Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-31-000-2007-00483-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2016 › Radicado 19001-23-31-000-2007-00483-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Recurso de apelación: competencia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-31-000-2007-00483-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 19001-23-31-000-2007-00483-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
10 de febrero de 2016
CONTRATO DE SUMINISTRO - Objeto / OBJETO CONTRATO DE SUMINISTRO - Prestación del servicio de alumbrado público a Municipio de Miranda / ACUERDO CONTRACTUAL - Entre municipio de Miranda y Centrales Eléctricas del Cauca suscrito para celebrar contrato de compraventa de acciones y contrato de suministro de energía eléctrica / CONTRATO DE COMPRA VENTA DE ACCIONES - Celebrado entre municipio como acreedor y empresa de servicios públicos como vendedor / ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Por no pago de servicio de alumbrado público prestado por Centrales Eléctricas del Cauca a Municipio de Miranda / PRESTACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO - Acuerdo de pago / ACUERDO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO - Consistió en distribuir las utilidades de los accionistas, para que el Municipio como socio de la empresa distribuidora, pagara con dichas utilidades el servicio / ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Por incumplimiento en la ejecución de acuerdo de pago / SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO - Obligación asumida y prestada por Municipio de Miranda y Centrales Eléctricas del Cauca mediante convenio societario
El municipio entregó a CEDELCA la propiedad de los bienes que en ese momento conformaban la infraestructura del alumbrado púbico, a cambio de su participación accionaria en CEDELCA, sociedad comercial de economía mixta, cuyo objeto era la gestión industrial y comercial de las plantas de energía. Por el hecho de constituirse en socio, el municipio tomó el riesgo de mayor o menor valor del patrimonio social y el de una rentabilidad incierta y de carácter variable, en razón de la propiedad accionaria en la que entró a participar. (…) el acuerdo entre CEDELCA y el municipio de Miranda no era de prestación de servicios a cambio de un precio o tarifa fija, sino que constituyó una asociación de dos entes públicos para la gestión orientada a llevar el servicio de alumbrado público a la comunidad del municipio, en la cual ambas partes tenían obligaciones y asumían costos y riesgos, correspondiendo a CEDELCA suministrar la energía con el consecuente derecho al pago bajo la condición de que se causaran utilidades a favor del municipio, las cuales solo se producirían como resultado de la operación de la propia electrificadora, que, dicho sea de paso, no era una sociedad creada exclusivamente para administrar la red del alumbrado del municipio de Miranda, habida cuenta que existían otros municipios y entidades públicas accionistas y que el objeto social inicialmente concebido estaba destinado, en general, a las actividades en relación con la explotación industrial y comercial de energía para la prestación del servicio en el departamento del Cauca.
RECURSO DE APELACION - Competencia / COMPETENCIA DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - Para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas cuando la controversia es de naturaleza contractual. Fundamento normativo / COMPETENCIA DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - Conoce de controversias provenientes de contratos celebrados por entidades estatales
El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la época en que se presentó la demanda, le asignó a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el objeto de “juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas” por lo cual esta Jurisdicción Especializada resulta competente para conocer de la presente controversia, teniendo en cuenta que el contrato acusado fue celebrado entre dos entidades estatales, de una parte CEDELCA, sociedad economía mixta con participación estatal superior al 99,9% del capital social, de acuerdo con la certificación de composición accionaria obrante en el plenario y, de la otra parte, el municipio de Miranda, entidad territorial de carácter estatal.
FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 82
CADUCIDAD ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Regulación legal. Ley 153 de 1887, norma vigente al momento de los hechos / CADUCIDAD ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Opera en distinta forma según hechos y pretensiones de la demanda
Teniendo en cuenta que existen diversos fundamentos de hecho y de derecho objeto de controversia, debe precisarse que la caducidad de la acción en relación con las pretensiones se establece, en cada caso, bajo la norma que se encontraba vigente en el momento en que sucedieron los hechos que dan lugar a que empiece a correr el término legal para la configuración de la caducidad de la acción. Con apoyo en la interpretación sistemática de los artículos 38 y 40 de la Ley 153 de 1887, la Sala reitera el pronunciamiento de la Subsección A en orden a distinguir la naturaleza procesal de las normas relativas a la caducidad de la acción contractual y el imperativo de aplicar, para efectos de establecer la oportunidad en el ejercicio de la acción, la normatividad vigente al momento que ocurre el supuesto que permite acudir a la jurisdicción.
FUENTE FORMAL: LEY 153 DE 1887 - ARTICULO 38
PRETENSIONES ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Principal y subsidiarias / PRETENSION PRINCIPAL - Nulidad absoluta del contrato / PRETENSIONES SUBSIDIARIAS - Declaratoria de desequilibrio económico, resolución del contrato e indemnización de perjuicios / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO - Invocada en razón a distintos hechos y actos / IMPROCEDENCIA DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO - Por caducidad de la acción frente a distintos hechos ocurridos en etapas contractuales
La demandante planteó una pretensión principal de nulidad absoluta del contrato y tres subsidiarias en las cuales solicitó declarar el desequilibrio económico, la resolución del contrato o la indemnización de perjuicios, en su orden. En cada una de las pretensiones citadas, la parte actora incluyó, en forma idéntica, la pretensión consecuencial orientada a obtener la condena al municipio por el valor de los servicios prestados más los intereses causados.
HECHOS FRENTE A LOS QUE OPERÓ CADUCIDAD DE PRETENSION PRINCIPAL DE NULIDAD ABSOLUTA DE CONTRATO - Perfeccionamiento del contrato, reconocimiento de obligación de pago asumido por el municipio demandado y deuda por saldo reconocido y no pagado / HECHO DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO - Ocurrió en vigencia de Ley 50 de 1963 que regulaba la prescripción ordinaria de 20 años / HECHO DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION DE PAGO - Ocurrió en vigencia Ley 446 de 1998 que dispuso como término de caducidad de la acción contractual, dos años contados a partir del acaecimiento del hecho / HECHO DE DEUDA POR SALDO RECONOCIDO Y NO PAGADO - No pudo ser objeto de estudio por operar caducidad de la acción contractual al transcurrir más de dos años desde la formalización del reconocimiento de la obligación
La Sala advierte que no puede abocar el conocimiento de la nulidad absoluta del contrato por hechos relacionados con su perfeccionamiento ocurrido el 20 de septiembre de 1962, toda vez que para esa fecha resultaba aplicable la prescripción ordinaria de 20 años derivada del Código Civil, tal como fue modificada por la Ley 50 de 1936. Lo anterior teniendo en cuenta que bajo esa legislación el término de la prescripción acaeció el 20 de septiembre de 1982 y en este caso la demanda se presentó el 5 de octubre de 2007. ii) Si se interpreta que el demandante invocó una nulidad sobreviniente con ocasión de los hechos y normas jurídicas relacionados con el reconocimiento de la obligación a junio 30 de 2002 y su posterior orden de pago, también se llega a concluir que tuvo lugar la caducidad de la acción contractual sobre la respectiva controversia, toda vez que los supuestos se ubicaron por la demandante en torno al reconocimiento de obligaciones y al pago que fue dispuesto a partir de la entrada en vigencia de las Leyes 756 de 2002 y 859 de 2003, mediante las cuales se estableció una fuente de recursos del Tesoro Nacional destinada a las obligaciones vigentes a 30 de junio de 2002 por concepto de suministro de energía eléctrica y servicio de alumbrado público. La anterior conclusión se apoya en el hecho de que para el 30 de junio de 2002 y para la fecha en la que se dispuso el pago, el término de caducidad de la acción era de dos años contados a partir de la ocurrencia de los respectivos hechos, de conformidad con el inciso primero del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por la Ley 446 de 1998. En relación con los hechos referidos al tratamiento de las obligaciones a junio 30 de 2002, al abono realizado a través del Fondo Nacional de Regalías y al saldo supuestamente reconocido y no pagado, el término de caducidad para entablar la acción de controversias contractuales empezó a correr a partir de la fecha en que se formalizó el reconocimiento de las obligaciones, inicialmente a través de la Resolución 18 1726 de 30 de diciembre de 2003 y, luego, mediante su ajuste contenido en Resolución 18 0324 de 24 de marzo de 2004, ambas expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, o, si se quiere, a partir de la fecha en que se determinó el abono y se dejó un saldo insoluto, por manera que en cualquier caso la caducidad para incoar la acción contractual con fundamento en los eventos contractuales ocurridos al amparo de tales actos jurídicos acaeció el 24 de marzo de 2006 por el trascurso del lapso de dos años contados en este caso a partir del día en que se expidió el acto de ajuste del valor a distribuir y se dejó un saldo desprovisto de fuente para el pago, de lo cual se concluye que, en relación con esos hechos, también la demanda se presentó en forma extemporánea, el 5 de octubre de 2007.
FUENTE FORMAL: LEY 50 DE 1936 / LEY 753 DE 2002 / LEY 859 DE 2003 / LEY 446 DE 1998
CADUCIDAD DE ACCION CONTRACTUAL EN RELACION A PRETENSIONES SUBSIDIARIAS - No operó por fundarse en hechos cuya ocurrencia persistía al momento de interponerse la demanda / PRETENSIONES SUBSIDIARIAS EN ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Objeto de estudio por juez ad quem al no haber operado su caducidad
Para la fecha en que presentó la demanda, persistían los hechos que daban lugar a la acción y se encontraba vigente el primer inciso del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, de acuerdo con el cual se establece para el cómputo de la caducidad de la acción un plazo de dos años contado a partir de los hechos que dan lugar a la demanda. En consecuencia, en caso de que no proceda la pretensión principal en relación con la supuesta nulidad del contrato -que se podrá evaluar en relación con el plazo acotado en el acápite anterior-, la Sala estudiará de fondo las pretensiones subsidiarias de la demanda, toda vez que en relación con ellas no ocurrió la caducidad de la acción.
ACUERDOS CONTRACTUALES - Tránsito legislativo / ACUERDO CONTRACTUAL - De municipio con sociedad anónima se configuró en acuerdo societario / ACUERDO SOCIETARIO - Adjudicación de contrato de suministro de energía eléctrica a empresa de servicios públicos y pago de utilidades a municipio que adquirió mediante convenio acciones de dicha empresa / CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO - Ausencia de regulación legal para la fecha de su suscripción
CEDELCA se constituyó como una sociedad comercial anónima, en vigencia de la Ley 58 de 1931. Dicha ley se reglamentó mediante el Decreto 2521 de 1950 el cual contenía el estatuto vigente para las sociedades anónimas en la fecha en que se celebró el contrato sub judice (20 de septiembre de 1962). Posteriormente se expidió el Decreto 3130 de 1968 en el cual se ordenó la adecuación a las reglas de dicho estatuto para aquellas sociedades en las que participaran los entes públicos, como era el caso de CEDELCA. Luego, al expedirse el Código de Comercio, mediante el Decreto-ley 410 de 1971, se impuso el ajuste del régimen societario a las nuevas disposiciones. Las leyes relativas al contrato de sociedad anónima y al contrato de sociedad de economía mixta cobran aplicación en el acuerdo sub judice toda vez que contienen las disposiciones pertinentes a los acuerdos societarios, uno de los cuales se encontró tipificado por razón del convenio de suscripción de acciones y específicamente por el pacto que se realizó acerca de la afectación de las utilidades -o dividendos-, al pago del servicio que se comprometió a prestar la sociedad - CEDELCA- a uno de sus socios -el municipio de Miranda-. (…) Para interpretar el convenio sub judice se tiene en cuenta que en el año de 1962 no existía regulación acerca del contrato de prestación de servicios de alumbrado público y que al amparo de la Constitución Política de 1886 se habían expedido las primeras leyes que se refirieron al alumbrado público, empero enfocadas desde el punto de vista fiscal, es decir, en relación con el impuesto de alumbrado público, y otros impuestos de orden municipal.
FUENTE FORMAL: DECRETO 3130 DE 1968 / LEY 410 DE 1971
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS - Evolución normativa. Función exclusiva del Estado y sus entes territoriales hasta la Constitución Política de 1886 / PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS - Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 se autorizó a las sociedades prestadoras adquirir un carácter público, privado o mixto / SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - Suministro y cobro del servicio a cargo de los municipios a través de convenios con empresas distribuidoras
La Constitución de 1886, el servicio público se entendía como una actividad inherente al Estado y su gestión se adelantaba por la Nación y las entidades territoriales directamente o a través de las empresas estatales creadas para la prestación de servicios. (…) Con la expedición de la Constitución Política de 1991 evolucionaron, entre otros, el concepto del servicio público y el de las nuevas competencias de los municipios, al amparo de lo cual se expidieron las Leyes 142 y 143 de 1994, aplicables a las sociedades prestadoras de servicios públicos, las cuales pudieron conformarse con carácter público, privado o mixto y, también, se legisló sobre los contratos de prestación de tales servicios. Bajo dichas leyes se hicieron visibles tanto la figura del usuario del servicio público como la existencia de sus derechos frente a las empresas prestadoras de servicios. (…) La Resolución No. 043 de 1995, expedida por la CREG reiteró la competencia y la responsabilidad de los municipios en relación con la prestación del servicio de alumbrado público dentro de su territorio y de igual manera determinó que el suministro de la energía eléctrica destinada al referido alumbrado debía ser prestado por una empresa distribuidora de energía con la cual el municipio realizase el respectivo convenio.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION DE 1886 / CONSTITUCION POLITICA DE 1991 / LEY 142 DE 1994 / LEY 143 DE 1994 / RESOLUCION 043 DE 1995
PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - Transición legal / TRANSICION LEGAL DE SERVICIOS PUBLICOS - Generó dos regímenes legales distintos, uno para el contrato de sociedad y otro para la actividad de suministro de energía, ambos inmersos en el acuerdo contractual / ACUERDO CONTRACTUAL - Se rige por ley vigente a la fecha de su celebración / EVOLUCION NORMATIVA - Operó frente a las actividades y obligaciones pactadas en acuerdo contractual / EVOLUCION Y CAMBIO NORMATIVO FRENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA - Prohibió actividades que estaban permitidas al momento de suscribirse acuerdo contractual / EVOLUCION Y CAMBIO NORMATIVO FRENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA - No generó nulidad sobreviniente del acuerdo contractual por prevalecer ley vigente al momento de su celebración y no ley posterior
Para el análisis del convenio sub judice se tiene que distinguir, de una parte, la ley del contrato de sociedad que se encontró vigente al momento de la celebración del acuerdo y bajo el cual se define la legalidad del pacto contractual que ahora se examina y, de otra parte, la ley de la actividad, la cual fue materia de modificación y resultó aplicable a los nuevos suministros de energía al municipio, en este caso en materia del precio de la energía y la forma de pago prevista en la regulación. (…) el contrato incorpora la ley imperativa vigente a la fecha de su celebración, bajo esa ley debe ser juzgada su legalidad y el contenido obligacional que a su vez se constituye en ley para las partes. Por ello, frente a la mutación en el estatus de un acuerdo contractual, el cual en principio dispone actividades permitidas y que luego son prohibidas por la ley nueva, no se predica un evento de “nulidad sobreviniente” sobre el pacto original, el cual continúa siendo válido al amparo de las leyes vigentes al momento de su celebración, tal como lo dicta el contenido del artículo 38 de la Ley 153 de 1887.
FUENTE FORMAL: LEY 153 DE 1887
OBLIGACIONES PACTADAS EN ACUERDO CONTRACTUAL - Celebración de contrato de compraventa de acciones y celebración de contrato de suministro de energía eléctrica / ACUERDO CONTRACTUAL - Contenía cláusula de acuerdo de pago en relación con la energía suministrada por Centrales Eléctricas del Cauca / ACUERDO DE PAGO - Su ejecución estaba sometida a un hecho incierto e indeterminado / HECHO INCIERTO E INDETERMINADO - Generación de utilidades societarias futuras / ACUERDO DE PAGO SOBRE HECHO INCIERTO E INDETERMINADO - Generó un riesgo compartido entre el municipio de Miranda y Centrales Eléctricas del Cauca por recaer en ambos la obligación de prestación del servicio de energía eléctrica
Contiene un acuerdo de pago con fundamento en la generación de utilidades societarias futuras, las cuales por su naturaleza constituían un hecho incierto e indeterminado. Por esa razón, se debe observar que el acuerdo contractual se enmarcó bajo las reglas legales de la obligación denominada de “cosa futura” en los términos del Código Civil, que aunque fueron definidas en relación con la compraventa, se encontraron concatenadas, en dicha codificación, con las reglas generales de las obligaciones y, por tanto, aplicables en todo tipo de obligaciones contractuales. (…) en el contrato sub judice, habiendo aportado los bienes afectos al servicio de alumbrado a CEDELCA, sociedad comercial de carácter estatal, el pago de la energía suministrada se encontraba sometido a la condición de utilidades futuras, lo cual de acuerdo con el contenido del contrato, se puede expresar de la siguiente forma: si en la sociedad CEDELCA se generaban utilidades para los accionistas, con ellas el municipio de Miranda pagaría el valor de la energía correspondiente al alumbrado público hasta concurrencia del monto de las utilidades que le correspondieran y si hubiere excedente de utilidades a su favor, lo capitalizaría mediante la suscripción de nuevas acciones, empero, si no se llegaban a decretar utilidades o no alcanzaban para cubrir el valor de la energía suministrada con destino al alumbrado, se diferiría el pago del saldo, hasta la fecha en que llegaran a existir tales utilidades. (…) la Sala entiende que las dos entidades estatales que celebraron el convenio asumieron el riesgo compartido propio de la actividad societaria y el de la gestión futura de la operación social (…) se advierte que el municipio no era solamente un accionista, sino que tenía también condición de co-prestador del servicio, toda vez que se obligó al suministro de luminarias y al desarrollo de la infraestructura del alumbrado público que había transferido a CEDELCA, pero que se comprometió a complementar y a ampliar. En los antedichos aspectos las obligaciones del municipio guardaron relación con el deber de responder por el servicio público de alumbrado. Por su parte, CEDELCA entró en una asociación de riesgo compartido en relación con el alumbrado público, o al menos con el flujo de caja de la respectiva gestión, puesto que acordó que el valor de la energía del alumbrado se le pagaría con cargo a las utilidades futuras repartibles que lograse generar en su propia operación.
EXONERACION EN PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS - Prohibición impuesta a partir de la entrada en vigencia de la Ley 142 de 1994 / PROHIBICION DE EXONERACION EN PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS - Estaba dirigida a la relación comercial entre empresas distribuidoras y municipios, y no a los subsidios otorgados a los usuarios de bajos recursos / PROHIBICION DE EXONERACION EN PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS - No era aplicable a contrato de suministro de energía dado que el municipio al igual que la empresa distribuidora tenía a su cargo la prestación del servicio
La ley permitió a los municipios otorgar los subsidios a favor de la población con menores ingresos, en desarrollo de las potestades previstas en los artículos 367 y 368 de la Constitución Política, bajo el imperativo de aplicar los criterios de distribución de costos, solidaridad y redistribución de ingresos en el sistema tarifario, al paso que el convenio sub judice se refirió a la relación comercial entre la empresa distribuidora y el municipio, mas no al asunto de los subsidios del municipio a los usuarios. (…) aún en el caso de que en la ejecución del acuerdo entre las partes se llegara a tipificar el supuesto de que los costos de la energía quedaran asumidos en un 100% por CEDELCA, ello no constituyó una condición de gratuidad para el municipio, toda vez que dentro del mismo convenio el ente territorial tenía a su cargo otras actividades inherentes al servicio y a los costos correspondientes, como fueron los relacionados con el suministro de las luminarias y las ampliaciones de la red de alumbrado público, además de aquellos causados para los estudios requeridos en orden al desarrollo del servicio de alumbrado público en las veredas.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 367
TARIFA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO - Puede ser fijada al libre albedrio de municipio y empresa distribuidora / TARIFA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO - A falta de acuerdo entre municipio y empresa distribuidora, debe aplicarse tarifa establecida por el sector oficial / TARIFA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MUNICIPIO DE MIRANDA - No fue definida por las partes en el convenio contractual por lo que debió someterse a tarifa de sector oficial / NULIDAD DE CONVENIO CONTRACTUAL - Improcedente dado que la ausencia de fijación de tarifa no violó la norma que reguló tarifa de servicio de alumbrado público
De conformidad con la Ley 143 de 1994, la regulación definió el servicio de alumbrado público en forma específica, el cual fue objeto de una formulación tarifaria concreta en la Resolución CREG 043 de 1995, como se ha explicado en esta providencia y, posteriormente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas –GREC- fijó la regla de libertad de negociación de tarifas entre el municipio y la empresa distribuidora y, a falta de tarifas fijadas por el convenio entre las partes, dispuso que entraba a aplicar la tarifa establecida para el sector oficial. (…) el convenio contenido en la Escritura Pública 1457 de 1962 no quedó prohibido, sino que, por razón de los aspectos no definidos entre las partes, quedaron integradas al contrato las tarifas y los sistemas de facturación y pago previstos para el servicio de energía eléctrica que para el sector oficial estableciera CEDELCA. (…) en la presente sentencia se denegará la nulidad de la Escritura Pública 1457 de 1962, teniendo en cuenta que el acuerdo atacado no se constituyó en violatorio de la ley del contrato.
FUENTE FORMAL: LEY 143 DE 1994
DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL - No puede ser invocado como fuente de responsabilidad por hechos imputables a quien los alega / DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL - En casos de prestaciones recíprocas, debe acreditarse la ecuación financiera utilizada por las partes para determinar en qué aspecto radicó el desbalance / FORMULA ECONOMICA DE ACUERDO CONTRACTUAL - No se probó en el proceso / DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL - Inexistente por no acreditarse ecuación financiera de acuerdo contractual / DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL - Inexistente al demostrarse que toma de posesión de bienes de sociedad contractual no introdujo cambios en la situación financiera del contrato
El desequilibrio contractual no puede ser invocado como fuente de responsabilidad con fundamento en hechos imputables a quien los alega, toda vez que en el contrato cada parte tiene unas obligaciones, cargas y riesgos y, en ese orden de ideas, cada una de ellas debe sufrir el efecto de sus propios incumplimientos y de las variaciones de las circunstancias cuyos efectos le corresponde asumir. (…) no puede demostrarse el desequilibrio económico de un contrato con prestaciones recíprocas, sin acreditar cuál era la ecuación financiera que gobernó el acuerdo contractual y demostrar, entonces, los ítems de la fórmula que habrían llevado al desbalance. La fórmula económica de la ecuación contractual es un aspecto que debe ser probado para iniciar el análisis de distribución de riesgos y establecer el referente del equilibrio contractual, frente al cual se establece el hecho o circunstancia que impactó la ecuación, la ruptura del equilibrio y la parte contractual a la que le correspondió asumirla. (…) la toma de posesión constituyó un acto jurídico que no introdujo cambios sobre la situación financiera del contrato ni sobre el contenido del acuerdo contractual, por manera que no se estructuró el acto de autoridad o “hecho le príncipe” como causa del supuesto desequilibrio. Lo que se aprecia es que los incumplimientos de CEDELCA en sus operaciones en el mercado mayorista fueron la causa de las restricciones que la llevaron a la toma de posesión. (…) frente a la pretensión de ruptura del equilibrio contractual, la demandante falló en la carga de la prueba de los hechos que alegó, los cuales le correspondió acreditar de conformidad con el artículo 177 del C.P.C., de manera que deben denegarse las pretensiones de desequilibrio económico del contrato.
FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTICULO 177
CONDICION RESOLUTORIA - Trae como consecuencia la restitución de lo que se hubiere recibido por las partes en el contrato / CONDICION RESOLUTORIA - Inexistente por no pactarse dentro de acuerdo contractual la extinción de la obligación de pago por liquidación de la sociedad
Aun aceptando la existencia de una condición resolutoria en el contrato sub lite, en este caso resulta improcedente entenderla como establecida únicamente a favor del municipio, en orden a abrir paso a la restitución de lo percibido, toda vez que la beneficiaria última del servicio público de alumbrado era la población del municipio, frente a la cual no operaba el derecho a suspender la prestación del servicio, teniendo en cuenta el interés general ínsito en el suministro del alumbrado público. (…) el supuesto que ahora se examina carece de elementos para tipificar el derecho a la restitución a título de frutos o ganancias, teniendo en cuenta que las partes no acordaron la extinción de la obligación de pago en caso de que la sociedad llegara a su liquidación sin haber generado utilidades o dividendos. En consecuencia, la obligación de pago no se deriva del hecho de la liquidación de la sociedad, sino que a partir de la regulación establecida por la CREG surgió en forma pura y simple de acuerdo con el consumo y sometida al plazo de la facturación.
INDEMNIZACION DE PERJUICIOS - Reconocimiento a Centrales Eléctricas del Cauca por acreditar que la prestación del servicio de alumbrado público no fue remunerado por el municipio / INDEMNIZACION DE PERJUICIOS - Procedente a favor de demandante por incumplimiento de acuerdo de pago sujeto a hecho incierto, en desconocimiento de tarifa y forma de pago fijados por la ley / TASACION DE PERJUICIOS - Por dictamen pericial practicado en primera instancia, fue tenido en cuenta por juez ad quem en lo que el perito confirmó tener claridad
Se demostró el incumplimiento por parte del municipio, toda vez que no realizó pago alguno por el consumo de energía, prevaliéndose de un pacto de pago con utilidades futuras que resultó inaplicable a partir de la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG- vigente a partir del 1º de enero de 1997, de acuerdo con la cual, en ausencia de un convenio de precio y forma de pago de la energía suministrada, el precio de la energía quedó sometido a los mismos términos y condiciones fijados para el sector oficial. Desde esa perspectiva, la conducta de desconocimiento de la regulación, vulneró el derecho que CEDELCA tenía al amparo del acuerdo acerca del alumbrado público y que se determinaba de conformidad con la regulación aplicable, razón por la cual el municipio de Miranda debe reparar el daño que causó a CEDELCA y, en consecuencia, procede imponerle la obligación de indemnizarle por el perjuicio que le ocasionó. (…) se tomará aquella parte del dictamen sobre la cual el perito confirmó tener claridad en relación con el monto de la facturación y esta última cifra se aceptará como prueba del valor de la indemnización que debe ser reconocida en el presente proceso.
CONDENA EN COSTAS - Procedente por concurrir causales de ley / CONDENA EN COSTAS - Agencias en derecho / AGENCIAS EN DERECHO - Procede su liquidación a favor de la parte beneficiada con el fallo y a cargo de la parte vencida / AGENCIAS EN DERECHO - Aspectos a tener en cuenta para su reconocimiento
Para la fecha en que se interpuso el recurso de apelación se encontraba vigente la Ley 1395 de 2010 que modificó el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, el cual quedó integrado con las siguientes reglas en materia de costas: i) la parte vencida debe ser condenada en costas y ii) las costas deben probarse (…) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010 –modificatorio del artículo 392 del C. de P. C.–, en supuestos como el del presente caso debe procederse también a la liquidación de agencias en derecho en favor de la parte beneficiada con la providencia definitiva y a cargo de la parte vencida (…) En el presente proceso se aprecian los siguientes aspectos para determinar el monto de las agencias en derecho: La actividad de la parte actora, en cuyo favor debe proferirse la condena por cuanto resultó vencedora, sustentó el recurso de apelación y actuó en la alzada en la oportunidad para alegar de conclusión, mediante la presentación del escrito correspondiente, en el cual reiteró los argumentos de la demanda y de la apelación. La segunda instancia tuvo una duración de cuatro años, aunque no demandó intervenciones especiales distintas de las referidas a la prueba que la actora solicitó en segunda instancia y que le fue denegada.
FUENTE FORMAL: LEY 1395 DE 2010 - ARTICULO 19 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTICULO 392
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
SUBSECCION A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 19001-23-31-000-2007-00483-01(44196)
Actor: CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - CEDELCA S.A. E.S.P.
Demandado: MUNICIPIO DE MIRANDA
Referencia: APELACION SENTENCIA - ACCION CONTRACTUAL
Conoce la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el veintiséis (26) de enero de dos mil doce (2012), mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO. Declarar probada la excepción denominada caducidad de la acción dentro del proceso instaurado por Centrales Eléctricas del Cauca CEDELCA S.A. E.S.P. contra el Municipio de Miranda – Cauca, en relación con la pretensión de nulidad absoluta, conforme las motivaciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
“SEGUNDO. DENEGAR las demás pretensiones, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la providencia”.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
Mediante demanda presentada el 5 de octubre de 2007, Centrales Eléctricas del Cauca S.A., Empresa de Servicios Públicos – CEDELCA S.A. E.S.P., en ejercicio de la acción de controversias contractuales consagrada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, solicitó las siguientes declaraciones y condenas contra el municipio de Miranda:
“PRIMERA. Se declare la NULIDAD ABSOLUTA del convenio contenido en la Escritura Pública No. 1457 suscrito entre CEDELCA S.A., E.S.P. y el MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA el 20 de septiembre de 1962.
“SEGUNDA: Como consecuencia de la declaración de nulidad, condénese al MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA a pagar a CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A., EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, las siguientes cantidades líquidas en dinero:
“a) La cancelación por parte del Municipio de Miranda - Cauca, del servicio de energía que suministró para el alumbrado público, con sus respectivos intereses a título indemnizatorio.
“b) El valor de los intereses comerciales moratorios, a título indemnizatorio hasta el día del pago total de la obligación, liquidados sobre la cantidad que arroje la pretensión expresada en el literal precedente.
“c) Que se condene a la parte demandada a pagar el valor de los gastos procesales.
“PRIMERA SUBSIDIARIA:
“PRIMERA: Declárese que en desarrollo del convenio suscrito el 20 de septiembre de 1962 entre CEDELCA S.A. y el MUNICIPIO DE MIRANDA, se presentaron circunstancias que alteraron la relación del equilibrio económico financiero del mismo respecto de la cláusula TERCERA.
“SEGUNDA: Como consecuencia de la pretensión anterior, ordénese la REVISIÓN del convenio suscrito en la Escritura Pública número [espacio en blanco] suscrita entre CEDELCA S.A. E.S.P. y el MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA, de tal manera que CEDELCA S.A. E.S.P., pueda prestar el servicio de alumbrado público y energía eléctrica dentro de un marco jurídico y económico que se encuentre dentro de lo previsto en la Constitución Política y las Leyes 142 y 143 de 1994.
“TERCERA: Como consecuencia de la declaración de revisión y con el fin de restablecer el equilibrio financiero del contrato por el periodo comprendido entre el 20 de septiembre de 1962 y la fecha de presentación de esta demanda, condénese al MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA a pagar a la demandante CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A., EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, las siguientes cantidades liquidas de dinero:
“a) La cancelación por parte del Municipio de Miranda - Cauca, del servicio de energía que se suministró para el alumbrado público, con sus respectivos intereses a título indemnizatorio.
“b) El valor de los intereses comerciales moratorios, a título indemnizatorio, causados desde el 20 de octubre de 1962, hasta el día de ejecutoria del fallo definitivo, liquidados sobre la cantidad que arroje la pretensión expresada en el literal precedente.
“c) Que a la sentencia definitiva se le dé cumplimiento en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
“d) Que se condene a la parte demandada a pagar el valor de los gastos procesales.
“SEGUNDA SUBSIDIARIA:
“PRIMERA: Declárase la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO suscrito en la escritura pública número 1457 entre CEDELCA S.A. E.S.P. y el MUNICIPIO DE MIRANDA – CAUCA, el 20 de septiembre de 1962, de tal manera que CEDELCA S.A. E.S.P., pueda prestar el servicio de alumbrado público y energía eléctrica dentro de un marco jurídico económico que se encuentre dentro de lo previsto en la Carta Política y en las Leyes 142 y 143 de 1994, Resoluciones 043 de 1995 y 070 de 1998 expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG-.
“SEGUNDA: Como consecuencia de la declaración de resolución del contrato condénese al MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA a pagar a la parte demandante CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A., EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, las siguientes cantidades de dinero:
“a) La cancelación por parte del Municipio de Miranda Cauca, del servicio de energía que se suministró para el alumbrado público, con sus respectivos intereses a título indemnizatorio.
“b) El valor de los intereses comerciales moratorios, a título indemnizatorio, causados desde el 20 de octubre de 1962, hasta el día de la ejecutoria del fallo definitivo, liquidados sobre la cantidad que arroje la pretensión expresada en el literal precedente.
“c) Que a la sentencia definitiva se le dé cumplimiento en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
“d) Que se condene a la parte demandada a pagar el valor de los gastos procesales”.
“TERCERA SUBSIDIARIA:
“PRIMERA: Declárase la procedencia de la indemnización de perjuicios teniendo como fuente de dicha obligación el convenio suscrito entre CEDELCA S.A. E.S.P., y el MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA.
“SEGUNDA: Como consecuencia de la declaración de indemnización de perjuicios del contrato condénese al MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA a pagar a la parte demandante CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A., EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, las siguientes cantidades de dinero:
“a) La cancelación por parte del Municipio de Miranda Cauca, del servicio de energía que se suministró para el alumbrado público, con sus respectivos intereses a título indemnizatorio.
“b) El valor de los intereses comerciales moratorios, a título indemnizatorio, causados desde el 20 de octubre de 1962, hasta el día de la ejecutoria del fallo definitivo, liquidados sobre la cantidad que arroje la pretensión expresada en el literal precedente.
“c) Que a la sentencia definitiva se le dé cumplimiento en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
“d) Que se condene a la parte demandada a pagar el valor de los gastos procesales”.
2. Los hechos
2.1. Centrales Eléctricas del Cauca S.A. – CEDELCA –suscribió con el municipio de Miranda un convenio contenido en la Escritura Pública 1457 de 20 de septiembre de 1962, otorgada ante el Notario Primero del circuito de Popayán.
2.2. El convenio comprendió la suscripción de 30.044 acciones de CEDELCA por parte del municipio de Miranda, el cual transfirió a CEDELCA la red de postes, el alternador, los equipos del servicio de alumbrado eléctrico y la línea vieja de transmisión y distribución de energía, a título de aporte en especie a la citada sociedad, para el pago de las referidas acciones. El valor asignado a estos bienes, según la escritura pública, se basó en el avalúo judicial que arrojó la suma de $300.440.
2.3. En la cláusula tercera de la Escritura Pública 1457 de 20 de septiembre de 1962 se consagró la obligación de CEDELCA consistente en suministrar el servicio de alumbrado público al municipio de Miranda, a las dependencias y a los establecimientos de educación municipales de acuerdo con las tarifas que para el efecto fijara el Ministerio de Fomento, con cargo a las utilidades que se llegaran a liquidar en CEDELCA a favor del municipio, por razón de las acciones suscritas y pagadas de conformidad con el contrato y las demás acciones que el municipio de Miranda poseyera como accionista de CEDELCA.
2.4. Durante los periodos posteriores a 1962 CEDELCA no aprobó distribución de utilidades para accionista alguno y en relación con las utilidades que se llegaron a liquidar, de conformidad con el artículo 151 del Código de Comercio, pasaron a enjugar las pérdidas acumuladas que tenía esa sociedad en periodos anteriores.
2.5. El alcalde del municipio de Miranda reconoció la deuda existente a 30 de junio de 2002 por concepto de alumbrado público a favor de CEDELCA, en la suma de $2.129’.843.823. En virtud del reconocimiento que realizó el municipio, el Fondo Nacional de Regalías, de conformidad con la Ley 756 de 2002 y la Ley 859 de 2003, destinó la suma de $489’664.091 al abono de la referida deuda, en la forma dispuesta a través de las resoluciones que expidió el Ministerio de Minas y Energía, mediante las cuales se ordenó la distribución de recursos del mencionado fondo para el pago de las deudas a favor de las electrificadoras, por concepto de suministro de energía eléctrica y de alumbrado público.
2.6. Con posterioridad a los hechos narrados en el punto anterior, CEDELCA continuó prestando el servicio y el municipio de Miranda no realizó pagos, por manera que, según narró la demandante, la deuda total ascendió a $3.247’601.440.
2.7. CEDELCA indicó que requirió al municipio para el pago de la obligación pero éste se negó invocando lo previsto en la Escritura Pública 1457 de 20 de septiembre de 1962, por razón de la inexistencia de utilidades generadas por esa sociedad.
2.8. En 1999 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ante la crítica situación de CEDELCA, tomó posesión para administrar los bienes y haberes de la sociedad y el 13 de julio de 2005 modificó la modalidad de la referida medida y dispuso la toma de posesión para efectos de liquidación.
2.9. Por otra parte, CEDELCA afirmó en la demanda que la sociedad sufrió millonarias pérdidas en su operación, como consecuencia de la situación violenta que afrontó el país y la destrucción de las subestaciones de El Zaque y la planta Florida II.
2.10. Según destacó la demandante, el municipio de Miranda no es el mismo de hace 50 años, el consumo de alumbrado público tiene una demanda mayor y otros costos distintos de los que se consideraron en 1962, nada de lo cual se ha reconocido para ajustar el convenio correspondiente.
3. Concepto de violación
La demandante indicó que mediante las Leyes 142 y 143 de 1994 se regularon los servicios públicos domiciliarios y el servicio de alumbrado público cuya prestación es un deber de los municipios, razón por la cual el municipio de Miranda es responsable por no haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 311 de la Constitución Política, lo preceptuado en las leyes citadas y en las Resoluciones 043 de 1995 y 070 de 1998, expedidas por la Comisión de Regulación Energía y Gas –CREG-, en las cuales se impuso el ajuste de la operación a los requerimientos de la nueva regulación.
Observó que de conformidad con la Ley 142 de 1994, en su artículo 99-9, no puede haber exoneración en el pago de servicios públicos en favor de persona alguna. En igual forma invocó el artículo 6º de la Resolución CREG 043 de 1995 emanada de la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG- mediante la cual se dispuso que los municipios están obligados al pago oportuno del servicio de energía eléctrica y en ningún caso podrán ser exonerados.
Concluyó que al expedirse la Ley 142 de 1994, el convenio previsto en la Escritura Pública 1457 de 20 de septiembre de 1962 quedó en violación de la ley y de la regulación, por lo cual debe anularse, o –subsidiariamente- ser objeto de restablecimiento del equilibrio contractual, de declaratoria de resolución del contrato o de la declaración de indemnización de perjuicios.
La demandante también expuso que la realidad del convenio contenido en la Escritura Pública 1457 de 1962 es la de un desequilibrio económico, por la siguientes razones: i) actos y hechos que configuran el “hecho del príncipe” y ii) factores sobrevinientes que dan lugar a aplicar la llamada teoría de la imprevisión.
4. Actuación procesal
4.1. La demanda fue admitida mediante auto de noviembre 9 de 2007.
4.2. El Tribunal a quo ordenó las pruebas a través de providencia calendada el 14 de abril de 2008.
4.3. El 7 de octubre de 2008 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, la cual se declaró fracasada ante la ausencia de ánimo conciliatorio entre las partes.
4.4. Contestación de la demanda
El municipio de Miranda contestó la demanda, negó algunos hechos y se opuso a todas las pretensiones.
Rechazó el supuesto reconocimiento de la obligación que habría sido realizado por parte del municipio y afirmó que se debe estar a lo que resulte probado en el proceso.
Observó que el Decreto 2426 de 2006 permite que el municipio preste el servicio a través de empresas de servicios públicos domiciliarios y puntualizó que precisamente en ese supuesto jurídico se encuentra el convenio celebrado entre el municipio de Miranda y CEDELCA.
Se opuso a la nulidad del convenio demandado teniendo en cuenta que en el mismo no se acordó la gratuidad del servicio sino el pago con cargo a las utilidades, modalidad que –en su concepto- no está prohibida por la ley.
El municipio de Miranda indicó que la pretensión real en este proceso es de pago de una suma que se busca cobrar a través de la acción contractual sin haber aportado soporte alguno que acredite el valor de la obligación o su supuesto incumplimiento.
Destacó que la Resolución CREG 043 de 1995 exige la facturación mensual o bimestral del servicio, la cual debe ser emitida por parte de la empresa que suministra la energía y afirmó que en este caso CEDELCA no le cobró las facturas correspondientes.
Puso de presente que el municipio no conoce cuál ha sido el consumo que se le pretende cobrar. En el mismo orden de ideas solicitó aplicar el artículo 150 de la Ley 142 de 1994, acerca del plazo de cinco meses para realizar la facturación y la prohibición de incluir conceptos que no fueron facturados en su oportunidad.
En relación con la pretensión subsidiaria de desequilibrio económico del contrato, observó que no se allegó soporte para configurar el supuesto hecho del príncipe como causa del pretendido desbalance contractual y, por otra parte, advirtió que las circunstancias imprevisibles solo puede ser invocadas y reconocidas como base de la ruptura del equilibrio cuando se generan por hechos ajenos a la contratista, lo cual no se dio en el caso de CEDELCA. Puntualizó que la falta de utilidades se debió a la ineficiencia administrativa de CEDELCA, la cual no puede trasladarse al municipio.
El municipio de Miranda presentó las siguientes excepciones: i) caducidad de la acción por haber transcurrido más de dos años a partir de la ocurrencia de los hechos, en el entendido que debe tomarse como única fecha cierta de los mismos el 20 de septiembre de 1962 y ii) existencia de “pretensión que no puede tramitarse bajo el mismo procedimiento”, la cual se configuró en la demanda toda vez que CEDELCA buscó un cobro ejecutivo por la vía de una acción ordinaria.
CEDELCA contestó las excepciones y observó que no existe caducidad de la acción contractual toda vez que el convenio se encuentra vigente. Agregó que las circunstancias que consolidaron el desequilibrio económico del convenio se hicieron evidentes con la decisión de toma de posesión para efectos de liquidación, la cual ocurrió el 13 de julio de 2005. Indicó que el plazo para liquidar a CEDELCA fue prorrogando mediante decisiones de la autoridad competente.
Acerca de la excepción sobre el tipo de acción pertinente, anotó que la pretensión principal en este proceso es la de nulidad del contrato sin perjuicio de que de allí se deriven consecuencias económicas.
4.5. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público
CEDELCA, obrando como demandante, alegó que la Ley 143 de 1994 estableció la regulación especial para el servicio de alumbrado público y que, de acuerdo con ella, el municipio no puede invocar en su defensa la normativa prevista en la Ley 142 de 1994.
Agregó que en todo caso el municipio debe pagar por el servicio de alumbrado público del cual es responsable por ley.
Afirmó que de acuerdo con el testimonio practicado en este proceso, la toma de posesión de CEDELCA sobrevino por la situación de cartera, principalmente por el no pago del municipio de Miranda.
Por su parte, el municipio de Miranda obrando como demandado alegó que la acción se encontró caducada en relación con los hechos probados en el proceso.
Indicó que las facturas mencionadas en el dictamen pericial no pueden ser tenidas como pruebas suficientes, toda vez que no se acreditó el consumo que supuestamente fue facturado; destacó que de acuerdo con la Ley 142 de 1994 no se pueden cobrar consumos que fueron realizados más de cinco meses atrás y, además, después de 3 meses de mora en el pago del servicio por parte del usuario, le corresponde a la empresa prestadora suspender el servicio. Igualmente observó que no se puede admitir el cobro de intereses sobre los valores relacionados por el perito, dado que las facturas referidas en el dictamen – en relación con el reconocimiento a junio 30 de 2002- ya incluyeron el concepto de intereses.
Finalmente, advirtió que los valores objeto de la facturación han debido cobrarse en su oportunidad a través de la acción ejecutiva.
5. La sentencia impugnada
El Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia el 26 de enero de 2012, mediante la cual declaró probada la excepción de caducidad en relación con la pretensión de nulidad del contrato y denegó las demás pretensiones de la demanda.
Al establecer la caducidad de la acción de nulidad absoluta del contrato, la sentencia se apoyó en la aplicación del literal e) del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por la Ley 446 de 1998, teniendo en cuenta que en relación con la pretensión de nulidad la norma establece el término de caducidad de cinco (5) años contado a partir del perfeccionamiento del contrato, toda vez que el contrato sub lite tenía una duración superior a dos años.
Afirmó que la caducidad de la acción debe establecerse de acuerdo con las normas vigentes al momento de la presentación de la demanda, en este caso de acuerdo con la Ley 446 de 1998.
El Tribunal a quo especificó que el contrato se suscribió el 20 de septiembre de 1962 y que, de acuerdo con ello, la demanda de nulidad del contrato ha debido presentarse en el lapso de cinco años, esto es, antes del 21 de septiembre de 1967, pero solo se entabló el 5 de octubre de 2007, es decir, que tuvo lugar la caducidad de la acción en relación con la pretensión de nulidad.
Acerca de las demás pretensiones apreció que el convenio se encontraba vigente y procedió a su estudio de fondo. Sin embargo, el Tribunal a quo observó que el experticio técnico no resultó idóneo para determinar la ejecución del convenio ni el supuesto desequilibrio contractual toda vez el perito advirtió la carencia de archivos históricos en CEDELCA. Agregó que los documentos en los cuales se apoyó el perito corresponden a unos informes de periodos concretos que no otorgan certeza al fallador acerca de los hechos en que se soportan las pretensiones de la demanda.
En relación con la pretensión de resolución del convenio y la de indemnización, el Tribunal a quo anotó que en los términos del artículo 1546 del Código Civil la mencionada figura jurídica tenía que fundarse en la demostración del incumplimiento de las obligaciones contractuales, pero en este caso la prueba recaudada no fue suficiente para determinar que en realidad tuvo lugar un incumplimiento de las obligaciones pactadas.
6. El recurso de apelación
Inconforme con la sentencia de primera instancia, la parte demandante interpuso recurso de apelación el 17 de febrero de 2012.
Frente a la decisión consistente en decretar la caducidad de la acción de nulidad absoluta del contrato, observó que no aplica el término de caducidad de cinco años toda vez que los hechos que afectan el contrato se fundan en la Ley 142 de 1994, expedida veintisiete años después de la fecha que el Tribunal a quo tomó como base para establecer la caducidad.
Expuso que el Tribunal a quo desconoció que el contrato se desarrolla en “condiciones de ilegalidad todos los días”.
Frente al desequilibrio contractual afirmó que la certificación aportada por CEDELCA en la que consta que no ha generado utilidades constituye la “prueba reina en que se respalda la pretensión”, por cuanto con ella se acreditó que no existió contraprestación por el servicio y que en realidad ha sido inexistente la onerosidad que la ley exige en este tipo de contratos.
En relación con lo que consideró el Tribunal a quo para soportar la denegación de la pretensión de resolución del contrato, la apelante observó que la no interrupción del suministro de energía es fácilmente comprobable con las bitácoras del municipio. Sobre el particular, solicitó en su escrito de apelación que se decretara la prueba consistente en la certificación expedida por la actual prestadora del servicio de energía eléctrica.
7. Actuación procesal en segunda instancia
7.1. El 29 de febrero de 2012 se allegó al plenario un nuevo poder otorgado por el Alcalde del municipio de Miranda al doctor Danilo Parra Tobar, en el cual aparece la constancia de aceptación por parte del apoderado, el reconocimiento notarial del poderdante y los anexos correspondientes al acta de posesión y la credencial del Alcalde expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Sala reconocerá la personería correspondiente en esta sentencia.
7.2. Mediante auto de 21 de junio de 2012 se admitió el recurso de apelación.
7.3. El 24 de agosto de 2012 se pronunció el Despacho sobre la prueba solicitada por la parte demandante y denegó su práctica, teniendo en cuenta la ausencia de los presupuestos procesales para que una prueba pueda ser decretada en segunda instancia.
7.4. Alegatos en segunda instancia
La parte demandante destacó que el convenio contenido en la escritura pública objeto de la demanda se encuentra en la ilegalidad toda vez que contraviene las normas de los artículos 2º y 8º de la Resolución CREG 043 de 1995, en las cuales se reguló el contrato de prestación del servicio de alumbrado público y la responsabilidad del municipio en ese ámbito. Alegó que el convenio atacado transgredió el artículo 10 de la Resolución CREG 043, el cual estableció la regla de transición consistente en la imposición de la obligación de ajuste de las operaciones entonces vigentes a la nueva ley, deber legal que no se cumplió por parte del municipio.
Se reafirmó en que el convenio contenido en la Escritura Pública 1457 se encuentra vigente y que, por ello, no puede contarse el término de caducidad de la acción desde la época en que suscribió dicho convenio.
El municipio de Miranda y el Ministerio Público guardaron silencio en su oportunidad.
7.5. Impedimento
A través de manifestación escrita de fecha 11 de noviembre de 2015, el Consejero de Estado Hernán Andrade Rincón, quien hace parte de la Subsección A, puso de presente su impedimento en el presente proceso por haber actuado como Magistrado en el Tribunal Administrativo del Cauca.
En efecto el artículo 150 del C. de P. C., prevé como causales de impedimento, entre otras, aquella que precisamente ha invocado el señor Magistrado Hernán Andrade Rincón, a cuyo tenor:
“Artículo 150. Causales de Recusación. Son causales de recusación las siguientes:
“(…).
2. Haber conocido del proceso en instancia anterior, el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente”.
Teniendo en cuenta que el doctor Hernán Andrade Rincón conoció del presente proceso en primera instancia, en su calidad de Magistrado del Tribunal del Cauca y, en virtud de ello, según se verifica en el expediente, le correspondió actuar como Magistrado Ponente al inicio del mismo y practicó algunas de las pruebas que allí se decretaron, el Despacho encuentra configurada la causal de impedimento antes descrita y, por tanto, procederá a su aceptación en la presente providencia.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Para resolver la segunda instancia en esta litis, la Sala seguirá el siguiente orden de razonamiento: 1) competencia del Consejo de Estado; 2) oportunidad en el ejercicio de la acción; 3) pruebas obrantes en el plenario; 4) el tránsito de legislación en materia de los acuerdos contractuales y la actividad regulada en servicios públicos.- efectos de la obligación de objeto legalmente imposible; 5) la modificación de la regulación aplicable a la actividad no da lugar a la nulidad del acuerdo contractual que fue celebrado de acuerdo con el derecho vigente en el momento de su celebración; 6) el caso concreto y 7) costas en vigencia de la ley 1395 de 2010.
1. Competencia del Consejo de Estado
1.1. Jurisdicción Competente
El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la época en que se presentó la demanda, le asignó a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el objeto de “juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas” por lo cual esta Jurisdicción Especializada resulta competente para conocer de la presente controversia, teniendo en cuenta que el contrato acusado fue celebrado entre dos entidades estatales, de una parte CEDELCA, sociedad economía mixta con participación estatal superior al 99,9% del capital social, de acuerdo con la certificación de composición accionaria obrante en el plenario y, de la otra parte, el municipio de Miranda, entidad territorial de carácter estatal.
Con fundamento en el criterio orgánico que se acaba de referir, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo resulta competente para conocer de este litigio y, por ello, en este aspecto no se hace necesario acudir al análisis del contenido del contrato que se impugnó ni a la relación con el servicio público en los términos de la competencia prevista en el artículo 132 del C.C.A..
1.2. Cuantía
Precisa la Sala que le asiste competencia para conocer del presente proceso en segunda instancia, toda vez que la sumatoria de pretensiones se estimó en $3.247’601.440, valor que resulta superior al monto equivalente a 500 S.M.L.M.V ($433.700 x 500 = $316’850. 000), exigido para que un proceso contractual tuviera vocación de doble instancia, de conformidad con el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010, vigente para la fecha en que se presentó el recurso de apelación.
2. Oportunidad en el ejercicio de la acción
2.1. La causa petendi y las pretensiones en este proceso
Es importante observar que el contrato contenido en la Escritura Pública 1457, otorgada el 20 de septiembre de 1962 en la Notaria Primera del circuito de Popayán, comprende un acuerdo contractual conformado por varias obligaciones entre el municipio de Miranda y CEDELCA:
De conformidad con el Acuerdo 7 de 1962, correspondiente al acto de autorización expedido por el Concejo Municipal del municipio de Miranda, protocolizado en la referida escritura, se aprobó la minuta de “suscripción de acciones”, misma que se formalizó en la Escritura Pública, con las siguientes cláusulas de carácter dispositivo:
i) en la cláusula segunda se formalizó entre el municipio de Miranda y CEDELCA la suscripción de acciones de la citada sociedad, con pago mediante el aporte en especie de la red de alumbrado público cuyo valor se determinó con base en el avalúo judicial y contó con la aprobación de la Superintendencia de Sociedades de la época, de conformidad con la normativa entonces vigente.
Esta cláusula no fue materia de ataque concreto en la demanda, aunque se solicitó la nulidad de todo el contrato formalizado en la Escritura Pública 1457 de 1962.
ii) la cláusula tercera comprendió el acuerdo de prestación del servicio de alumbrado público por parte de CEDELCA, en el cual se acordó el suministro de energía eléctrica con destino al referido alumbrado con cargo al municipio de Miranda. Además, en el parágrafo de la cláusula tercera se acordaron las siguientes obligaciones a cargo del municipio: a) suministro de “bombillería” necesaria y adecuada para el servicio; b) trabajos de rectificación de líneas de transmisión y redes de distribución, que se efectuarían en un plazo máximo de tres años y c) estudios tendientes a la electrificación rural.
La demanda se enfiló, en forma principal, a obtener la nulidad del antedicho acuerdo y la condena consecuencial al pago correspondiente.
Ahora bien, para efectos de establecer la oportunidad de la acción se tiene en cuenta que la demanda se refirió a diversos hechos que se trajeron al litigio como ocurridos en distintos momentos, los cuales se ubican en una línea de tiempo, de la siguiente manera: i) la fecha en que se perfeccionó el contrato contenido en la Escritura Pública 1457 de 20 de septiembre de 1962; ii) la época en que se expidieron las primeras regulaciones sobre los servicios públicos, determinadas en la demanda a partir de la entrada en vigencia de las Leyes 142 y 143 de 1994 y la Resolución CREG 043 de 1995, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG-; iii) el periodo en que se realizó el reconocimiento y la liquidación de la deuda vigente a junio 30 de 2002, al amparo de las Leyes 756 de 2002 y 859 de 2003; iv) la toma de posesión de CEDELCA ordenada en la modalidad de liquidación, con fecha 13 de julio de 2005 y v) la situación del contrato a la fecha de la demanda, en tanto que se encontraba vigente.
También es importante observar que la demandante planteó una pretensión principal de nulidad absoluta del contrato y tres subsidiarias en las cuales solicitó declarar el desequilibrio económico, la resolución del contrato o la indemnización de perjuicios, en su orden. En cada una de las pretensiones citadas, la parte actora incluyó, en forma idéntica, la pretensión consecuencial orientada a obtener la condena al municipio por el valor de los servicios prestados más los intereses causados.
Ahora bien, teniendo en cuenta que existen diversos fundamentos de hecho y de derecho objeto de controversia, debe precisarse que la caducidad de la acción en relación con las pretensiones se establece, en cada caso, bajo la norma que se encontraba vigente en el momento en que sucedieron los hechos que dan lugar a que empiece a correr el término legal para la configuración de la caducidad de la acción.
Con apoyo en la interpretación sistemática de los artículos 38 y 40 de la Ley 153 de 1887, la Sala reitera el pronunciamiento de la Subsección A en orden a distinguir la naturaleza procesal de las normas relativas a la caducidad de la acción contractual y el imperativo de aplicar, para efectos de establecer la oportunidad en el ejercicio de la acción, la normatividad vigente al momento que ocurre el supuesto que permite acudir a la jurisdicción, tal como se concluyó en la siguiente providencia:
“Las normas relativas a la caducidad de la acción son de naturaleza procesal, pese a que tienen un trasfondo sustancial, porque limitan en el tiempo el ejercicio del derecho público de acción, por consiguiente, los límites objetivo - temporales que extinguen con el paso del tiempo la posibilidad de poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional se encuentran supeditados a la normatividad imperante al momento en que acontece el supuesto que permite acudir a la jurisdicción, en procura de la protección o de la satisfacción del derecho subjetivo conculcado, de manera que la inactividad del administrado, por el período determinado en la ley, genera inexorablemente la caducidad de la acción. Tal planteamiento se acompasa con lo previsto por los artículos 38 y 40 de la Ley 153 de 1887.”.
De acuerdo con lo anterior, a continuación se estudia la caducidad de la acción en relación con las distintas pretensiones y supuestos de la controversia.
2.2. Caducidad de la pretensión de nulidad absoluta del contrato
De conformidad con lo que se explica adelante, la acción de nulidad absoluta del contrato se encontraba caducada para la fecha en que se presentó la demanda –5 de octubre de 2007- en relación con hechos referidos a: i) el perfeccionamiento del contrato ocurrido el 20 de septiembre de 1962 y ii) las obligaciones a junio 30 de 2002.
Empero, la Sala encuentra que no ha operado la caducidad en relación con la supuesta nulidad sobreviniente ocurrida con ocasión de la aplicación de las Leyes 142 y 143 de 1994 y el imperativo de ajuste a la regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG-.
A continuación se detalla el razonamiento que soporta las anteriores afirmaciones:
2.2.1. Hechos y actos en relación con los cuales operó la caducidad de la acción referida a la pretensión de nulidad del contrato.
i) La Sala advierte que no puede abocar el conocimiento de la nulidad absoluta del contrato por hechos relacionados con su perfeccionamiento ocurrido el 20 de septiembre de 1962, toda vez que para esa fecha resultaba aplicable la prescripción ordinaria de 20 años derivada del Código Civil, tal como fue modificada por la Ley 50 de 1936. Lo anterior teniendo en cuenta que bajo esa legislación el término de la prescripción acaeció el 20 de septiembre de 1982 y en este caso la demanda se presentó el 5 de octubre de 2007.
ii) Si se interpreta que el demandante invocó una nulidad sobreviniente con ocasión de los hechos y normas jurídicas relacionados con el reconocimiento de la obligación a junio 30 de 2002 y su posterior orden de pago, también se llega a concluir que tuvo lugar la caducidad de la acción contractual sobre la respectiva controversia, toda vez que los supuestos se ubicaron por la demandante en torno al reconocimiento de obligaciones y al pago que fue dispuesto a partir de la entrada en vigencia de las Leyes 756 de 2002 y 859 de 2003, mediante las cuales se estableció una fuente de recursos del Tesoro Nacional destinada a las obligaciones vigentes a 30 de junio de 2002 por concepto de suministro de energía eléctrica y servicio de alumbrado público.
La anterior conclusión se apoya en el hecho de que para el 30 de junio de 2002 y para la fecha en la que se dispuso el pago, el término de caducidad de la acción era de dos años contados a partir de la ocurrencia de los respectivos hechos, de conformidad con el inciso primero del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por la Ley 446 de 1998.
En relación con los hechos referidos al tratamiento de las obligaciones a junio 30 de 2002, al abono realizado a través del Fondo Nacional de Regalías y al saldo supuestamente reconocido y no pagado, el término de caducidad para entablar la acción de controversias contractuales empezó a correr a partir de la fecha en que se formalizó el reconocimiento de las obligaciones, inicialmente a través de la Resolución 18 1726 de 30 de diciembre de 2003 y, luego, mediante su ajuste contenido en Resolución 18 0324 de 24 de marzo de 2004, ambas expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, o, si se quiere, a partir de la fecha en que se determinó el abono y se dejó un saldo insoluto, por manera que en cualquier caso la caducidad para incoar la acción contractual con fundamento en los eventos contractuales ocurridos al amparo de tales actos jurídicos acaeció el 24 de marzo de 2006 –por el trascurso del lapso de dos años contados en este caso a partir del día en que se expidió el acto de ajuste del valor a distribuir y se dejó un saldo desprovisto de fuente para el pago, de lo cual se concluye que, en relación con esos hechos, también la demanda se presentó en forma extemporánea, el 5 de octubre de 2007.
2.2.2. Hechos respecto de los cuales la pretensión de nulidad se entabló en forma oportuna, dentro del término de caducidad de la acción
Si se tiene en cuenta que la nulidad del acuerdo contenido en la Escritura Pública 1457 también se demandó con fundamento en los hechos y actos referidos a la expedición de la Ley 142 de 1994 y la Resolución CREG 43 de 1995, mediante las cuales se estableció la prohibición de exoneración en el pago del servicio y se determinó un plazo de ajuste para la operación del municipio, se llega a concluir que en relación con dicho fundamento NO operó la caducidad de la acción.
Lo anterior se funda en que la regulación de la CREG fijó un plazo de ajuste a la nueva regulación, el cual expiró el 31 de enero de 1997, fecha en la cual se habría configurado la nulidad sobreviniente del contrato, según la demanda.
Se hace notar que para esa fecha se encontró vigente el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 –antes de la expedición de la Ley 446 de 1998-, sobre cuya aplicación ha expresado la Sección Tercera del Consejo de Estado lo siguiente:
“En concordancia con lo anterior, en un principio la Ley 80 de 1993 amplió el término de prescripción de la acción contractual a veinte (20) años para los eventos de las conductas antijurídicas contractuales. Así, la Administración Pública y el contratista, pueden perseguirse judicialmente dentro de este término mayor, cuando sus conductas (activas u omisivas) sean antijurídicas.”
De acuerdo con lo anterior la demandante gozó de un plazo de 20 años para incoar la acción contractual orientada a la responsabilidad fundada en los actos y hechos referidos a la situación contractual como consecuencia de la expedición de la nueva regulación del servicio público de alumbrado y de la alegada circunstancia de no ajuste a las referidas disposiciones, en tanto tales hechos se puedan situar como consolidados –como fuente de responsabilidad del municipio- a partir del 31 de enero de 1997 y hasta la fecha en que entró a regir la modificación al término de caducidad establecido por la Ley 446 de 1998.
En efecto, si se considera que la acción orientada a la declaratoria de la supuesta nulidad, incluyó la pretensión consecuente de reconocimiento de las sumas no pagadas por la conducta –antijurídica- consistente en el desconocimiento de la normativa aplicable, se llega a la conclusión de que la caducidad para incoar la acción no tuvo lugar toda vez que la demanda se presentó el 5 de octubre de 2007, al paso que en vigencia de citado artículo 55 de la Ley 80 de 1993 el plazo de 20 años para incoar la acción expiraría entre el 31 de enero de 2017 y el 8 de julio de 2017, de acuerdo con los hechos que habría configurado la violación legal invocada por la demandante como causa de la nulidad del contrato.
Por ello, en este último evento se establece la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de la pretensión acerca de la supuesta nulidad absoluta sobreviniente, en la medida que se presentó con la petición consecuencial de reconocimiento de las prestaciones que se habría negado a cumplir el municipio en contravía de la nueva legislación de servicios públicos.
2.2.3. Oportunidad de la acción en relación con las pretensiones subsidiarias
Acerca de la caducidad de la acción contractual en el sub lite, también se debe tener en cuenta que las pretensiones subsidiarias se formularon en relación con hechos que se plantearon por la parte demandante como de actual ocurrencia dentro de un contrato vigente.
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que en relación con las pretensiones subsidiarias no ha ocurrido la caducidad de la acción, considerando la vigencia del contrato y la persistencia a la fecha de la demanda de los supuestos invocados en dichas pretensiones.
Se concluye que para la fecha en que presentó la demanda, persistían los hechos que daban lugar a la acción y se encontraba vigente el primer inciso del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, de acuerdo con el cual se establece para el cómputo de la caducidad de la acción un plazo de dos años contado a partir de los hechos que dan lugar a la demanda.
En consecuencia, en caso de que no proceda la pretensión principal en relación con la supuesta nulidad del contrato -que se podrá evaluar en relación con el plazo acotado en el acápite anterior-, la Sala estudiará de fondo las pretensiones subsidiarias de la demanda, toda vez que en relación con ellas no ocurrió la caducidad de la acción.
3. Pruebas obrantes en el plenario
Los siguientes documentos fueron aportados al proceso en original o en copia simple y no hubo tacha o reparo alguno sobre su autenticidad, por manera que su contenido habrá de ser valorado como parte del acervo probatorio:
3.1. Escritura Pública 744 de 31 de marzo de 1955 otorgada en la Notaría Quinta de Bogotá, mediante la cual se constituyó la sociedad Centrales Eléctricas del Cauca S.A.
3.2. Escritura Pública 1457 de 20 de septiembre de 1962, otorgada en la Notaría Primera de Popayán, entre el municipio de Miranda y la sociedad Centrales Eléctricas del Cauca S.A. – CEDELCA-, contentiva del acuerdo materia de la acción impetrada en este caso.
3.3. Escritura Pública 1604 de 13 de mayo de 1996, otorgada en la Notaría Primera de Popayán, mediante la cual se formalizó una reforma total de estatutos de CEDELCA, con el fin de adecuar el contrato de sociedad a los requerimientos de la Ley 142 de 1994.
3.4. Resolución 9925 expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 20 de diciembre de 1999, a través de la cual ordenó la toma de posesión de los negocios bienes y haberes de CEDELCA, para su administración.
3.5. Resolución SSPD-20051300013845 expedida el 13 de julio de 2005, mediante la cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios modificó la toma de posesión de CEDELCA, la determinó con efectos de liquidación y adoptó otras decisiones.
3.6. Resoluciones emanadas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, contentivas de las decisiones de la prórroga de la toma de posesión de CEDELCA, adoptadas el 13 de marzo de 2006, 12 de mayo de 2006, 12 de junio de 2006, 18 de agosto de 2006 y 3 de abril de 2007.
3.7. Resolución SSPD 2006130042285, expedida el 3 de noviembre de 2006, mediante la cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios definió la “Solución Empresarial” para CEDELCA.
3.8. Certificación expedida por la Subgerente Comercial de CEDELCA, en la cual hizo constar que el Fondo Nacional de Regalías le pagó la suma de $489’664.091 por concepto del servicio de alumbrado público en el municipio de Miranda.
3.9. Relación de deudas con entes territoriales a 30 de junio de 2002 suscrita por el Alcalde del municipio de Miranda y el Agente Especial Delegado de la Superintendencia de Servicios Públicos, por valor total de $1.640’179.732 a favor de CEDELCA.
3.10. Resolución 18 1726 de diciembre 30 de 2003, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, mediante la cual “se distribuyen parcialmente los recursos para el pago de deuda por suministro de energía eléctrica y servicio de alumbrado público en cumplimiento de la Ley 859 de 2003”, referida a la deuda vigente a junio 30 de 2002 con cargo a las entidades territoriales.
3.11. Resolución 18 0324 de marzo 24 de 2004, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, a través de la cual “se ajusta la distribución parcial de recursos contenida en la Resolución 18 1726 del 30 de diciembre de 2003”.
3.12. Certificación de composición accionaria de CEDELCA a 31 de agosto de 2007.
3.13. Certificación expedida el 4 de octubre de 2007 por el Jefe de la División de Recaudos y Cartera de CEDELCA, mediante la cual hizo constar que el municipio de Miranda adeuda a CEDELCA la suma de $3.247’601.440 de acuerdo con la relación que anexó.
3.14. Pruebas testimoniales
El 6 de mayo de 2008 se recepcionaron los siguientes testimonios:
La señora Juana Sánchez Uribe, de profesión contadora pública, quien se desempeñó como Gerente Comercial de CEDELCA, explicó las dificultades de flujo de caja que enfrentó CEDELCA como comercializador de energía en el mercado mayorista, por no contar con el pago de la energía suministrada bajo el convenio celebrado con el municipio de Miranda y explicó cómo la modalidad de pago atada a la generación de las utilidades o dividendos del accionista disminuía el flujo de caja de CEDELCA.
El ingeniero José Julio Campos Galicia, quien se desempeñó como Subgerente Comercial y Técnico de CEDELCA, narró el incumplimiento en que incurrió esa sociedad en los pagos frente al mercado mayorista, lo cual ocasionó una limitación de suministro de energía para el departamento del Cauca en el año de 1999 y desembocó en la toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Indicó que CEDELCA carecía del flujo de caja suficiente para pagar sus compras de energía, debido a la alta cartera generada en razón del alumbrado público de los distintos municipios y al nivel de pérdidas de energía que afrontaba.
Narró la ayuda del Fondo Nacional de Regalías para aliviar la cartera morosa, aunque no precisó la época ni el valor correspondiente. Explicó que el convenio -contenido en la Escritura Pública 1457- no estableció la carga de alumbrado que le correspondía atender a CEDELCA, ni los años de vigencia y anotó que el responsable del servicio público era el municipio. Preguntado acerca de la gestión de CEDELCA frente a la cartera, que persistió en mora por más de 30 años, explicó que las condiciones de orden público no permitían las labores para disminuir el hurto de energía y controlar las pérdidas, además de que el recaudo de cartera se dificultó por la baja capacidad de pago y amplia dispersión de los usuarios.
3.15. Prueba Pericial
El 21 de julio de 2008, el perito designado por el Tribunal a quo presentó un informe de la cuantificación de la obligación del municipio de Miranda por concepto de alumbrado público, el cual arrojó la suma total de $3.859’029.730.
4. Tránsito de legislación en materia de los acuerdos contractuales y la actividad regulada en servicios públicos. Efectos de la obligación de objeto legalmente imposible
De acuerdo con las reglas que determinan la vigencia de la ley en el tiempo, consagradas en la Ley 153 de 1887, se entienden incorporadas en el contrato las leyes aplicables al tiempo de su celebración.
CEDELCA se constituyó como una sociedad comercial anónima, en vigencia de la Ley 58 de 1931. Dicha ley se reglamentó mediante el Decreto 2521 de 1950 el cual contenía el estatuto vigente para las sociedades anónimas en la fecha en que se celebró el contrato sub judice (20 de septiembre de 1962). Posteriormente se expidió el Decreto 3130 de 1968 en el cual se ordenó la adecuación a las reglas de dicho estatuto para aquellas sociedades en las que participaran los entes públicos, como era el caso de CEDELCA. Luego, al expedirse el Código de Comercio, mediante el Decreto-ley 410 de 1971, se impuso el ajuste del régimen societario a las nuevas disposiciones.
Las leyes relativas al contrato de sociedad anónima y al contrato de sociedad de economía mixta cobran aplicación en el acuerdo sub judice toda vez que contienen las disposiciones pertinentes a los acuerdos societarios, uno de los cuales se encontró tipificado por razón del convenio de suscripción de acciones y específicamente por el pacto que se realizó acerca de la afectación de las utilidades -o dividendos-, al pago del servicio que se comprometió a prestar la sociedad – CEDELCA- a uno de sus socios -el municipio de Miranda-.
Establece la Sala que fue en el marco del contrato de suscripción de acciones que la entidad territorial transfirió la red de alumbrado materia del aporte y conservó las obligaciones que ya le correspondían como responsable del servicio en el suministro de las luminarias, la unificación y rectificación de líneas de transmisión y distribución y los estudios tendientes a implementar la electrificación de las veredas.
Para interpretar el convenio sub judice se tiene en cuenta que en el año de 1962 no existía regulación acerca del contrato de prestación de servicios de alumbrado público y que al amparo de la Constitución Política de 1886 se habían expedido las primeras leyes que se refirieron al alumbrado público, empero enfocadas desde el punto de vista fiscal, es decir, en relación con el impuesto de alumbrado público, y otros impuestos de orden municipal: en la Ley 97 de 1913, se autorizó al entonces municipio de Bogotá para establecer, entre otros, un impuesto “sobre el servicio de alumbrado público”, organizar su cobro y darle el destino más conveniente “para atender los servicios municipales” y por virtud de la Ley 84 de 1915 se extendió tal facultad a las demás entidades territoriales del nivel municipal.
Se recuerda que bajo la égida de la Constitución de 1886, el servicio público se entendía como una actividad inherente al Estado y su gestión se adelantaba por la Nación y las entidades territoriales directamente o a través de las empresas estatales creadas para la prestación de servicios. En la Carta Política de 1886 se atribuyó al Estado, entonces centralizado, las potestad de reglamentar las leyes y asignó la contratación de obras públicas al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa, al paso que los entes territoriales prestaban los servicios públicos organizados bajo las autorizaciones de las asambleas departamentales y concejos municipales y, en la materia específica del alumbrado público estaban autorizados para implementar el impuesto correspondiente, de acuerdo con las leyes referidas a la Hacienda Pública que se acaban de mencionar.
Para esa época el régimen de contratación pública se encontró en el Código Fiscal contenido en la Ley 110 de 1912, el cual no contemplaba la prestación de los servicios públicos de alumbrado público ni el suministro de energía eléctrica como contratos posibles, aunque como ya se dijo, para la época de los hechos, la creación de sociedades electrificadoras, pudo tener lugar bajo la modalidad de sociedades anónimas, a partir de la Ley 58 de 1931. Se agrega que la intervención del Poder Ejecutivo se enunció en el acto legislativo No. 1 de 1936 y a través del Acto Legislativo No. 1 de 1968, se instaló el poder del Estado para intervenir, por mandato de la ley, “en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados, para racionalizar y planificar la economía a fin de lograr el desarrollo integral”.
Con la expedición de la Constitución Política de 1991 evolucionaron, entre otros, el concepto del servicio público y el de las nuevas competencias de los municipios, al amparo de lo cual se expidieron las Leyes 142 y 143 de 1994, aplicables a las sociedades prestadoras de servicios públicos, las cuales pudieron conformarse con carácter público, privado o mixto y, también, se legisló sobre los contratos de prestación de tales servicios. Bajo dichas leyes se hicieron visibles tanto la figura del usuario del servicio público como la existencia de sus derechos frente a las empresas prestadoras de servicios.
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 142 de 1994 se dispuso el ajuste de las normas societarias y de la operación de las empresas prestadoras de dichos servicios a la nueva normatividad, la cual resultó aplicable a CEDELCA, teniendo en cuenta que esa sociedad adoptó nuevos estatutos para operar como empresa de servicios públicos domiciliarios. También se reguló el tránsito de legislación en el sistema de tarifas y el régimen de los contratos celebrados por estas entidades, los cuales quedaron claramente sujetos a las normas del derecho privado, sin perjuicio de la aplicación de las cláusulas exorbitantes en los tipos de contratos que determinara la autoridad encargada de la regulación. Allí se estipuló igualmente la existencia del contrato de condiciones uniformes, el cual se configuró como un contrato tipo, definido en forma general para todos los usuarios del régimen regulado en el respectivo servicio público domiciliario.
En forma concreta, tal como lo observó la demandante, de acuerdo con la Ley 142 de 1994, en su artículo 99-9, se estableció -dentro del régimen de subsidios a las tarifas - que no podía existir exoneración en el pago de servicios públicos en favor de usuario alguno.
Por otra parte, la Ley 143 de 1994, “por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética”, contempló la posibilidad de transformación de las empresas estatales vigentes en esa época hacia otras formas de asociación con el Estado, a la vez que reguló la sujeción a las normas del derecho privado en relación con los contratos de las entidades prestadoras de los servicios públicos de electricidad y abrió paso al desarrollo de la compra venta y comercialización de energía eléctrica.
También es importante advertir que la Resolución 043 de 1995 expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG- que fue creada por la Ley 143 de 1994, contenía normas específicas para el caso que aquí se debate, toda vez que reglamentó el suministro y el cobro del servicio de energía eléctrica con destino al servicio de alumbrado público. En la citada resolución se definió el servicio de alumbrado público en relación con la iluminación de las vías y espacios públicos, en los siguientes términos:
“Servicio de alumbrado público. Es el servicio público consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como peatonales. También se incluirán los sistemas de semaforización y relojes electrónicos instalados por el municipio. Por vías públicas se entienden los senderos peatonales y públicos, calles y avenidas de tránsito vehicular”.
De acuerdo con los artículos 6º y 7º de la Resolución 043 de 1995, emanada de la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG-, los municipios quedaron obligados al pago del servicio de energía eléctrica requerido para el alumbrado, de conformidad con los plazos y formas de pago pactados en los respectivos convenios de alumbrado público.
La Resolución No. 043 de 1995, expedida por la CREG reiteró la competencia y la responsabilidad de los municipios en relación con la prestación del servicio de alumbrado público dentro de su territorio y de igual manera determinó que el suministro de la energía eléctrica destinada al referido alumbrado debía ser prestado por una empresa distribuidora de energía con la cual el municipio realizase el respectivo convenio. Se determinó que a falta de otro acuerdo, al municipio se le aplicaban las condiciones y procedimientos que se debían definir para los usuarios oficiales.
En lo que importa para este análisis, las disposiciones relacionadas con la prestación del servicio de alumbrado público y el sistema de pago del consumo de energía eléctrica correspondiente a ese servicio, establecieron en su orden:
“Artículo 2. Responsabilidad en las etapas de prestación del servicio de alumbrado público.
“Es competencia del municipio prestar el servicio de alumbrado público dentro del perímetro urbano y el área rural comprendidos en su jurisdicción. // (…) También le corresponde al municipio desarrollar la expansión de su sistema de alumbrado público, señalen las normas urbanísticas o de planeación municipal a quienes acometan proyectos de desarrollo urbano.
“El suministro de la energía eléctrica para el servicio de alumbrado público es responsabilidad de la empresa distribuidora o comercializadora con quien el municipio acuerde el suministro, mediante convenios o contratos celebrados con tal finalidad. Las características técnicas de la prestación del servicio se sujetarán a lo establecido en los Códigos de Distribución y de Redes.
“El municipio podrá realizar el mantenimiento y la expansión por su propia cuenta o mediante convenio o contrato celebrado con la misma empresa de servicios públicos que le suministre la energía eléctrica o con cualquier otra persona natural o jurídica que acredite idoneidad y experiencia en la realización de dichas labores. En todo caso, dichas actividades se cumplirán con sujeción a la normalización técnica aplicable”. (La negrilla y subraya no son del texto).
“(…).
“Artículo 7o. Sistema de Pago El municipio se someterá a los procedimientos para los pagos por concepto del servicio público de energía que tenga establecidos la empresa de servicios públicos con quien acuerde el suministro, para los usuarios oficiales. Estos procedimientos incluyen los definidos para los plazos de vencimientos y sanciones por mora en los pagos.
“De acuerdo con las Leyes HYPERLINK "http://www.creg.gov.co/html/Ncompila/htdocs/Documentos/Energia/docs/ley_0142_1994.htm" \l "1" \t "_blank" 142 y HYPERLINK "http://www.creg.gov.co/html/Ncompila/htdocs/Documentos/Energia/docs/ley_0143_1994.htm" \l "1" \t "_blank" 143, la Nación, las demás entidades territoriales, las entidades descentralizadas de aquella y éstas, así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas u órganos que integran la estructura del Estado, en todos los órdenes y niveles, incorporarán en sus respectivos presupuestos apropiaciones suficientes para satisfacer las obligaciones económicas contraídas por el uso del servicio de alumbrado público, las cuales se deberán cancelar en las fechas en que se hagan exigibles”. (La negrilla no es del texto).
La Resolución CREG 043 de 1995 definió un sistema tarifario especial para el suministro de energía por parte del alumbrado público, en caso de que no pudiera medirse el consumo de energía correspondiente, el cual fue determinado por la carga de energía requerida para las luminarias, su potencia y su nivel de utilización, de acuerdo con la fórmula contenida en la referida resolución. No obstante, mediante Resolución CREG 089 de 1996 dicha fórmula fue derogada y el sistema quedó bajo el régimen de libre negociación de tarifas para la venta de energía eléctrica. Mientras se acordaba, en cada convenio, el precio correspondiente a la energía a suministrar por parte de la empresa distribuidora a favor del municipio, la regulación dispuso la aplicación de la tarifa del sector oficial. En igual forma, la Resolución CREG 076 de 1997 precisó que a falta de pacto específico en el contrato, se debían seguir las reglas del sistema de facturación de energía para el sector oficial.
De acuerdo con la regulación expedida por la CREG se advirtió que la expansión de la red de alumbrado público era una responsabilidad del municipio y que en caso de gravar a los usuarios por ese concepto, no se podía recuperar de ellos más de aquello que pagaban.
5. La modificación de la regulación aplicable a la actividad no da lugar a la nulidad del acuerdo contractual que fue celebrado conforme al derecho vigente en el momento de su celebración
En el escenario de transición generado por la ley de servicios públicos y la denominada ley eléctrica, en uso de las potestades de intervención asignadas a las Comisiones de Regulación, se regularon dos sistemas tarifarios aplicables a los servicios de energía eléctrica, de acuerdo con el tipo de usuario: los regulados y los no regulados. Los primeros constituyeron el grupo general sometido a tarifas estándar aplicadas de conformidad con criterios uniformes y, los segundos, se encontraban en régimen de libre negociación y podían clasificarse como usuarios no regulados en razón de la cantidad de energía demandada y la condición de un punto único de entrega, los cuales accedían a precios fijados a través del acuerdo entre las partes, en el marco del nuevo mercado mayorista de energía eléctrica.
En este orden de ideas, para el análisis del convenio sub judice se tiene que distinguir, de una parte, la ley del contrato de sociedad que se encontró vigente al momento de la celebración del acuerdo y bajo el cual se define la legalidad del pacto contractual que ahora se examina y, de otra parte, la ley de la actividad, la cual fue materia de modificación y resultó aplicable a los nuevos suministros de energía al municipio, en este caso en materia del precio de la energía y la forma de pago prevista en la regulación.
Es útil precisar que la Ley 153 de 1887 no indica que las normas del contrato de sociedad se tornen en supuestos inmodificables para el ejercicio de la actividad que desarrolla cada persona jurídica al amparo del objeto social, el cual es por naturaleza de tracto sucesivo y está sometido a la dinámica cambiante de la legislación. En mercados regulados es factible que la ley que rige las actividades de la sociedad sea modificada e imponga nuevas obligaciones y prohibiciones -que operan hacia el futuro sobre las actividades mediante las cuales se desarrolla el objeto social- y que, eventualmente, la nueva ley impida la continuidad de un acuerdo contractual inicialmente amparado bajo la leyes vigentes en la fecha en la cual se formalizó el contrato de sociedad.
Es importante traer al presente análisis el principio de aplicación inmediata de la ley imperativa, consagrado desde el artículo 18 de la Ley 153 de 1887 y la regla del artículo 978 del Código de Comercio, de acuerdo con la cual se reconoció que, tratándose de asuntos regulados, los precios y condiciones del contrato de suministro deben ajustarse, en su caso, a la reglamentación del Gobierno.
En este orden de ideas, la regla de interpretación del contrato de sociedad bajo las leyes vigentes al tiempo de su celebración no se opone a la aplicación imperativa de la ley vigente sobre la actividad del ente societario. La ley de la actividad somete a todas las partes bajo una legislación al deber de ajustar el ejercicio del objeto social a nuevas exigencias o a prohibiciones, supuesto en el cual para desarrollar el objeto en legal forma surge el imperativo de modificar los acuerdos contractuales con el fin de ajustar las actividades futuras a las exigencias de la nueva ley que rige la actividad.
Por otra parte, se debe advertir que en materia de regulación de actividades controladas por el Estado, los pactos contractuales que en principio se rigen por la libre configuración de las partes se pueden ver restringidos por razón de la ley o las reglas de operación que se imponen en el mercado regulado. Ello es así por razón de la aplicación general de la ley, en este caso, sobre la prestación del servicio público, en equidad de condiciones para todos los prestadores del servicio que compiten en el mercado y, también, para todos los usuarios que tienen derecho de acceso bajo un trato regido por criterios homogéneos.
Sin embargo, sigue siendo cierto que el contrato incorpora la ley imperativa vigente a la fecha de su celebración, bajo esa ley debe ser juzgada su legalidad y el contenido obligacional que a su vez se constituye en ley para las partes. Por ello, frente a la mutación en el estatus de un acuerdo contractual, el cual en principio dispone actividades permitidas y que luego son prohibidas por la ley nueva, no se predica un evento de “nulidad sobreviniente” sobre el pacto original, el cual continúa siendo válido al amparo de las leyes vigentes al momento de su celebración, tal como lo dicta el contenido del artículo 38 de la Ley 153 de 1887.
Entonces, frente a la ejecución de una actividad pactada o de un acuerdo societario permitido en el momento en que se constituyó la persona jurídica o en el que se formalizó el respectivo acuerdo y que, luego, queda prohibido o restringido por ley posterior, no tiene lugar la configuración de un vicio de nulidad, puesto que la previsión estatutaria -o el pacto contractual a su amparo- se creó de conformidad con la ley.
A juicio de la Sala el asunto que se acaba de plantear se resuelve bajo el derecho de las obligaciones, toda vez que por razón de la ley posterior prohibitiva se configura la obligación de objeto imposible, respecto de la cual no puede exigirse la ejecución futura puesto que resultaría violatoria de la ley.
Se apoya lo anterior en una reflexión sobre la fuente primigenia de las obligaciones que es el contrato y en la dinámica del negocio jurídico de tracto sucesivo en el cual las obligaciones -y los derechos correlativos- pueden encontrarse sometidos a términos y condiciones variables en el tiempo de vigencia del contrato.
De acuerdo con el Código Civil, la obligación se entiende moralmente imposible cuando su objeto viola la ley y, por otra parte, se advierte en dicha normativa que la condición a la que se somete la existencia de un derecho o el cumplimiento de una obligación se torna fallida cuando -dicha condición- se hace imposible.
En términos concretos, la Sala se aproxima al caso en cuestión indicando que si el acuerdo de pago con las utilidades futuras estaba permitido a la luz de la legislación vigente en el momento en que se celebró, no deviene en nulo por el hecho de que una ley posterior lo hubiera prohibido total o parcialmente. En ese evento, la obligación pasa a clasificarse dentro de aquellas de objeto imposible y no puede ser prestada ni exigida después de que entra a regir la ley prohibitiva, toda vez que a lo imposible – en este caso a la ejecución ilegal- nadie está obligado.
Si se trata de una obligación sometida a un acuerdo condicional de carácter suspensivo, que por virtud de la nueva ley se torna vedado para las partes, la condición se entenderá fallida por cuanto no podrá ejecutarse a partir de la imposibilidad moral de hacerlo, en virtud de la prohibición legal.
Puede ser que el supuesto de la prohibición legal sobreviniente tipifique una ineficacia de la obligación, en caso de que la ley así lo califique – como lo hizo el Código de Comercio con algunos actos en materia de sociedades, entre otros muchos sancionados con la ineficacia- o que ante la modificación legislativa se consolide una justa causa para no continuar con el cumplimiento de lo pactado, sin perjuicio de que se configure, eventualmente –depende de la ecuación financiera del respectivo convenio- una circunstancia imprevista y lesiva del equilibrio contractual, por razón de la disposición normativa sobreviniente. También cabe el supuesto bajo el cual ocurra una causal de terminación del contrato, ante la imposibilidad de ejecución subsiguiente.
Por último, se trae a colación que desde la perspectiva del derecho de las obligaciones, el contrato puede comprender prestaciones de cosa futura de manera que en el derecho común no está prohibido el pacto sobre cosas que no existen; empero se requiere – para la legalidad del acuerdo referido- que el objeto de la obligación sea física y moralmente posible, según se observa en las siguientes disposiciones del Código Civil:
“Articulo 1518 C.C. “No sólo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan; pero es menester que las unas y las otras sean comerciales y que estén determinadas, a lo menos, en cuanto a su género.
“La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla.
“Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público”. (Se destaca en negrilla).
“Articulo 1532 CC. “La condición positiva debe ser física y moralmente posible.
“Es físicamente imposible la que es contraria a las leyes de la naturaleza física; y moralmente imposible la que consiste en un hecho prohibido por las leyes, o es opuesta a las buenas costumbres o al orden público.
“Se mirarán también como imposibles las que están concebidas en términos ininteligibles”.
Habiendo expuesto el panorama legislativo en el que se situó la celebración y la ejecución del acuerdo entre las partes –ahora en contienda- la Sala procede a estudiar el caso concreto.
6. El caso concreto
La cláusula tercera de la Escritura Pública 1457 de 1962, contra la cual se enfiló la demanda, dispuso:
“TERCERA: Por su parte CEDELCA se obliga para con el Municipio: a) A suministrar, entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, el servicio de alumbrado público de la ciudad de Miranda, de las dependencias municipales y de los establecimientos de educación municipales de dicha ciudad a las tarifas que para el efecto fije el Ministerio de Fomento y con cargo a las utilidades que se liquiden a favor del Municipio por el aporte total de las acciones suscritas y pagadas conforme al presente contrato, y demás que el Municipio de Miranda posea como accionista de CEDELCA. El Saldo que resultare a favor del municipio se reinvertirá en acciones de CEDELCA por su valor nominal; y si hubiere saldo en contra éste se diferirá para su posterior cancelación con futuras utilidades. PARÁGRAFO: es entendido que el municipio debe suministrar y reponer oportunamente toda la bombillería necesaria y adecuada, para poder utilizar el servicio de alumbrado a que se refiere este punto.- b) A efectuar por su cuenta todos los trabajos relacionados con la unificación y rectificación de líneas de transmisión y redes de distribución, de acuerdo con los planes aprobados por el Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, trabajos que se efectuarán en un plazo máximo de tres (3) años contadero a partir de la fecha del otorgamiento de la escritura.- c) A efectuar estudios tendientes a la electrificación rural de las veredas municipales para ser realizada tan pronto como haya generación suficiente de energía y lo permitan los recursos financieros de la empresa”.
6.1. Lo primero que puede advertirse sobre el texto de la cláusula que se acaba de citar, es que contiene un acuerdo de pago con fundamento en la generación de utilidades societarias futuras, las cuales por su naturaleza constituían un hecho incierto e indeterminado. Por esa razón, se debe observar que el acuerdo contractual se enmarcó bajo las reglas legales de la obligación denominada de “cosa futura” en los términos del Código Civil, que aunque fueron definidas en relación con la compraventa, se encontraron concatenadas, en dicha codificación, con las reglas generales de las obligaciones y, por tanto, aplicables en todo tipo de obligaciones contractuales.
Bajo el concepto de la obligación contraída sobre “cosa futura”, el objeto de la obligación no existe pero se espera –razonablemente- que exista, asunto que encaja perfectamente con un acuerdo en el seno de la sociedad comercial, en el cual se somete el nacimiento de una obligación o su exigibilidad a la existencia de las utilidades o dividendos de ejercicios subsiguientes. Como ya se advirtió, sobre ese pacto contractual la ley civil dispone que la obligación se entiende condicionada a la existencia de la cosa, es decir que, trasladando este tipo de obligación al campo de la sociedad anónima, la obligación de pago así pactada se encuentra condicionada al hecho del reparto de utilidades futuras a favor de los accionistas.
Entonces, se puede observar que en el contrato sub judice, habiendo aportado los bienes afectos al servicio de alumbrado a CEDELCA, sociedad comercial de carácter estatal, el pago de la energía suministrada se encontraba sometido a la condición de utilidades futuras, lo cual de acuerdo con el contenido del contrato, se puede expresar de la siguiente forma: si en la sociedad CEDELCA se generaban utilidades para los accionistas, con ellas el municipio de Miranda pagaría el valor de la energía correspondiente al alumbrado público hasta concurrencia del monto de las utilidades que le correspondieran y si hubiere excedente de utilidades a su favor, lo capitalizaría mediante la suscripción de nuevas acciones, empero, si no se llegaban a decretar utilidades o no alcanzaban para cubrir el valor de la energía suministrada con destino al alumbrado, se diferiría el pago del saldo, hasta la fecha en que llegaran a existir tales utilidades.
Ahora bien, teniendo en cuenta todo el contenido obligacional de la Escritura Pública 1457 de 1962, la Sala entiende que las dos entidades estatales que celebraron el convenio asumieron el riesgo compartido propio de la actividad societaria y el de la gestión futura de la operación social, según se observa, con fundamento en lo siguiente:
Por una parte, el municipio entregó a CEDELCA la propiedad de los bienes que en ese momento conformaban la infraestructura del alumbrado púbico, a cambio de su participación accionaria en CEDELCA, sociedad comercial de economía mixta, cuyo objeto era la gestión industrial y comercial de las plantas de energía. Por el hecho de constituirse en socio, el municipio tomó el riesgo de mayor o menor valor del patrimonio social y el de una rentabilidad incierta y de carácter variable, en razón de la propiedad accionaria en la que entró a participar.
Empero, el municipio no se desprendió de su gestión en relación con el servicio de alumbrado público a su cargo, por el contrario, se comprometió a continuar, bajo su costo, con el suministro de luminarias y la expansión de la red de alumbrado a las veredas, de acuerdo con los planes que fueran aprobados por Instituto de Fomento Municipal.
En igual forma, se advierte que el municipio no era solamente un accionista, sino que tenía también condición de co-prestador del servicio, toda vez que se obligó al suministro de luminarias y al desarrollo de la infraestructura del alumbrado público que había transferido a CEDELCA, pero que se comprometió a complementar y a ampliar.
En los antedichos aspectos las obligaciones del municipio guardaron relación con el deber de responder por el servicio público de alumbrado.
Por su parte, CEDELCA entró en una asociación de riesgo compartido en relación con el alumbrado público, o al menos con el flujo de caja de la respectiva gestión, puesto que acordó que el valor de la energía del alumbrado se le pagaría con cargo a las utilidades futuras repartibles que lograse generar en su propia operación.
En su inicio el acuerdo entre CEDELCA y el municipio de Miranda no era de prestación de servicios a cambio de un precio o tarifa fija, sino que constituyó una asociación de dos entes públicos para la gestión orientada a llevar el servicio de alumbrado público a la comunidad del municipio, en la cual ambas partes tenían obligaciones y asumían costos y riesgos, correspondiendo a CEDELCA suministrar la energía con el consecuente derecho al pago bajo la condición de que se causaran utilidades a favor del municipio, las cuales solo se producirían como resultado de la operación de la propia electrificadora, que, dicho sea de paso, no era una sociedad creada exclusivamente para administrar la red del alumbrado del municipio de Miranda, habida cuenta que existían otros municipios y entidades públicas accionistas y que el objeto social inicialmente concebido estaba destinado, en general, a las actividades en relación con la explotación industrial y comercial de energía para la prestación del servicio en el departamento del Cauca.
6.2. Análisis del acuerdo sub judice frente a las leyes de servicios públicos
Ahora bien, la Sala advierte que frente a las exigencias legales y regulatorias que se impusieron con ocasión de la nueva forma de prestación de los servicios públicos y del mercado de energía eléctrica, el acuerdo contenido en la cláusula tercera de la Escritura Pública 1457 de 1962 no quedó sometido a una prohibición legal aunque se regularon algunos aspectos que no estaban contenidos en el referido contrato, como fueron los relacionados con el precio libre o negociado para el caso de los usuarios no regulados y el sistema de facturación y pago dispuesto para los usuarios regulados, los cuales entraron a integrar el marco contractual correspondiente.
Se observa que el convenio no quedó prohibido en virtud de la nueva regulación, puesto que se refirió a aspectos que eran nuevos y que entraron a integrarse al convenio en ausencia de pacto específico. La Sala considera que el convenio de alumbrado público que ahora se juzga no quedó en violación de la ley, sino que ocurrió una integración normativa, con fundamento en las siguientes apreciaciones:
6.2.1. La prohibición de no exoneración en el pago de los servicios públicos establecida en el artículo 99-9 de la Ley 142 de 1994, se ubica dentro de una disposición que se refiere al régimen de los subsidios que puede estructurar el municipio con fundamento en sus propios recursos para redistribuir el costo de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios entre los usuarios.
Así se lee en la aludida norma:
“Artículo 99. Forma de subsidiar. Las entidades señaladas en el artículo 368 de la Constitución Política podrán conceder subsidios en sus respectivos presupuestos de acuerdo a las siguientes reglas: (…) 99.9. Los subsidios que otorguen la Nación y los departamentos se asignarán, preferentemente, a los usuarios que residan en aquellos municipios que tengan menor capacidad para otorgar subsidios con sus propios ingresos. En consecuencia y con el fin de cumplir cabalmente con los principios de solidaridad y redistribución no existirá exoneración en el pago de los servicios de que trata esta Ley para ninguna persona natural o jurídica”. (Se destaca).
El predicamento de la norma citada no afectó el contenido del convenio que ahora ocupa la atención de la Sala, puesto que se refirió a asuntos distintos: la ley permitió a los municipios otorgar los subsidios a favor de la población con menores ingresos, en desarrollo de las potestades previstas en los artículos 367 y 368 de la Constitución Política, bajo el imperativo de aplicar los criterios de distribución de costos, solidaridad y redistribución de ingresos en el sistema tarifario, al paso que el convenio sub judice se refirió a la relación comercial entre la empresa distribuidora y el municipio, mas no al asunto de los subsidios del municipio a los usuarios.
En efecto, el convenio que ahora se examina invocó la aplicación de la tarifa –plena- que fijara la autoridad competente, la cual se acordó como base para establecer el valor de la energía suministrada con destino al alumbrado público, es decir, que no contenía acuerdo de subsidio alguno.
De manera importante se advierte que aún en el caso de que en la ejecución del acuerdo entre las partes se llegara a tipificar el supuesto de que los costos de la energía quedaran asumidos en un 100% por CEDELCA, ello no constituyó una condición de gratuidad para el municipio, toda vez que dentro del mismo convenio el ente territorial tenía a su cargo otras actividades inherentes al servicio y a los costos correspondientes, como fueron los relacionados con el suministro de las luminarias y las ampliaciones de la red de alumbrado público, además de aquellos causados para los estudios requeridos en orden al desarrollo del servicio de alumbrado público en las veredas.
En este punto se concluye que el convenio sub judice no era violatorio de la condición de no gratuidad para los usuarios del servicio público correspondiente y tampoco constituyó un acuerdo de servicio gratuito a favor del municipio.
Es importante observar que el servicio de alumbrado público comprende una infraestructura específica cuya administración genera costos particulares y distintos de los de la energía domiciliaria, de manera que no se equipara el servicio de energía con el de alumbrado público, aunque este último requiere del suministro de energía eléctrica.
6.2.2. De conformidad con la Ley 143 de 1994, la regulación definió el servicio de alumbrado público en forma específica, el cual fue objeto de una formulación tarifaria concreta en la Resolución CREG 043 de 1995, como se ha explicado en esta providencia y, posteriormente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas –GREC- fijó la regla de libertad de negociación de tarifas entre el municipio y la empresa distribuidora y, a falta de tarifas fijadas por el convenio entre las partes, dispuso que entraba a aplicar la tarifa establecida para el sector oficial.
De esta manera, el convenio contenido en la Escritura Pública 1457 de 1962 no quedó prohibido, sino que, por razón de los aspectos no definidos entre las partes, quedaron integradas al contrato las tarifas y los sistemas de facturación y pago previstos para el servicio de energía eléctrica que para el sector oficial estableciera CEDELCA.
De acuerdo con el plenario, el municipio no se clasificó como usuario mayorista y no adelantó una negociación sobre el precio de la energía, de manera que accedió a prestación del servicio bajo el régimen de los usuarios regulados del sector oficial.
6.2.3. En consecuencia, el plazo para el pago de nuevos consumos debió ajustarse al de la facturación del sector oficial, a partir del 1º de enero de 1997, fecha en la cual culminó el término de la transitoriedad establecida en el artículo 10 de la Resolución CREG 043 de 1995, prorrogado por la Resolución CREG 043 de 1996.
Ahora bien, frente a esa imposición regulatoria, una parte de la cláusula tercera de la Escritura 1457 de 1962 se tornó en objeto imposible, en cuanto al pago con utilidades y a la obligatoriedad de diferir el pago a periodos subsiguientes, por cuanto en la nueva regulación de la actividad existió el imperativo de facturación en periodos predeterminados, lo cual era incompatible con la forma de pago de plazo y cuantía indeterminada.
De acuerdo con todo lo antedicho, en la presente sentencia se denegará la nulidad de la Escritura Pública 1457 de 1962, teniendo en cuenta que el acuerdo atacado no se constituyó en violatorio de la ley del contrato.
No obstante, se establece que en relación con los precios y plazos, CEDELCA no estaba compelida a esperar indefinidamente la condición de las utilidades y a falta de un pacto sobre los precios y la forma de pago, por virtud de la integración normativa a la actividad, tenía derecho a cobrar, de acuerdo con la regulación, todos los consumos de conformidad con las tarifas del sector oficial y en los términos y condiciones de la facturación que aplicó para los usuarios regulados en ese sector.
6.3. Integración del régimen contenido en la regulación
El artículo 365 de la Constitución Política introdujo la posibilidad de que los servicios públicos pudieran prestarse por comunidades organizadas o por particulares, empero se advirtió que la ley desarrollaría el régimen legal correspondiente y se estableció la potestad de regulación por parte del Estado. En lo que importa para este caso, se destaca que los artículos 365 y 367 de la Constitución Política permiten al Estado intervenir la actividad de los servicios públicos. Es precisamente en ejercicio de ese poder que el Estado puede llegar a limitar la actividad contractual de los particulares o a imponer la modificación de los pactos contractuales, para preservar el cumplimiento de las finalidades del Estado en materia de servicios públicos.
En este caso particular, la Sala debe llamar la atención sobre aquella parte del convenio que se tornó de imposible cumplimiento, por quedar en contraposición con los sistemas de facturación previstos como imperativos a falta de un pacto de precio sobre la energía requerida por el municipio, los cuales hacen parte del sistema tarifario. Se refiere la Sala a la siguiente disposición de la cláusula tercera:
“El Saldo que resultare a favor del municipio se reinvertirá en acciones de CEDELCA por su valor nominal; y si hubiere saldo en contra éste se diferirá para su posterior cancelación con futuras utilidades.” (Se destaca en negrilla).
En la medida en que el municipio de Miranda y CEDELCA no celebraron un acuerdo de precio para la compraventa de energía y aquel quedó clasificado como usuario regulado -a falta de la celebración de un contrato de compra de energía en bloque-, resultó ilegal dar ejecución futura al pacto original, en el aspecto que se refiere al pago con utilidades, por contener una forma de pago distinta a la que se estableció para los demás usuarios del sector oficial.
Entonces, el pacto mediante el cual se otorgó al municipio el derecho a diferir el pago del servicio de energía suministrada al alumbrado público en forma indeterminada, pendiente de ejercicios sociales subsiguientes y de resultado incierto, resultó de imposible aplicación para los consumos realizados a partir del 1º de enero de 1997, por la pasividad de las partes en acudir a una negociación de precio frente a lo cual entró a aplicarse la integración normativa bajo la modalidad impuesta por la regulación.
En consecuencia, se anticipa desde ahora que asistió el derecho a CEDELCA para invocar el incumplimiento del convenio en la forma como debió ser realizado el pago por parte del municipio de Miranda y, por ello, procede la indemnización correspondiente invocada como pretensión tercera subsidiaria, en la medida de la prueba allegada al proceso.
6.4. Pretensión de desequilibrio contractual
Desde la perspectiva de la demandante se presentó la ruptura del equilibrio contractual por cuanto a raíz de la toma de posesión con efectos liquidatorios que realizó la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, CEDELCA quedó determinada a su extinción sin que hubiera podido generar utilidades para hacer efectivo el cargo del suministro de energía al alumbrado público del municipio de Miranda.
La Sala advierte que el desequilibrio contractual no puede ser invocado como fuente de responsabilidad con fundamento en hechos imputables a quien los alega, toda vez que en el contrato cada parte tiene unas obligaciones, cargas y riesgos y, en ese orden de ideas, cada una de ellas debe sufrir el efecto de sus propios incumplimientos y de las variaciones de las circunstancias cuyos efectos le corresponde asumir.
La fórmula económica del convenio celebrado entre las partes para el servicio de alumbrado público no fue expuesta en este proceso y lo cierto es que no se reducía al precio de la energía, toda vez que los costos del servicio también incorporaban las luminarias y la expansión de la red de alumbrado público a cargo del municipio.
Es claro que no puede demostrarse el desequilibrio económico de un contrato con prestaciones recíprocas, sin acreditar cuál era la ecuación financiera que gobernó el acuerdo contractual y demostrar, entonces, los ítems de la fórmula que habrían llevado al desbalance. La fórmula económica de la ecuación contractual es un aspecto que debe ser probado para iniciar el análisis de distribución de riesgos y establecer el referente del equilibrio contractual, frente al cual se establece el hecho o circunstancia que impactó la ecuación, la ruptura del equilibrio y la parte contractual a la que le correspondió asumirla.
Por otra parte, se observa que el convenio celebrado entre las partes, no otorgó garantía de resultado de la operación societaria, ni CEDELCA contó con aseguramiento del pago en la medida que acordó el sometimiento del mismo a la referida condición de utilidades futuras.
Tampoco se conoció en el plenario el impacto que produjo la cartera pendiente a cargo del municipio sobre la situación del contrato de prestación de servicios, ni sobre el flujo de caja de CEDELCA.
Según anotaron los testigos que conocieron la operación de CEDELCA, las restricciones del flujo de caja que habrían llevado a la toma de posesión provenían también de otras carteras morosas y de las pérdidas de energía y las ineficiencias en el sistema de recaudo, de manera que tampoco se probó que el supuesto desequilibrio económico se hubiera originado en el acto de la autoridad competente.
Por otra parte, la toma de posesión constituyó un acto jurídico que no introdujo cambios sobre la situación financiera del contrato ni sobre el contenido del acuerdo contractual, por manera que no se estructuró el acto de autoridad o “hecho le príncipe” como causa del supuesto desequilibrio. Lo que se aprecia es que los incumplimientos de CEDELCA en sus operaciones en el mercado mayorista fueron la causa de las restricciones que la llevaron a la toma de posesión.
Tampoco existen elementos de juicio para concluir acerca de la imprevisibilidad y agravación de la prestación de futuro cumplimiento, los cuales se establecen como requisitos de la teoría de la imprevisión, de acuerdo con el artículo 868 del Código de Comercio:
En resumen, frente a la pretensión de ruptura del equilibrio contractual, la demandante falló en la carga de la prueba de los hechos que alegó, los cuales le correspondió acreditar de conformidad con el artículo 177 del C.P.C., de manera que deben denegarse las pretensiones de desequilibrio económico del contrato.
6.4. Pretensión de aplicar la condición resolutoria
La demandante solicitó la resolución del contrato, sin hacer explícito un concepto jurídico acerca del contenido y apoyo de la referida pretensión subsidiaria.
Se observa que la pretensión se estableció en forma separada de aquella que se presentó como indemnización de perjuicios; esta última será la única que logre declaración favorable a las pretensiones de la demandante en este proceso, de acuerdo con lo que se ha expuesto.
Sin embargo, en la medida en que la pretensión también cabria en el supuesto de la ocurrencia de una condición resolutoria o extintiva del derecho del municipio a recibir el suministro de energía para la prestación del servicio de alumbrado público, la Sala pasa al estudio de tal condición:
La ley civil se refiere a esta clase de condición al regular sus efectos en el artículo 1544 del Código Civil, así:
“Artículo 1544. Cumplimiento de la condición resolutoria. Cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición, a menos que ésta haya sido puesta en favor del acreedor exclusivamente, en cuyo caso podrá éste, si quiere, renunciarla; pero será obligado a declarar su determinación, si el deudor lo exigiere”.
La aplicación de la condición resolutoria supondría que el municipio tenía derecho a percibir el suministro de energía hasta la fecha en que se hiciera cierto que CEDELCA no iba a generar utilidades, cosa que solo podría determinarse en la liquidación final de la sociedad, cuyo resultado no se conoció en el debate sub lite.
Sin embargo, aun aceptando la existencia de una condición resolutoria en el contrato sub lite, en este caso resulta improcedente entenderla como establecida únicamente a favor del municipio, en orden a abrir paso a la restitución de lo percibido, toda vez que la beneficiaria última del servicio público de alumbrado era la población del municipio, frente a la cual no operaba el derecho a suspender la prestación del servicio, teniendo en cuenta el interés general ínsito en el suministro del alumbrado público.
Tampoco hay lugar a aplicar el artículo 1544 del Código Civil en el caso sub lite, acerca de una obligación a título de restitución de lo percibido, teniendo en cuenta que a su vez existieron prestaciones y obligaciones a cargo del municipio dentro del mismo acuerdo, referidas a la red de alumbrado público entregada a CEDELCA y, por tanto, la condición resolutoria no estaba establecida o pactada en un escenario obligacional aislado y exclusivo en favor del municipio.
Por otra parte, el supuesto que ahora se examina carece de elementos para tipificar el derecho a la restitución a titulo de frutos o ganancias, teniendo en cuenta que las partes no acordaron la extinción de la obligación de pago en caso de que la sociedad llegara a su liquidación sin haber generado utilidades o dividendos. En consecuencia, la obligación de pago no se deriva del hecho de la liquidación de la sociedad, sino que a partir de la regulación establecida por la CREG surgió en forma pura y simple de acuerdo con el consumo y sometida al plazo de la facturación.
6.5. Pretensión de indemnización
En este caso se demostró el incumplimiento por parte del municipio, toda vez que no realizó pago alguno por el consumo de energía, prevaliéndose de un pacto de pago con utilidades futuras que resultó inaplicable a partir de la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG- vigente a partir del 1º de enero de 1997, de acuerdo con la cual, en ausencia de un convenio de precio y forma de pago de la energía suministrada, el precio de la energía quedó sometido a los mismos términos y condiciones fijados para el sector oficial.
Desde esa perspectiva, la conducta de desconocimiento de la regulación, vulneró el derecho que CEDELCA tenía al amparo del acuerdo acerca del alumbrado público y que se determinaba de conformidad con la regulación aplicable, razón por la cual el municipio de Miranda debe reparar el daño que causó a CEDELCA y, en consecuencia, procede imponerle la obligación de indemnizarle por el perjuicio que le ocasionó.
Ahora bien, pasa la Sala a establecer el valor del perjuicio, para lo cual se enfoca en el análisis de la prueba pericial:
Se observa que el perito designado por el Tribunal a quo, advirtió en su experticio que en relación con las obligaciones existentes con corte a junio 30 de 2002 no encontró “documentación histórica y física de las facturas que permitan identificar y cuantificar los consumos mes a mes por alumbrado público al municipio de Miranda.”
Por otra parte, el perito estableció un valor adeudado desde el 1º de julio de 2002 a 31 de diciembre de 2003, por la suma de $153’215.172, que dijo haber levantado con los datos suministrados por “una funcionaria de mercadeo” de la CEDELCA, “dada la circunstancia de que el sistema que operaba en la época ya no existe”.
En relación con las dos cifras antedichas, en la misma forma que lo hizo el Tribunal a quo, la Sala considera que no se encontró demostrado el perjuicio, toda vez que la fuente de la información no resulta idónea para establecer el valor de la energía que el municipio recibió y que no pagó a CEDELCA, en los periodos citados.
Ahora bien, para el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 15 de julio de 2008, indicó el perito que “el sistema arroja unos valores que me permitieron identificar claramente el valor facturado en $2.065’634.826”.
El Tribunal a quo desconoció esta última cifra, por cuanto le extendió la observación del perito acerca de la inexistencia de archivo físico para respaldar el consumo y la facturación correspondiente, sin embargo no tuvo en cuenta que la ausencia de idoneidad probatoria que se extrae de la reseña del perito afectó las obligaciones causadas hasta el 31 de diciembre de 2003, toda vez que para el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2004 al 15 de julio de 2008, sí existió respaldo de la facturación en los sistemas de la sociedad, lo cual dio certeza al perito acerca del valor que se causó y que el municipio no pagó a CEDELCA.
Ahora bien, la Sala puede inferir que ese valor correspondió al consumo del alumbrado público en el periodo citado, toda vez que la información se extrajo de acuerdo con los registros del sistema en la facturación y que en este proceso el municipio no discutió que recibió el servicio y nada se supo acerca de que CEDELCA hubiera suspendido el suministro de energía con destino al alumbrado público en el municipio de Miranda durante el periodo citado, por manera que el sistema de facturación de la entidad prestadora del servicio se tiene como fuente confiable de los consumos que se registraron para establecer el valor de la facturación que debió ser liquidada con fundamento en las tarifas aplicables que correspondieron a las del sector oficial. Se advierte que el dictamen no fue objeto de solicitud de aclaración ni de objeción por parte alguna.
Puede agregarse que la apreciación de veracidad de los registros del periodo comprendidos entre el 1º de enero de 2004 al 15 de julio de 2008 se refuerza, si se tiene en cuenta que para esa época CEDELCA había sido sometida a la toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y estaba bajo la administración del agente especial delegado por esa entidad.
Por tanto, se tomará aquella parte del dictamen sobre la cual el perito confirmó tener claridad en relación con el monto de la facturación y esta última cifra se aceptará como prueba del valor de la indemnización que debe ser reconocida en el presente proceso.
No se decretará el pago de intereses moratorios sobre los valores que arrojó el peritazgo, habida cuenta que el municipio se amparó en una cláusula formalmente vigente y que la condena en este proceso se fundará en el entendimiento de una obligación que se tornó de objeto imposible de acuerdo con un análisis jurídico que era precisamente materia de debate, por todo lo cual se entiende que en su momento la obligación no fue clara ni se puede establecer como de plazo vencido con anterioridad a la fecha de la sentencia que desata esta controversia.
Además, en este proceso CEDELCA no demostró la remisión ni el cobro de las facturas para hacer exigible su pago, ni acreditó requerimientos frente al municipio, amén de que en este proceso no existió la pretensión de cobro por concepto de una obligación exigible.
En consecuencia, se liquidará la condena con el concepto de indexación o ajuste basado en el IPC sobre la suma arrojada por el dictamen pericial, desde el mes de agosto de 2008 teniendo en cuenta que el dictamen estableció el valor correspondiente al corte a julio 15 de 2008.
Finalmente, se tiene en cuenta que la exclusión de las pretensiones relacionadas con las obligaciones reconocidas a junio de 2002 para efectos del fallo, también se apoya en que operó la caducidad de la acción contractual en relación con los actos y hechos correspondientes a este grupo de obligaciones, debido a que fueron objeto de un reconocimiento y trámite especial, por lo cual la caducidad de la acción contractual tuvo lugar desde la época en que se produjeron los actos administrativos correspondientes.
Tampoco hay lugar a establecer la prescripción de la acción ejecutiva sobre las partidas que conforman el perjuicio, de la cual trata el artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8o de la Ley 791 de 2002, que se aplica a las facturas de los servicios públicos en su condición de título ejecutivo, esto es, de cinco (5) años, toda vez que en este proceso se acudió a la acción ordinaria contractual la cual tiene un término de caducidad que se cuenta desde la ocurrencia de los hechos o a partir de la terminación del contrato, según sea el caso y en este evento los hechos que se reconocen como causa del daño contractual y base de la indemnización se encontraban vigentes a la fecha de la demanda, en la medida en que la conducta que causó el perjuicio fue continuada y persistía a la fecha de la demanda, dentro de un contrato entonces vigente. En todo caso las obligaciones en que se fundará la liquidación de la condena se encontraban dentro del lapso de los cinco años anteriores a la presentación de la demanda.
6.6. Liquidación de la condena
De conformidad con la fórmula de liquidación de la pretensión que resultó procedente y que se adopta en esta sentencia, el valor de la condena se establece de la siguiente manera:
Valor actualizado = Valor histórico x índice final / índice inicial
Valor actualizado = $2.065’634.826 x 127,78/ 99,13
Valor actualizado= $2.662’633.088,53
7. Costas en vigencia de la ley 1395 de 2010
Para la fecha en que se interpuso el recurso de apelación se encontraba vigente la Ley 1395 de 2010 que modificó el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, el cual quedó integrado con las siguientes reglas en materia de costas: i) la parte vencida debe ser condenada en costas y ii) las costas deben probarse.
En consecuencia la Sala establece que en este proceso, teniendo en cuenta el sentido condenatorio de la sentencia y la norma que rigió para la alzada, hay lugar a condenar en costas de la segunda instancia, por lo cual se ordenará la tasación por secretaría.
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010 –modificatorio del artículo 392 del C. de P. C.–, en supuestos como el del presente caso debe procederse también a la liquidación de agencias en derecho en favor de la parte beneficiada con la providencia definitiva y a cargo de la parte vencida.
A su turno, el artículo 393-3 del C. de P. C. dispone que para efectos de la liquidación de costas se fijarán las agencias en derecho con aplicación de las tarifas previstas por el Consejo Superior de la Judicatura, propósito para el cual el Juez deberá tener en cuenta, además de las mencionadas tarifas, i) la naturaleza, ii) la calidad y iii) la duración de la gestión realizada por el apoderado o por la parte que litigó personalmente, supuestos que deben ser valorados por el Juez de la causa, con el fin de decidir el monto de la tarifa dentro de los límites correspondientes.
Al respecto, el Consejo Superior de la Judicatura –Sala Administrativa– mediante Acuerdo No. 1887 del 26 de junio de 2003, estableció las tarifas correspondientes a las agencias en Derecho aplicables a los procesos judiciales y señaló lo siguiente por cuanto resulta de interés para los efectos del presente proceso:
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho
LA SALA ADMINISTRATIVA DEL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las señaladas en el artículo 43 de la ley 794 de 2003,
ACUERDA
ARTICULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
“(...).
“III. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
“3.1. ASUNTOS.
“3.1.3. Segunda instancia.
“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia".
En el presente proceso se aprecian los siguientes aspectos para determinar el monto de las agencias en derecho: La actividad de la parte actora, en cuyo favor debe proferirse la condena por cuanto resultó vencedora, sustentó el recurso de apelación y actuó en la alzada en la oportunidad para alegar de conclusión, mediante la presentación del escrito correspondiente, en el cual reiteró los argumentos de la demanda y de la apelación. La segunda instancia tuvo una duración de cuatro años, aunque no demandó intervenciones especiales distintas de las referidas a la prueba que la actora solicitó en segunda instancia y que le fue denegada.
En atención a la actividad desplegada y a la complejidad que revistió la instancia en el presente caso, la Sala ordenará que, por concepto de agencias en derecho, se condene a la parte demandada a pagar a la demandante la suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a titulo de agencias en derecho, monto que corresponde a $6’894.550, el cual se encuentra dentro del rango máximo permitido en el Acuerdo No. 1887 de 2003.
En relación con las costas de la primera instancia se confirma lo que se decidió por el Tribunal a quo, es decir que no hay lugar a las mismas, toda vez que en su oportunidad se encontró vigente el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, de acuerdo con el cual la imposición de costas solo procedía cuando alguna de las partes hubiera obrado temerariamente, supuesto que no tuvo lugar en el asunto sub lite.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO: Aceptar el impedimento presentado por el Consejero Hernán Andrade Rincón, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Reconocer personería al doctor Danilo Parra Tobar como apoderado del municipio de Miranda.
TERCERO: Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 26 de enero de 2012 y en su lugar se dispone:
1º Declarar improcedente la excepción de caducidad de la acción en relación con los hechos y pretensiones identificados en la parte motiva de esta providencia.
2º CONDENAR al municipio de Miranda a pagar a Centrales Eléctricas del Cauca S.A., Empresa de Servicios Públicos –CEDELCA S.A. E.S.P., la suma de dos mil seiscientos sesenta y dos millones seiscientos treinta y tres mil ochenta y ocho pesos con cincuenta y tres centavos ($2.662’633.088,53).
3º DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
4º CUARTO. Se ordena TASAR LAS COSTAS de la segunda instancia, por secretaría, e incluir en la liquidación de costas, a título de AGENCIAS EN DERECHO, la suma de seis millones ochocientos noventa y cuatro mil quinientos cincuenta y cinco pesos ($6’894.550). SIN condena en costas por la primera instancia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
De acuerdo con el certificado de la Cámara de Comercio que obra en los folios 3 a 8 del cuaderno 1, la sociedad se denominó posteriormente CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A., EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, con sigla CEDELCA S.A. E.S.P.
Para efectos de esta providencia se podrá denominar simplemente como: CEDELCA.
Resolución CREG 043 de 1995 “Artículo 6o. Facturación. La empresa distribuidora o comercializadora facturará mensualmente o bimestralmente el servicio de alumbrado público al municipio, de acuerdo con el sistema de facturación que tenga autorizado la empresa suministradora de energía eléctrica. Parágrafo. El municipio está obligado al pago oportuno del suministro de energía eléctrica y en ningún caso habrá lugar a la exoneración del pago, por expresa prohibición legal. La empresa distribuidora o comercializadora y el respectivo municipio podrán acordar modalidades de pago, con sujeción a las disposiciones legales vigentes”. (Se destaca).
Folio 178 cuaderno 1.
Folios 1 y 2, cuaderno 2.
Folios 173 a 177 cuaderno 1.
Folios 92 a 95, cuaderno principal.
El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006, definió el objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con base en el criterio objetivo de la actividad de las entidades públicas, en los siguientes términos:
“Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley”.
“Artículo 132 C.C.A. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
“(…).
“5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes y de los contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”.
De acuerdo con el salario mínimo mensual legal vigente para el año 2007, toda vez que la demanda se presentó el 5 de octubre de 2007 (folio 144, cuaderno 1).
17 de febrero de 2012, de conformidad con el escrito que obra al folio 77 del cuaderno principal.
Sociedad comercial anónima constituida por Escritura Pública 744 de 31 de marzo de 1955, otorgada en la Notaria 5ª de Bogotá.
Resolución 712 del 2 de julio de 1962 protocolizada en la citada escritura pública, folio 637 y 639 cuaderno 1.
Estas leyes regularon los criterios de distribución del Fondo Nacional de Regalías.
Ley 153 de 1887. “Artículo 38. En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Exceptúanse de esta disposición:
“1. Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato, y, 2. Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual infracción será castigada con arreglo á la ley bajo la cual se hubiere cometido”.
Ley 153 de 1887. “Artículo 40 (modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso). “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
“Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
“La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad". (La negrilla no es del texto).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia de 9 de octubre de 2013, radicación número: 85001-23-31-000-2002-00289-01(25440), actor: Cooperativa de Desarrollo Territorial – Codeter, demandado: Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia.- Corporinoquía; reiterada en la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón (e), sentencia de 16 de julio de 2015, radicación 25000232600020050017601 (40325), demandante: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, demandado: Agropecuaria El Palmarito Limitada y Seguros del Estado S.A.
Ley 50 de 1936. “Artículo 1o. Redúcese a veinte años el término de todas las prescripciones treintenarias, establecidas en el Código Civil, tales como la extraordinaria adquisitiva de dominio, la extintiva, la de petición de herencia, la de saneamiento de nulidades absolutas, la extintiva de censos, etc”.
Plazo ampliado por la Resolución 043 de 1996.
La Resolución GREG 043 de 1995, fijó un plazo de ajuste hasta el 30 de junio de 1996, el cual fue ampliado hasta el 31 de enero de 1997, mediante la Resolución CREG 043 de 1996, en la cual se dispuso:
“Artículo 1o: Para efectos de lo dispuesto por el artículo 4o. de la Resolución CREG-043 de 1995, y sin perjuicio de lo dispuesto en esa norma, cuando no exista medida del consumo del servicio de alumbrado público, el contrato entre la empresa distribuidora y el municipio contemplará la metodología para ajustar la carga instalada en luminarias, de acuerdo con la capacidad efectivamente utilizada, de modo que pueda descontarse aquella parte de la carga instalada que corresponda a luminarias fuera de servicio. En tal caso el contrato podrá incluir la periodicidad de revisión de esa metodología, según el mantenimiento real que el municipio haga de las redes destinadas a ese servicio”.
“Artículo 2o: Amplíase hasta el 31 de enero de 1997 el plazo a que se refiere el artículo 10o. de la Resolución CREG-043 de 1995.”
Ley 80 de 1993. “Artículo 55.- De la Prescripción de las Acciones de Responsabilidad Contractual La acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte (20) años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La acción penal prescribirá en veinte (20) años.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 21 de marzo de 2012, radicación 5200123310001999051501, expediente 21666, demandante: Silvio Palacios Palacios, demandado: municipio de Sandoná. En esta sentencia se citó a su vez la providencia del 19 de octubre de 2000, expediente 12393, Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez.
8 de julio de 1998.
Folios 10 a 37, cuaderno 1.
Folios 39 a 55, cuaderno 1.
Folios 56 a 79, cuaderno 1.
Folios 81 a 90 cuaderno 1.
Folios 91 y 92 cuaderno 1.
Folios 98 a 100, cuaderno 1.
Folio 103, cuaderno 1.
Folio 104, cuaderno 1.
Folios 105 a 110, cuaderno 1.
Folios 111 a 114, cuaderno 1.
Folios 119 y 120, cuaderno 1.
Folios 122 y 123, cuaderno 1.
Folios 81 a 83, cuaderno de pruebas.
Ley 153 de 1887.
Mediante la cual se creó la Superintendencia de Sociedades Anónimas y se sometieron dichas sociedades al permiso de funcionamiento expedido por esa Superintendencia.
“Artículo 4o.- De las entidades descentralizadas indirectas. Las personas jurídicas en las cuales participen la nación y entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, asociadas entre ellas o con particulares, cuando para tal efecto estuvieren debidamente autorizadas, serán clasificadas en el acto de su constitución dentro de las categorías que establece el decreto 1050 de 1968, y en dicho acto también se precisará su pertenencia al orden nacional, departamental o municipal, según la naturaleza y ámbito del servicio, la proporción de las participaciones y la intención de sus creadores.
“Igual regla se seguirá con respecto a las personas jurídicas que se creen por la asociación de entidades descentralizadas, con o sin participación de personas privadas.
“Cuando la nación o los organismos descentralizados adquieran derechos o acciones en entidades que hasta ese momento tenían el carácter de personas jurídicas de derecho privado, se harán inmediatamente, si fuere deI caso, las reformas estatutarias que las sometan al régimen que les corresponda conforme al decreto número 1050 de 1968 y al presente decreto.
“Parágrafo.- Los supremos órganos directivos de las personas jurídicas existentes, que hayan resultado de las participaciones contempladas en el presente artículo, procederán a definir la naturaleza de dichas entidades y el orden al cual pertenecen, conforme al inciso 1o. de la misma disposición”.
Artículo 2036 C.Co. Tránsito de Legislación. “Los contratos mercantiles celebrados bajo el imperio de la legislación que se deroga conservarán la validez y los efectos reconocidos en dicha legislación, con arreglo a lo establecido en los artículos 38 a 42 de la Ley 153 de 1887.
“No obstante, se entenderán saneadas las nulidades provenientes de falta de solemnidad o de violación de limitaciones establecidas en la legislación anterior y eliminadas en este Código. Las sociedades mercantiles gozarán de un plazo de dos años, contados desde el 1o. de enero de 1972, para amoldar sus estatutos a las normas de este Código”.
Artículo 120 C.P. “Corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa: (…) 16. Celebrar contratos administrativos para la prestación de servicios y ejecución de obras públicas, con arreglo a las leyes fiscales y con la obligación de dar cuenta al Congreso en sus sesiones ordinarias”.
Modificación al artículo 32 de la Constitución Nacional.
Artículos 311 a 320 C.P.
Ley 142 de 1994, “Artículo 3o. Instrumentos de la intervención estatal. Constituyen instrumentos para la intervención estatal en los servicios públicos todas las atribuciones y funciones asignadas a las entidades, autoridades y organismos de que trata esta Ley, especialmente las relativas a las siguientes materias:
“(…).
“
“Todos los prestadores quedarán sujetos, en lo que no sea incompatible con la Constitución o con la ley, a todo lo que esta Ley dispone para las empresas y sus administradores y, en especial, a las regulaciones de las comisiones, al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos, y a las contribuciones para aquéllas y ésta”.
Ley 142 de 1993. “Artículo 179. Tránsito de legislación en tarifas. Las normas sobre tarifas actualmente vigentes continuarán en vigor hasta un máximo de veinticuatro meses después de iniciar su vigencia esta Ley, mientras terminan los procedimientos administrativos de señalamiento de fórmulas previstos atrás.
“En algunos casos especiales, a juicio de la Comisión de Regulación, los límites en los factores a que se refiere el artículo 89, no se aplicarán sino luego de seis años de entrar en vigencia la ley. Sin embargo, la Comisión obligará a la empresa a ajustarse progresivamente a estos límites durante ese período”.
Ley 142 de 1993. “Artículo 132. Régimen legal del contrato de servicios públicos. El contrato de servicios públicos se regirá por lo dispuesto en esta Ley, por las condiciones especiales que se pacten con los usuarios, por las condiciones uniformes que señalen las empresas de servicios públicos, y por las normas del Código de Comercio y del Código Civil.
“Cuando haya conflicto entre las condiciones uniformes y las condiciones especiales, se preferirán éstas. Al definir los efectos fiscales del contrato de servicios públicos, se tendrá en cuenta que, a pesar de tener condiciones uniformes, resulta celebrado con cada usuario en particular”.
“Artículo 99. Forma de subsidiar. Las entidades señaladas en el artículo 368 de la Constitución Política podrán conceder subsidios en sus respectivos presupuestos de acuerdo a las siguientes reglas: (…) 99.9. Los subsidios que otorguen la Nación y los departamentos se asignarán, preferentemente, a los usuarios que residan en aquellos municipios que tengan menor capacidad para otorgar subsidios con sus propios ingresos. En consecuencia y con el fin de cumplir cabalmente con los principios de solidaridad y redistribución no existirá exoneración en el pago de los servicios de que trata esta Ley para ninguna persona natural o jurídica”. (Se destaca).
Derogada por la Resolución No. 123 de 8 de septiembre de 2011.
Cita original de la sentencia: “La anterior definición se acotó posteriormente mediante el Decreto 2024 de 2006, así: ’Artículo segundo. Definición Servicio de Alumbrado Público: Es el servicio público no domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un Municipio o Distrito. El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público. Parágrafo: La iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o en los edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos al régimen de propiedad respectivo, no hace parte del servicio de alumbrado público y estará a cargo de la copropiedad o propiedad horizontal. También se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación de carreteras que no estén a cargo del Municipio o Distrito’.”
“Por la cual se regula de manera general el suministro y el cobro que efectúen las empresas de servicios públicos domiciliarios a municipios por el servicio de energía eléctrica que se destine para alumbrado público”.
“Artículo 1o.: Establécese el régimen de libertad de tarifas para la energía eléctrica que las empresas distribuidoras-comercializadoras o comercializadoras suministren a los municipios y distritos, con destino al alumbrado público.
“Artículo 2o.: La actividad de comercialización de electricidad para alumbrado público está sujeta a las normas que rigen la comercialización de electricidad”.
Resolución 076 de 1997. “Artículo 2º. Periodicidad de la facturación. Las empresas podrán convenir con los municipios la periodicidad con la cual pueden facturarles la energía destinada al servicio de alumbrado público. A falta de tal acuerdo, la empresa facturará el suministro a los municipios, con la misma frecuencia que factura el servicio de electricidad a los demás usuarios. Parágrafo. En virtud de los convenios entre las empresas distribuidoras o comercializadoras de electricidad y los municipios, a que se refiere la Resolución 043 de 1995, aquellas podrán recaudar el impuesto o contribución de alumbrado público, si para tal efecto están expresamente facultadas por el respectivo municipio.” (La negrilla no es del texto).
Resolución 043 de 1995. “Artículo 9º.Mecanismo de recaudo. El municipio es responsable del pago del suministro, mantenimiento y expansión del servicio. Este podrá celebrar convenios con las empresas de servicios públicos, con el fin de que los cobros se efectúen directamente a los usuarios, mediante la utilización de la infraestructura de las empresas distribuidoras. Parágrafo 1º.
Los convenios estipularán la forma de manejo y administración de dichos recursos por parte de las empresas de servicios públicos. Estas no asumirán obligaciones por manejo de cartera, y en todo caso, el municipio les cancelará la totalidad de la deuda por el servicio de alumbrado público, dentro de los períodos señalados para tal fin. Parágrafo 2º. El municipio no podría recuperar más de los usuarios que lo que paga por el servicio incluyendo expansión y mantenimiento”. (La negrilla no es del texto).
Resolución 043 de 1995. “Artículo 5º.Sistema tarifario. Cuando exista medición, la tarifa de suministro de energía del servicio de alumbrado público será igual a la tarifa monomia oficial correspondiente al nivel de tensión en el cual se encuentre conectado el medidor.
“La tarifa de suministro de energía de alumbrado público para los municipios que no tengan medición de energía será igual a la tarifa monomia del servicio oficial correspondiente al nivel de distribución secundaria.
“El servicio de alumbrado público no causará los derechos de conexión, debido a que el municipio debe asumir los costos de mantenimiento y expansión del servicio.
“En el evento en que el municipio esté en capacidad de recibir la energía para el servicio de alumbrado público en un sólo punto o, aunque teniendo diferentes puntos de suministro cualquiera de ellos tenga una demanda máxima superior a 2 MW o el límite que establezca la Comisión de Regulación de Energía y Gas, se considerará como usuario no regulado.
“Parágrafo. Para considerar el servicio de alumbrado público de un Municipio como usuario no regulado es necesario que exista medición, y que ésta se adecúe a lo establecido en el Código de Medida”. (La negrilla no es del texto).
Desde la Ley 153 de 1887 el legislador advirtió la aplicación general inmediata de la ley expedida por motivos de utilidad pública:
“Artículo 18. Las leyes que por motivos de moralidad, salubridad o utilidad pública restrinjan derechos amparados por la ley anterior, tienen efecto general inmediato. // (…). // Si la ley estableciere nuevas condiciones para el ejercicio de una industria, se concederá a los interesados el término que la ley señale, y si no lo señala, el de seis meses.”
“Artículo 978. Condiciones del contrato con prestaciones reguladas por el gobierno. Cuando la prestación que es objeto del suministro esté regulada por el Gobierno, el precio y las condiciones del contrato se sujetarán a los respectivos reglamentos”.
Articulo 1537 C.C. “Si la condición suspensiva es o se hace imposible, se tendrá por fallida. A la misma regla se sujetan las condiciones cuyo sentido y el modo de cumplirlas son enteramente ininteligibles.
“Y las condiciones inductivas a hechos ilegales o inmorales.
“La condición resolutoria que es imposible por su naturaleza, o ininteligible, o inductiva a un hecho ilegal o inmoral, se tendrá por no escrita”. (La negrilla no es del texto).
Artículo 1519 C.C. “Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación. Así, la promesa de someterse en la república a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella, es nula por el vicio del objeto”.
La condición puede ser (…) suspensiva o resolutoria, según que el suceso influya de modo de diferir y hacer eventual la iniciación de la eficacia final, o de manera de destruir los efectos (artículo 1536 C.C.); y que si la condición suspensoria falla, ninguna eficacia final logrará el negocio, y si la condición resolutoria sucede, los efectos realizados deberán destruirse, se borrarán en la medida de lo posible (arts. 1544 y 1545 c.c.); (…)”. Hinestrosa Fernando, Tratado de las Obligaciones, Volúmen I, Editorial Universidad Externado de Colombia, tercera edición, Bogotá 2007, página 911.
Artículo 897 C.Co. “Cuando en este código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial”.
Artículo 122. C.Co. “El capital social será fijado de manera precisa, pero podrá aumentarse o disminuirse en virtud de la correspondiente reforma estatutaria, aprobada y formalizada conforme a la ley. Será ineficaz todo aumento de capital que se haga con reavalúo de activos”. (La negrilla no es del texto).
Artículo 150. C.Co. “La distribución de las utilidades sociales se hará en proporción a la parte pagada del valor nominal de las acciones, cuotas o partes de interés de cada asociado, si en el contrato no se ha previsto válidamente otra cosa. Las cláusulas del contrato que priven de toda participación en las utilidades a algunos de los socios se tendrán por no escritas, a pesar de su aceptación por parte de los socios afectados con ellas”. (La negrilla no es del texto).
Folio 41 cuaderno
Artículo 182, Decreto 2521 de 1950. “La sociedad no podrá pagar dividendos sino tomándolos del beneficio líquido establecido por los balances e inventarios aprobados por la asamblea general de accionistas”.
Artículo 1869 CC. Venta de cosa futura. “La venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo la condición de existir, salvo que se exprese lo contrario, o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte”.
99,9% de propiedad estatal
Artículo 367 C.P. “La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos”.
Artículo 368 C.P.”La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas”.
“Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita”.
“Articulo 367. La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación. La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas”.
Corte Constitucional Sentencia C 150 de 2003.
Ley 142 de 1994. “Artículo 86. El régimen tarifario. El régimen tarifario en los servicios públicos a los que esta Ley se refiere, está compuesto por reglas relativas a: 86.1. El régimen de regulación o de libertad. 86.2. El sistema de subsidios, que se otorgarán para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas. 86.3. Las reglas relativas a las prácticas tarifarias restrictivas de la libre competencia, y que implican abuso de posición dominante.86.4. Las reglas relativas a procedimientos, metodologías, formulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas.”
Ley 142 de 1994. “Artículo 87. Criterios para definir el régimen tarifario. El régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. (…)”.
Artículo 868 C.Co. Revisión del Contrato por Circunstancias Extraordinarias. “Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión”.
“El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato.
“Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea”.
La regulación ha protegido los denominados circuitos interconectados no desconectables, en relación con los cuales no puede aplicarse una suspensión del servicio, por ejemplo en relación con los hospitales y otros establecimientos afectos a los servicios públicos, frente a los cuales no puede no aplica el derecho a la desconexión frente a la mora en el pago.
Corresponde al último dato publicado por el DANE a la fecha de esta sentencia (enero de 2016) de acuerdo con la información en la página HYPERLINK "http://www.DANE.GOV.CO" www.dane.gov.co, estadísticas, serie de empalme de IPC 2000 -2016.
Corresponde al dato publicado del mes de agosto de agosto de 2008 de acuerdo con la serie de empalme de IPC 2000- 2016 publicada por el DANE.
Febrero 17 de 2012.
Artículo 393 – 8 C.P.C. “Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
"Artículo 19.1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto.
“Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o un amparo de pobreza, sin perjuicio artículo 73.
“2. La condena se hará en la sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a la condena. En la misma providencia se fijará el valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación" (se destaca).
"Artículo 393.3. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquéllas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá en cuenta además la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.
Sólo podrá reclamarse la fijación de agencias en derecho mediante objeción a la liquidación de costas".
Salario mínimo legal vigente a la fecha de la sentencia (2016): $689.455
PAGE
PAGE
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.