Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 54001-23-33-000-2013-00239-01
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Fiscalización de declaraciones tributarias con beneficio de auditoría: medios. Además de la selección por programa de…
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 54001-23-33-000-2013-00239-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 54001-23-33-000-2013-00239-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
12 de febrero de 2019
FISCALIZACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS CON BENEFICIO DE AUDITORÍA - Medios. Además de la selección por programa de computador, se puede hacer por otros medios / FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS CON BENEFICIO DE AUDITORÍA – Reiteración de jurisprudencia
[U]na interpretación sistemática de las amplias facultades de fiscalización de la DIAN (art. 684 del Estatuto Tributario) con el beneficio de auditoría del artículo 689 del Estatuto Tributario, permite concluir que independientemente de que la declaración cobijada con el beneficio de auditoría pueda ser seleccionada por un programa de computador, esta no se encuentra excluida del control fiscal, puesto que en ejercicio de esas amplias facultades, la DIAN puede adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de la obligación tributaria.
NOTA DE RELATORÍA: Con respecto a las facultades de fiscalización de la DIAN consultar: sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 25 de junio de 2012 Exp. 25000232700020060100801(17701) C.P. William Giraldo Giraldo; sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 15 de mayo de 2014 Exp. 25000232700020110012201(19647) C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 3 de junio de 2015 Exp. 54001233100020090020401(19312) C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 29 de junio de 2017 Exp. 050012333000201300297-01(20838) entre otras
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 684 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 689 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 714
DOCUMENTOS Y DECLARACIONES - Son válidos para demostrar la simulación de operaciones / TRASLADO DE PRUEBAS DE TERCEROS - La Administración tiene la facultad para hacerlo en virtud de la facultad de investigación / RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ESPECIAL - Presunción de veracidad / DESCONOCIMIENTO COSTOS O DEDUCCIONES DECLARADOS – Configuración. Por no estar soportados en los documentos aportados / CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA TRIBUTARIA - Se invierte automáticamente a cargo del contribuyente cuando se solicita una comprobación especial o cuando la ley los exige de manera expresa
El artículo 742 del Estatuto Tributario prevé que la determinación de tributos se debe fundar en los hechos que aparezcan probados en el expediente, y son admisibles los medios de prueba legalmente aceptados por la legislación fiscal y por la legislación civil. Según la anterior disposición, la autoridad fiscal debe observar los medios de prueba previstos, en principio, en la normativa fiscal aplicable o, en su defecto, en la legislación civil, siempre y cuando resulte compatible con aquella. Así pues, la aplicación de la legislación civil en los procedimientos tributarios, se debe informar en la naturaleza y particularidades propias de dichos procedimientos, lo cual incluye las oportunidades para incorporar pruebas al expediente y para controvertir las que se alleguen en contra. El artículo 684 del Estatuto Tributario establece que la autoridad fiscal tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, por lo cual podrá «efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación». En ese sentido, el artículo 744 ibídem prevé que las pruebas deben formar parte de la declaración, haber sido allegadas en desarrollo de la facultad de fiscalización e investigación o en cumplimiento del deber de información, haberse acompañado o solicitado en la respuesta al requerimiento especial o en su ampliación, haberse acompañado al memorial de recurso o pedido en éste, o haberse practicado de oficio, entre otras circunstancias . Lo anterior no limita el derecho de controvertir las pruebas allegadas en desarrollo de la facultad de fiscalización e investigación, porque el contribuyente puede desvirtuarlas con ocasión la notificación del requerimiento especial [cuando se vincula efectivamente al proceso], que contiene los puntos que se proponen «modificar, con la explicación de las razones en que se sustenta», y «la cuantificación de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones, que se pretende adicionar a la liquidación privada ». Y es precisamente en la respuesta al requerimiento especial que el interesado «deberá formular por escrito sus objeciones, solicitar pruebas, subsanar las omisiones que permita la ley, solicitar a la administración se alleguen al proceso documentos que reposen en sus archivos, así como la práctica de inspecciones tributarias, siempre y cuando tales solicitudes sean conducentes, caso en el cual, estas deben ser atendidas ». Además de la oportunidad señalada, una vez se expida el acto de determinación del tributo, el contribuyente podrá ejercer sus derechos de defensa y de contradicción, mediante la interposición del recurso de reconsideración, en los términos establecidos por el artículo 720 del Estatuto Tributario. (…) El artículo 746 del Estatuto Tributario establece la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias, al señalar que «Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija». (…) [L]a carga probatoria de desvirtuar la veracidad de las declaraciones tributarias corresponde en principio a la DIAN, aunque se traslada al contribuyente cuando dicha entidad requiere de una comprobación especial o cuando la ley la exige.
Ahora bien, para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, el artículo 771-2 del Estatuto Tributario exige que estén soportados en facturas o documentos equivalentes con el lleno de los requisitos establecidos en la legislación fiscal; sin embargo, esa norma no limita la facultad comprobatoria de la autoridad fiscal quien, como se mencionó, puede desvirtuar las transacciones constitutivas de costo o deducción y proceder a su rechazo. (…) Así pues, la eficacia probatoria de los libros de contabilidad no es absoluta, pues está sujeta a la verificación de la autoridad fiscal, que en desarrollo de sus facultades de fiscalización puede desvirtuarla a través de medios de prueba directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 684 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 742 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 744 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 720 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 746 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 771, NUMERAL 2 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 772 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 774
PRUEBA INDICIARIA EN MATERIA TRIBUTARIA - Validez. Es admisible para demostrar la existencia de transacciones económicas de los contribuyentes / INDICIOS - Requisitos de validez probatoria / PRUEBA INDICIARIA EN MATERIA TRIBUTARIA - Naturaleza jurídica. Constituye una prueba subsidiaria, ante la falta de pruebas directas / CONTUNDENCIA DE LOS INDICIOS EN MATERIA TRIBUTARIA - Efectos. Invierte la carga de la prueba a cargo del contribuyente
La Sala ha dicho que entre los medios de prueba admisibles en materia tributaria están los indicios, los cuales, acudiendo a una de las definiciones doctrinales existentes, fueron definidos como «la inferencia lógica a través de la cual de un hecho cierto y conocido se llega a conocer otro desconocido ». Como los indicios parten de la existencia de un hecho cierto o conocido denominado hecho indicador, el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 240 del Código General de Proceso, señala que el mismo debe estar debidamente probado en el proceso, lo cual exige su acreditación mediante otros medios de prueba. De igual forma, el artículo 250 ibídem prevé que los indicios deben ser apreciados en conjunto por el juez, «teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso». En materia fiscal, los indicios son prueba en la medida en que su aplicación está supeditada a la falta de pruebas directas, cuya validez fue tratada por la Sala, al señalar: «Requisitos para la validez probatoria de la prueba por indicios “Procesalmente, existen indicios con fines probatorios cuando la prueba de los hechos conocidos de los que se infieren aquellos, aparece completa y convincente en el proceso, como ocurre en el caso de autos. En ese sentido, la prueba de los hechos indicadores puede resultar de un conjunto diverso como testimonios, inspección, dictamen pericial, documentos y otros indicios, y, a su vez, un solo medio de prueba puede demostrar varios indicios si da cuenta de diversos hechos. Esos medios de prueba, a su vez, deben reunir las formalidades legales que les son propias. Así mismo, para la existencia de indicios, el hecho probado debe tener alguna conexión lógica necesaria o probable con el hecho que se investiga, de modo que del primero pueda predicarse alguna significación probatoria respecto del segundo. Síguese de ello que la mayor o menor fuerza probatoria del indicio depende del mayor o menor nexo lógico que tenga con el hecho desconocido que se pretende demostrar. De esta manera, el hecho probado debe tener tal significación probatoria respecto del hecho investigado, que puede advertirse una relación de causalidad entre uno y otro (…) Igualmente, su eficacia probatoria depende de la conducencia que debe tener respecto del hecho investigado, la cual es perfecta cuando otros medios probatorios lo ratifican; de la inexistencia de una falsa o aparente conexión entre el hecho indicador y el investigado, posibilidad que se garantiza cuando hay un número plural de indicios contingentes que conduzcan al mismo hecho; de la autenticidad del hecho indiciario de acuerdo con las pruebas de quien lo alega a su favor; de la certeza de la relación de causalidad entre el hecho o hechos indicadores y el investigado, la que claramente se refuerza en el contexto de los varios indicios contingentes, incluso con diferente fuerza inferencial, pero que concurran a indicar el mismo hecho y converjan a formar el convencimiento de juez en el mismo sentido; y de la existencia de pruebas que infirmen los hechos indiciarios o que demuestren un hecho opuesto al que ellos indican». (Se subraya).
Además, la Sala precisó que mediante indicios se puede determinar que el contribuyente simuló operaciones, lo cual desvirtúa la presunción de veracidad de la declaración tributaria, pues la actora «omitió demostrar la existencia real de las operaciones mercantiles cuestionadas, como era su deber». (…) En relación con los proveedores señalados, en el expediente están demostrados los siguientes hechos, de los cuales se infiere la simulación de las operaciones: la inexistencia del proveedor en la dirección informada, en la dirección del proveedor funcionaban otros establecimientos de comercio, algunos proveedores no pudieron ser localizados o no tenían la capacidad operativa para realizar las operaciones cuestionadas, no presentaron la información requerida, los documentos de pago de la transacción no estaban dirigidos al proveedor, entre otras, circunstancias que al ser apreciadas bajo las reglas de la sana crítica, demuestran la inexistencia de las operaciones declaradas.
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 240 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 250
NOTA DE RELATORÍA: Con respecto a los indicios como medio de prueba admisible en materia tributaria consultar: sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 3 de mayo de 2018 Exp. 68001233300020130037401(20727) C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 29 de junio de 2017 Exp. 17001233300020130032201(21332) C.P. Milton Chaves García
SANCIÓN POR INEXACTITUD - Configuración. / DISMINUCIÓN DE LA SANCIÓN POR INEXACTITUD – Reiteración de jurisprudencia / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA SANCIONATORIA TRIBUTARIA – Aplicación
El artículo 647 del Estatuto Tributario establece que procede la sanción por inexactitud, entre otros eventos, cuando en la declaración se incluyen costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes, o se utilizan datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados de los que se derive un menor impuesto a cargo o un mayor saldo a favor del contribuyente. Ahora bien, la Sala pone de presente que mediante el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario, se estableció en el parágrafo 5 que «el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior». Al respecto, se observa que la sanción por inexactitud consagrada en el artículo 647 del Estatuto Tributario, fue modificada por la Ley 1819 de 2016, al establecer una sanción más favorable, en tanto disminuyó el valor del 160% -establecido en la legislación anterior- al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en las liquidaciones oficiales y el declarado por el contribuyente.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 647 / LEY 1819 DE 2016 – ARTÍCULO 282
NOTA DE RELATORÍA: Con relación a la sanción por inexactitud consultar: sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 20 de febrero de 2017 Exp. 54001233300020120005801(20623) C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 9 de marzo de 2017 Exp. 05001233100020070027201(19823) C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 54001-23-33-000-2013-00239-01(22156)
Actor: SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL ATLANTEX LTDA
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
FALLO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes, demandante y demandada, contra la sentencia del 19 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que en la parte resolutiva dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial de Revisión No. 072412012000008 del 15 de febrero de 2012, correspondiente al impuesto de renta del año gravable 2008 de la Comercializadora Intencional Atlantex Ltda., y de la Resolución No. 900.088 del 20 de febrero de 2013, a través de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la anterior, de conformidad con lo anteriormente expuesto.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y como restablecimiento del derecho, se ordena a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, aceptar como costos en la declaración de renta del año gravable 2008 de la Comercializadora Internacional Atlantex Ltda., la suma de $116.261.750 adicional a los ya determinados en la liquidación oficial de revisión, correspondiente a los costos declarados de los proveedores SUELATEK S.A. y Luis Omar Campos.
Así mismo, la sanción por inexactitud allí impuesta debe fijarse por el 160% del valor sobre el cual ahora existe diferencia, modificándose por tanto en estos términos, el valor determinado como total del impuesto a cargo del contribuyente.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Declarar que no prospera la objeción parcial presentada por el apoderado de la entidad demandada, en contra del dictamen pericial rendido por la perito contadora dentro del proceso de la referencia, de conformidad con lo anteriormente expuesto.
QUINTO: ABSTENERSE de condenar en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia».
ANTECEDENTES
El 22 de abril de 2009, la Sociedad de Comercialización Internacional Atlantex Ltda., presentó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2009, amparada por beneficio de auditoría, en cual registró un total saldo a pagar de $75.992.000.
El 9 de septiembre de 2009, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta expidió el Emplazamiento para Corregir 072382009000003, notificado el 12 de septiembre del mismo año, en relación con la declaración tributaria señalada. La actora respondió el emplazamiento, pero no corrigió la declaración tributaria.
El 23 de mayo de 2011, la mencionada División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta formuló el Requerimiento Especial 072382011000046, en el que propuso rechazar deducciones (gastos) por la suma de $121.868.000, desconocer costos (compras) por valor de $518.564.000, imponer sanción por inexactitud en cuantía de $338.147.000 y sanción a contador público. Dicho acto fue respondido oportunamente por la sociedad demandante.
Mediante la Liquidación Oficial de Revisión 072412012000008 del 15 de febrero de 2012, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta acogió las glosas propuestas en el requerimiento especial.
Contra el acto de liquidación la contribuyente interpuso recurso de reconsideración, el cual fue decidido por la Resolución 900.088 del 20 de febrero de 2013, emitida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, en el sentido de confirmar la liquidación de revisión.
DEMANDA
La demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, formuló las siguientes pretensiones:
«DECLARATIVAS:
PRIMERA: Declarar la nulidad de los actos administrativos que a continuación relaciono: 1) LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN RENTA AÑO 2008 No. 072412012000008 de Febrero 15 de 2012; 2) RESOLUCIÓN NRO 900.088 DE FEBRERO 20 DE 2013 QUE RESUELVE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN QUE CONFIRMA LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN NUMERO 072412012000008;
CONDENATORIAS:
PRIMERA: Que, a título de Restablecimiento del Derecho se declare que la SOCIEDAD C.I. ATLANTEX LTDA NIT 900.074.311-8, no debe suma de dinero alguna producto de los actos de los que se declara la nulidad e igualmente se condene a la Nación Colombiana, Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dirección Seccional de Impuestos Nacionales de Cúcuta, a reintegrar a mi cliente, C.I. ATLANTEX LTDA NIT 900.074.311-8, los valores que por cualquier concepto tenga que pagar a la DIAN, como consecuencia de la aplicación de los actos demandados, en caso de hacerse efectivos por medios coactivos.
SEGUNDA: Que, a título de Restablecimiento del Derecho, igualmente se condene a la Nación Colombiana, Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dirección Seccional de Impuestos Nacionales de Cúcuta a pagar a C.I. ATLANTEX LTDA NIT 900.074.311-8 el monto correspondiente a la pérdida del valor adquisitivo del peso Colombiano, y de los intereses por las sumas que esa corporación ordene reintegrar, desde el momento de su causación y hasta que se haga respectivo su fallo respectivo.
TERCERA: Condenar a la Nación Colombiana, Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, Dirección Seccional de Impuestos Nacionales de Cúcuta en costas del proceso de conformidad con el Código de Procedimiento Civil Colombiano en armonía con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CUARTA: Condenar a la Nación Colombiana, Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, Dirección Seccional de Impuestos Nacionales de Cúcuta a reconocer y pagar el interés comercial sobre las sumas de dinero liquidadas reconocidas en la sentencia durante los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la misma, y moratorios después de ese término.
QUINTA: Que, se ordene a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- Dirección Seccional de Impuestos Nacionales de Cúcuta a dar cumplimiento a las sentencias conforme a lo establecido en los artículos 188, 192 y 195 del Código Contencioso Administrativo».
Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:
Artículos 2, 4, 6, 29, 83, 95 y 228 de la Constitución Política
Artículos 3 y 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Artículos 87, 177-2, 615, 616, 617, 618, 683, 689, 689-1, 730, 732, 734, 742, 745 y 771-2 del Estatuto Tributario
Artículo 185 del Código de Procedimiento Civil
Decreto 2044 de 2007.
Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:
Explicó que el beneficio de auditoría garantiza a los contribuyentes, que la expedición de la liquidación oficial de revisión se debe originar en «un programa basado en selección de computador» y que, en este caso, como los actos acusados se originaron en las diligencias de registro realizadas por la autoridad fiscal, la declaración de renta del año 2008 quedó en firme y no podía ser objeto de modificación. Agregó que los actos demandados no podían invocar normas anteriores a la declaración tributaria en discusión.
Argumentó que se violó el debido proceso y el derecho de contradicción, porque en la actuación administrativa se ordenó el traslado e incorporación de pruebas de procesos contra terceros, que no eran del conocimiento de la sociedad, y no le fue notificado el auto de traslado de pruebas, como lo exige el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil.
Precisó que la jurisprudencia citada en los actos demandados se refiere a un solo contribuyente, al que le fueron trasladadas pruebas del impuesto sobre renta al impuesto sobre las ventas, y no a la incorporación de pruebas de terceros.
Indicó que la entidad demandada utilizó argumentos no previstos en el Estatuto Tributario para rechazar los costos por las compras realizadas, los cuales corresponden a afirmaciones que desconocen la contabilidad de la empresa, que no fue desvirtuada y constituye prueba a su favor.
Sostuvo que la documentación que soporta las transacciones cuestionadas se encuentra en poder de la entidad demandada y refleja la contabilidad de la empresa, y que las deducciones declaradas cumplen los requisitos legales para su aceptación.
Expresó que la DIAN no soportó el rechazo de costos en los artículos 177-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, cuyo alcance fue precisado por la Corte Constitucional en la sentencia C-733 de 2003, al pronunciarse sobre la factura como soporte idóneo para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables.
Alegó que de aceptarse el rechazo total de costos, se debe aplicar el costo presunto a que se refiere el artículo 82 del Estatuto Tributario, pues los ingresos involucran costos para su realización.
Concluyó que no hay lugar a la sanción por inexactitud, porque el costo declarado existe, y que los actos demandados están viciados de falsa motivación, porque modificaron el concepto de imposición de la sanción al indicar que la sociedad «incluyó impuestos descontables inexistentes», cuando lo discutido no es el impuesto a las ventas sino el impuesto sobre la renta.
OPOSICIÓN
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones:
Advirtió que el término de firmeza de las declaraciones de ventas y retención, no es el mismo establecido para las declaraciones de renta amparadas por beneficio de auditoría.
Aseguró que el artículo 689 del Estatuto Tributario facultó al Gobierno Nacional para reglamentar las condiciones para acceder al beneficio de auditoría, respecto del nivel de tributación y de la información que deben presentar los contribuyentes, facultad que no se ha ejercido desde el año de 1985.
Explicó que el beneficio de auditoría establecido en el artículo 689-1 del Estatuto Tributario, difiere del mencionado en el citado artículo 689 ibídem, en cuanto a su naturaleza, finalidad y requisitos, porque es de creación legal (leyes 488 de 1993, 633 de 2000, 788 de 2002, 863 de 2003 y 1111 de 2006) y no exige que la investigación se origine en un programa de computador.
Indicó que al advertir inconsistencias en las declaraciones tributarias, la autoridad fiscal debe ejercer sus facultades de fiscalización y, si procedente, expedir de forma oportuna requerimiento especial. En el caso, la investigación administrativa se inició con el fin de verificar la realidad de la declaración privada de la sociedad, con posterioridad al registro realizado en virtud de las citadas facultades de fiscalización.
Adujo que la declaración tributaria de la actora no quedó en firme, porque dentro del término especial de firmeza (6 meses) se notificó el emplazamiento para corregir, con lo cual, la firmeza de la declaración quedó sujeta al término general de firmeza de 2 años contados desde el vencimiento para declarar, y tres meses más por cuenta del auto de inspección tributaria que suspendió el término para proferir el requerimiento especial, que fue expedido de forma oportuna.
Expuso que las pruebas incorporadas al expediente reúnen los requisitos del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, porque: i).- se aportaron en copia auténtica; ii).- provienen de otro expediente adelantado contra el mismo contribuyente; iii) no se interpuso la tacha de falsedad; iv) la actora las conoció y pudo ejercer su derecho de contradicción cuando se notificó el requerimiento especial, lo que descarta la aducida vulneración del debido proceso.
Resaltó que las operaciones cuestionadas no reúnen los requisitos establecidos en la legislación fiscal, son improcedentes y existen indicios probados sobre irregularidades ocurridas en tales operaciones, pues está demostrado que las operaciones fueron irreales. Resaltó que la contabilidad de la actora fue desvirtuada por las pruebas recaudadas en el proceso.
Aseguró que frente al rechazo de otros conceptos registrados en la declaración tributaria del contribuyente, no se justificó la relación de causalidad con la actividad productora de renta, y no se aportaron pruebas del RUT de los proveedores.
Expuso que en el expediente están demostrados los supuestos para la imposición de la sanción por inexactitud, porque el contribuyente registró costos y deducciones inexistentes que derivaron un menor impuesto a pagar.
AUDIENCIA INICIAL
En la audiencia inicial realizada el 10 de junio de 2014, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander fijó el litigio en determinar si se debe declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, para lo cual se debe establecer: i) la firmeza de la declaración de la actora; ii) si se violó el debido proceso con el traslado de pruebas a la actuación administrativa y, iii) la existencia de los costos o gastos declarados.
Se decretó la práctica de prueba pericial, cuyo dictamen fue presentado el 25 de agosto de 2014, con una ampliación del 27 de agosto de ese año
El 7 de octubre de 2014 se celebró audiencia de pruebas, la cual culminó el 27 de octubre de 2014.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no condenó en costas, por las consideraciones que se exponen a continuación:
Aclaró que en virtud del beneficio de auditoría, el término de firmeza especial de la declaración del impuesto sobre la renta de la actora es de seis meses.
Explicó que de los artículos 684 y 689 del Estatuto Tributario surge que si bien las declaraciones cobijadas por beneficio de auditoría se pueden seleccionar para revisión con fundamento en un programa de computador, no están excluidas de control fiscal, con lo cual la autoridad fiscal está facultada para ordenar el registro de que trata el artículo 779-1 ejusdem y verificar las posibles irregularidades en que incurrió la sociedad.
Adujo que la notificación del emplazamiento para corregir dentro de los seis meses de firmeza de la declaración, implica que la pérdida del beneficio de auditoría, y la aplicación del término general de firmeza establecido en el artículo 714 del Estatuto Tributario.
En relación con el traslado de pruebas al proceso, indicó que: i) las pruebas se practicaron antes de la expedición del requerimiento especial; ii) forma parte de las facultades de fiscalización y; iii).- la falta de notificación del auto de traslado en la etapa preliminar de la actuación administrativa, no implica violación al debido proceso, pues la propuesta de modificación se concretó con el requerimiento especial, mediante el cual la contribuyente conoció las pruebas incorporadas al expediente y tuvo la oportunidad de controvertirlas.
Anotó que, a pesar de que algunas pruebas trasladadas corresponden a otros contribuyentes, se trata de proveedores de la actora, lo que hace procedente su traslado al proceso, en virtud de las facultades de fiscalización, sin que haya vulneración al debido proceso.
Con fundamento en el dictamen pericial practicado en el proceso, señaló que la contabilidad de la actora fue desvirtuada mediante diferentes medios de prueba, entre los que se encuentran cruces de información y verificaciones realizadas en desarrollo de las facultades de fiscalización.
Advirtió que la autoridad fiscal individualizó a los proveedores relacionados en las facturas presentadas por la actora como soporte de los costos cuestionados, y realizó los cruces de información y las verificaciones respectivas.
Se refirió a los proveedores de la actora y a las circunstancias que impidieron la verificación de la realidad de las operaciones cuestionadas, para justificar el rechazo de costos, salvo respecto de los proveedores SUELATEK S.A. y Luis Omar Campos, pues el primero fue ubicado y afirmó haber realizado transacciones con la actora, y en la visita realizada al segundo en la dirección informada en el RUT, se estableció laboraba en otro lugar, lo cual debió ser investigado por la DIAN.
Consideró procedente la sanción por inexactitud, porque la demandante incluyó en su declaración costos irreales que derivaron en un menor impuesto a pagar.
RECURSOS DE APELACIÓN
Las partes, demandante y demandada, apelaron la sentencia de primera instancia, por los motivos que se exponen a continuación:
La demandante argumentó que la declaración del impuesto sobre la renta quedó en firme, porque la revisión de las declaraciones amparadas por beneficio de auditoría se debe fundamentar en programas de computador.
Adujo violación del debido proceso, porque las pruebas trasladadas provienen de investigaciones de terceros, y su incorporación al proceso no le fue notificada, lo cual desconoce el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil.
Indicó que el rechazo de costos se sustentó en argumentos no previstos en el Estatuto Tributario, y que de aceptarse el rechazo total de costos, se debe aplicar el costo presunto establecido en el artículo 82 del Estatuto Tributario.
La DIAN, por su parte, manifestó que en la actuación administrativa se estableció que si bien el proveedor Luis Omar Campos residía en la dirección informada, no tenía la capacidad para soportar la operación realizada con la actora, y que no tuvo «acceso al tercero, ni tampoco al soporte documental» requerido.
Manifestó que para el periodo cuestionado el proveedor Suelatek S.A. era omiso en IVA y renta, y que en la visita realizada no obtuvo información sobre la operación realizada.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La sociedad demandante reiteró los argumentos de la demanda y del recurso de apelación, en cuanto a que i) la declaración quedó en firme en virtud del beneficio de auditoría; ii) el traslado de pruebas desconoce las previsiones del Código de Procedimiento Civil y, iii) el rechazo de costos desconoce la normativa aplicable.
La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda y del recurso de apelación, y destacó que: i) la declaración privada no quedó en firme, porque con la notificación del emplazamiento para corregir el beneficio de auditoria no operó; ii) los costos y deducciones declarados se desvirtuaron mediante indicios probados y; iii) no aplica el costo presunto, pues se probó que los costos son inexistentes.
El Ministerio Público pidió revocar la sentencia del Tribunal y negar las pretensiones de la demanda. Al efecto alegó que: i) La normativa fiscal no condicionó las investigaciones tributarias a la selección de programas de computador; ii) la respuesta al requerimiento especial es la oportunidad para que la actora ejerza sus derechos de defensa y de contradicción frente a pruebas, que denominó trasladadas, y que fueron obtenidas mediante cruces de información; iii) la contribuyente no desvirtuó las averiguaciones de la autoridad fiscal, en especial respecto de los terceros Suelatek y Luis Omar Campos y, iv) procede la sanción por inexactitud, porque la contribuyente incluyó en su declaración conceptos no probados, que derivaron en un menor impuesto o saldo a pagar.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Decide la Sala sobre la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2008, presentada por la Sociedad de Comercialización Internacional Atlantex Ltda.
En los términos del recurso de apelación interpuesto por las partes, demandante y demandada, la Sala debe establecer: i) si por cuenta del beneficio de auditoría, el proceso de fiscalización está sujeto a selección mediante programas de computador y si hubo o no firmeza de la declaración privada; ii) la legalidad de la incorporación de pruebas en la actuación administrativa; iii) la realidad de las operaciones rechazadas por DIAN, y si aplica el costo presunto y, iv) la procedencia de sanción por inexactitud.
Beneficio de auditoría – reiteración de jurisprudencia
La actora argumentó que la declaración del impuesto sobre la renta del año 2008 quedó en firme, porque el artículo 689 del Estatuto Tributario señala que las liquidaciones de revisión que se expidan en relación con declaraciones amparadas por beneficio de auditoría, se deben fundamentar en programas de computador.
La Sección ha precisado que una interpretación sistemática de las amplias facultades de fiscalización de la DIAN (art. 684 del Estatuto Tributario) con el beneficio de auditoría del artículo 689 del Estatuto Tributario, permite concluir que independientemente de que la declaración cobijada con el beneficio de auditoría pueda ser seleccionada por un programa de computador, esta no se encuentra excluida del control fiscal, puesto que en ejercicio de esas amplias facultades, la DIAN puede adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de la obligación tributaria.
En el caso concreto, es un hecho aceptado por las partes que la actora acreditó los requisitos para acceder al beneficio de autoría previsto en el artículo 689-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 63 de la Ley 1111 de 2006, con lo cual, el término de firmeza de su declaración tributaria era de seis meses contados desde la presentación de la declaración.
No obstante, la Sala observa que la DIAN notificó oportunamente el emplazamiento para corregir el 12 de septiembre del mismo año, con lo cual interrumpió el término de firmeza de la declaración de renta del año gravable 2008, presentada el 22 de abril de 2009, que quedó sujeta a las disposiciones generales del artículo 714 del Estatuto Tributario. En consecuencia, no prospera el cargo.
Traslado de pruebas
La actora argumentó que se violó el debido proceso, porque el auto que ordenó el traslado de pruebas de terceros a la actuación administrativa no se notificó, lo que a su juicio, le impidió ejercer el derecho de defensa.
El artículo 742 del Estatuto Tributario prevé que la determinación de tributos se debe fundar en los hechos que aparezcan probados en el expediente, y son admisibles los medios de prueba legalmente aceptados por la legislación fiscal y por la legislación civil.
Según la anterior disposición, la autoridad fiscal debe observar los medios de prueba previstos, en principio, en la normativa fiscal aplicable o, en su defecto, en la legislación civil, siempre y cuando resulte compatible con aquella.
Así pues, la aplicación de la legislación civil en los procedimientos tributarios, se debe informar en la naturaleza y particularidades propias de dichos procedimientos, lo cual incluye las oportunidades para incorporar pruebas al expediente y para controvertir las que se alleguen en contra.
El artículo 684 del Estatuto Tributario establece que la autoridad fiscal tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, por lo cual podrá «efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación».
En ese sentido, el artículo 744 ibídem prevé que las pruebas deben formar parte de la declaración, haber sido allegadas en desarrollo de la facultad de fiscalización e investigación o en cumplimiento del deber de información, haberse acompañado o solicitado en la respuesta al requerimiento especial o en su ampliación, haberse acompañado al memorial de recurso o pedido en éste, o haberse practicado de oficio, entre otras circunstancias.
Lo anterior no limita el derecho de controvertir las pruebas allegadas en desarrollo de la facultad de fiscalización e investigación, porque el contribuyente puede desvirtuarlas con ocasión la notificación del requerimiento especial [cuando se vincula efectivamente al proceso], que contiene los puntos que se proponen «modificar, con la explicación de las razones en que se sustenta», y «la cuantificación de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones, que se pretende adicionar a la liquidación privada».
Y es precisamente en la respuesta al requerimiento especial que el interesado «deberá formular por escrito sus objeciones, solicitar pruebas, subsanar las omisiones que permita la ley, solicitar a la administración se alleguen al proceso documentos que reposen en sus archivos, así como la práctica de inspecciones tributarias, siempre y cuando tales solicitudes sean conducentes, caso en el cual, estas deben ser atendidas».
Además de la oportunidad señalada, una vez se expida el acto de determinación del tributo, el contribuyente podrá ejercer sus derechos de defensa y de contradicción, mediante la interposición del recurso de reconsideración, en los términos establecidos por el artículo 720 del Estatuto Tributario.
Así, la Sala advierte que no se violó el debido proceso, porque la actora conoció las pruebas señaladas en el auto de traslado con la notificación del requerimiento especial, y pudo ejercer los derechos de defensa y de contradicción con la respuesta a dicho acto, lo cual no contradice el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, pues la aplicación de dicha norma se debe informar en la naturaleza del procedimiento tributario.
En consecuencia, la incorporación de las pruebas mencionadas no vulneró el derecho de defensa de la actora, quien lo ejerció con la respuesta al requerimiento especial.
De otro lado, la Sala ha precisado que no toda irregularidad procesal en el recaudo y obtención de pruebas da lugar a la violación al debido proceso, para lo cual señaló:
«…sólo las formalidades o trámites de carácter sustancial, cuya inobservancia genere consecuencias gravosas en la formación del acto final, e incluso en los intereses y derechos del administrado, dan lugar a la vulneración del derecho al debido proceso.
Ahora bien, la violación del derecho de audiencia y defensa viene a ser una violación de una etapa del procedimiento, esto es, justamente la etapa de descargos o de audiencia previa. Por eso, para que esta causal se configure debe explicarse qué etapas del procedimiento administrativo fueron pretermitidas o qué irregularidades se cometieron en el procedimiento, al punto de afectar el derecho de defensa.
Tratándose de la etapa probatoria, la Sala considera que el derecho de audiencia y de defensa se puede afectar en los siguientes casos: i) cuando se decreta una prueba ilícita; ii) cuando las partes, en las oportunidades legales, piden pruebas y no se decretan; iii) cuando se decretan las pruebas pedidas oportunamente, pero no se practican y iv) cuando se practican las pruebas decretadas, pero se valoran erróneamente.
La Corte Constitucional ha precisado que, “No toda irregularidad procesal que involucre la obtención, recaudo y valoración de una prueba implica la violación del debido proceso. (…)
La Corte Constitucional ha establecido como regla inicial que la simple transgresión de las normas procesales que regulan la inclusión de pruebas en las diligencias no implica afectación del debido proceso. Estas irregularidades menores se refieren a la afectación de las formas propias de los juicios, pero dada su baja intensidad en la definición del conflicto, no quedan cobijadas por el inciso final del artículo 29 constitucional (…)
De manera que, la nulidad por la violación del derecho de audiencia y de defensa y del derecho al debido proceso, generalmente ocurre cuando se practican pruebas inconstitucionales. En cambio, no toda irregularidad cometida desde el punto de vista procesal formal en el recaudo de la prueba puede dar lugar a la nulidad. Es menester que la irregularidad sea de carácter sustancial». (Se subraya).
Así las cosas, no se violó el debido proceso ni el derecho de contradicción, pues las pruebas incorporadas oportunamente al expediente fueron puestas en conocimiento de la actora con la notificación del requerimiento especial, sin que fueran objetadas con la respuesta a dicho acto, y tampoco se demostró que su traslado violara el derecho de defensa de la actora.
Rechazo de costos (compras)
La demandante manifestó que el rechazo de costos se fundamentó en apreciaciones subjetivas, no previstas en la legislación fiscal, las cuales desconocen que las operaciones cuestionadas están soportadas en facturas que acreditan los requisitos exigidos, y que la contabilidad no fue desvirtuada y constituye prueba a su favor.
El artículo 746 del Estatuto Tributario establece la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias, al señalar que «Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija».
La Sala ha dicho que la anterior disposición establece una presunción legal, en tanto el contribuyente no está exento de demostrar los hechos consignados en sus declaraciones tributarias, correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos.
Lo anterior implica que dicha presunción admite prueba en contrario y que la autoridad fiscal, para asegurar el «efectivo cumplimiento de las normas sustanciales», puede desvirtuarla mediante el ejercicio de las facultades de fiscalización e investigación previstas en el artículo 684 del Estatuto Tributario.
Así pues, la carga probatoria de desvirtuar la veracidad de las declaraciones tributarias corresponde en principio a la DIAN, aunque se traslada al contribuyente cuando dicha entidad requiere de una comprobación especial o cuando la ley la exige.
Ahora bien, para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, el artículo 771-2 del Estatuto Tributario exige que estén soportados en facturas o documentos equivalentes con el lleno de los requisitos establecidos en la legislación fiscal; sin embargo, esa norma no limita la facultad comprobatoria de la autoridad fiscal quien, como se mencionó, puede desvirtuar las transacciones constitutivas de costo o deducción y proceder a su rechazo.
En tal sentido, si bien el artículo 772 del Estatuto Tributario establece que los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba a su favor cuando se llevan en debida forma, el numeral 4 del artículo 774 ejusdem precisó que serán prueba suficiente, siempre y cuando no hayan sido desvirtuados «por medios probatorios directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley».
Así pues, la eficacia probatoria de los libros de contabilidad no es absoluta, pues está sujeta a la verificación de la autoridad fiscal, que en desarrollo de sus facultades de fiscalización puede desvirtuarla a través de medios de prueba directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley.
La DIAN sostuvo que en la actuación administrativa se revisó la contabilidad de la contribuyente y las facturas que soportan las operaciones económicas realizadas en el periodo cuestionado, y que dichas operaciones y los proveedores de la compañía fueron objeto de registro, verificación y cruces de información.
Si bien no advirtió falencias en la contabilidad o en las facturas que soportan las operaciones registradas, como resultado de las verificaciones y cruces de información realizados determinó que no fue posible comprobar las transacciones que se enuncian a continuación:
Proveedor
Valor rechazado
Observaciones
Melba Rojas Díaz
$40.000.000
El Auto de Verificación o Cruce 072382009000051 del 31/07/2009 fue devuelto por correo bajo la causal «no conocen al destinatario».
En la visita practicada a la dirección informada se estableció que, desde el año 2005, el proveedor no estaba ubicado en ese lugar, en el que funcionaba otro establecimiento de comercio.
El proveedor era omiso en ventas 2008 y renta desde el año gravable 2007.
En la visita contable adelantada a la actora, se determinó que los cheques con que se efectuaron los pagos al proveedor, fueron girados a nombre de otros sujetos diferentes del proveedor.
Comercializadora Market Customs Ltda.
$21.600.000
El Auto de Verificación o Cruce 072382009000054 del 4/08/2009 fue devuelto por correo bajo la causal «no conocen al destinatario».
En la visita realizada en la dirección informada se determinó que funciona otro establecimiento y que el proveedor nunca operó en ese lugar.
En una nueva visita realizada el 29/10/2009 en la dirección actualizada del RUT del proveedor, se estableció que en esa dirección tampoco funcionaba la sociedad.
En la inspección contable realizada a la actora, se determinó que el cheque que soporta el pago al proveedor fue girado a nombre de un tercero.
Daniel Guerrero Núñez
$63.750.000
El Auto de Verificación o Cruce 072382009000053 del 4/08/2009 fue devuelto por correo bajo la causal «Dirección Incorrecta».
En la visita practicada en la dirección informada se determinó que la dirección no existe.
Se estableció que el proveedor no presentó las declaraciones del 5º y 6º bimestre del 2008, y que estaba omiso en renta en ese periodo.
Suelatek S.A.
$58.896.000
En la visita practicada al proveedor se solicitaron los documentos de soporte de las transacciones realizadas con la actora, los cuales no fueron entregados porque se encontraban «en poder de la contadora», la cual no fue posible localizar.
Si bien la sociedad se comprometió a enviar la documentación pertinente, esta no fue remitida.
Se estableció que el proveedor era omiso del impuesto sobre las ventas del 1º y 6º bimestre de 2008 y en renta de ese mismo periodo.
Hegaselo Ltda.
$96.880.000
En la visita realizada en la dirección informada del proveedor, se estableció que funcionaba otro establecimiento de comercio.
Luis Omar Campos
$57.365.750
Mediante Oficio 107201238-8560 del 12/08/2009 se solicitó cruce con el proveedor, el cual fue devuelto por correo bajo la causal «no existe número».
Mediante el Auto de Traslado de Pruebas 051 del 10/05/2011, se remitió al proceso el acta de visita practicada al proveedor en la ciudad de Bogotá D.C., en la cual se informó que, la dirección informada «es la vivienda de habitación y la visita fue atendida por un menor de edad (…) hijo del Señor LUIS OMAR CAMPOS, quien manifestó que su papa se encontraba trabajando en San Benito, pero no sabía dónde, pero que es cueros y que se encontraba sólo en casa».
Luz Marina Vargas Díaz
$180.072.715
Mediante auto 051 del 10/05/2011 se incorporaron diferentes pruebas al expediente, entre ellas, el acta de vista practicada al proveedor, la cual precisó que no tiene registrado en el RUT o en Cámara de Comercio ningún establecimiento de comercio, y que la dirección informada corresponde a la de su esposo, quien cuenta con la capacidad para procesar 1.500 pieles, y no las 70.385 registradas por la actora.
Que en el libro de inventarios y balances no se explicó la cuenta en que contabilizó las facturas pendientes de pago, que sirven de soporte de las transacciones realizadas.
Señaló que, entre los proveedores de la señora Luz Marina se encuentra Luis Omar Campos, quien manifestó que su actividad es la compra y venta de pieles y la desarrolla en una bodega que arrienda cuando necesita curtir; que no tiene facturas de compra de las pieles porque las compra en pueblos a terceros que no expiden facturas y que no se pudo constatar la contabilidad, porque supuestamente estaba en poder del contador.
Indicó que tampoco se pudo establecer la forma como se transportó la mercancía de Bogotá D.C. hasta la ciudad de Cúcuta.
La entidad demandada concluyó que «no se pudo localizar a los proveedores HEGASELO LTDA., Nit. 800.256.226, ROJAS DÍAZ MELBA, Nit. 52.094.889, COMERCIALIZADORA MARKET CUSTOMS LTDA., Nit. 900.197.741, GUERRERO NÚÑEZ DANIEL, Nit. 88.202.095 con el fin de determinar las transacciones comerciales, el proveedor SUELATEK S.A., Nit. 811.026.276, en el cruce efectuado no aportó la documentación necesaria para demostrar dichas transacciones y los proveedores CAMPOS LUIS OMAR, Nit. 79.436.057 y DIAZ VARGAS LUZ MARINA, Nit. 55.159.584, han sido declarados como posibles proveedores ficticios por cuanto en cruces realizados por la Seccional de Impuestos de Bogotá, se demostró que no tienen capacidad de operación para realizar dichas transacciones con la Comercializadora Internacional ATLANTEX LTDA», por lo que propuso desconocer costos por $518.564.465, lo cual fue acogido en la liquidación de revisión y la resolución que la confirmó.
En la respuesta al requerimiento especial y en el recurso de reconsideración, la actora no controvirtió las pruebas recaudadas en la actuación administrativa, y se limitó a señalar que la DIAN fundó la decisión de modificar la declaración cuestionada en apreciaciones subjetivas, no previstas en la legislación fiscal, y que la contabilidad de la sociedad, al ser llevada en debida forma, constituía prueba a su favor.
La Sala observa que en el trámite de primera instancia se practicó dictamen pericial en relación con las operaciones señaladas, el cual indicó:
Tercero
Observación
Melba Rojas Díaz
«…en la vista contable y tributaria adelantada a la sociedad investigada se solicitaron los números de cheques con que fueron efectuados los pagos a este proveedor, observándose que dichos cheques fueron girados a nombre de Pedro Sierra y Juan Leonardo Lizarazo y ninguno de ellos a Melba Rojas Díaz».
Comercializadora Market Customs Ltda.
«En la inspección Contable y Tributaria efectuada a C.I. Atlantex Ltda., consta que el cheque girado para pagar la factura de Comercializadora Market Customs Ltda se hizo a nombre de Oswaldo Antony Quintero».
Daniel Guerrero Núñez
«Dentro de la visita Contable y Tributaria efectuada a la sociedad investigada le fueron solicitados todos los documentos relacionados con la compra a ese proveedor ubicado presuntamente en la ciudad de Cúcuta; la sociedad entregó todos los documentos incluidos los números de cheques con que efectuaron la cancelación de las compras, dejando el funcionario comisionado la siguiente constancia: “Es de anotar que verificados los cheques antes mencionados, se observa que los mismos fueron girados a: Daniel Guerrero Núñez, fueron endosados por Daniel Guerrero con C. de C. 80.744.325 (que difiere del Nº de identificación del proveedor) y cobrados por Diego Blandón».
Hegaselo y CIA Ltda
«En la investigación contable y tributaria realizada a C.I. Atlantex Ltda y que consta en el Acta de Inspección Tributaria, en anexo al el Requerimiento Especial y a la Liquidación de Revisión se observa que no se informaron ni comprobaron guías de transporte desde la ciudad de Medellín a Cúcuta y que los cheques mencionados como soportes de los pagos fueron girados a: Anderson Pedraza, Humberto Blanco, Javier Muñoz y Jorge Gutiérrez».
Luis Omar Campos
«En la inspección Contable y Tributaria adelantada a la sociedad investigada se solicitaron todos los documentos relacionados con la transacción efectuada con Luis Omar Campos, incluido el cheque mediante el cual se pagó, documentos que fueron entregados debidamente, incluyendo la guía de transporte # 167811; en cuanto al cheque con el que se efectuó el pago se giró a nombre de Gladys M. Vera Gómez. Al verificar esta guía de transporte en el expediente al folio 102 cuadernillo 10 consta que la empresa transportadora es Transquintero Ltda y la carga corresponde a 46 bultos y su fecha es 23-02-2008».
Suelatek S.A.
«Dentro de la inspección Contable y Tributaria adelantada a la sociedad investigada se solicitaron todos los documentos relacionados con las transacciones efectuadas con Suelatek S.A. incluidos los cheques mediante los cuales se cancelaron y las guías de transporte, habiendo sido entregados debidamente, incluyendo las guías de transporte #M2895 de Transquintero Ltda. #15239777 de Transportes Saferbo S.A. (ver folios 1931, 1940); en cuanto a los cheques con los que se efectuaron los pagos el #833579 fue girado a Luis Fernando Uribe, entendiéndose que los otros fueron girados directamente al citado proveedor».
Luz Marina Díaz Vargas
«En la investigación contable y tributaria realizada a C.I. Atlantex Ltda y que consta en el Acta de Inspección Tributaria, en anexo al Requerimiento Especial y a la Liquidación de Revisión se observa que no se informaron ni comprobaron guías de transporte que amparen las facturas correspondientes a las mercancías despachadas desde Bogotá y que los cheques mencionados como soportes de los pagos fueron girados a: Anderson Pedraza, Gladys M. Vera. Oscar Alberto Tarazona, Gladys M. Vera, Mauricio Duarte y Javier Muñoz».
El dictamen concluyó que se deben desconocer las compras a los proveedores Melba Rojas Díaz, Comercializadora Market Customs Ltda, Daniel Guerrero Núñez, Hegaselo Ltda y Luz Marina Vargas Díaz, y que se deben reconocer las realizadas a Suelatek S.A. y Luis Omar Campos, «por no existir plena prueba que demuestre la inexistencia de transacciones», lo cual sirvió de fundamento a la decisión adoptada por el a-quo.
La Sala considera que con medios de prueba -no controvertidos por la actora-, se desvirtuaron las operaciones que sirvieron de soporte de los costos cuestionados.
La Sala ha dicho que entre los medios de prueba admisibles en materia tributaria están los indicios, los cuales, acudiendo a una de las definiciones doctrinales existentes, fueron definidos como «la inferencia lógica a través de la cual de un hecho cierto y conocido se llega a conocer otro desconocido ».
Como los indicios parten de la existencia de un hecho cierto o conocido denominado hecho indicador, el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 240 del Código General de Proceso, señala que el mismo debe estar debidamente probado en el proceso, lo cual exige su acreditación mediante otros medios de prueba.
De igual forma, el artículo 250 ibídem prevé que los indicios deben ser apreciados en conjunto por el juez, «teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso».
En materia fiscal, los indicios son prueba en la medida en que su aplicación está supeditada a la falta de pruebas directas, cuya validez fue tratada por la Sala, al señalar:
«Requisitos para la validez probatoria de la prueba por indicios
“Procesalmente, existen indicios con fines probatorios cuando la prueba de los hechos conocidos de los que se infieren aquellos, aparece completa y convincente en el proceso, como ocurre en el caso de autos.
En ese sentido, la prueba de los hechos indicadores puede resultar de un conjunto diverso como testimonios, inspección, dictamen pericial, documentos y otros indicios, y, a su vez, un solo medio de prueba puede demostrar varios indicios si da cuenta de diversos hechos. Esos medios de prueba, a su vez, deben reunir las formalidades legales que les son propias.
Así mismo, para la existencia de indicios, el hecho probado debe tener alguna conexión lógica necesaria o probable con el hecho que se investiga, de modo que del primero pueda predicarse alguna significación probatoria respecto del segundo.
Síguese de ello que la mayor o menor fuerza probatoria del indicio depende del mayor o menor nexo lógico que tenga con el hecho desconocido que se pretende demostrar. De esta manera, el hecho probado debe tener tal significación probatoria respecto del hecho investigado, que puede advertirse una relación de causalidad entre uno y otro (…)
Igualmente, su eficacia probatoria depende de la conducencia que debe tener respecto del hecho investigado, la cual es perfecta cuando otros medios probatorios lo ratifican; de la inexistencia de una falsa o aparente conexión entre el hecho indicador y el investigado, posibilidad que se garantiza cuando hay un número plural de indicios contingentes que conduzcan al mismo hecho; de la autenticidad del hecho indiciario de acuerdo con las pruebas de quien lo alega a su favor; de la certeza de la relación de causalidad entre el hecho o hechos indicadores y el investigado, la que claramente se refuerza en el contexto de los varios indicios contingentes, incluso con diferente fuerza inferencial, pero que concurran a indicar el mismo hecho y converjan a formar el convencimiento de juez en el mismo sentido; y de la existencia de pruebas que infirmen los hechos indiciarios o que demuestren un hecho opuesto al que ellos indican». (Se subraya).
Además, la Sala precisó que mediante indicios se puede determinar que el contribuyente simuló operaciones, lo cual desvirtúa la presunción de veracidad de la declaración tributaria, pues la actora «omitió demostrar la existencia real de las operaciones mercantiles cuestionadas, como era su deber».
En el caso concreto, se advierte que las operaciones con los proveedores Melba Rojas Díaz, Comercializadora Market Customs Ltda, Daniel Guerrero Núñez, Hegaselo Ltda y Luz Marina Díaz, fueron desvirtuadas en la actuación administrativa mediante indicios debidamente demostrados, que no fueron desvirtuados por la actora, a quien le asistía la carga de la prueba.
En relación con los proveedores señalados, en el expediente están demostrados los siguientes hechos, de los cuales se infiere la simulación de las operaciones: la inexistencia del proveedor en la dirección informada, en la dirección del proveedor funcionaban otros establecimientos de comercio, algunos proveedores no pudieron ser localizados o no tenían la capacidad operativa para realizar las operaciones cuestionadas, no presentaron la información requerida, los documentos de pago de la transacción no estaban dirigidos al proveedor, entre otras, circunstancias que al ser apreciadas bajo las reglas de la sana crítica, demuestran la inexistencia de las operaciones declaradas.
La Sala observa que de las pruebas del proceso se infiere que los proveedores Suelatek S.A. y Luis Omar Campos no realizaron operaciones con la actora, por las razones que pasan a explicarse:
En el caso de Suelatek, S.A., el acta de visita de verificación del 15 de febrero de 2010, indicó que la representante legal de la sociedad afirmó que «conoce a la C.I. ATLANTEX LTDA y durante el año 2008 sí le hicieron ventas de suelas»; sin embargo, no se aportaron los soportes requeridos por la autoridad fiscal en relación con dicha operación.
Si bien el dictamen pericial señaló que en el expediente aparecen las guías de transporte de las compras, ello no acredita la realidad de las operaciones, pues lo que obra es una relación de guías que no permite establecer las circunstancias de tiempo, modo o lugar en que ocurrió la operación, y no constituye un documento idóneo que demuestre la transacción.
De otro lado, el cheque mediante el cual se pretenden soportar pagos a Suelatek S.A. por las operaciones realizadas, mencionado en el dictamen pericial, fue girado a nombre de un tercero (Luis Fernando Uribe), circunstancia que se repite frente a otros supuestos proveedores.
En relación con Luis Omar Campos, en el expediente está demostrado que el cheque que soporta la operación se giró, al igual que en el caso de Suelatek S.A. y otros proveedores, a nombre de un tercero ajeno a la operación (Gladys M. Vera Gómez), circunstancia que no fue explicada por la actora.
La guía de transporte 167811 del 23 de febrero de 2008, no permite establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la operación, y si los productos transportados coinciden con los relacionados en la factura de venta 0475 del 12 de enero de ese año por la suma de $57.365.750.
La dirección reportada por el proveedor corresponde a una «vivienda de habitación» y no a un establecimiento de comercio.
En esas condiciones, la Sala considera que, además de que los documentos referidos no constituyen prueba idónea que soporte las transacciones declaradas entre la contribuyente y los terceros mencionados, la autoridad fiscal tampoco pudo verificar su realización, siendo procedente su rechazo.
Por lo anterior y contrario a lo expresado por el Tribunal, del análisis conjunto de las pruebas del proceso, y en particular de las relacionadas con los proveedores Suelatek S.A. y Luis Omar Campos, la Sala considera que los actos administrativos se fundaron en el acervo probatorio, no desvirtuado por la contribuyente, mediante el cual se pudo establecer la inexistencia o simulación de las operaciones cuestionadas.
De otro lado y en atención a lo expuesto, la Sala considera que el costo presunto a que se refiere el artículo 82 del Estatuto Tributario no es aplicable pues, como se evidenció, las operaciones constitutivas de costo registradas por la actora son inexistentes, además porque el citado artículo 82 ejusdem, no incluye «la no comprobación» como presupuesto para su aplicación.
Sanción por inexactitud - Reiteración Jurisprudencial.
El artículo 647 del Estatuto Tributario establece que procede la sanción por inexactitud, entre otros eventos, cuando en la declaración se incluyen costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes, o se utilizan datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados de los que se derive un menor impuesto a cargo o un mayor saldo a favor del contribuyente.
En este caso, la Sala considera que procede la sanción, porque la actora incluyó en su declaración datos equivocados de los cuales se derivó un menor valor a pagar, lo que constituye inexactitud sancionable.
Ahora bien, la Sala pone de presente que mediante el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario, se estableció en el parágrafo 5 que «el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior».
Al respecto, se observa que la sanción por inexactitud consagrada en el artículo 647 del Estatuto Tributario, fue modificada por la Ley 1819 de 2016, al establecer una sanción más favorable, en tanto disminuyó el valor del 160% -establecido en la legislación anterior- al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en las liquidaciones oficiales y el declarado por el contribuyente.
En consideración a lo anterior, la Sala dará aplicación al principio de favorabilidad y establecerá el valor de la sanción por inexactitud en el 100% y no el 160% impuesto en los actos demandados.
Por lo tanto, la Sala revocará la sentencia apelada, en el sentido declarar la nulidad parcial de los actos demandados, en lo referente al valor de la sanción por inexactitud, conforme con lo expuesto en esta providencia.
En consecuencia, la Sala procederá a practicar una nueva liquidación del impuesto de renta del año gravable 2008, para recalcular la sanción por inexactitud y el total saldo a pagar, así:
SOCIEDAD ATLANTEX LTDA -AÑO GRAVABLE 2008
CONCEPTOS
LIQ PRIVADA
LOR
LIQ C DE E
Impuesto a cargo
$56.972.000
$268.314.000
$268.314.000
Anticipo por el año gravable
$9.383.000
$9.383.000
$9.383.000
Anticipo por el año gravable siguiente
$28.403.000
$28.403.000
$28.403.000
Saldo a pagar por impuesto
$75.992.000
$287.334.000
$287.334.000
Sanciones
$0
$338.147.000
$211.342.000
Total saldo a pagar
$75.992.000
$625.481.000
$498.676.000
Cálculo Sanción por inexactitud
Impuesto a cargo contribuyente
$56.972.000
Impuesto a cargo C. de E.
$268.314.000
Base sanción por inexactitud
$211.342.000
Tarifa (E.T. arts 640 y 648)
100%
Sanción por inexactitud
$211.342.000
Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, no se condenará en costas en esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas en el proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVÓCASE el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 19 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. En su lugar, se dispone:
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, FÍJASE como total saldo a pagar a cargo de la contribuyente Sociedad de Comercialización Internacional Atlantex Ltda, por concepto del impuesto sobre la renta del año gravable 2008, la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($498.676.000), de acuerdo con la liquidación contenida en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada, conforme con lo expuesto en esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: RECONÓCESE personería para actuar como apoderada de la entidad demandada, a Tatiana Orozco Cuervo, en los términos del poder visible en el folio 521 del c.p.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
MILTON CHAVES GARCÍA JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Fl. 98 del c.a. 1. Cuyo objeto social es la comercialización y venta de textiles, confecciones, calzado y «todo lo relacionado con pieles». Fl. 34 vto. del c.p. Fls. 87 a 91 del c.a. 3. Fls. 200 a 204 del c.a.3. Fls. 12 a 71 del c.a. 11. Fls. 2 a 37 del c.a.12. – 38 a 64 del c.p. Fls. 55 a 80 del c.a. 12. Fls. 81 a 114 del c.a. 12. Fls. 62 a 77 del c.p. Sentencia 16920 de 2010. En el asunto bajo estudio no se discute la legalidad de las declaraciones de IVA y retenciones. Fls. 245 a 249 del c.p. Fls. 276 a 291 del c.p. Fls. 301 a 307 del c.p. Fls. 338 a 340 del c.p. Fls. 359 a 361 del c.p. Sentencias 25 de junio de 2012, Exp. 17701, C.P. William Giraldo Giraldo, del 15 de mayo de 2014, Exp. 19647, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, del 3 de junio de 2015, Exp. 19312, del 29 de junio de 2017, Exp. 20838, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 15 de junio de 2016, Exp. 21368, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 5 de julio de 2018, Exp. 20918, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Norma vigente durante los hechos en discusión. La actora incrementó el impuesto neto de renta en al menos cinco (5) veces la inflación causada en el respectivo año gravable, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior. Guía Servientrega 1016760445 Fl. 87 del c.a. 3.
«La declaración tributaria quedará en firme, si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. La declaración tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, quedará en firme si dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación, no se ha notificado requerimiento especial. También quedará en firme la declaración tributaria, si vencido el término para practicar la liquidación de revisión, ésta no se notificó». Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso). Cfr. Sentencia del 4 de octubre de 2018, Exp. 19778, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Artículos 703 y 704 del Estatuto Tributario. Artículo 707 del Estatuto Tributario. Fl. 19 del c.a. 11. Fls 2 a 37 del c.a.12. C.P.C. «Art. 185.- Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella». Hoy, artículo 174 del Código General del Proceso. Sentencia del 14 de abril de 2011, Exp. 19138, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. En el mismo sentido se pronunció la Sala en la sentencia 19611 del 16 de octubre de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Entre otras, sentencias del 1º de marzo de 2012, Exp. 17568, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 7 de mayo de 2015, Exp. 20580, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; del 13 de agosto de 2015, Exp. 20822, C.P. Martha Teresa Ortiz de Rodríguez, del 25 de octubre de 2017, Exp. 20762 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 3 de mayo de 2018, Exp. 20727, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. E.T. «Art. 684. Facultades de fiscalización e investigación. La Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. Para tal efecto podrá:
a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario.
b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados.
c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios.
d.
Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados.
e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad.
f. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación (…)». Artículo 746 del E.T. Literales b), c), d), e), f), y g) del artículo 617 y artículo 618 del Estatuto Tributario. Sentencia del 19 de marzo de 2016, Exp. 21185, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Artículo 774 del Estatuto Tributario. Factura 1463 del 21 de febrero de 2008 – fl. 84 del c.a. 10. Fl 81 del c.a. 2. Factura 0037 del 22 de abril de 2008 – fl. 82 del c.a. 10. Fl 95 del c.a. 2. Fl 99 y 100 del c.a. 2. Facturas 0017 y 0018 del 10 de septiembre de 2008 – fls. 86 y 88 del c.a.10. Fl 94 del c.a. 2. Fl. 130 del c.a.10. Factura 0475 del 12 de febrero de 2008 – fl. 102 del c.a. 10. Fls. 181 a 185 del c.a.10. Requerimiento especial. Fls. 276 a 291 del cuaderno del Tribunal. Fl. 289 del c.p. Sentencia del 3 de mayo de 2018, Exp. 20727, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Artículo 175 del C.P.C., vigente durante los hechos en discusión, hoy artículo 165 del Código General del Proceso. Parra Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Bogotá 2002. Pág. 563
Sentencia del 13 de agosto de 2015, Exp. 20822, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Hoy artículo 240 del Código General del Proceso. Hoy, artículo 242 del Código General del Proceso. Sentencia de 12 de octubre de 2015, Exp. 1999, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. La anterior jurisprudencia fue puesta de presente por la Sala en sentencia del 29 de junio de 2017, Exp. 21332, C.P. Milton Chaves García. Cfr. Sentencia del 3 de mayo de 2018, Exp. 20727, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Fls. 140 a 146 del c.a. 4. Facturas de venta, libro auxiliar, balance de comprobación, copia del libro mayor y balances, entre otros. Fl. 132 del c.a.10. Fl. 2154 del c.a.11. Fl. 102 del c.a.10.
«Pies, cuero colores varios»
Fl. 102 del c.a.10. E.T. «Art. 82. Determinación de costos estimados y presuntos. Cuando existan indicios de que el costo informado por el contribuyente no es real o cuando no se conozca el costo de los activos enajenados ni sea posible su determinación mediante pruebas directas, tales como las declaraciones de renta del contribuyente o de terceros, la contabilidad o los comprobantes internos o externos, el funcionario que esté adelantando el proceso de fiscalización respectivo, puede fijar un costo acorde con los incurridos durante el año o período gravable por otras personas que hayan desarrollado la misma actividad del contribuyente, o hayan hecho operaciones similares de enajenación de activos, atendiendo a los datos estadísticos producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por el Banco de la República, por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Superintendencia de Sociedades u otras entidades cuyas estadísticas fueren aplicables. Su aplicación y discusión se hará dentro del mismo proceso. Si lo dispuesto en este artículo no resultare posible, se estimará el costo en el setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la respectiva enajenación, sin perjuicio de las sanciones que se impongan por inexactitud de la declaración de renta o por no llevar debidamente los libros de contabilidad». En igual sentido se pronunció esta Sala en sentencias del 4 de agosto de 2011, Exp. 17628 C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 26 de febrero de 2014, Exp. 19090, y del 19 de mayo de 2016, Exp. 21185, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Se reitera el criterio expuesto por la Sala en sentencias del 20 de febrero de 2017, Exp. 20623, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas (E) y 9 de marzo de 2017, Exp. 19823, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
«Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones». E.T. «Artículo 647. Sanción por inexactitud. (…) La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente». Artículo 288 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 648 del E.T. C.G.P. «Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 5). En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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