Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2009-00272-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Humanos: ejecución extrajudicial de personas - se configuró en el presente asunto /
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2009-00272-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 54001-23-31-000-2009-00272-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
12 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS
HUMANOS – Ejecución extrajudicial de personas - se configuró en el presente asunto /
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO – reiteración jurisprudencial.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia proferida el 27 de febrero de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
Según la parte actora, la demandada es responsable por la muerte de una persona
por miembros del Ejército Nacional, quien estaba en condiciones de indefensión e
inferioridad y luego fue presentado como una baja en combate.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
mediante la cual se decidió la demanda de reparación directa presentada el 17 de
septiembre de 2009 1 , por la señora Isolina María Arengas Villalba (compañera
permanente) obrando en representación propia y de sus hijos menores Fabián
Eduardo, Dayro y Jhan Carlos Guerrero Arengas, en contra de la Nación –Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional, cuyas pretensiones, hechos y fundamentos de
derecho son, los siguientes:
Pretensiones
2. Solicitó que se declarara responsable patrimonialmente a la Nación – Ministerio
de Defensa –Ejército Nacional, por los perjuicios irrogados por la muerte del señor
Álvaro Guerrero Melo, ocurrida el 9 de septiembre de 2007 en la vereda Villa Nueva
del municipio del Carmen, Norte de Santander.
1 Folios 11-72 c. 1.
Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
3. Como consecuencia, deprecó como indemnización de perjuicios morales
seiscientos (600) SMLMV para cada uno de los demandantes; por concepto de
perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, pidió la suma global de
setenta y nueve millones ochocientos ocho mil novecientos treinta y dos pesos
m/cte. ($79’808.932) para todos los demandantes y, por concepto de daño a la vida
de relación, solicitó la suma de quinientos cincuenta (550) SMLMV para cada uno.
Asimismo, solicitó la suma de ochenta y un millones setecientos veintisiete mil
trescientos nueve pesos m/cte. ($81’727.309) a favor de la compañera permanente
por la pérdida de su capacidad laboral.
Hechos
4. Como fundamento fáctico de la demanda, se narró, en síntesis, que en la mañana
del 8 de septiembre de 2007, el señor Álvaro Guerrero Melo salió de la residencia
de su mamá en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, con destino al
corregimiento de Guamalito, donde, según su dicho, iría a recoger un mercado. El
10 de septiembre, ante la desaparición del señor Guerrero Melo, sus familiares se
comunicaron con la Morgue de Ocaña y allí identificaron su cuerpo. Según
información oficial, Álvaro Guerrero Melo había fallecido en un enfrentamiento con
el Ejército Nacional.
Fundamentos de derecho
5. Se adujo que el señor Guerrero Melo fue víctima de agentes del Ejército Nacional
cuando se encontraban desarrollando la misión táctica “Sahara 6”, quienes, además
de torturarlo, activaron sus armas de dotación oficial y le quitaron la vida, mientras
la víctima se encontraba en condiciones de indefensión e inferioridad, con el fin de
presentarlo como resultado positivo de una baja de miembros de grupos ilegales,
todo lo cual constituía una grave y ostensible falla del servicio y/o un daño especial
y/o riesgo excepcional, todo lo cual comportó, además, una violación flagrante a los
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
La defensa
6. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a la prosperidad
de las pretensiones. Para estos efectos, sostuvo que de los informes presentados
por las autoridades podía inferirse que la actuación de los miembros del Ejército
Nacional se ejecutó en el marco de una orden de operaciones, la cual fue legítima
y ceñida al ordenamiento jurídico. Adicionalmente, manifestó que se configuró la
culpa de la víctima, pues fue la conducta ilegal desplegada por el hoy occiso, la que
dio lugar a la reacción de los uniformados, de lo cual daba cuenta el material de
guerra que se le halló al cadáver del señor Guerrero Melo, hecho que constituyó
legítima defensa2.
Los alegatos de conclusión de primera instancia
2 Folios 183-190 c. 1.
2
Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
7. Surtida la parte probatoria3, la parte actora realizó un recuento de las pruebas
recabadas en el proceso, con base en lo cual reiteró los argumentos planteados en
la demanda en relación con la falla del servicio de la institución demandada4. Por su
parte, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional insistió en que de las
pruebas allegadas, particularmente la orden de operaciones y el informe de
patrullaje, se encontraba acreditaba la culpa exclusiva de la víctima5.
La sentencia de primera instancia
8. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró
la responsabilidad patrimonial de la demandada por la muerte del señor Álvaro
Guerrero Melo, en los siguientes términos (se transcribe de manera literal):
3 Mediante auto del 15 de abril de 2011 se decretaron las siguientes pruebas: “1. Con el valor legal que les
corresponda ténganse como pruebas los documentos anexos a la demanda, a la reforma de la demanda
principal y a la contestación de la demanda. 2. Por haber sido solicitadas en tiempo oportuno decrétese la
práctica de pruebas: 2.1 Pedidas por la parte Demandante: 2.1,1, DECRÉTASE testimonio de los siguientes
señores: 1) RAMÓN RÍOS GARCÍA, 2) GLADIS GUERRERO DE SÁNCHEZ, 3) SAID DEL CARMEN SÁNCHEZ
CONTRERAS 4) JOSÉ DE DIOS MÁRQUEZ ZAPARDIEL, 5) CIRO ALFONSO RAMÍREZ QUINTERO y 6)
IDILIA ROSA DELGADO PACHECO, quienes residen en el Municipio del Carmen, Norte de Santander y en
audiencia depondrán sobre los puntos de que trata el respectivo aparte (…) 2.1.2. Ofíciese a las diferentes
entidades especificadas en los numerales 3.1) al 3.14), del acápite de pruebas del libelo demandatorio, vista a
folio 56 al 62 del expediente, para que remitan la documentación solicitada en los mismos (…). 2.1.3 REMÍTASE
a la señora ISOLINA ARENGAS VILLALBA, al INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SECCIONAR NORTE DE SANTANDER, con sede en la ciudad de Ocaña, a fin se practique valoración
psicológica a la mencionada señora, conforme a lo solicitado en el acápite de pruebas (…) 2.1.4 Una vez se
practique la anterior prueba REMÍTASE a la citada señora ISOLINA ARENGAS VILLALBA, a la JUNTA DE
CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, en la ciudad de Cúcuta, para que se practique reconocimiento, a costa de la
parte demandante, a efecto de que se dictamine sobre el porcentaje de la disminución de su capacidad laboral
(…) 2.2. Pedidas por la parte DEMANDADA: 2.2.1 A su osta ofíciese al señor Comandante de la Brigada 15, al
comandante de la Segunda División y comandante del batallón de Infantería No. 15 Santander, ubicadas en la
V Brigada en la ciudad de Bucaramanga y Ocaña, para que remitan la documentación solicitada en el acápite
de pruebas de la contestación de la demanda (…) 2.2.2 La prueba solicitada en tercer inciso del acápite de
pruebas, no se atenderá dado que se encuentra contenida en las ordenadas en el numeral 2.1.2 del presente
proveído. 2.2.3 Ofíciese a las entidades mencionadas en el tercer inciso del acápite de pruebas de la
contestación de la demanda, para que remitan copia auténtica de los antecedentes penales que eventualmente
le puedan aparecer al señor ÁLVARO GUERRERO MELO (…)”. Folios 209-210 c. 1. En el proceso se practicaron las siguientes pruebas: 1. Certificación expedida el 23 de octubre de 2008 por el Notario Único del Círculo de El Carmen, Norte
de Santander sobre el registro civil de defunción del señor Álvaro Guerrero Melo. 2. Registros civiles de nacimiento de Isolina María Arengas Villalba, Álvaro Guerrero Melo, Fabián
Eduardo Guerrero Arengas, Dayro Guerrero Arengas y Jhan Carlos Guerrero Arengas. 3. Declaraciones extrajuicio rendidas el 4 de octubre de 2007 ante el Notario Único del Círculo de El Carmen,
Norte de Santander por los señores Ramón Ríos García y Gladis Guerrero de Sánchez. 4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor Álvaro Guerrero Melo y fotocopia de la contraseña de la
señora Isolina María Arengas Villalba. 5. Copia de la queja presentada el 17 de septiembre de 2007 ante la Personería Municipal de El Carmen por
la señora Isolina Arengas Villalba. 6. Notificación personal a la señora Isolina Arengas Villalba del auto de archivo del 23 de abril de 2008 proferido
por la Procuraduría Provincial de Ocaña dentro del proceso No. 046-2491-07. 7. Oficio No. 3940 del 28 de noviembre de 2008 dirigido a la señora Isolina María Arengas Villalba suscrito por
la Procuradora Provincial de Ocaña. 8. Registro de averiguación disciplinaria con radicación No. 046-2491-07 por la presunta irregularidad en la
muerte del señor Álvaro Guerrero Melo. 9. Documentos de la investigación adelantada en la Procuraduría Provincial de Ocaña, Norte de Santander,
por la muerte de Álvaro Guerrero Melo. 10. Documentos de la indagación preliminar radicada con el número 015-07 del Batallón de Contraguerrillas No. 98 “Mayor Carlos Alberto Lara Rozo”.
11. Copias de notas de prensa publicadas en los medios “Cambio”, “Semana” y “El Tiempo”. 12. Copia del expediente penal con radicado No. 8286 adelantado por el delito de homicidio agravado en la
persona de Álvaro Guerrero Melo. 13. Declaraciones rendidas en el marco del proceso por parte de los señores Said del Carmen Sánchez
Contreras, José de Dios Márquez Zapardiel, Ramón Ríos García, Idalia Rosa Delgado Pacheco y Ciro Alfonso
Ramírez Quintero. 4Folios 480-497 c. 2. 5 Folios499-500 c. 2.
3
Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
“PRIMERO: DECLÁRASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, responsable por los daños antijurídicos producidos con ocasión de la
ejecución extralegal, arbitraria y sumaria del señor ÁLVARO GUERRERO
MELO, en hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2007, en la vereda Villa
Nueva, Vía Guamalito de la Jurisdicción de Ocaña, Norte de Santander, de
conformidad con los considerandos del presente fallo.
SEGUNDO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL a pagar a título de perjuicios morales los siguientes
montos, tasados en salarios mínimos legales mensuales vigentes:
DEMANDANTE RELACIÓN CON SMLMV
LA VÍCTIMA
Isolina María Compañera 300
Arengas Villalba permanente de
Álvaro Guerrero
Melo
Fabián Eduardo Hijo de Álvaro 300
Guerrero Arengas Guerrero Melo
Dayro Guerrero Hijo de Álvaro 300
Arengas Guerrero Melo
Jhan Carlos Hijo de Álvaro 300
Guerrero Arengas Guerrero Melo
Para el efecto, se tendrá en cuenta el valor del salario mínimo legal vigente a
la fecha de ejecutoria del presente fallo.
TERCERO: CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional a pagar, por concepto de perjuicios materiales en modalidad de lucro
cesante consolidado así:
• A favor de ISOLINA MARÍA ARENGAS VILLALBA, la suma de TREINTA Y
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS ($33.817.691).
• A favor de FABIÁN EDUARDO GUERRERO ARENGAS, DAYRO
GUERRERO ARENGAS y JHAN CARLOS GUERRERO ARENGAS la suma
de ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($11.272.489), para cada
uno de ellos.
Así mismo, CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional a pagar por concepto de perjuicios materiales en modalidad de lucro
cesante futuro de la siguiente forma:
• A favor de ISOLINA MARÍA ARENGAS VILLALBA, la suma de CINCUENTA
Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES NOVENTA Y SEIS
PESOS ($52.673.096), a favor de ISOLINA MARÍA ARENGAS VILLALBA.
• A favor de FABIÁN EDUARDO GUERRERO ARENGAS, la suma de DOS
MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS ($2.190.797).
4
Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
• A favor de DAYRO GUERRERO ARENGAS, la suma de SEIS MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS
($6.666.198).
• A favor de JHAN CARLOS GUERRERO ARENGAS, la suma de SIETE
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS ($7.652.652).
CUARTO: CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional a la reparación por la violación de los derechos humanos de que fue
víctima el señor ÁLVARO GUERRERO MELO, para lo cual, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia, deberá adoptar las siguientes medidas
de naturaleza no pecuniaria:
• REALIZAR una declaración oficial a través de un periódico de amplia
circulación local en el departamento de Norte de Santander en donde se deberá
informar que la muerte de ÁLVARO GUERRERO MELO, en hechos ocurridos
el 9 de septiembre de 2007, en la vereda Villa Nueva vía Guamalito, jurisdicción
del municipio de Ocaña, Norte de Santander, ocurrió como consecuencia de
una ejecución extrajudicial y arbitraria perpetrada por el Ejército Nacional.
• ALLEGAR copia de dicha publicación a esta Corporación con la mención del
número del expediente, número de radicación y nombre del demandante dentro
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia.
• DIVULGAR la parte resolutiva de este fallo por medios magnéticos a todos
los batallones y brigadas del Ejército Nacional, así como en su página web.
• REALIZAR una ceremonia a la cual se invite a los familiares del señor
ÁLVARO GUERRERO MELO en la que el representante de la institución
públicamente presentará excusas por los hechos el 9 de septiembre de 2007,
relacionados con la muerte del citado señor, en la vereda Villa Nueva vía
Guamalito, jurisdicción del municipio de Ocaña, Norte de Santander.
QUINTO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: Sin condena en costas.
SÉPTIMO: En caso de no ser apelada la presente providencia, REMÍTASE al
H. Consejo de Estado para que se surta el grado jurisdiccional de consulta, de
conformidad con el artículo 184 del C.C.A.
OCTAVO: DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del
Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la
sentencia conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
NOVENO: LIQUÍDENSE los gastos ordinarios del proceso y si hubiere
remanentes devuélvase a la parte actora.
DÉCIMO: Una vez en firme la presente archívese el expediente, previas las
anotaciones secretariales de rigor”.
5
Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
9. Para arribar a tal decisión, sostuvo que las pruebas allegadas acreditaron que el
señor Álvaro Guerrero Melo fue dado de baja de forma arbitraria y sumaria para,
posteriormente, hacerlo pasar como delincuente muerto en combate, hecho que
contó con la ayuda de civiles que llevaron al hoy occiso ante los miembros del
Ejército Nacional mediante engaños y artimañas. Con base en lo anterior, consideró
que los hechos constituyeron una grave violación a los derechos humanos y una
infracción al Derecho Internacional Humanitario. Añadió que se probaron también
serias inconsistencias en la versión de los hechos planteada por los miembros del
Batallón de Contraguerrilla 98 de la Brigada Móvil No. 15.
10. Así las cosas, concluyó que la muerte del señor Guerrero Melo se trató de una
ejecución extrajudicial por parte de miembros del Ejército Nacional, quienes
prevalidos de sus condiciones de militares y utilizando armas y uniformes de
dotación oficial, dispararon a un ciudadano indemne, todo lo cual comprometía su
responsabilidad patrimonial.
11. Finalmente, en cuanto a los perjuicios, consideró que en el caso concreto se
presentó un perjuicio en su mayor intensidad, debido a que no existe sentencia
penal ejecutoriada contra los agentes del Estado implicados en los hechos y por la
precaria situación en la que quedó la familia del señor Guerrero Melo, razón por la
cual reconoció la suma de 300 SMLMV para cada uno de los demandantes6.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Sustentación del recurso de apelación
12. En su recurso de alzada, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
cuestionó la valoración probatoria realizada por el Tribunal, pues sostuvo que no
existían elementos de prueba suficientes para la declaración de responsabilidad del
Estado por la muerte del señor Álvaro Guerrero Melo. En este sentido, indicó que
no existía en el expediente ningún proceso penal o disciplinario adelantado contra
alguno de los miembros del Ejército Nacional y que tanto la Procuraduría Provincial
de Ocaña como el Batallón de Contraguerrillas No. 98 en las indagaciones
disciplinarias iniciadas por los hechos, concluyeron que la muerte de Guerrero Melo
ocurrió en el marco de un combate. Agregó que no es cierto que en el testimonio
del señor Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, obrante en el proceso penal, hubiera
confesado su participación en la muerte del señor Guerrero Melo y señaló que el
día de los hechos existía una orden de operaciones y que se demostró que el occiso
tenía armas de fuego en su poder cuando se enfrentó al Ejército Nacional.
13. Insistió en que en el presente caso se acreditó plenamente la causal eximente
de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, por manera que la conducta de
los soldados constituyó legítima defensa ante la agresión actual e injusta por parte
del hoy occiso. Finalmente, sostuvo que la suma reconocida por el a quo por
concepto de perjuicios morales resultaba exorbitante, en tanto no se demostró
plenamente la responsabilidad patrimonial de la demandada y, en cuanto a las
medidas no pecuniarias, adujo que dicha institución no podía ser condenada por
6 Folios 532-553 c. del Consejo de Estado.
6
Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
objeto distinto del pretendido, pues eso constituía un fallo ultra petita y que las
órdenes desconocían todos los adelantos y políticas tomadas por la entidad en
materia de prevención de vulneración de Derechos Humanos7.
Los alegatos de conclusión de segunda instancia y concepto del Ministerio
Público
14. En su concepto, el Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia de
primera instancia en tanto se demostró la falla en el servicio del Ejército Nacional
pues se acreditó que la muerte del señor Álvaro Guerrero Melo no ocurrió en el
marco de un combate, sino que fue perpetrada por soldados sin mediar ninguna
razón, utilizando armas de dotación oficial y poniendo a la víctima en situación de
indefensión, para luego presentarla como baja en enfrentamiento con grupos al
margen de la ley a través de la manipulación de la escena del crimen. Indicó que
los hechos constituyeron una grave y flagrante violación a los derechos humanos y
al Derecho Internacional Humanitario8.
15. Las partes guardaron silencio9.
III. CONSIDERACIONES
16. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación.
El objeto de los recursos de apelación
17. El ámbito del recurso interpuesto se circunscribe a verificar si a cargo de la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional está responder por la muerte del
señor Álvaro Guerrero Melo, pues las pruebas aportadas permitían desvirtuar la
hipótesis de que se trató de una ejecución extrajudicial y acreditarían que se trató
de una muerte ocurrida en combate y en el marco de operaciones contraguerrillas
adelantadas por miembros de esta institución; establecido lo anterior, se procederá
a estudiar si la indemnización de perjuicios reconocida en primera instancia resulta
acorde con los criterios señalados por la jurisprudencia del Consejo de Estado y con
lo probado en el proceso.
Análisis probatorio
18. A partir de los elementos de convicción allegados en legal forma al proceso, se
tienen por acreditados los siguientes hechos:
19. El señor Álvaro Guerrero Melo falleció el 9 de septiembre de 2007 en el
municipio de El Carmen, Norte de Santander, según consta en su registro civil de
defunción10.
7 Folios 560-56 c. del Consejo de Estado.
8 Folios 595-603 c. del Consejo de Estado.
9 Folio 604 c. del Consejo de Estado.
10 Folio 73 c. 1.
7
Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
20. El 17 de septiembre de 2007 la señora Isolina Arengas Villalba presentó una
queja ante la Personería Municipal de El Carmen, Norte de Santander, en contra
del Ejército Nacional Brigada Móvil No. 15, por la muerte del señor Álvaro Guerrero
Melo. Al respecto expuso lo siguiente (se transcribe de manera literal):
“El día sábado 8 de septiembre de 2007 a las 9:00 de la mañana salió ÁLVARO
GUERRERO MELO de la casa de su mamá, de aquí de El Carmen que lo
habían llamado que le iban a dar un mercado en Guamalito, se embarcó al
frente de Alfonso Julio en un carro pirata y ahí se bajó frente a la policía, él iba
vestido con buzo azul manga larga, debajo del buzo llevaba un buzo blanco y
un pantalón de color caqui y con bolsillos de cierre a los lados, unos guayos
como blancuzquitos y medias azules y una cachucha y también llevaba una
mochilita donde tenía los papeles y no regresó, se quedaron esperándolo a las
dos de la tarde y no regresó, el lunes se llamó a la Morgue en Ocaña y allá se
fue a averiguar la señora Evelia Parra, con el hijo que trabaja en la funeraria La
Eternidad y ahí lo identificaron, lo encontraron uniformado, ellos los de la
funeraria lo cambiaron nuevamente. (...) En el tiempo que yo estuve con él
nunca lo vi pertenecer a ningún grupo, lo único cuando no tenía trabajo
aguantaba hambre, porque sacaba era arena, piedra e iba a botar basura a
recoger chatarra para vender, él no salía de aquí del pueblo sino hasta ahora
que se le agravó su mamá que la echaron para Ocaña para el hospital y estuvo
un mes por allá, nunca lo conocí con arma de fuego, lo único un machete para
trabajar y cortar leña (...)”11.
21. El 23 de abril de 2008, la Procuradora Provincial de Ocaña resolvió abstenerse
de decretar la apertura de investigación disciplinaria por los hechos materia de
indagación, relacionados con la muerte de Álvaro Guerrero Melo el 9 de septiembre
de 2009 y ordenó el archivo definitivo de las diligencias radicadas bajo el No. 046-
02509-07, por encontrar que las pruebas recabadas hasta ese momento daban
plena credibilidad a la hipótesis presentada por el Ejército Nacional sobre que la
muerte de la citada persona ocurrió en un combate12.
22. En el presente asunto, la parte actora solicitó que se allegara a este proceso el
expediente penal No. 8286 seguido por el homicidio agravado de Álvaro Guerrero
Melo, en contra los militares Carlos Ríos Marín, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar,
Óscar Verdecia Maestre, José Luis Vergara Montoya, Humberto Rojas Triana,
Adolfo Ropero Ángel, Jorge Andrés Restrepo Henao, Luis Ángel Ramírez Acevedo,
Arnoldo Téllez Lozano y contra la señora María Eugenia Ballena Mejía; así como
copia de la investigación disciplinaria que se adelantó contra los referidos militares
adscritos a la Brigada Móvil No. 15; pruebas que el a quo decretó mediante auto del
15 de abril de 2011.
23. La Sala valorará las pruebas que obran en las actuaciones trasladadas, dado
que, si bien su traslado fue solicitado por la parte actora, las partes tuvieron la
oportunidad de conocer el contenido y contaron con la oportunidad procesal para
que, si así lo consideraban, formularan algún reparo, lo que no ocurrió, amén de
que se trata de un caso en el que se estudia la posible comisión de una ejecución
extrajudicial a manos del Ejército Nacional, por lo que es dable calificarlo como un
evento que compromete una violación grave de Derechos Humanos, en los cuales
la jurisprudencia de la Sala ha flexibilizado los estándares procesales de valoración
11 Folios 82-83 c. 1.
12 Folios 152-155 c. 1.
8
Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
y apreciación de las pruebas para efectos de establecer la verdad material de los
acontecimientos13, motivo adicional para valorar tales pruebas, cuyas actuaciones
relevantes se reseñarán a continuación:
24. El 12 de septiembre de 2007 el Comandante del Batallón Contraguerrillas No.
98, resolvió iniciar indagación preliminar por los hechos relacionados con la muerte
de un presunto “narcoterrorista” en combate, ocurrida el 9 de septiembre de 2007
en la Vereda Villa Nueva, Municipio del Carmen, Norte de Santander14.
25. En el radiograma de operaciones No. 292 levantado por la Brigada Móvil No. 15
se dejó establecida la ocurrencia de un combate el 9 de septiembre de 2007 a las
5:40 am en el municipio de El Carmen, Vereda Villa Nueva entre miembros de BCG
ESPARTA y nuevas bandas criminales. En el referido documento se señaló como
cantidad del enemigo, 3 personas, duración del combate, 5 minutos y los siguientes
resultados operacionales: “Terrorista muerto en combate: 01 N.N.
aproximadamente 25 años vestía pantalón camuflado – camiseta verde. Fusil AK-
47 CAL. 7.62 (…): 01. Proveedor metálico: 01. Munición CAL. 7.62: 08. Vainillas
CAL. 7.62 MM: 06. Bolso con elementos personales: 01”15.
26. La orden de operaciones fragmentaria “MISIÓN TÁCTICA” “SAHARA 6” con
fecha del 9 de septiembre de 2007 correspondiente al Grupo Especial “ESPARTA
1”, que según se alega por la demandada, era adelantada por las tropas
involucradas en los hechos en los que habría fallecido el señor Álvaro Guerrero
Melo, establecía como misión:
“El grupo especial “ESPARTA 1” orgánico del BCG 98 al mando del SS. RÍOS
MARÍN CARLOS organizado a (0-3-17) a partir del día 09 20:00-SEP-07,
conduce maniobras ofensivas de combate irregular en el área general de la
vereda Villa Nueva- Punta de Mora municipio de El Carmen, con el fin de
neutralizar el accionar de los grupos narcoterroristas de las ONT BACRIM
(Bandas criminales) ONT ELN (Cuadrilla cuatro de septiembre) que delinquen
en el área, garantizando el orden constitucional y a vigencia de las instituciones
legítimas, respetando los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario”16.
27. El CS. Óscar Verdecia Maestre rindió informe dirigido al SS. Carlos Ríos Marín
Comandante de Esparta I por medio del cual dio aviso sobre los hechos ocurridos
el 9 de septiembre de 2007 en la vereda Villanueva (se transcribe de manera literal):
“En el desarrollo de la misión táctica Sahara VI salimos en desplazamiento a
las 02:00 horas desde las coordenadas 33-36/27-57 con informaciones
humanas que en la vereda Villanueva había presencia de vandidos, siendo
aproximadamente las 05:15 am cuando (…) sentimos cuando nos gritaron
quién anda ahí y al contestar somos tropas de la Brigada Móvil 15 nos
empezaron a disparar nosotros reaccionamos sosteniendo un combate de
encuentro entre 5 o 7 minutos después que se calmó esperamos (…) y
realizamos el registro encontramos un cuerpo sin vida de un presunto vandido
en las coordenadas 36-09/29-35 seguimos avanzando en persecución del resto
de vandidos y más adelante como a unos 200 mts más o menos nos
13 Consultar, Consejo de Estado, Sala plena de la Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014. Exp.
32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
14 Folios 339-341 c. 2.
15 Folio 348 c. 2.
16 Folios 69-74 c. anexo 1.
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encontramos una vivienda y en ella se encontraba una señora la cual le
preguntamos cómo se llamaba la vereda y nos contestó que Villanueva y que
había sentido personas corriendo rápido durante el combate (…)”17.
28. Mediante Oficio No. 0860 del 9 de septiembre de 2007, el Comandante de
Inteligencia Táctica de Ocaña de la Brigada Móvil 15 del Ejército Nacional, dejó a
disposición de la Fiscalía Seccional el cuerpo de una persona abatida en
“enfrentamiento armado con tropas de la Brigada Móvil No. 15 Grupo Especial
Esparta 1 Orgánico del Batallón de Contraguerrillas No. 98 al mando del señor
Sargento RÍOS MARÍN CARLOS, el día (…) a las 05:30 horas aproximadamente en
la vereda Villa Nueva, jurisdicción de municipio de El Carmen N/S y quien portaba
el siguiente material:
(…)
Fusil Ak-47 Número 48111309
Cartuchos Calibre 7.62mm
Proveedor metálico para fusil AK-47
Vainillas calibre 7.62
Bolso con elementos personales”18.
29. En informe de patrullaje de la Misión Táctica Sahara 6, el Comandante del
Grupo Especial Esparta I, Carlos Ríos Marín, dejó constancia de que realizaron
puestos de obstrucción y maniobras de emboscada a partir del 8 de septiembre de
2007 en el corregimiento de Guamalito, para capturar o neutralizar a narcoterroristas
pertenecientes a las FARC, ELN, EPL y bandas criminales al servicio del
narcotráfico. Asimismo, indicó que en ejecución de la maniobra, el grupo inició
infiltración hacia la vereda Villanueva con el objetivo de verificar la información
suministrada por fuentes humanas sobre la presencia de sujetos armados en el
sector, y que siendo más o menos las 05:15 horas, el equipo de vanguardia al
mando del CS. Verdecia Maestre Óscar, tuvo un combate al recibir disparos de
frente en repetidas ocasiones, lo cual dejó como resultado una persona muerta,
mientras que los otros dos subversivos se fugaron. En el informe también se señaló
que se gastaron 250 cartuchos 5.56 mm y 50 cartuchos 7.62 mm; se resaltaron
como aspectos positivos la obtención de resultados operacionales, la consecución
y análisis correcto de la información, credibilidad ante la población civil e integridad
de la tropa, y se destacó al siguiente personal: “Gutiérrez Salazar Néstor, CS.
Verdecia Maestre Óscar, SIP. Vergara Montoya José, SIP. Rojas Triana Humberto,
SIP. Ropero Rangel Adolfo, SIP. Restrepo Henao Jorge, SIP. Ramírez Acevedo
Luis”19. Asimismo, se allegó el libro diario de operaciones de la Brigada Móvil No.
15 en el que consta la anotación del combate ocurrido el 9 de septiembre de 2007
en el que participó el grupo Esparta I y se reportó una muerte20.
30. En el acta de inspección técnica a cadáver realizada el 9 de septiembre de
2007 a las 10:05 a.m., a un N.N. de aproximadamente 25 años -que posteriormente
se identificaría como el cuerpo de Álvaro Guerrero Melo-, se registró como fecha de
la muerte ese mismo día a las 05:15 a.m. en zona rural, campo abierto, vía pública
de la Vereda Villa Nueva, del corregimiento de Guamalito, el cual se encontró en
17 Folio 354 c. 2.
18 Folio 356 c. 2.
19 Folio 319 c. 2.
20 Folios 321-323 c. 2.
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posición decúbito pectolateral izquierdo y con el dedo índice de la mano derecha
sobre el disparador de un fusil AK-4721. Asimismo, en el documento se realizaron
las siguientes descripciones (se transcribe de manera literal):
“PRENDAS DE VESTIR Y PERTENENCIAS ENCONTRADAS AL CADÁVER:
Buso cuello redondo manga larga color azul y debajo una franela color verde,
pantalón camuflado, interior color gris, botas de caucho pantaneras marca
trepadora. Muñeca izquierda reloj de pulso de material sintético (…).
ELEMENTOS O EVIDENCIAS DEL HECHO: A un metro por encima de la
cabeza en el piso se encontró una mochila con franjas verdes y en el interior
un parche color rojo con alusión al Cúcuta Deportivo, una panela y dos huevos
cocidos. Cerca al bolso mencionado dos vainillas calibre 7.62 y dos cartuchos
calibre 7.62. En el piso cerca a los pies, 2 vainillas 7.62 y un cartucho 7.62. Tres
cartuchos en el proveedor y uno en la recámara. AK-47 Calibre 7.62 (…)
sumado a lo encontrado se encuentran dos vainillas y un cartucho calibre 7.62.
OBSERVACIONES: No se toma muestra de posibles residuos de disparos
porque no se dan condiciones (…)”22.
31. El 13 de septiembre de 2007 el Cabo Segundo Óscar Alfonso Verdecia Maestre
rindió versión libre y espontánea en el marco de la investigación disciplinaria No.
015/027 en la que se le imputaron cargos por la muerte en combate de un presunto
criminal, que se identificaría como Álvaro Guerrero Melo, y narró los hechos
ocurridos el 9 de septiembre de 2007 más o menos en los mismos términos del
informe rendido por él mismo. Señaló que cuando se desplazaban con el grupo de
vanguardia por la vereda Villa Nueva atendiendo a un aviso sobre la presencia de
subversivos en la zona, a eso de las 05:15 horas, les gritaron “¿quién anda ahí?” y
cuando estaban contestando que se trataba de tropas de la Brigada Móvil 15, fueron
atacados con armas de fuego, a lo que reaccionaron y sostuvieron un combate que
duró entre 5 y 6 minutos. Señaló que la visibilidad era poca, que recibieron el fuego
desde muy cerca, aproximadamente 5 u 8 metros, y que el occiso vestía pantalón
camuflado, botas negras de caucho y un “camibuso azul manga larga”. Refirió que
las tropas continuaron realizando el registro en persecución del resto de los
bandidos “y más adelante nos encontramos más o menos a unos doscientos metros
con una vivienda donde encontramos una señora y le preguntamos que cómo se
llama la vereda nos contestó que se llamaba Villa Nueva y que también había
sentido personas corriendo rápido hacia el sector de Culebra cuando el combate”23.
El imputado realizó un croquis del lugar de los hechos, en el que en la parte superior
izquierda ubicó dos viviendas en cercanía del lugar donde se halló el cuerpo de la
persona muerta en combate, con la anotación “Vereda Villanueva” recorrido que
estaba realizando la tropa, y en la parte superior izquierda –también hacia la
izquierda del lugar donde se halló el cadáver- anotó “Vereda Culebra”24.
32. El 11 de septiembre de 2007, el Sargento Segundo Carlos Nolber Ríos Marín,
Comandante del Pelotón Esparta I, rindió declaración ante la oficina de instrucción
en el marco del proceso disciplinario, con el objeto de ratificar el informe rendido
previamente por los hechos, en la que coincidió en señalar que el día de los hechos
habían iniciado movimiento hacia la vereda Villa Nueva con el objeto de verificar la
21 Folios 359-360 c. 2.
22 Folios 412-413 c. 2.
23 Folios 362-364 c. 2.
24 Folio 365 c. 2.
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Referencia: Reparación directa
presencia de unos sujetos armados sobre el sector –informada por fuentes humanas
y corroborada por la Central de Inteligencia mediante boletines, al igual que lo
informado por población civil que manifestó que un grupo de sujetos los estaban
intimidando- y que aproximadamente a las 05:15 horas, cuando se desplazaban por
una trocha y pasando la quebrada, a los soldados punteros les preguntaron que
quiénes eran y luego recibieron disparos a los que debieron responder los soldados
del equipo de vanguardia del Cabo Segundo Verdecia, sosteniendo un combate de
más o menos 5 minutos. Indicó que al occiso se le encontró con un bolso blanco,
un fusil, un proveedor y cartuchos, y que las condiciones de visibilidad eran malas25.
En términos similares a lo manifestado por los soldados Verdecia Maestre y Ríos
Marín, se pronunció el Soldado Profesional Humberto Rojas Triana al imputársele
cargos por los hechos del 9 de septiembre, quien era puntero del grupo de
vanguardia y afirmó que disparó aproximadamente 20 cartuchos en el marco del
combate26.
33. El 23 de julio de 2008 el Comandante del Batallón Contraguerrillas No. 98
resolvió ordenar el archivo definitivo de las diligencias disciplinarias seguidas por
los hechos relacionados con la muerte en combate del señor Álvaro Guerrero
Melo27.
34. El proceso penal seguido por los hechos, radicado bajo el número 104.182 fue
remitido el 22 de marzo de 2009 a la Fiscalía Primera Especializada de Asuntos
Humanitarios de la ciudad de Cúcuta, mediante oficio No. F.2-12428. Al Tribunal se
allegó un oficio en el que se informó que la investigación No. 162.772 se anexó al
Radicado No. 104.182, el cual mediante resolución del 20 de enero de 2011 se
remitió a la Fiscalía de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de Cúcuta para
que hiciera parte del proceso 4.87029. El proceso radicado 104.182 posteriormente
se convirtió en investigación 828630.
35. El informe pericial de necropsia No. 2007010154498001121 realizado el 10 de
septiembre de 2007 al señor Guerrero Melo, reveló como mecanismo de muerte,
laceración cerebral y que presentaba “heridas por proyectil de arma de fuego que le
produce trauma craneoencefálico con laceración y pérdida de sustancia cerebral,
fractura expuesta de pierna derecha, múltiples esquirlas en tórax, abdomen y
miembro superior derecho por proyectiles de carga múltiple”. En el informe se
consignaron los siguientes hallazgos:
“DESCRIPCIÓN ESPECIAL DE LESIONES
DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES POR ARMA DE FUEGO (CARGA ÚNICA)
1.1 Orificio de Entrada: regular redondeado de 0,5 cm de diámetro localizado
en región frontal derecha a 7 cm de la línea media anterior y a 12 cm del vertex,
sin evidencia de restos de pólvora.
(…)
1.4 Trayectoria: Plano horizontal: Supero-Inferior. Plano coronal: Antero-
Posterior. Plano sagital: Derecha-Izquierda.
25 Folios 366-368 c. 2.
26 Folios 370-372 c. 2.
27 Folios 398-400 c. 2.
28 Folios 316-317 c. 2.
29 Folio 408 c. 2.
30 Folio 410 c. 2.
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Referencia: Reparación directa
2.1 Orificio de Entrada. Regular redondeado de 0,5 cms de diámetro localizado
en trago derecho a 8 cm de la línea media anterior y a 17 cms del vertex, sin
evidencia de restos de pólvora.
(…)
2.4 Trayectoria: Plano horizontal: Supero-Inferior. Plano Coronal: Antero-
Posterior. Plano Sagital: Derecha-Izquierda.
3.1 Orificio de Entrada: regular redondeado de 1 cm de diámetro localizado en
cara lateral externa posterior de brazo derecho a 13 cm de acromion, sin
evidencia de restos de pólvora.
(…)
3.4 Trayectoria: Plano Horizontal: Supero-Inferior. Plano Coronal: Postero-
Anterior. Plano Sagital: Derecha-Izquierda.
4.1 Orificio de Entrada: de 0,5 cm de diámetro localizado en región del brazo
derecho cara lateral externa a 22 cm del acromion sin evidencia de restos de
pólvora.
(…)
4.4 Trayectoria: Plano Horizontal: Supero- Inferior. Plano Coronal: Postero-
Anterior. Plano sagital: Derecha-Izquierda.
5.1 Orificio de Entrada: regular redondeado de 0,8 cm de diámetro localizado
en el tercio superior cara lateral interna de pierna derecha a 35 cm del talón sin
evidencia de restos de pólvora.
(…)
5.4 Trayectoria: Plano Horizontal: Supero- Inferior. Plano Coronal: Postero-
Anterior. Plano sagital: Izquierda – Derecha.
6.1 Orificio de Entrada: regular redondeado de 0,5 cm de diámetro localizado
en cara lateral externa de pierna derecha a 22 cm del talón sin evidencia de
restos de pólvora.
(…)
6.4 Trayectoria: Plano Horizontal: Supero- Inferior. Plano Coronal: Antero-
Posterior. Plano sagital: Derecha-Izquierda.
7.1 Orificio de Entrada: regular redondeado de 1 x 0,8 cm en sus diámetros
mayores localizado en tórax izquierdo línea clavicular interna a 3 cm de la línea
media anterior y a 50 cm del vertex sin evidencia de restos de pólvora.
(…)
7.4 Trayectoria: Plano horizontal: Supero-Inferior. Plano coronal: Antero-
Posterior. Plano sagital: Izquierda-Derecha”31.
36. Al proceso se allegó un documento titulado “Seguimiento personal muerto en
combate” elaborado por la Central de Inteligencia Táctica de Ocaña de la Brigada
Móvil No. 15 del Ejército Nacional, en el que se registraron las fotografías del
cadáver del señor Álvaro Guerrero Melo y se consignó: “Terrorista al parecer
perteneciente a las bandas criminales al servicio del narcotráfico fue abatido en
enfrentamiento armado con tropas del Grupo Especial Esparta 1 orgánico del
Batallón de Contraguerrillas No. 98 (BRIM No. 15) al mando del señor SS. Ríos
Marín Carlos, hechos ocurridos el día 09 de septiembre de 2007, en la vereda Villa
Nueva municipio de El Carmen N/S”32.
37. Se adelantó la correspondiente fijación fotográfica de la inspección técnica al
cadáver, por parte de personal del C.T.I., en la que se observa el cadáver del señor
Guerrero Melo empuñando en su mano derecha un arma, con el dedo índice en el
disparador del fusil AK-47, calibre 7.6233.
31 Folios 459-464 c. 2.
32 Folio 209 c. anexo 2.
33 Folios 416-420 c. 2.
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Referencia: Reparación directa
38. El Cuerpo Técnico de Investigación presentó informe de investigador de
laboratorio en el que realizó el estudio de trayectorias de los disparos recibidos por
el occiso, en el cual consignó que con base en los resultados del estudio balístico y
de acuerdo con el análisis del protocolo de necropsia correspondiente al cadáver de
Álvaro Guerrero Melo, “se determinó que los disparos fueron hechos a una distancia
mayor a 2 mts (no hay evidencia de restos de pólvora) y de acuerdo a la ubicación
de los orificios de entrada, y materialización de trayectorias indica que la víctima
recibió siete (07) disparos, tres por la parte anterior y cuatro por la parte posterior
del cuerpo, con las trayectorias descritas, dependiendo de la posición del occiso al
momento de recibir los disparos”34.
39. El 9 de septiembre de 2007 se recibió la declaración del señor Andrés
Avendaño, administrador de la finca Villa Nueva, quien señaló que en la madrugada,
mientras ordeñaba las vacas, escuchó muchos tiros. A la pregunta relacionada con
la posible presencia de grupos armados ilegales en la zona, respondió: “pues la
verdad uno no se da cuenta por el día”35.
40. El 10 de septiembre de 2007, la señora Elvia Rosa Pérez Parra, cuñada del
señor Álvaro Guerrero Melo, rindió declaración luego de reconocer el cadáver de su
familiar, en la que indicó que Guerrero Melo se dedicaba a trabajar de obrero en
arreglo de carreteras o en cualquier cosa que le saliera, que convivía con la señora
Isolina Arengas y que nunca se le vio con armas, ni siquiera con machete, ni se
vestía con las prendas con las que fue encontrado el cuerpo36.
41. El 14 de mayo de 2008 se escuchó en indagatoria al Cabo Primero Néstor
Guillermo Gutiérrez Salazar, quien indicó que el día de los hechos a eso de las 4:30
o 5:00 de la mañana, llegando a un cruce de un caño o quebrada, el puntero del
grupo hizo un alto (se transcribe de manera literal):
“ (…) y yo ordené un descanso de unos cinco minutos, cuando me informa el
puntero que había algo raro, que le parecía haber escuchado algo, alerté al
grupo y cuando fui hacia donde el soldado me indicaba se escucharon varias
pisadas, la gente corriendo, moviéndose y nos empezaron a disparar, ahí no
hubo tiempo de nada empezaron a dispararnos, entraron en contacto armado
(…) PREGUNTADO: Indique de dónde se obtuvo la información de presencia
de personal armado sobre el sector diferente a ustedes. CONTESTO: La
información está de acuerdo a unas operaciones que estaba realizando las
tropas acantonadas en Valledupar presionando los grupos ilegales al margen
de la ley, por inteligencia técnica, escaneo o sea se escuchó por radio de alta
frecuencia que los bandidos que decían que la única salida que tenían era hacia
el Norte de Santander específicamente Guamalito, El Carmen, Convención
efectivamente se realizó la misión táctica hacia este sector de Villanueva (…)
Por instinto y por los disparos que nos hicieron se puede determinar que era un
grupo grande aproximadamente de unos 15 a veinte, todos con armas largas.
(…) PREGUNTADO: Indique al Despacho cómo vestía el sujeto que hallaron
muerto y qué arma portaba. CONTESTO: Camiseta verde, pantalón camuflado
y se le encontró un fusil AK-47 calibre 7.62 (…) PREGUNTADO: Indique si en
el lugar de los hechos había casas y si estas estaban habitadas. CONTESTO:
No había casas, pero habían unas instalaciones como base móvil para
descanso de los grupos armados ilegales”37.
34 Folios 421-426 c. 2.
35 Folio 5 c. anexo 1.
36 Folio 10 c. anexo 1.
37 Folios 41-46 c. anexo 1.
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Referencia: Reparación directa
42. El mismo día, y en términos similares a la anterior narración, se pronunció en
diligencia de indagatoria el SLP. Luis Ramírez Acevedo, quien refirió que después
del encuentro armado, al registrar el lugar, se hallaron unos “cambucheros” y huellas
que indicaban que había muchas personas. Sin embargo, contrario a lo indicado por
el CP. Gutiérrez Salazar, afirmó que la información recibida sobre la presencia de
grupos subversivos, la habían obtenido de los mismos pobladores e indicó que el
cuerpo encontrado se hallaba a más o menos 40 metros de donde ocurrió el
contacto armado38. Por su parte, el SLP. Humberto Triana Rojas, en su indagatoria
refirió –como lo hizo en su declaración en el proceso disciplinario- que mientras se
desplazaban escucharon que les preguntaron que quiénes eran y que el Cabo
Gutiérrez lanzó la consigna de que pertenecían al Ejército Nacional39.
43. El SLP. Adolfo Ropero Rangel señaló que el grupo contra el que se enfrentaron
estaba conformado por unas 20 personas, porque encontraron huellas, vainillas y
cambuches 40 . El 22 de mayo de 2008 rindió indagatoria el SLP. Jorge Andrés
Restrepo Henao, quien indicó que la unidad que entró en contacto armado fue la
primera escuadra de la unidad Esparta, la cual estaba al mando del CP. Gutiérrez y
el Cabo Verdecia.
44. El 27 de marzo de 2009 el Juzgado 86 de Instrucción Penal Militar, que conocía
de los hechos relacionados con la muerte de Álvaro Guerrero Melo, profirió
resolución en la que ordenó enviar la actuación penal militar a la justicia ordinaria,
Fiscalía General de la Nación, por competencia, teniendo en cuenta, entre otras
cosas, lo siguiente (se transcribe de manera literal):
“Pues bien, basados en los principios de la sana crítica y las reglas de la
experiencia es loable inferir que las circunstancias de no existir en las prendas
de vestir de las extremidades inferiores del occiso (pantalón camuflado y botas
de caucho) orificios de impactos de arma de fuego, aunado a la posición última
en que el mismo se encontraba al momento de fallecer tras recibir impactos de
arma de fuego en la región de la cabeza y de su extremidad superior derecha
y la particularidad de caer y conservar su dedo índice derecho en el disparador
del arma de fuego que portaba, conlleva a plantear dudas en el hecho mismo
del intercambio de disparos con relación a lo depuesto por el personal
investigado en sus respectivas diligencias de inquirir, permitieron la notada
incertidumbre en si el actuar combate de encuentro – vivido por los miembros
del entonces pelotón- Grupo Especial ESPARTA UNO del Batallón de
contraguerrillas No. 98 de la Brigada Móvil 15 llevado a cabo en servicio activo,
tiene o no relación directa y próxima con la actividad propia del servicio como
es el restablecimiento del orden público en aras de garantizar el orden
constitucional y la vigencia de las Instituciones Legítimas”41.
45. El 14 de enero de 2010 se adelantó la diligencia de indagatoria del Sargento
Segundo Carlos Nolber Ríos Marín, quien indicó que para la fecha de los hechos se
había recibido información sobre la presencia de grupos paramilitares en el área de
Guamalito, que venían procedentes del sur del Cesar, razón por la cual se realizó
el desplazamiento de las tropas a la zona; asimismo, señaló que: “la unidad
fundamental es una compañía conformada por cuatro pelotones, y la unidad que
38 Folios 48-52 c. anexo 1.
39 Folios 54-58 c. anexo 1.
40 Folios 60-63 c. anexo 1.
41 Folios 130-133 c. anexo 1.
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sostuvo el contacto fue el grupo Esparta 2, conformada por 18 soldados y 3
comandantes al mando mío (…) Cabo Segundo VERDECIA, y Cabo Primero
TORRALBO, el equipo de combate que tuvo el contacto fue el primer equipo al
mando del Cabo Segundo VERDECIA, en realidad ellos fueron los únicos que
tuvieron el contacto armado, yo iba en el segundo equipo y el cabo TORRALBO iba
en el tercer equipo de combate”. Manifestó que fueron atacados por dos o tres
personas que huyeron luego hacia la parte alta, todos armados con AK-4742.
46. En declaración rendida por la señora Isolina Arengas Villalba, compañera
permanente del señor Guerrero Melo, indicó que el día de su desaparición, el
sábado 8 de septiembre de 2009, estaba vestido con “un buzo azul manga larga, un
buzo debajo blanco, pantalón caqui con bolsillos de cierre hacia fuera, llevaba unos
guayos como blancuzcos, medias azules, una cachucha”43.
47. Mediante oficio No. 103 la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía, informó a la
Fiscalía Tercera Seccional que en el sistema registraba una anotación contra el
señor Álvaro Guerrero Melo, sin número de identificación, por el delito de lesiones
personales dolosas, la cual había sido archivada en el año 200344. Por su parte, el
Departamento Administrativo de Seguridad informó a la Fiscalía, mediante oficio de
11 de junio de 2009, que no se registraban antecedentes judiciales para Álvaro
Guerrero Melo45.
48. El 21 de noviembre de 2010, el Director de Intendencia del Ejército informó a la
Fiscalía, mediante oficio No. 20104150928551, que el pantalón camuflado marcado
con la serie 0509400057, que era el que tenía el cadáver del señor Guerrero Melo,
había sido entregado al Batallón de Servicios para el Entrenamiento “BASEN”
ubicado en el Fuerte Militar de Tolemaida el 7 de octubre de 200546.
49. El 20 de enero de 2011 la Fiscalía Novena Delegada ante los Jueces Penales
del Circuito Especializados envió las diligencias que se adelantaban radicadas con
el No. 162.772 y seguidas contra los sindicados Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar,
Carlos Ríos Marín, Óscar Verdecia Maestre, José Luis Vergara Montoya, Humberto
Rojas Triana, Adolfo Ropero Rangel, Jorge Restrepo Henao y Luis Ángel Ramírez
Acevedo, por la presunta conducta de homicidio en persona protegida, a la Fiscalía
73 Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
debido a que bajo la investigación No. 4870 seguida en esa unidad en contra de
Néstor Gutiérrez Salazar, éste había confesado mediante diligencia de indagatoria
del 7 de agosto de 2009, el asesinato del señor Álvaro Guerrero Melo 47. Así las
cosas, el 24 de enero del mismo año, la referida unidad de la Fiscalía Especializada
avocó conocimiento de las diligencias sumariales seguidas por los hechos ocurridos
el 9 de septiembre de 200748.
50. En el marco del proceso penal seguido con el radicado No. 4870 –adelantado
por los hechos relacionados con la muerte de otros ciudadanos en alegados
42 Folios 213-215 c. anexo 1.
43 Folios 167-168 c. anexo 1.
44 Folio 179 c. anexo 1.
45 Folio 197 c. anexo 1.
46 Folio 234-237 c. anexo 1.
47 Folios 240-241 c. anexo 1.
48 Folios 244-245 c. anexo 1.
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Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
combates-, rindió diligencia de indagatoria y posteriormente de ampliación, la
señora María Eugenia Ballena Mejía, vecina del municipio de El Carmen, Norte de
Santander. En la segunda diligencia, rendida el 10 de marzo de 2009, declaró que
en el mes de mayo de 2007 fue abordada por el soldado de apellido Gutiérrez –
refiriéndose al procesado Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar- quien la amenazó
para que le prestara colaboración en localizar a los hombres que se encontraban
referidos en una lista que él le mostró, entre los que estaba el señor Álvaro Guerrero;
además le pidió que engañara a varios de esos hombres para que llegaran a lugares
determinados en donde pudieran ser abordados por tropas de Ejército, asesinados
y luego reportados como muertos en combate. Sobre el caso del señor Álvaro
Guerrero, narró lo siguiente (se transcribe de manera literal):
“ÁLVARO GUERRERO lo conocí, era vicioso, era el que me vendía a mí la
marihuana. Un domingo del 2007, había aparecido muerto en combate con el
ejército, esos NO fueron combates porque no era ningún guerrillero, trabajaba
en la carretera tapando huecos en la carretera cuando llovía, y sacando arena,
a él lo visitaba el ejército le daban mercados, trataba con ellos (ejército).
GUTIÉRREZ, volvió me hizo firmar otros papeles en blanco y me dijo que así
iba a quedar yo, y me mostró unas fotos en un celular donde estaba ÁLVARO
GUERRERO muerto el cual le vi sangre en la cara, tirado en un camino y tenía
un arma, eso es lo que yo sé (…) ÁLVARO tiene como 4 hijos, es una persona
bastante pobre (…) tenía por ahí unos 38 años más o menos (…) La gente dice
que a ÁLVARO lo mató el Ejército en las afueras de GUAMALITO, como a
media hora del Carmen. (…) ÁLVARO también estaba en la lista que tenía el
cabo GUTIÉRREZ, todos estos nombres de esta lista no sé de dónde salieron.
Ya habían muerto bastantes en el Carmen cuando ÁLVARO lo mataron, este
no recuerdo en qué mes lo mataron, también fue asesinado por el ejército a
manos de GUTIÉRREZ, en un falso positivo y falso combate (…) toda esa
contraguerrilla era sabedora de lo que estaban haciendo (…) Cómo sería que
la gente del pueblo le tenía temor a los cascudos que era el Ejército, ya la gente
del campo no bajaba al Carmen por temor de que el Ejército los matara”49.
51. Asimismo, consta en el expediente del proceso penal, la diligencia de
ampliación de indagatoria rendida por el procesado Néstor Guillermo Gutiérrez
Salazar en el marco del proceso 4797 seguido por los hechos relacionados con la
muerte del ciudadano Wilfredo Quintero Chona en agosto de 2007 en la vía que de
Guamalito conduce a El Carmen. En dicha diligencia del 2 de febrero de 2011,
declaró que era su voluntad confesar y ayudar a esclarecer ante la justicia los
hechos ocurridos como “falsos positivos”, para lo cual refirió el funcionamiento de la
estructura y la colaboración que la señora María Eugenia Ballena Mejía les prestaba
a cambio de dinero. Particularmente, sobre el caso de Álvaro Guerrero, manifestó
que (se transcribe de manera literal):
“(…) el sábado 18 de agosto de ese año, mi primero ÁVILA delante de MARÍA
EUGENIA y su mamá me regaño que porque yo no le daba las platas completas
que le enviaba el Coronel RINCÓN y que para esos días nos iba a llegar un
fusil AK-47 y que quién teníamos por ahí para colocárselo, ella le dijo si usted
personalmente me responde por la plata podemos traer a ÁLVARO
GUERRERO, eso después se haría porque efectivamente a ÁLVARO
GUERRERO murió en otro supuesto operativo el 9 de septiembre. Como
ustedes podrán verificar después, las muertes que reportaba como baja la
Brigada Móvil 15 eran casi siempre entre sábados y domingos, es decir, fines
de semana y en promedio una muerte al mes por Unidad. (…) Mi primero ÁVILA
49 Folios 253-269 c. anexo 1.
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Referencia: Reparación directa
le dice a MARÍA EUGENIA que sí, que tranquila, que todos los trabajos que se
sigan haciendo con ella, él personalmente se los va a pagar (…) Es que doctor
yo debo ser claro, eso nosotros lo manejábamos a nivel de los oficiales y
suboficiales y los soldados que directamente participábamos en cada caso que
yo les puedo precisar, porque sinceramente doctor en algunos casos por
ejemplo doctor, uno llevaba todo organizado y los que sabían eran los que
participábamos, los soldados de atrás por ejemplo, los que se dejaban de
seguridad, después de que nosotros hacíamos todo, ellos quedaban
convencidos que los de adelante habían entrado en combate y se daba la baja
(…). hablo personalmente con el (…) Coronel RINCÓN, yo estaba convencido
de lo que se iba a realizar era algo dentro del marco legal, de investigar, ubicar
a sujetos pertenecientes a bandas criminales o guerrilla, pero es cuando él me
dice que la forma de trabajar ahí era muy diferente (…) que en esta región de
Norte de Santander era ubicar a los bandidos, hacerles un seguimiento y si se
encontraba con armamento darlos de baja y si no tenían armamento porque
era muy difícil porque en esta zona los bandidos acostumbraban a esconder
sus armas, íbamos a empezar a hacer una especie de limpieza, cogerlos y
llevarlos a un sitio, darlos de baja, o sea, matarlos y colocarles armamento”50.
52. Posteriormente, el 5 de febrero de 2011, el sindicado Néstor Guillermo Gutiérrez
Salazar rindió ampliación de indagatoria, esta vez, en el proceso con radicado inicial
No. 162.772, que versaba sobre los hechos relacionados con la muerte del señor
Álvaro Guerrero Melo51. En dicha diligencia, manifestó lo siguiente (se transcribe de
manera literal):
“Quiero confesar los verdaderos hechos ocurridos en que murió este sujeto y
esto lo hago además colaborando con la justicia como ya lo he venido haciendo.
Como he confesado ya otras muertes extrajudiciales lo que he venido haciendo
en las indagatorias que me han tomado esta semana, donde di a conocer la
forma de operar o modus operandi, que es así como se dice de esta
organización criminal bajo el mando del Coronel RINCÓN porque yo por lo que
sé, sé que era el cabecilla de esa organización , esta muerte fue una más de
esas que se hicieron pasar como resultado operacional, se inicia el mes de
septiembre de dos mil siete (2007) y la Compañía ESPARTA se encontraba
ubicada en el Corregimiento de Guamalito, ESPARTA UNO al mando del
Sargento RÍOS MARÍN y el Cabo Segundo VERDECIA MAESTRE ÓSCAR que
se encontraban ubicados en la estación de Policía de Guamalito. Como se
acostumbraba siempre, ESPARTA UNO se mantenía alejada de ESPARTA
DOS nos encontrábamos a las afueras de Guamalito vía a Curumaní, Cesar,
en una finca que estaba desocupada. El día dos (2) o tres (3) de septiembre,
llegan los abastecimientos, o sea la comida para ESPARTA DOS, eso lo envían
del Batallón en un camión militar, dentro de esos costales de comida que venían
para ESPARTA DOS venía una caja de cartón embalada o envuelta en cinta
para el Sargento Vice Primero ÁVILA LIBORIO TELLO, dentro de éste venía
un fusil AK-47 con un proveedor y un pantalón camuflado tipo americano, del
camuflado antiguo. Ese paquete fue enviado por el Coronel RINCÓN AMADO,
afirmo porque el día que llegaron los víveres, en las horas de la noche me llama
a mi celular el Coronel RINCÓN y me dice qué hubo joven ahí le envié un
juguetico, esto se refiere al fusil, me dice, bueno usted ya sabe qué hacer,
búsquele un muñeco para eso, esto se refiere a una persona para hacerla pasar
como guerrillero o delincuente, háblese con la Maravilla refiriéndose a MARÍA
EUGENIA BALLENA, teniendo en cuenta que en ocasiones anteriores estos
dos, MARÍA EUGENIA y el Coronel RINCÓN ya habían hablado personalmente
en Ocaña, se conocían y él sabía que ella era la que nos botaba la información
de la gente, eso lo sabía desde mayo de 2007 cuando yo hablé personalmente
con él y le conté de la MARAVILLA, que fue cuando el Coronel RINCÓN me
entregó personalmente la primera arma, fusil AK-47 que se le puso en la muerte
50 Folios 273-285 c. anexo 1.
51 Folios 294-304 c. anexo 1.
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Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
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Referencia: Reparación directa
de ÁLVARO CHOGO (…) Cuando se presentó la muerte del trece (13) de
agosto en la piscina de Guamalito donde muere QUINTERO CHONA y ocho
días después MARÍA EUGENIA BALLENA en compañía de su mamá (…) van
hasta donde el Sargento ÁVILA y en mi presencia él les paga por esa baja y es
donde ella le dice que ella sigue colaborando pero que se entiende con él
personalmente y que va a ver cómo nos hace para ver cómo nos entrega a
ÁLVARO GUERRERO, o sea, que eso ya se venía hablando y trabajando
desde agosto para la muerte de ese sujeto (…). El siete (7) de septiembre me
dice el sargento ÁVILA que esté pendiente que me van a llamar a mi celular,
todavía estábamos ahí en la finca a la salida de Guamalito (…) él me dice que
MARÍA EUGENIA (…).
A las diez (10) de la mañana del siete (7) de septiembre
MARÍA EUGENIA BALLENA me llama a mi celular y me dice qué hubo
GUTIÉRREZ ahí esté pendiente que en el bus de una (1) de la tarde que sale
del Carmen para Guamalito va ÁLVARO, él se va a bajar en la ‘Y’ (…) yo lo
mandé a que recogiera un paquete de marihuana (…) le informo a mi Primero
ÁVILA todo lo sucedido y él me dice si lo puede dar de baja ahí mismo hágalo,
sino en la noche que ya está oscuro lo trae para acá. (…) A la una y treinta de
la tarde (01:30) para el bus que viene del Carmen hacia Guamalito, se baja
ÁLVARO GUERRERO, teniendo en cuenta que yo ya lo distinguía porque ese
nombre me lo había suministrado antes MARÍA EUGENIA BALLENA y lo tenía
en la lista con los nombres que ella me dio y yo ya lo había reconocido en el
municipio del Carmen (…) Yo lo veo bajar, espero que el bus arranque,
ÁLVARO queda ahí solo, yo le salgo por la parte de atrás de él, le digo quieto
no se mueva cuando él me ve se asusta, él ya me reconocía en el pueblo, yo
le digo tranquilo, qué hace por acá, lo requisé y le encontré marihuana que
llevaba en un bolsillo del pantalón (…) yo me lo llevo un poquito más debajo de
donde nos encontrábamos (…) me siento con él debajo de un árbol y yo hablo
con él, le digo mire hombre cambie, yo ya sé quién es usted, él está muy
nervioso y asustado y me dice mire GUTIÉRREZ, le voy a contar la verdad,
ayúdeme, yo ya no quiero llevar más esa vida que llevo, yo venía atracando
con otros dos muchachos más debajo de Guamalito y a mí el vicio me tiene
llevado, qué hago, yo le dije vea, hagamos una cosa váyase para su casa, no
le cuente a nadie que habló conmigo, anote mi número y me llama mañana por
la mañana, si usted me lleva a dónde están atracando los otros dos yo le pago
una buena recompensa, porque de verdad cuando él me habla de los otros dos
atracadores, se me vino a la cabeza la idea de en vez de mostrar una sola baja,
mostrar tres bajas (…) me dijo listo GUTIÉRREZ le agradezco, él se devolvió
por la carretera en dirección al Carmen y yo con los soldados en dirección
contraria a Guamalito. (…) El ocho (8) de septiembre del dos mil siete (2007) a
las ocho (8) de la mañana me llama ÁLVARO GUERRERO a mi celular y me
dice GUTIÉRREZ ya voy para donde usted, vamos a hacer la vuelta (…) llegó
a las once (11) de la mañana hasta ahí donde estaba la ESPARTA DOS (…) a
ÁLVARO le dije póngale cuidado, le voy a dar cincuenta (50) mil pesos y se
queda en Guamalito, almuerce y coma, se está por ahí y mire a ver qué ve de
raro por ahí, baja hasta acá cuando oscurezca, esto lo hice con la intención de
que la tropa ESPARTA DOS (…) no lo fueran a ver ahí conmigo y al otro día
por qué amanece muerto y en combate. (…) mientras tanto el Sargento ÁVILA
LIBORIO y yo vamos hasta la Estación de Policía de Guamalito donde dormía
el Sargento TÉLLEZ ARNOLDO, el de la CIOCA, le comentamos todo lo que
está sucediendo, o sea lo que estamos preparando con ÁLVARO GUERRERO
(…) con la intención de que ese mismo día ocho (8) de septiembre de dos mil
siete (2007) envíe un boletín de inteligencia informando de que en la Vereda
las Moras vía Guamalito hacia la parte de la costa, había presencia de
delincuentes o bandas criminales para así poder sustentar el combate que se
iba a hacer el nueve(9) de septiembre, por eso es que insisto como ya lo dije
en otras indagatorias que esto era una organización criminal, todo estaba
coordinado, mire cómo todo estaba planeado, planificado, organizado (…)
entonces el sargento ÁVILA y yo nos devolvimos para la finca donde estaba
ESPARTA DOS, llegamos y planeamos, él me dice que yo haga lo de siempre,
lleve al sujeto, haga la escena del crimen pero que ese resultado se lo va a dar
a ESPARTA UNO, o sea al sargento RÍOS MARÍN (…) vaya organice todo,
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inclusive que los de ESPARTA UNO queden convencidos (…) a las ocho (8)
de la noche me llama ÁLVARO GUERRERO (…) y le digo véngase por toda la
carretera en dirección a la finca (…) alisté el fusil AK-47 con su proveedor y el
camuflado (…) unas botas pantaneras plásticas que eran mías y también cogí
una camiseta verde de las mías (…) llego hasta donde está ALVARO y le digo
bueno hijo colóquese este pantalón, estas botas y esta camiseta, ÁLVARO dice
bueno no hay problema (…) en ese momento me dice que tiene sueño, eran ya
como las ocho y media (8:30) o nueve (9:00) de la noche, yo le digo acuéstese
ahí en el piso (…) teniendo en cuenta que esta carretera después de las (18:00)
horas es completamente sola, nadie transita por ella (…) yo llamé al Sargento
ÁVILA y le digo mi primero, dígale al soldado MONTOYA que llegue hasta acá
donde estoy yo rápido para iniciar lo que voy a hacer (…) me dice listo cucho
ya lo envío, mucha suerte y ya no hablemos más por este radio, me acordé de
la costumbre que me decía cuando íbamos a hacer un falso positivo, se echaba
la bendición y decía ‘Dios mío felicítame a mí y juzgadlo a él’ y se reía. (…)
aproximadamente a las cinco y quince (05:15) de la mañana yo le digo ÁLVARO
muéstreme ese camino hacia dónde va y con el soldado MONTOYA (…) vamos
a ir a verificar y los otros dos soldados de ESPARTA UNO, les digo espérenme
acá, cruzo una quebradita por el agua, o sea los tres, MONTOYA, ÁLVARO y
yo, caminamos unos veinte (20]) metros más, ÁLVARO va delante de nosotros,
vamos sobre el caminito, le digo, listo MONTOYA? Me miró y entonces yo digo
ÁLVARO y entonces ÁLVARO voltea por su lado derecho a mirarme, o sea
hacia mi frente (…) cuando voltea los dos disparamos como a una distancia
más o menos de cuatro (4) a cinco (5) metros de donde iba ÁLVARO (…) de
una vez cae al piso y yo de una le digo al soldado MONTOYA devuélvase,
devuélvase de una y no me deje pasar a los soldados para acá, mientras él se
va de una vez yo saco el fusil AK-47 que llevaba (…) cojo el fusil AK-47 y hago
unos disparos al aire cerca donde estaba caído ÁLVARO, luego de que disparo
me le acerco a ponerle el fusil en las manos, agarro el fusil, se lo pongo, le cojo
las manos para que queden las huellas en el fusil, en ese momento me timbraba
y me timbrara el radio, el sargento RIOS estaba preocupado por los tiros que
escuchó (…) cuando me paro veo que ÁLVARO GUERRERO como que se
mueve, o sea que estaba vivo y yo de una vez le hago dos disparos más con
mi fusil como a unos dos (2) o tres (3) metros, le doy en la cabeza y el otro no
sé dónde le da, ya queda muerto, le contesto el radio al Sargento RÍOS MARÍN
y le digo acá como que están los malparidos paracos, me dice pero qué está
pasando, yo ya estoy cerquita, ya voy a llegar, le digo, no ya, les tumbé uno y
no hay más por ahí”52.
53. El 13 de mayo de 2011 la Fiscalía 73 Especializada de Cúcuta de la Unidad
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Delegada
ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados resolvió proferir medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva al señor Néstor Guillermo
Gutiérrez Salazar por el delito de homicidio agravado en la modalidad de coautor,
en concurso heterogéneo con la conducta punible de fabricación, tráfico y porte de
armas de fuego o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, por los
hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2007 en El Carmen53.
54. El 10 de junio de 2011 rindió diligencia de indagatoria la señora María Eugenia
Ballena Mejía en el proceso seguido por la muerte de Álvaro Guerrero Melo, en la
que indicó que su participación en los hechos consistió en enviar al señor Guerrero
Melo a un lugar en el que se encontraría con el soldado Gutiérrez Salazar, con la
excusa de que fuera a recoger una marihuana –debido a que ella vendía el
mencionado estupefaciente y, según su dicho, el señor Guerrero Melo lo consumía
52 Folios 294-304 c. anexo 1.
53 Folios 3-21 c. anexo 2.
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y lo traía de las veredas-, sitio en el que se le causaría la muerte para hacerlo pasar
como delincuente fallecido en combate. Indicó que del tiempo que conoció al señor
Guerrero Melo en El Carmen, nunca le vio que portara armas de fuego ni que fuera
parte de la guerrilla54.
55. El 15 de mayo de 2012, Jhon Jairo Muñoz Rodríguez, quien se desempeñaba
como Suboficial de inteligencia de la Brigada Móvil No. 15 en la Central de
Inteligencia de Ocaña –CIOCA- desde el mes de agosto de 2007, rindió declaración
en la que refirió (se transcribe de manera literal):
“En algunas ocasiones para los meses de agosto, septiembre, octubre y
noviembre del 2007 escuchaba cuando se presentaba una muerte en combate
que decían que si había sido con KIT, en algunas ocasiones pregunté a qué
hacían referencia y me evadían la pregunta (…) Para el mes de diciembre salí
a vacaciones y en enero de 2008 retorné nuevamente y fue cuando hablé con
el Sargento PÉREZ CONTRERAS SANDRO y fue cuando me enteré de que
hacían referencia con el KIT, ya empecé a trabajar con PÉREZ y sabía de que
compraban el armamento y material de guerra en el mercado negro de Ocaña
(…) Hacía referencia al armamento y material de guerra que se le colocaban a
las supuestas muertes en combate”55.
56. En la declaración, refirió los nombres de varios mandos militares pertenecientes
a la Brigada Móvil No. 15 que tenían pleno conocimiento de las actuaciones
adelantadas para encubrir homicidios y hacerlos pasar como bajas en combate, y
que ordenaban la compra de las armas y material de guerra para alterar las escenas
de los hechos; entre ellos, el Coronel Gabriel Rincón Amado, el Sargento
Viceprimero Téllez Lozano, el Capitán Daladier Rivera Jácome y el Coronel Herrera
Fajardo, quienes también fueron mencionados en las diversas declaraciones que
realizó el Cabo Gutiérrez Salazar.
57. El 14 de mayo de 2012 la Fiscalía 73 Especializada de Cúcuta de la Unidad
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Delegada
ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados resolvió proferir medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva, a los señores Humberto Rojas
Triana y Carlos Nolber Ríos Marín, por los delitos de homicidio agravado,
fabricación, tráfico, porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerza
armadas y concierto para delinquir agravado56. Asimismo, el 31 de julio de 2012 el
ente acusador profirió medida de aseguramiento a los señores José Luis Vergara
Montoya, Adolfo Ropero Rangel y Santiago Herrera Fajardo por los mismos delitos
previamente citados y, para el último, también por falsedad ideológica en documento
público, en calidad de autor57.
58. En dichas decisiones, la Fiscalía fundamentó las resoluciones principalmente
en la confesión realizada por el Cabo Gutiérrez Salazar y la señora María Eugenia
Ballena Mejía, y llamó la atención sobre las inconsistencias identificadas en las
indagatorias rendidas por los militares y el resto del acervo probatorio. Entre otras
cosas, se refirió a la posición en que fue hallado el cuerpo del señor Guerrero Melo,
54 Folios 45-52 c. anexo 2.
55 Folios 260-263 c. anexo 3.
56 Folios 24-43 c. anexo 3.
57 Folios 18-52 c. anexo 5.
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el hecho de que permaneciera con el dedo índice en el disparador del arma y de
que no se reportara en la necropsia el hallazgo de orificios coincidentes con las
lesiones en las prendas de vestir de las extremidades inferiores de la víctima, a
pesar de que recibió impactos de proyectil en esa parte del cuerpo.
59. El 31 de agosto de 2012 la Fiscalía 73 Especializada de Cúcuta resolvió proferir
medida de aseguramiento a Jorge Andrés Henao y Óscar Alfonso Verdecia Maestre
por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con la conducta
punible de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso
privativo de las fuerzas militares con la conducta de concierto para delinquir
agravado; proferir medida de aseguramiento a Gabriel de Jesús Rincón Amado y
Daladier Rivera Jácome por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y
porte de armas de fuego o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y
falsedad ideológica en documento público en calidad de autores58.
60. El 18 de septiembre de 2012 se profirió resolución de acusación en contra de
Carlos Nolber Ríos Marín, Humberto Rojas Triana y Arnoldo Tellez Lozano en
calidad de coautores por los delitos en concurso de homicidio agravado, fabricación,
tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y
concierto para delinquir agravado. Al primero también se le acusó por la conducta
punible de falsedad ideológica en documento público 59 . Esta decisión fue
parcialmente revocada por la Fiscalía 4 Delegada ante el Tribunal Superior de
Cúcuta, que decidió precluir la investigación a favor de Carlos Nolber Ríos y
Humberto Rojas Triana por los delitos de homicidio en circunstancias de agravación
en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones y
concierto para delinquir agravado; teniendo para ello, la confesión rendida por el
Cabo Primero Gutiérrez Salazar, que señaló que varios de los soldados que hacían
parte de las tropas presentes esa noche, no tuvieron conocimiento de las
circunstancias reales en las que ocurrió la muerte de Guerrero Melo60.
61. El 11 de julio de 2013 la Fiscalía 73 Especializada de Cúcuta formuló cargos
para sentencia anticipada de María Eugenia Ballena Mejía y, específicamente en lo
que respecta a los hechos relacionados con la muerte del señor Guerrero Melo,
estableció que su conducta se adecuaba al tipo penal de homicidio en
circunstancias de agravación punitiva en calidad de coautora61.
62. El 20 de agosto de 2013 la Fiscalía 73 Especializada de Cúcuta formuló cargos
para sentencia anticipada del sindicado Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar por los
hechos relacionados con la muerte del señor Guerrero Melo, pues determinó que la
conducta del sindicado se adecuaba a los tipos penales de homicidio en
circunstancias de agravación punitiva de que trata el artículo 104 del Código Penal
en calidad de coautor en concurso heterogéneo con la conducta de fabricación,
tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso privativo de las fuerzas
armadas62. Se dijo en la referida providencia que (se transcribe de manera literal)
58 Folios 213-257 c. anexo 5.
59 Folios 208-252 c. anexo 6.
60 Folios 249-271 c. anexos 9.
61 Folios 56-64 c. anexo 10.
62 Folios 155-167 c. anexo 10.
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Referencia: Reparación directa
“La conducta de Homicidio de ÁLVARO GUERRERO MELO quedó plenamente
demostrada con la confesión que hiciera el sindicado GUTIÉRREZ SALAZAR
el día cinco de febrero del año en curso, en donde su actuar lo realizó con
conocimiento de causa, libre y voluntario en la perpetración del crimen,
plenamente organizado para el resultado querido, como era, brindar resultados
operaciones falsos ante la Brigada Móvil No. 15 de Ocaña, a solicitud, del jefe
de Operaciones, Coronel Rincón Amado, tal como lo afirma el mismo sindicado:
era la cabeza de esta organización criminal, ya que este, fue el que envió el
arma de fuego fusil AK-47 a Gutiérrez, para ser colocada a un nuevo
‘muñequito’, en este caso le correspondió a ÁLVARO GUERRERO MELO, en
donde el cabo se aprovechó de su estado de indefensión para darle muerte en
el sitio conocido como vereda Villanueva.
Está claro en todo este relato del Cabo Gutiérrez, y de María Eugenia Ballena
que el Grupo Especial Esparta Uno, de la Brigada Móvil 15, ya que, por altos
mandos oficiales de la misma móvil, requerían resultados, pero no dentro de
los parámetros legales, sino a contrario sensu, fuera del ordenamiento legal
llamados ejecuciones cometidos por agentes del Estado, comúnmente
llamados “falsos positivos”. Sobre esta organización criminal como lo llamó
Gutiérrez, en ningún momento la tropa combatía a la guerrilla, se dedicaban a
realizar falsos resultados operacionales, a través de inteligencia militar que
realizaba el agente de inteligencia en manos del Sargento Téllez alias Juan
Pablo de la CIOCA en el Carmen de enviar los boletines de inteligencia falsos
a la Central de Inteligencia de Ocaña, para posteriormente, preparar la orden
de Operaciones que le diera respaldo a esta Misión Militar, la cual se llamó
‘Misión táctica Sahara 6 de fecha 9 de septiembre de 2007’, y de tal modo,
igualmente, se elaboraron los demás documentos que se requieren para una
operación militar (…) documentación que en fondo era representar una
verdadera misión militar y así darla a entender a la población civil del Municipio
de El Carmen, de que las tropas del grupo Especial Esparta acantonadas en
ese municipio sí estaban haciendo pie de lucha y enfrentamiento armado con
grupos ilegales, pero, a contrario sensu, vemos que los resultados
operacionales eran otros, ya que la misma población civil estaba repudiando el
actuar de este grupo militar”63.
63. En diligencia de indagatoria realizada a Luis Ángel Ramírez Acevedo, soldado
perteneciente al Grupo Especial Esparta I y que hizo parte de la tropa presente el 9
de septiembre de 2007, narró que el día de los hechos él escuchó los disparos
mientras se desplazaban, pero que el grupo puntero era el comandado por el Cabo
Gutiérrez –que se les había “pegado” en esa operación y que era el que tenía la
información y dirigía el avance- y que fueron ellos los que, luego del intercambio de
disparos, les informaron que habían dado de baja a un delincuente que los había
atacado64; declaración que coincide con lo indicado por Gutiérrez Salazar sobre que
el grupo que él comandaba iba de puntero y se adelantó y fue en ese momento en
el que aprovecharon para causarle la muerte al señor Guerrero Melo.
64. La Sala advierte que no obra en el expediente la sentencia dictada en el proceso
penal en contra de Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar; sin embargo, de las piezas
allegadas se tiene que el Cabo Primero fue condenado a través de sentencia
anticipada como coautor de los delitos en concurso de secuestro simple en
circunstancias de agravación, homicidio en circunstancias de agravación y
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, en unos de los otros
procesos seguidos en su contra por los mal denominados “falsos positivos” que él
mismo confesó. Por el mismo mecanismo procesal fue condenada la sindicada
63 Folios 155-167 c. anexo 10.
64 Folios 44-49 c. anexo 6.
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Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
María Eugenia Ballena Mejía como coautora del delito de homicidio en
circunstancias de agravación65.
Acerca de la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de ejecuciones
extrajudiciales y violaciones graves a Derechos Humanos.
65. Vale la pena poner de presente que el Consejo de Estado como máximo órgano
de la jurisdicción contencioso administrativa, ha construido una abundante y nutrida
línea jurisprudencial en materia de responsabilidad del Estado por ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias cometidas por sus agentes, partiendo del
artículo 90 superior y ejerciendo el debido juicio de convencionalidad con base en
los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la
interpretación que la Corte Interamericana ha hecho de sus alcances. En este
sentido, en el contexto del conflicto armado colombiano, que por sus características
ha implicado grandes desafíos teóricos y prácticos en la aplicación del derecho, el
desarrollo jurisprudencial que ha realizado esta Corporación ha sido de vital
relevancia para garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas.
66. Así, con base en estándares internacionales –en especial del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos desarrollados por los mecanismos de
protección regionales–, esta Corporación ha tomado una serie de decisiones de
gran relevancia jurídica y de importante valor simbólico y colectivo, entre las que se
destacan las relacionadas con los casos de ejecuciones extrajudiciales u homicidios
en persona protegida, mal denominados “falsos positivos”, en los que se ha
reconocido una falla sistemática y estructural relacionada con la comisión de tales
violaciones graves a derechos humanos y al derecho internacional humanitario por
parte de la Fuerza Pública del Estado colombiano, que han llevado a la pérdida de
legitimidad de las instituciones y comprometen la estabilidad misma del Estado y de
la sociedad66.
67. En este sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha declarado la
responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por víctimas
del conflicto armado que, inexplicablemente, perdieron la vida en presuntos
operativos militares o en imaginarios combates con grupos organizados al margen
de la ley, que al examinarse los hechos, muestran otras realidades nacidas de los
excesos de la guerra y de una lógica aborrecible que encuentra enemigos en
quienes solamente son civiles que habitan en los lugares de conflicto. De estas
situaciones fácticas se ha derivado la responsabilidad del Estado bajo el título
jurídico de imputación de falla del servicio por las violaciones a deberes funcionales
de origen convencional, constitucional y legal.
68. Por ejemplo, en sentencia del 22 de junio del 201167, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado condenó al Estado por la muerte de un
ciudadano, que fue retenido por miembros del Ejército Nacional y, horas después,
dado de baja con la justificación de un supuesto enfrentamiento guerrillero. En otra
decisión, fechada a 29 de marzo del 201268, la Subsección B de la Sección Tercera
65 Folio 59 c. anexo 8.
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de julio de 2016, Exp. 35029.
67 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio del 2011, rad. 20706, M.P.
Enrique Gil Botero.
68 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de marzo del 2012, rad. 21380, M.P.
Danilo Rojas Betancourth.
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Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
declaró la responsabilidad patrimonial del Estado y condenó a la Nación-Ministerio
de Defensa-Ejército Nacional, por cuanto en la noche del 30 de marzo de 1998, en
el corregimiento La Aurora, del municipio de Chiriguaná (Cesar), un joven
campesino fue secuestrado por desconocidos y trasladado hasta un lugar
despoblado, en donde integrantes del Ejército Nacional lo ejecutaron, luego de
haberlo obligado a vestir prendas de uso privativo de las fuerzas armadas. Al día
siguiente, su cadáver fue presentado ante los medios de comunicación como un
guerrillero muerto en combate.
69. Asimismo, a partir de la sentencia proferida el 27 de abril de 2016 69 , esta
Sección del Consejo de Estado precisó que, en aquellos casos sometidos al
conocimiento del juez contencioso administrativo, en los cuales se encuentren
configuradas violaciones graves o sistemáticas a derechos humanos o al derecho
internacional humanitario, específicamente, delitos de lesa humanidad70 y crímenes
de guerra71, resulta procedente -y en los términos de la Convención Americana,
obligada- la declaratoria de la “responsabilidad agravada del estado”, habida
consideración de la naturaleza de las normas imperativas de ius cogens vulneradas,
amén de que la Corte IDH ha realizado un desarrollo jurisprudencial en tal sentido
que viene a ser vinculante para los jueces colombianos.
70. Los referidos fallos del Consejo de Estado constituyen un importante avance en
materia de protección a derechos humanos y a graves violaciones a estos, los
cuales, sin duda, han contribuido a garantizar que los daños producidos sean
reparados adecuadamente y a procurar que esas conductas no se vuelvan a repetir;
además, tales pronunciamientos han contribuido a evitar que los tribunales de
justicia internacional de derechos humanos tengan que desplazar a la justicia
interna en el cumplimiento de las citadas obligaciones internacionales.
La flexibilización de los estándares probatorios en materia de violaciones
graves a los derechos humanos
69 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de abril de 2016, Exp. 50.231. En ese
mismo sentido consultar la sentencia proferida el 14 de julio de 2016, Exp. 35.029 y la proferida el 14 de
septiembre de 2016, Exp. 34.349, en las cuales se aplicó el concepto de responsabilidad agravada del Estado.
70 De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma, “se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera
de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una
población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación
o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales,
nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto
mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición
forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen
intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o
física”.
71 De conformidad con el literal C del artículo 8 del Estatuto de Roma, constituyen crímenes de guerra: “las
violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber,
cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las
hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas
puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa: i) Los atentados
contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones,
los tratos crueles y la tortura; ii) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos
humillantes y degradantes; iii) La toma de rehenes; iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio
ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como
indispensables”.
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Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
71. En relación con el principio de flexibilización de la prueba, esta Corporación ha
manifestado que “[L]os tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y
valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, y han evitado siempre
adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar
un fallo. Este criterio es especialmente válido en relación con los tribunales
internacionales de derechos humanos, los cuales disponen, para efectos de la
determinación de la responsabilidad internacional de un Estado por violación de
derechos de la persona, de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba
rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la
lógica y con base en la experiencia’72.
72. Acerca del mencionado principio, cabe precisar que el mismo ha sido aplicado
en múltiples casos de violaciones a derechos humanos en los que se ha dado
prelación a la demostración de la verdad material de los hechos debatidos frente a
las tarifas procesales para el recaudo o valoración de pruebas a partir de inferencias
lógicas, lo cual de ninguna forma puede ser interpretado como una presunción de
responsabilidad en contra del Estado o que se obvien o se omita por completo la
carga de la prueba frente a los elementos de la responsabilidad patrimonial del
Estado. Sin embargo, también se ha reconocido por esta Corporación que
demostrar la omisión de los agentes de las fuerzas militares y de policía de proteger
la vida de los habitantes del territorio nacional73 y de controlar a sus uniformados en
el cumplimiento de la labor encomendada74, encierra dificultades probatorias porque
la mayoría de ellos ocurren en circunstancias asociadas al conflicto, en lugares
remotos y las víctimas son personas que se encontraban en estado de indefensión.
Por ello ha flexibilizado los estándares probatorios a efecto de demostrar la
responsabilidad patrimonial del Estado, aceptando, por ejemplo, que las pruebas
trasladadas de procesos penales o disciplinarios se analicen en este contexto con
un rasero menor.
73. Así, cabe señalar que no resulta extraño que los jueces puedan llegar a
encontrar acreditados los supuestos de hecho de una demanda -en este caso la
falla del servicio- por vía de medios probatorios indirectos, siempre y cuando se
cumpla con los requisitos que en esos casos se hacen precisos75.
72 Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el día 28
de agosto de 2014, dentro del proceso 32.988, M. P. Ramiro De Jesús Pazos Guerrero.
73 Al respecto el Consejo de Estado ha concluido que “el cúmulo de casos sobre ejecuciones extrajudiciales u
homicidios en persona protegida, o los mal denominados falsos positivos, pone de presente una falla sistemática
y estructural relacionada con la comisión de tales violaciones graves a derechos humanos y/o al derecho
internacional humanitario por parte de la Fuerza Pública del Estado colombiano, aunada a la ausencia de un
riguroso control dentro de la institución militar, tanto en el proceso de incorporación a la institución, como en la
permanencia y en el funcionamiento o ejercicio de funciones por parte de los miembros de la Fuerza Pública,
falencias éstas que debilitan la institución militar y que dificultan su adecuado accionar en pos de cumplir con el
cometido que le es propio, de paso, se pierde legitimidad y se compromete la estabilidad misma del Estado y
de la sociedad”. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de julio de 2016, Exp. 35029.
74 Conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado la responsabilidad civil extracontractual del Estado
imputada a título de falla en el servicio por omisión en el deber de ejercer control sobre el comportamiento y
actuar de su personal “todo ello con el fin de evitar que los hombres e instrumentos perviertan el servicio a ellos
encomendado, como en este evento aconteció. Preocupa profundamente a la Sala el crecido número de casos
en los cuales miembros de la Fuerza Pública encubren bajo la apariencia de muertos en combate, homicidios
que obedecen a diversas circunstancias distintas a esa, la de un combate, por lo cual debe decirse que se trata
de una práctica sistemática y generalizada en materia de violaciones graves a derechos humanos. En efecto,
la Sección Tercera del Consejo de Estado ha debido condenar en diversas ocasiones a la Nación - Ministerio
de Defensa - Ejército Nacional, por víctimas del conflicto armado que, inexplicablemente, perdieron la vida en
presuntos operativos militares o en imaginarios combates con grupos organizados al margen de la ley, que al
examinarse los hechos, estos muestran otras realidades nacidas de los excesos de la guerra y de una lógica
aborrecible que encuentra enemigos en quienes solamente son civiles que habitan en los lugares de conflicto”.
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de abril de 2016, Exp. 00479-11.
75 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 26 de octubre de 2000, exp. 15610.
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Referencia: Reparación directa
74. En similares términos, la jurisprudencia de esta Sección respecto de la prueba
indiciaria ha precisado que:
“(…) en hechos en los que en principio no resulta posible identificar a sus
autores materiales, la prueba indiciaria resulta idónea y única para determinar
la responsabilidad, pues aquélla compagina elementos debidamente
comprobados para arribar con ellos a la certeza de otros y así mismo endilgar
responsabilidad a los inculpados.
“Se trata de un medio de prueba permitido que demanda la demostración del
hecho indicador, para así tener como probado el inferido76. En este escenario,
la existencia de una serie de hechos acreditados por cualquiera de los medios
probatorios previstos por la ley, estrechamente vinculados con el ilícito,
conducen necesariamente a la imputación de la responsabilidad77. Los indicios
se constituyen en la prueba indirecta por excelencia, pues a partir de un hecho
conocido y en virtud de una operación apoyada en las reglas de la lógica y en
las máximas de la experiencia, se establece la existencia de un hecho
desconocido”78.
75. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha sido enfática en
sostener la legitimidad del uso de pruebas circunstanciales, indicios y presunciones
en casos de graves violaciones a los derechos humanos en los que falte la prueba
directa sobre cualquiera de las dos hipótesis contempladas, siempre que de estos
medios puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos 79 , lo que
implica la valoración integral de los medios de prueba para llegar a decisiones
válidas y con el debido sustento probatorio.
76. Ahora bien, es pertinente precisar que el desarrollo jurisprudencial citado, ha
sido consecuente en la necesidad de realizar la valoración probatoria bajo las reglas
de la sana crítica, lo que implica el análisis en comunidad, de todos los medios de
prueba; debiendo apreciarse los indicios en conjunto con las reglas de la sana
crítica, teniendo en cuenta su gravedad, concordancia, convergencia y su relación
con los demás medios de prueba que obran en la actuación procesal80. De acuerdo
con lo anterior, se ha dicho que en el evento que haya una incompatibilidad
probatoria que dé lugar a varios supuestos fácticos, “el juez deberá privilegiar
racionalmente aquellas que acrediten un grado superior de probabilidad lógica o de
probabilidad prevaleciente, resultado que se obtiene aplicando las reglas de la
experiencia que incluyen conocimientos técnicos, leyes científicas o
generalizaciones del sentido común”81.
76
“En la prueba por indicios necesariamente intervienen tres elementos: un hecho, el que indica; otro hecho, el
indicado y una relación de causalidad, concomitancia o conexión entre aquél y éste. El indicio parte de un hecho
conocido, establecido en el proceso por cualquier medio de prueba distinto del mismo indicio, esto es, que todos
los medios de prueba permiten el hecho indicador. El hecho indicado debe ser el resultado lógico crítico de la
inferencia entre el primero y el segundo hecho, de donde la integración de los tres elementos anotados, permiten
la existencia del indicio” Cabrera Acosta, Benigno Humberto, Teoría General del Proceso y de la Prueba, Quinta
Edición, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, págs. 458 y ss.
77 Al respecto se puede consultar la sentencia de 11 de febrero de 2009, Exp. 16.337. C.P. Miriam Guerrero de
Escobar.
78 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2012, Exp. 21.521, C.P. Ruth Stella
Correa, ver también sentencia del 29 de octubre de 2012, Exp. 21.806, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
79 Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Sentencia de
excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Serie C 287, 14 de noviembre del 2014.
80 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 11 de febrero de 2009. Exp. 16.337.
81 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 30 de agosto de 2018. Exp. 56451;
Sentencia del 9 de octubre del 2014. Exp. 20411 y Sentencia de 27 de agosto de 2019. Exp. 44.240. C.P.
Alberto Montaña Plata.
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77. En este orden de ideas, esta Subsección asumirá el estudio del sub judice con
base en las reglas que han sido reseñadas sobre la valoración de la prueba, que
exigen un análisis conjunto y una interpretación integral de los hechos que de los
medios de convicción se desprendan.
Análisis del caso concreto
78. Establecido plenamente el daño antijurídico irrogado a los demandantes,
concretado en la muerte del señor Álvaro Guerrero Melo ocurrida el 9 de septiembre
de 2007, en el corregimiento de Guamalito del municipio de El Carmen, Norte de
Santander, abordará la Sala el análisis de imputación, con el fin de determinar si en
este caso concreto, la muerte de Guerrero Melo le resulta atribuible a la demandada,
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en los términos referidos en la demanda.
79. En primer lugar, de acuerdo con los hechos probados, en la comisión de la
muerte del señor Guerrero Melo, participaron directamente los miembros de la
Brigada Móvil 15 del Ejército Nacional, específicamente los pertenecientes al Grupo
Especial Esparta I orgánicos del Batallón Contraguerrillas No. 98, los cuales para el
momento de los hechos se encontraban en servicio activo y, según los informes
rendidos, en cumplimiento de la orden de operaciones fragmentaria Misión Táctica
Sahara, que tenía como fin neutralizar el accionar de los grupos narcoterroristas
presentes en el territorio, bajo el mando del Sargento Carlos Ríos Marín.
80. Ciertamente, el Comandante del Grupo Especial Esparta I, Sargento Carlos
Ríos Marín, en el informe de patrullaje rendido sobre los hechos, sostuvo que el día
9 de septiembre de 2007, en horas de la madrugada, iniciaron el desplazamiento
hacia la vereda Villa Nueva, en el corregimiento de Guamalito, para verificar la
información suministrada por fuentes humanas sobre la presencia de sujetos
armados en el sector, y a eso de las 05:15 am, el equipo al mando del CS. Óscar
Verdecia Maestre, se enfrentó en combate armado con tres sujetos que habían
abierto fuego en su contra, lo que produjo como consecuencia, la muerte de un
presunto subversivo que posteriormente sería identificado como Álvaro Guerrero
Melo.
81. Ahora bien, el Ejército Nacional ha sostenido a lo largo del trámite de la presente
acción, que la muerte del señor Guerrero Melo se produjo por su propia culpa. Así,
en el escrito de apelación, para insistir en que se acreditó la hipótesis del combate
aludido, señaló que en el lugar de los hechos se encontró un arma de fuego y
material de guerra en posesión del occiso, e indicó que se comprobó la existencia
de una orden de operaciones que justifica la presencia de las tropas en el lugar y
momento de los hechos, con la finalidad de neutralizar el accionar de delincuentes
pertenecientes a la guerrilla o a bandas criminales.
82. Advierte la Sala que el hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva,
impone para quien la alega, la prueba de que se trató de un acontecimiento que le
era imprevisible e irresistible, pues de no ser así, se revela –respecto de la
Administración, que es la que en este caso la aduce- una falla del servicio en el
entendido de que, teniendo un deber legal de hacerlo, no previno o resistió el
suceso, pues, como lo advierte la doctrina, “sólo cuando el acontecimiento
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sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la
obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor”82.
83. En este caso, de los elementos de juicio allegados al expediente, la hipótesis
planteada por el Ejército Nacional para su defensa no tiene sustento probatorio
alguno. En efecto, existen varias inconsistencias en el relato que de los hechos
hicieron los agentes que participaron en la operación, que contrastan con el resto
del material probatorio allegado, además de que, como se ha visto, en el proceso
penal obra la confesión de uno de los militares involucrados y de una ciudadana que
prestaba colaboración para el accionar delictivo de los miembros de la Brigada Móvil
15, como pasa a verse.
84. Vale la pena precisar que uno de los puntos que sostuvo el Ejército Nacional
como sustento de la apelación, fue que, según su dicho “no existe prueba de alguna
decisión judicial por el presunto homicidio del señor ÁLVARO GUERRERO
ARENGAS (sic), ni penal, ni penal militar con respecto a los hechos objeto de la
demanda como tampoco copias de la investigación disciplinaria” para alegar que no
se acreditó su responsabilidad por los hechos de sus agentes. Sin embargo, como
se observa del análisis probatorio realizado en precedencia, al proceso sí se arrimó
el proceso penal adelantado por la Fiscalía 73 Especializada de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario en contra de los militares involucrados en la
operación “Sahara”, otros mandos de la Brigada Móvil 15 y la señora María Eugenia
Ballena Mejía, y a pesar de que en efecto no constan decisiones condenatorias en
su contra, sí obra suficiente material probatorio recabado en la actuación trasladada
que da cuenta con suficiencia de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
ocurrió la muerte de Álvaro Guerrero Melo, aunado a lo cual, se resaltan las
diligencias de indagatoria del Cabo Primero Néstor Gutiérrez Salazar y María
Ballena Mejía en las que confiesan de manera detallada su participación en los
hechos y, con base en las cuales, la Fiscalía 73 Especializada de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió resolución de acusación para
sentencia anticipada en su contra.
85. En primer lugar, llama la atención de la Sala la discrepancia que existe entre las
declaraciones de los agentes involucrados en los hechos -las primeras rendidas en
el marco de la investigación disciplinaria No. 015-07 seguida por el Comandante del
Batallón Contraguerrillas No. 98 y las otras en las respectivas diligencias de
indagatoria en el proceso penal-, así como de los demás elementos de prueba
allegados al proceso.
86. A este respecto, se observa por ejemplo que el Cabo Segundo Óscar Alfonso
Verdecia Maestre y el Sargento Segundo Carlos Nolber Ríos Marín, entre otros,
coincidieron en señalar que en el momento y lugar de los hechos había muy mala
visibilidad porque todavía estaba muy oscuro; sin embargo, atinan a afirmar que el
número de personas que abrieron fuego contra ellos fue tres –de los cuales, uno
resultó muerto y los otros dos se dieron a la fuga- y que los militares que dieron
respuesta al ataque armado respondieron disparando hacia el lugar de donde
82 Luis Josserand, Derecho Civil, Tomo II, Vol. I; Ed. Bosh y Cía., Buenos Aires, 1950, pág. 341. “El hecho de
la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, sólo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto
responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba,
el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple
exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de
la víctima”. Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones
Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333.
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provenían los fogonazos, aún sin tener completa visibilidad del enemigo. Ese mismo
número fue consignado en el radiograma de operaciones en el recuadro de
referente a la cantidad aproximada de enemigo.
87. Contrario a esta afirmación, el Cabo Néstor Guillermo Salazar, en indagatoria
rendida en el proceso penal, indicó inicialmente que el grupo enemigo estaba
conformado por bastante gente, aproximadamente 15 a 20 delincuentes, todos con
armas largas. En el mismo sentido, se pronunció el soldado profesional Luis
Ramírez Acevedo, quien aseguró que después del encuentro armado registraron el
lugar y hallaron “cambucheros” y huellas que indicaban que había muchas
personas, así como el soldado Adolfo Ropero Rangel que señaló que se enfrentaron
a un grupo de aproximadamente 20 personas, cantidades que por supuesto
contrarían de manera palpable el número que fue consignado en el radiograma de
operaciones y en el informe de patrullaje rendido por el Sargento Ríos Marín;
además de lo dicho en las declaraciones rendidas en el proceso disciplinario ya que
no fue una afirmación que se hubiera recogido desde las primeras versiones de los
hechos, sino que varió de manera significativa de un proceso a otro.
88. Asimismo, consta en el radiograma de operaciones levantado por la Brigada
Móvil 15, que el occiso hallado con posterioridad al alegado combate, vestía con
una camiseta verde, descripción que se contradice con las declaraciones del agente
Óscar Alfonso Verdecia Maestre quien indicó que tenía un buzo de color azul. En
otras declaraciones, los militares indicaron que el cadáver vestía con una camiseta
verde. Se pudo corroborar con base en el acta de inspección a cadáver y el informe
pericial de necropsia que, en efecto, el señor Guerrero Melo tenía puesta una
camiseta verde debajo del buzo de color azul, situación que llama la atención de la
Sala porque en principio, no se explicaría la razón por la cual se registró en el
radiograma de operaciones y declararon otros militares que el abatido estaba
usando una camiseta verde, si sólo las autoridades competentes debieron tener
acceso a dicha información, al tratarse de una prenda inferior que estaba usando
Álvaro Guerrero Melo por debajo de un buzo de color azul.
89. Por otra parte llama la atención de la Sala la información que se consignó en el
informe rendido por el Cabo Verdecia Maestre, coincidente con el informe de
patrullaje que presentó el Sargento Ríos Marín, en los que se afirma que el día de
los hechos, luego de la ocurrencia del combate armado, los miembros de la tropa
se acercaron a una casa ubicada a más o menos 200 metros de distancia del lugar
en el que ocurrió el enfrentamiento y allí entrevistaron a la moradora, quien afirmó
que luego de escuchar las detonaciones de las armas de fuego, escuchó los pasos
de varias personas que atravesaron corriendo con destino al sector de “Culebra”,
dando a entender que por la zona había más subversivos que, luego del combate,
se habían dado a la fuga. Sin embargo, no consta que el día de los hechos, a la
vecina del lugar, se le hubiera realizado una entrevista por parte de los funcionarios
de policía judicial, a pesar de que habría sido de vital relevancia para la
determinación de las circunstancias de modo en que ocurrió la muerte de Guerrero
Melo. Su testimonio tampoco fue ratificado, ni se solicitó citarla para que declarara
lo que habría presenciado esa noche, si es que estaba a tan poca distancia del lugar
de los hechos. Aunado a lo anterior, se verificó una incoherencia en la declaración
realizada por el Cabo Verdecia Maestre en relación con la ubicación de la casa en
donde se encontraba la mujer, pues en el croquis que él mismo dibujó en la
diligencia de versión libre y espontánea del proceso disciplinario, ubicó la casa hacia
el costado superior izquierdo, el lugar del combate en el centro y el sector de
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“Culebra” en el costado superior derecho; por manera que, no existe sustento fáctico
a la afirmación que realizaron los militares, sobre que la señora de la casa escuchó
a gente corriendo hacia el sector de la Vereda “Culebra”, si esta zona se halla hacia
el lado opuesto de la referida casa.
90. Es importante resaltar, además, los hallazgos del informe pericial de necropsia
y del análisis de trayectorias realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación, en
los que se evidencia que el señor Guerrero Melo recibió siete disparos, de los
cuales, 4 fueron con trayectoria en el plano coronal, postero-anterior y todos de
arriba hacia abajo. Además, seis de siete disparos ingresaron en el plazo sagital por
la parte derecha del cuerpo y dos de esos proyectiles, por el brazo derecho
ocasionándole lesiones de laceración en la piel, en el tejido celular subcutáneo, en
músculos y vasos. Por esta razón, el hecho de que en la diligencia de fijación
fotográfica del cadáver se le observe a este empuñando un arma de fuego en su
mano derecha, aún después de haber recibido siete impactos de fusil, dos en ese
brazo y el resto en el costado derecho del cuerpo, implica un hallazgo relevante que
indica, desde un primer momento, la posibilidad de que hubiere existido una
manipulación de la escena del crimen para que el occiso apareciera empuñando un
arma de fuego al momento de la inspección al cadáver y la diligencia fotográfica.
91. Del material de prueba allegado no es posible determinar la distancia existente
entre el hoy occiso y los militares de la tropa de Esparta I que abrieron fuego en su
contra, pues si bien unos agentes señalaron que los distanciaban apenas 5 u 8
metros, otros refirieron que dispararon a una distancia de 40 metros; falta de certeza
que además se acompasa con las referidas circunstancias de poca visibilidad.
92. La Sala tampoco pasa de vista el hecho registrado en el acta de inspección a
cadáver, respecto de que al cuerpo no se le tomaron muestras de residuos de
disparo en mano, hecho que impide sumar indicios que acompañen la hipótesis del
Ejército Nacional, respecto de que Guerrero Melo hubiera disparado para atacar a
los militares.
93. Ahora bien, resalta esta Sala que, si en una cosa fueron consistentes los
testimonios de los soldados –al menos inicialmente- fue en afirmar que reaccionaron
ante un ataque que inició con los disparos del hoy occiso y otros subversivos. Sin
embargo, esto y la indeterminación sobre la distancia a la que se encontraban
quienes supuestamente abrieron fuego en su contra, las referidas circunstancias
problemáticas de visibilidad, así como la ausencia de otros heridos o bajas
subversivas –más aun teniendo en cuenta que, según señalan, fueron atacados por
sorpresa por individuos que además supuestamente portaban todos fusiles, pero no
hubo ningún herido en el grupo de soldados-, resta credibilidad a la hipótesis del
enfrentamiento armado entre los miembros del Ejército y el señor Guerrero Melo,
amén de que no se practicó prueba de balística que permitiera establecer con
certeza si el arma hallada en poder del hoy occiso fue en verdad percutida en
momentos cercanos a la ocurrencia de los hechos.
94. Todas estas inconsistencias que han sido cuidadosamente señaladas, entre
otras muchas y cuyo estudio, por supuesto, no es sobrante en el presente análisis
de responsabilidad, encuentran fundamento y sentido cuando se tienen en cuenta
los hallazgos de la investigación penal, específicamente las pruebas de
trascendental relevancia en este proceso, consistentes en las narraciones
realizadas en sus indagatorias por los señores Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar
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y María Eugenia Ballena Mejía que les valieron finalmente la formulación de cargos
en su contra por el delito de homicidio agravado y con base en las cuales se
acogieron a la figura de sentencia anticipada.
95. Así las cosas, las confesiones de ambos implicados, a no dudarlo, son de tal
importancia, pues brindan claridad sobre las verdaderas circunstancias de tiempo y
modo en que ocurrió la muerte de Álvaro Guerrero Melo, además de que permiten
ajustar los demás medios de convicción arrimados a este proceso, con sus
declaraciones, otorgándole sentido al análisis fáctico que viene de realizar esta
Corporación. Es valioso precisar que estas narraciones se compadecen de lo que
estos mismos dos sindicados afirmaron en otros procesos penales seguidos por la
muerte de civiles a manos de miembros de la Brigada Móvil 15, en lo que claramente
devela una grave infracción de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario por parte del Ejército Nacional.
96. A este respecto, se tiene que la señora María Eugenia Ballena Mejía refirió
detalladamente la manera en que empezó a colaborar con el Ejército Nacional, más
específicamente con la Brigada Móvil No. 15, para que se llevaran a cabo
ejecuciones extrajudiciales de civiles con la intención de hacerlos pasar como bajas
en combate, y que su apoyo consistía en ubicar a unas personas concretas que le
solicitaba el Cabo Gutiérrez Salazar y garantizar que le fueran “entregadas” a los
soldados para que simularan su pertenencia a grupos al margen de la ley fallecidos
en enfrentamiento armado y así reportar resultados operacionales, a pesar de que
tenía absoluto conocimiento de que las personas que les entregaría, no eran
miembros de ningún grupo delincuencial. Así, relató que ella se comprometió a
poner a disposición de los militares al señor Álvaro Guerrero Melo, lo cual hizo
enviándolo a que recogiera marihuana al corregimiento de Guamalito, lugar en el
que el Cabo Gutiérrez lo abordaría y se encargaría de lo que fuera necesario para
garantizar el éxito del plan criminal que se había fraguado entre los mandos del
Batallón.
97. Por su parte, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, en diligencia de ampliación de
indagatoria rendida el 5 de febrero de 2011 en el proceso penal, confesó, como se
viene de ver, todas las circunstancias que rodearon la lamentable muerte del señor
Guerrero Melo, haciendo referencia, bajo sus propios términos, a una “organización
criminal” en la que todo estaba planificado a un nivel de detalle tal, que incluía el
tráfico de armas, material de guerra y uniformes para la alteración de las escenas
de los hechos, la elaboración de informes de inteligencia y órdenes de operaciones
falsas que sustentaran y justificaran la presencia de los miembros de las tropas en
el lugar donde ocurrían los supuestos enfrentamientos, la coordinación entre
diversos mandos del Ejército y la suscripción de informes de patrullajes en los que
se consignaban situaciones fácticas alejadas de la verdad, todo con el fin de
encubrir los atroces crímenes.
98. La Sala observa que los hechos, como fueron narrados por el soldado Gutiérrez
Salazar, se compadecen del resto del material probatorio allegado con la prueba
trasladada. Así, coincide la declaración de Gutiérrez -sobre que, instantes antes de
causarle la muerte a Guerrero Melo, lo llamó por su nombre y éste se volteó por su
costado derecho y fue ahí cuando le disparó hasta que cayó al piso-, con los
hallazgos del informe pericial de necropsia que demuestran que los orificios de
entrada de los proyectiles que recibió el occiso, ingresaron por el costado derecho
y cuatro ingresaron con trayectoria postero-anterior. A igual conclusión ha de
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llegarse en cuanto a las trayectorias en el plano horizontal de los orificios de entrada
de los disparos –supero-inferior-, pues el soldado Gutiérrez Salazar indicó que, una
vez estando el señor Guerrero Melo en el suelo, luego de los primeros disparos, al
percatarse que estaba todavía vivo, le disparó nuevamente hasta que falleció.
99. Asimismo, se tiene que las prendas que vestía el occiso, según el acta de
inspección a cadáver y el informe pericial de necropsia, coinciden con las que
Gutiérrez Salazar confesó que le había dado al señor Guerrero Melo para que se
las pusiera, con el fin de que tuviera credibilidad la hipótesis de que pertenecía a
bandas criminales. En este mismo sentido, obra en el proceso penal un oficio
suscrito por el Director de Intendencia del Ejército, que le informaba a la Fiscalía
que el pantalón camuflado que tenía puesto el occiso, había sido entregado al
Batallón de Servicios de Entrenamiento “BASEN” ubicado en el Fuerte Militar de
Tolemaida.
100. La Sala advierte que la confesión realizada en el proceso penal por estos
hechos, debe además analizarse de la mano de los otros procesos acumulados en
contra de Gutiérrez Salazar, Ballena Mejía y otros militares de la Brigada Móvil No.
15, en los que también se investigaron las mismas conductas punibles cometidas
en hechos relacionados con otros ciudadanos supuestamente fallecidos en combate
–procesos en los que al menos los dos nombrados sindicados ya habían sido
condenados mediante sentencia anticipada-, por manera que, la ejecución
extrajudicial de Álvaro Guerrero Melo no fue un hecho aislado, sino que obedeció a
una actuación sistemática adelantada en la región en el marco de un contexto macro
que se vivía en todo el país y que ha sido lo suficientemente reconocido incluso por
la jurisprudencia de esta Corporación.
101. Incluso, en el proceso penal obra la declaración rendida por Jhon Jairo
Muñoz Rodríguez, que se desempeñaba como Suboficial de inteligencia de la
Brigada Móvil No. 15 en la Central de Inteligencia de Ocaña –CIOCA- desde el mes
de agosto de 2007 –quien no estaba siendo investigado por los hechos, por manera
que rindió su declaración sin tener algún tipo de interés particular en confesar algún
hecho de su resorte-, y manifestó que mientras se desempeñaba en ese cargo
escuchó a sus compañeros referirse, en casos de supuestas muertes en combate,
a si las operaciones habían sido “con KIT”, expresión que hacía referencia al
armamento y material de guerra que se ubicaban con la intención de adulterar la
escena del supuesto combate, para acreditar que los occisos habían atacado
previamente a las tropas.
102. Además, de la información recabada tanto en el proceso penal como en este,
se corroboró que el señor Guerrero Melo no tenía antecedentes penales, y todas
las personas que lo conocían refirieron que era una persona muy humilde, que
nunca había tenido armas ni le habían escuchado hablar de ellas, que permanecía
en el municipio, que trabajaba en oficios varios y, aseguraron, no pertenecía a
ningún grupo al margen de la ley. Entre ellos, el señor Said del Carmen Sánchez
Contreras, quien conocía a Álvaro Guerrero Melo desde hacía 15 años, afirmó que
era una persona correcta, que nunca se le vio en escándalos, amigable y que
trabajaba sacando arena para la fecha en que falleció.
103. De otra parte, se advierte que no existen informes de inteligencia previos a
los hechos que dieran cuenta de la supuesta comisión de actividades delictivas o
pertenencia a algún grupo ilegal del hoy occiso, así como tampoco se adelantó
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ninguna investigación con posterioridad a los hechos para determinar con certeza a
qué supuesta actividad delictiva se dedicaría esta persona. Se observa que al
proceso se allegó un documento titulado “Seguimiento personal muerto en combate”
elaborado por la Central de Inteligencia Táctica de Ocaña de la Brigada Móvil No.
15 del Ejército Nacional, en el que se afirmó, con certeza, que el señor Álvaro
Guerrero Melo era un “terrorista al parecer perteneciente a las bandas criminales al
servicio del narcotráfico abatido en enfrentamiento armado con tropas del Grupo
Especial Esparta 1”; hecho que no fue corroborado por ninguna otra prueba allegada
al proceso, y más bien contrariado por las declaraciones de Gutiérrez Salazar y
Ballena Mejía. Razón por la cual, la Sala debe reconocer en su favor el derecho
fundamental de la presunción de inocencia que lo ampara (art. 29 C.P.) y concluir,
con base en ello, que el señor Álvaro Guerrero Melo era una persona ajena a las
actividades delictivas que le fueron imputadas después de su muerte.
104. Acerca de la legítima defensa como causal de exoneración de
responsabilidad extracontractual del Estado, la Sala, tras reconocer su procedencia,
ha sido rigurosa en resaltar que no puede constituirse en una explicación de última
hora que encubra o legitime el abuso de la fuerza por parte de los agentes del
Estado.
105. De acuerdo con lo anterior, se tiene entonces que la procedencia de tal
causal de justificación debe ajustarse al carácter necesario y proporcional de la
respuesta frente a la agresión. El examen de la necesidad y proporcionalidad de la
respuesta de los miembros del Ejército Nacional debe someterse a un control más
estricto que el que pudiera hacerse en el común de los casos. Efectivamente, los
elementos que configuran la legítima defensa deben estar acreditados de manera
indubitable, de modo tal que aparezca claro que el uso de las armas para causar
muerte era el único medio posible para repeler en ese momento la agresión o que
no existía otro medio o procedimiento viable para la defensa; que, además, la
respuesta armada se dirija exclusivamente a repeler el peligro, y que no constituya
una reacción indiscriminada en tanto debe existir coherencia de la defensa con la
misión que legal y constitucionalmente se ha encomendado al Ejército Nacional.
106. Era a la entidad demandada –y es algo que debe resaltarse- a la que le
correspondía demostrar -en este caso concreto-, mediante pruebas legal y
regularmente traídas al proceso, la existencia de la causal de exoneración que adujo
al dar contestación a la demanda, y ocurre que ninguna prueba tendiente a tal
propósito fue aportada, ni pidió o buscó aportar. Se limitó su gestión en ese punto a
la mera afirmación de unos hechos carentes de sustento probatorio como se deja
visto y en desconocimiento total de las pruebas que sí fueron efectivamente
arrimadas.
107. Resulta evidente para esta Corporación que en el sub judice no puede
concluirse, ni siquiera con algún grado mínimo de certeza, que los hechos en que
resultó muerto el señor Guerrero Melo se presentaron en el marco de un combate
entre él y miembros del Ejército, y que su actuación fue de tal manera irresistible e
imprevisible respecto de la demandada, constituyéndose en la razón determinante
para que los agentes reaccionaran disparándole; pues más bien, del análisis
conjunto de las pruebas obrantes en el proceso y el contexto en el que ocurrieron
los hechos, la hipótesis del enfrentamiento puede encontrarse completamente
desvirtuada por los otros elementos de convicción aportados al expediente.
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108. Agréguese a lo anterior que preocupa a la Sala y, así debe señalarlo, que la
entidad demandada tuvo una actitud de total despreocupación en la demostración
de tales circunstancias que adujo para exonerarse de responsabilidad, pues no
aportó prueba técnica alguna que apuntara a la acreditación de sus alegaciones, ni
se pronunció concretamente sobre el expediente penal que se arrimó a solicitud de
los demandantes; sino que se limitó a asegurar en el recurso de apelación, que no
existía ninguna decisión judicial en contra de los miembros del Ejército Nacional.
109. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código
de Procedimiento Civil, la institución demandada no cumplió con la carga 83
probatoria que le impone esta norma legal, toda vez que –se itera-, no allegó al
proceso prueba alguna que acredite la alegada configuración de una eximente de
responsabilidad.
110. No obstante, la Sala encuentra acreditado que en el presente caso el Ejército
no obró en cumplimiento de un deber legal ni amparado dentro de los casos en los
que la Fuerza Pública puede acudir legítima y legalmente al uso de las armas contra
particulares. De ahí que, no se probó la coherencia exigida entre el actuar de los
miembros de la Brigada Móvil No. 15 Batallón Contraguerrillas No. 98 y la misión
que legal y constitucionalmente se ha encomendado a la Fuerza Pública.
111. Por manera que, contrario a lo planteado por la demandada, los distintos
hechos que se han destacado en el análisis del caso concreto, llevan a concluir que
en el presente caso los miembros del Ejército Nacional perpetraron una conducta
constitutiva de ejecución extrajudicial, la cual está relacionada en el contexto de ese
tipo de prácticas sistemáticas violatorias de DDHH y DIH cometidas por el Ejército
Nacional durante la época en que ocurrieron los hechos84.
112. Ahora bien, en relación con las denominadas ejecuciones extrajudiciales, a
título ilustrativo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el
Cuarto Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, expresó85:
83 Al respecto, conviene recordar de manera más detallada lo expuesto por el tratadista Devis Echandía respecto
de dicho concepto: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable
distinguir los dos aspectos de la noción: 1°) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque
le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión,
permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por
falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2°) por otro aspecto,
es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada
una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., núms. 43 y 126,
punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o
excepciones.” DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis.
2002., pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la
siguiente definición: “carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de
la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le que le den
certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes
le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables.” Ídem. pág 406.
84 Dentro del caso 03 “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, la
Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz ha sostenido preliminarmente que
6.402 personas fueron presentadas en el país como guerrilleros dados de baja en combate cuando no lo eran,
entre los años 2002 y 2008, después de contrastar las versiones que han entregado al proceso por los
comparecientes, los expedientes de la Fiscalía, los informes de la Procuraduría, las cifras del Sistema Penal
Acusatorio, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Coordinación
Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU). Con base en estas cifras, ha señalado que este fenómeno aumentó
de manera sustancial a partir del año 2002 y tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008. Véase: Jurisdicción
Especial para la Paz. Perfil del caso 03.
https://www.jep.gov.co/Especiales/casos/03.html#:~:text=Descripci%C3%B3n%20del%20caso,v%C3%ADctim
as%2C%20entre%201988%20y%202014
85 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuarto Informe sobre la situación de los Derechos Humanos
en Colombia, Verdad, Justicia y reparación. OEA/Serv. L/V/II, Doc. nº 49, 2013, p. 79.
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“La información disponible revela que los casos de ejecuciones extrajudiciales
abarcan una serie de supuestos tales como: i) ejecución de miembros de la
guerrilla fuera de combate; ii) ejecución de líderes comunitarios acusados de
ser colaboradores; iii) transferencia de cuerpos de grupos paramilitares a
unidades del Ejército; iv) ejecución de informantes y miembros desmovilizados
para encubrir crímenes anteriores, negar vinculaciones y destruir evidencia; v)
ejecución de personas que mantienen lazos con organizaciones criminales
como resultado de alianzas y corrupciones; vi) ejecución de personas que
fueron intencionalmente reclutadas o detenidas (personas vulnerables,
personas con discapacidad, adictos, personas en situación de calle y con
antecedentes criminales); y vii) ‘errores militares”’ encubiertos por la simulación
de un combate”.
113. Estos antecedentes establecidos por organismos internacionales revisten la
mayor importancia para la Sala, ya que los daños ocasionados en operativos
militares y policiales a las víctimas del conflicto armado por conductas censurables
de agentes del Estado, como lo son las ejecuciones extrajudiciales de civiles
presentados como bajas en combate implican una violación al derecho internacional
de los derechos humanos y al DIH86. En consecuencia, los daños provenientes de
estas conductas reprochables deben ser conocidos, juzgados y reparados por la
jurisdicción ordinaria, antes de someter a las víctimas del conflicto armado a la
fatigosa carga de reclamar una condena en los tribunales internacionales, amén de
que dicha circunstancia deja mal librada a la administración de justicia colombiana
y la muestra ante la comunidad internacional como una instancia carente de eficacia
e idoneidad y de legitimidad social.
114. En este punto, es importante poner de presente la relevancia del derecho de
las víctimas a la verdad, a que se conozcan las condiciones de tiempo, modo y lugar
en que sucedieron los hechos y finalmente tengan acceso a la justicia a través de
la construcción de un juicio de reproche al incumplimiento de las obligaciones
internacionales, constitucionales y legales por parte del Estado. Esta Corporación
ha establecido en casos de graves violaciones a derechos que “el derecho a saber
o la verdad constituye un presupuesto de la justicia y la reparación, pues es evidente
que si no conocen las condiciones fácticas en que sucedieron los hechos, no se
podrá llegar a establecer de manera correcta el daño antijurídico, la imputación, ni
la reparación y, por ende, quedarían truncados los umbrales del juicio de reparación
de daños y de los imperativos que guían la justicia contenciosa administrativa”87.
115. Respecto al contenido del derecho a la verdad, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos ha establecido que el derecho a la verdad se vincula de
manera directa con los derechos a las garantías judiciales y protección judicial,
regulados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Asimismo, en
determinados supuestos el derecho a la verdad guarda relación con el derecho de
acceso a la información, contemplado en el artículo 13 del mismo instrumento:
“Bajo dichas disposiciones, el derecho a la verdad comprende una doble
dimensión. En primer lugar, se reconoce el derecho de las víctimas y sus
familiares a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a
graves violaciones de los derechos humanos, así como el derecho a conocer
86 Consultar, Consejo de Estado, Sala plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp.
32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
87 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 17 de marzo de 2021. Exp. 43.605. C.P. Ramiro Pazos
Guerrero.
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la identidad de quienes participaron en ellos. Ello implica que el derecho a la
verdad acarrea la obligación de los Estados de esclarecer, investigar, juzgar y
sancionar a las personas responsables de los casos de graves violaciones de
derechos humanos, así como, dependiendo de las circunstancias de cada
caso, garantizar el acceso a la información sobre graves violaciones de
derechos humanos que se encuentran en instalaciones y archivos estatales.
En segundo lugar, se ha consolidado la noción que este derecho no sólo
corresponde a las víctimas y sus familiares, sino también a la sociedad en su
conjunto. Al respecto, la Comisión ha sostenido que toda la sociedad tiene el
irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones
y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de
evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro88
116. Al hilo de lo anterior es que esta Sala resalta la relevancia de que en el
presente caso se hayan allegado pruebas trascendentales sobre las condiciones de
modo, tiempo y lugar en que ocurrió la muerte del señor Álvaro Guerrero Melo,
precisamente traídas a través de las diligencias de indagatoria rendidas por los
señores Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar y María Eugenia Ballena Mejía en
varios procesos penales y en el que se seguía por la muerte de Guerrero Melo, en
la medida en que clarifican las circunstancias que rodearon este fatídico suceso que
hoy es objeto de estudio por esta jurisdicción. Por manera que, la lectura de la
ampliación de indagatoria rendida por el soldado Gutiérrez Salazar el 5 de febrero
de 2011, se trajo de manera literal en su mayoría, con el fin de que se conocieran
los detalles de la ejecución extrajudicial del ciudadano Guerrero Melo, en virtud de
la garantía del derecho a la verdad como un derecho inalienable e imprescriptible y
también, como se ha establecido en el sistema interamericano de derechos
humanos, como una manera de reparación a las víctimas y de prevenir futuras
violaciones, en el entendido que “parte del sentido de justicia es el conocimiento de
la verdad”89.
117. Así las cosas, forzoso resulta concluir que, en el caso concreto, se configuró
una grave falla en el servicio imputable al Ejército Nacional, comoquiera que las
circunstancias que rodearon la muerte de Álvaro Guerrero Melo, ponen de presente
un actuar que resulta desde todo punto de vista arbitrario y antijurídico, pues
miembros del Ejército Nacional dispararon injustamente contra el hoy occiso
causándole la muerte, la cual hicieron pasar como ocurrida en combate,
circunstancia que lleva a que ese específico hecho deba calificarse por parte de la
Sala como una vulneración grave de derechos humanos.
118. Con fundamento en todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada,
esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 27 de
febrero de 2015, en punto a la declaratoria de la responsabilidad patrimonial del
Ejército Nacional por la muerte del señor Álvaro Guerrero Melo y, en consecuencia,
procederá a estudiar la indemnización de perjuicios deprecada en la demanda, de
conformidad con lo probado en el proceso.
Indemnización de perjuicios
88 Derecho a la Verdad en América, CIDH Cfr. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf
89 Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Hay Futuro si Hay Verdad.
Informe Final. Hallazgos y recomendaciones. 2022.
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Perjuicios morales
119. Tal como se demostró en el proceso, el señor Álvaro Guerrero Melo fue
ultimado en hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2007, en zona rural del
municipio de El Carmen, Norte de Santander, por miembros del Ejército Nacional y,
posteriormente, su cuerpo fue presentado en los informes de operaciones, como un
subversivo dado de baja en combate.
120. Los anteriores hechos son constitutivos de graves violaciones a los Derechos
Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, habida consideración de la
naturaleza de las normas imperativas de ius cogens vulneradas. Al respecto, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha catalogado las ejecuciones
extrajudiciales cometidas por agentes estatales como una vulneración de forma
flagrante y sistemática de normas imperativas del Derecho Internacional90.
121. En el sub examine, se probó que un ciudadano fue abatido y luego la escena
de los hechos fue manipulada por miembros del Ejército Nacional para que
pareciera una baja legítima de un delincuente en combate, práctica que ha sido
documentada ampliamente en el contexto del conflicto armado colombiano y que se
ha reconocido asociada a un patrón sistemático 91, por la que se ha derivado la
responsabilidad del Estado bajo el título jurídico de imputación de falla del servicio
por las violaciones a deberes funcionales de origen convencional, constitucional y
legal 92 ; hechos que, se reitera, constituyen una grave violación a los derechos
humanos y en ese sentido, ha de garantizarse la reparación integral de los perjuicios
ocasionados.
122. En el presente asunto, la Sala encuentra probada la legitimación material en
la causa para acceder al reconocimiento de perjuicios en favor de Fabián Eduardo 93,
90 La Corte IDH ha dicho que “[e]l Estado incurre en ‘Responsabilidad Internacional Agravada’ cuando la
violación concreta al derecho de la víctima se suscita en el marco de una práctica sistemática vulneratoria de
normas jus cogens, que constituyen crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”. CrIDH, Caso Myrna
Mack Chang v Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 2003, párr. 140; Caso de la Masacre de Plan de
Sánchez v. Guatemala, sentencia de 29 de abril de 2005, párr. 51; Caso Goiburú y Otros v. Paraguay, sentencia
de 22 de septiembre de 2006, párr. 122; Caso la Cantuta v. Perú, sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr.
115; Caso la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 241, entre otras
sentencias. De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma, “se entenderá por "crimen de lesa humanidad"
cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra
una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio;
c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población (…). De conformidad con el literal C del artículo 8
del Estatuto de Roma, constituyen crímenes de guerra: “las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra
personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas
que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o
por cualquier otra causa: i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el
homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ii) Los atentados contra la
dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; iii) La toma de rehenes; iv) Las
condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las
garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”.
91 CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2011, OEA/Ser. L/V/II., Doc. 69,
30 diciembre 2011, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos 2010, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 5 corr. 1, 7 marzo 2011, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009, OEA/Ser.L/V/ II., Doc. 51 corr. 1, 30 diciembre 2009,
Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008,
OEA/Ser.L/V/II.134, Doc. 5 rev. 1, 25 febrero 2009, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos 2007, OEA/Ser.L/V/II.130, Doc. 22 rev. 1, 29 diciembre 2007, Capítulo
IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2006,
OEA/Ser.L/V/II.127, Doc. 4, rev. 1, 3 marzo 2007, Capítulo IV. Colombia.
92 Véase: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 14 de julio de 2016, Exp. 35029 y sentencia del
28 de agosto de 2014. Exp. 32.988. C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
93 Folio 76 c. 1.
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Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
Dayro 94 y Jhan Carlos 95 Guerrero Arengas, porque en el proceso constan sus
registros civiles de nacimiento en los que se verifica que son hijos del señor Álvaro
Guerrero Melo y la señora Isolina Arengas Villalba. Asimismo, respecto de la señora
Isolina María Arengas Villalba, quien acudió al proceso como compañera
permanente del señor Guerrero Melo, la Sala observa que las declaraciones
recabadas en este proceso de los señores Said del Carmen Sánchez Contreras 96,
José de Dios Márquez Zapardiel, Ramón Ríos García, Idalia Rosa Delgado
Pacheco97 y Ciro Alfonso Ramírez Quintero98 -quienes afirmaron conocer a Álvaro
Guerrero Melo y a su familia desde diferentes momentos, algunos desde hacía más
de 15 años y otros desde un periodo más cercano a su posterior muerte-,
coincidieron al manifestar que Isolina Arengas y Álvaro Guerrero vivían juntos y que
mantenían excelentes relaciones de afecto y cariño entre ellos que eran conocidas
por la comunidad -fruto de lo cual engendraron tres hijos- e indicaron que la muerte
de Guerrero Melo causó un grave dolor moral en ella.
123. Adicionalmente, dichos testimonios son claros y consistentes entre sí y no
fueron tachados de falsos ni sospechosos por la parte contraria, por lo cual merecen
credibilidad y, por tanto, la Sala concluye que está probada la legitimación en la
causa por activa de la referida demandante.
124. Así las cosas, en lo que respecta a la indemnización de perjuicios morales,
la Sala observa que el Tribunal accedió al reconocimiento de trescientos (300)
SMLMV, en aplicación de la regla de excepción contemplada en sentencia de
unificación proferida por esta Corporación, aspecto que fue objeto de apelación por
la demandada, que consideró que se trató de una suma exorbitante, atendiendo a
que, en su dicho, no se acreditó la responsabilidad del Ejército Nacional.
125. Teniendo en cuenta que la valoración de dichos perjuicios debe ser hecha
por el juzgador, en cada caso concreto, según su prudente juicio, en el presente
asunto se considera que la muerte de Álvaro Guerrero Melo, evidencia el profundo
padecimiento de sus familiares, lo cual permite inferir una grave afectación moral,
razón por la cual sería del caso acceder al reconocimiento de una indemnización
equivalente al monto que se concede en caso de muerte de personas, en aplicación
de los parámetros fijados por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en sentencias de unificación del 28 de agosto de 201499. Sin embargo, como
en el presente asunto se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, la
Sala, con base en la jurisprudencia de unificación, en punto a que en casos
excepcionales, como graves violaciones a los derechos humanos, podrá otorgar una
indemnización mayor de la señalada en todos los eventos, sin que en tales casos el
monto total de la indemnización pueda superar el triple de los montos
indemnizatorios ya definidos100, accederá a reconocer una indemnización mayor a
los 100 SMLMV.
94 Folio 77 c. 1.
95 Folio 78 c. 1.
96 Folios 264-265 c. 1.
97 Folios 268-273 c. 1.
98 Folios 266-267 c. 1.
99 Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa. Sentencia de unificación del
14 de septiembre de 2011. Exp. 19031, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
100 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014.
Exp. 32988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
39
Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
126. Así, pues, de las pruebas recaudadas, valoradas y contrastadas, se
encuentra probada tanto la relación afectiva como la intensidad de la afectación
padecida por la compañera permanente y los hijos del señor Guerrero Melo con
ocasión del obrar de miembros del Ejército Nacional, quienes lo hicieron pasar como
delincuente muerto en combate; situación que, a no dudarlo, les implicó una grave
aflicción, congoja y dolor, tal como dan cuenta los diferentes testimonios recabados,
los cuales fueron consistentes en señalar que Guerrero Melo convivía con la señora
Arengas Villalba y sus hijos, quienes eran niños al momento de su fallecimiento, y
que la condición de vida de los demandantes desmejoró mucho luego de la muerte
de su compañero y padre, lo que, afirman, llevó a que la señora Isolina Arengas
Villalba se enfermara y tuviera que dejar de trabajar101.
127. Así las cosas, teniendo en cuenta que en el caso sub judice se presenta el
perjuicio en una gran intensidad –ejecución extrajudicial que fue presentada a sus
familiares y a la comunidad como muerte en combate de un delincuente, en el ya
conocido contexto de violencia armada en el país-, sin que exista, o al menos no
obra en este expediente, sentencia penal ejecutoriada por estos hechos, cuyo daño
es producto de una grave violación a derechos humanos, habrá lugar a aplicar la
regla de excepción citada102, pero no en el monto que fue establecido por el a quo,
sino con base en las decisiones más recientes de esta Sala en casos bastante
similares103, que han reconocido hasta un monto de 200 SMLMV con base en las
condiciones particulares del caso objeto de estudio en el que, si bien no consta en
el expediente ninguna sentencia ejecutoriada contra los responsables de la muerte
de Álvaro Guerrero Melo, sí se advierte un avance en el proceso investigativo
adelantado por la Fiscalía, que ha llevado a que se formulen cargos en contra de
los militares y la ciudadana involucrada en los hechos.
128. Con base en los anteriores argumentos, la Sala reconocerá y liquidará los
perjuicios morales realizando un incremento del doble de los montos
indemnizatorios que les corresponden a cada uno de los demandantes, con ocasión
de la muerte violenta del señor Álvaro Guerrero Melo, producto de una ejecución
extrajudicial cometida por miembros del Ejército Nacional.
Perjuicios por violación a bienes o intereses constitucional y
convencionalmente afectados
101
Véase los testimonios de los señores Said del Carmen Sánchez Contreras, Ramón Ríos García, José de
Dios Márquez Zapardiel, Idalia Rosa Delgado Pacheco y Ciro Alfonso Ramírez Quintero, quienes coincidieron
en señalar que la señora Arengas Villalba se enfermó después del fallecimiento de su compañero, razón por la
cual no pudo volver a trabajar y han tenido que recurrir a la caridad para poder subsistir. Folios 264-273 c. 1.
102 En otros casos de graves violaciones a derechos humanos, esta misma Sala ha reconocido, a título de
perjuicios morales, montos que superan los umbrales trazados por el precedente jurisprudencial, con base en
que el perjuicio moral se presenta en su mayor intensidad: “(…) en atención a las circunstancias en que se
produjo la muerte de la referida persona y que quedaron establecidas en esta sentencia, razón por la cual se
impone acceder al reconocimiento de una indemnización equivalente al valor de cien (200) salarios mínimos
legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia a favor de la madre de la víctima
directa (…)de igual forma y con fundamento en ese mismo criterio jurisprudencial, se reconocerá el valor
equivalente a cincuenta (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del hermano de la referida
víctima directa”. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia Exp. 33.142. C.P. Hernán Andrade Rincón.
Véase también: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de septiembre de 2016. Exp. 34.349.
C.P. Hernán Andrade Rincón.
103 Véase: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 4 de febrero de 2022. Exp. 45.350. C.P. José
Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
129. La parte actora solicitó por concepto de indemnización de “daño a la vida de
relación y/o alteración a las condiciones de existencia” la suma de quinientos
cincuenta (550) SMLMV en favor de cada uno.
130. Al respecto, es necesario señalar que, mediante sentencia de 14 de
septiembre de 2011, la Sección Tercera de esta Corporación precisó la tipología de
los perjuicios inmateriales y estableció una cláusula residual en relación con ciertos
perjuicios inmateriales que, entonces, ya no es posible adecuarlos al contenido y
denominación de “daño moral” o “daño a la salud”, razón por la cual, se les ha
clasificado104 en la tipología de daños derivados de “vulneraciones o afectaciones
relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados105”.
131. Bajo esta perspectiva, la Sala ha considerado que, cuando se trata de
alteraciones que afectan la calidad de vida de las personas -fuera de los daños
corporales o daño a la salud- 106 , tales perjuicios se deben reconocer bajo la
denominación antes mencionada, evento en el cual se puede conceder una
indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral107.
104 Por ejemplo, perjuicios como “daño en la vida de relación” y “alteración grave a las condiciones de
existencia”.
105 En este caso, como se dejó visto, se solicitó indemnización por perjuicios relacionados con “la alteración
grave a las condiciones de existencia”. Consejo de Estado, sentencia unificación jurisprudencial de Sala de la
Sección Tercera del 28 de agosto de 2014 (expediente 32.988):“Respecto de las características de este último
tipo de perjuicio, la Sección Tercera se ha pronunciado en los siguientes términos:
“i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes
normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales
y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.
ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y
antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.
iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la
configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño
moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante
presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.
iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en
el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e
indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.
“15.4.2. La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos:
“i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos.
La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y
convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de
la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a
disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el
daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y
convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial.
“ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden
serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia.
“iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo
familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º (sic) de
consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas
'de crianza', en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos.
“iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian
por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya
reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles
podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el
establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la
indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse
por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado” (negrillas
adicionales).
106 Respecto del perjuicio por el denominado “daño a la salud”, consultar Consejo de Estado, Sala Plena de la
Sección Tercera, sentencia del 28 de marzo de 2012, expediente: 22.163, demandante: Luis Carlos González
Arbeláez y otros.
107 Cf. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 1 de noviembre de 2007, expediente 16.407.
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Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
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132. Así, se ha determinado que el reconocimiento de este daño solo procede si
está acreditada su existencia y su reparación se hace a través de medidas no
pecuniarias, las cuales se reconocen a favor de la víctima directa, de su cónyuge o
compañero(a) permanente y de sus parientes hasta el primer grado de
consanguinidad, incluidos los biológicos, los civiles derivados de la adopción y los
de crianza; pero, en casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no
sean suficientes o posibles para la reparación integral, el juez puede otorgar una
indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa del daño, de hasta 100
SMLMV, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con
fundamento en el daño a la salud. Este quantum debe motivarse y ser proporcional
a la intensidad del daño.
133. Al respecto, es importante señalar que dicho perjuicio, como los demás,
puede acreditarse a través de cualquier medio probatorio e incluso puede darse por
demostrado en consideración a las circunstancias particulares del caso,
relacionadas con la afectación grave de algún derecho constitucional y
convencionalmente protegido; no obstante, debe advertirse que no cualquier
modificación o incomodidad puede configurar este perjuicio.
134. En el presente asunto, para la Sala resulta claro que, tal como se dejó
establecido en el capítulo precedente de esta sentencia, como consecuencia de la
ejecución extrajudicial del señor Álvaro Guerrero Melo, se causó la afectación grave
de sus derechos constitucional y convencionalmente amparados, como el derecho
a la vida y al buen nombre, habida cuenta de que no sólo fue ultimado por miembros
del Ejército Nacional, sino que, además, se mancilló su dignidad, pues fue
presentado ante la ciudadanía y ante sus conocidos como delincuente dado de baja
en combate, con lo cual se victimizó su memoria y se trastocó ostensiblemente la
verdad de los hechos.
135. La jurisprudencia constitucional ha indicado que el derecho al buen nombre
se vincula a “las actividades desplegadas de forma pública por alguien, [lo cual
integra] la valoración que el grupo social hace de sus comportamientos públicos”108.
136. De esta manera, las afectaciones al mencionado derecho se originan en la
difusión de afirmaciones, informaciones o imputaciones falsas o erróneas respecto
de las personas, que no tienen fundamento en su propia conducta pública, ni en
causa cierta o real, y que afectan su renombre e imagen ante la sociedad.
137. De lo referido anteriormente, se infiere que el derecho al buen nombre,
consiste en la reputación que sobre una persona tienen los miembros del entorno
en el cual se desenvuelve, y que es el resultado de la valoración que efectúan sobre
su comportamiento y proceder en el mundo público.
138. En el sub examine, la Sala observa que en el informe de patrullaje presentado
por el Comandante del Grupo Especial Esparta I, se dejó constancia de que estaban
adelantando maniobras de emboscada para capturar o neutralizar narcoterroristas
pertenecientes a las FARC, ELN, EPL y bandas criminales y que a eso de las 05:15
108 Corte Constitucional. Sentencia T-277 de 12 de mayo de 2015. M.P.: María Victoria Calle Correa.
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Referencia: Reparación directa
am se presentó un combate que dejó como resultado un subversivo abatido y dos
que se dieron a la fuga, por manera que se resaltaron como puntos positivos, la
obtención de resultados operacionales. Igualmente, consta un documento titulado
“Seguimiento personal muerto en combate” elaborado por la Central de Inteligencia
Táctica de Ocaña de la Brigada Móvil No. 15 del Ejército Nacional, en el que se
registraron las fotografías del cadáver del señor Álvaro Guerrero Melo y se
consignó: “Terrorista al parecer perteneciente a las bandas criminales al servicio del
narcotráfico fue abatido en enfrentamiento armado con tropas del Grupo Especial
Esparta 1 orgánico del Batallón de Contraguerrillas No. 98 (BRIM No. 15) al mando
del señor SS. Ríos Marín Carlos, hechos ocurridos el día 09 de septiembre de 2007,
en la vereda Villa Nueva municipio de El Carmen N/S”109.
139. Igualmente, en el radiograma de operaciones No.292 del día de los hechos,
se registró que el combate fue contra “nuevas bandas”, “cuadrilla: bandas
criminales” y que el “éxito de la operación” se debió a la inteligencia en el combate
que llevó a la muerte de un “terrorista”.
140. Sin embargo, causa extrañeza que no se hubiera aportado prueba alguna
respecto de tan grave afirmación, antes del operativo o con posterioridad a su
muerte, y tampoco existiera ningún tipo de informe de inteligencia previo a los
hechos, en el que estuviera referido el nombre del señor Álvaro Guerrero Melo,
como para que se realizaran dichas afirmaciones en los informes de patrullaje
rendidos, con tal certeza, sobre la supuesta vinculación del occiso con grupos
ilegales.
141. En contraste a ello, la Sala observa que los testimonios de las personas que
lo conocieron indican que el señor Guerrero Melo gozaba de buen nombre y aprecio
por sus cercanos y que, para el momento en que fue ultimado, trabajaba en oficios
varios, recogiendo arena, leña, en construcción y vendiendo pescado, con lo cual,
ayudaba económicamente a su familia. De manera que, si bien en el presente caso
no consta que se hubieren realizado publicaciones en los medios de comunicación
con la información que divulgaba el Ejército sobre las circunstancias que rodearon
el acaecimiento de la muerte de Álvaro Guerrero Melo; lo cierto es que sí fue
identificado en los diversos informes rendidos por los militares ante sus autoridades,
como miembro de bandas criminales al servicio del narcotráfico; situación que fue
conocida de esa manera por sus familiares y por quienes tuvieron acceso a las
diligencias adelantadas en el marco del proceso penal.
142. Asimismo, cabe resaltar que no se probó que en contra del señor Álvaro
Guerrero Melo figuraran antecedentes penales que dieran cuenta de la supuesta
comisión de actividades delictivas o relacionadas con su pertenencia a algún grupo
ilegal, lo que además se acompasa con lo señalado incluso por la misma María
Eugenia Ballena Mejía –implicada en su muerte- quien afirmó que nunca lo vio
portando armas y que no era un guerrillero, razón por la cual la Sala debe reconocer
en su favor el derecho fundamental de la presunción de inocencia que lo ampara
(art. 29 C.P.) y concluir, con base en ello, que el señor Guerrero Melo era una
109 Folio 209 c. anexo 2.
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Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
persona ajena a las actividades ilícitas que le fueron imputadas después de su
muerte.
143. Así las cosas, para la Sala resulta claro que, como consecuencia de la muerte
del señor Álvaro Guerrero Melo, se causó la afectación grave de sus derechos
constitucional y convencionalmente amparados, puesto que, como se acreditó, se
trasgredió de forma grave su derecho al buen nombre, habida cuenta de que no
sólo fue ultimado por miembros del Ejército Nacional (en hechos que son materia
de investigación), sino que, además, se mancilló su dignidad, pues fue presentado
como delincuente dado de baja en combate, tal como se desprende de los informes
de combate elaborados por el grupo de militares que lo ultimó, con lo cual, como se
dijo, se victimizó su memoria y se trastocó ostensiblemente la verdad de los hechos.
144. La Sala advierte que uno de los puntos planteados por el Ejército Nacional
en la apelación, estaba relacionado con la procedencia del reconocimiento de las
medidas no pecuniarias dictadas en la sentencia de primera instancia, pues alegó
que no podía ser condenada por objeto distinto del pretendido en la demanda, pues
al juez no le correspondía adicionar lo que el demandante pidió (pues se
configuraría un fallo ultra petita), ni reconocer algo que no se ha pedido (fallo extra
petita).
145. A este respecto, es importante precisar que esta Corporación ha establecido
que en casos en que se presenten vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes
constitucional y convencionalmente amparados, el juez administrativo, en aplicación
directa del control de convencionalidad, deberá lograr el restablecimiento pleno de
los perjuicios causados, pues en este tipo de casos, la obligación de reparar
integralmente el daño surge en virtud de las obligaciones internacionales que tienen
justificación jurídica en los diferentes instrumentos del Derecho Internacional de
Derechos Humanos ratificados por Colombia y que prevalecen en el orden interno.
Así las cosas, en casos como el presente, en el que se ha configurado una grave
violación a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional
humanitario, la Sala debe, sin romper el principio de congruencia, ordenar la
reparación integral de las víctimas como derecho fundamental que debe ser
garantizado en forma plena 110 . Por manera que, contrario a lo señalado por la
apelante, esta Corporación, reiterativamente, ha ordenado la adopción de medidas
no pecuniarias en este tipo de casos aun cuando no son específicamente solicitadas
por los demandantes, en aras de cumplir su obligación internacional de garantizar
la reparación integral de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
146. Por consiguiente, la Sala, en aplicación del principio de reparación integral y
con apoyo en lo dicho en el artículo 16 de la ley 446 de 1998, decretará las
siguientes medidas de carácter no pecuniario, sin que ello implique una afectación
a la garantía de la no reformatio in pejus, dado que su carácter no corresponde a
una sanción pecuniaria, sino satisfactoria y de garantía de no repetición. En
consecuencia, se dispone:
110 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014. Exp. 32.988. C.P.
Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
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Referencia: Reparación directa
• Como medida de satisfacción, como quiera que al Ejército Nacional se le atribuyó
la responsabilidad en el presente caso por la ejecución extrajudicial de Álvaro
Guerrero Melo y los efectivos de dicha institución trataron de justificar su muerte
como si se tratara de un miembro de bandas criminales dado de baja en combate,
para lo cual alteraron la escena del crimen para asegurar la impunidad, el Ministerio
de Defensa - Ejército Nacional publicará en un periódico de amplia circulación local
en el departamento de Norte de Santander, y específicamente en el municipio de El
Carmen, una nota de prensa con base en las consideraciones de esta sentencia,
con el fin de que se rectifique la verdadera identidad de la víctima directa. Dicho
escrito deberá informar que la muerte de Álvaro Guerrero Melo no ocurrió como
consecuencia de un combate entre soldados del Ejército Nacional y miembros de
un grupo armado ilegal, sino que fue ejecutado extrajudicialmente por actos
perpetrados por los efectivos militares destacados del Batallón Contraguerrillas No.
98 adscrito a la Brigada Móvil No. 15 en zona rural del municipio de El Carmen,
Norte de Santander el 9 de septiembre de 2007. El mismo contenido será publicado
a través de las redes sociales del Ministerio de Defensa –Ejército Nacional-
(Facebook, Instagram y Twitter) por el término de un (1) mes.
• El Ministerio de Defensa Nacional establecerá un link con un encabezado
apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia,
cuyo archivo será subido a la red en el término de dos (2) meses contados a partir
de la ejecutoria de este fallo y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo
durante un período de seis (6) meses que se contarán desde la fecha en que se
realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.
Dicho vínculo será publicado a través de las redes sociales del Ministerio de
Defensa –Ejército Nacional ya referidas, junto con la nota de prensa previamente
ordenada.
• Como garantía de no repetición, y con el fin de garantizar los derechos humanos
a las garantías judiciales y al acceso a un recurso judicial adecuado y efectivo, a fin
de que se cumpla con la obligación del Estado colombiano de investigar seria,
eficaz, rápida e imparcialmente los hechos constitutivos de violaciones a derechos
humanos, se enviará copias auténticas de la totalidad del expediente en el que
conste el presente trámite contencioso administrativo con destino a la Fiscalía
General de la Nación y, por ser pertinente, a la Sala de Reconocimiento de Verdad,
de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la
Jurisdicción Especial para la Paz, con arreglo a lo previsto en el artículo 5º y
siguientes del Acto Legislativo 01 de 2017, para que (i) estudie la posibilidad de
avocar la competencia sobre los hechos de que trata esta sentencia, a efectos de
determinar no solo los responsables directos, sino también los autores intelectuales
que favorecieron o incentivaron la comisión de esos actos materializados en la
ejecución extrajudicial del señor Álvaro Guerrero Melo ocurrida el 9 de septiembre
de 2007 en zona rural del municipio de El Carmen, Norte de Santander; (ii) pueda
ser tenido en cuenta en el caso 003 de muertes ilegítimamente presentadas como
bajas en combate por agentes del Estado.
• Como garantía de no repetición, y teniendo en cuenta que en el presente caso se
infringieron obligaciones convencionales de protección de los derechos humanos,
se remitirá copia de la presente sentencia al Centro Nacional de Memoria Histórica
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Referencia: Reparación directa
y al Archivo General de la Nación, con el fin de que haga parte de su registro, y
contribuya a la construcción documental del país, que busca preservar la memoria
de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia.
• Finalmente, con base en las consideraciones planteadas en esta providencia y
reconociendo que las medidas de reparación integral deben estar dirigidas a la
contribución efectiva de la verdad –que, como se ha visto, incluye también una
dimensión colectiva dirigida a la sociedad en su conjunto-, el Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional, en el término de dos (2) meses, deberá elaborar una circular
informativa que deberá llevar la firma del Ministro de Defensa y del Comandante de
las Fuerzas Militares, en relación con los hechos que han dado lugar a las condenas
en materia de responsabilidad extracontractual del Estado proferidas por el Consejo
de Estado en contra de la Fuerza Pública por violaciones graves a Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, específicamente, en casos de
ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, incluido el presente caso.
Adicionalmente, dicha circular deberá contener también una estrategia de
pedagogía y sensibilización del capítulo III del Informe Final de la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición “Hay Futuro si Hay
Verdad. Hallazgos y Recomendaciones” sobre “Violaciones de Derechos Humanos
e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, la cual deberá ser distribuida
dentro del mes siguiente al vencimiento del término máximo de elaboración,
mediante correo electrónico a cada integrante de la Fuerza Pública del territorio
nacional.
Perjuicios materiales
Lucro cesante
147. Respecto de la solicitud de indemnización de perjuicios correspondiente al
lucro cesante a favor de los hijos y la compañera permanente del señor Álvaro
Guerrero Melo, se observa que los testimonios de los señores Said del Carmen
Sánchez Contreras111, José de Dios Márquez Zapardiel, Ramón Ríos García, Idalia
Rosa Delgado Pacheco112 y Ciro Alfonso Ramírez Quintero113, coinciden en señalar
que para el momento de su muerte, el señor Guerrero Melo se desempeñaba en
oficios varios, entre ellos, sacar arena, recoger leña, vender pescado y labores de
construcción y que su núcleo familiar, conformado por la señora Arengas Villalba y
sus tres hijos, dependía económicamente del sustento de éste les proporcionaba
por estos medios.
148. De acuerdo con jurisprudencia reiterada de esta Sección, el reconocimiento
de indemnización por lucro cesante resulta procedente para aquellas personas que
comprueben que dependen económicamente de la persona fallecida. Asimismo, se
ha establecido la presunción de que los hijos son dependientes de sus padres hasta
111 Folios 264-265 c. 1.
112 Folios 268-273 c. 1.
113 Folios 266-267 c. 1.
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Referencia: Reparación directa
que cumplan 25 años de edad114 y los cónyuges y compañeros permanentes son
dependientes por la vida probable de uno de ellos.
149. Comoquiera que, la señora Isolina María Arengas Villalba era la compañera
permanente del señor Álvaro Guerrero Melo y para la fecha de la muerte del señor
Guerrero Melo, sus hijos aún no habían cumplido 25 años115, la Sala accederá al
reconocimiento de los perjuicios materiales ocasionados a todos los demandantes.
150. Esta Corporación ha definido que la base de liquidación será el salario
mínimo legal mensual vigente –SMLMV- en aquellos casos en que la prueba no es
suficiente para acreditar un monto superior, o la prueba acredita menos del salario
mínimo o incluso, cuando no existe prueba del ingreso 116 .Así las cosas, la
liquidación de este perjuicio debe efectuarse con base en el salario mínimo para la
época de los hechos, puesto que no obran elementos de convicción suficientes
sobre el monto de los ingresos del señor Guerrero Melo para la fecha en que ocurrió
la muerte.
151. Esta Corporación ha entendido que si se apela un aspecto global de la
sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen
parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa el apelante único no
se hubiere referido a ellos. Por manera que, por tratarse de un asunto sobre los que
de oficio ha de pronunciarse esta Sala en virtud de la apelación sobre la declaratoria
de responsabilidad planteada por la demandada, se revisarán todos aquellos
aspectos que son desfavorables a la entidad demandada y que son consecuencia
directa de la declaratoria de su responsabilidad, específicamente el punto de la
liquidación de perjuicios materiales realizada por el Tribunal117
152. Así, el a quo realizó la liquidación con base en el salario mínimo vigente para
el año 2015 ($644.350) al que se le incrementó un porcentaje equivalente al 25%
por concepto de prestaciones sociales. En la decisión se indicó: “(…) la Sala tomará
el criterio del H. Consejo de Estado en sentencia del 24 de julio de 2013, en la cual
se da aplicación a la presunción de que toda persona en edad productiva devenga
el salario mínimo legal vigente, más un 25% por concepto de prestaciones sociales
(…) menos un 25% del ingreso mensual que el occiso aportaría para su propio
sostenimiento, y el 75% restante será aplicado como ingreso base para el sustento
de sus hijos y su compañera permanente (…) 644.350 x 0.25: 161.087 + 644.350:
805.437 -25%: $604.000”.
153. Sin embargo, ese incremento por concepto de prestaciones sociales no debió
realizarse en el presente caso, dado que no se demostró que el señor Álvaro
Guerrero Melo estuviera vinculado formalmente mediante contrato laboral en el
114 Esta Corporación ha entendido que el lucro cesante debido a los hijos se extiende desde el momento del
daño hasta la edad de 25 años, momento en que cesa la obligación legal de prestarles alimentos. Sala Plena
de Sección Tercera, sentencia de 22 de marzo de 2012, exp. 22206, C.P. Danilo Rojas Betancourth. También
sentencia de 9 de mayo de 2012, exp. 22.891, C.P. Olga Valle de De La Hoz.
115 Registros civiles obrantes a folios 76- 78 c. 1.
116 Véase: Consejo de Estado. Sentencia del 24 de octubre de 1990. Exp. 5902. C.P. Gustavo de Greiff Restrepo
y sentencia del 13 de junio de 2013. Exp. 26.800. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
117 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación de 6 de abril de 2018. Exp. 46.005. C.P.
Danilo Rojas Betancourth.
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Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
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Referencia: Reparación directa
lugar en el que trabajaba 118. Bajo este designio, la Sala procederá a corregir la
liquidación realizada por el Tribunal, teniendo como base el salario del año 2015 –
en el que se profirió dicha sentencia- para finalmente, actualizar la suma reconocida
por el a quo por este concepto, así:
154. El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2015 era de seiscientos
cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta pesos ($644.350). No obstante, de dicha
suma se descontará el 25% por concepto de gastos personales (correspondiente a
$161.087), lo cual arroja el resultado de: $483.262.
155. Esta Corporación ha entendido que el valor que corresponde a los familiares
de una persona fallecida por concepto de lucro cesante debe distribuirse así: el 50%
para su cónyuge o compañero(a) permanente y el 50% entre sus hijos por partes
iguales, hasta la edad de 25 años119, de manera que el monto de $483.262, será
repartido en un 50% para la compañera permanente ($241.631) y el otro 50% para
sus tres hijos ($80.543 para cada uno).
Lucro cesante para Isolina María Arengas Villalba (compañera permanente)
156. Consolidado: Desde la fecha de los hechos (9 de septiembre de 2007),
hasta la fecha de la sentencia de primera instancia (27 de febrero de 2015), esto es
89 meses, aplicando la siguiente fórmula:
Ra = $241.631; I = Interés puro o técnico: 0,004867
(1+i)n -1
S = VA -------------
i
(1,004867)89 -1
S = VA ---------------------
0,004867
S = $241.631x 0,5405/0,004867
S= $ 241.631x 111,0540
S= $ 26’834.089
157. Futuro: Desde la fecha de esa sentencia (27 de febrero de 2015), hasta el
resto del periodo de vida probable del cónyuge mayor, en este caso, la señora
Isolina María Arengas Villalba120 –punto que no fue tenido en cuenta en la decisión
118 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 8 de junio de 2022. Exp. 55.576. C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
119 Consejo de Estado. Sentencia de 8 de febrero de 2012. Exp. 21.521. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
120 Teniendo en cuenta que la víctima nació el 13 de diciembre de 1965 (folio 75 c. 1), de manera que tenía 41
años cuando ocurrieron los hechos (9 de septiembre de 2007), se tomará en cuenta el periodo de la vida
probable de la señora Isolina María Arengas Villalba por ser mayor que el señor Guerrero Melo (nació el 12 de
enero de 1956, según consta en su registro civil de nacimiento obrante a folio 74 c. 1 y tenía 51 años al momento
de ocurrencia de los hechos). Así, el tiempo de su vida probable corresponde a 28.98 años– con base en la
tabla de mortalidad establecida en la Resolución No. 1112 del 29 de junio de 2007 de la Superintendencia
48
Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
del Tribunal, que calculó el lucro cesante futuro con base en la vida probable de
Álvaro Guerrero Melo-, esto es 258,76 meses, aplicando la siguiente fórmula:
Ra = $241.631; I = Interés puro o técnico: 0,004867
(1+i)n -1
S = VA -------------
i (1+i)n
(1+0,004867)258,76-1
S = VA ------------------------
i (1+0,004867)258,76
(1,004867)258,76 - 1
S = VA --------------------------
i (1,004867)258,76
2,5125
S = VA ----------------
0,0170
S = $241.631 X 147,7941
S= $ 35’711.636
158. Total perjuicios materiales para Isolina María Arengas Villalba: sesenta y dos
millones quinientos cuarenta y cinco mil setecientos veinticinco pesos m/cte.
($62’545.725).
159. Con base en dicha suma, procederá la Sala a actualizar la reconocida por
este concepto, así:
Ra: Vh (Valor histórico)*IPC final/IPC inicial
Renta actualizada (Ra): Vh ($62’545.725)* 121,50 (índice final – agosto de
2022121)
------------------------------------------
83,96 (índice inicial – febrero de
2015122)
Ra: $90’511.024
Financiera de Colombia vigente para la fecha de los hechos- equivalentes a 347,76 meses, de los cuales se
deben restar los 89 del periodo vencido, lo que da como resultado 258,76 meses.
121 Último conocido.
122 La sentencia de primera instancia fue proferida el 27 de febrero de 2015.
49
Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
160. Total perjuicios materiales actualizados para Isolina María Arengas
Villalba: noventa millones quinientos once mil veinticuatro pesos m/cte.
($90’511.024).
Lucro cesante para Fabián Eduardo Guerrero Arengas (hijo)
161. Consolidado: Desde la fecha de la muerte del señor Álvaro Guerrero Melo
(9 de septiembre de 2007) hasta la fecha de la sentencia de primera instancia (27
de febrero de 2015), esto es, 89 meses, aplicando la siguiente fórmula:
Ra = $80.543; I = Interés puro o técnico: 0,004867
(1+i)n -1
S = VA -------------
i
(1,004867)89 -1
S = VA ---------------------
0,004867
S = $80.543 x 111,0540
S = $8’944.622
162. Futuro: Desde la fecha de la sentencia de primera instancia (27 de febrero
de 2015) hasta cuando el demandante cumplió 25 años de edad (29 de enero de
2017)123 esto es, 23 meses, aplicando la siguiente fórmula:
Ra = $80.543; I = Interés puro o técnico: 0,004867
(1+i)n -1
S = VA -------------
i (1+i)n
(1+0,004867)23-1
S = VA ------------------------
i (1+0,004867)23
(1,004867)23 - 1
S = VA --------------------------
i (1,004867)23
0,1181
S = VA ----------------
0,0054
S = $ 80.543X 21,8703
S = $1’761.499
123 Nació el 29 de enero de 1992. Folio 76 c. 1.
50
Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
163. Total perjuicios materiales para Fabián Eduardo Guerrero Arengas: diez
millones setecientos seis mil ciento veintiún pesos m/cte. ($10’706.121).
164. Con base en dicha suma, procederá la Sala a actualizar la reconocida por
este concepto, así:
Ra: Vh (Valor histórico)*IPC final/IPC inicial
Renta actualizada (Ra): Vh ($10’706.121)* 121,50 (índice final – agosto de
2022124)
------------------------------------------
83,96 (índice inicial – febrero de
2015125)
Ra: $15’493.016
165. Total perjuicios materiales actualizados para Fabián Eduardo Guerrero
Arengas: quince millones cuatrocientos noventa y tres mil dieciséis pesos m/cte.
($15’493.016).
Lucro cesante para Dayro Guerrero Arengas (hijo)
166. Consolidado: Desde la fecha de la muerte del señor Álvaro Guerrero Melo
(9 de septiembre de 2007) hasta la fecha de la sentencia de primera instancia (27
de febrero de 2015), esto es, 89 meses, aplicando la siguiente fórmula:
Ra = $80.543; I = Interés puro o técnico: 0,004867
(1+i)n -1
S = VA -------------
i
(1,004867)89 -1
S = VA ---------------------
0,004867
S = $80.543 x 111,0540
S = $8’944.622
167. Futuro: Desde la fecha de la sentencia de primera instancia (27 de febrero
de 2015) hasta cuando el demandante cumplió 25 años de edad (31 de octubre de
2021)126 esto es, 80 meses, aplicando la siguiente fórmula:
Ra = $80.543; I = Interés puro o técnico: 0,004867
(1+i)n -1
124 Último conocido.
125 La sentencia de primera instancia fue proferida el 27 de febrero de 2015.
126 Nació el 31 de octubre de 1996. Folio 77 c. 1.
51
Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
S = VA -------------
i (1+i)n
(1+0,004867)80-1
S = VA ------------------------
i (1+0,004867)80
(1,004867)80 - 1
S = VA --------------------------
i (1,004867)80
0,4746
S = VA ----------------
0,0071
S = $ 80.543X 66.8450
S = $5’383.896
168. Total perjuicios materiales para Dayro Guerrero Arengas: catorce millones
trescientos veintiocho mil quinientos dieciocho pesos m/cte. ($14’328.518).
169. Con base dicha suma, procederá la Sala a actualizar la reconocida por este
concepto, así:
Ra: Vh (Valor histórico)*IPC final/IPC inicial
Renta actualizada (Ra): Vh ($14’328.518)* 121,50 (índice final – agosto de
2022127)
------------------------------------------
83,96 (índice inicial – febrero de
2015128)
Ra: $20’735.051
170. Total perjuicios materiales actualizados para Dayro Guerrero Arengas:
veinte millones setecientos treinta y cinco mil cincuenta y un pesos m/cte.
($20’735.051).
Lucro cesante para Jhan Carlos Guerrero Arengas (hijo)
171. Consolidado: Desde la fecha de la muerte del señor Álvaro Guerrero Melo
(9 de septiembre de 2007) hasta la fecha de la sentencia de primera instancia (27
de febrero de 2015), esto es, 89 meses, aplicando la siguiente fórmula:
Ra = $80.543; I = Interés puro o técnico: 0,004867
(1+i)n -1
127 Último conocido.
128 La sentencia de primera instancia fue proferida el 27 de febrero de 2015.
52
Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
S = VA -------------
i
(1,004867)89 -1
S = VA ---------------------
0,004867
S = $80.543 x 111,0540
S = $8’944.622
172. Futuro: Desde la fecha de la sentencia de primera instancia (27 de febrero
de 2015) hasta cuando el demandante cumpla 25 años de edad (1 de febrero de
2023)129 esto es, 95 meses, aplicando la siguiente fórmula:
Ra = $80.543; I = Interés puro o técnico: 0,004867
(1+i)n -1
S = VA -------------
i (1+i)n
(1+0,004867)95-1
S = VA ------------------------
i (1+0,004867)95
(1,004867)95 - 1
S = VA --------------------------
i (1,004867)95
0,5860
S = VA ----------------
0,0077
S = $ 80.543X 76.1038
S = $6’129.628
173. Total perjuicios materiales para Jhan Carlos Guerrero Arengas: quince
millones setenta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos m/cte. ($15’074.250).
174. Con base dicha suma, procederá la Sala a actualizar la reconocida por este
concepto, así:
Ra: Vh (Valor histórico)*IPC final/IPC inicial
Renta actualizada (Ra): Vh ($15’074.250)* 121,50 (índice final – agosto de
2022130)
------------------------------------------
129 Nació el 1 de febrero de 1998. Folio 78 c. 1.
130 Último conocido.
53
Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
83,96 (índice inicial – febrero de
2015131)
Ra: $21’814.213
175. Total perjuicios materiales actualizados para Jhan Carlos Guerrero
Arengas: veintiún millones ochocientos catorce mil doscientos trece pesos m/cte.
($21’814.213).
Costas
176. Para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la ley 446 de
1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes
haya actuado temerariamente y, en el sub lite, se ha verificado que la entidad
demandada (Nación - Ejército Nacional), actuó de esa manera, toda vez que
pretendió desconocer, con argumentos fútiles, la realidad procesal y con ello
encubrir la verdad material del presente asunto.
177. En efecto, durante todo el trámite del proceso la parte demandada insistió en
la causal eximente de responsabilidad consistente en “la culpa de la víctima”
aduciendo que la víctima directa pertenecía a un grupo ilegal y que su muerte había
sido producida en un enfrentamiento; no obstante, para el momento en que se
formuló el recurso de apelación -2015- dentro del proceso penal ya existían pruebas
que permitían concluir que la muerte de la víctima directa no se produjo en tales
condiciones, sino que fue producto de los mal denominados “falsos positivos” –
desde el mes de febrero de 2011 se escuchó en ampliación de indagatoria en el
proceso penal seguido por los hechos al soldado Néstor Guillermo Gutiérrez
Acevedo y a la señora María Eugenia Ballena Mejía, y las últimas resoluciones de
acusación proferidas por los delitos relacionados con la muerte de Álvaro Guerrero
Melo que constan en el expediente, se profirieron en el año 2013-, amén de que,
con tales alegatos en segunda instancia se siguió mancillando el buen nombre de
la persona fallecida y, por ende, resultó “revictimizada”, dada la insistencia por parte
de la demandada de que se trataba de un subversivo muerto en combate. Por lo
tanto, la Sala condenará en costas a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército
Nacional.
178. En atención a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el
acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en materia de tarifas
de agencias en derecho se tiene en cuenta lo siguiente:
“ACUERDO 1887 DE 2003
‘Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho’.
(…).
Artículo 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las
tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en
cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía
de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean
131 La sentencia de primera instancia fue proferida el 27 de febrero de 2015.
54
Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente
al valor de las pretensiones.
(…).
Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
(…)
III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(…).
3.1.3. Segunda instancia.
(...)
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia” (se resalta).
179. A partir de lo expuesto, la Sala fijará las agencias en derecho por esta
instancia. Amén de que la parte demandante no presentó recurso de apelación ni
alegatos de conclusión en esta instancia, y sólo debió participar en la audiencia de
conciliación judicial citada por el Tribunal en aplicación del artículo 70 de la Ley 1395
de 2010 -hecho que no implicó la erogación de mayores costos a esa parte-, tales
costas estarán a cargo de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y
se pagarán a los demandantes en partes iguales en la suma equivalente al 1% de
las pretensiones reconocidas132, esto es, nueve millones cuatrocientos ochenta y
cinco mil quinientos treinta y tres pesos m/cte. ($9’485.533).
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR los ordinales segundo, tercero y cuarto de la sentencia
proferida el 27 de febrero de 2015 por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, por lo cual, la sentencia de primera instancia quedará de la siguiente
manera:
“PRIMERO: DECLÁRASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL, responsable por los daños antijurídicos producidos con
ocasión de la muerte del señor ÁLVARO GUERRERO MELO, en hechos
ocurridos el 9 de septiembre de 2007, en zona rural del municipio de El Carmen,
Norte de Santander, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL a pagar a título de perjuicios morales los siguientes
montos, tasados en salarios mínimos legales mensuales vigentes:
DEMANDANTE RELACIÓN CON SMLMV
LA VÍCTIMA
132 Se condenará a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional al pago de 800 SMLMV por concepto
de perjuicios morales y $ 148’553.304 por concepto de lucro cesante global, para un total de $ 948’553.304.
55
Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
Isolina María Compañera 200
Arengas Villalba permanente de
Álvaro Guerrero
Melo
Fabián Eduardo Hijo de Álvaro 200
Guerrero Arengas Guerrero Melo
Dayro Guerrero Hijo de Álvaro 200
Arengas Guerrero Melo
Jhan Carlos Hijo de Álvaro 200
Guerrero Arengas Guerrero Melo
Para el efecto, se tendrá en cuenta el valor del salario mínimo legal vigente a
la fecha de ejecutoria del presente fallo.
TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL a pagar, por concepto de perjuicios materiales en
modalidad de lucro cesante, las siguientes sumas:
• Para ISOLINA MARÍA ARENGAS VILLALBA, noventa millones quinientos
once mil veinticuatro pesos m/cte. ($90’511.024).
• Para FABIÁN EDUARDO GUERRERO ARENGAS: quince millones
cuatrocientos noventa y tres mil dieciséis pesos m/cte. ($15’493.016).
• Para DAYRO GUERRERO ARENGAS, veinte millones setecientos treinta y
cinco mil cincuenta y un pesos m/cte. ($20’735.051).
• Para JHAN CARLOS GUERRERO ARENGAS, veintiún millones ochocientos
catorce mil doscientos trece pesos m/cte. ($21’814.213).
CUARTO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL a la adopción de las siguientes medidas de reparación
integral:
• Publicar en un periódico de amplia circulación local en el departamento de
Norte de Santander, y específicamente en el municipio de El Carmen, una nota
de prensa con base en las consideraciones de esta sentencia, con el fin de que
se rectifique la verdadera identidad de la víctima directa. Dicho escrito deberá
informar que la muerte de Álvaro Guerrero Melo no ocurrió como consecuencia
de un combate entre soldados del Ejército Nacional y miembros de un grupo
armado ilegal, sino que fue ejecutado extrajudicialmente por actos perpetrados
por los efectivos militares destacados del Batallón Contraguerrillas No. 98
adscrito a la Brigada Móvil No. 15 en zona rural del municipio de El Carmen,
Norte de Santander el 9 de septiembre de 2007. El mismo contenido será
publicado a través de las redes sociales del Ministerio de Defensa –Ejército
Nacional- (Facebook, Instagram y Twitter) por el término de un mes.
• Establecer un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder
al contenido magnético de esta providencia, cuyo archivo será subido a la red
en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo y
mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de
seis (6) meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva
carga de la información en la página web de esa institución. Dicho vínculo será
publicado a través de las redes sociales del Ministerio de Defensa –Ejército
Nacional ya referidas, junto con la nota de prensa previamente ordenada.
56
Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
• Enviar copias auténticas de la totalidad del expediente en el que conste el
presente trámite contencioso administrativo con destino a la Fiscalía General
de la Nación y, por ser pertinente, a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de
Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la
Jurisdicción Especial para la Paz, con arreglo a lo previsto en el artículo 5º y
siguientes del Acto Legislativo 01 de 2017, para que (i) estudie la posibilidad
de avocar la competencia sobre los hechos de que trata esta sentencia, a
efectos de determinar no solo los responsables directos, sino también los
autores intelectuales que favorecieron o incentivaron la comisión de esos actos
materializados en la ejecución extrajudicial del señor Álvaro Guerrero Melo
ocurrida el 9 de septiembre de 2007 en zona rural del municipio de El Carmen,
Norte de Santander; (ii) pueda ser tenido en cuenta en el caso 003 de muertes
ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
• Remitir copia de la presente sentencia al Centro Nacional de Memoria
Histórica y al Archivo General de la Nación, con el fin de que haga parte de su
registro, y contribuya a la construcción documental del país, que busca
preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno
en Colombia.
• El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en el término de dos (2) meses,
deberá elaborar una circular informativa que deberá llevar la firma del Ministro
de Defensa y del Comandante de las Fuerzas Militares, en relación con los
hechos que han dado lugar a las condenas en materia de responsabilidad
extracontractual del Estado proferidas por el Consejo de Estado en contra de
la Fuerza Pública por violaciones graves a Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, específicamente, en casos de ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas, incluido el presente caso.
Adicionalmente, dicha circular deberá contener también una estrategia de
pedagogía y sensibilización del capítulo III del Informe Final de la Comisión
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición “Hay
Futuro si Hay Verdad. Hallazgos y Recomendaciones” sobre “Violaciones de
Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, la
cual deberá ser distribuida dentro del mes siguiente al vencimiento del término
máximo de elaboración, mediante correo electrónico a cada integrante de la
Fuerza Pública del territorio nacional.
QUINTO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: Sin condena en costas.
SÉPTIMO: En caso de no ser apelada la presente providencia, REMÍTASE al
H. Consejo de Estado para que se surta el grado jurisdiccional de consulta, de
conformidad con el artículo 184 del C.C.A.
OCTAVO: DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del
Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la
sentencia conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
NOVENO: LIQUÍDENSE los gastos ordinarios del proceso y si hubiere
remanentes devuélvase a la parte actora.
57
Radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
Actor: Isolina María Arengas Villalba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
DÉCIMO: Una vez en firme la presente archívese el expediente, previas las
anotaciones secretariales de rigor”.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional. Por concepto de las agencias en derecho fijadas en
esta providencia para esta instancia, queda obligada al pago en partes iguales de
la suma de nueve millones cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos treinta y tres
pesos m/cte. ($9’485.533) equivalente al 1% de las pretensiones reconocidas, a
favor de los demandantes.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF
58
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