RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 54001-23-33-000-2016-00169-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2016-00169-02

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2016-00169-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen con el fin de que se pronuncie de fondo respecto de las pretensiones de la demanda, en los términos indicados en la parte motiva de esta providencia. La decisión de fondo deberá proferirse, juntamente con el auto de obedecimiento, dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la fecha en que el expediente ingrese al despacho para tal fin.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 54001-23-33-000-2016-00169-02

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

30 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 54001 23 33 000 2016 00169 02
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P.
Demandado: Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -
CORPONOR
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Tribunal se inhibió de resolver la totalidad de pretensiones y
argumentos expuestos en el concepto de violación. Devolución al a
quo, como garantía de los derechos al debido proceso, defensa y
acceso a la administración de justicia; y los principios de doble
instancia y congruencia. Reiteración jurisprudencial.
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia. En su lugar, se dispone la
devolución al Tribunal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte
demandante contra la sentencia proferida el 10 de marzo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de
la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA), la empresa Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P., a
través de apoderado judicial, demandó a la Corporación Autónoma Regional de La
Frontera Nororiental (CORPONOR), con el objeto de que se accediera a las siguientes1:

1.1.1. Pretensiones

1. Se solicita la nulidad de la (sic) actos administrativos identificados con los
números de radicados 1040.919478 de fecha 09-09-2015; 1040.9111020 de
fecha 14-10-2015, 1040.9112182 de fecha 12-11-2015; 1040.9113253 de
fecha 04-12-2015, 1040.9113793 de fecha 21-12-2015 y 1040.91000232 de

1El expediente digitalizado está visible en el índice 2 del SAMAI.

Radicado: 54001 23 33 000 2016 00169 02
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P.
Demandado: CORPONOR

fecha 22-01-2016 mediante los cuales se resolvieron las reclamaciones u
objeciones presentadas por cobro indebido contra la facturas emitidas para el
cobro de la tasa retributiva con ajuste de Factor Regional correspondiente a los
meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de la
vigencia 2015 emanados de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR representado legalmente por
GREGORIO ANGARITA LAMK, en su condición de Director General.

Por ser manifiesta su oposición a la Constitución Política y a la Ley, por cuanto
se está violando con ellos el DERECHO A LA DEFENSA y EL DEBIDO
PROCESO, además por haberse expedido dichos actos administrativos
incurriendo en FALSA MOTIVACIÓN por cuanto su fundamento constituye un
cobro indebido al incluir en dichas facturas el cobro del Factor Regional, con lo
cual se está causando un agravio injustificado a la empresa AGUAS KPITAL
CÚCUTA S.A ESP.

2. Que como consecuencia de lo anterior y como restablecimiento del derecho se
ordene la reliquidación de las facturas excluyendo el valor del factor regional
cobrado de las facturas existentes y las futuras, estableciendo solo la suma
correspondiente al valor de la tasa retributiva y eliminando el valor
correspondiente al factor regional hasta que se cumpla el quinquenio o en su
defecto hasta que se establezca en la reformulación del PSMV propuesta y
admitida por la autoridad ambiental, ordenando la terminación de los procesos
coactivos que se hayan iniciado para el cobro de dicho ajuste y en el evento de
que haya efectuado alguno pago, se ordene la devolución de lo pagado,
debidamente actualizado a la fecha en que proceda la devolución, con sus
correspondientes intereses corrientes.

3. Que se condene a la demandada a pagar las sumas de dinero que tuvo que
sufragar el demandante a efectos de hacer valer sus derechos en sede
administrativa y judicial, así como al pago de costas y agencias en derecho.

1.1.2. Los actos acusados

Oficio núm. 9478 de 9 de septiembre de 2015, que señaló:

[…] Así las cosas, al quedar sujetos a que el Gobierno Nacional a través de los
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Vivienda, Ciudad y Territorio,
reglamente las condiciones bajos (sic) las cuales las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales verificarán los motivos que dieron
lugar al incumplimiento de los PSMV, y atendiendo además a la respuesta […] del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible […], esta entidad se abstiene de
dar respuesta precisa a su solicitud, hasta tanto no se reglamente dicho artículo.
Por lo anterior estamos devolviendo las facturas objetadas.

Oficio núm. 11020 de 14 de octubre de 2015, que señaló:

[…] Así las cosas, al quedar sujetos a que el Gobierno Nacional a través de los
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Vivienda, Ciudad y Territorio,
reglamente las condiciones bajos (sic) las cuales las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales verificarán los motivos que dieron
lugar al incumplimiento de los PSMV, y atendiendo además a la respuesta […] del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 54001 23 33 000 2016 00169 02
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P.
Demandado: CORPONOR

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible […], esta entidad se abstiene de
dar respuesta precisa a su solicitud, hasta tanto no se reglamente dicho artículo.

Oficio núm. 12182 de 12 de noviembre de 2015, que señaló:

[…] Así las cosas, al quedar sujetos a que el Gobierno Nacional a través de los
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Vivienda, Ciudad y Territorio,
reglamente las condiciones bajos (sic) las cuales las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales verificarán los motivos que dieron
lugar al incumplimiento de los PSMV, y atendiendo además a la respuesta […] del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible […], esta entidad se abstiene de
dar respuesta precisa a su solicitud, hasta tanto no se reglamente dicho artículo.

Oficio núm. 13253 de 4 de diciembre de 2015, que señaló:

[…] Así las cosas, al quedar sujetos a que el Gobierno Nacional a través de los
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Vivienda, Ciudad y Territorio,
reglamente las condiciones bajos (sic) las cuales las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales verificarán los motivos que dieron
lugar al incumplimiento de los PSMV, y atendiendo además a la respuesta […] del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible […], esta entidad se abstiene de
dar respuesta precisa a su solicitud, hasta tanto no se reglamente dicho artículo.

Oficio núm. 13793 de 21 de diciembre de 2015, que señaló:

[…] Así las cosas, al quedar sujetos a que el Gobierno Nacional a través de los
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Vivienda, Ciudad y Territorio,
reglamente las condiciones bajos (sic) las cuales las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales verificarán los motivos que dieron
lugar al incumplimiento de los PSMV, y atendiendo además a la respuesta […] del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible […], esta entidad se abstiene de
dar respuesta precisa a su solicitud, hasta tanto no se reglamente dicho artículo.

Oficio núm. 000232 de 22 de enero de 2016, que señaló:

[…] Así las cosas, al quedar sujetos a que el Gobierno Nacional a través de los
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Vivienda, Ciudad y Territorio,
reglamente las condiciones bajos (sic) las cuales las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales verificarán los motivos que dieron
lugar al incumplimiento de los PSMV, y atendiendo además a la respuesta […] del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible […], esta entidad se abstiene de
dar respuesta precisa a su solicitud, hasta tanto no se reglamente dicho artículo.

1.1.3. Fundamentos de hecho

La parte actora fundó sus pretensiones en los hechos que se resumen a continuación.

El 3 de mayo de 2006, Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. suscribió con la E.I.S. Cúcuta
S.A. E.S.P. el contrato de operación 030 de 2006, cuyo objeto era la operación,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 54001 23 33 000 2016 00169 02
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P.
Demandado: CORPONOR

ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura y la gestión comercial
para la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de San José de
Cúcuta. En la cláusula 13 de ese contrato se dispuso que el operador no era responsable
del tratamiento de aguas residuales, de modo que su ejecución no comprendería
inversión en plantas de tratamiento u obras similares, conforme al parágrafo 1 del artículo
87 de la Ley 142 de 1994.

El artículo 12 del Decreto núm. 3100 de 2003 obligaba a los usuarios del servicio de
alcantarillado sujetos a la tasa retributiva a presentar el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos (en adelante PSMV) ante la autoridad ambiental.

En cumplimiento de ello, la E.I.S. Cúcuta S.A. E.S.P. entregó a CORPONOR, mediante
Oficio núm. 05730 de 7 de septiembre de 2007, el PSMV de la ciudad para su revisión y
aprobación y, atendidas las observaciones de la autoridad ambiental, remitió información
adicional con Oficio núm. 08355 de 26 de diciembre de 2007, con el fin de ajustar y
reestructurar el plan.

Mediante Resolución núm. 0276 de 15 de mayo de 2008, CORPONOR aprobó el PSMV,
cuyas acciones, metas, programas, proyectos y actividades obligaban a la empresa
operadora. La decisión se notificó personalmente el 11 de junio de 2008 y, resuelto el
recurso interpuesto en su contra, se confirmó por Resolución núm. 0497 de 31 de julio de
2008.

En audiencia de 6 de julio de 2009, ante la Procuraduría 24 Judicial II para Asuntos
Administrativos, las partes acordaron mantener el cumplimiento de las obligaciones de
corto plazo del PSMV y adelantar la revisión técnica de los compromisos de mediano y
largo plazo, para lo cual la actora presentaría una propuesta en el plazo de seis meses.
La actora presentó esa propuesta de reformulación, que CORPONOR admitió por auto
de inicio de 8 de junio de 2010.

El artículo 8 del Decreto núm. 2667 de 2012 previó que la autoridad ambiental
establecería cada cinco años una meta global de carga contaminante para cada cuerpo
de agua o tramo, y la meta individual para cada usuario sujeto a la tasa.

En desarrollo de esa disposición, el Consejo Directivo de CORPONOR, por Acuerdo 001
de 10 de abril de 2015, definió la meta de carga contaminante para los parámetros DBO5
y SST en su jurisdicción para el quinquenio 2014-2018. La actora afirmó que esa meta
era inalcanzable, pues la imposibilidad contractual de tratar las aguas residuales le
impedía reducir las cargas contaminantes, lo que dio lugar a la aplicación del factor
regional.

La actora sostuvo que había cumplido con el pago de la tasa retributiva y con las
inversiones previstas en el PSMV, pero que, al no tener a su cargo el tratamiento de
aguas residuales, no podía reducir la meta global de carga contaminante. Agregó que
adelantaba la caracterización y el aforo de sus vertimientos mediante el contrato de obra
003-2015, suscrito con Soluciones Ambientales e Ingeniería, y que había presentado a
CORPONOR una autodeclaración presuntiva por $100.101.518, con el oficio núm. 440
de 16 de enero de 2014.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 54001 23 33 000 2016 00169 02
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P.
Demandado: CORPONOR

CORPONOR emitió las facturas de la tasa retributiva de los periodos de julio a diciembre
de 2015 con el ajuste del factor regional, cobro que la actora consideró indebido.

La actora objetó esas facturas, conforme al parágrafo 3 del artículo 24 del Decreto 2667
de 2012, por estimar que el factor regional no le resultaba aplicable, al no tener a su cargo
el tratamiento de aguas residuales. CORPONOR se pronunció sobre las objeciones
mediante los oficios núm. 9478, 11020, 12182, 13253, 13793 y 000232.

La actora adujo que, conforme al artículo 18 y siguientes del Decreto núm. 2667 de 2012
y a la sentencia de 26 de abril de 20132, los actos que resuelven las reclamaciones contra
las facturas de la tasa retributiva constituyen el acto administrativo susceptible de control
judicial.

Añadió que su posición se afianzaba en el artículo 228 de la Ley 1753 de 2015, que
ordena ajustar a uno (1) el cálculo del factor regional de manera inmediata cuando existan
retrasos en las obras por razones no imputables al prestador del servicio de alcantarillado.

1.1.4. Normas violadas y concepto de violación

La parte actora invocó como normas violadas el artículo 29 de la Constitución Política;
los artículos 42, 74 y 87 de la Ley 1437 de 2011; el Decreto núm. 2667 de 2012, el artículo
228 de la Ley 1753 de 2015 y el Decreto núm. 901 de 1997.

En cuanto al artículo 29 de la Constitución, sostuvo que CORPONOR, por una errada
interpretación del Decreto núm. 2667 de 2012, no tuvo en cuenta los términos previstos
para la finalización del quinquenio y ajustó indebidamente el factor regional al cobro de
la tasa retributiva, con desconocimiento del debido proceso y del artículo 228 de la Ley
1753 de 2015.

Adujo que tampoco se aplicó en debida forma el procedimiento de reclamación previsto
en el Decreto 901 de 1997, conforme al cual los usuarios sujetos a la tasa retributiva
tienen derecho a presentar reclamos y aclaraciones, con un procedimiento y una vía
gubernativa que CORPONOR no atendió.

Sobre el artículo 42 de la Ley 1437 de 2011, afirmó que los actos acusados carecen de
motivación, pues no resolvieron las inquietudes planteadas en torno al cumplimiento del
quinquenio ni al fundamento del ajuste del factor regional.

En relación con los artículos 74 y 87 de la Ley 1437 de 2011, señaló que CORPONOR
desconoció el procedimiento de los recursos y la firmeza de los actos dentro del trámite
de aprobación del PSMV; que la decisión fue recurrida y solo quedó en firme al resolverse
el recurso, momento desde el cual comienza a correr el término del quinquenio, de modo
que la aprobación del factor regional no era procedente y su cobro resultaba indebido.

Frente al Decreto 2667 de 2012, expuso que su artículo 8 prevé el establecimiento
quinquenal de la meta global e individual de carga contaminante, y que CORPONOR
emitió las facturas con el ajuste del factor regional sin tener en cuenta la autodeclaración

2 Expediente con radicado núm. 76001 23 31 000 2002 04801 01. C.P. María Claudia Rojas Lasso.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 54001 23 33 000 2016 00169 02
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P.
Demandado: CORPONOR

presuntiva presentada ni los recursos disponibles vía tarifa, con lo que originó un cobro
indebido. Agregó que el artículo 18 y siguientes del mismo decreto establecen un debido
proceso para el recaudo, el cobro y el trámite de las reclamaciones, vulnerado al no
atenderse las objeciones relacionadas con la inexistencia de la obligación contractual.

Respecto del artículo 228 de la Ley 1753 de 2015, precisó que esa norma ordena ajustar
a uno (1) el cálculo del factor regional de manera inmediata cuando existan retrasos en
las obras por razones no imputables al prestador del servicio de alcantarillado, supuesto
en el que, según afirmó, se encuentra.

En el plano contractual, invocó la cláusula 13 del Contrato de Operación 030 de 2006,
según la cual el operador no es responsable del tratamiento de aguas residuales.

Sostuvo, además, que los actos incurren en falsa motivación, en los términos del artículo
134 de la Ley 1437 de 2011, por carecer de fundamento legal, ya que interpretaron
erradamente el Decreto 2667 de 2012 al establecer el ajuste del factor regional, cuya
materialización mediante la factura constituye un cobro indebido.

1.2. Contestación de la demanda

CORPONOR, por conducto de apoderado, se opuso a las pretensiones y solicitó no
acceder a la nulidad. Adujo que los actos demandados, expedidos para responder a las
objeciones de la actora sobre la inclusión del factor regional en la liquidación de la tasa
retributiva, respetaron el debido proceso y se sustentaron en hechos y normas ciertos,
por lo que no cabía imputarles falsa motivación, y fueron proferidos en cumplimiento de
las atribuciones propias de la entidad. Agregó que no era viable la reliquidación de la tasa
excluyendo el factor regional, pues este es un elemento del cálculo de la liquidación,
conforme a los artículos 14 y 15 del Decreto núm. 2667 de 2012.

Al pronunciarse sobre los hechos, aceptó la existencia del contrato de operación 030 de
2006 y la expedición de la Resolución núm. 0276 de 15 de mayo de 2008, y advirtió que
la actora participó en su trámite e interpuso recurso de reposición, resuelto por la
Resolución núm. 0497 de 31 de julio de 2008.

Reconoció que el Consejo Directivo, en sesión de 26 de abril de 2013, aprobó el ajuste
del factor regional utilizado para calcular la tasa, y que por Acuerdo 001 de 10 de abril de
2015 modificó el Acuerdo 017 de 19 de diciembre de 2014.

Aceptó la emisión de las facturas de julio a diciembre de 2015 y la presentación de las
objeciones, resueltas mediante los actos demandados, pero negó que el operador
hubiera cumplido con sus obligaciones y que el cobro fuera indebido. Calificó como
opiniones del apoderado los planteamientos relativos a la sentencia del Consejo de
Estado invocada por la actora y a la vulneración del debido proceso, y precisó que el
parágrafo del artículo 13 del Decreto núm. 2667 de 2012 se refiere a la vigencia de las
metas globales de carga contaminante, no a la posibilidad de ajustar el factor regional.

En cuanto a las normas violadas, sostuvo que la actora invocó el artículo 29 de la
Constitución sin explicar el concepto de la violación, con lo que incumplió la carga del
numeral 4 del artículo 162 del CPACA, y que las pruebas aportadas por la propia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 54001 23 33 000 2016 00169 02
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P.
Demandado: CORPONOR

demandante acreditan el respeto del debido proceso, pues ejerció su derecho de
contradicción al presentar las objeciones que fueron resueltas.

Negó la vulneración del artículo 18 y siguientes del Decreto núm. 2667 de 2012, porque
las facturas fueron comunicadas, la actora presentó las reclamaciones y CORPONOR
las evaluó y decidió mediante el acto demandado. Añadió que la pretensión de la actora
de no ser sujeta de las metas de carga contaminante desconoce el artículo 10 del mismo
decreto, según el cual la meta individual corresponde a la contenida en el PSMV
aprobado.

Como excepción propuso la ineptitud sustantiva de la demanda. La sustentó en que la
liquidación de la tasa contenida en las facturas objetadas se fundamenta en las
decisiones del Consejo Directivo —el Acuerdo 001 de 10 de abril de 2015 y el Acuerdo
017 de 19 de diciembre de 2014, que fijaron las metas individuales de carga contaminante
para el quinquenio 2014-2018, y el Acta de Sesión Ordinaria 005 de 26 de abril de 2013,
que aprobó el ajuste del factor regional—, de modo que, siendo esos los actos que
establecieron el factor regional que incide en la liquidación, eran ellos los que debían
demandarse y no los oficios.

Señaló que la incidencia del factor regional se mantendría aun anulando los oficios; que
estos no son autónomos, por hallarse en una relación inescindible de dependencia con
el acto que aprobó el factor regional; y que, al no haberse demandado este, la actora
quedó en imposibilidad de obtener el restablecimiento pretendido, lo que torna
sustancialmente inepta la demanda.

En respaldo de lo antes expuesto, citó providencias de la Sala Plena del Consejo de
Estado de 12 de diciembre de 1988 (expediente S-047) y de 4 de septiembre de 2003
(expediente 11320), y de la Sección Segunda de 18 de mayo de 2011 (expediente 76001-
23-31-000-2006-02409-01), según las cuales esa situación configura una proposición
jurídica incompleta que torna procedente la decisión inhibitoria.

II. SENTENCIA APELADA

En sentencia del 10 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
resolvió:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda formuladas por Aguas Kpital
S.A. E.S.P., a través de apoderado judicial, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Una vez en firme la presente, ARCHÍVESE el expediente, previas las
anotaciones secretariales de rigor.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 54001 23 33 000 2016 00169 02
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P.
Demandado: CORPONOR

El Tribunal delimitó el problema jurídico en establecer si se encontraban viciados de
ilegalidad los oficios mediante los cuales se resolvieron las objeciones presentadas
contra las facturas de la tasa retributiva con ajuste del factor regional de julio a diciembre
de 2015, para lo cual analizó los cargos de ilegalidad invocados.

Como tesis, sostuvo que debían negarse las pretensiones, porque la parte actora no
acreditó la configuración de la causal de anulación propuesta y, por tanto, no desvirtuó la
presunción de legalidad de los actos acusados. Advirtió que en casos anteriores similares
había negado las pretensiones y que no existían razones para decidir de manera
diferente.

Para sustentar la tesis, recordó que los actos administrativos gozan de presunción de
legalidad y de ejecutoriedad, y que corresponde al interesado desvirtuar la primera
acreditando alguna de las causales de nulidad del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011,
con la carga de indicar las normas violadas y explicar el concepto de la violación (artículos
162.4 y 103 del CPACA). Añadió que las causales deben haberse presentado antes de
la expedición del acto o de manera coetánea.

En el caso concreto, tuvo por acreditado que CORPONOR emitió las facturas de la tasa
retributiva de julio a diciembre de 2015 con el ajuste del factor regional, que la actora las
objetó y que, mediante los oficios acusados, CORPONOR decidió no aceptar la objeción.

Consideró que el cargo central de la actora, la vulneración del debido proceso en el ajuste
del factor regional, no podía prosperar, porque ese ajuste no se produjo con las facturas
ni con los oficios cuestionados, sino que fue aprobado por el Consejo Directivo de
CORPONOR en el Acta de Sesión Ordinaria 005 de 26 de abril de 2013, según lo había
expuesto la propia demandante en su solicitud de conciliación extrajudicial.

Con apoyo en anteriores pronunciamientos3, el Tribunal señaló que, para obtener la
nulidad de los oficios, la actora debía haber logrado primero la nulidad del Acta de Sesión
Ordinaria 005 de 26 de abril de 2013; que esa Acta fue demandada en el proceso 54001-
23-33-000-2014-00086-00, en el que el Tribunal, por auto de 12 de junio de 2014, rechazó
la demanda por caducidad, sin que se interpusiera recurso; y que, en consecuencia, el
Acta conserva su presunción de legalidad, que se extiende a los oficios que la tienen
como fundamento. Precisó que no podía analizar de oficio la legalidad de un acto no
demandado, so pena de vulnerar el derecho de defensa de la entidad.

Respecto de la pretensión de reliquidación excluyendo el factor regional, indicó que en
los oficios demandados no se adoptó decisión alguna sobre el monto del ajuste, pues
este fue fijado por el Consejo Directivo en la sesión de 26 de abril de 2013. Con ello
estimó decidido el argumento de la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y
concluyó que, respecto de los oficios, no se desvirtuó la presunción de legalidad, por lo
que negó las pretensiones.

Finalmente, se abstuvo de condenar en costas.

3 Sentencia del 14 de febrero de 2019, proferida por el juez de primera instancia en el proceso con radicado

núm.: 54001 23 33 000 2016 01430 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 54001 23 33 000 2016 00169 02
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P.
Demandado: CORPONOR

III. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante apeló la sentencia y solicitó su revocatoria. Expuso que, mediante
escritos radicados entre el 10 de agosto y el 30 de diciembre de 2015, había solicitado a
CORPONOR el ajuste de las facturas de la tasa retributiva, pidiendo que se aplicara el
factor regional a uno (1) para los parámetros DBO y SST, al amparo del artículo 228 de
la Ley 1753 de 2015 —que, según afirmó, fue reglamentado por el Decreto núm. 2141 de
23 de diciembre de 2016—, por cuanto el incumplimiento del PSMV en lo relativo a la
construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales, obedeció a hechos de
terceros o de fuerza mayor.

Sostuvo que CORPONOR respondió esas solicitudes con los actos acusados y que, en
ellos, se limitó a reseñar la norma sin exponer las razones por las cuales no procedía el
ajuste del factor regional a uno (1); adujo que los actos adolecen de vicios de forma y de
fondo, por haber sido proferidos sin la debida motivación y sin una decisión clara frente
al sentido de la solicitud.

Argumentó que los actos demandados eran susceptibles de control judicial en el marco
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al criterio
jurisprudencial vigente a la fecha de su expedición, según el cual el acto definitivo es el
que resuelve la reclamación del usuario sujeto a la tasa retributiva. Precisó que, aunque
el Consejo de Estado rectificó su posición sobre los actos definitivos susceptibles de
control en el auto de 22 de febrero de 20184, esa providencia es posterior a la
presentación de la demanda, por lo que resultaba aplicable el criterio anterior, y que
CORPONOR, como entidad pública del orden nacional, expide actos susceptibles de
control.

Sostuvo que el Tribunal se equivocó al señalar que el objeto de la demanda era debatir
el ajuste del factor regional aprobado por el Consejo Directivo de CORPONOR en el Acta
de Sesión Ordinaria 005 de 26 de abril de 2013, pues en ningún momento cuestionó la
legalidad de esa Acta, sino la de los actos que CORPONOR expidió en respuesta a la
solicitud de ajuste formulada con fundamento en el artículo 228 de la Ley 1753 de 2015.
Calificó de inaudito que el Tribunal sustentara el fallo en que la legalidad del Acta 005 ya
había sido revisada en otro proceso y no podía discutirse, cuando esa legalidad nunca
fue cuestionada en este.

Reiteró que tanto las solicitudes de ajuste presentadas entre el 10 de agosto y el 30 de
diciembre de 2015 como las respuestas de CORPONOR contenidas en los actos
acusados se surtieron y tramitaron en el marco del artículo 228 de la Ley 1753 de 2015,
norma que permitía el ajuste del factor regional a uno (1) cuando se cumplieran los
presupuestos que ella establece.

4 Expediente con radicado núm. 63001-23-33-000-2015-00048-01. C.P. Hernando Sánchez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 54001 23 33 000 2016 00169 02
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P.
Demandado: CORPONOR

Concluyó que no podía mezclarse la aplicación del artículo 228 con la presunción de
legalidad de un acto anterior que jamás controvirtió, pues solo acudió a una norma que
permitía el ajuste del factor regional mediante una solicitud formal que, según afirmó,
CORPONOR atendió de manera desfavorable y sin motivación.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto de 17 de mayo de 2023, se admitió el recurso de apelación interpuesto y
sustentado oportunamente por la parte demandante, de conformidad con el numeral 3
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de
2021.

En la misma providencia, en aplicación del numeral 5 ibidem, se prescindió del traslado
para alegar de conclusión, por no haberse solicitado pruebas en el recurso, y se ordenó
remitir el expediente al Despacho ponente para proferir fallo de segunda instancia5.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.

VI. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el
asunto sub lite, previas las siguientes

VII. CONSIDERACIONES

7.1. Competencia

De conformidad con los artículos 150 y 247 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 (modificado
por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024), expedido por la Sala Plena de esta
Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte
de Santander.

7.2. Análisis del asunto

5 Visto en el índice 4 del SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 54001 23 33 000 2016 00169 02
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P.
Demandado: CORPONOR

En la sentencia objeto de alzada, el Tribunal determinó que la demanda buscaba la
nulidad de varios oficios mediante los cuales se resolvieron objeciones en contra del
cobro de la tasa retributiva6, con argumentos que en verdad objetaban la legalidad del
Acta núm. 005 del Consejo Directivo de CORPONOR, del 26 de abril de 2013, por medio
de la cual se ajustó el factor regional de dicha tasa.

Así, toda vez que los oficios demandados se fundamentaban en el acta, cuya legalidad
no fue cuestionada dentro del proceso de la referencia y respecto de la cual, en un trámite
judicial previo, se rechazó una demanda intentada en su contra por haber operado el
fenómeno de la caducidad, el juez de primera instancia entendió que los actos
administrativos derivados de dicha acta no podían ser anulados.

Bajo tal contexto, a juicio de la Sala, el fallo del 10 de marzo de 2023, objeto del recurso
de apelación que motiva el presente pronunciamiento, aunque en la parte resolutiva
señaló que negaba las pretensiones de la demanda, materialmente constituye una
decisión inhibitoria, en la medida en que, so pretexto de la falta de cuestionamiento en el
libelo introductorio de la mencionada acta, omitió su deber de resolver de fondo la
totalidad de reproches enrostrados a los actos que se cuestionan.

En efecto, la lectura integral de la sentencia apelada evidencia que el Tribunal concentró
su análisis en sostener que la legalidad del ajuste del factor regional no podía discutirse
a través de la impugnación de los oficios que resolvieron las objeciones formuladas contra
las facturas de la tasa retributiva, por estimar que dicho ajuste provenía del Acta del
Consejo Directivo de CORPONOR de 26 de abril de 2013, acto que no fue demandado.

Con fundamento en esa premisa, el a quo concluyó que no era posible desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos acusados. Sin embargo, ese razonamiento
únicamente resolvió uno de los cuestionamientos planteados por la parte actora y dejó
sin examen los restantes reproches formulados en el concepto de la violación,
encaminados a controvertir la legalidad de los oficios demandados a partir de cargos
autónomos que no dependían exclusivamente de la validez del mencionado acto general.

Entre los aspectos que omitió el juez de primera instancia se encuentran: (i) la vulneración
del procedimiento especial para el trámite y decisión de las reclamaciones previsto en el
Decreto 901 de 1997; (ii) la falta de motivación de los oficios frente a los argumentos
relacionados con el cumplimiento del quinquenio y el fundamento del ajuste del factor
regional; (iii) el alcance de los artículos 74 y 87 del CPACA respecto de la firmeza del
acto aprobatorio del PSMV y la incidencia de dicha circunstancia en el cómputo del
quinquenio; (iv) la alegada infracción del procedimiento previsto en los artículos 8, 18 y
siguientes del Decreto 2667 de 2012; (v) la aplicación del artículo 228 de la Ley 1753 de
2015 al caso concreto; y (vi) el cargo de falsa motivación formulado contra los actos
acusados.

6 Sobre la naturaleza jurídica de los oficios mediante los cuales las autoridades ambientales resuelven

objeciones formuladas contra facturas de venta por concepto de tasa retributiva y ajuste del factor regional,
la Sección Primera ya se pronunció en el auto de 15 de diciembre de 2017, proferido dentro del expediente
radicado núm. 54001-23-33-000-2015-00444-01, con ponencia del consejero Roberto Augusto Serrato
Valdés, providencia en la que se analizó la naturaleza jurídica de unos oficios expedidos por CORPONOR
para efectos de establecer si constituían actos administrativos susceptibles de control judicial.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 54001 23 33 000 2016 00169 02
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P.
Demandado: CORPONOR

Así, la sentencia apelada no contiene un pronunciamiento expreso y de fondo respecto
de la totalidad de las pretensiones ni de todos los cargos propuestos en la demanda, sino
que restringió el análisis a un único aspecto de la controversia, absteniéndose de resolver
los demás planteamientos cuya decisión también le había sido sometida.

Al proferir sentencia, el Juez de instancia se encuentra en la obligación de pronunciarse
sobre las pretensiones, las cuales constituyen el objeto del litigio; y, por ende, debe definir
si éstas tienen vocación de prosperar o si, por el contrario, deben estimarse las
excepciones.

El artículo 187 del CPACA prevé expresamente dicho deber:

Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella
se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico
de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios
estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con
brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra
que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior
estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la
no reformatio in pejus.

Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y
modificar o reformar estas.

En el evento de que dicha decisión sea recurrida, debe tenerse en cuenta que el artículo
320 del Código General del Proceso (CGP)7 determinó que el fin recurso apelación es
que el Superior examine la providencia emitida por el a quo, únicamente en relación con
los reparos concretos que se ventilen en el respectivo recurso, de modo que, una vez sea
efectuado el análisis de los mismos, el fallador de segunda instancia solamente se
encuentra habilitado para confirmar, revocar o modificar el proveído impugnado8.

Ahora, una vez esté ejecutoriada la correspondiente sentencia se presenta el fenómeno
de cosa juzgada; es decir, a partir de dicho momento se entiende que el litigio quedó
resuelto de forma definitiva, por lo que no es posible reabrir un nuevo debate procesal
por el mismo objeto, hechos y fundamentos de derecho. Ello, de conformidad con lo
previsto en el artículo 189 del CPACA9, sin perjuicio de los procesos extraordinarios que,
como es bien sabido, tienen especiales características de procedencia.

7 Aplicable por la remisión que autoriza el artículo 306 del CPACA.
8 “Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la

cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que
el superior revoque o reforme la decisión. |Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 71”.
9 “Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en

un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 54001 23 33 000 2016 00169 02
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P.
Demandado: CORPONOR

No obstante, el Legislador reguló algunos eventos en los cuales lo descrito no tiene lugar
y entonces se habilita al Juez de Segunda Instancia a devolver el proceso al a quo a
efectos de que se pronuncie sobre aspectos respecto de los cuales omitió valoración,
estos son: (i) cuando no se resuelve sobre una demanda de reconvención o sobre un
proceso acumulado, o (ii) cuando se emite una sentencia inhibitoria y el ad quem
encuentra que tal decisión no es acertada.

El último de los criterios ha sido desarrollado por la jurisprudencia a partir de la garantía
del principio de doble instancia y de la lectura del artículo 280 ibidem, que ordena de
manera imperativa a los jueces pronunciarse sobre el objeto del litigio; de manera que,
cuando ello no acontece por la producción de un fallo inhibitorio, y tal decisión es
revocada en segunda instancia, la orden de devolución se cifra en la necesidad de que
la autoridad judicial dirima la discusión de fondo, pues admitir lo contrario supondría no
sólo la denegación del derecho de acceso a la administración de justicia y debido
proceso, sino el desconocimiento del citado principio.

Bajo tal perspectiva, lo que se proscribe o no es admitido es un pronunciamiento que
evite el análisis de fondo so pretexto de advertir inadecuadamente un yerro de forma,
circunstancia que es la que habilita a retornar el expediente al Juez de Primera Instancia
con el fin de que cumpla la orden dispuesta en el artículo 280 del CGP. Sobre el particular,
es preciso indicar que, en sentencia del 13 de noviembre de 2014, se dijo:

En consecuencia, como se profirió en este caso una sentencia inhibitoria injustificada
que vulnera el derecho de acceso efectivo a la administración de justicia, la Sala
revocará la sentencia apelada y, en su lugar, devolverá la actuación al Tribunal para
que ordene al demandante adecuar la demanda a la acción de reparación directa,
formulando las pretensiones declarativas y de condena que corresponden a este tipo
de acción.

Esta decisión se adopta siguiendo el criterio expresado en la Sentencia de 26 de abril
de 2013 (Expediente núm. 2006-01004-01, Consejera ponente doctora María
Elizabeth García González), reiterada posteriormente, en que la Sala sostuvo que en
tratándose de recursos de apelación respecto de fallos inhibitorios injustificados,
como ocurre en el sub lite, se debe devolver el expediente al a quo para que estudie
la demanda que no analizó, pues resolver de fondo la controversia en segunda
instancia equivaldría a convertirla en un asunto de única instancia, privando de esta
manera a la parte desfavorecida del derecho fundamental de ejercer legítimamente
su defensa, íntimamente ligado al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia10.

Se sigue de todo lo dicho que la razón que se ha decantado para que proceda una medida
tan excepcional como la devolución al Tribunal de un proceso consiste en que no exista
análisis alguno en relación con el objeto del proceso (fallo inhibitorio o silencio sobre las
pretensiones), ya sea en la demanda original, en acumuladas o en demandas de
reconvención, y en esa medida, siempre que ello tenga ocurrencia, debe el Juez de
Segunda Instancia proceder en la manera en que se ha explicado.

10Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 13 de
noviembre de 2014. Proceso radicado número: 0551 23 31 000 2001 90172 01. Consejero Ponente:
Guillermo Vargas Ayala.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 54001 23 33 000 2016 00169 02
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P.
Demandado: CORPONOR

Aceptar lo contrario, esto es, que se deba acometer el estudio de las pretensiones que,
con un fallo inhibitorio o absoluto silencio sobre ellas, omitió el a quo, iría en detrimento
del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de las partes,
quienes no podrían controvertir los argumentos expuestos en esta sede para desatar
dichos cargos, lo que implicaría un desconocimiento de su derecho de defensa y, por
supuesto, a la doble instancia.

Así pues, y en orden a garantizar la doble instancia, el debido proceso, el derecho de
defensa y el acceso a la administración de justicia, se dispone, tal y como se ha ordenado
por esta Sala en otras oportunidades11, que el a quo se pronuncie de fondo respecto de
las pretensiones de la demanda, analizando los cargos que fueron formulados en ella y
que no dependen del Acta núm. 005 del Consejo Directivo de Corponor del 26 de abril de
2013. La decisión de fondo deberá proferirse, juntamente con el auto de obedecimiento,
dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la fecha que el expediente ingrese al
despacho para tal fin12.

La anterior conclusión reitera el criterio jurisprudencial expuesto en las sentencias
proferidas en los procesos con radicados 54001-23-33-000-2014-00086-01 y 54001-23-
33-000-2016-01430-01, promovidos igualmente por Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P.
contra CORPONOR.

En tales ocasiones la Sección sostuvo que, cuando la sentencia de primera instancia
restringe indebidamente el examen judicial y deja sin resolver aspectos sustanciales de
la controversia sometida a su conocimiento, la segunda instancia no puede sustituir al
juez natural en el estudio de tales cuestiones, pues ello implicaría privar a las partes del
ejercicio efectivo del principio de la doble instancia. En esos eventos, la consecuencia
procesal consiste en revocar la sentencia apelada y devolver el expediente al tribunal de
origen para que profiera un fallo que resuelva íntegramente la controversia13.

11 Entre otras, ver la sentencia de 26 de abril de 2013. Expediente núm. 50001-2331-000-2006-01004-01.

C.P. María Elizabeth García González, en la cual se precisó lo siguiente: “Cabe advertir que esta
Corporación, al estudiar en segunda instancia los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
dictadas en primera por los Tribunales Contencioso Administrativos, en las cuales no se ha resuelto el
fondo del asunto -ello ha sido considerado injustificado-, en su lugar, ha procedido a proferir la providencia
de mérito que corresponda, en aplicación del último inciso del artículo 357 del C. de P.C., el cual prevé: ||
“Cuando se hubiere apelado una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión
de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante”. || Sin embargo, la Sala observa que esta norma
resulta incompatible con el texto de los artículos 29 y 31 de la Carta Política, que consagran el principio de
la doble instancia. […] Como quiera que el asunto a que se contrae la sentencia dictada en el proceso
de la referencia, no está considerado dentro de los casos que deban ventilarse en única instancia,
resolver de fondo la controversia en la segunda instancia, implica reemplazar al a quo en el estudio
de los cargos de la demanda que no realizó y equivale a convertirla en única instancia, privando a
la parte desfavorecida del derecho fundamental de ejercer legítimamente su defensa, íntimamente
ligado al debido proceso y al acceso a la Administración de Justicia”. (Destacado del texto original).
Este criterio fue reiterado por la Sección en la sentencia de 24 de mayo de 2018 (Expediente núm. 25000-
23-24-000-2004-00684-01), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
12 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 del Código General del Proceso.
13 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López, sentencia de 19 de

junio de 2025, radicado número: 54001-23-33-000-2016-01430-01. De forma reciente, se puede consultar
la sentencia de 16 de julio de 2026, Consejero Ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicado
número: 54001-23-33-000-2014-00086-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 54001 23 33 000 2016 00169 02
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P.
Demandado: CORPONOR

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen con el fin de que se
pronuncie de fondo respecto de las pretensiones de la demanda, en los términos
indicados en la parte motiva de esta providencia. La decisión de fondo deberá proferirse,
juntamente con el auto de obedecimiento, dentro de los cuarenta (40) días siguientes a
la fecha en que el expediente ingrese al despacho para tal fin.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 30 de
julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.