Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 54001-23-33-000-2017-00571-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 54001-23-33-000-2017-00571-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 54001-23-33-000-2017-00571-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
3 de marzo de 2022
Radicado: 54001-23-33-000-2017-00571-01 (24880)
Demandante: Arrocera Éxito S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D. C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 54001-23-33-000-2017-00571-01 (24880)
Demandante ARROCERA ÉXITO S.A.S.
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Temas: Impuesto sobre la renta y complementarios. Adición de
ingresos. Rechazo de costos. Carga de la prueba.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por Arrocera Éxito S.A.S. contra
la Sentencia del 11 de julio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, que decidió:
«PRIMERO: DECLÁRASE parcialmente nulas la resolución Liquidación Oficial de Revisión
No. 072412016000008 del 01 de marzo de 2016 y la Resolución No. 001833 del 17 de Marzo
de 2017 que resuelve el recurso de reconsideración confirmando la decisión, expedidas por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante las cuales se modificó la declaración
del impuesto de renta del año 2012 presentada por el Contribuyente ARROCERA ÉXITO SAS,
en lo que tiene que ver con la sanción por inexactitud, de conformidad con la parte motiva de
la presente providencia. NIÉGUENSE las demás pretensiones.
SEGUNDO: a título de restablecimiento del derecho TÉNGASE como valor a pagar a cargo
del contribuyente por concepto de sanción por inexactitud la suma de 100% de la diferencia
entre el saldo a pagar oficialmente y el determinado privadamente, para el caso de
$2.566’085.000, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: NIÉGUENSE las demás súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la decisión.
CUARTO: ABSTENERSE de efectuar condena en costas en esta instancia, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva.
(…)1».
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Arrocera Éxito S.A.S. presentó la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios por el año gravable 2012 el 15 de abril de 2013. En ella liquidó los
ingresos brutos operacionales por $21.400’264.000 y los costos de ventas por
$20.367’991.000.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) profirió el
Requerimiento Especial Nro. 07238201500039 del 5 de agosto de 2015. En él
propuso: i) modificar el renglón 42 (ingresos brutos operacionales), para adicionar
el valor de $506.353.000; ii) modificar el renglón 49 (costos de ventas), para
1 Folio 234 del cuaderno 2.
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Demandante: Arrocera Éxito S.A.S.
rechazar el valor de $7.269’664.383; iii) imponer sanción por inexactitud equivalente
al 160% de la diferencia entre el saldo a pagar declarado y el determinado
oficialmente; y iv) impuso la sanción del artículo 658-1 del Estatuto Tributario al
representante legal y al revisor fiscal.
La contribuyente se opuso al requerimiento especial. Pero la DIAN negó sus
argumentos y acogió las modificaciones propuestas en la Liquidación Oficial de
Revisión Nro. 072412016000008 del 1.° de marzo de 2016.
La sociedad presentó recurso de reconsideración contra la anterior decisión,
circunscribiendo sus argumentos contra la Liquidación Oficial de Revisión y a la
respectiva sanción por inexactitud, sin referirse a las sanciones impuestas al
representante legal y la revisora fiscal. La autoridad tributaria profirió la Resolución
Nro. 1833 del 17 de marzo de 2017. En ella redujo la sanción por inexactitud al
100%, pero solo respecto de la diferencia derivada de la adición de ingresos, y
confirmó en lo demás el acto recurrido. Es decir que confirmó la adición de ingresos,
el rechazo de costos y la sanción por inexactitud equivalente al 160% de la
diferencia derivada del rechazo de los costos (artículo 648 numeral 2 del Estatuto
Tributario).
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), Arrocera Éxito S.A.S. formuló las
siguientes pretensiones:
«DECLARATIVAS:
PRIMERA: Declarar la nulidad de los actos administrativos que a continuación relaciono: 1)
LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN N° 072412016000008 DEL 1 DE MARZO DE 2016; 2)
RESOLUCIÓN DE RECURSO DE RECONSIDERACÓN QUE CONFIRMA N° 001833 DEL 17
DE MARZO DE 2017.
SEGUNDA: Que, como consecuencia de las anteriores pretensiones se confirme la
declaración privada del Impuesto renta año gravable 2012 presentada por la sociedad
ARROCERA ÉXITO S.A.S. NIT 900-389.995-8.
CONDENATORIAS:
PRIMERA: Que, a título de Restablecimiento del Derecho se condene a la Nación
Colombiana, Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
Dirección Seccional de Impuestos Nacionales de Cúcuta, a reintegrar a mi cliente,
ARROCERA ÉXITO S.A.S. NIT 900.389.995-8. los valores que por cualquier concepto tenga
que pagar a la DIAN, como consecuencia de la aplicación de los actos demandados, en caso
de hacerse efectiva por medios coactivos.
SEGUNDA: Que, a título de Restablecimiento del Derecho, igualmente, se condene a la
nación Colombiana, Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, Dirección Seccional de Impuestos Nacionales de Cúcuta a pagar a ARROCERA
ÉXITO S.A.S. NIT 900.389.995-8, el monto correspondiente a la pérdida del valor adquisitivo
del peso Colombiano, y de los intereses por las sumas que esa corporación ordene reintegrar,
desde el momento de su causación y hasta que se haga respectivo su fallo respectivo (sic).
TERCERA: Condenar a la Nación Colombiana, Unidad Administrativa Especial Dirección de
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Demandante: Arrocera Éxito S.A.S.
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, Dirección Seccional de Impuestos Nacionales de
Cúcuta en costas del proceso de conformidad con el Código de Procedimiento Civil
Colombiano en armonía con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo (Modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1.998).
CUARTA: Condenar a la Nación Colombiana, Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, Dirección Seccional de Impuestos Nacionales de
Cúcuta a reconocer y pagar el interés comercial sobre las sumas de dineros liquidadas
reconocidas en la sentencia durante los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la misma,
y moratorios después de este término.
QUINTA: Que, se ordene a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN-, Dirección Seccional de Impuestos Nacionales de Cúcuta a dar
cumplimiento a las sentencias conforme a lo establecido en los artículos 176, 177 y 178 del
Código Contencioso Administrativo»2.
Para los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 2, 4, 6, 29,
83, 95 y 228 de la Constitución; los artículos 87, 177-2, 494, 615, 616, 617, 618,
671, 683, 689, 714, 730, 732, 734, 742, 745, 759 y 771-2 del Estatuto Tributario; los
artículos 3 y 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo; el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil y la totalidad del
Decreto 2044 de 2007.
El concepto de la violación de las citadas normas se sintetiza así:
1. Violación del debido proceso por la indebida adición de ingresos.
Considera el actor que existe una violación al debido proceso en la aplicación de la
presunción de ingresos basada en las inconsistencias en las compras, entre otras
por las siguientes razones:
Apoyada en la premisa que no es procedente ningún costo sin que exista venta, la
actuación adicionó improcedentemente ingresos sin reconocerles ningún costo.
En el trámite administrativo se solicitó rectificar las cantidades de arroz comprado a
terceros que se tuvieron por probadas, pues los cuadros de las páginas 12 y 14 del
requerimiento especial son contradictorios sobre este punto. Pese a lo anterior, la
DIAN no realizó esta revisión, lo cual demuestra que tomó los valores a su
conveniencia.
En el requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión consta que la
funcionaria investigadora solicitó información por teléfono, a pesar de no tener
sustento legal para hacerlo.
La adición de ingresos desconoció el artículo 703 del Estatuto Tributario porque el
requerimiento especial no indicó los puntos que proponía modificar ni los
fundamentos jurídicos para hacerlo. Aunque se afirma que existieron indicios para
adicionar los ingresos, no se aplicaron los artículos 754 a 763 del Estatuto Tributario
al respecto. Especialmente, se echa de menos el cumplimiento de los artículos
relacionados con la presunción sobre inventarios de los artículos 757, 759 y 760
ibidem.
La adición de ingresos se sustentó en valoraciones subjetivas. En efecto, de
2 Folios 1 a 2 del cuaderno 1.
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haberse investigado en debida forma, la DIAN habría concluido que el arroz se
entrega al comprador, para lo cual se expiden remesas o guías de Fedearroz.
Luego, el comprador liquida el valor efectivamente recibido y aplica los descuentos
por la calidad y humedad del producto. Finalmente, el comprador entrega esta
información al vendedor para que expida la factura correspondiente. Así las cosas,
la DIAN se equivocó al tener en cuenta únicamente las guías expedidas por
Fedearroz al enviar el producto, en especial cuando algunas de ellas fueron
anuladas.
La DIAN no aplicó el artículo 64 del Estatuto Tributario, el cual permite la disminución
del inventario final hasta por el 3% de la mercancía de fácil destrucción o pérdida.
Esta norma es aplicable al caso bajo examen porque el arroz es un alimento que
presenta pérdidas de cantidades por la humedad y otras circunstancias.
2. Falsa motivación por el rechazo de los costos de ventas.
La DIAN incurrió en falsa motivación porque rechazó los costos de ventas sin tener
pruebas suficientes para hacerlo. Concretamente se presentaron las irregularidades
que se exponen a continuación.
Mary Esperanza Ascanio Pérez: La proveedora aceptó tener relaciones comerciales
con la demandante durante el año 2012 por el valor de $460’351.840. Aunque se
declaró que la operación fue de $622’141.893, lo expuesto era suficiente para
aceptar la existencia de la operación comercial, al menos de forma parcial. Sin
embargo, la DIAN rechazó el total de los costos declarados respecto de esta
proveedora sin tener sustento normativo para hacerlo. Además, desconoció los
artículos 703 y 704 del Estatuto Tributario porque el requerimiento especial no indicó
las razones del rechazo de los costos ni cuantificó el monto de la sanción.
Asdrúbal Pérez Arévalo: Las operaciones con este proveedor fueron rechazadas
porque no pudo constatarse su existencia con el cruce de información de terceros,
no se pudo localizar al proveedor en la dirección registrada en el RUT y porque la
actividad económica registrada en el RUT no tiene relación con la producción de
arroz. Sin embargo, la entidad omitió señalar la norma del Estatuto Tributario que la
habilita para rechazar este costo y contrarió el artículo 703 ibidem.
José Marcelino Fernández Ochoa: La autoridad tributaria no pudo localizar al
proveedor y concluyó que las operaciones fueron inexistentes porque un vecino que
vive en el sector desde hace solo 6 meses antes de la visita, es decir después de
finalizado el periodo fiscalizado, afirmó que no conoce al proveedor. De otro lado, la
autoridad tributaria afirmó que no existe información exógena que pruebe la
existencia operación comercial. Pero esta afirmación no es suficiente para rechazar
los costos porque no todos los contribuyentes tienen la obligación de informar, sino
que depende de los criterios fijados por la DIAN cada año. En consecuencia, es
válido que no haya información exógena en este caso.
José Ramiro Vivas Sánchez: Las operaciones con el proveedor fueron rechazadas
porque no fue localizado en la dirección del RUT y porque no presentó su
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable
2012. Pero estos hechos no son suficientes para rechazar las operaciones
comerciales porque no son imputables al demandante, sino que solo conllevan la
sanción del tercero por incumplir sus obligaciones formales.
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Demandante: Arrocera Éxito S.A.S.
José Joaquín Pinzón: Se rechazó esta operación porque no se pudo localizar al
proveedor en la dirección del RUT, el actual residente del lugar afirmó que no lo
conoce, además no existe información exógena de la transacción y el proveedor no
presentó su declaración de renta. Pero ese testigo afirmó que solo habita el lugar
desde hace quince días antes de la visita.
Gloria Helena Mantilla Sandoval y la Cooperativa Comercializadora Multiproductos
de Oriente (en adelante Coomulproriente): Estas operaciones comerciales fueron
rechazadas por valoraciones subjetivas del funcionario de la DIAN. En efecto, la
autoridad se limitó a señalar que la primera proveedora no fue localizada en su
dirección, que no aparece ningún reporte de las transacciones realizadas por ella y
no presentó su declaración de renta. En cuanto a la segunda, afirmó que la
transacción se soportó en facturas expedidas en el año 2013 sin tener pruebas para
realizar esta afirmación.
Gustavo Duque Neira: La DIAN rechazó esta operación porque el proveedor corrigió
su declaración de renta por el año 2012 y redujo la liquidación de los costos. Sin
embargo, esto no tiene relación con el objeto de la investigación porque no fueron
modificados ingresos originados en la transacción con la demandante.
La DIAN afirmó que en todos los casos expuestos se solicitó en debida forma la
información mediante requerimientos ordinarios. Pero esta afirmación no es cierta
porque en algunos casos no fueron publicados los avisos ante la devolución del
correo, según lo ordena el artículo 568 del Estatuto Tributario.
La autoridad tributaria no desvirtuó la contabilidad del demandante, por lo que se
considera prueba en su favor por los artículos 772 a 776 del Estatuto Tributario. En
consecuencia, los costos declarados son procedentes por cumplir con los requisitos
dispuestos en el estatuto Tributario.
Lo expuesto demuestra que la entidad demandada desconoció los principios de
justicia y equidad tributaria y el derecho al debido proceso de la contribuyente,
porque rechazó los costos sin pruebas. Esta afirmación fue sustentada en las
sentencias C-506 del 3 de julio de 2002 y T-061 del 4 de febrero de 2002, proferidas
por la Corte Constitucional.
En gracia de discusión, si procede el rechazo de los costos, debió aplicarse el
artículo 82 del Estatuto Tributario. Esta norma autoriza a la DIAN para fijar un costo
acorde con los incurridos por otras personas que desarrollen la misma actividad
durante el periodo gravable objeto de fiscalización. Este costo presunto es aceptado
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la Sentencia del 14 de octubre de
19943, y por la doctrina de la DIAN, en el Concepto Nro. 061066 del 9 de agosto de
2007.
3. Improcedencia de la sanción por inexactitud.
Comoquiera que no se cumplen los requisitos para rechazar los costos de ventas y
adicionar los ingresos brutos operacionales, no es procedente la sanción por
inexactitud.
3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 5756. Sentencia del
14 de octubre de 1994. CP: Jaime Abella Zárate.
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Oposición a la demanda
La DIAN controvirtió las pretensiones con base en los siguientes argumentos:
1. No hubo violación del derecho al debido proceso.
La DIAN adelantó el procedimiento administrativo tributario cumpliendo todas las
normas aplicables del Estatuto Tributario y practicó las pruebas necesarias para
demostrar la procedencia de la adición de ingresos en la declaración del impuesto
sobre la renta y complementarios del demandante por el año gravable 2012. Por el
contrario, la actora no demostró la procedencia de los costos, por lo que no desvirtuó
la presunción de legalidad de los actos acusados.
La autoridad tributaria resolvió cada uno de los motivos de inconformidad
planteados en la oposición al requerimiento especial al proferir la liquidación oficial
de revisión. Además, dicho acto está motivado en las pruebas recaudadas durante
el procedimiento de fiscalización. Entre otras, se destacan las declaraciones de los
terceros que manifestaron que no venden arroz, que no tuvieron relaciones
comerciales con la demandante o que para esa época no tenían mercancía y, en
algunos casos, solo aceptaron parcialmente la existencia de las operaciones. De lo
anterior se concluye que las operaciones de compra fueron simuladas, lo que
permite poner en duda las ventas.
La contribuyente aportó diferentes documentos contables como soportes de las
operaciones, pero ellos fueron desvirtuados por la DIAN en los actos acusados.
Aunque su contabilidad cumple los requisitos legales-formales, no es suficiente para
tener por existentes las operaciones debido a que no concuerdan con la realidad.
Así las cosas, la contabilidad se desvirtuó con la prueba de simulación de las
operaciones.
Contrario a lo dicho por la demandante, la prueba indiciaria está autorizada en el
ordenamiento jurídico colombiano, por lo que su uso no supone un desconocimiento
de los derechos de la contribuyente.
En este orden de ideas, los actos acusados no corresponden a apreciaciones
subjetivas de la DIAN, sino a hechos probados, por lo que no fue vulnerado el
derecho al debido proceso de la demandante.
2. Debida motivación de los actos acusados.
En el expediente están todas las pruebas que permitieron rechazar los costos.
Respecto de cada proveedor se afirmó lo siguiente:
Mary Esperanza Ascanio Pérez no tenía capacidad para proveer la cantidad
declarada por la demandante, por lo que el monto de la operación no es real.
Asdrúbal Pérez Arévalo no le vendió a la demandante, sino que le compró
mercancía. Así las cosas, para la contribuyente no constituía una operación de
compra (costo), sino una venta (ingreso), por lo que procedía su rechazo.
José Marcelino Fernández Ochoa no es conocido en el lugar registrado en su RUT.
Además, del análisis de la información exógena se evidenció que no pudieron
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Demandante: Arrocera Éxito S.A.S.
realizarse las transacciones declaradas por la actora.
José Ramiro Vivas Sánchez tampoco es conocido en el lugar registrado en el RUT
y, a pesar de investigarse sobre su paradero, no fue posible verificar la existencia
de las operaciones comerciales declaradas por la demandante.
Respecto de José Joaquín Pinzón, no se pudo ubicar y en la información exógena
no aparece reporte de la transacción. Además, este proveedor no presentó
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.
Gloria Helena Mantilla no figura reporte de transacciones de compra de semilla ni
insumos, no posee predios rurales, ni cuentas bancarias, ni se evidencia que haya
realizado transacciones para obtener arroz para su reventa.
Coomulproriente no pudo vender arroz en el año 2012 porque las operaciones de
venta las sustentó con facturas por compra de arroz paddy del año 2013 y no reporta
información de terceros durante el año 2012.
Gustavo Duque Neira no lleva contabilidad formal, no cuenta con la infraestructura
para generar la trilla de arroz y los documentos no permiten hacer una trazabilidad
de la mercancía. Además, el proveedor presentó corrección de la declaración del
año 2012 previo inicio de la investigación por la DIAN en la que proponía rechazar
costos y adicionar ingresos, para lo cual disminuyó el valor de las transacciones con
la demandante.
Debido a lo expuesto, no se desconoció el principio de justicia y equidad tributaria
ni se incurrió en falsa motivación. Por el contrario, las decisiones acusadas están
debidamente sustentadas en las pruebas recaudadas.
3. Procedencia de la sanción por inexactitud.
Los anterior demuestra la procedencia de la sanción por inexactitud debido a la
adición de ingresos y el rechazo de costos.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente:
En los actos acusados consta que la DIAN expresó con suficiente claridad los
motivos por los cuales modificó la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios de Arrocera Éxito S.A.S. por el año gravable 2012, para lo cual
relacionó los hechos, las pruebas y los fundamentos jurídicos de su decisión.
El rechazo de las operaciones con los supuestos proveedores cumplió con lo
dispuesto en el artículo 742 del Estatuto Tributario porque se sustentó en las
pruebas debidamente recaudadas durante el procedimiento de fiscalización, por lo
que no existe falsa motivación. En efecto, al analizar las pruebas del expediente, se
concluye que las operaciones con los proveedores no son reales, por los siguientes
motivos:
Esperanza Ascanio Pérez certificó que la transacción fue por un valor menor al
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declarado por la actora, por lo que procede su rechazo.
Se probó que las transacciones con Asdrúbal Pérez Arévalo fueron de venta y no
de compra. Además, no fue posible ubicar al proveedor en la dirección del RUT.
José Marcelino Fernández Ochoa no pudo ser ubicado en la dirección registrada.
De otro lado, la actividad inscrita en el RUT y la información exógena demostró que
no ejerce el comercio.
José Ramiro Vivas Sánchez y Gloria Helena Mantilla Sandoval tampoco pudieron
ser ubicados en las direcciones registradas en el RUT y no presentaron declaración
del impuesto sobre la renta y complementarios por el año 2012.
Las operaciones con Coomulproriente fueron soportadas en facturas expedidas en
el año 2013, es decir el periodo gravable posterior al objeto de fiscalización.
Gustavo Duque Neira reconoció que su declaración inicial faltaba a la verdad, por
lo que presentó declaración de corrección.
De otro lado, en el expediente administrativo consta que la contribuyente fue
notificada del requerimiento especial y que dicho acto expuso los fundamentos para
modificar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, por lo que
no hubo violación del derecho al debido proceso. Así mismo, está probado que la
actora se opuso al requerimiento especial y aportó pruebas documentales. Pese a
esto, no pudo verificarse la existencia de las operaciones ni ubicar a los
proveedores. En consecuencia, la demandante no logró probar que su declaración
contenía hechos reales luego de ser desvirtuada por la DIAN.
Según se indicó en sentencia del 12 de febrero de 20194, no proceden los costos
presuntos del artículo 82 del Estatuto Tributario, porque las operaciones
constitutivas de costo son inexistentes.
Debido a que procede el rechazo de costos y la adición de ingresos, está probada
la infracción de la sanción por inexactitud. Sin embargo, se aplicó una sanción del
160% cuando debió reducirse al 100% en virtud del principio de favorabilidad, pues
actualmente esa es la sanción prevista en la Ley 1819 de 2016. En consecuencia,
declaró la nulidad parcial de los actos demandados y, a título de restablecimiento
del derecho, estableció la sanción por inexactitud en el 100%.
Recurso de apelación
Arrocera Éxito S.A.S. interpuso recurso de apelación y solicitó que se accediera a
la totalidad de sus pretensiones reiterando de forma íntegra todos los cargos de
nulidad propuestos en la demanda.
Alegatos de conclusión
Arrocera Éxito S.A.S. insistió en lo dicho en la demanda y en el recurso de apelación.
La DIAN reiteró lo manifestado en la contestación de la demanda. Además, señaló
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 54001-23-33-000-
2013-00239-01 (22156). Sentencia del 12 de febrero de 2019. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Demandante: Arrocera Éxito S.A.S.
que el apelante no manifestó ningún motivo de inconformidad con la sentencia
apelada, sino que se limitó a repetir los cargos de nulidad propuestos en la
demanda. De otro lado, solicitó que se condenara en costas al demandante porque
las agencias en derecho están probadas y pueden ser liquidadas conforme con el
Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público solicitó modificar la sentencia apelada reconociendo el costo
frente a los ingresos que fueron adicionados, disminuir la sanción por inexactitud y
confirmar la providencia en lo demás por los siguientes motivos:
El demandante solicitó que se compararan los cuadros de las páginas 12 y 14 del
requerimiento especial porque no coinciden. Sin embargo, en dichas páginas no
está ningún cuadro que pueda ser comparado. En la página 18 obran los inventarios
que dan sustento a la adición de ingresos y donde se demuestra que el movimiento
de los inventarios fue superior al contabilizado, lo que permite presumir la omisión
de ingresos por ventas gravadas en virtud del artículo 757 del Estatuto Tributario.
Ahora, la adición de estos ingresos permite aplicar la presunción de costos del
artículo 82 del Estatuto Tributario. En efecto, aunque no están determinados los
costos reales, el simple hecho de adicionar ingresos permite aplicar la presunción
de que el 75% del valor de la transacción son costos.
De otro lado, la DIAN actuó conforme con la ley cuando rechazó los costos porque
está debidamente sustentada esta decisión en los medios de prueba obrantes en el
expediente. Entre otros, estos son los siguientes: i) no es creíble que se hicieron
transacciones por más de siete mil millones de pesos en efectivo y que dichas
operaciones no dejaran rastros, ii) Gustavo Duque Neira negó tener relaciones
comerciales con la demandante y no se allegó prueba de lo contrario, iii) las
diferencias entre los registros contables y la información suministrada por los
proveedores dan poca fidelidad y credibilidad a la contabilidad del demandante, y
iv) no es coherente que la renta gravable sea de sólo el 0,711% del total de las
operaciones realizadas en el año. Además, la DIAN demostró irregularidades de los
proveedores como la imposibilidad de ubicarlos físicamente y la deficiencia
probatoria respecto de su capacidad productiva.
De esta forma, el análisis probatorio a la luz de la sana crítica permite concluir que
los costos declarados corresponden a transacciones ficticias, de tal modo que
procede su desconocimiento. Aunque la sola falta de ubicación del proveedor no es
suficiente para desconocer la operación, si constituye un principio de duda, que
sumado a otros medios probatorios permiten concluir lo anterior. Aunque la
declaración se presume veraz, esto no exime al contribuyente de probar el hecho
cuando así lo exija la DIAN.
Ahora, respecto de este punto no procede la aplicación del artículo 82 del Estatuto
Tributario porque fue el incumplimiento de la carga probatoria del deudor el que
permitió desconocer los costos. En consecuencia, respecto del desconocimiento de
costos no es aplicable el artículo invocado, pero si lo es para los ingresos que se
demostró que existieron.
La aplicación del costo presunto a los ingresos adicionados supone una reducción
9
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de la diferencia entre el valor del tributo determinado oficialmente y el declarado,
por lo que debe ajustarse en proporción la sanción por inexactitud.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la Liquidación Oficial de Revisión
Nro. 072412016000008 del 1° de marzo de 2016 y de la Resolución Nro. 1833 del
17 de marzo de 2017 proferidas por la DIAN, que determinaron el valor oficial del
impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2012 a cargo de
Arrocera Éxito S.A.S., según los argumentos propuestos en la apelación.
1. El artículo 746 del Estatuto Tributario establece que los hechos contenidos en
las declaraciones tributarias se presumen ciertos. Sin embargo, dicha
presunción admite prueba en contrario, por lo que la autoridad tributaria puede
desvirtuarla en ejercicio de sus facultades de fiscalización. En estos eventos,
y de acuerdo con el artículo 746 del Estatuto Tributario, la carga de la prueba
se traslada al contribuyente ante la exigencia de una comprobación especial5.
Ahora, el artículo 771-2 del Estatuto Tributario dispone que las facturas y
documentos equivalentes constituyen el soporte idóneo de los costos6. No
obstante, la Sección precisó que eso no impide que la autoridad tributaria
verifique la realidad de las operaciones registradas en ellas7.
Entonces, la autoridad tributaria puede rechazar los costos si demuestra que
no existen, pues en estos eventos no serán suficientes las facturas o
documentos equivalentes. En otras palabras, si en ejercicio de la facultad
fiscalizadora, la DIAN desvirtúa la realidad de los documentos que se aporten
como prueba del costo, el contribuyente asume el deber de aportar las pruebas
que acrediten la existencia de la operación8.
2. Arrocera Éxito S.A.S. afirma que la adición de ingresos por los actos acusados
es ilegal por varios motivos. El primero es que no son coherentes las
cantidades de arroz adquiridos a terceros en los cuadros contenidos en las
páginas 12 y 14 del requerimiento especial, los cuales fueron reiterados en la
liquidación oficial de revisión. Entonces, a su juicio, esta incoherencia
demuestra que la DIAN valoró la información a su conveniencia.
En el requerimiento especial consta que la DIAN, al momento de controvertir
los ingresos declarados, tomó la información contenida en el documento «Hoja
de trabajo – denominado KARDEX DE ARTÍCULOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012» y
en el archivo «AUXILIAR DE VENTAS POR CLIENTE»9, ambos documentos
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 63001-23-33-000-
2012-00160-01 (21934). Sentencia del 28 de mayo de 2020. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 15001-23-31-000-
2007-00748-01 (22650). Sentencia del 13 de agosto de 2020. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
7 En este sentido ver: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
15001-23-33-0002012-00218-01 (21372). Sentencia del 20 de septiembre de 2017. CP: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez; ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
20001-23-39-000-2014-00386-01 (22737). Sentencia del 4 de julio de 2019. CP: Julio Roberto Piza
Rodríguez; y iii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 68001-
23-33-000-2015-00498-01 (23237). Sentencia del 23 de julio de 2020. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 54001-23-33-000-
2014-00345-01 (24038). Sentencia del 20 de agosto de 2020. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez (E).
9 Folio 3521 reverso de los antecedentes.
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entregados por la demandante10. Con base en dicha información, realizó el
siguiente cuadro visible en la página 12 de ese acto de trámite:
ARROZ ARROZ HARINA DE
EXCELSO*
CRISTAL* GRANZA* ARROZ*
INVENTARIO INICIAL 24.533 9.052 3.592 1.916
COMPRAS/PRODUCCIÓN 10.124.246 1.165.283 126.085 1.246.272
INVENTARIO FINAL 26.850 5 9.900 22.925
COSTO DE VENTAS 10.121.929 1.174.330 119.777 1.225.263
VENTAS FACTURADAS 10.002.929 853.363 119.777 1.181.263
Diferencias No Facturadas 119.000 320.967 - 44.000
(*) Los valores se encuentran en kilogramo de producto
Luego, al estudiar la existencia de los costos declarados, la autoridad tributaria
tomó la información del documento «auxiliar contable de compras detalladas artículo –
proveedor el 1 de enero a 31 de diciembre de 2012» y del archivo «Hoja de trabajo –
Relación compras arroz paddy y arroz blanco», que también fueron aportados por la
sociedad demandante11. Con base en ellos, la DIAN realizó el siguiente cuadro
en la página 14 del requerimiento especial12:
RESUMEN COMPRAS KILOGRAMOS VALOR COMPRA %
COMPRAS PADDY VERDE 13.464.840 13.296.320.796 69.80%
COMPRAS PADDY SECO 2.128.100 2.662.797.000 13.99%
COMPRAS ARROZ EXCELSO 1.555.950 3.089.098.000 16.21%
TOTAL COMPRAS 2012 17.148.890 19.050.215.796 100%
Se observa que el cuadro de la página 12 se elaboró para mostrar el
movimiento de inventarios durante el año y compararlo con el valor facturado
para los productos allí individualizados con el fin de establecer la adición de
ingresos, mientras que el cuadro de la página 14, relación de compras, inicia
con la explicación de los cruces efectuados con los proveedores con el
propósito de determinar el costo de ventas -compras-.
Así, no existe contradicción sobre las cantidades compradas entre ambas
tablas, además de que fueron elaboradas con la información contable
suministrada por Arrocera Éxito S.A.S.
En todo caso, la Sala observa que la actora se limitó a realizar una afirmación
general, consistente en que la información contenida en los cuadros es
contradictoria, pero no argumentó ni probó cómo este hecho incide en la
determinación del tributo, ni tampoco señaló cuál es la información correcta
que debió ser tenida en cuenta por la DIAN. De esta manera, incumplió con su
carga probatoria al no desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
acusados.
En consecuencia, este cargo de la apelación no prospera.
3. La actora afirma que la DIAN fundamentó sus conclusiones en valoraciones
subjetivas, las cuales no tienen sustento probatorio. En consecuencia, los
actos acusados incurrieron en las siguientes irregularidades: i) se solicitaron
documentos contables mediante una llamada telefónica, lo cual no está
previsto por la ley; ii) se omitió que solo se facturan los valores efectivamente
10 Folios 3470 a 3472 de los antecedentes.
11 Folios 1863 a 1874 y 3476 a 3479 de los antecedentes.
12 Folio 3522 reverso de los antecedentes.
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recibidos por el comprador y se aplican descuentos por calidad y humedad del
arroz; y iii) solo se tuvieron en cuenta guías expedidas por Fedearroz, algunas
de las cuales fueron anuladas, mientras que no se dio aplicación al artículo 64
del Estatuto Tributario sobre la disminución de inventarios de hasta un 3%.
Debido a esto, la DIAN desconoció los artículos 754 a 763 del Estatuto
Tributario, en especial las relacionadas con la presunción por diferencia de
inventarios, artículos 757, 759 y 760 ibidem.
Respecto al primer punto, en la liquidación oficial de revisión consta que,
mediante llamada telefónica, se solicitó a la contadora de la sociedad
contribuyente los «KARDEX DE ARTÍCULOS de octubre a diciembre de 2012, los cuales
fueron enviados vía correo electrónico (…)» 13. En ese mismo acto consta que esta
petición se realizó en ejecución del Auto de Inspección Tributaria Nro.
082382015000001 del 22 de enero de 201514, por lo que no se trató de una
solicitud arbitraria. En todo caso, la sociedad contribuyente fue suficientemente
enterada de la solicitud con la llamada telefónica, lo que le permitió allegar la
información contable pedida15.
De otro lado, contrario a lo dicho por la actora, no es cierto que la DIAN
fundamentó su decisión en guías expedidas por Fedearroz. Por el contrario,
en los actos acusados no hay ninguna mención sobre este hecho. En ellos
también consta que la autoridad tributaria sí tuvo en cuenta los movimientos
de inventarios, señalándose que los mismos «no corresponden a bajas de inventario
por deterioro, o por faltantes, o por ajustes al costo, o pérdida de productos…»16, por lo que
no se omitió la valoración de este hecho.
Es cierto que la DIAN no aplicó ninguna de las presunciones previstas en el
Estatuto Tributario, pero en el expediente consta que encontró probado que el
costo de los bienes determinado por el sistema de juego de inventarios resultó
superior a los volúmenes facturados, por lo que no son congruentes las
cantidades reportadas como vendidas. Con base en esto, y luego de analizar
las normas contables aplicables, concluye lo siguiente17:
«El reglamento de la contabilidad claramente establece que cuando ocurren las ventas
se debe registrar una salida del inventario correspondiente al costo de los despachos
de la mercancía vendida contra el costo de la producción vendida, de suerte tal que si
se registran valores como salidas del inventario (por ventas) debe existir también un
registro en el ingreso por ventas.
Y precisamente eso es lo que no ocurre en el presente caso, pues tal y como se
demostró, al verificar el movimiento del inventario se determinó que el número de
kilogramos que salieron del mismo, y que no corresponden a bajas de inventario por
deterioro, o por faltantes, o por ajustes al costo, o pérdida de productos, o muestras, o
consumos propios, no corresponden con el número de kilogramos que fueron
facturados, razón por la cual está plenamente demostrado que existió una omisión de
ingresos».
Debe tenerse en cuenta que la existencia de una presunción legal (como las
previstas en los artículos 757, 759 y 760 del Estatuto Tributario) no impide que
13 Folio 47 reverso del cuaderno 1.
14 Folios 3351 a 3353 de los antecedentes.
15 Folios 3382 a 3385 de los antecedentes.
16 Folio 48 reverso del cuaderno 1.
17 Ibidem.
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la DIAN, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, acredite las glosas
propuestas con algún medio probatorio (en este caso, documental).
En efecto, debe tenerse en cuenta que las presunciones legales no son medios
de prueba, sino supuestos de hecho previstos por el legislador que invierten la
carga de demostrar algún hecho. Esto significa que la presunción, por ejemplo,
del artículo 757 del Estatuto Tributario no es un medio de prueba, sino una
disposición legal que autoriza a la DIAN adicionar los ingresos por existir
diferencias de inventarios sin realizar mayores indagaciones, pues tácitamente
asigna al contribuyente la carga de demostrar sus verdaderos ingresos y las
razones que justifican la existencia de dicha diferencia en los inventarios.
En concordancia con lo expuesto, la existencia de esta presunción legal no
impide que la DIAN decida motivar sus actos y acreditar sus glosas mediante
el análisis de las pruebas recaudadas en el proceso. Por este motivo es que
el artículo 742 del Estatuto Tributario señala que las decisiones de la autoridad
tributaria deben fundarse en hechos debidamente acreditados, mientras que
el artículo 743 ibidem indica que la idoneidad de los medios de prueba
dependerá de las limitaciones que establezca la ley y de su conexión con el
hecho que se pretende probar analizado con base en las reglas de la sana
crítica.
De esta forma, es lícito que la DIAN prescindiera de las presunciones legales
del Estatuto Tributario y decidiera sustentar sus glosas en los hechos
acreditados en el expediente, pues luego de exponer los medios de prueba
recaudados en este caso, realizó el siguiente razonamiento:
«Determinación del monto de los ingresos no declarados:
• ARROZ EXCELSO: Conforme con el auxiliar de ventas por clientes se determinó
que el contribuyente realizó ventas de arroz excelso en el año 2012 por valor de
$19.777.142.300 equivalentes a 10.002.929 kilogramos, a un precio promedio por
kilogramo de arroz vendido de $1.977 (se divide el valor de la venta por el número
de kilos vendidos - $19.777.142.300/10.002.929 kg), que al multiplicarse por la
diferencia en kilos encontrada (119.000 kg), se determina una omisión de
ingresos en ARROZ EXCELSO por valor de $235.279.080.
• ARROZ CRISTAL: Al tener en cuenta que se realizaron ventas en el año 2012
por valor de $659.794.850 equivalentes a 853.363 kilogramos, se determinó un
precio promedio por kilogramo de arroz cristal de $773, que al multiplicarse por
la diferencia en kilos determinados (320.967 kg), se determina una omisión de
ingresos de ARROZ CRISTAL por valor de $248.162.123.
• HARINA DE ARROZ: Siguiendo la misma metodología se estableció que se
realizaron ventas en el año 2012 por valor de $615.119.006 equivalentes a
1.181.263 kilogramos, por lo cual el precio promedio de kilogramo de harina de
arroz fue de %521, que al multiplicarse por la diferencia en kilogramos
determinada (44.000 kg), se determina una omisión de ingresos en HARINA DE
ARROZ por valor de $22.912.117= [sic]»18.
Por lo anterior, la decisión de la autoridad tributaria no se fundamentó en
valoraciones subjetivas, y la parte actora no justificó la diferencia de los
inventarios encontrada en la actuación administrativa, por lo que este cargo de
la apelación no prospera.
18 Folio 47 reverso del cuaderno 1.
13
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4. La apelante afirmó que la DIAN debió aplicar el artículo 64 del Estatuto
Tributario, el cual permite disminuir los inventarios finales hasta por el 3% de
la mercancía de fácil destrucción o pérdida.
Al respecto, se observa que, al momento de la ocurrencia de los hechos de la
demanda, estaba vigente la versión de esa norma modificada por el artículo 2
de la Ley 1111 de 2006, la cual permitía la disminución del inventario aludido
por la actora «siempre que se demuestre el hecho que dio lugar a la pérdida o destrucción».
En este caso, la demandante no aportó ninguna prueba que demuestre cuál
fue el hecho por el que fue destruida o perdida su mercancía ni señaló los
registros o soportes contables que acreditaran estos hechos, sino que se limitó
a afirmar que procede por el tipo de bien, arroz. Así las cosas, este cargo de
la apelación tampoco prospera.
5. En cuanto al rechazo de los costos, la apelante afirmó que los actos acusados
incurren en falsa motivación porque rechazaron las operaciones comerciales
con algunos proveedores sin pruebas suficientes para hacerlo.
Ahora, en los antecedentes de la actuación administrativa consta que la DIAN
realizó el cruce de información y desconoció los costos declarados respecto
de 27 proveedores, por valor de $7.269’664.383, frente a lo cual la actora solo
formuló cargos de nulidad por el rechazo de los costos relacionados con 7 de
ellos, argumentos de la demanda que serán analizados a continuación:
• Mary Esperanza Ascanio Pérez: Según la demandante, la proveedora
reconoció que tuvo relaciones comerciales con la contribuyente por parte
del valor declarado. En consecuencia, la DIAN no debió rechazar la
totalidad de este costo, sino solo parte de él.
En principio, la anterior afirmación es cierta. Pero, se dice en principio,
porque la liquidación oficial de revisión puso de presente otras
irregularidades que permitieron rechazar la totalidad de la transacción.
Por ejemplo, la DIAN señaló que Mary Esperanza Ascanio Pérez afirmó
que «durante el año 2012 utilizó para el desarrollo de esta actividad terrenos
equivalentes a 24 hectáreas al multiplicarse por 6,862 (sic), el máximo de toneladas a
producir en el semestre debió ser de 164,64, dando como resultado 164.640 kilos para
la cosecha, ya que como ella misma lo informó, sólo alcanzó a sembrar una cosecha
durante el año 2012, pues la señora liquidó la empresa el 4 de junio de 2012» 19.
De otro lado, la proveedora declaró ingresos por el periodo fiscalizado
por un total de $281’711.000, valor inferior a las ventas supuestamente
realizadas a la demandante de $622’141.893; y la proveedora reconoció
que tuvo que cancelar su registro mercantil y su RUT porque un tercero
estaba utilizando su nombre y facturación para vender mayores
cantidades de arroz20.
Como se observa, la DIAN recaudó pruebas suficientes para cuestionar
la existencia de la operación comercial, por lo que se invirtió la carga de
19 Folio 50 del cuaderno 1.
20 Folio 50 del cuaderno 1.
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la prueba. Pese a esto, la sociedad demandante no aportó ninguna
prueba para demostrar la existencia del costo
• Asdrúbal Pérez Arévalo: La apelante señaló que la DIAN no invocó las
normas que la habilitan para rechazar los costos. Sin embargo, esto no
es cierto. En la liquidación oficial de revisión consta que la DIAN afirmó
que es competente para adelantar el procedimiento de fiscalización con
base en los artículos 560, 691, 702, 710 y 712 del Estatuto Tributario21.
Según se indicó previamente, esta facultad fiscalizadora es la que le
permite a la DIAN desacreditar la presunción de veracidad de las
declaraciones tributarias, por lo que sí fue invocada la norma que autoriza
el rechazo de los costos.
Además, en el requerimiento especial fueron invocados los artículos 560,
684 y 688 del Estatuto Tributario, por lo que no se desconoció el artículo
703 ibidem, como lo afirma el actor.
• José Marcelino Fernández Ochoa: Para la actora, el hecho de no poder
localizar al proveedor en la dirección del RUT y de no existir información
exógena sobre sus operaciones comerciales, no es suficiente para
rechazar los costos. Sin embargo, como lo indicó la DIAN22, estos hechos
impidieron verificar la existencia de la operación, por lo que era necesaria
una comprobación especial de su ocurrencia. Pese a esto, la actora no
allegó ninguna prueba tendiente a demostrar la existencia del costo, por
lo que incumplió su carga probatoria.
• José Ramiro Vivas Sánchez: Arrocera Éxito S.A.S. afirmó que el hecho
de que no pudiera localizarse al proveedor en la dirección del RUT y que
este no haya presentado la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios por el año 2012 no son atribuibles al demandante, sino
al tercero, por lo que no pueden ser el fundamento del rechazo del costo.
Empero, la Administración no afirmó que estos hechos fueran atribuibles
a la contribuyente, sino que por esos motivos no pudo constatar la
existencia de la operación. Además, estos no fueron los únicos
argumentos planteados por la DIAN. La autoridad tributaria también
sostuvo que en la información exógena no consta ninguna transacción
de compra de semillas o de insumos agrícolas, ni la tenencia de
propiedades destinadas para esta actividad. En consecuencia, la DIAN
soportó su decisión en hechos que no fueron controvertidos por la
actora23, por lo que, de nuevo, la actora no cumplió su carga probatoria.
• José Joaquín Pinzón: La demandante sostuvo que tampoco procedía el
rechazo de esta operación porque la imposibilidad de localizar al
proveedor y la falta de información exógena tampoco son hechos
atribuibles a la sociedad actora. En este punto, la DIAN tampoco sostuvo
que estas omisiones sean responsabilidad de la demandante, sino que
informó que no pudo verificar la existencia de la operación. Hecho que se
encuentra respaldado, entre otras, en la consulta de la información
reportada por terceros, concretamente a la relacionada con las cuentas
21 Folio 39 del cuaderno 1.
22 Folio 53 del cuaderno 1.
23 Ibidem.
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bancarias del proveedor, que no demuestran la capacidad para realizar
las transacciones económicas declaradas24, lo que tampoco fue
controvertido por la demandante.
• Gloria Helena Mantilla Sandoval: La demandante afirmó que estas
transacciones fueron rechazadas por simples valoraciones subjetivas de
la funcionaria de la DIAN porque se limitó a afirmar que la proveedora no
fue localizada en su dirección, que no aparece ningún reporte de las
transacciones realizadas por ella y que no presentó su declaración de
renta.
Al respecto, en la liquidación oficial de revisión consta que la transacción
fue rechazada porque un vecino de la dirección registrada en el RUT
afirmó que «siempre ha vivido por la cuadra y no ha escuchado nombrar a la
mencionada señora». Además, en la información exógena no hay ningún
reporte que indique que la proveedora desempeñó la actividad de
producción o venta de arroz, ni tiene predios rurales 25. Con lo expuesto,
se evidencia que la decisión de la DIAN estuvo fundamentada en pruebas
debidamente recaudadas, por lo que no constituyen una valoración
subjetiva del funcionario que adelantó el trámite administrativo.
• Coomulproriente: la actora también sostuvo que la DIAN no fundamentó
su decisión en pruebas, sino solo en apreciaciones subjetivas, puesto
que señaló que la transacción se soportó en facturas expedidas en el año
2013 sin tener pruebas para realizar esta afirmación.
Al respecto, en la liquidación oficial de revisión consta que la DIAN
rechazó las transacciones por dos motivos. El primero consiste en que
Coomulproriente no tenía inventario disponible para realizar la operación
registrada por Arrocera Éxito S.A.S., hecho que no fue controvertido por
la demandante mediante la presentación de alguna prueba.
El segundo argumento consistió en que, como lo indicó la actora, la
factura de venta fue expedida en el año 2013 y no en el 2012, empero la
demandante tampoco aportó alguna prueba que controvirtiera esta
afirmación de la DIAN, incumpliendo su carga de la prueba.
• Gustavo Duque Neira: La demandante afirmó que el simple hecho de que
el proveedor corrija su declaración para modificar los costos no
demuestra que la operación no haya existido. Sobre este punto, la
liquidación oficial señaló lo siguiente:
«(…)se evidencia la falta de documentación que compruebe la realidad de la
operación registrada en la contabilidad, pues no maneja una contabilidad formal
aplicada a lo señalado en el Decreto 2649 de 1993, no cuenta con infraestructura
para generar la trilla de arroz, se demuestra una aparente realidad, toda vez que
los documentos soportes no permiten seguir una trazabilidad lógica a la
transacción, con respecto al pago no fue aportado ningún documento (recibo de
caja) que permita evidenciar el beneficio del pago ya sea en efectivo o a través
24 Folio 56 del cuaderno 1.
25 Folio 56 reverso del cuaderno 1.
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de una transacción bancaria; según lo reportado por el proveedor el pago
obedece a un trueque de mercancía por maquinaria» 26.
Como se observa, el rechazo de la operación se debe a que el proveedor
reconoció que existieron errores en su contabilidad. Además, la DIAN
también soportó su decisión en que el proveedor no cuenta con la
infraestructura necesaria para generar la trilla de arroz, afirmación que
no fue controvertida por la demandante, por lo que no cumplió con su
carga probatoria.
En este orden de ideas, Arrocera Éxito S.A.S. no cumplió con su carga de
probar la existencia de los costos, por lo que este cargo de la apelación no
prospera.
6. La apelante sostuvo que la autoridad tributaria no desvirtuó su contabilidad,
por lo que debió considerarse prueba en su favor. Sin embargo, esta Sección
precisó que los artículos 283, 770 y 771 del Estatuto Tributario, que disponen
que la contabilidad es prueba favorable al contribuyente, no impiden que la
DIAN ejerza su facultad fiscalizadora. En consecuencia, la autoridad tributaria
puede recaudar otros medios probatorios con el fin de desvirtuar la
contabilidad27.
Adicionalmente, en un caso similar, la Sala determinó que a través de las
verificaciones llevadas a cabo en el marco de las diligencias de cruces
efectuados con los proveedores, se desvirtuó la presunción reconocida a la
declaración presentada, lo que llevó a que la carga de la prueba quedase
asignada al contribuyente, considerándose que la contabilidad y soportes
allegados por la actora resultaran insuficientes para comprobar la existencia
de las operaciones debatidas28.
Como se expuso en el numeral anterior, en el caso bajo examen, la autoridad
tributaria recaudó todas las pruebas necesarias para acreditar la inexistencia
de las operaciones comerciales declaradas por la contribuyente. En
consecuencia, la carga de la prueba se invirtió, por lo que le correspondía a la
actora demostrar la procedencia de los costos, lo cual no hizo. Así las cosas,
este cargo de la apelación no prospera.
7. La apelación indicó que no es cierto que los requerimientos ordinarios
proferidos por la DIAN hayan sido correctamente notificados porque no se
realizaron las publicaciones de los avisos en un lugar público de las oficinas
de la entidad ante la devolución de los correos, como lo ordena el artículo 568
del Estatuto Tributario.
Al respecto, se destaca que la actora no precisa cuáles fueron los proveedores
indebidamente notificados de los requerimientos ordinario. En todo caso, en el
expediente consta que en todos los casos en que fueron devueltos los correos,
se realizó la publicación con el lleno de los requisitos legales29. Por lo anterior,
26 Folio 59 del cuaderno 1.
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 54001-23-33-000-
2015-00359-01 (23938). Sentencia del 13 de agosto de 2020. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez (E).
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001 23 33 000 2012
00442 01 (20813). Sentencia del 31 de mayo de 2018. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
29 Folios 1657 a 1769, 2324 a 2332, 2339 a 2353 y 2904 a 2906 de los antecedentes.
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Radicado: 54001-23-33-000-2017-00571-01 (24880)
Demandante: Arrocera Éxito S.A.S.
este cargo de la apelación no prospera.
8. La demandante afirmó que la DIAN no cumplió con los artículos 703 y 704 del
Estatuto Tributario porque en el requerimiento especial no se expusieron los
motivos para adicionar los ingresos y rechazar los costos. En el expediente
consta que, contrario a lo dicho por la actora, todos los argumentos que fueron
planteados en la liquidación oficial para adicionar los ingresos y rechazar los
costos de venta fueron expuestos en el requerimiento especial30. Este cargo
tampoco prospera.
9. La actora afirmó que la DIAN desconoció el artículo 82 del Estatuto Tributario,
el cual establece que los costos pueden fijarse de acuerdo con los que incurren
otras personas que desarrollen la misma actividad en el periodo objeto de
fiscalización. Además, según el actor, la entidad demandada también afirmó
que no pueden existir ingresos sin costos, por lo que no existe motivo para no
aplicar esta presunción. Así las cosas, los actos acusados debieron presumir
los costos por los ingresos que adicionó.
Al respecto, el artículo 82 del Estatuto Tributario dispone que la presunción de
costos opera «Cuando existan indicios de que el costo informado por el contribuyente no
es real o cuando no se conozca el costo de los activos enajenados ni sea posible su
determinación mediante pruebas directas». En el caso bajo examen, no se cumplen
estos supuestos en la medida que la DIAN analizó las pruebas que obraban
en el expediente y reconoció todos los costos que encontró demostrados de
forma directa. Por este motivo es que, en la liquidación oficial de revisión,
sostuvo que la presunción invocada por la actora no procede debido a que «su
costo se determinó en la investigación adelantada por la División de Fiscalización» 31.
Afirmación cuya presunción de legalidad no fue desacreditada por la actora en
la demanda aquí resuelta. Por lo anterior, este cargo tampoco prospera.
10. Con todo lo expuesto, está demostrado que procedía la adición de ingresos y
el rechazo de los costos en la liquidación oficial de revisión. En consecuencia,
contrario a lo afirmado por la demandante, también es procedente la sanción
por inexactitud en los términos que fue establecida en la sentencia de primera
instancia.
11. Como no prosperó ningún cargo de la apelación, la Sala confirmará la
sentencia recurrida. Además, no habrá condena en costas en esta instancia
porque no fue demostrada su causación, según lo exige el artículo 365 del
Código General del Proceso, aplicable en virtud del artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada proferida el 11 de julio de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
30 Folios 3515 a 3539 de los antecedentes.
31 Folio 63 reverso del cuaderno 1.
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Radicado: 54001-23-33-000-2017-00571-01 (24880)
Demandante: Arrocera Éxito S.A.S.
2. Sin condena en costas.
3. Reconocer a la abogada Miryam Rojas Corredor como apoderada de la parte
demandada en los términos y para los fines conferidos en el poder que le fue
otorgado32.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
32 Folio 342 del cuaderno 2.
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