o si, por el contrario, debe destinar sus excedentes
o parte de ellos a mejorar su cobertura y prestación eficiente del servicio.
Selección para revisión eventual.
40. La Sección Segunda del Consejo de Estado, antes de la creación de las Salas
Especiales de Decisión al interior de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, mediante providencia del 17 de mayo de 201219 halló procedente
seleccionar para revisión la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño, conforme al artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, en consideración a que el
demandante describió diversas líneas jurisprudenciales que a su juicio resultaban
disímiles relacionadas con la posibilidad de declaración de nulidad de contratos
estatales y los efectos de esa determinación en los casos en que haya trascurrido
el término de prescripción extraordinaria. Esto último porque la configuración de tal
fenómeno implicaría tener por saneado cualquier vicio que tuviera el contrato
estatal.
41. Consideró la Sala, en su momento, que el tema de la posibilidad de declarar la
nulidad de contratos estatales a través de la acción popular ha presentado
diferentes tratamientos y generado diversas posturas al interior de la Corporación,
de la administración y de la academia, razón por la cual y en consonancia con la
especial protección constitucional y legal de que gozan los derechos colectivos,
era procedente efectuar un análisis «en torno a las medidas idóneas para su
protección y los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico para
efectivizarlas».
42. En similar sentido, indicó que se debía fijar un criterio unívoco en torno a las
facultades del juez popular para declarar la nulidad de los contratos y las
consecuencias derivadas de esas decisiones.
43. Adujo que, en el marco específico de esta acción constitucional, admitiendo la
tesis según la cual bajo esta misma cuerda procesal puedan anularse contratos, el
Consejo de Estado no había tenido la oportunidad de pronunciarse respecto de
19
Folios 206 - 221
esa posibilidad cuando se solicita la protección de derechos colectivos cuya
amenaza o vulneración tiene origen en la actividad contractual, pero ha trascurrido
el término de la prescripción extraordinaria.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia.
44. La Sala Diez (10) Especial de Revisión, con fundamento en lo dispuesto en el
Acuerdo No. 080 del 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36A de la Ley 270 de
1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, profiere sentencia en
la que decide el mecanismo de revisión eventual. La solicitud la presentó la
empresa demandada respecto de la sentencia del Tribunal Administrativo de
Nariño, expedida el 4 de mayo de 2011 y adicionada el 8 de junio del mismo año.
2. Revisión eventual.
45. El mecanismo de revisión eventual en materia de acciones populares fue
creado por la Ley 1285 de 2009. La norma, a través de su artículo 11, adicionó el
artículo 36 A de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de Administración de Justicia,
en los siguientes términos:
«Artículo 36A. Del mecanismo de revisión eventual en las acciones populares
y de grupo y de la regulación de los recursos extraordinarios.
En su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, a petición
de parte o del Ministerio Público, el Consejo de Estado, a través de sus Secciones,
en los asuntos que correspondan a las acciones populares o de grupo podrá
seleccionar, para su eventual revisión, las sentencias o las demás providencias
que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidas por
los Tribunales Administrativos, con el fin de unificar la jurisprudencia20.
La petición de parte o del Ministerio Público deberá formularse dentro de los ocho
(8) días siguientes a la notificación de la sentencia o providencia con la cual se
ponga fin al respectivo proceso; los Tribunales Administrativos, dentro del término
perentorio de ocho (8) días, contados a partir de la radicación de la petición,
deberán remitir, con destino a la correspondiente Sala, Sección o Subsección del
Consejo de Estado, el expediente dentro del cual se haya proferido la respectiva
sentencia o el auto que disponga o genere la terminación del proceso, para que
dentro del término máximo de tres (3) meses, a partir de su recibo, la máxima
Corporación de lo Contencioso Administrativo resuelva sobre la selección, o no, de
20
Inciso 1o. declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas
Hernández, '... en el entendido de que es una competencia adicional y que en ningún caso impide
interponer la acción de tutela contra la sentencia objeto de revisión, la decisión de no selección o la
decisión que resuelva definitivamente la revisión'.
cada una de tales providencias para su eventual revisión. Cuando se decida sobre
la no escogencia de una determinada providencia, cualquiera de las partes o el
Ministerio Público podrán insistir acerca de su selección para eventual revisión,
dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación de aquella.
PARÁGRAFO 1o. La ley podrá disponer que la revisión eventual a que se refiere el
presente artículo también se aplique en relación con procesos originados en el
ejercicio de otras acciones cuyo conocimiento corresponda a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. En esos casos la ley regulará todos los aspectos
relacionados con la procedencia y trámite de la revisión eventual, tales como la
determinación de los plazos dentro de los cuales las partes o el Ministerio Público
podrán elevar sus respectivas solicitudes; la insistencia que pueda presentarse
respecto de la negativa de la selección; los efectos que ha de generar la selección;
la posibilidad de que la revisión eventual pueda concurrir con otros recursos
ordinarios o extraordinarios21.
PARÁGRAFO 2o. La ley regulará todos los asuntos relacionados con la
procedencia y trámite de los recursos, ordinarios o extraordinarios, que puedan
interponerse contra las decisiones que en cada caso se adopten en los procesos
que cursen ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.»
46. En tales condiciones, el mecanismo de revisión eventual tiene como objetivo
unificar la jurisprudencia en los procesos de acciones populares y de grupo por lo
que esta Corporación se encuentra facultada para elegir, o no, para selección las
providencias -autos o sentencias- que finalicen el proceso. Lo anterior, según el
tema y con el fin de que se apliquen las mismas directrices en casos que
compartan iguales supuestos facticos y jurídicos.
47. La Ley 1437 de 2011 mantuvo el mecanismo de revisión eventual y plasmó
dicho propósito de forma más clara en su artículo 272, así:
«La finalidad de la revisión eventual establecida en el artículo 36A de la Ley 270
de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, adicionado por artículo 11 de la
Ley 1285 de 2009, es la de unificar la jurisprudencia en tratándose de los procesos
promovidos para la protección de los derechos e intereses colectivos y la
reparación de daños causados a un grupo y, en consecuencia, lograr la aplicación
de la ley en condiciones iguales frente a la misma situación fáctica y jurídica.»
48. El referido Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, mediante sus artículos 271, 273 y 274 reguló la procedencia y los
aspectos de trámite y competencia. La misma norma en su artículo 270 estableció
que la sentencia que decide sobre la providencia seleccionada para revisión tiene
el carácter de sentencia de unificación, en los siguientes términos:
21
Parágrafo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas
Hernández, '... en el entendido de que se trata de una competencia adicional del Consejo de
Estado, de que la eventual revisión es contra sentencias o providencias que pongan fin a un
proceso, proferidas por los tribunales administrativos, para unificar la jurisprudencia, y de que no
impide la interposición de la acción de tutela'.
«Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial
Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación
jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por
importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de
unificar o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en
su interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios
y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la
Ley 270 de 1995, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.»
49. En este orden, se tiene que la revisión eventual procede respecto de
providencias y sentencias en firme, sobre las cuales se han agotado las
correspondientes instancias; sin embargo, conforme al criterio de esta
Corporación22, no constituye una tercera instancia, toda vez que cuando el
Consejo de Estado conoce del mecanismo de revisión eventual no actúa como
juez de instancia, sino como órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
3. Problemas jurídicos.
50. De acuerdo con el objeto de la solicitud de revisión y con lo determinado en el
auto que seleccionó la sentencia dictada el 4 de mayo de 2011 por el Tribunal
Administrativo de Nariño, le corresponde a la Sala resolver los siguientes
problemas jurídicos: i) Determinar la procedencia de anular un contrato
administrativo mediante la acción popular cuando es la causa directa de violación
o amenaza de un derecho colectivo. En caso afirmativo: ii) establecer las
consecuencias derivadas de ello y, iii) la procedencia de declaración de nulidad
absoluta de un contrato estatal vigente frente al cual haya operado el fenómeno de
la prescripción extraordinaria. Definido lo anterior, en el caso concreto la Sala
establecerá si los demandados violaron los derechos colectivos a la moralidad
administrativa y al patrimonio público con ocasión del contrato de suscripción de
acciones elevado a Escritura No. 2635 de 5 de diciembre de 1960 y si debe
mantenerse la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.
51. Con el propósito de resolver los interrogantes planteados, la Sala se referirá a
los siguientes temas: previa y brevemente, al origen de la acción popular,
22
Sobre el alcance, finalidad y requisitos del mecanismo de revisión eventual pueden consultarse
las siguientes providencias de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación : i)
sentencia del 1.º de diciembre de 2015, Radicación número: 11001-33-31-035-2007-00033-01(AP),
ii) sentencia del 8 de octubre de 2013 Radicación número: 08001-33-31-003-2007-00073-
01(AP)REV y iii) sentencia del 3 de septiembre de 2013 Radicación número: 17001-33-31-001-
2009-01566-01(IJ).
naturaleza y fines según su consagración constitucional y legal; seguidamente,
observará que el artículo 144 del CPACA consagra que la protección de los
derechos e intereses colectivos puede demandarse cuando su transgresión
provenga de la actividad de una entidad pública, «sin que pueda el juez anular» el
contrato; luego, expondrá el tratamiento jurisprudencial sobre la posibilidad de
anular un contrato administrativo mediante la acción popular en vigencia del
Decreto 01 de 1984; después, establecerá la necesidad de unificación sobre el
tema y; posteriormente, determinará el criterio de unificación jurisprudencial a
adoptar.
52. Para sustentar la tesis jurisprudencial que sostendrá, la Sala estudiará lo
siguiente: i) el alcance de la acción popular frente a la nulidad del contrato estatal
en vigencia del C.C.A, ii) el carácter principal y fines diferentes de la acción
popular respecto de las acciones ordinarias, iii) el alcance y aplicación especial del
principio de congruencia en las acciones populares, iv) indicará el argumento de
seguridad jurídica de la posición y, v) expondrá razones que se relacionan con
aspectos procesales. Finalmente, en el marco anterior se resolverá el caso
concreto en el que se hará una breve referencia jurisprudencial al contrato de
suscripción de acciones.
4. Origen de las acciones populares
53. Los derechos colectivos tienen su origen en el derecho romano y su protección
en el ordenamiento jurídico colombiano fue dispuesta desde antes de la
Constitución Política de 1991 y de la Ley 472 de 1998.
54. En efecto, con anterioridad a la expedición de esas normas, la acción popular
estaba regulada en disposiciones del Código Civil frente a algunos bienes jurídicos
y derechos colectivos. Ese estatuto establece la protección de bienes de uso
público en sus artículos 1005, 1006, 1007, 2358 y 2360.
55. Otros antecedentes de las acciones populares se encuentran en el Decreto
3307 de 196323: artículo 1.°24; Ley 23 de 197325: artículo 2.°26; Decreto 2303 de
23
«Por el cual se toman medidas sobre monopolios y precios»
24
Artículo primero. El Artículo primero de la Ley 155 de 1959 quedara así: "Artículo 1º Quedan
prohibidos los acuerdos o convenios ( sic ) que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la
producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o
198927: artículo 11828; Decreto 2811 de 197429; Decreto Ley 346 de 198230 y Ley 9
de 198931: artículo 832.
5. Naturaleza y fines de las acciones populares según su consagración
constitucional y legal
56. La entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, entre los varios
cambios sustanciales que introdujo, estableció en su artículo 88, el mandato de
regulación legal para la protección de los derechos e intereses colectivos, así:
«La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la
salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia
económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.
[…]».
57. En desarrollo de la anterior disposición, se promulgó la Ley 472 de 5 de agosto
de 1998, que reguló el trámite de la acción popular, de naturaleza pública,
servicios nacionales o extranjeros, y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o
sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos.
25
«Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el
Código de Recursos Naturales y protección al medio ambiente y se dictan otras disposiciones.»
26
«Art. 2. El medio ambiente es un patrimonio común; por lo tanto su mejoramiento y conservación
son actividades de utilidad pública, en las que deberán participar el Estado y los particulares. Para
efectos de la presente Ley, se entenderá que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y
los recursos naturales renovables.»
27
«Por el cual se crea y organiza la jurisdicción agraria»
28
«ARTICULO 118. ACCION. El ambiente rural y los recursos naturales renovables del dominio
público que hacen parte de aquél, podrán ser definidos judicialmente por cualquier ciudadano
contra actos o hechos humanos que les causen o puedan causar deterioro, si el asunto no es de
competencia de la administración, mediante la acción popular consagrada en los artículos 1005,
2359 del Código Civil, especialmente en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 16 de
la Ley 23 de 1973. Esta acción se podrá ejercer en cualquier tiempo y estará encaminada a
conseguir la prevención del daño, su reparación física o su resarcimiento, o más de uno de estos
objetivos.»
29
«Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente.
30
«Por el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las
leyendas, las propagandas y la fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad
de sus productores, expendedores y proveedores, y se dictan otras disposiciones.»
31
por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación
de bienes y se dictan otras disposiciones.
32
«Artículo 8º.- Los elementos constitutivos del espacio público y el medio ambiente tendrán para
su defensa la acción popular consagrada en el artículo 1005 del Código Civil. Esta acción también
podrá dirigirse contra cualquier persona pública o privada, para la defensa de la integridad y
condiciones de uso, goce y disfrute visual de dichos bienes mediante la remoción, suspensión o
prevención de las conductas que comprometieren el interés público o la seguridad de los usuarios.
El incumplimiento de las órdenes que expida el juez en desarrollo de la acción de que trata el inciso
anterior configura la conducta prevista en el artículo 184 del Código Penal de "fraude a resolución
judicial.
La acción popular de que trata el artículo 1005 del Código Civil podrá interponerse en cualquier
tiempo, y se tramitará por el procedimiento previsto en el numeral 8 del artículo 414 del Código de
Procedimiento Civil.
preventiva y restitutoria. Con tal objeto, el artículo 2º de la referida normativa
determinó:
«Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses
colectivos.
Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el
peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses
colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.»
58. De conformidad con la disposición trascrita, la acción popular es un medio
procesal, una garantía de los bienes jurídicos colectivos enunciados por el
Constituyente y de aquellos que el legislador establezca. Esa visión, en el estado
actual de evolución del derecho, tal como lo advirtió la Corte Constitucional en la
Sentencia C-630 de 2011, implica admitir que la acción popular es, además, un
derecho político, constitucional y fundamental, que atiende al deber de solidaridad
en que se funda el Estado colombiano conforme al artículo 1º de la Constitución
Política de 1991.
6. Contenido de la sentencia.
59. La exposición de motivos de la Ley 472 de 1998, muestra que la norma surgió
de la necesidad de dotar de una herramienta jurídica adecuada y eficaz de
protección de los derechos en intereses colectivos. Allí se indicó que las acciones
populares proceden contra acciones u omisiones de autoridades públicas y de
particulares que amenacen o causen agravio a las garantías colectivas. También
se hizo particular énfasis en los intereses colectivos y en los aspectos procesales
de esa acción, tales como la legitimación, el contenido y los efectos de la
sentencia.
60. Frente a este último tema, los antecedentes de la norma indican que el querer
del legislador respecto del contenido de la sentencia que decida las acciones
populares fue el de dotar al operador judicial de amplias facultades para proteger
los derechos colectivos, de forma que pueda «disponer, entre otras, el pago de
una suma de dinero por parte del condenado o vencido en juicio. Esta suma no es
a título de indemnización de perjuicios como en el caso de la acción de grupo, sino
que se destina a elaborar o destruir las obras correspondientes, según el caso, y
en general la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado
anterior a la vulneración del derecho o interés colectivo»33.
61. A partir de lo anterior, el debate que se dio en el legislativo se centró en el
contenido indemnizatorio de la acción popular. Ello se establece del informe que
presentó la Comisión Accidental en sesión ordinaria del Senado del 16 de
diciembre de 1997 sobre las objeciones del Ejecutivo34, en cuya acta se plasmó
que: «las acciones, casi todas, buscan prevenir y/o reparar, y las reparatorias
pueden conducir a hacer algo, para que las cosas vuelvan a su estado anterior,
por ejemplo, o a obligar a alguien a indemnizar los perjuicios causados. Así debe
ser porque el daño al derecho admite categorías que conducen a tales eventos
[…] Si no aceptamos la acción popular de contenido indemnizatorio, la destrucción
del interés colectivo noreponible (sic) quedaría sin sanción, […]. El interés
colectivo es de muchos, cuando no de todos, pero no hay alguien en particular
legitimado para ser titular único de la indemnización derivada de su destrucción
total o parcial; por eso desde que se conocen las acciones populares en Colombia
se prefiere que sea el Estado, quien reciba la indemnización y la devuelva en
servicios y acciones públicas a esos múltiples titulares.»
62. En lo que tiene que ver con el tema que interesa al asunto, es decir, la forma
en que se debían disponer u ordenar las conductas para que las cosas volvieran al
estado anterior, se observa que ello no fue definido en los debates que se
surtieron con posterioridad en la Cámara de Representantes para decidir sobre las
proposiciones de modificación respecto de criterios de interpretación y aspectos
procesales frente al Proyecto Unificado sobre Acciones Populares y de Grupo
Nos. 05, 24 y 84 de 199535. En resumen, la Sala observa que el legislador no
precisó ni definió el aspecto analizado, de manera que quedó abierta la forma de
disponer el amparo de las garantías colectivas por parte de los operadores
judiciales.
7. El artículo 144 del CPACA consagra que la protección de los derechos e
intereses colectivos puede demandarse cuando su transgresión provenga de
la actividad de una entidad pública, «sin que pueda el juez anular» el
contrato.
33
Proyecto de Ley No. 005/95 Cámara, publicado en la Gaceta No. 207 de 1995.
34
Publicado en la Gaceta No. 554 de 1997.
35
Gaceta Nos. 253 de 1996, 11, 167, 244, 284, 340, 450 y 554 de 1997 y 158 de 1998.
63. La Sala recuerda que el debate jurisprudencial que originó la selección de este
asunto se presentó en vigencia del Decreto 01 de 1984. En este orden, las reglas
de unificación que se establecen en esta oportunidad solo serán aplicables a
aquellos casos que se iniciaron antes del 2 de julio de 2012, fecha de entrada en
vigencia de la Ley 1437 de 2011, norma que zanjó en forma definitiva la discusión
sobre el asunto, en el sentido de negar la posibilidad de decretar la nulidad del
contrato, sin perjuicio de que el juez popular pueda adoptar las medidas que sean
necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos.
64. En efecto, la Sala observa que el inciso segundo del artículo 144 de la Ley
1437 de 201136 determinó que, para la protección de los derechos o intereses
colectivos, cuando su trasgresión proviene de un contrato o acto administrativo, el
juez popular puede adoptar las medidas necesarias para hacer cesar la amenaza
o vulneración, sin que en uno u otro evento tenga la facultad de declarar la nulidad
del acto o del contrato.
65. La prohibición legal de anular el acto o contrato en sede de protección de
derechos colectivos establecida en el CPACA fue declarara exequible por la Corte
Constitucional en sentencia C-644 de 2011, al decidir la acción de
inconstitucionalidad contra algunas expresiones contenidas en los artículos 140 y
144 de la Ley 1437 de 2011. En esa oportunidad, la Corte estableció que resulta
válido que el legislador, en el ejercicio legítimo de su amplia facultad de
configuración normativa, haya impuesto tal prohibición en cuanto armoniza la
regulación legal de los distintos medios de control judicial de la administración y
determina para ello las correspondientes acciones contencioso administrativas, lo
que se ajusta a los artículos 29 y 229 de la Constitución Política.
66. En el mismo sentido, la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación
determinó que tal prohibición legal se estableció expresamente para los casos
iniciados a partir de la vigencia de la Ley 1437 de 2011 y que aquellos iniciados
con anterioridad deben guiarse por las normas vigentes al momento de su
36 El artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, establece que “Cuando la vulneración de los derechos e
intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su
protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin
que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda
adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los
derechos colectivos”.
radicación y por la jurisprudencia que las interpretó37. Posición que fue reiterada en
reciente sentencia por esa misma Subsección A38, así:
«19. Es por ello que la ley 1437 de 2011 prevé que la acción popular procede
contra actos administrativos y contratos, y si bien el juez no los puede anular, sí
puede adoptar otras medidas para evitar la amenaza o la violación del derecho,
con la advertencia de la Subsección A de que esta norma no es aplicable a
procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012, toda vez que, según lo
dispone el inciso tercero del artículo 308 ibidem, las demandas y los procesos que
estuvieran en curso al momento de entrada en vigencia de la ley, continuarán
cobijados bajo el régimen jurídico anterior, como ocurre en el caso en estudio.
[…]».
67. Teniendo en cuenta que para los casos iniciados en vigencia del Decreto 01
de 1984 no existe la prohibición, que sí contempla la Ley 1437 de 2011 y que la
jurisprudencia de esta Corporación no ha sido pacífica, como más adelante se
explica, en lo que tiene que ver con la posibilidad de que el juez popular pueda
anular contratos de la administración, cuando evidencia la vulneración de un
derecho colectivo en las acciones populares iniciadas en vigencia del C.C.A, ni
respecto de las medidas que se pueden tomar y su incidencia en las garantías o
intereses colectivos, resulta necesario unificar la posición al respecto. Esto con el
fin de determinar cuál es la tesis que debe seguir aplicándose a dichos procesos.
8. Tratamiento jurisprudencial sobre la posibilidad de anular un contrato
administrativo mediante la acción popular cuando es la causa directa de
violación o amenaza de un derecho colectivo en vigencia del C.C.A.
68. La Sala recuerda que, en una primera etapa de la jurisprudencia, comprendida
entre la expedición de la Ley 472 de 1998 y el año 2003, de forma mayoritaria
pero no unificada se negó la posibilidad de estudiar la legalidad de los contratos
estatales a través de la aludida acción constitucional39.
69. En la sentencia de 17 de junio de 200140, la Sección Tercera de esta
Corporación en sede popular llegó a la conclusión de que la administración lesionó
la moralidad administrativa al tomar la decisión de construir un estadio en zona de
37
Consejo de Estado, Sentencia de 10 de marzo de 2016, C.P Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
Radicación número: 54001-23-33-000-2012-00131-01(AP).
38
Sentencia de 5 de marzo de 2021, C.P Dr. José Roberto Sáchica Méndez. Radicación número:
73001-23-31-000-2010-00441-01(AP).
39
Criterio expuesto, entre otras, en las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo
de Estado: i) 23 de marzo de 2000, C.P. Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora, Expediente AP-025, ii)
25 de enero de 2001, C.P. Dr. Jesús María Lemos Bustamante, Expediente A P-156, iii) 3 de abril
de 2001, Expediente AP-0089, iv) 5 de julio de 2001, C.P. Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda,
Expediente: AP-068 y; v) Sentencia de 4 de abril de 2002, Expediente AP-897.
40 Sentencia de 6 de marzo de 2021, C.P Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez Expediente AP-
166
riesgo volcánico bajo y medio, y que, como consecuencia de ello, se puso en
peligro de forma arbitraria el derecho colectivo a la seguridad pública y, sin
analizar la legalidad del contrato, ordenó la suspensión de esa obra.
70. La misma Sala, en sentencia de 6 de septiembre de 200141, sostuvo que «La
acción popular no puede entrar a discutir la validez de un contrato, más si puede
discutir el manejo de los recursos públicos, la moralidad administrativa y el
derecho colectivo a la defensa del patrimonio público.»
71. El argumento que sustentó tal posición consistió en que el artículo 87 del
C.C.A. consagra otro medio de defensa judicial, esto es, la acción contractual y, en
consecuencia, le corresponde al juez natural de conocimiento resolver el asunto.
Se destaca que en ese periodo todas las Secciones de esta Corporación tenían
competencia para resolver procesos relacionados con acciones populares, sin
distinguir los derechos colectivos involucrados en el proceso.
72. La segunda etapa se dio con ocasión de la expedición del Acuerdo No. 55 de
2003, que modificó el reglamento interno del Consejo de Estado. La norma
atribuyó a la Sección Tercera de forma exclusiva el conocimiento de las acciones
populares relacionadas con el ámbito contractual y la moralidad administrativa y le
encomendó a la Sección Primera las restantes.
73. La referida Sección Tercera, en ejercicio de sus competencias, expuso una
postura según la cual se permite la interposición de acciones populares cuando en
el desarrollo de la actividad contractual se encuentren amenazados o vulnerados
derechos colectivos. En ese escenario, el juez de la acción puede adoptar las
medidas necesarias para hacer cesar la amenaza o el perjuicio, pudiendo,
inclusive, declarar la suspensión o nulidad del contrato42.
74. El referido criterio no ha sido pacífico, pues en tales oportunidades se
presentaron aclaraciones y salvamentos de voto y en ocasiones, se condicionó su
procedencia a que el contrato no haya sido objeto de la acción ordinaria. Las
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros, Expediente
13001-23-31-000-2000-0005-01(AP-057).
42
En este sentido, se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias de la Sección
Tercera del Consejo de Estado: i) 31 de octubre de 2002, C. P. Dr. Ricardo Hoyos Duque,
Radicación número 52001-23-31-000-2000-1059-01(AP-518), ii) 5 de octubre de 2005, C.P. Dr.
Ramiro Saavedra Becerra, Radicación número 2001-23-31-000-2001 (AP-01588)-01, iii) 19 de abril
de 2007, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, Radicación número 41001-23-31-000-2004-00819-
01(AP), iv) 22 de febrero de 2007, C.P. Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicación número
41001-23-31-000-2004-00726-01(AP), v) 21 de febrero de 2007, C.P. Dr. Alier Eduardo Hernández
Enríquez, Radicación número 76001-23-31-000-2005-00549-01(AP), y, vi) 17 de mayo de 2007,
C.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra, Radicación número 41001-23-31-000-2004-00369-01(AP).
manifestaciones de inconformidad con la tesis expuesta se sustentaron en las
diferentes naturaleza y finalidades de la acción popular y la contractual, así como
a los distintos procedimientos previstos por el legislador en una y otra acción, de
donde se dedujo la imposibilidad para el juez constitucional de invadir el ámbito
propio del litigio contencioso administrativo.
75. De la jurisprudencia que contiene el criterio indicado, la Sala destaca, en
primer lugar, la sentencia del 31 de octubre de 200243, oportunidad en la Sección
Tercera al resolver una acción popular relativa a un contrato estatal ordenó la
suspensión de su ejecución como medida inmediata para salvaguardar los
derechos colectivos invocados y defirió al juez de la acción ordinaria la decisión
sobre su validez. Ello, en los siguientes términos:
«Como quiera que el contrato materia de esta acción popular actualmente es objeto
de una acción contractual ante el juez administrativo en razón de la demanda de
nulidad absoluta que en reconvención formuló la administración, la cual deberá
resolver en los términos del artículo 44 y siguientes de la ley 80 de 1993, se
suspenderá su ejecución, hasta tanto se defina su legalidad en este último
proceso».
76. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación, en
sentencia IJ del 9 de diciembre de 200344, retomó las consideraciones expuestas
en la anterior providencia, amplió su alcance y acogió el criterio de la Sección
Tercera según el cual, la acción popular procede para anular los contratos
estatales y ordenar volver las cosas a su estado anterior como mecanismo
principal de control, en orden a garantizar la eficacia de los derechos colectivos,
cuando quiera que son puestos bajo peligro de vulneración o son violados por la
actividad contractual de la administración.
77. En esa oportunidad, la Sala Plena declaró la nulidad e ineficacia de un
contrato de compraventa de acciones que se había ejecutado cinco años y medio
atrás, por objeto ilícito, al establecer que fue celebrado incurriendo en
irregularidades que transgredieron la moralidad administrativa y el patrimonio
público, de modo que resolvió volver las cosas a su estado anterior, «…como si
nunca se hubiese realizado la enajenación». En la providencia se consideró, lo
siguiente:
«Por
lo que hace relación a los contratos de las entidades públicas, en el artículo 40 de la
43
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 31 de octubre de 2002, C.P. Ricardo Hoyos
Duque, Radicación número 52001-23-31-000-2000-1059-01(AP-518).
44 C. P Dr. Camilo Arciniegas Andrade, Radicación número 25000232600020021204-01(AP)IJ
Ley 472 se mencionó expresamente que las irregularidades en la contratación dan
motivo a la Acción Popular como medio de defensa de la moralidad administrativa.
Su tenor es como sigue:
«Artículo 40. Incentivo económico en acciones populares sobre moral
administrativa. En las acciones populares que se generen en la violación del
derecho colectivo a la moralidad administrativa, el demandante o demandantes
tendrán derecho a recibir el quince por ciento (15%) del valor que recupere la
entidad pública en razón a la acción popular.
Para los fines de este artículo y cuando se trate de sobrecostos o de otras
irregularidades provenientes de la contratación, responderá patrimonialmente
el representante legal del respectivo organismo o entidad contratante y contratista,
en forma solidaria con quienes concurran al hecho, hasta la recuperación total de
lo pagado en exceso.
Para hacer viable esta acción, en materia probatoria los ciudadanos tendrán
derecho a solicitar y obtener se les expida copia auténtica de los documentos
referidos a la contratación, en cualquier momento. No habrá reserva sobre tales
documentos.» (Resalta la Sala).
Síguese (sic) de esta norma que la actividad de las entidades estatales en materia
de contratación es susceptible de control a través de la Acción Popular. Con tánta
(sic) más razón si se atiende a que el Estado dispone de una alta proporción de sus
bienes y recursos a través de los cauces de la actividad contractual. El Consejo de
Estado ya había tenido ocasión de examinar la procedencia de la Acción Popular
frente a contratos estatales. Así, en sentencia de 31 de octubre de 2002 45, la
Sección Tercera consignó las siguientes consideraciones, que la Sala hace suyas:
«II. La acción popular frente a los contratos estatales
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución, la
actividad contractual del Estado, en tanto modalidad de gestión pública, ha de
guiarse por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía,
imparcialidad y publicidad. Esto significa que con los contratos también pueden
vulnerarse, entre otros, los derechos colectivos a la moralidad y el
patrimonio públicos.
2. (...)
El particular que contrata con el Estado si bien tiene legítimo derecho a obtener un
lucro económico por el desarrollo de su actividad, no puede perder de vista que su
intervención es una forma de colaboración con las autoridades en el logro de los
fines estatales y que además debe cumplir una función social, la cual implica
obligaciones (ibídem). (...)
3. La ley 472 de 1998 no señala expresamente que los contratos de la
administración pública puedan ser objeto del examen de legalidad a través del
ejercicio de la acción popular. Sin embargo, el contrato es un instrumento para la
inversión de los dineros públicos y como esta acción busca la protección de
derechos colectivos que pueden resultar afectados por las actuaciones de los
servidores públicos, se impone concluir que por la vía de la acción popular
puede ser posible revisar la legalidad de un contrato estatal cuando éste
pone en peligro o viola algún derecho colectivo.» (Resalta la Sala).
En conclusión, la Acción Popular procede para impugnar contratos, siempre que se
aduzca y demuestre lesión de derechos colectivos, como la moral administrativa y el
patrimonio público, o cualquier otro definido como tal en la Constitución o la ley.»
78. En relación con el alcance de esa posición, la Sala Plena estableció que al
juez popular le concierne tomar todas las medidas necesarias para superar los
hechos y demás situaciones potencial o efectivamente generadoras de la
45
Expediente AP-059.
afectación de los intereses colectivos y restituir las cosas a su estado anterior, a
las que sirven entre otras, la declaratoria de nulidad de los contratos viciados de
estas irregularidades, la pérdida de todos sus efectos y la imposición de las
restituciones mutuas.
79. En sentencia posterior de 5 de octubre de 200546, la Sección Tercera reiteró su
criterio y determinó la posibilidad de declarar la nulidad del contrato, precisando
que ello procedería en los casos de nulidad absoluta y que en los eventos en que
cursara proceso ante el juez natural del contrato, el juez popular debía ser muy
cuidadoso al adoptar las medidas del caso, en el entendido que esa actuación
garantizaba de manera suficiente el derecho colectivo. Lo anterior, en estos
términos:
«2. Las acciones populares frente al contencioso contractual
No ha sido pacífico el desarrollo jurisprudencial y doctrinario en punto a
determinar el alcance de las competencias del juez popular cuando se
enfrenta a la definición de los alcances de sus atribuciones, en particular, si la
defensa de los derechos o intereses colectivos le permite adoptar decisiones
que involucren pronunciamiento de legalidad de actos o contratos de la
Administración.
La interpretación de las distintas Secciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado sobre el alcance de las facultades del
juez popular, en lo que hace a revisión de la legalidad de actos y contratos de
la Administración, ha experimentado una evolución, no exenta de
contradicciones, y sus diversos criterios pueden agruparse en dos grandes
líneas jurisprudenciales. Hay que señalar que la falta de uniformidad de la
jurisprudencia se debió -en parte- a que en un comienzo todas las secciones
conocían de los más disímiles asuntos, circunstancia que vino a ser
remediada con la expedición del Acuerdo 55 de 2003, por el cual se reformó el
reglamento interno del Consejo de Estado, el cual atribuyó exclusivamente a la
sección tercera el conocimiento de las acciones populares interpuestas en
materia contractual, lo mismo que las atinentes a la violación del derecho
colectivo a la moralidad administrativa. 47
46
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de octubre de 2005, C.P. Dr. Ramiro
Saavedra Becerra, Radicación número 20001-23-31-000-2001-01588-01(AP-01588).
47
“Cfr. HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, Alier. Las acciones populares y la validez de los contratos
estatales, Conferencia dictada en la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, agosto de 2003:
“El Consejo de Estado conoce, hoy en día, de las acciones populares -en segunda instancia- por la
disposición del parágrafo del artículo 16 de la ley 472 de 1998, competencia que, en el enunciado
legal, es transitoria, hasta tanto se pongan en funcionamiento los juzgados administrativos que
fueron creados por la ley 446 de 1998.//Probablemente por la provisionalidad de la atribución legal,
el conocimiento de tales acciones se distribuyó por igual, entre las cinco secciones que componen
la Sala de lo Contencioso Administrativo para que las decidieran en última instancia, circunstancia
que ha generado interpretaciones diversas, en ocasiones contrapuestas, sobre puntos que
merecían idéntico tratamiento, sin que exista posibilidad alguna de unificación jurisprudencial, dado
que por decisión de la propia corporación, frente a tales fallos no procede el recurso extraordinario
de súplica.//Por ello, el Consejo de Estado, mediante Acuerdo No. 55 de 2003, reformó su
reglamento interno para lograr una distribución racional de las acciones constitucionales;
concretamente, en cuanto atañe a las acciones populares, la reforma prevé que la sección tercera
conocerá de las que versen sobre asuntos contractuales así como de las relacionadas con el
derecho colectivo a la moralidad administrativa; en los demás casos, la competencia corresponderá
a la sección primera de la Corporación.”
Una primera línea jurisprudencial48, si bien parte del reconocimiento del
carácter principal y no subsidiario de la acción popular, exceptúa de su
conocimiento el control de la legalidad del contrato, por tratarse de un tópico
propio de la acción contractual49. En otras palabras, conforme a este criterio la
acción popular no es de recibo para controvertir la legalidad del contrato
estatal, como que al efecto la ley prevé otro medio de defensa judicial, esto es,
la acción contractual prevista en el artículo 87 del C.C.A.50; corresponde
entonces al juez natural de conocimiento resolver el asunto51(…).
En contraste, una segunda tendencia jurisprudencial ha entendido que es
posible examinar la legalidad del contrato estatal en orden a determinar si
amenaza algún derecho colectivo,52 de modo que la acción popular en estos
48
“Se han agrupado en dos grandes tendencias obviando las diferencias de matiz. Quizás es más
procedente desde el punto de vista metodológico un estudio en función de cada Sección como el
que se encuentra en HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, Alier. Las acciones populares y la validez de los
contratos estatales, Conferencia dictada en la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, agosto
de 2003”. 49
“En CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso, Sección Primera, Auto del 24 de mayo de
2001, Exp. AP 076, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero. Pero esta postura no es uniforme al interior
de las providencias expedidas por esta sección. // Es también el criterio de algunas de las
providencias de la Sección Cuarta. Vid. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, Auto de 30 de mayo de 2002, Exp. AP 0106; Sentencia de 16 de
agosto de 2002, Exp. AP 1768”. 50
“Fue el criterio adoptado por la Sección Segunda. Ver CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 23 de marzo de 2000,
Exp. AP 025, C.P. Carlos Arturo Orjuela; Subsección A, Sentencia de 25 de enero de 2001, Exp. AP 156, C.P. Jesús María Lemos B.; Sentencia de 5 de julio de 2001, AP 068 C.P. Nicolás Pájaro
Peñaranda y Sentencia de 4 de abril de 2002, AP 897”. 51
“CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia
de 3 de abril de 2001, Exp. AP 0089”. 52
“Es el criterio de otro grupo de providencias de la Sección Primera, que sin ocuparse de teorizar
al respecto entró a evaluar la legalidad de los contratos acusados vid. CONSEJO DE ESTADO,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de enero de 2001, Exp. AP 158, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; Sentencia de 3 de mayo de 2002, Exp. AP 0308; Sentencia de 30 de noviembre de 2000, Exp. AP 115. En providencia de 19 de febrero de 2004,
Exp. 20020055901 , C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta La Sección Primera fue explícita al
señalar que “…la acción popular puede ejercerse respecto de actos administrativos y contratos
estatales en la medida en que su existencia o ejecución implique un daño contingente, peligro,
amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, y por lo tanto con el único fin
de evitar el primero o hacer cesar los segundos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando
fuere posible, de suerte que sólo en esas circunstancias, esto es, cuando se vulnere o amenace un
derecho colectivo y con el exclusivo fin de procurar su protección, es posible que en virtud de dicha
acción se examine uno cualquiera de esos actos o la viabilidad o condiciones de su ejecución, sin
que ello signifique que la misma sustituya, desplace o derogue las acciones contencioso
administrativas previstas como mecanismos normales para el control de legalidad de los mismos,
de suerte que el uso de la acción popular a esos fines es excepcional y restrictiva. //La Sección
Tercera desde un comienzo admitió la procedencia de la acción popular frente a contratos
estatales, al encontrar determinado que no se trata de un instrumento procesal subsidiario. Aunque
en un comienzo pareció negarlo desde el punto de vista conceptual (CONSEJO DE ESTADO, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 6 de septiembre de 2001, Exp. AP 057, C.P. Jesús María Carrillo), en ocasiones ha reconocido su procedencia aunque no se haya
ocupado de analizar la legalidad de los contratos atacados en la práctica ha terminado por
suspender el contrato estatal (Sentencia de 17 de junio de 2001, Exp. AP 166, C.P. Alier E. Hernández Enríquez), mientras que en otras oportunidades ha admitido la posibilidad de decretar
la nulidad de un contrato o un acto administrativo que afecte gravemente el disfrute y ejercicio de
un derecho colectivo (Sentencia de 23 de agosto de 2001, Exp. AP 1136 y Sentencia de 21 de
marzo de 2002, Exp. AP 285, C.P. Jesús María Carrillo).
De modo que “[a] partir de tal aceptación,
la preocupación de esta Sala parece estar más encaminada a trazar los límites entre la acción
contractual y la acción popular...mostrando preocupación por evitar fallos contradictorios”
(HERNÁNDEZ, Alier, Las acciones...op. cit.), vid. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sentencia de 26 de septiembre de 2002, Exp. AP 612, C.P. María Elena Giraldo
Gómez, Sentencia de 31 de octubre de 2002, AP 518, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Sentencia de 26
de septiembre de 2002, AP 537, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
eventos resulta procedente, justamente, por su carácter principal y no
subsidiario.
[…]
Nótese que la jurisprudencia ha adoptado soluciones disímiles, por no decir
antinómicas, que “van desde la negativa rotunda a cualquier control -incluido
el de la validez- de los contratos estatales, hasta la plena aceptación del
mismo, la admisión de la posibilidad de que el actor popular solicite la nulidad
absoluta del contrato estatal o de que el juez la declare de oficio, la
suspensión de procesos precontractuales para que se cumplan determinados
requisitos que el juez entiende necesarios para la tutela adecuada de los
derechos colectivos, la suspensión temporal de los efectos de un contrato
mientras el juez de la acción ordinaria contractual se pronuncia sobre su
validez, la suspensión de obras que son fruto de un contrato por encontrarlas
contrarias a dichos derechos, etc. En todo caso, existe una clara tendencia
mayoritaria que admite la posibilidad de que la existencia o la ejecución de
contratos estatales pudiera amenazar o vulnerar los derechos y los intereses
colectivos, así como la procedencia, en estos casos, de la acción popular’53
(subrayas del texto en cita).
No obstante lo expuesto, debe advertirse que, tratándose de la
procedencia de la acción popular para discutir la validez de los contratos
estatales no existe en la actualidad divergencia de criterios, como quiera
que desde que asumió su conocimiento exclusivo la Sección Tercera ha
guardado coherencia con el planteamiento expresado desde un
comienzo. Con todo, a partir de la casuística, corresponderá al juez popular
evaluar la existencia o no de violación del derecho colectivo invocado, al
tiempo que habrá de determinar la medida procedente por adoptar, toda vez
que la violación del mismo no está necesariamente determinada por la
ilegalidad del contrato. Así, en aras de la clara definición de la línea
jurisprudencial vigente, se reitera que cuando quiera que otros jueces hayan
avocado el conocimiento del contencioso contractual, el juez popular puede
tomar medidas diferentes como es, vgr., la suspensión de la ejecución del
contrato, “hasta tanto se defina la legalidad en este último proceso”54 (…) –se
destaca-.
Retomando la idea expresada líneas arriba según la cual la contratación es
expresión de la función administrativa, al tenor de lo dispuesto por el artículo 9
de la ley 472, las acciones populares proceden contra toda acción u omisión
La Sección Cuarta en Sentencia de 31 de mayo de 2002, Exp. AP 300, C.P. Ligia López Díaz
revisó la legalidad de una conciliación: “el fallo...al parecer, entendió el asunto como de naturaleza
contractual y aceptó que la acción popular procede en su contra” (HERNÁNDEZ, Alier, Las
acciones...op. cit.). En sentencia de 10 de julio de 2002, Exp. AP 0465, la misma sección avocó el
conocimiento en sede popular del dominio.co. Por auto de 12 de mayo de 2003, Exp.
1300123310002003-90011-01 la misma Sala revocó la decisión del A Quo que rechazó una acción
popular por estimar que las pretensiones que discuten la validez de un contrato no son
susceptibles de estudio en sede popular.
La Sección Quinta también admitió en su momento la procedencia de la acción popular en tanto se
acredite la vulneración del derecho colectivo invocado e incluso ordenó la suspensión del contrato
o anuló las estipulaciones de algunas cláusulas por ser contraria a los valores que tutelan la moral
administrativa: vid. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 1 de febrero de 2001, Exp. AP 151, C.P. Darío Quiñones P.; Sentencia de 12 de
febrero de 2001, Exp. AP 008; Sentencia de 24 de agosto de 2001, Exp. AP 100, C.P. Darío
Quiñones; Sentencia de 19 de julio de 2002, Exp. AP 098; Sentencia de 4 de septiembre de 2003,
Exp. AP 435, C.P. Reinaldo Chavarro; Sentencia de 29 de mayo de 2003, Exp. AP 2599, C.P.
Reinaldo Chavarro”.
53
“HERNÁNDEZ, Alier, Las acciones...op. cit”.
54
“CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de
31 de octubre de 2002, Exp. AP 518, C.P. Ricardo Hoyos Duque, en el mismo sentido Sentencia
de 26 de septiembre de 2002, Exp. AP 537, C.P. María Elena Giraldo Gómez”.
de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o
amenacen violar los derechos e intereses colectivos. Dispositivo legal
reiterado por el artículo 15 eiusdem que atribuye a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo la competencia para conocer de los procesos que
se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones populares originadas en
“actos, acciones, u omisiones de las entidades públicas y de las personas
privadas que desempeñen funciones administrativas”(…).
En definitiva, si se acude al contexto mismo de la ley 472, como a sus
antecedentes arriba reseñados, se ilustra el sentido indicado. Una lectura
sistemática que establezca correspondencia y armonía entre cada uno de sus
dispositivos (arts. 9, 15, 34 y 40) permite concluir que los contratos estatales
son susceptibles de evaluación por parte del juez popular cuando quiera que
se amenace o vulnere un derecho colectivo, siendo del caso -incluso-
examinar la validez del contrato, ordenar suspender sus efectos o incluso
declarar su nulidad, siempre y cuando se trate de nulidad absoluta, en tanto
que esta hipótesis se acompasa mejor a las otras preceptivas que gobiernan
la materia (Código Civil, Código de Comercio y ley 80 de 1993), en tanto que
sólo ésta puede ser declarada oficiosamente, a tiempo que -con su
ocurrencia- resulte más clara la eventual vulneración de un derecho o interés
colectivo55.
55
“La jurisprudencia del Consejo de Estado, hasta el momento, parece referirse únicamente a la
posibilidad de declarar la nulidad absoluta, excluyendo la relativa; esa conclusión se conforma
mejor con la preceptiva legal en esta materia que sanciona la generalidad de las irregularidades
con la nulidad relativa y reserva la absoluta para casos excepcionales, tanto en el código civil y en
el de comercio como en la ley 80 de 1993; permite el saneamiento, sin exclusiones, de la primera,
bien por ratificación de las partes o por el transcurso del tiempo, mientras que restringe el de la
segunda, a veces de manera absoluta, en otras de manera parcial; mientras la nulidad relativa
debe ser pedida, en todos los casos, por las partes, su declaración, desde que está vigente el
artículo 2º de la ley 50 de 1936, puede ser declarada por el juez sin necesidad de petición de parte,
la cual puede ser formulada también por “todo el que tenga interés en ello” y por el ministerio
público.// Está, pues, proscrita legalmente toda posibilidad de que el juez, cualquiera él sea y por lo
tanto también el de la acción popular, declare oficiosamente una nulidad relativa, y no se atisba
tampoco la posibilidad de que una irregularidad de esa naturaleza pudiera amenazar o quebrantar
los derechos colectivos, circunstancia que, en la práctica, deja vigente únicamente la hipótesis de
la nulidad absoluta.” (HERNÁNDEZ, Alier. Las acciones populares…op. cit.). // En otro documento
el mismo autor plantea las dificultades que enfrenta el tema en materia contractual: “… mientras en
relación con los actos se ha instituido únicamente la nulidad, sin calificativos, para los contratos
existe la nulidad absoluta y la relativa que tienen causales y fundamentos distintos y la legitimación
para pedirlas varía en uno y otro casos; la competencia para conocer de las controversias
contractuales ( y ésta de la nulidad es una de ellas), no siempre está radicada en la sede del juez
administrativo : esa es la regla general del artículo 75 de la ley 80 de 1.993 lo cual no impide que
algunas de ellas estén sujetas al conocimiento de la jurisdicción ordinaria (…)si el propósito que
mueve al actor es el interés general de restablecer el orden jurídico violado, puede pedirse por
cualquier persona ( siendo, desde este ángulo una acción popular), la nulidad de los contratos, si
es relativa sólo se puede pedir por las partes, y, si es absoluta, pueden hacerlo, además, el
ministerio público o un tercero con interés directo.
No hay decisiones judiciales que hayan elaborado aproximaciones generales sobre este punto; sin
embargo, tomando en cuenta la legislación existente, se podría aventurar la tesis de que, siendo la
regla general que compete al juez del contrato pronunciarse sobre su validez, la situación varía
cuando se trata de la nulidad absoluta, pues , en los términos del artículo 87 del C.C.A., “El juez
administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el
proceso” y, siempre que en él (en el proceso) “intervengan las partes contratantes o sus
causahabientes”.
Según lo han entendido la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y la Sección Tercera del
Consejo de Estado, siempre que se cumpla esa doble condición, el juez administrativo dispone de
la prerrogativa de declarar la nulidad absoluta del contrato en cualquier proceso, y no solo en los
procesos contractuales, lo cual, estimo, que admite la posibilidad de que tal cosa ocurra en el
proceso originado en una acción popular.” (HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, Alier, La presunción de
legalidad de los actos administrativos y de validez de los contratos estatales en las acciones
populares, conferencia dictada en el Instituto Antioqueño de Responsabilidad Civil y del Estado, 26
de octubre de 2001, en Revista del mismo Instituto, 2002).
Con todo, no debe perderse de vista que la Sala ha advertido -criterio que se
reitera en esta oportunidad- que cuando cursa proceso ante el juez natural del
contrato, el juez popular, porque entiende que es suficiente garantía para el
derecho colectivo, debe ser muy cuidadoso al adoptar las medidas del caso
[…]».
80. En sentencia de 2 de diciembre de 201356, la Sección Tercera de lo
Contencioso Administrativo, atendiendo un criterio finalistico y en orden a disponer
la garantía efectiva de los derechos colectivos involucrados en la actividad
contractual, mantuvo la anterior línea de interpretación, en los siguientes términos:
«Como lo ha reiterado esta Corporación, la acción popular es un mecanismo
judicial de rango constitucional, principal e independiente, en orden a que los
procesos y ejecuciones de la contratación estatal se lleven con la más estricta
observancia de valores supremos. Se pretende, por tanto, con esta acción,
corregir las irregularidades que lesionan principios rectores de la actividad
administrativa, conjurando oportunamente hechos u omisiones capaces de
generar daños colectivos a la moralidad y al patrimonio público, con el fin de
superarlos, restituyendo las cosas a su estado anterior, si ello resulta posible.
No se trata, entonces, de que el juez popular realice un juicio de legalidad
formal, pues ello le corresponde al de nulidad, sino que propenda por la
protección de la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público
sin los límites de las acciones ordinarias, dado que se trata de proteger
derechos de contenido difuso, ensombrecidos por deshonestos y repudiables
oportunismos individuales.
De modo que si se le resta facultades al juez de la acción popular, pueden
resultar igualmente ineficaces las constantes reformas legislativas que
procuran conjurar las insospechadas formas de corrupción enquistadas en la
actividad de contratación, en amplios sectores de la administración pública.
[…]
De manera que resulta del caso garantizar la tarea del juez de la acción
popular en la moralización de los procesos de contratación, en defensa de su
transparencia, conforme con lo preceptuado en los artículos constitucionales
2º, 88 y 209.
Desde esta óptica, considera la Sala que:
i) el juicio a cargo del juez popular, de cara a la eficaz protección de los
derechos colectivos, se ubica allende del principio de legalidad, controlado por
las acciones ordinarias establecidas para hacer efectivas disposiciones
puntuales y requisitos concretos, no así principios y valores que corresponde
al juez analizar en cada caso, en orden a restablecer derechos de carácter
difuso que el legislador no puede puntualizar con perspectivas generales;
ii) el ámbito de las acciones ordinarias que sirven al control de legalidad no
puede condicionar el ejercicio ni la procedencia de las acciones populares.
Concurriendo en un mismo caso la protección de la moralidad, la defensa del
patrimonio público y la legalidad, debe preferirse la acción popular para el
amparo integral del derecho colectivo, sin perjuicio de la eficacia que para el
56
Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Fallo del 2 de diciembre de 2013,
proferido en el proceso número 16001 23 31 000 2005 02130 01 (AP). C.P. Stella Conto Díaz del
Castillo.
caso concreto podría predicarse de las acciones previamente iniciadas para
controlar la legalidad;
iii) en ese mismo orden, la nulidad absoluta de los contratos no es un asunto
exclusivo del control de legalidad, sino que ella debe imponerse con mayor
razón por la violación de los valores supremos a que está sujeta la actividad
de la administración; bajo el entendido de que, si bien en el pasado solo la
acción de nulidad se erigía para proteger derechos, principios y valores
legales y constitucionales, desde la expedición de la carta política actual los
derechos colectivos exigen una acción que no les reste eficacia, la que
comprende, además, la nulidad absoluta proveniente de irregularidades que
contravienen el derecho público garante de los interés colectivos;
iv) la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio y de los demás derechos
colectivos obligan tanto en la etapa precontractual, como durante la
celebración, ejecución y liquidación de los contratos, de suerte que las
acciones populares, establecidas para hacerlos efectivos, operan en todos los
casos, sin que resulte del caso la tradicional distinción entre actos
precontractuales y contractuales, que se pregona en el ámbito de las acciones
ordinarias; y
v) el régimen jurídico de la acción popular no se agota en la Ley 472 de 1998,
sino que está integrado por las distintas normas constitucionales y legales, con
estricta sujeción al principio de jerarquía normativa.
Así, en criterio de la Sala, debe tenerse en cuenta que, además de las amplias
facultades que le otorga la Ley 472 de 1998 al juez de la acción popular para
hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los
derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior
cuando fuere posible, el derecho común y el estatuto de contratación estatal
imponen al juez que, en los asuntos de su competencia, se pronuncie sobre la
nulidad absoluta de cara a los actos o contratos que contravienen el derecho
público de la nación57, pues por tratarse de irregularidades que no admiten
saneamiento procede su declaración de oficio o a petición de parte58.
Quiere decir, entonces, que en atención a la naturaleza de la acción, su origen
constitucional, la clase de derechos e intereses que protege y los efectos de
las medidas que puede adoptar, el juez de la acción popular no limita su
decisión a los hechos, pretensiones y excepciones alegadas y probadas por
las partes, como se infiere de los poderes que le otorgó la Ley 472 de 1998.
Y, por las razones que se han dejado expuestas, huelga reiterar que, a través
de la acción popular, se puede dejar sin efectos59 o anular, los contratos
estatales violatorios de la moral administrativa y que ponen en peligro el
patrimonio público, como lo viene señalando de tiempo atrás la Corporación.
57
Conforme con las disposiciones del Código Civil, el objeto ilícito constituye nulidad absoluta del
contrato –art. 1741- y “[h]ay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la
nación” –art. 1519-. Por su parte, el Código de Comercio prescribe que es nulo absolutamente el
negocio jurídico “cuando contraría una norma imperativa” -art. 899-. Y en estos mismos casos es
nulo el contrato estatal, de conformidad con la Ley 80 de 1993: “[l]os contratos del Estado son
absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común…” –art. 44-.
58
Así lo prescribe el artículo 1742 del Código Civil, subrogado por el artículo 2o. de la Ley 50 de
1936: “[l]a nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte,
cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés
en ello; puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o
de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de
las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria” –se destaca-.
59
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 9 de diciembre de 2003, exp. AP (IJ-
1204), consejero ponente: Camilo Arciniegas Andrade.
Reitera, igualmente la Sala que, de acuerdo con la Ley 472 de 1998, las
acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el
peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses
colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior, cuando fuere posible –art.
2º-, con independencia del tiempo transcurrido, desde su consumación, pues,
recuérdese que el artículo 11 que limitaba esta última medida, después de los
cinco años, contados a partir de la acción u omisión que produjo la alteración,
fue declarada inexequible por la Corte Constitucional60.
Por ello, bien puede ordenarse ejecutar una actividad o no hacerlo, al igual
que condenar al restablecimiento del daño causado a un derecho o interés
colectivo y exigir volver las cosas al estado anterior -art. 34-, de acuerdo con la
necesidad establecida en el proceso, pues la competencia del juez de la
acción popular va más allá de lo pedido, si así lo requiere la protección del
derecho constitucional vulnerado.
Desde luego, esa amplia competencia del juez de la acción popular no implica
que no esté obligado a observar el debido proceso constitucional, tanto en el
trámite, como respecto de las medidas requeridas para la protección de los
derechos o intereses en juego”. (Destacado de la Sala).
81. Las posiciones que sobre el tema ha adoptado esta Corporación quedaron
resumidas en la providencia de 6 de noviembre de 201361, de la siguiente forma:
«Según la actora, antes de la expedición del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, existían
varias tesis frente a la posibilidad de anular o no los contratos estatales, dado
lo cual “…sería importante que unificara el Consejo de Estado [este tema]”(fl.
127).
Acertadamente la solicitante aduce que respecto de la competencia del juez
popular para anular contratos estatales, esta Corporación ha sostenido tres
tesis:
i) El juez popular no tiene competencia para estudiar la legalidad de dichos
contratos, pues el ordenamiento prevé una acción especial para ese propósito,
sin perjuicio de que se tomen las medidas del caso si es que encuentra
afectados derechos colectivos;
ii) El juez popular sí puede anular los contratos estatales, pues la acción a su
cargo no está condicionada a la existencia de otros instrumentos jurídicos de
impugnación, además que el contrato estatal es producto de la función
administrativa, ámbito frente al cual el juez popular tiene plena competencia
para ejercer su control y;
iii) El juez de la acción popular puede estudiar la legalidad del contrato estatal,
siempre y cuando no haya sido objeto de la acción ordinaria.
Esas posturas diversas sobre el tema indudablemente generan la necesidad
de unificación jurisprudencial sobre el punto. (…)»
82. Como se ve, frente al reconocimiento de los derechos de naturaleza colectiva,
la jurisprudencia de esta corporación ha reivindicado la protección progresiva de
esas garantías. Para ello, ha dispuesto diversas órdenes, incluidas las de volver
60
Sentencia C-215-99 de 14 de abril de 1999, magistrada ponente Martha Victoria Sáchica
Méndez.
61
Consejo de Estado, Sección Quinta C.P Dr. Alberto Yepes Barreiro (E). Expediente No. 11001-
33-31-022-2009-00363-01(AP)REV
las cosas al estado anterior, de acuerdo con la necesidad establecida en el
expediente y con el acatamiento al debido proceso constitucional, tanto en el
trámite, como respecto de las medidas requeridas para la protección.
83. Por otra parte, la Sala destaca que, en sentencia de unificación, proferida por
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 13 de febrero de 201862, se
definió lo relativo a la procedencia del estudio de legalidad de actos
administrativos en acciones populares iniciadas en vigencia del régimen del
Decreto 01 de 1984, determinando que el juez no tiene la facultad de anularlos.
84. En esa ocasión, la Sala Plena determinó que el juez popular puede adoptar las
medidas materiales que garanticen el derecho colectivo afectado con el acto
administrativo que sea la causa de la amenaza, vulneración o el agravio de
derechos e intereses colectivos. Para el efecto, tendrá múltiples alternativas al
momento de proferir órdenes de hacer o no hacer que considere pertinentes, de
conformidad con el caso concreto. En las consideraciones de la sentencia en
comento, se indicó lo siguiente:
«Así las cosas, si el juez de la acción popular encuentra que el acto administrativo
vulnera derechos e intereses colectivos, podrá adoptar todas las medidas que sean
necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos e intereses
colectivos (salvo la anulación del acto o contrato). A guisa de ejemplo, el juez
podría adoptar las siguientes medidas: (i) La inaplicación total o parcial con efectos
interpartes -artículo 148 de la Ley 1437; (ii) interpretación condicionada del acto
administrativo; (iii) la suspensión de los efectos -eficacia- sin que ello obligue al
juez ordinario a declarar la nulidad del mismo, puesto que el ámbito de análisis es
diferente»63.
85. La tesis que se adoptó en aquella oportunidad no resulta aplicable al tema que
analiza y decide la Sala, dado que lo debatido en esta ocasión recae sobre un
objeto distinto, esto es, sobre un contrato y no un acto administrativo.
86. En efecto, pese a que en esa providencia se aludió de forma tangencial a la
procedencia de la acción popular contra contratos, ello constituye un obiter dicta y
no hace parte integrante de la ratio decidendi de aquel fallo. Así se reconoció por
parte de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en Sentencia (AP)REV-
62
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Dr. William Hernández
Gómez. Expediente No. 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU).
63
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de febrero de
2018. Expediente 25000-23-15-000-2002-02704-01.
SU de 14 de agosto de 201864, al decidir la revisión eventual de una sentencia que
resolvió una acción popular iniciada en vigencia del Código Contencioso
Administrativo, en la que se dispuso la protección de los derechos e intereses
colectivos relacionados con el goce del espacio público, defensa de los bienes de
uso público, defensa del patrimonio público y libertad de locomoción.
87. En esa oportunidad, esta Corporación unificó su jurisprudencia en torno a la
posibilidad de entregar en arrendamiento los bienes de uso público, en el sentido
de establecer que el contrato de arrendamiento no puede ser utilizado para
entregar bienes de uso público para su aprovechamiento, dejando abierta la
posibilidad a que se utilicen otras fórmulas contractuales o unilaterales, como el
contrato de concesión, o la expedición de licencias o permisos para ese efecto65.
88. Con ese propósito, la Sala Plena se pronunció en torno a la viabilidad de
declarar la nulidad de contratos estatales, siempre que se encuentre vulnerado un
derecho colectivo, en escenarios propuestos bajo la arista de una acción popular y
al amparo de la remisión que se hace al Código Contencioso Administrativo. La
Sala retomó la tesis asumida por la Sección Tercera en casos semejantes, en
relación con la posibilidad de dejar sin efecto contratos estatales a través de las
acciones populares y prohijó la sentencia de 5 de octubre de 200566 que se ha
venido refiriendo en esta providencia.
89. Del análisis de la referida providencia, la Sala establece que en esa
oportunidad se seleccionó el asunto para unificar la jurisprudencia en torno a la
posibilidad de entregar en arrendamiento los bienes de uso público, es decir, sobe
un tema diferente al que se analiza en esta oportunidad, esto es, la posibilidad de
anular un contrato estatal en de popular.
9. Necesidad de unificación.
90. Como se observa, sobre el tema de la procedencia de efectuar el control de
legalidad a los contratos estatales por parte del juez popular y declarar su nulidad
64
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente No.
05001333100320090015701, C. P Dr. Oswaldo Giraldo López.
65
Salvamentos de voto de los Consejeros Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Gabriel Valbuena
Hernández, Carlos Enrique Moreno Rubio, Guillermo Sánchez Luque y Milton Chaves García,
parcial del Consejero Dr. William Hernández Gómez y aclaración del Consejero Dr. Oswaldo
Giraldo López.
66
Sección Tercera del Consejo de Estado, Radicación núm.: 20001233100020010158801, C. P Dr.
Ramiro Saavedra Becerra.
en vigencia del C.C.A, esta Corporación ha emitido pronunciamientos disímiles,
pues tal como lo expuso la doctrina67, ha adoptado diversas tesis. Tales
posiciones se pueden agrupar de la siguiente forma:
i) Tesis restrictiva: que pese a reconocer el carácter principal de la acción
popular, considera que por esta vía no se puede decidir sobre la legalidad de un
contrato, toda vez que éste es un asunto reservado exclusivamente a la acción
contractual consagrada en el artículo 87 del C.C.A68.
ii) Tesis intermedia: según la cual, cuando otros jueces distintos del juez popular
hayan avocado el conocimiento de la acción contractual, el fallador puede tomar
medidas diferentes, tales como ordenar la suspensión de la ejecución del contrato,
hasta tanto se defina la legalidad en este último proceso69.
iii) Tesis amplia: que admite la posibilidad de analizar la legalidad del contrato
estatal cuando éste vulnera o amenaza algún derecho colectivo, con el fin
exclusivo de procurar su protección70.
67
Sánchez Luque Guillermo. Jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de anulación de
actos administrativos y de contratos estatales en acciones populares. Publicado por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 2007.
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juicio/cont/4/cnt/cnt9.pdf
68
Tesis desarrollada en las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sala de la Contencioso
Administrativo: Sección Segunda, subsección B, sentencias del 23 de marzo de 2000, exp AP 025
CP Carlos Arturo Orjuela; Sección Segunda Subsección A, sentencias de 25 de enero de 2001,
exp AP 156 CP Jesús María Lemos B; Sección Segunda, sentencia de 3 de abril de 2001 exp AP
0089; Sección Primera, auto del 24 de mayo de 2001, exp. AP 076 CP Olga Inés Navarrete
Barrero; Sección Segunda, sentencia 5 de julio de 2001 AP 068, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda;
Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, exp. AP 057 C.P. Jesús María Carrillo;
Sección Segunda, sentencia de 4 de abril de 2002, AP 897; Sección Cuarta auto de 30 de mayo de
2002, exp. AP 0106, Sentencia de 16 de agosto de 2002, exp. AP 1768; Sección Cuarta, Auto de
12 de mayo de 2003, exp. 1300123310002003-90011-01.
69
Tesis desarrollada en las sentencias del Consejo de Estado, Sala de la Contencioso
Administrativo: Sección Tercera, 31 de octubre de 2002, exp. AP 518, C.P. Ricardo Hoyos Duque;
Sección Tercera, 26 de septiembre de 2002, exp. AP 537, CP. María Elena Giraldo Gómez;
Sección Tercera, 5 de octubre de 2005, radicado 2001-23-31-000-2001 (AP 01588)-01, C.P.
Ramiro Saavedra Becerra.
70
Tesis desarrollada por las sentencias: Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo,
Sección Primera, 30 de noviembre de 2000, exp. AP 115, C.P. Manuel S. Urueta A.; Sección
Primera; 25 de enero de 2001, exp. AP 158, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; Sección
Quinta, 1 de febrero de 2001, exp. AP 151, C.P. Darío Quiñones P.; Sección Quinta, 12 de febrero
de 2001, exp. AP 008; Sección Tercera, 17 de junio de 2001, exp. AP 166, C.P. Alier E. Hernández
Enríquez; Sección Tercera, 23 de agosto de 2001, exp. AP 1136; Sección Quinta, 24 de agosto de
2001, exp. AP 100, CP. Darío Quiñones; Sección Primera, 3 de mayo de 2002, exp. AP 0308;
Sección Primera, 19 de febrero de 2004, exp. 20020055901, CP. Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta; Sección Tercera, 21 de marzo de 2002, exp. AP 285, CP. Jesús María Carrillo; Sección
Cuarta, 10 de julio de 2002, exp. AP 0465; Sección Quinta, 19 de julio de 2002, exp, AP 098;
Sección Tercera, 26 de septiembre de 2002, AP 537, C.P. María Elena Giraldo Gómez; Sección
Tercera, 26 de septiembre de 2002, exp. AP 612, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Sección
Tercera, 31 de octubre de 2002, AP 518, CP. Ricardo Hoyos Duque; Sección Quinta, 29 de mayo
de 2003, exp. AP 2599, C.P. Reinaldo Chavarro; Sección Quinta, 4 de septiembre de 2003, exp.
AP 435, C.P. Reinaldo Chavarro.
91. De lo expuesto se establece que la posibilidad de anular contratos estatales en
sede popular no es pacífica. En este orden, resulta necesario establecer una regla
de unificación acerca de la procedencia de la acción popular para anular contratos
estatales cuando éstos fueren la causa directa e inmediata de la amenaza o
vulneración de los derechos colectivos.
10. Criterio de unificación jurisprudencial.- Alcance de la acción popular
frente a la nulidad del contrato estatal en vigencia del C.C.A.
92. En criterio de la Sala Especial de Decisión, en las acciones populares iniciadas
en vigencia del Decreto 01 de 1984 la jurisdicción de lo contencioso administrativo
no tiene facultad para decretar la nulidad de contratos administrativos que se
consideren causa de la amenaza o violación de derechos colectivos. En estos
casos, el juez tiene la posibilidad de emitir cualquier otra orden de hacer o no
hacer con el fin de proteger o garantizar los derechos e intereses colectivos
vulnerados, o que estén en inminente peligro de ello. Las razones que
fundamentan la tesis de unificación son las siguientes:
11. Carácter principal y fines diferentes de la acción popular respecto de las
acciones ordinarias.
93. Como se estableció en consideraciones precedentes, la jurisprudencia de esta
Corporación ha determinado que la actividad de las entidades estatales en materia
de contratación es susceptible de control a través de la acción popular cuando a
través de ellos se amenace o vulnere un derecho colectivo y que la sentencia que
acoja las pretensiones del demandante podrá contener una orden de hacer o de
no hacer y exigir la realización de las conductas necesarias para volver las cosas
al estado anterior a la vulneración del derecho o interés colectivo cuando ello fuera
físicamente posible. Dentro de las facultades del juez, en procura de hacer cesar
la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos, se aceptó la
posibilidad de anular contratos.
94. Conforme al criterio de la Sección Tercera de esta Corporación consolidado a
partir de la sentencia proferida de 5 de octubre de 200571, respecto del examen de
legalidad de un contrato estatal pueden concurrir tanto la acción contractual como
71 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de octubre de 2005, proferida en el
proceso número 20001-23-31-000-2001-01588-01(AP). C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
la popular, en reconocimiento a la autonomía propia de cada una de ellas. El punto
de inicio de la popular es la lesión o amenaza a un derecho o interés colectivo;
mientras que la contractual, con la excepción de la nulidad absoluta del contrato,
surge entre las partes del mismo o sus causahabientes.
95. El recuento jurisprudencial realizado en consideraciones preliminares contiene
la postura de la Sección Tercera de esta Corporación sobre el alcance de las
facultades del juez popular. La Sala considera que el referido razonamiento
obedece a la libertad de interpretación del operador judicial respecto de las
normas que regulan esta clase de acción, hoy medio de control, y observa que ese
criterio experimentó una evolución, no exenta de contradicciones.
96. Analizado el contenido de las providencias reseñadas, se observa que integran
una línea jurisprudencial, cuyo fundamento está en el reconocimiento del carácter
principal y no subsidiario de la acción popular, en consideración al hecho de que la
ley no estableció esa acción como subsidiaria de algún otro medio de control
ordinario o mecanismo judicial. A partir de allí, se determinó que los contratos
estatales eran susceptibles de evaluación en sede popular, por lo que bajo la
vigencia del Decreto 01 de 1984 dentro de las amplias facultades para
salvaguardar el orden jurídico en materia de derechos e intereses colectivos,
estaba incluida la de anulación de contratos.
97. En este orden, se establece que el problema que resuelve la Sala en esta
oportunidad surgió porque la Ley 472 de 1998 no señaló de forma expresa que la
acción popular procedería únicamente en los eventos en que el objeto perseguido
por ella no pudiera alcanzarse mediante el ejercicio de otras acciones, es decir,
que fuera subsidiaria de otros mecanismos de protección, tal como se dispuso
para la acción de tutela.
98. Ahora, conforme al contenido del artículo 2° de la ley 472 de 1998, la acción
popular es un medio procesal que se ejerce con el propósito de evitar un daño
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o agravio de un
derecho colectivo, de naturaleza preventiva o cautelar. La norma no diferencia si
se trata de acciones u omisiones de las autoridades ni distingue el instrumento a
través del cual se ocasiona la vulneración, esto es, actos, contratos, operaciones o
hechos administrativos.
99. Las características principales de la acción popular han sido estudiadas de
manera amplia tanto por esta Corporación como por la Corte Constitucional. Esta
última, en la sentencia C-641 de 2011 referida en consideraciones anteriores
indicó que las acciones populares: i) pueden ser promovidas por cualquier
persona, ii) son ejercidas contra las autoridades públicas por sus acciones y
omisiones y por las mismas causas, contra los particulares, iii) tienen un fin
público, iv) son de naturaleza preventiva, v) tienen también un carácter
restitutorio72, vi) no persiguen en forma directa un resarcimiento de tipo pecuniario
y; vii) gozan de una estructura especial que las diferencia de los demás procesos
litigiosos.
100. Respecto de las dos últimas, la Corte estableció que las acciones populares
carecen de contenido subjetivo, lo que implica, en principio, que mediante el
ejercicio de las acciones populares no se persiga un resarcimiento de tipo
pecuniario a favor de quien la promueve y no plantea, en estricto sentido, una
controversia entre partes que defienden intereses subjetivos, sino que son un
mecanismo de protección principal de los derechos colectivos preexistentes. En
ese sentido, el proceso de acción popular tiene una estructura especial que lo
diferencia de los demás procesos de contenido litigioso, en el que no se plantea
una verdadera litis, pues lo que persigue es la efectividad y eficacia de un derecho
colectivo haciendo cesar su lesión o amenaza o logrando que las cosas vuelvan a
su estado anterior.
101. Por su parte, la jurisprudencia de esta Corporación ha determinado que se
trata de un mecanismo procesal autónomo y principal, pues no está condicionado
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial73 y procede para conjurar en
forma oportuna hechos u omisiones que puedan afectar a la comunidad, antes de
que se genere el daño o de forma coetánea para que cese la vulneración de los
derechos o, posteriormente, ante situaciones concluidas, siempre y cuando sea
posible restituir las cosas a su estado anterior.
102. Ahora bien, el artículo 87 del C.C.A. prevé la acción contractual como medio
de defensa y acción judicial, hoy medio de control de controversias contractuales.
Tal acción es procedente para pedir la nulidad y que se declare el incumplimiento
72
«En cuanto dichos mecanismos de protección persiguen el restablecimiento del uso y goce de
los derechos e intereses colectivos, se les atribuye también un carácter eminentemente
restitutorio.»
73
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
Sentencia de 29 de agosto de 2014 Expediente No. 25000-23-24-000-2011-00032-01(AP). C.P.
Stella Conto Díaz Del Castillo.
y el consecuente reconocimiento de perjuicios; y por ello, debe ser empleada
cuando se pretenda atacar los contratos estatales.
103. Conforme al contenido de esa norma, la sede en la que debe discutirse la
legalidad del contrato es en el proceso contractual, de forma que es al juez natural
de conocimiento al que le corresponde declarar la nulidad total o parcial del
referido acto jurídico y determinar las consecuencias jurídicas que tal declaración
implica. En este supuesto es que la Sala considera que el control de la legalidad
del contrato debe exceptuarse del conocimiento del juez popular, por tratarse de
un tópico propio de la acción contractual.
104. Esta interpretación tiene sustento también en el deber de aseguramiento del
principio de legalidad que es consustancial al Estado Social de Derecho que
nuestra Constitución institucionaliza en su preámbulo y sus artículos 3°, 6°, 121,
122, 123 y 230. De esta manera y teniendo en cuenta que el acto contractual tiene
que ver con relaciones jurídicas con efectos inter - partes, en principio, lo que tiene
que ver con él debe discutirse por los cauces del medio de control de
controversias contractuales.
105. En el mismo sentido, esto es, en acatamiento del principio de legalidad, es
que no le está permitido al juez popular arrogarse competencias anulatorias no
otorgadas por la ley sin conculcar el referido principio, en cuanto está facultado
únicamente para impartir órdenes de hacer o no hacer. La sola circunstancia de
que coincida en el juez popular la calidad de juez administrativo no traslada al
primero las competencias asignadas por ley al segundo.
106. En ese orden, la limitación frente a la anulación de un contrato en esta sede
no riñe con el carácter principal y autónomo de la acción popular, más bien
obedece al reconocimiento y acatamiento por las reglas del proceso establecidas
en la ley para adoptar decisiones respecto de la validez de los actos y contratos de
la administración en juicios específicos y clarifica los alcances que los jueces
populares deben dar a sus sentencias.
107. Sobre el punto, es oportuno señalar que al realizar una interpretación
sistemática de los artículos 2°, 9° y 34 de la Ley 472 de 1998, se establece que el
hecho de que el juez popular no pueda decidir sobre la anulación de los contratos
estatales, en nada afecta el carácter principal o autónomo de la acción la acción
popular. Ello tampoco desconoce la trascendencia de la actuación contractual en
el ámbito de las garantías colectivas, en cuanto se relaciona con el logro de los
fines de la contratación estatal, de manera que en su origen, ejecución y
cumplimiento es posible que se amenacen o vulneren derechos colectivos, como
son los de moralidad y patrimonio público, sin que ese supuesto habilite la
declaración de nulidad de un contrato estatal.
108. El anterior argumento encuentra sustento en los antecedentes de la Ley 472
de 1998 antes señalados que muestran que pese a que el legislador le dio el
carácter de principal a la acción popular no quiso entregarle competencias
anulatorias al juez.
109. La interpretación de la Sala también encuentra apoyo en el análisis del
artículo 34 de la Ley 472 de 1998 que define el contenido de la sentencia.
Conforme a su sentido literal, la disposición señala de forma inequívoca74 una
regla de competencia para el fallador que sólo puede revestir tres modalidades: i)
una orden de hacer o no hacer, ii) la condena al pago de perjuicios a favor de la
entidad pública no culpable que los tenga a su cargo y; iii) «exigir la realización de
conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del
derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.». Así, se puede
establecer que la norma no determinó de forma expresa la posibilidad de la
anulación de contratos administrativos
12. Alcance y aplicación especial del principio de congruencia en las
acciones populares.
110. El principio de congruencia, según el cual en la sentencia corresponde
resolver de manera exclusiva las pretensiones planteadas en la demanda,
respecto de las que el demandado tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de
defensa, debe interpretarse y aplicarse de manera diferente en las acciones
populares.
74
Artículo 27. Interpretación gramatical. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá
su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una
expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella
misma o en la historia fidedigna de su establecimiento.
111. Lo anterior, en atención al propósito y la función que el juez desempeña en
este tipo de acciones. Así lo estableció esta Corporación75, al indicar que: «Si el
planteamiento fáctico que hace el actor popular y que es conocido por la entidad
accionada resulta demostrado en el curso del proceso, el juez de la acción popular
puede aprobar un pacto de cumplimiento, o proferir una sentencia que tenga como
base la vulneración de derechos colectivos distintos de los invocados en la
demanda y donde se adopten medias diferentes de las impetradas.» 76
112. Este aspecto guarda relación, a su vez, con la subordinación del fallo al móvil
o motivo de la acción, que tratándose de la popular se encuentra claramente
determinado por los artículos 277 y 3478 de la ley 472, los cuales a su vez definen
las pretensiones que se pueden formular al instaurar una acción popular, entre las
que no se previó la de solicitar la nulidad de contratos estatales.
113. En este orden, si bien el juez popular puede adoptar medias diferentes de las
impetradas en el escrito inicial, la decisión de anular contratos de la administración
no resulta congruente con las pretensiones de la demanda de acción popular. Tal
disposición, implica invadir la órbita de la acción o medio de control contractual y
supone despojar al juez del contrato de su competencia para trasladarla al juez
popular.
13. Razones de seguridad jurídica.
114. Conforme se viene afirmando, el juez popular no cumple iguales funciones
jurisdiccionales a las asignadas al juez administrativo, cuando éste último resuelve
75
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de
Decisión, Sentencia de 26 de enero de 2021, Expediente No. 54518-33-31-001-2007-00013-01
[AP] REV.
76 El artículo 27 de la ley 472 de 1998 dispone que en la audiencia de pacto de cumplimiento
<<podrá establecerse un pacto de cumplimiento a iniciativa del juez en el que se determine la
forma de protección de los derechos e intereses colectivos y el restablecimiento de las cosas a su
estado anterior, de ser posible.>>
77
ARTICULO 2o. ACCIONES POPULARES. Son los medios procesales para la protección de los
derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e
intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
78
ARTICULO 34. SENTENCIA. Vencido el término para alegar, el juez dispondrá de veinte (20)
días para proferir sentencia. La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una
acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios
cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública no
culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de conductas necesarias para volver las
cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere
físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a
cumplir con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de
prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las
pretensiones del demandante. Igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular.
un conflicto en el que se deba decidir si un contrato estatal está afectado de
alguna causal de nulidad, sino que aquí cumple el rol de garante de un derecho
colectivo. De esta forma, al juez de la acción popular le compete adoptar las
medidas materiales que guarden la garantía colectiva amenazada o afectada con
el contrato, entre las que no se encuentra la de anularlos.
115. En este orden, es posible que el juez ordinario, en el ámbito de sus
competencias, determine que el contrato se encuentra ajustado al ordenamiento
legal y que el juez de la acción popular, desde su órbita, encuentre que esa
actuación vulnera alguna garantía colectiva, de manera que disponga cualquiera
otra orden frente a los efectos de aquel, para prevenir o superar su amenaza o
vulneración. Esto obedece a que mientras uno interviene en sede de legalidad
abstracta o subjetiva, el otro lo hace en el ámbito de protección de intereses y
derechos colectivos. De esta manera, la limitación aquí establecida certifica la
seguridad de las decisiones tomadas en una y otra ocasión.
116. Por otra parte, se precisa que la Sala Plena de esta Corporación79 unificó la
jurisprudencia y definió que antes de la entrada en vigencia del CPACA, el juez de
la acción popular no estaba facultado para anular actos administrativos. Tal como
se advirtió anteriormente, ese asunto difiere del que se define en esta oportunidad;
sin embargo, de las consideraciones que se expusieron en esa ocasión no es
posible entender que bajo la vigencia del Decreto 01 de 1984 el juez popular no
tiene la potestad de anular actos administrativos, pero sí lo puede hacer respecto
de los contratos estatales.
117. El precedente de unificación del 13 de febrero de 2018, se sustentó en la
intención de que cada juez cumpla su propósito constitucional y legal sin invadir
las competencias del otro. Esto atendiendo las finalidades y naturaleza de las
acciones, de modo que «lo decidido en un proceso no influye o bloquea el
resultado al momento de valorar o decidir el otro. El efecto útil de esta postura es
la de suprimir la posibilidad de decisiones contradictorias frente a legalidad del
acto.»80
118. Según el criterio mayoritario de la Sala Plena y que resulta vinculante, el juez
79
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 13 de febrero de 2018 Rad, 2002-02704-01
[fundamento jurídico III]
80
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 13 de febrero de 2018 Rad, 2002-02704-01
[consideración 50].
popular bajo la vigencia del C.C.A no tiene la potestad de anular actos
administrativos ni contratos. Ello en atención a que cada acción o medio de control
atiende a un propósito bien definido, de forma que la decisión de cada uno de ellos
supone que no interfiera con los demás. Tampoco le resta eficiencia al otro ni es
posible que coexistan varios instrumentos o medios de control sucesivos o
paralelos para decidir un mismo asunto.
119. En este orden y con el propósito de garantizar la seguridad jurídica derivada
de las decisiones de esta Corporación, se impone respetar el precedente de
unificación del 13 de febrero de 2018, en el sentido de reafirmar la imposibilidad
de que el juez popular anule un contrato de la administración.
120. Además, en criterio de la Sala, la falta de precisión o definición expresa del
C.C.A respecto de la posibilidad de declaración de nulidad de un contrato estatal
en sede popular no habilita la invasión de la órbita del juez del contrato, so
pretexto de la protección de derechos colectivos. Tal hipótesis, admite el debate
inagotable de esta materia, circunstancia que también conlleva a la inseguridad
jurídica para quienes en determinado momento resultaren directamente
interesados o afectados.
121. Otro hecho que se relaciona con la seguridad jurídica es el que tiene que ver
con la prohibición que el legislador estableció en la Ley 1437 de 2011 para que el
juez de la acción popular decretara la anulación de actos administrativos y de
contratos públicos. Del trámite legislativo del C.P.A.C.A, esto es, de los textos de la
iniciativa legislativa, de los proyectos de ley aprobados en su trámite por el Senado y
de las actas de las sesiones respectivas81, no es posible establecer las razones que
sustentaron tal prohibición. En esa sede el tema en el que se centró el debate fue el
de la conveniencia de establecer el requisito previo para las acciones populares
interpuestas contra las autoridades.
122. Luego del largo debate jurisprudencial expuesto en consideraciones
anteriores, el criterio que tomó el legislador y que definió este asunto, fue avalado
por el juez constitucional, en la referida sentencia C-641 de 201182, al establecer la
legalidad de la expresión «sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el
81
Exposición de Motivos, Proyecto de Ley No. 198 de 2009 – Senado “ Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, Gaceta de Congreso
No. 1173, págs. 59 – 65, 394/10 y 529/10 [texto definitivo en Senado], 683/10 y 951/10 (primer y
segundo debate en Cámara), 1072/10 [Informe de Conciliación].
82 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-644 2011 [fundamento jurídico 3.2.2]
acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean
necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos
colectivos» contenida en el artículo 144 de la norma. En esa oportunidad la Corte
estableció: «que el segmento normativo controvertido por el demandante resulta
acorde con los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, toda vez que la
expresión cuestionada del inciso segundo del artículo 144 de la ley 1437 no
desconoce el debido proceso judicial sino que por el contrario lo fortalece, como
también clarifica los alcances que los jueces populares deben dar a sus
sentencias, todo dentro del marco de la potestad de configuración normativa que
tiene el legislador, sin que por esta razón se desconozcan el acceso a la
administración de justicia o el carácter principal de las acciones populares.»
123. En este orden, la Sala considera que la solución jurisprudencial que se
adopta a través de este proveído es, además, más garantista, pues permite que el
afectado acuda al juez natural con el propósito de obtener las restituciones
contractuales que no lograría en sede popular.
124. El anterior aspecto también se relaciona con la debida guarda de los
derechos de defensa y debido proceso, amparo que no se garantiza con el sólo el
hecho de citar al proceso de acción popular a quien pueda resultar afectado con la
anulación del contrato. Además, de ello es necesario preservar el derecho a ser
juzgado conforme al procedimiento señalado previamente para el propósito
correspondiente, actuación que también comprende que el juez que conozca del
asunto sea justamente el juez natural del contrato. Tal circunstancia no tiene lugar
en sede popular.
14. Aspectos procesales.-
125. Avalar la posibilidad de anular contratos estatales en actuación popular
resulta inconveniente, entre otras razones, por ello tendría implicaciones en lo que
tiene que ver con los aspectos de caducidad y legitimación en la causa.
126. Frente al primer tema, la Sala observa que, dado el carácter público de la
acción, por medio del artículo 11 de la Ley 472 de 1998, el legislador dispuso que
la acción popular podía ejercitarse en cualquier tiempo, de manera que no la
sometió a término de caducidad alguno, con el único condicionante de que
subsista la amenaza o peligro al derecho o interés colectivo.
127. El texto original del artículo 11 de la ley 472 de 1998, establecía lo siguiente:
«ARTÍCULO 11. CADUCIDAD. La Acción Popular podrá promoverse durante el
tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e interés colectivo. Cuando
dicha acción esté dirigida a volver las cosas a su estado anterior, el término para
interponerla será de cinco (5) años, contados a partir de la acción u omisión que
produjo la alteración.»
128. El aparte resaltado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la
sentencia C- 215 de 14 de abril de 199983, de forma que la restitución de las cosas
al estado anterior en las acciones populares procede en cualquiera época, siempre
y cuando esa medida resulte necesaria para la protección de los derechos
colectivos y ello fuere posible.
129. Respecto de la no caducidad de la acción popular, a propósito de la
inexequibilidad del último inciso del artículo 11 de la Ley 472 de 1998, en la
referida sentencia la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:
«La acción popular puede promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o
peligro al derecho e interés colectivo, sin límite de tiempo alguno No obstante,
encuentra la Corte, que la excepción que en la misma disposición se prevé cuando
la acción se dirige a "volver las cosas a su estado anterior", en cuanto establece un
plazo de cinco (5) años para instaurarla, contados a partir de la acción u omisión
que produjo la alteración, desconoce el debido proceso y el derecho de acceso a la
administración de justicia, de los miembros de la comunidad que se ven afectados
en sus derechos e intereses colectivos. Carece entonces de fundamento razonable
y por lo mismo violatorio de derechos y principios constitucionales, el que a pesar
de que exista la probabilidad de subsanar y hacer cesar una situación que afecta
derechos esenciales de una comunidad presente o futura, se cierre la oportunidad
para cualquiera de los sujetos afectados de actuar en su defensa, al establecer un
término de caducidad cuando se demanda el restablecimiento de las cosas al
estado anterior a la violación del derecho, mientras ello fuere físicamente posible.»
(Subraya fuera de texto)
130. La Sala considera que la posibilidad de ejercer las acciones populares en
cualquier tiempo, mientras subsista la vulneración a los derechos colectivos
invocados y, de forma simultánea, se faculte al juez para que decrete la nulidad de
un contrato administrativo con efectos inter - partes, constituye una excepción al
término de caducidad del medio de control ordinario, situación que riñe con el
precepto superior e interés general que propugna porque las controversias
judiciales se clausuren de manera definitiva.
83
Sentencia C- 215 de 14 de abril de 1999, Magistrada Ponente: Dra. Martha Sáchica de
Moncaleano.
131. Entonces, la posibilidad de atacar un contrato estatal en cualquier momento
no encuentra justificación suficiente en el argumento, según el cual se trata de
salvaguardar los derechos e intereses colectivos frente a los cuales el juez popular
tiene amplias facultades de subsanar y hacer cesar una situación que afecta
derechos esenciales de una comunidad, pues ello, debe armonizarse con todo el
ordenamiento jurídico.
132. Otra implicación procesal de la anulación de contratos administrativos en
sede popular, se relaciona con el tema de la legitimidad para solicitar la nulidad
absoluta de los contratos estatales, pues ella varía en una y otra acción. Frente a
este aspecto, la Sala precisa que las acciones populares tienen un espectro más
amplio en comparación con la acción contractual o el medio de controversias
contractuales, toda vez que el derecho colectivo otorga la facultad a cualquier
persona, natural o jurídica de interponerla. Esto en atención al carácter público
que tienen las acciones populares.
133. Por otra parte, se tiene que el artículo 87 del C. C. A.84 disponía que sólo
estaban legitimados para demandar la nulidad absoluta del contrato, las partes, el
Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo en el mismo,
y así mismo podrá ser declarada de oficio por el juez cuando esté plenamente
demostrada y siempre que en el proceso intervengan las partes o sus
causahabientes.
134. De forma posterior, el artículo 45 de la Ley 80 de 1993 extendió la
legitimación a «cualquier persona», además de las partes, el Ministerio Público o
la oficiosidad del juez. De esta manera, le dio el carácter de popular a la acción de
nulidad absoluta de los contratos; sin embargo, esa disposición fue modificada por
el inciso 3o. del artículo 32 de la Ley 446 de 1998. La norma estableció de nuevo
que sólo están legitimados para demandar la nulidad absoluta del contrato, las
partes, el Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo en
el mismo, o podrá ser declarada de oficio por el juez cuando esté plenamente
demostrada y siempre que en el proceso intervengan las partes o sus
causahabientes.
84
Modificado por el artículo 17 del Decreto 2304 de 1989 y este a su vez por el artículo 32
de la ley 446 de 1998.
135. La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-221 del 14 de abril de 1999,
declaró la exequibilidad de dicho artículo 32 de la Ley 446 de 1998 al estimar que:
«...no siendo una acción pública de rango constitucional, bien puede el
Legislador, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, restringir la
titularidad de la acción o someter su ejercicio al cumplimiento de requisitos y
condiciones razonables, atendiendo criterios de política legislativa, en aras de la
efectividad de otros principios constitucionales, como el de la pronta y oportuna
decisión por la justicia contencioso administrativa de las controversias
contractuales que le son sometidas
[...]
Es obvio que dicho interés directo radica esencialmente en quienes
intervinieron en el proceso licitatorio. Empero, no puede considerarse que
el interés directo se circunscriba a esta sola circunstancia de representar
un interés meramente patrimonial y exclusivo, porque, repárese bien, en
que al demandarse la nulidad se protege igualmente el interés general».
[Negrillas fuera del texto original]
136. En consecuencia, cuando mediante una acción popular se pretenda atacar un
contrato estatal, estará legitimada cualquier persona, siempre y cuando con su
instauración se pretenda proteger los derechos e intereses colectivos y, en este
último evento, se encuentre plenamente demostrada dicha amenaza o vulneración
al interior del proceso y hayan concurrido a él las partes contratantes, para
garantizar así el derecho de defensa. Esa titularidad de la acción popular en toda
persona está plenamente justificada, ya que esta última no pretende sustituir las
acciones ordinarias, sino la defensa de un derecho o interés colectivo, como ya se
expuso, dentro del marco de un conflicto en interés general.
137. Respecto de las acciones populares, en forma excepcional, es posible
predicar un carácter resarcitorio al tenor del artículo 34 de la Ley 472 de 1998,
cuando quiera que se haya causado daño a un derecho o interés colectivo. Lo
anterior en el entendido de que no se comprometa o se pretendan derechos de
orden subjetivo. De esta forma, la titularidad universal para el ejercicio de la acción
popular no implica el reconocimiento de alguna situación jurídica individualizada.
En este último caso, la acción idónea es la contractual, en los términos así
previstos en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo Colombiano.
138. En este orden, la posibilidad de declarar la nulidad absoluta de un contrato en
sede popular desconoce que ella puede ser intentada, en principio, por las
personas señaladas en la ley; a diferencia de las acciones populares en la que
«cualquier persona» estará legitimada. Esta diferencia encuentra su justificación
en el hecho de que en estas últimas no se trata de un conflicto litigioso entre
partes que defienden derechos subjetivos.
139. Otro aspecto que se debe tener en cuenta en los eventos como el que
analiza la Sala en esta oportunidad, es el de las restituciones mutuas en caso de
nulidad absoluta del contrato. Frente a ello, se destaca que conforme a la norma
que regula de forma especial esta materia, esto es, el artículo 48 de la Ley 80 de
1993 «habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del
contrato nulo por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal
se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere
obtenido». En consecuencia, la declaración de nulidad del contrato impone al juez
el pronunciamiento sobre las restituciones a que haya lugar a cargo de las partes
del contrato anulado, definición que excede a la competencia del juez popular.
140. En el orden expuesto, si bien podría considerarse que la potestad de declarar
la nulidad de un contrato administrativo mediante la acción popular atendería a la
naturaleza preventiva y restitutoria de este medio de protección, también es cierto
que esa medida no es la única y más adecuada para lograr los propósitos y fines
que informan este tipo de procesos. Lo anterior, en armonía con el principio de
seguridad jurídica y la conformidad del sistema jurídico. De esta manera, el juez
puede adoptar medidas diferentes que eviten irrumpir en las atribuciones del juez
ordinario y en las consecuencias propias de otras acciones.
141. En conclusión, atendiendo aspectos tales como el carácter principal y fines
diferentes de la acción popular respecto de las acciones ordinarias, el alcance y
aplicación especial del principio de congruencia en esta clase de procesos y
razones de seguridad jurídica y de orden procesal, la Sala considera que en el
caso en que se acredite la violación de la ley que configurara la nulidad del
contrato y ello implique la vulneración de la moral administrativa u otra garantía
colectiva, en vigencia del C.C.A el juez popular no tenía la facultad de declarar su
nulidad. En cambio, poseía la posibilidad de emitir cualquier otra orden de hacer o
no hacer con el fin de proteger o garantizar los derechos e intereses colectivos
vulnerados, o que estén en inminente peligro.
142. La Sala reconoce y destaca el importante avance de la jurisprudencia de la
Corporación sobre la protección de la garantías populares; no obstante, considera
que la interpretación de las nomas analizadas en precedencia es la que mejor se
ajusta al objeto y fin de la acción popular prevista en la Ley 472 de 1998, para
prevenir que en sede popular el operador judicial exceda el límite de su
competencia funcional, en cuanto el propósito principal de la acción popular es la
protección de los derechos colectivos no el determinar la legalidad de los
contratos, conforme se estableció en las consideraciones que anteceden.
15. El contrato de suscripción de acciones.
143. Antes de abordar el fondo del asunto, la Sala hará referencia al contrato de
suscripción de acciones, pues del contenido del acuerdo que se analizará en el
caso concreto, se establece que tiene que ver en gran parte con esa figura.
144. El contrato de sociedad por suscripción de acciones está actualmente
regulado en el artículo 384 del Código de Comercio85. Mediante ese convenio los
aportantes se obligan a pagar sus aportes de acuerdo con el reglamento
respectivo y a someterse a sus estatutos. A su vez, la sociedad se obliga a
reconocer a los aportantes los derechos de dirección, económicos y de inspección
y control, o derechos sociales.
145. Del contenido de la referida norma, es posible establecer que los elementos
esenciales de ese negocio jurídico son: i) la oferta de acciones que hace la
sociedad de conformidad con el reglamento de suscripción, mediante la cual se
obliga a reconocer, a quien la acepte, la calidad de accionista, y a entregarle los
títulos de las acciones; y ii) la aceptación de la oferta que hace el adquirente de las
acciones, mediante la cual se obliga a pagar el aporte estipulado y a someterse a
los estatutos sociales.
146. La calidad de accionista supone la efectiva realización de un aporte al
capital de la sociedad o la adquisición de la acción por alguno de los modos
consagrados en la ley. Conforme lo establece el artículo 5286 numera 5° de la Ley
222 de 199587, los aportes sociales pueden ser en dinero o en especie.
85
ARTÍCULO 384. <DEFINICIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES>. La suscripción de acciones
es un contrato por el cual una persona se obliga a pagar un aporte a la sociedad de acuerdo con el
reglamento respectivo y a someterse a sus estatutos. A su vez, la compañía se obliga a
reconocerle la calidad de accionista y a entregarle el título correspondiente.
En el contrato de suscripción no podrá pactarse estipulación alguna que origine una disminución
del capital suscrito o del pagado.
86
«ART. 52.—Contenido del contrato de suscripción. El contrato de suscripción constará por
escrito y contendrá, por lo menos, las siguientes especificaciones:
1. El nombre, nacionalidad, domicilio e identificación del suscriptor.
2. El nombre y domicilio de la futura sociedad.
147. La Corte Suprema de Justicia en sentencia 14 de julio de 201088, explicó de
manera amplia y detallada las características de este negocio societario. Por ser
pertinente, la Sala expone sus consideraciones in extenso, así:
«1.Toda sociedad legalmente constituida, es sujeto de derecho distinto de sus
socios individualmente considerados, con personificación normativa, capacidad,
autonomía y patrimonio independiente.
Por el negocio jurídico societario, todo asociado se obliga a un aporte al fondo
común del capital social o suma coincidente con el valor de las aportaciones y
los derechos económicos del socio.
En las sociedades anónimas, el capital se conforma con un fondo social
proporcionado por los accionistas y representado en acciones de igual valor
nominal (arts. 373 y 365 del C. de Co).
La acción incorpora la participación económica del socio en una parte alícuota
del capital social, implica un aporte real, prueba la calidad de accionista, y refleja
los derechos del asociado en la sociedad (artículo 379 Código de Comercio).
Conformemente, accionista en la sociedad anónima, es el aportante de capital,
titular de la acción, esto es, quien ha efectuado un aporte o ha adquirido esta
última.
En particular, la calidad de accionista presupone la efectiva realización de un
aporte al capital de la sociedad anónima, o la adquisición de la acción por alguno
de los modos consagrados en la ley, es decir, su incorporación al patrimonio de
un sujeto, sea al instante de la constitución del ente societario, ora durante su
existencia y desenvolvimiento.
En sentido análogo, las aportaciones podrán hacerse al constituirse la sociedad
o con posterioridad, adquiriéndose entonces o después la calidad de asociado.
Cuando no acontecen en el acto creativo de la sociedad anónima, es factible
adquirir acciones y, por ende, la calidad de accionista, por suscripción de las
emitidas para su colocación o por negociación con los actuales accionistas.
Para la emisión de acciones en reserva, es menester decisión de la asamblea
general de accionistas (artículo 383 del Código de Comercio) y las no suscritas
en el acto de constitución emitidas después, se colocarán “de acuerdo con el
reglamento de suscripción” (art. 385, Código de Comercio), cuya aprobación
salvo norma estatutaria en contrario y tratándose de acciones privilegiadas o de
goce, corresponde a la junta directiva (art. 385 y ss., Código de Comercio), por
regla general, con sujeción al derecho de preferencia excepto que los estatutos
no lo establezcan o la asamblea decida su colocación libre (artículos 388, 420
[5], C. de Co; 68 de la Ley 222 de 1995), y en los casos legales, requerirá previa
autorización de la Superintendencia de Sociedades (arts. 390, C. de Co; arts. 84
[9], 85[3°] de la Ley 222 de 1995, artículo 6º, literal e), Decreto 4350 de 2006).
3. El número, naturaleza y valor nominal de las acciones que suscribe.
4. La forma y condiciones en que el suscriptor se obliga a pagar.
5. Cuando las acciones hayan de pagarse con aportes en especie, la determinación de éstos.
6. La declaración expresa de que el suscriptor conoce y acepta el programa de fundación.
7. La fecha de suscripción y firma del suscriptor.»
87
«Por la cual se modifica el libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de
procesos concursales y se dictan otras disposiciones».
88
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente Doctor William Namén
Vargas
La suscripción se efectúa con observancia estricta del reglamento de colocación
adoptado por la junta directiva, y del derecho de preferencia estatutario o legal a
favor de la sociedad, sus accionistas o ambos, cuya inobservancia extraña
nulidad absoluta (artículos 403 y 416, C. de Co) por tratarse de norma imperativa
(art. 899, 1º, ibídem).
La suscripción de acciones, preceptúa el artículo 384 del Código de Comercio,
es contrato por el cual el suscriptor a más de la prestación de pagar un aporte se
obliga a someterse a los estatutos de la sociedad y, ésta a su vez, a reconocerle
la calidad de accionista y entregarle el título respectivo (artículo 384 del Código
de Comercio).
Trátase de un negocio jurídico bilateral al exigir la presencia mínima de dos
partes, la sociedad oferente y el suscriptor; de prestaciones correlativas por
generar prestaciones para ambas partes; de ejecución, desarrollo o aplicación
del reglamento marco consagratorio de las reglas mínimas de forzoso
cumplimiento; oneroso y de forma libre o consensual, por cuanto se forma con la
aceptación de la oferta de suscripción de acciones formulada por la sociedad
proponente al destinatario, oportunidad desde la cual, se celebra y existe,
contrayéndose las recíprocas obligaciones, y adquiriéndose los derechos
correlativos, en especial, la calidad de accionista con todos los derechos y
obligaciones inherentes.
Justamente, satisfechas las exigencias normativas y estatutarias, en particular,
obtenido el permiso para la colocación, la suscripción de acciones, “no estará
sometida a formalidades especiales y podrá acreditarse por cualquier medio de
prueba” (artículo 394, Código de Comercio).
Por consiguiente, no es la expedición de los títulos o certificados provisionales, ni
su inscripción en el libro respectivo (artículos 399, inc. 3º, y 195 del Código de
Comercio), sino el acuerdo entre el suscriptor y la sociedad oferente, producido a
partir de la aceptación oportuna, pura, simple y conforme al reglamento de
colocación y suscripción, lo que determina la adquisición de la calidad de
accionista, tanto cuanto más que por este contrato, como quedó dicho, aquél se
obliga a pagar un aporte y someterse a los estatutos, y la última a reconocerle la
condición de accionista y a entregarle el título correspondiente.
Al lado de la emisión, colocación y suscripción de acciones nuevas o en reserva,
podrá adquirirse la acción y la calidad de accionista, por negociación con quien
ostenta esta condición.
En línea de principio, las acciones en las sociedades anónimas, son libremente
negociables, transmisibles y su negociación transmite la calidad de socio, sin
necesidad del consenso de los restantes asociados, según corresponde a la
preponderante relevancia de su conformación con un capital o fondo común de
aportaciones (intuitu pecuniae), resultando de ordinario, indiferentes las
calidades personales (intuitu personae) de sus asociados. La libre negociabilidad
en las sociedades anónimas, atañe al statu socii, entre cuyos derechos se
encuentra “[e]l de negociar libremente las acciones, a menos que se estipule el
derecho de preferencia en favor de la sociedad o de los accionistas, o de ambos”
(artículo 379, C. de Co) o el legislador así lo disponga (artículo 403 del Código
de Comercio).
Tales restricciones, son estatutarias o legales, vinculantes mientras no excluyan
en forma absoluta la transmisión, sino que la limiten, de forzosa observancia y
pueden aparecer mediante la concesión de un derecho para la adquisición
preferente de las acciones por la sociedad, los accionistas o ambos, respecto de
terceros, en cuyo caso, después de su agotamiento, la enajenación es libre o,
también referir a la autorización previa para la admisión de quienes reúnan
determinadas condiciones o no se encuentren en ciertas situaciones, verbi
gratia, calidades específicas o ausencia de colisión o conflictos de intereses.
Cumple anotar que el derecho de preferencia en la negociación de acciones no
es elemento esencial del contrato, exige consagración legal o estipulación
estatutaria expresa y limita la libre negociabilidad de las acciones consagrado el
derecho de la sociedad, el accionista o una y otro, para adquirirlas
preferentemente frente a extraños en proporción a su participación de capital en
la oportunidad correspondiente.
En todo caso, con arreglo al artículo 406 del Código de Comercio, “[l]a
enajenación de las acciones nominativas podrá hacerse por el simple acuerdo de
las partes”, pero para producir efectos respecto de la sociedad y de terceros,
deberá inscribirse en el libro de registro de acciones, mediante orden escrita del
enajenante en forma de endoso sobre el título respectivo o por otro medio,
exigiendo la nueva inscripción y la expedición del título al adquirente, cancelar
los títulos precedentes.
En este contexto, tanto la suscripción de acciones emitidas con posterioridad a la
constitución de la sociedad, cuanto su enajenación por los accionistas, son
negocios jurídicos de forma libre, bastando el acuerdo de las partes expresado
por toda forma idónea, directa o indirecta, expresa o “tácita” (rectius, conducta
concluyente), incluso electrónica (artículo 824, Código de Comercio; Ley 527 de
1999). Sin embargo, para su oponibilidad a la sociedad y a terceros, deben
acatarse las normas estatutarias y legales, expedirse el título accionario y
registrarse en el libro de la sociedad.»
148. Finalmente, la Sala destaca que la Sección Primera de esta Corporación en
sentencia de 31 de enero de 201989, se pronunció de forma específica sobre la
naturaleza de la participación de los accionistas en el referido acuerdo, al indicar
que: «La suscripción de acciones es un acto discrecional de cada uno de los
socios, ningún socio se encuentra obligado a suscribir más acciones con el fin de
mantener su participación accionaria, no hay una norma que obligue una
actuación en tal sentido. Por el contrario, el artículo 123 del Código de Comercio
establece que “ningún asociado podrá ser obligado a aumentar o reponer su
aporte si dicha obligación no se estipula expresamente en el contrato”. Luego, el
hecho de que un accionista no realice nuevos aportes que se vean representados
en acciones por sí solo no es reprochable y mucho menos cuando ello no hace
parte de la naturaleza y fines de la entidad pública demandada.»
Análisis del caso concreto.
149. En el presente asunto, como se expuso al inicio de esta providencia, el
demandante popular pretende el amparo de los derechos colectivos a la moralidad
administrativa y a la defensa del patrimonio público. En consecuencia, pide que se
declare que CEDENAR S.A – E.S.P vulneró las anteriores garantías porque
89
Sentencia 31 de enero de 2019 Consejero Ponente: Dr. Oswaldo Giraldo López. Radicación
número: 13001-23-31-000-2002-01856-01(AP)
incumplió las obligaciones establecidas en el contrato de suscripción de acciones
elevado a Escritura No. 2635 de 5 de diciembre de 1960 y se disponga la
restitución a favor del municipio de Pasto de lo que pagó por las acciones, así
como la propiedad sobre la planta hidroeléctrica municipal del río Bobo.
150. Por su parte, el tribunal dejó sin efectos la cláusula duodécima de la Escritura
Pública 2635 de 5 de diciembre de 1960, que contiene la obligación de la Empresa
de suministrar el servicio de alumbrado público al municipio de Pasto y el pago de
ese servicio con cargo a sus utilidades futuras y ordenó a CEDENAR S.A E.S.P,
que en el término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de ese fallo,
restituyera a ese ente territorial el valor de adquisición de las 415.000 acciones
debidamente indexado desde el 1° de enero de 1961 y hasta su ejecutoria,
disposiciones que equivalen, materialmente, a la de anulación del negocio
existente entre el ente territorial y CEDENAR. En consecuencia, la Sala considera
que la actuación del juez de la acción popular fue más allá de la protección de los
derechos colectivos invocados y de la simple declaratoria de incumplimiento del
contrato, pues dispuso su anulación, lo que habilita el examen del caso concreto
de cara a la regla de unificación jurisprudencial establecida.
151. Con el propósito de establecer si en ejercicio de la actividad contractual y con
ocasión el contrato de suscripción de acciones a que se viene haciendo referencia,
las entidades demandadas vulneraron las garantías colectivas a la moralidad
administrativa y al patrimonio público, la Sala procede, en primer lugar, a
establecer la naturaleza y constitución de CEDENAR S.A, enseguida analizará el
referido acuerdo.
1. Naturaleza jurídica y composición accionaria de Centrales Eléctricas de
Nariño - CEDENAR S.A - E.S.P
152. Mediante Escritura Pública No. 2059 del 9 de agosto de 1955 de la Notaria
Quinta del Círculo de Bogotá, CEDENAR S.A se estableció como una empresa de
carácter mixto y fue constituida como sociedad por acciones domiciliada en Pasto.
La Empresa fue inscrita en la Cámara de Comercio en la misma fecha de su
constitución bajo el No. 0064 del Libro IX, con Matrícula Mercantil No. 000933-04,
como una sociedad cuya duración es indefinida.90
90
Folio 5 del cuaderno 3
153. Por Escritura No. 2728 de julio 27 de 1995, CEDENAR se conformó como
sociedad anónima por acciones y mediante Escritura No. 735 de abril 15 de 2010
se reformaron sus Estatutos, vigentes a la fecha.91
154. El objeto de la sociedad lo constituye la prestación del servicio público de
energía eléctrica y sus actividades complementarias de generación, distribución y
comercialización, así como la prestación de servicios conexos o relacionados con
la actividad del servicio público mencionado, de acuerdo con el marco legal y
regulatorio. La Empresa está sometida al régimen general de las empresas de
servicios públicos, en consecuencia, es una entidad vigilada por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.92
155. En la actualidad, el 99.99% del capital accionario de CEDENAR S.A E.S.P.
es estatal. El 99.95% es de la Nación y el resto es de diferentes entidades de
orden territorial, incluido el Municipio de Pasto quien posee el 0.0155776%. Lo
anterior, según la composición accionaria certificada por la Revisora Fiscal y el
Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2018 CGR-CDSME - mayo de 2019.93
2. El contrato de suscripción de acciones elevado a Escritura No. 2635 de 5
de diciembre de 1960, suscrito entre el municipio de Pasto y CEDENAR S.A.
156. Del acervo probatorio allegado al expediente, se advierte que de conformidad
con el acto de autorización expedido por el Concejo Municipal de Pasto, contenido
en el Acuerdo 5 de marzo de 1960, el Alcalde y el Personero de Pasto, por una
parte y, por la otra, el gerente de CEDENAR celebraron un contrato elevado a
escritura pública No. 2635 del 5 de diciembre de 1960 de la Notaria Segunda de
Pasto (Nariño). 94 Las cláusulas del acuerdo son las siguientes:
«TERCERA: “Cedenar” se obliga a entregar a EL MUNICIPIO, los títulos
correspondientes a cuatrocientas quince mil acciones (415.000), según la
autorización dada por la Superintendencia de Sociedades Anónimas, por
Resolución número 810 de 24 de agosto de 1960.-CUARTA. Como
contraprestación, EL MUNICIPIO aporta al fondo social de CEDENAR la
totalidad de los bienes inmuebles, instalaciones, maquinaria, equipos y demás
elementos que componen la Planta hidroeléctrica Municipal del rio Bobo, así:
a)- Los bienes inmuebles con todos los edificios en el construidos, sus
mejoras, y anexidades; b)- todos los equipos, maquinaria, instalaciones y
demás elementos y accesorios que componen e integran la actual Empresa
91
https://www.cedenar.com.co/webcedenar/wp-content/uploads/2020/06
92
https://www.cedenar.com.co/webcedenar/wp-content/uploads/2020/06/DOCUMENTO-CODIGO-
DE-ETICA-BUEN-GOBIERNO-CORPORATIVO-Y-MANUAL-DE-TRANSPARENCIA-2020
93
Folios. 571 vto y 572
94
Folios 4 a 23 del Cuaderno 3
Hidroeléctrica Municipal, y, en general, todo lo que constituye la misma, con su
organización, su entable, su fondo de comercio, sus relaciones y conexiones,
su crédito o sea la hacienda industrial y de servicio, por activa y por pasiva, la
aptitud de todos estos elementos reunidos y organizados como empresa, que
tienen para producir beneficios todo lo cual se relaciona con los inventarios de
avalúo, debidamente aprobados por la Superintendencia de Sociedades
Anónimas, mediante Resolución No. 1012 de 5 de octubre de 1960 y cuyo
texto es como sigue: […] QUINTA: El Municipio no tiene enajenados a otra
persona, en forma alguna, los bienes de que trata la cláusula anterior, los
cuales se hallan libres de todo gravamen como censo, embargo, hipoteca,
condiciones resolutorias, registro demanda civil, servidumbres etc. Y en los
casos de la Ley se obliga a salir al saneamiento por evicción como si se
tratare de contrato de compraventa.- SEXTA. CEDENAR simultáneamente con
el aporte de bienes de la Planta Hidroeléctrica Municipal del río Bobo que hace
EL MUNICIPIO, se cancela la obligación que por concepto de la financiación
de tal Planta tiene a su cargo el Municipio de Pasto con el Banco Central
Hipotecario, con vencimientos escalonados en un período de veinte años y
que a la fecha de esta (sic) documento, asciende a la suma QUNIENTOS
CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, con 32/100. Así mismo CEDENAR se obliga a cancelarse en los créditos bancarios que EL
MUNICIPIO tiene a su cargo en Bancos comerciales varios y todo hasta la
suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($850.000.00), suma que
ha de deducir del valor de los bienes del Municipio ya indicados.- SÉPTIMA. Teniendo en cuenta que los bienes inmuebles, la maquinaria, equipos,
instalaciones, etcétera, según los avalúos aprobados por la Superintendencia
de Sociedades Anónimas, valen la suma de CINCO MILLONES DE PESOS
($5.000.000.00), CEDENAR entrega CUATROCIENTAS QUINCE MIL
(415.000) acciones, a razón de diez pesos ($10.00) cada acción, lo cual monta
a la suma de CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA ML PESOS
($4.150.000.00). El remanente, o sea la cantidad de OCHOCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS ($850.000,00), lo aplicará CEDENAR a lo estipulado
en la cláusula anterior.-OCTAVA: Ambas partes declaran que los bienes que
se entregan y aportan, no han sido traspasados a persona distinta en forma
alguna, se hallan libres de todos gravamen, y que se obligan a salir al
saneamiento como si se tratara de contrato de compraventa.- NOVENA: EL
MUNICIPIO se obliga para con CEDENAR a hacer la entrega material de
todos los bienes que aporta, junto con el inventario completo de los mismos, el
día PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO (1º. de
enero de 1961), pero, de común acuerdo, las partes contratantes podrán
señalar, mediante acta en la cual conste la estipulación, y que se protocolizará
conjuntamente con esta escritura, un plazo prudencial de entrega, antes o
después de la fecha indicada. Entretanto CEDENAR podrá verificar las
existencias de equipos, instalaciones, maquinarias y demás elementos de la
Planta Hidroeléctrica del río Bobo.- DÉCIMA: EL MUNICIPIO y CEDENAR
estiman que los bienes que cada uno recibe de la otra, son de un valor
equivalente, por lo cual no hay lugar a encimas de ninguna especie.-
UNDÉCIMA: Según la presente negociación las CUATROCIENTAS QUINCE
MIL ACCIONES (415.000) que suscribe EL MUNICIPIO dejaran de tener el
carácter de reservadas para quedar en la condición de acciones totalmente
liberadas, cuyos títulos se extenderán a favor de este, entidad que, por
consiguiente, ingresara como accionista de CEDENAR a partir del día primero
de enero de mil novecientos sesenta y uno (1 de enero de 1961).-
DUOCÉCIMO:
CEDENAR, se obliga a suministrar el servicio de alumbrado
público a la Ciudad de Pasto, a las tarifas que al efecto fije el Ministerio de
Fomento y con cargo a las utilidades que se liquidaron a favor del Municipio en
su carácter de accionista – El servicio comprenderá: a)- El suministro de la
energía eléctrica necesaria para el alumbrado de cada una de las zonas de la
ciudad y sus futuras extensiones, según lo que de común acuerdo,
establezcan EL MUNICIPIO Y CEDENAR.- b)- El suministro de elementos
para el citado alumbrado público de tipo de corriente, tales como bombillas, y
pantallas, siendo entendido que todo elemento de tipo ornamental, o de costo
extraordinario, será efectuado por el MUNICIPIO con sus propios fondos
comunes. Deducidos los dividendos que se le liquidaren a favor de el (sic)
MUNICIPIO, los gastos anteriores, el saldo que resulte, se reinvertirá en
CEDENAR en nuevas acciones de la Sociedad por su valor nominal.- Si
hubiere saldo en contra de (sic) EL MUNICIPIO, se diferirá para su
cancelación posterior con futuras utilidades […]»95.
157. Como se establece de su contenido, el contrato elevado a Escritura Pública
No. 2635 del 5 de diciembre de 1960 entre el municipio de Pasto y CEDENAR
S.A. 96 comprende varias obligaciones, como pasa a explicarse.
158. La minuta de «suscripción de acciones»97 se protocolizó en la cláusula
tercera de la escritura pública No. 2635 del 5 de diciembre de 1960. De esta
forma, la Empresa se obligó a suscribir y entregar los títulos correspondientes a
415.000 acciones de esa sociedad a razón de diez pesos ($10.00) cada acción, en
total la suma correspondió a $4.150.000.
159. El pago por parte del municipio se pactó en la cláusula cuarta del acuerdo.
Ello mediante el aporte en especie de los bienes inmuebles, instalaciones,
maquinaria, equipos, y demás elementos que componen la planta hidroeléctrica
municipal del río Bobo por la suma de $5.000.000, los que se detallaron en el
contrato. El valor se determinó con base en el inventario de avalúo98 y contó con la
aprobación de la Superintendencia de Sociedades Anónimas99, de conformidad
con la normativa entonces vigente.
160. Mediante la cláusula sexta del convenio, CEDENAR se obligó de forma
simultánea con el aporte de bienes de la planta hidroeléctrica municipal del río
Bobo que hizo el ente territorial, a cancelar la obligación que el municipio de Pasto
tenía con el Banco Central Hipotecario. A la fecha de suscripción del documento,
la deuda ascendía a la suma de $540.664,32 por concepto de la financiación de
95
Folios 4 - 23 y 666 - 684 del cuaderno 3.
96
Sociedad anónima de servicios públicos mixta, constituida por Escritura Pública 2059 de 9 de
agosto de 1955, otorgada en la Notaria 5ª de Bogotá.
97
De conformidad con el artículo 384 C. de Co, la «suscripción de acciones es un contrato por el
cual una persona se obliga a pagar un aporte a la sociedad de acuerdo con el reglamento
respectivo y a someterse a sus estatutos. A su vez, la compañía se obliga a reconocerle la calidad
de accionista y a entregarle el título correspondiente.». Los artículos 126 y 52 numeral 5° de la Ley
222 de 1995, prevén que, en el contrato de sociedad, los aportes pueden ser en dinero o en
especie.
98
Aprobado por Resolución 1012 de 5 de octubre de 1960 de la Superintendencia de Sociedades
Anónimas, «Por la cual se aprueba la estimación de unos aportes en especie que se harán a una
sociedad anónima», según certificación de folio 686 vuelto.
99
Resolución 810 de 24 de agosto de 1960 protocolizada en la citada escritura pública, folio 637 y
639 cuaderno 1.
esa planta. La Empresa también se comprometió a pagar los créditos bancarios
que el ente territorial tenía a su cargo en bancos comerciales varios, todo lo
anterior hasta la suma de $850.000,00.
161. La clausula duodécima de la Escritura Pública 2635 de 1960, dejada sin
efectos por el Tribunal Administrativo de Nariño en la providencia que se revisa,
comprendió el acuerdo de prestación del servicio de alumbrado público por parte
de CEDENAR, se reitera, en los siguientes términos:
«DUOCÉCIMO: CEDENAR, se obliga a suministrar el servicio de alumbrado
público a la Ciudad de Pasto, a las tarifas que al efecto fije el Ministerio de
Fomento y con cargo a las utilidades que se liquidaren a favor del Municipio en
su carácter de accionista – El servicio comprenderá: a)- El suministro de la
energía eléctrica necesaria para el alumbrado de cada una de las zonas de la
ciudad y sus futuras extensiones, según lo que de común acuerdo,
establezcan EL MUNICIPIO Y CEDENAR.- b)- El suministro de elementos
para el citado alumbrado público de tipo de corriente, tales como bombillas, y
pantallas, siendo entendido que todo elemento de tipo ornamental, o de costo
extraordinario, será efectuado por el MUNICIPIO con sus propios fondos
comunes. Deducidos los dividendos que se le liquidaren a favor de el (sic)
MUNICIPIO, los gastos anteriores, el saldo que resulte, se reinvertirá en
CEDENAR en nuevas acciones de la Sociedad por su valor nominal.- Si
hubiere saldo en contra de (sic) EL MUNICIPIO, se diferirá para su
cancelación posterior con futuras utilidades»100.
162. Del contenido de la cláusula trascrita, la Sala establece que, además de la
obligación de prestación del servicio referido a cargo de CEDENAR, ella contiene
un acuerdo de pago con fundamento en la percepción de utilidades societarias
futuras. Estos beneficios constituían un hecho incierto e indeterminado, tal como lo
determina el artículo 182101 del Decreto 2521 de 1950102.
163. Conforme a lo anterior, la Sala considera que el acuerdo contractual se
encuadró bajo las reglas legales de la obligación denominada de «cosa futura» en
los términos del artículo 1869 del Código Civil. La norma establece que «La venta
de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo la
condición de existir, salvo que se exprese lo contrario, o que por la naturaleza del
contrato aparezca que se compró la suerte.». Si bien la regla las define en relación
con la compraventa, se observa que atañen a las reglas generales de las
100
Folios 19 vuelto y 20 del cuaderno 3.
101
«Artículo 182. La sociedad no podrá pagar dividendos sino tomándolos del beneficio líquido
establecido por los balances e inventarios aprobados por la asamblea general de accionistas.»
102
«Por el cual se reglamenta el Capítulo 2° del Título 7° del Libro 2° del Código de Comercio, la
Ley 58 de 1931, el artículo 40 de la Ley 66 de 1947 y las demás disposiciones legales vigentes
sobre sociedades anónimas.»
obligaciones, de donde se deduce que se aplican a todo tipo de compromisos
contractuales.
164. La Sala precisa que las obligaciones contraídas sobre «cosa futura»,
comportan una contingencia incierta de ganancia o pérdida. En ellas, «el objeto de
la obligación no existe pero se espera –razonablemente- que exista, asunto que
encaja perfectamente con un acuerdo en el seno de la sociedad comercial, en el
cual se somete el nacimiento de una obligación o su exigibilidad a la existencia de
las utilidades o dividendos de ejercicios subsiguientes. Como ya se advirtió, sobre
ese pacto contractual la ley civil dispone que la obligación se entiende
condicionada a la existencia de la cosa, es decir que, trasladando este tipo de
obligación al campo de la sociedad anónima, la obligación de pago así pactada se
encuentra condicionada al hecho del reparto de utilidades futuras a favor de los
accionistas.»103
165. Como se estableció, el municipio de Pasto aportó los bienes destinados al
servicio de alumbrado a CEDENAR y el pago de la energía suministrada se
sometió a la condición de utilidades futuras. En este orden, si en la sociedad se
generaban utilidades para los accionistas, con ellas el municipio de Pasto
cancelaría el costo de la energía correspondiente al alumbrado público hasta la
concurrencia del monto de las utilidades que le correspondieran. Si hubiere
excedente de utilidades a su favor, se reinvertiría en la suscripción de nuevas
acciones. Además, se estableció que en el evento en que hubiere saldo en contra
del municipio, el pago se diferiría para su cancelación posterior con futuras
utilidades.
166. Del análisis del acuerdo contenido en la Escritura Pública 2635 de 1960, la
Sala deduce que el municipio de Pasto entregó a CEDENAR la propiedad de los
bienes que en ese momento conformaban la infraestructura del alumbrado púbico
a cambio, principalmente, de su participación accionaria en la Empresa, sociedad
anónima de carácter mixto con participación de varios accionistas. Entonces, al
ingresar como accionista a partir del 1° de enero de 1961, el municipio asumió el
riesgo de mayor o menor valor del patrimonio social y el de una rentabilidad
incierta y de carácter variable.
103
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, .C.P Marta Nubia Velásquez Rico
sentencia de 10 de febrero de 2016, Rad, 19001-23-31-000-2007-00483-01(44196).
167. La Sala establece que, como consecuencia de lo anterior, las partes entraron
en una asociación de riesgo compartido en relación con el alumbrado público. El
municipio de Pasto se desprendió de su gestión en relación con el servicio a su
cargo, respecto del cual sólo se obligó a asumir el costo de elementos
ornamentales o de valor extraordinario. Por su parte, CEDENAR se comprometió a
suministrar el alumbrado público, incluidos la energía eléctrica y los elementos
necesarios para atender ese servicio, a las tarifas que fijara el Misterio de
Fomento con cargo a las utilidades futuras que el municipio obtuvieran de esa
operación. Lo anterior, además de la obligación de cancelar los créditos bancarios
que tenía el municipio en cuantía máxima de $850.000.
168. En resumen, el acuerdo al que llegaron las partes encuadra en el contrato de
suscripción de acciones en las que las entidades contratantes asumieron el riesgo
compartido propio de la actividad societaria y el de la gestión futura de la
operación social. Conforme al contenido del contrato, ambas partes tenían
obligaciones y asumían costos y riesgos, correspondiéndole a CEDENAR
suministrar la energía con el consecuente derecho al pago bajo la condición de
que se causaran utilidades a favor del municipio, las cuales solo se producirían
como resultado de la operación de la propia electrificadora. Esto conforme a las
normas de los Códigos Civil y de Comercio. De esta manera, pese a que el actor
popular adujo que el único beneficiado con el acuerdo contractual fue la Empresa
pues el municipio no ha recibido utilidades derivadas de la operación comercial de
la Planta de Río Bobo, tal situación no deviene en vulneradora de alguna garantía
colectiva.
169. En este caso, del contenido de la cláusula duodécima de la Escritura Pública
No. 2635 de 1960, antes trascrita, se establece que CEDENAR se comprometió a
prestar el servicio de alumbrado público en el municipio de Pasto; sin embargo, las
condiciones en que tal servicio debía ser prestado no pueden inferirse, en modo
alguno, a partir del contenido del referido contrato, de suerte que habrían de ser
establecidas por las partes de forma posterior. Esto último no se encuentra
acreditado en el expediente.
170. En estos términos, el solo contrato resulta insuficiente para concluir, como se
hizo en las sentencias de instancia, que CEDENAR incumplió las obligaciones
contraídas en virtud de la suscripción del acuerdo. El material probatorio allegado
a la actuación tampoco arroja certeza sobre lo aducido en la demanda, esto es,
que el negocio celebrado entre la Empresa y el municipio de Pasto únicamente
benefició al primero.
171. Establecido lo anterior, la Sala considera necesario analizar el acuerdo
contenido en la Escritura Pública No. 2635 de 1960 frente a las leyes de servicios
públicos, con el propósito de determinar si con ocasión de la normatividad que se
expidió con posterioridad a la suscripción del referido convenio, el acuerdo
configuró alguna irregularidad que transgrediera las garantías colectivas alegadas
en la demanda.
172. Como se estableció en consideración anterior, al momento de la suscripción
del acuerdo CEDENAR era una empresa de carácter mixto, constituida como
sociedad anónima. Posteriormente, el artículo 365 de la Constitución Política104
determinó la obligación a cargo del Estado de asegurar la prestación de los
servicios públicos de forma eficiente a todos los habitantes del territorio nacional y
se reservó la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Por su parte,
el artículo 367 superior105 lo habilitó para intervenir esa actividad, con la intención
de asegurar el cumplimiento de sus finalidades en esta materia.
173. En el marco de lo dispuesto en los artículos 334106, y 365 a 370 de la
Constitución Política, el legislador expidió las leyes 142107 y 143 de 1994108. La
104
«Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios
públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado,
directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía
o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra
cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o
servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha
ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.»
105
«Articulo 367. La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que
tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos.
Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las
características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y
aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación. La ley determinará
las entidades competentes para fijar las tarifas.»
106
«ARTICULO 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este
intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo,
en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y
privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo
y la preservación de un ambiente sano. El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno
empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores
ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para promover la
productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.»
107
«por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones.»
primera norma contiene un mandato de intervención estatal en los servicios
públicos y señala los fines de dicha intervención, orientados a la realización
efectiva del Estado Social de Derecho, así como los instrumentos para el
desarrollo de la misma.109
174. En cumplimiento del artículo 182110 de la Ley 142 de 1994, que ordenó que
en los casos en que la Nación o las entidades territoriales estuvieren prestando
directamente algún servicio público, debían constituir las empresas públicas
necesarias, CEDENAR se transformó en una empresa de servicios públicos mixta
constituida como sociedad anónima por acciones111. De esta manera, la Empresa
quedó sometida al régimen establecido en ella y facultada para realizar las
siguientes actividades: (i) la compra, exportación, importación, distribución y
comercialización de energía eléctrica y de otras fuentes de energía; (ii) la
construcción y explotación de fuentes de generación y subestaciones, de líneas de
transformación y redes de distribución de energía eléctrica; (iii) la compra, venta y
distribución de toda clase de elementos electromecánicos para el cumplimiento de
su objeto social, y (iv) participar como socia o accionista en sociedades o
empresas dedicadas a la realización de objetivos similares o complementarios.112
175. Por su parte, en la Resolución CREG 043 de 1995113, se definió el servicio de
alumbrado público en forma específica como el «consistente en la iluminación de
las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no
se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o
público, diferente del municipio, con el objeto de proporcionar la visibilidad
adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como
peatonales. También se incluirán los sistemas de semaforización y relojes
108
«por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución
y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se
dictan otras disposiciones en materia energética.»
109
Sentencia C-150 de 2003.
110
«ARTÍCULO 182. FORMACIÓN DE EMPRESAS NUEVAS. Cuando la Nación o las entidades
territoriales hayan estado prestando directamente un servicio público, deberán constituir las
empresas de servicios públicos necesarias, dentro del plazo de dieciocho (18) meses contados a
partir de la publicación de la presente Ley, salvo en los casos contemplados en el artículo 6 de esta
Ley. A ellas podrán aportar todos los bienes y derechos que venían utilizando con ese propósito, y
otros adicionales. Las nuevas empresas podrán asumir los pasivos de las entidades oficiales que
prestaban el servicio, sin el consentimiento de los acreedores, pero quienes prestaban el servicio
seguirán siendo deudores solidarios.»
111
Por escritura No. 2728 de julio 27 de 1.995, CEDENAR se conformó como Sociedad Anónima
por Acciones
112
Según se analizó en el Anexo Conpes 3519 de 12 de mayo de 2008.
113
«Por la cual se regula de manera general el suministro y el cobro que efectúen las empresas de
Servicios Públicos Domiciliarios a municipios por el servicio de energía eléctrica que se destine
para alumbrado público.»
electrónicos instalados por el municipio. Por vías públicas se entienden los
senderos peatonales y públicos, calles y avenidas de tránsito vehicular.» y se
determinaron los sistemas tarifarios, de facturación y de pago. Al fijar el
mecanismo de recaudo en su artículo 9°, la norma estableció que «El municipio es
responsable del pago del suministro, mantenimiento y expansión del servicio. Este
podrá celebrar convenios con las empresas de servicios públicos, con el fin de que
los cobros se efectúen directamente a los usuarios, mediante la utilización de la
infraestructura de las empresas distribuidoras.»
176. Ahora, conforme al contenido del artículo 86114 de la Ley 142 de 1994, parte
del convenio comprendido en la Escritura Pública No. 2635 de 1960 se volvió de
imposible cumplimiento, pues a falta de un pacto sobre el precio de la energía
requerida por el municipio para atender el alumbrado público quedó en oposición
del sistema tarifario de las empresas de servicios públicos, establecido en su
Título VI, específicamente en lo que tiene que ver con los métodos de facturación
previstos en la norma como imperativos. Esto a partir del 1º de enero de 1997,
fecha en la cual culminó el término de la transitoriedad establecida en el artículo
10 de la Resolución CREG 043 de 1995, como pasa a explicarse.
177. La Sala precisa que las Leyes 142 y 143 de 1994 impusieron a las empresas
prestadores el deber de cobrar el costo del servicio. Ese mandato fue desarrollado
por medio de la referida Resolución CREG 043 de 1995, «Por la cual se regula de
manera general el suministro y el cobro que efectúen las empresas de Servicios
Públicos Domiciliarios a municipios por el servicio de energía eléctrica que se
destine para alumbrado público.»
178. La norma, en su artículo 2°, fija la responsabilidad que le asiste a las
entidades involucradas en la prestación del servicio público de alumbrado, en los
siguientes términos:
114
«Artículo 86. El régimen tarifario. El régimen tarifario en los servicios públicos a los que esta Ley
se refiere, está compuesto por reglas relativas a: 86.1. El régimen de regulación o de libertad. 86.2.
El sistema de subsidios, que se otorgarán para que las personas de menores ingresos puedan
pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas. 86.3.
Las reglas relativas a las prácticas tarifarias restrictivas de la libre competencia, y que implican
abuso de posición dominante.86.4. Las reglas relativas a procedimientos, metodologías, formulas,
estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que
determinan el cobro de las tarifas.”
Ley 142 de 1994. “Artículo 87. Criterios para definir el régimen tarifario. El régimen tarifario estará
orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución,
suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. (…).»
«Artículo 2º.Responsabilidad en las etapas de prestación del servicio de
alumbrado público.
Es competencia del municipio prestar el servicio de alumbrado público dentro
del perímetro urbano y el área rural comprendidos en su jurisdicción.
El municipio es responsable del mantenimiento de los postes, redes,
transformadores exclusivos para alumbrado público, luminarias y demás
elementos destinados para la prestación del servicio de alumbrado público en
los términos que se señalen en el convenio o contrato respectivo, para lo cual
se tendrá en cuenta la propiedad de las redes y demás elementos destinados
al servicio. Deberá, igualmente, velar por la incorporación de los avances
tecnológicos que permitan hacer un uso más eficiente de la energía eléctrica
destinada para tal fin, así como la de elementos que ofrezcan la mejor calidad
de iluminación, según la capacidad de económica del municipio. Para realizar
el mantenimiento se debe tener en cuenta la norma técnica colombiana
correspondiente.
También le corresponde al municipio desarrollar la expansión de su sistema
de alumbrado público, sin perjuicio de las obligaciones que señalen las
normas urbanísticas o de planeación municipal a quienes acometan proyectos
de desarrollo urbano.
El suministro de la energía eléctrica para el servicio de alumbrado público es
responsabilidad de la empresa distribuidora o comercializadora con quien el
municipio acuerde el suministro, mediante convenios o contratos celebrados
con tal finalidad. Las características técnicas de la prestación del servicio se
sujetarán a lo establecido en los Códigos de Distribución y de Redes.
El municipio podrá realizar el mantenimiento y la expansión por su propia
cuenta o mediante convenio o contrato celebrado con la misma empresa de
servicios públicos que le suministre la energía eléctrica o con cualquier otra
persona natural o jurídica que acredite idoneidad y experiencia en la
realización de dichas labores. En todo caso, dichas actividades se cumplirán
con sujeción a la normalización técnica aplicable.»
179. De lo anterior, se establece que los municipios son los responsables ante la
empresa distribuidora por el pago del consumo de energía que se utiliza para
atender el servicio de alumbrado. Además, esos entes territoriales deben procurar
por el mantenimiento y expansión de la red a través de la cual se presta. Para
cumplir con ese deber pueden contratar su prestación con cualquier empresa
distribuidora del país, quien responderá por el suministro de la energía eléctrica
para el servicio de alumbrado público.
180. Con el propósito de permitir a los municipios apropiar los recursos
presupuestales para atender esa responsabilidad, la CREG modificó la Resolución
043 de 1995, mediante el artículo 10° de la Resolución 043 de 1996, en lo
referente al plazo para adecuar mecanismos administrativos, fijándolo hasta el 30
de junio de 1996.115
181. Entonces, como el último aparte de la cláusula décima segunda de la referida
escritura establecía que: «Deducidos los dividendos que se le liquidaren a favor de el
(sic) MUNICIPIO, los gastos anteriores, el saldo que resulte, se reinvertirá en CEDENAR
en nuevas acciones de la Sociedad por su valor nominal.- Si hubiere saldo en contra de
(sic) EL MUNICIPIO, se diferirá para su cancelación posterior con futuras utilidades
[…]», tal estipulación entró en contradicción con la referida Ley 142 de 1994, toda
vez que se refiere al pago con utilidades. De manera que por contener una forma
de pago distinta a la que se estableció para los demás usuarios del sector oficial,
no era posible seguir dando aplicación a esta parte del acuerdo.
182. Como consecuencia de lo anterior y ante la falta de negociación de precio116,
el acuerdo que facultaba al municipio para diferir el pago del servicio de energía
suministrada al alumbrado público en forma indeterminada sujeta a los ejercicios
sociales subsiguientes y de resultado incierto, esto es, con cargo a utilidades, tal
modalidad no podía aplicarse para los consumos realizados a partir de su
transformación como empresa de servicios públicos domiciliarios mixta. En
cambio, la Empresa debió dar aplicación a la integración normativa bajo la
modalidad impuesta por la regulación.
183. Ahora bien, la Sala señala que con ocasión de la expedición de la nueva
normatividad, es decir, las Leyes 142 y 143 de 1994 y la Resolución CREG 043 de
1995, el acuerdo contenido en la cláusula décima segunda de la Escritura Pública
No. 2635 de 1960, referido al pago del servicio de alumbrado con cargo a
utilidades futuras, no quedó por ese sólo hecho incurso en alguna prohibición
legal, toda vez que esas normas regularon materias que eran nuevas, tales como
el precio libre o negociado para el caso de los usuarios no regulados y el sistema
de facturación y pago dispuesto para los usuarios regulados. Así, en ausencia de
pacto específico, quedaron integradas al contrato primigenio.
115
«ARTICULO 10o. TRANSICION. Los municipios y las empresas distribuidoras o
comercializadores de energía eléctrica tendrán plazo hasta el 30 de junio de 1996 para adecuar
sus mecanismos administrativos de operación, y aplicar la presente resolución. No obstante, las
empresas distribuidoras continuarán prestando el servicio en los términos acordados en los
convenios que hubieren celebrado con las entidades territoriales que se encuentren vigentes y no
resulten contrarias a las disposiciones legales aplicables a esta materia.»
116
Esto solo ocurrió en el año 2003, por medio del Acuerdo No. 031 de 23 de diciembre de ese
año, según se establece del folio 313 del cuaderno 3.
184. Como se extrae de la definición del servicio de alumbrado público, realizado
en consideración anterior, él comprende una infraestructura específica cuya
administración genera costos particulares y distintos de los de la energía
domiciliaria. En consecuencia, el cobro del servicio que se implementó no deviene
en ilegal, como se aduce en la demanda, pues CEDENAR tenía derecho a recibir
el pago del servicio público de alumbrado que prestó, de acuerdo con el marco
legal y regulatorio, a cargo del municipio de Pasto.
185. Posteriormente, el Decreto 2426 de 2006 «por el cual se regula la prestación
del servicio de alumbrado público», estableció en su artículo 9° que los municipios
podrían cobrar dicho servicio en las facturas de servicio público domiciliario,
aspecto que también fue señalado en el artículo 29 de la Ley 1150 de 2007, en los
siguientes términos:
«ARTÍCULO 29. ELEMENTOS QUE SE DEBEN CUMPLIR EN LOS
CONTRATOS ESTATALES DE ALUMBRADO PÚBLICO. Todos los contratos
en que los municipios o distritos entreguen en concesión la prestación del
servicio de alumbrado público a terceros, deberán sujetarse en todo a la
Ley 80 de 1993, contener las garantías exigidas en la misma, incluir la
cláusula de reversión de toda la infraestructura administrada, construida o
modernizada, hacer obligatoria la modernización del Sistema, incorporar en el
modelo financiero y contener el plazo correspondiente en armonía con ese
modelo financiero. Así mismo, tendrán una interventoría idónea. Se
diferenciará claramente el contrato de operación, administración,
modernización, y mantenimiento de aquel a través del cual se adquiera la
energía eléctrica con destino al alumbrado público, pues este se regirá por las
Leyes 142 y 143 de 1994. La Creg regulará el contrato y el costo de
facturación y recaudo conjunto con el servicio de energía de la
contribución creada por la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915 con destino a la
financiación de este servicio especial inherente a la energía. Los
contratos vigentes a la fecha de la presente ley, deberán ajustarse a lo
aquí previsto.»
Negrillas de la Sala.
186. Frente a las anteriores normas, la posición de esta Corporación ha sido
pacífica en torno a la posibilidad de cobrar el impuesto de alumbrado público a los
usuarios del servicio de alumbrado, a través de la factura de servicios públicos
domiciliarios117. De esta manera el cobro por el servicio de alumbrado público a
cargo de los entes territoriales o de los usuarios tiene fundamento legal.
187. La Sala advierte que el actor popular pidió la protección de los derechos
colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público y como
117
Tal como se expuso en sede de revisión eventual. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Décima Especial de Decisión. C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez,
sentencia de 2 de febrero de 2021, Radicación número: 08001-33-31-001-2007-00199-01(AP)REV
(07-00199).
consecuencia de ello, solicitó que se ordenara la devolución de la Planta
Hidroeléctrica del Río Bobo al municipio de Pasto. Por su parte, el tribunal dejó sin
efectos la cláusula duodécima de la Escritura Pública 2635 de 5 de diciembre de
1960, que hace referencia a la obligación de la Empresa de suministrar el servicio
de alumbrado público al municipio de Pasto y el pago de ese servicio con cargo a
sus utilidades futuras y ordenó a CEDENAR S.A E.S.P, que en el término de seis
(6) meses contados a partir de la ejecutoria de ese fallo, restituyera a ese ente
territorial el valor de adquisición de las 415.000 acciones debidamente indexado
desde el 1° de enero de 1961 y hasta su ejecutoria, disposiciones que equivalen a
la nulidad del contrato; sin embargo, de lo examinado no se evidencia la
configuración de alguna causal que habilitara tal declaración anulatoria ni mucho
menos que esto procediera en sede popular.
188. Además, la Sala precisa que si bien, en principio, el incumplimiento
contractual pudiera generar alguna vulneración de un derecho colectivo, esto no
se probó en el caso analizado. Se reitera que del contenido del contrato elevado a
la Escritura Pública No. 2635 de 1960, se establece que CEDENAR se
comprometió a prestar el servicio de alumbrado público en el municipio de Pasto;
sin embargo, la forma y las condiciones en que tal servicio debía ser prestado no
pueden inferirse de ese acuerdo. Tampoco es posible aceptar, como se aduce en
la demanda, que la Empresa tuviera a cargo la prestación del referido servicio sin
recibir a cargo contraprestación alguna o con el solo traspaso de la planta de la
Hidroeléctrica del Río Bobo, pues como se estableció, ello obedeció al contrato de
suscripción de acciones estudiado en el que se difirió el pago del alumbrado
público con cargo a utilidades futuras.
189. Como se indicó, el artículo 44 de la Ley 80 de 1993 no consagra el
incumplimiento del contrato como causal de nulidad absoluta118. También se
determinó que conforme el artículo 45 ibídem119 sólo están legitimados para
118
ARTICULO 44. DE LAS CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA. Los contratos del Estado son
absolutamente
nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando:
1o. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en
la Constitución y
la ley;
2o. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal;
3o. Se celebren con abuso o desviación de poder.
4o. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y
5o. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 sobre
tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata esta
ley.
119
Modificado por el inciso 3o. del artículo 32 de la Ley 446 de 1998
demandar la nulidad absoluta del contrato, las partes, el Ministerio Público o
cualquier tercero que acredite un interés directo en el mismo, o podrá ser
declarada de oficio por el juez cuando esté plenamente demostrada y siempre que
en el proceso intervengan las partes o sus causahabientes.
190. En el mismo sentido, conforme al Estatuto Contractual, la terminación y
liquidación del contrato incumbe a las partes. Así, la Sala observa que, ante un
eventual incumplimiento, ellas están habilitadas para acudir al juez del contrato a
través del medio de control de controversias contractuales establecido en el
artículo 141 del CPACA que prescribe su procedencia para pedir el
reconocimiento de perjuicios por el referido incumplimiento. Tales pretensiones no
pueden ser pedidas por alguien ajeno al contrato ni es posible alegar garantía de
resultado de la operación societaria, pues en este caso las partes sometieron el
pago del servicio a la condición de utilidades futuras.
191. Ahora, en gracia de discusión, ante la evidencia de algún detrimento
patrimonial que sufriera la entidad u omisión por parte de los servidores de
declarar algún supuesto incumplimiento, lo que procedería es el adelantamiento
de las respectivas actuaciones fiscales y disciplinarias. Lo anterior, dentro del
marco de las competencias asignadas a los entes correspondientes, para
determinar las posibles responsabilidades pero no declarar la nulidad del contrato
y mucho menos en el marco de la acción popular.
192. En el caso analizado, tampoco procedía la aplicación del artículo 1544 del
Código Civil120, tal como se dispuso en las sentencias de instancia, en cuanto
ordenaron la restitución al municipio de Pasto del valor de las 415.000 acciones
con los intereses correspondientes. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el
contrato elevado a la Escritura Pública No. 2635 de 1960 no se estableció alguna
condición resolutoria y que, en todo caso, se determinaron prestaciones y
obligaciones a cargo de ambas partes. En efecto, además de las obligaciones ya
analizadas, la Empresa se obligó a cancelar las obligaciones que tenía el
municipio de Pasto con bancos comerciales por la suma de $850.000 y el ente
120
Artículo 1544. Cumplimiento de la condición resolutoria. Cumplida la condición resolutoria,
deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición, a menos que ésta haya sido puesta
en favor del acreedor exclusivamente, en cuyo caso podrá éste, si quiere, renunciarla; pero será
obligado a declarar su determinación, si el deudor lo exigiere.
territorial quedó a cargo de mantener la red de alumbrado público entregada a
CEDENAR.
193. Conforme se indicó en consideración anterior, en el contrato de suscripción
de acciones la calidad de accionista presupone la efectiva realización de un aporte
al capital de la sociedad anónima o la adquisición de la acción por alguno de los
modos consagrados en la ley. En este caso, de la revisión del contenido del
contrato elevado a la Escritura Pública No. 2635 de 1960, la Sala establece que
ello tuvo lugar en este caso, toda vez que la participación económica del socio
municipio de Pasto a la sociedad CENDENAR S.A se concretó en la trasferencia
de los bienes inmuebles que conforman la Planta Hidroeléctrica del Río Bobo a
cambio de $850.000 y de las 415.000 acciones de la sociedad.
194. En resumen, analizado el contrato de suscripción de acciones elevado a la
Escritura Pública No. 2635 de 1960, suscrito por el municipio de Pasto y
CEDENAR, la Sala no evidencia la vulneración de las garantías colectivas a la
moralidad administrativa o el patrimonio público, alegadas en la demanda.
3. Creación del Servicio Público de alumbrado de Pasto – SEPAL S.A E.S.P.
195. La posterior constitución de la SEPAL S.A E.S.P. en el año 2003, y el
traslado de la prestación del servicio público de alumbrado a esa Empresa,
tampoco comporta, por sí sola, incumplimiento del contrato o alguna irregularidad
que configure la trasgresión de los derechos e intereses colectivos a la moralidad
y al patrimonio público, como se explica a continuación.
196. La Sala observa que la creación de la empresa SEPAL S.A. E.S.P, se
dispuso por medio del Acuerdo 008 de 30 de abril de 2003 del Concejo de
Pasto121. Su constitución se protocolizó mediante la Escritura Pública No. 4039 de
4 de noviembre de ese año como una empresa de naturaleza mixta por acciones,
con aportes estatales y del sector privado con el objetivo de prestar el servicio de
alumbrado público en el sector urbano y rural de ese municipio.
197. Del análisis de los antecedentes de la anterior decisión, contenidos en los
Acuerdos Municipales 031 de 23 de diciembre de 2003 y 038 de 19 de diciembre
de 2004, además de las Actas 006, 061, 063, 066, 071, 073, 084, 085, 086, 089,y
121
Folios 304 a 306 del cuaderno 3
090 de 203 del Concejo de Pasto122, se establece que ella se tomó de forma
autónoma por parte del ente territorial con el propósito de administrar de mejor
manera el servicio público de alumbrado público, al considerar ese ente
coadministrador que la operación de CEDENAR arrojaba pérdidas para los socios.
198. De las pruebas allegadas al expediente, se estableció que el 15 de febrero de
2004 el municipio de Pasto y SEPAL S.A suscribieron un contrato
interadministrativo de concesión123, a través del cual el ente territorial le otorgó a la
segunda la prestación del servicio de alumbrado público a cambio de las tasas
fijadas. En ese acuerdo también se dispuso que la prestación de ese servicio
público a cargo de CEDENAR S.A E.S.P. «se debe proceder a liquidar». De lo
expuesto, es posible establecer que la decisión de crear una nueva empresa
administradora se tomó por parte del ente territorial de forma autónoma como
responsable del suministro, mantenimiento y expansión del referido servicio
público.
199. El subgerente de Distribución y Generación (E) de la Empresa certificó que la
energía generada en la P.CH Río Bobo es de uso genérico y que, por su condición
de ser interconectada, se utiliza para alimentar diferentes usuarios de la red,
incluido el alumbrado público. En esa oportunidad, indicó que las condiciones del
mercado actuales hacen que la energía generada se reporte al Mercado de
Energía Mayorista y se contempla en la liquidación total de la energía que
demanda CEDENAR S.A E.S.P. como comercializador. De esta forma, no hay
posibilidad de encausar la energía directamente a suplir las necesidades de
alumbrado público, el uso es genérico y la generación de energía en la planta
participa en un porcentaje de la demanda total del sistema eléctrico de la
empresa124.
200. La Sala además observa que CEDENAR S.A E.S.P. pasó a ser socio de
SEPAL, de manera que además de suministrar principalmente el servicio de
energía y sus conexos, participa de forma indirecta de la prestación del referido
servicio público. En efecto, según la Escritura Pública 4039 de 4 de noviembre de
2003 de la Notaría Tercera de Pasto y los Títulos Nos. 224 y 225 de noviembre de
2004, la Empresa adquirió 77.186 acciones ordinarias de SEPAL S.A. por un valor
de $771.860.000. A 28 de julio de 2009, CEDENAR S.A E.S.P poseía 132.455
122
Folios 136 a 206 del cuaderno 3
123
Folios 312 vuelto a 314 del cuaderno 3
124
Folios 637 -638
acciones que representaban el 33.47% de participación patrimonial,
correspondientes a $1.324.550.000.125
4. Sobre la presunta disminución accionaria del municipio de Pasto en
CEDENAR S.A E.S.P.
201. En la demanda también se alegó que las garantías colectivas de la moralidad
y el patrimonio público resultaron transgredidas con la disminución de la
participación accionaria del municipio de Pasto en CEDENAR S.A E.S.P; no
obstante, ese hecho no constituye lo afirmado, según las pruebas allegadas al
expediente.
202. En efecto, la contadora de la empresa CEDENAR S.A E.S.P hizo constar tal
participación, así: i) 1985-1973= 2.737671%, ii) 1991-1986= 2.737671%, iii) 1996-
1992= 2.737671%, iv) 1999-1997 = 0.0173035%, iv) 2003-2000=0.0134497% y v)
2008-2004 = 0.0047152%. En la misma certificación esa profesional explicó que lo
anterior obedeció a: i) la suscripción y pago de 2.473.476.406 acciones por valor
de $24.734.764.070 en diciembre de 1997 por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, ii) la suscripción y pago de 713.244.114 acciones por valor de
$7.132.441.140 en noviembre de 2000 por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y iii) la suscripción y pago de 5.932.350.870 acciones por valor de
$59.323.508.700 en diciembre de 2004 por parte del IPSE.126
203. Por su parte, el jefe de la División de Operaciones de CEDENAR S.A E.SP,
mediante memorando de 30 de julio de 2009 dirigido a la jefe de la Oficina Jurídica
de la misma entidad indicó que «los activos listados conforman las redes
ensanchadas de Alumbrado Público valorizadas a diciembre de 2003; comparando
los activos constituidos en acciones en SEPAL en el año 2004 contra lo recibido
en 1960 del municipio se observa un crecimiento importante en redes de
alumbrado público y valor de las mismas.»127
204. De todo lo anterior, es posible deducir que los aspectos y circunstancias a
que se han hecho referencia en consideraciones anteriores corresponden al
normal giro de la operación societaria y que de las pruebas allegadas no se
125
Folios 640 vuelto y 645
126
Folios 645 vuelto
127
Folios 653
establece el desmejoramiento de las condiciones del municipio de Pasto como
socio de la Empresa ni el detrimento de los recursos públicos.
5. Sobre la conciliación celebrada entre el municipio de Pasto y CEDENAR
S.A E.S.P por concepto de costo por la prestación de servicio de alumbrado
público desde 1960 hasta el 30 de junio de 2002.
205. El 17 de marzo de 2003, CEDENAR S.A E.SP y el municipio de Pasto
celebraron un acuerdo conciliatorio ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Pasto, en la que el ente territorial reconoció que adeudaba a la Empresa la suma
de $7.574.323.386 por concepto de los costos en que esta última incurrió en la
prestación del servicio de alumbrado público a la entidad territorial desde 1960
hasta el 30 de junio de 2002.
206. Como se estableció, el municipio de Pasto es el responsable del pago del
suministro, mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado eléctrico.
Entonces, tal pago debía efectuarse conforme a lo convenido en la Escritura
Pública No. 2635 de 5 de diciembre de 1960, de manera que lo reconocido por
esa obligación encuentra sustento legal en el mencionado acuerdo y en las
normas antes referidas y fáctico en el hecho de que el servicio fue efectivamente
suministrado por CEDENAR S.A. E.S.P.
207. La Sala establece que en esa oportunidad el municipio se comprometió a
adelantar las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público con el fin de obtener el pago de la referida suma a favor de la a ese
momento comercializadora, teniendo en cuenta que no se habían liquidado ni
pagado utilidades a favor de municipio. Además se acordó que en el caso de que
no se obtuviere el pago por parte de la Nación o este fuere parcial, el cobro del
saldo adeudado se haría con cago a las utilidades que se liquidaren en CEDENAR
S.A E.S.P a favor del socio municipio de Pasto.128
208. Para cumplir con lo conciliado, se aplicó el giro del Fondo Nacional de
Regalías por el valor de $7.439.949.404 correspondiente al capital y se castigaron
los recargos por valor de $134.373.982. Los datos que soportaron el valor
conciliado se certificaron hasta el 30 junio de 2002.
128
Folios 647 - 650
209. Según constancia emitida por la profesional especializada de la entidad
demandada129, el 5 de abril de 2004 el Fondo Nacional de Regalías giró el valor de
$12.753.179.447 a favor de CEDENAR S.A E.S.P por concepto de pago de la
deuda de los entes territoriales, en virtud de la Ley 859 de 2003 que modificó la
distribución y porcentaje de destinación de algunos recursos administrados por la
Dirección General del Tesoro Nacional y que no habían sido apropiados en el
Fondo Nacional de Regalías. La misma dependencia certificó los pagos que
realizó a favor de SEPAL, en los años 2004 al 2009 por concepto de excedentes
de alumbrado público.130
210. Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que la actuación descrita no
comporta la vulneración alegada en la demanda porque ella encuentra
fundamento legal y obedeció al pago del servicio de alumbrado a cargo de la
entidad territorial, con fundamento en el marco regulatorio expuesto en
consideraciones anteriores.
211. En conclusión, en el caso concreto no se probó de forma precisa que con
ocasión de la suscripción y ejecución del contrato de suscripción de acciones
elevado a Escritura No. 2635 de 5 de diciembre de 1960 se hubiera afectado el
patrimonio público del municipio de Pasto, conforme lo explicado en
consideraciones anteriores, toda vez que: i) no se evidenció el incumplimiento por
parte de CEDENAR S.A E.S.P al referido contrato, ii) el valor de las acciones de la
sociedad se incrementó; iii) la disminución de la participación accionaria del ente
territorial obedeció al aumento de ella por parte de la Nación; y, iv) no se acreditó
que con la creación de la empresa SEPAL S.A para la prestación del servicio
público de alumbrado se hubiera configurado vulneración o trasgresión a alguna
garantía colectiva.
212. La Sala observa que al momento de ser seleccionado el proceso para
revisión no se dispuso la suspensión de lo ordenado por el Tribunal Administrativo
de Nariño en la sentencia de 4 de mayo de 2011 y que en el expediente no obra
alguna prueba que acredite su cumplimiento; sin embargo, considera que es
pertinente ordenar la restitución de las actuaciones que se hubieren adelantado
para acatar la providencia que se revoca. El Juez Octavo Administrativo del
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«Por la cual se modifica el parágrafo 1º del artículo 35 transitorio de la Ley 756 de 2002.»
Circuito de Pasto ejecutará esta orden y adoptará las medidas a que haya lugar,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 274.6 del CPACA131.
213. Por las razones expuestas, la Sala decidirá en el sentido de revocar la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño del 4 de mayo de 2011
y adicionada el 8 de junio de la misma anualidad, pues no se probó la vulneración
de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y el patrimonio público,
invocados en la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Diez Especial de Decisión
de lo Contencioso Administrativo,
RESUELVE:
PRIMERO: Se unifica la jurisprudencia respecto de la competencia del juez de la
acción popular en materia de contratos, en los siguientes términos:
En las acciones populares iniciadas antes de la expedición de la Ley 1437 de
2011, el juez no tiene la facultad de anular los contratos administrativos que
considere causa de la amenaza o violación de derechos colectivos. En estos
casos, el juez podrá adoptar las medidas materiales que los garanticen; para el
efecto, tiene la posibilidad de emitir cualquier otra orden de hacer o no hacer que
considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto.
SEGUNDO: Se advierte a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con el tema objeto de unificación,
constituyen precedente y tendrán aplicación en las decisiones judiciales que se
profieran a partir de la fecha.
TERCERO: Se revoca la sentencia del 4 de mayo de 2011, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, que modificó la providencia del 23 de julio de
2010, dictada por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto,
131
Artículo 274. Competencia y trámite.
[…]
6. Si prospera la revisión, total o parcialmente, se invalidará, en lo pertinente, la sentencia o el auto,
y se dictará la providencia de reemplazo o se adoptarán las disposiciones que correspondan,
según el caso. Si la sentencia impugnada se cumplió en forma total o parcial, la Sentencia de
Unificación dejará sin efectos los actos procesales realizados y dispondrá que el juez inferior
ejecute las órdenes sobre las restituciones y adopte las medidas a que haya lugar.
conforme con las consideraciones expuestas. En su lugar, se niegan las
pretensiones de la demanda.
CUARTO: Se ordena la restitución de las actuaciones que se hubieren adelantado
para acatar la providencia que se revoca. El Juez Octavo Administrativo del
Circuito de Pasto ejecutará esta orden y adoptará las medidas a que haya lugar,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 274.6 del CPACA
QUINTO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de
origen, para lo de su competencia.
Notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Magistrada
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ A.
Magistrada Magistrada
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado Magistrado
Salvamento parcial de voto
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