Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2008-00388-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Injusta de la libertad: no se configuró - el operador judicial deberá verificar si la
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2008-00388-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 54001-23-31-000-2008-00388-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
22 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023).
Radicación número: 54001-23-31-000-2008-00388-01 (58339)
Actor: JOSÉ FRANCISCO DURÁN CHACÓN Y OTROS
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN
INJUSTA DE LA LIBERTAD - no se configuró - el operador judicial deberá verificar si la
medida de aseguramiento se impuso bajo los criterios de legalidad, razonabilidad y
proporcionalidad, así como los fines de dicha medida / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD
APLICABLE - para los efectos de verificar el criterio expuesto en la sentencia SU-072 de
2018 de la Corte Constitucional.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y por la
Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del 29 de febrero de 2016, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Los demandantes pretenden obtener la indemnización por los perjuicios sufridos
con ocasión de la privación de la libertad que afrontó el señor José Francisco Durán
Chacón, en un proceso penal que se adelantó en su contra por la supuesta comisión
del delito de rebelión, el cual terminó con decisión de preclusión.
II. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 1° de agosto de 20081, José Francisco Durán Chacón y otros, por conducto de
apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación
directa en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y
el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se les declarara
patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados por la supuesta
privación injusta de la libertad de la cual habría sido víctima el mencionado señor.
1
Folios 7 a 39 del cuaderno principal.
1
Radicación: 54001-23-31-000-2008-00388-01 (58339)
Actor: José Francisco Durán Chacón y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Acción de reparación directa
En síntesis, los hechos narrados fueron los siguientes:
El 16 de marzo de 2005, la Sijín realizó un allanamiento en la vivienda del señor
José Francisco Duran Chacón y lo capturó, para luego trasladarlo por vía aérea a
Cúcuta, donde fue recluido en la cárcel de esa misma ciudad.
El 25 de marzo de 2005, el ahora demandante rindió indagatoria y fue vinculado a
una investigación por la supuesta comisión de los delitos de rebelión, terrorismo
agravado, homicidio con fines terroristas, secuestro extorsivo y concierto para
delinquir. El 8 de abril de 2005, la Fiscalía Décima Especializada Delegada ante los
Jueces Penales del Circuito en San José de Cúcuta le impuso medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva, por el delito de rebelión,
decisión que fue apelada, pero confirmada por la Fiscalía Primera Delegada ante el
Tribunal Superior de Cúcuta, a través de providencia del 24 de junio de 2005.
Posteriormente, el 12 de octubre de 2005 se precluyó la investigación por el delito
de concierto para delinquir en favor del aquí demandante, pero se mantuvo la
medida de aseguramiento impuesta por el delito de rebelión. Más adelante, el 12 de
octubre de 2007, la Fiscalía Séptima de Cúcuta declaró precluida la investigación
por el delito de rebelión, con fundamento en que no se demostró que la parte actora
cometiera ese delito y dispuso su libertad inmediata.
En criterio de la parte actora, las entidades demandadas deben responder por los
perjuicios causados con la privación de la libertad que afrontó el señor José
Francisco Duran Chacón, la cual fue injusta, dado que el proceso penal concluyó
con decisión de preclusión.
2. Contestación de la demanda
2.1. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional señaló que su actuación se
desarrolló basada en las normas de carácter constitucional, legal y reglamentario 2.
2.2. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda,
con base en que la medida de aseguramiento no se impuso de manera arbitraria o
ilegal, pues existían indicios graves que comprometían al aquí actor con el delito
endilgado, de ahí que la privación de su libertad no fue injusta3.
2
Folios 221 y 222 del cuaderno principal.
3
Folios 239 a 247 del cuaderno principal.
2
Radicación: 54001-23-31-000-2008-00388-01 (58339)
Actor: José Francisco Durán Chacón y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Acción de reparación directa
2.3. La Rama Judicial sostuvo que el daño era atribuible únicamente a la Fiscalía
General de la Nación, pues sus actuaciones fueron las que conllevaron a la
privación de la libertad del aquí demandante4.
3. La sentencia de primera instancia
El a quo, mediante sentencia del 29 de febrero de 20165, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, desde la óptica del régimen objetivo, y declaró la
responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, porque con sus decisiones
privó de la libertad al ahora demandante, quien no estaba en la obligación de
soportar ese daño, porque finalmente se precluyó la investigación a su favor.
Por otra parte, absolvió de responsabilidad a la Rama Judicial y al Ministerio de
Defensa – Policía Nacional. Frente a la primera, porque no intervino en la concreción
del daño alegado, y, en relación con la segunda, por cuanto no se acreditó que
hubiera incurrido en una falla en el servicio.
4. Los recursos de apelación
4.1. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se revoque la sentencia, por
estimar que la medida de aseguramiento impuesta al demandante se sustentó en
elementos probatorios y en los indicios que lo vinculaban como posible responsable
del delito de rebelión, motivo por el cual no incurrió en falla de servicio, de ahí que
su actuación se desplegó en acatamiento de la normatividad constitucional y legal,
por lo que no era posible predicar que la restricción de libertad fue injusta6.
4.2. La parte actora solicitó que se modifique la sentencia apelada, con fundamento
en que se “vincule” a la Rama Judicial a la condena como consecuencia de la
privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Durán Chacón, pues, a
su juicio, se vulneró el principio de congruencia cuando se ordenó que los perjuicios
fuera pagados únicamente por la Fiscalía General de la Nación, “dejando por fuera
a la Nación – Rama Judicial, entidad debidamente vinculada”7.
5. El Ministerio Público guardó silencio en el trámite de la segunda instancia.
4
Folios 251 a 256 del cuaderno principal.
5
Folios 534 a 552 del cuaderno del Consejo de Estado.
6
Folios 558 a 560 del cuaderno del Consejo de Estado.
7
Folios 561 y 562 del cuaderno del Consejo de Estado.
3
Radicación: 54001-23-31-000-2008-00388-01 (58339)
Actor: José Francisco Durán Chacón y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Acción de reparación directa
III. C O N S I D E R A C I O N E S
Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, la Sala8 procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las
partes contra la sentencia de primera instancia.
Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales:
competencia, demanda en tiempo y legitimación en la causa.
1. El objeto de los recursos de apelación y el esquema que se propone para
resolver el asunto
De acuerdo con el reparo concreto de la apelación interpuesta por la Fiscalía, la
Sala determinará el régimen de responsabilidad aplicable en el presente asunto y,
consecuencialmente, con las pruebas que obran en el expediente, estudiará si la
privación de la libertad que sufrió el señor José Francisco Durán Chacón, producto
de la decisión de la Fiscalía General de la Nación, fue injusta o no, partiendo del
análisis de la medida de aseguramiento impuesta.
Por otra parte, se examinará si con la sentencia apelada se vulneró el principio de
congruencia, de acuerdo con lo alegado por la parte actora en su recurso.
Conviene señalar que el a quo exoneró de responsabilidad al Ministerio de Defensa
– Policía Nacional, pero como este aspecto no fue apelado, la Sala se abstendrá de
pronunciarse al respecto.
2. Caso concreto
2.1. Régimen de responsabilidad al presente asunto y análisis de la medida de
aseguramiento
En términos generales, en el fallo apelado el a quo declaró la responsabilidad de la
Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad que afrontó José
Francisco Durán Chacón, desde la teoría de la responsabilidad objetiva, ya que se
precluyó la investigación por el delito de rebelión, motivo por el cual le fue causado
un daño antijurídico.
8
Mediante auto del 20 de enero de 2023, la ponente de esta providencia avocó el conocimiento del
asunto de la referencia con fines de descongestión, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena
de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el Acuerdo No. 303 de 12 de diciembre de 2022.
4
Radicación: 54001-23-31-000-2008-00388-01 (58339)
Actor: José Francisco Durán Chacón y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Acción de reparación directa
En la apelación la Fiscalía General de la Nación sostuvo que no incurrió en una falla
en el servicio, porque la medida de aseguramiento se sustentó en elementos
probatorios y en los indicios que vinculaban al hoy demandante como posible
responsable del delito de rebelión, por lo que, a su juicio, no podía tildarse de injusta
la privación de la libertad que padeció.
Con el fin de examinar el recurso de apelación de la Fiscalía, la Sala parte por
señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-037 de 19969, analizó la
constitucionalidad, entre otros, del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia y manifestó que, en los casos de privación injusta de la
libertad, no era dable la reparación automática de los perjuicios, sino que el juez
debía examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva para determinar si
existían o no méritos para proferir una decisión en ese sentido.
A través de sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, la Sección Tercera
de esta Corporación10, con fundamento en los supuestos consagrados en el artículo
414 del Decreto 2700 de 1991, acogió un régimen de responsabilidad objetivo en
los casos de privación de la libertad cuando el sindicado era absuelto porque (i) no
cometió el delito; (ii) el hecho no existió; (iii) la conducta por la cual fue detenido no
es típica, providencia en la que, además, se agregó el supuesto (iv) de aquellos
casos en los cuales se concedía la libertad por aplicación del principio in dubio pro
reo, pese a que este último evento no estaba previsto en la norma mencionada.
Posteriormente, la Corte Constitucional dictó la sentencia SU-072 de 201811, a
través de la cual precisó que ningún cuerpo normativo -a saber, ni el artículo 90 de
la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C-
037 de 1996- estableció un régimen de responsabilidad específico aplicable en los
eventos de privación de la libertad, por lo que al operador judicial le corresponde
determinar si la privación fue apropiada, razonable y proporcionada.
A su vez, mediante sentencia del 15 de agosto de 201812, la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio frente a este tipo de casos;
9
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, M.P: Vladimiro Naranjo
Mesa, exp: PE-008.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
de unificación del 17 de octubre de 2013. C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente: 23.354.
11
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando
Reyes Cuartas, exps: T-6.304.188 y T-6.390.556.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
de unificación del 15 de agosto de 2018, C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 46.947.
5
Radicación: 54001-23-31-000-2008-00388-01 (58339)
Actor: José Francisco Durán Chacón y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Acción de reparación directa
sin embargo, dicha providencia quedó sin efectos por vía de tutela13, por lo que el 6
de agosto de 2020 se profirió el correspondiente fallo de reemplazo 14, este último
que, si bien no se adoptó como determinación de unificación, recogió de manera
enunciativa la más reciente jurisprudencia sobre la materia, particularmente la
definida por la Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de 199615, en la que se
sostuvo que en los casos de privación injusta de la libertad debía examinarse la
actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, pues,
en su criterio, no resulta viable la reparación automática de los perjuicios en dichos
eventos.
Finalmente, mediante sentencia SU-363 de 202116, la Corte Constitucional reiteró
las reglas establecidas en la sentencia SU-072 de 2018, según las cuales en cada
caso es necesario revisar si la medida restrictiva de la libertad fue manifiestamente
irrazonable y desproporcionada, pues no puede predicarse como regla general una
responsabilidad objetiva.
Contextualizado el panorama jurisprudencial, la Subsección considera pertinente
aclarar que, en cuanto a los efectos de las sentencias de unificación en el tiempo,
tanto el Consejo de Estado17 como la Corte Constitucional18 han indicado que, por
regla general, los cambios jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos, por ende,
se aplican a todos los casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa.
Conviene agregar que, en múltiples fallos de tutela19, se ha señalado que los
operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento
de resolver el asunto sometido a su consideración, argumento que ha servido de
sustento para descartar la vulneración de derechos fundamentales en aquellas
controversias en las que se alega el desconocimiento del precedente por no tener
13
Mediante fallo de tutela dictado el 18 de noviembre de 2019, por la Subsección B de la Sección
Tercera de esta Corporación, exp: 2019-00169-01 (AC).
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
del 6 de agosto de 2020, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 46.947.
15
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
16
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-363 del 22 de octubre de 2021, MP: Alberto Rojas
Ríos.
17
Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias dictadas por esta Corporación: i)
Subsección A, auto del 30 de julio de 2021, exp: 66.941 y ii) Sección Primera, sentencia de 29 de
abril de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, exp: 2021-01372-00 (AC), entre otras.
18
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, M.P:
Paola Andrea Meneses Mosquera, exp: T-8.263.898.
19
Ver, entre otros, los siguientes fallos de tutela: (i) sentencia del 1° de octubre de 2021, radicación
11001-03-15-000-2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección C; (ii)
sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-07060-00, Sección
Cuarta del Consejo de Estado; (iii) sentencia del 24 de mayo de 2021, radicación 11001-03-15-000-
2021-02039-00, Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B.
6
Radicación: 54001-23-31-000-2008-00388-01 (58339)
Actor: José Francisco Durán Chacón y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Acción de reparación directa
en cuenta la jurisprudencia imperante al momento de la presentación de la demanda
o del fallo de primera instancia20.
Aclarado lo anterior, la Sala considera que para determinar la responsabilidad
patrimonial de la Fiscalía General de la Nación es necesario establecer las
condiciones en las que se produjo la restricción de la libertad del señor José
Francisco Durán Chacón, partiendo del análisis de la medida de aseguramiento
impuesta, bajo el entendido de si aquella resultó irracional, ilegal, desproporcionada
o innecesaria, al margen de la decisión de preclusión que se adoptó en el proceso
penal, para lo cual conviene precisar lo siguiente.
Está demostrado que, con ocasión de unas supuestas acciones delincuenciales del
ELN, concretamente del frente Juan Fernando Porras Martínez, inició una
investigación, a la que se vinculó al ahora demandante. El 19 de agosto de 2004, la
Fiscalía decretó la interceptación de ciertos abonados telefónicos, entre ellos el
número “5795075”21, por la información recibida en el sentido de que con la
utilización de esas líneas telefónicas se coordinaban atentados terroristas.
Se acreditó que, mediante oficio 016 X SIJIN – S.T22 del 14 de febrero de 2005, se
presentaron los resultados obtenidos de la interceptación del abonado telefónico
“5795075”. En este documento se consignó el registro de unas llamadas el 3 de
febrero y el 4 de abril del 2005 entre alias “KIKO” y el “Doctor Francisco”, en las
cuales, según se plasmó, se coordinó lo relacionado con la atención médica a un
joven herido.
El 16 de febrero de 2005, la señora Elizabeth Roa Suárez, desmovilizada y quien
se presentó a las instalaciones de la Sijín, aseguró en entrevista que tenía
conocimiento de los actos delictivos del frente Juan Fernando Porras Martínez del
20
La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido: “Así las cosas, de
conformidad con lo expuesto, para la Sala la providencia del veinticuatro (24) de octubre de dos mil
diecinueve (2019) no incurrió en un desconocimiento de la jurisprudencia unificada de esta
Corporación. Por el contrario, el Tribunal aplicó la regla de unificación vigente y aplicable al momento
de resolver el asunto sometido a su consideración, analizando la antijuridicidad del daño para
encontrar acreditada la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Adicionalmente,
debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la parte actora dirigidos a afirmar que
debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013),
radicado 23.354, por ser esa la vigente al momento de presentar la demanda, pues, como lo ha
indicado el Consejo de Estado, por regla general y salvo que de manera expresa se disponga lo
contrario, los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de
resolver el asunto sometido a su consideración, a efectos de salvaguardar valores superiores como
la igualdad, la seguridad jurídica y la aplicación uniforme e inmediata del derecho” (sentencia del 25
de agosto de 2022, expediente No. 66.535, M.P. Nicolás Yepes Corrales).
21
Folios 4 a 6 del cuaderno No.1 Penal.
22
Folios 56 a 90 del cuaderno No.1 Penal.
7
Radicación: 54001-23-31-000-2008-00388-01 (58339)
Actor: José Francisco Durán Chacón y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Acción de reparación directa
ELN e indicó que conocía a alias “KIKO” y que aquel trabajaba en el Sisbén “y le
saca el Sisbén a los guerrilleros y sus familiares”23.
El 1° de marzo de 2005, a través de oficio No. 105 GRUTA-SIJÍN DENOR, el
Departamento de Policía de Norte de Santander identificó a alias “KIKO” como José
Francisco Durán Chacón, aquí demandante. El 15 de marzo de 2005, la Fiscalía
dictó resolución de apertura de instrucción contra el referido señor, por la supuesta
comisión de los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, secuestro extorsivo,
homicidio con fines terroristas y rebelión, fecha en la que también se ordenó su
captura y el allanamiento y registro a su inmueble.
El 17 de marzo de 2005 fue capturado el aquí actor y, el 23 de ese mismo mes y
año, rindió indagatoria y, cuando se le preguntó concretamente sobre si había
colaborado a un joven perteneciente al ELN “que fue traído herido y fue atendido
por Francisco Reales”, respondió que unos vecinos le pidieron ayuda porque habían
tenido un accidente y que necesitaban un médico, “entonces supuse que era un
accidente de tránsito (…) entonces yo llamé al doctor Francisco Reales y luego fue
que me informaron que era para atender a un muchos que estaba herido (…)”.
Está probado que el reinsertado Geiber Alexis Miranda, quien era el joven que había
sido herido, se presentó en las instalaciones de la Fiscalía. Este señor rindió
declaración y aseguró conocer a José Francisco Durán Chacón, en los siguientes
términos: “a él lo conocí cuando llegué a Cúcuta herido hace como tres meses, él
fue el que consiguió el médico (…) José Francisco iba a verme todos los días”.
El 8 de abril de 200524, la Fiscalía impuso medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva, por el delito de rebelión, contra el señor José Francisco Durán
Chacón, con fundamento en las declaraciones de Elizabeth Roa Suárez y de Geiber
Alexis Morantes y en los resultados de las interceptaciones de las llamadas
telefónicas entre el aquí actor y el médico Francisco Reales -en cuyos diálogos
coordinan la atención médica respecto de Geiber-, pruebas que, a juicio de esa
entidad, dieron cuenta de la participación del aquí actor como colaborador del ELN.
En esta decisión, además, en relación con el delito de concierto para delinquir, se
señaló que no se demostró que los investigados -entre ellos, el ahora demandante-
hayan concertado para cometer delitos, pero se precisa que en la parte resolutiva
no se mencionó nada sobre este punto.
23
Folio 109 del cuaderno No.1 Penal.
24
Folios 69 a 114 del Cuaderno principal No. 1.
8
Radicación: 54001-23-31-000-2008-00388-01 (58339)
Actor: José Francisco Durán Chacón y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Acción de reparación directa
El defensor del aquí actor también pidió la revocatoria de la medida de
aseguramiento25; sin embargo, el 12 de octubre de 200526, la Fiscalía Décima
Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados desestimó su
petición, con fundamento en que no había prueba sobreviniente que desvirtuara los
fundamentos que conllevaron a ordenar la detención preventiva. En esta
providencia también se sostuvo que, si bien en la decisión del 8 de abril de 2005 se
indicó que no existía fundamento que soportara la imputación por el delito de
concierto para delinquir, en su parte resolutiva se omitió pronunciarse sobre ello,
por lo que en este proveído, del 12 de octubre de 2005, se precluyó la investigación
en favor del aquí actor por el delito de concierto para delinquir.
El 6 de diciembre de 200527, la Fiscalía Segunda de Seguridad Pública de Cúcuta
le concedió la libertad provisional al señor José Francisco Durán Chacón, porque
transcurrieron más de 180 días de privación efectiva sin que se hubiere calificado el
mérito de la instrucción.
Finalmente, mediante providencia del 12 de octubre de 200728, la Fiscalía precluyó
la investigación en favor del señor José Francisco Durán Chacón, porque se
demostró que no cometió el delito de rebelión que se le endilgó, pues las pruebas
que se practicaron posteriormente dieron cuenta de ello, como la ampliación de la
declaración de Geiber Alexis Miranda Morantes, quien desmintió los señalamientos
que realizó antes de la resolución de la situación jurídica e indicó que el único que
le constaba que era guerrillero era un señor de apellidos Páez Caballero; ello,
aunado al hecho de que la otra reinsertada, Elizabeth Roa Suárez, en declaración
posterior sostuvo que solo había oído nombrar al aquí demandante, pero nada más.
25
Folio 1.620 a 1.623 del cuaderno No. 6 Penal.
26
Folio 1.766 a 1.803 del cuaderno No. 7 Penal.
27
Folio 2.017 a 2.019 del cuaderno No. 7 Penal.
28
Folio 2.333 a 2.343 del cuaderno No. 9 Penal. Esto se consignó en la decisión de preclusión (se
transcribe de forma literal, incluso con errores): “Y de José Francisco Durán Chacón, en virtud de las
conversaciones que lo vinculan con el galeno Francisco reales, para coordinar la atención médica
de Geiber Alexis Miranda, en donde se denota la manera clandestina como tocan el tema y el médico
le respeta que lo hace porque él lo hizo meter en eso, anotándose además que trabaja en el Sisbén
y es el que consigue las afiliaciones a la guerrilla, como lo anotó Elizabeth Roas Suárez, en la
entrevista pero ya en una de sus declaraciones lo único que dijo es que lo ha oído nombrar. Pues
bien, paralelamente a estas conclusiones, hoy por hoy se cuenta con la ampliación de Geiber Alexis
Miranda Morantes, persona que como guerrillero activo fue traído desde la vereda San Roque
Municipio de Sardinata, hasta esta ciudad y su declaración fue el complemento de los requisitos para
imponer la medida de aseguramiento, pero ya para su ampliación desmiente cualquier señalamiento
que le hiciera a los sindicados refiriendo que el único que a él le consta que sea guerrillero es Jorge
Páez Caballero (…)”.
9
Radicación: 54001-23-31-000-2008-00388-01 (58339)
Actor: José Francisco Durán Chacón y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Acción de reparación directa
Para el análisis de los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad de la
medida, cabe señalar que el artículo 356 de la Ley 600 de 2000 -vigente para la
época de los hechos- establecía que la imposición de la medida de aseguramiento
era procedente cuando aparecían, por lo menos, dos indicios graves de
responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.
En las condiciones analizadas, y de acuerdo con los hechos probados, la Sala
estima que la imposición de la medida de aseguramiento estuvo bien soportada y
fundamentada en pruebas, siendo racional, proporcional y necesaria, puesto que
para el momento de los hechos existían unas declaraciones que involucraban al
aquí demandante y las interceptaciones telefónicas ya mencionadas, pues su
manejo indiciario permitía la definición de dicha situación jurídica con detención
preventiva, en tanto había elementos de los cuales se infería su participación en el
delito de rebelión, aun cuando de manera posterior se precluyó la investigación.
Asimismo, la medida de aseguramiento era procedente, de conformidad con los
supuestos establecidos en el artículo 357 ibidem29, en virtud de que el delito de
rebelión30 contemplaba una pena superior a los 4 años establecidos en la norma.
Además, la detención preventiva que debió afrontar el demandante resultaba
necesaria, entre otras razones, porque el delito que se estaba investigando se
relacionaba con la posible colaboración a grupos ilegales, como lo es el ELN, y
como los elementos probatorios recaudados hasta la definición de su situación
jurídica lo vinculaban con la posible comisión del ilícito, la medida de aseguramiento
procuraba impedir la continuidad del hecho que originó toda la actuación penal,
circunstancia que denota el cumplimiento del requisito de necesidad.
Conviene agregar que, a pesar de que se precluyó la investigación en favor del hoy
actor, a la Subsección no le corresponde determinar si esa decisión fue acertada o
no, sino que el análisis se debe limitar a los requisitos para la imposición de la
medida de aseguramiento, los cuales se cumplieron y, por ende, se justificaba la
decisión proferida por la Fiscalía, de manera que no puede predicarse que la
privación de la libertad que padeció Durán Chacón haya sido injusta.
29
Artículo 357: “Procedencia. La medida de aseguramiento procede en los siguientes eventos:
“1. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años”.
30
Artículo 467: [A partir del 1o. de enero de 2005] “Los que mediante el empleo de las armas
pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal
vigente, incurrirán en prisión de noventa y seis (96) a ciento sesenta y dos (162) meses y multa de
ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a trescientos (300) salarios mínimos legales
mensuales vigentes”.
10
Radicación: 54001-23-31-000-2008-00388-01 (58339)
Actor: José Francisco Durán Chacón y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Acción de reparación directa
Como consecuencia, la Sala concluye que no le asiste responsabilidad a la Fiscalía
General de la Nación, circunstancia que impone revocar la sentencia de primera
instancia para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
2.2. Desconocimiento o no del principio de congruencia, según lo alegado por
la parte actora en su apelación
En el fallo de primera instancia se declaró la responsabilidad de la Fiscalía General
de la Nación y se le condenó al pago de perjuicios, y se absolvió a la Rama Judicial,
porque aquella entidad no intervino en la concreción del daño alegado.
En el recurso de apelación la parte demandante señaló que se vulneró el principio
de congruencia porque se ordenó que los perjuicios fueran pagados únicamente por
la Fiscalía General de la Nación, “dejando por fuera a la Nación – Rama Judicial”,
por lo que solicitó la modificación de la sentencia apelada con el fin de que se
“vinculara” a la Rama Judicial al pago de la condena decretada, pero sin presentar
ninguna argumentación adicional que sustentara la existencia de una falla en el
servicio de la entidad o cualquiera otra razón de imputación del supuesto daño
antijurídico.
La Sala advierte que con el fallo de primera instancia no se vulneró el principio de
congruencia, pues la responsabilidad de la Rama Judicial, que también fungió como
demandada en el presente caso, se descartó en dicha providencia, lo que significa
que aquella entidad no podía ser condenada o “vinculada” al pago de perjuicios.
Ahora, ante la revocatoria del fallo dictado por el a quo, que había accedido
parcialmente a las pretensiones de la demanda frente a la Fiscalía General de la
Nación, el recurso de apelación interpuesto por la parte actora queda sin
fundamento, pues aquel se dirigió con el fin de que la Rama Judicial también fuera
“vinculada” al pago de la indemnización de perjuicios.
3. Costas
Dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá
de condenar en costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del CCA,
subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicación: 54001-23-31-000-2008-00388-01 (58339)
Actor: José Francisco Durán Chacón y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Acción de reparación directa
RESUELVE
REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander el 29 de febrero de 2016 y, en su lugar, se dispone:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal Administrativo de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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