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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2016-01430-01

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2016-01430-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 19 Entre otras, ver la sentencia de 26 de abril de 2013 (Expediente núm. 50001-2331-000-2006-01004- 01), C.P. María Elizabeth García González, en la cual se precisó lo siguiente: “[…] Cabe advertir que esta Corporación, al estudiar en segunda instancia los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera por los Tribunales Contencioso Administrativos, en las cuales no se ha resuelto el fondo del asunto -ello ha sido considerado injustificado-, en su lugar, ha procedido a proferir la providencia de mérito que corresponda, en aplicación del ultimo inciso del artículo 357 del C. de P.C., el cual prevé: || “Cuando se hubiere apelado una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante”. || Sin embargo, la Sala observa que esta norma resulta incompatible con el texto de los artículos 29 y 31 de la Carta Política, que consagran el principio de la doble instancia. […] Sobre este principio, la Corte Constitucional en sentencia C-095 de 2003 (Expediente D-4172, Magistrado ponente, doctor Rodrigo Escobar Gil), precisó: “… 6.3. De la doble instancia, del debido proceso y del acceso a la administración de justicia. || 4. El principio de la doble instancia está previsto en el artículo 31 de la Constitución Política, a cuyo tenor: "Toda sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley", en armonía con el artículo 29 del mismo ordenamiento, que consagra que toda persona tiene derecho a "... impugnar la sentencia condenatoria...". || Dicho principio no sólo se encuentra previsto en los artículos 29 y 31 de la Carta Fundamental, sino que también aparece consagrado en las normas de derecho internacional humanitario, concretamente, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales le otorgan el carácter de garantía judicial y de mecanismo de protección, destinado a hacer efectivos los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico y a velar por la recta […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 54001-23-33-000-2016-01430-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

19 de junio de 2025

1

Radicado: 54001 23 33 000 2016 01430 01
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación núm.: 54001 23 33 000 2016 01430 01
Actor: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P.
Demandado: Corporación Autónoma Regional de La Frontera Nororiental- Corponor
Tesis: Debe devolverse el expediente al a quo cuando se inhibe injustificadamente para
resolver de fondo la controversia.

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra
de la sentencia del 14 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, que negó las pretensiones de la demanda.

I. LA DEMANDA

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que
trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA), la Empresa Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. (en
adelante la parte actora), por medio de apoderado judicial, interpuso demanda en
contra de Corporación Autónoma Regional de La Frontera Nororiental- Corponor1, en
la que formuló las siguientes:

1 El expediente digitalizado está visible en el índice núm. 17 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 54001 23 33 000 2016 01430 01
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P

1.1. Pretensiones

“1. Se solicita la nulidad de los actos administrativos identificados con los números
de radicados 3850 de fecha 16-06-2016, 3830 de fecha 16-06-2016, 4178 de
fecha 25-06-2016 y 5348 de fecha 02-08-2016 mediante los cuales se resolvieron
las reclamaciones u objeciones presentadas por cobro indebido contra las facturas
emitidas para el cobro de la tasa retributiva con ajuste de Factor Regional
correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de la
vigencia 2016 emanados de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA
FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR representado legalmente por
GREGORIO ANGARITA LAMK, en su condición de Director General.

Por ser manifiesta su oposición a la Constitución Política y a la Ley, ya que se está
violando con ellos el DERECHO A LA DEFENSA y EL DEBIDO PROCESO,
además de haberse expedido dichos actos administrativos incurriendo en FALSA
MOTIVACIÓN, ya que su fundamento constituye un cobro indebido al incluir en
dichas facturas el cobro del Factor Regional, causando un agravio injustificado a
la empresa AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P.

2. Que como consecuencia de lo anterior y como restablecimiento del derecho se
ordene la reliquidación de las facturas excluyendo el valor del factor regional
cobrado de las facturas existentes y las futuras, estableciendo solo la suma
correspondiente al valor de la tasa retributiva y eliminando el valor correspondiente
al factor regional hasta que se cumpla el quinquenio o en su defecto hasta que se
establezca en la reformulación del PSMV propuesta y admitida por la autoridad
ambiental, ordenando la terminación de los procesos coactivos que se hayan
iniciado para el cobro de dicho ajuste y en el evento de que se haya efectuado
algún pago, se ordene la devolución de lo pagado, debidamente actualizado a la
fecha en que proceda la devolución, con sus correspondientes intereses
corrientes.

3. Que se condene a la demandada a pagar las sumas de dinero que tuvo que
sufragar el demandante a efectos de hacer valer sus derechos en sede
administrativa y judicial, así como al pago de costas y agencias en derecho.”

1.2. Actos cuestionados

1.2.1. Oficio no. 3850 de fecha 16 de junio de 20162, que resolvió lo siguiente:

“1040.91

San José de Cúcuta

Señor

HUGO IVAN VERGEL HERNANDEZ
Gerente General
AGUAS KPITAL CUCUTA S.A. E.S.P
Avenida 6 Calle 1 Esquina, Piso 2 Edificio San José
San José de Cúcuta

2 Ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 54001 23 33 000 2016 01430 01
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P

Asunto: Respuesta Radicado No. 3838 del 14 de abril de 2016

Cordial saludo:

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, se
sirve dar respuesta a su escrito de la referencia, en donde objetan las facturas de
venta No. TR 5447, TR 5448, T R5503, TR 5504, TR 5559 y TR 5560 por concepto
de tasa retributiva, con aplicación del reajuste del factor Regional aprobado por el
Consejo Directivo y donde se considera la aplicación de la Ley 1753 de 2015, en
atención a que el operador no es el responsable del tratamiento de aguas
residuales, según contrato de operación 030 de 2006, informándole:

Revisada la información técnica de cargas contaminantes a la información técnica
de cargas facturadas, se verifica que las cargas establecidas en la facturación
fueron establecidas de acuerdo con la carga per capita presentada y a la
proyección de población DANE:

Nombre Número de Tramo Resolución Población Carga Per Carga Carga Carga Factor Factor
del identificación / Aprobación DANE Capita Per Actual Actual Regional Regional
Usuario NIT PSMV o 080Kg/ per Capita 080 SST 080 SST
permiso de día SST Kg/mes Kg/mes
Vertimientos Kg/mes
Aguas 900080956 RIO 0276/15-05- 503.722 0.028211 0.02014 426.315. 304.348. 1.18 1.00
Kpital PAMPLO 2008 04 83
NITA
TRAMO
16
Aguas 900080956 RIO 0276/15-05- 54.015 0.04292 0.02633 69.549.7 42.66.45 5.50 5.50
Kpital PAMPLO 2008 1
NITA
TRAMO
17
Aguas 900080956 QUEBRA 0276/15-05- 70.345 0.3067082 0.03813 1141.56 80.482.6 1.00 1.00
Kpital DA 2008 44 712 7.42 7
TONCHAL
A TRAMO
1

La ley 1753 de 2015 señala: “Articulo 228. Ajuste de la tasa retributiva. Los Planes
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y el cálculo de factor regional
de tasas retributivas se ajustarán a 1 de manera inmediata cuando quiera que
existan retrasos en las obras por razones no imputables al prestador del servicio
público de alcantarillado. El Gobierno nacional a través de los Ministerios de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Vivienda, Ciudad y Territorio reglamentará
las condiciones bajo las cuales las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales verificaran los motivos que dieron lugar al incumplimiento
de los PSMV”.

Así las cosas, al quedar sujetos a que el Gobierno Nacional a través de los
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Vivienda, Ciudad y Territorio,
reglamente las condiciones bajos las cuales las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales verificarán los motivos que dieron
lugar al incumplimiento de los PSMV y atendiendo además a la respuesta con
fecha 31 de Julio de 2015 y radicado en CORPONOR No. 11229 de Agosto 6 de
2015, emanado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a nuestra
consulta que señala: “Dando respuesta a su consulta referida a la reglamentación
del Artículo 228 de la Ley 1753 de 2015, me permito infórmele que el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, está adelantando las acciones necesarias

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 54001 23 33 000 2016 01430 01
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P

para llevar a cabo la reglamentación del artículo en mención. Dada las
implicaciones que se derivan sobre la señal económica y que debe inspirar la Tasa
Retributiva, le estaremos comunicando los mecanismos de participación de las
autoridades ambientales para contar con los elementos técnicos requeridos para
tal reglamentación”, esta entidad se abstiene de dar respuesta precisa a su
solicitud, hasta tanto no se reglamente dicho artículo.

Sin embargo, la Corporación le informa que se deben cancelar las facturas y una
vez el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se pronuncie al
respecto, se harán los ajustes respectivos,

Atentamente,

María Eugenia Ararat Díaz
Jefe de Oficina Asesora Jurídica (c).”

1.2.2. Oficio no. 3830 de fecha 16 de junio de 20163, que resolvió lo siguiente:

“1040.91
San José de Cúcuta

Señor

HUGO IVAN VERGEL HERNANDEZ
Gerente General
AGUAS KPITAL CUCUTA S.A. E.S.P
Avenida 6 Calle 1 Esquina, Piso 2 Edificio San José
San José de Cúcuta

Asunto: Respuesta Radicado No. 4965 del 12 de mayo de 2016

Cordial saludo:

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR, se
sirve dar respuesta a su escrito de la referencia, en el cual se objetan las facturas
de venta No. TR 5447, TR 5448, TR 5503, TR 5504, TR 5559 y TR 5560 por
concepto de tasa retributiva, con aplicación del reajuste del factor regional
aprobado por el Consejo Directivo y donde se considera la aplicación de la Ley
1753 de 2015, en atención a que el operador no es el responsable del tratamiento
de aguas residuales, según contrato de operación 030 de 2006, informándole:

Revisada la información técnica de cargas contaminantes a la información técnica
de cargas facturadas, se verifica que las cargas establecidas en la facturación
fueron establecidas de acuerdo con la carga per capita presentada y a la
proyección de población DANE:

Nombre Número de Tramo No. De Población Carga Carga Carga Carga Factor Factor
del identificación / Resolución DANE Per Per Actual Actual Regio Regional
Usuario NIT Aprobación Capita Capita 080 SST nal SST
PSMV o 080Kg SST Kg/mes Kg/mes 080
permiso de / per Kg/mes
Vertimientos día

3 Ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 54001 23 33 000 2016 01430 01
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P

Aguas 900080956 RIO 0276/15-05- 503.722 0.0282 0.02014 426.31 304.34 1.18 1.00
Kpital PAMP 2008 11 5.04 8.83
LONIT
A
TRAM
O 16
Aguas 900080956 RIO 0276/15-05- 54.015 0.0429 0.02633 69.549. 42.66.4 5.50 5.50
Kpital PAMP 2008 2 71 5
LONIT
A
TRAM
O 17
Aguas 900080956 QUEB 0276/15-05- 70.345 0.3067 0.03813 1141.5 80.482. 1.00 1.00
Kpital RADA 2008 08244 712 67.42 67
TONC
HALA
TRAM
O1

La Ley 1753 de 2015 señala: “Artículo 228. Ajuste de la tasa retributiva. Los Planes
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y el cálculo de factor regional
de tasas retributivas se ajustarán a 1 de manera inmediata cuando quiera que
existan retrasos en las obras por razones no imputables al prestador del servicio
público de alcantarillado. El Gobierno nacional a través de los Ministerios de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Vivienda, Ciudad y Territorio reglamentará
las condiciones bajo las cuales las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales verificaran los motivos que dieron lugar al incumplimiento
de los PSMV”

Así las cosas, al quedar sujetos a que el Gobierno Nacional a través de los
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Vivienda, Ciudad y Territorio,
reglamente las condiciones bajos las cuales las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales verificarán los motivos que dieron
lugar al incumplimiento de los PSMV y atendiendo además a la respuesta con
fecha 31 de Julio de 2015 y radicado en CORPONOR No. 11229 de Agosto 6 de
2015, emanado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a nuestra
consulta que señala: “Dando respuesta a su consulta referida a la reglamentación
del Artículo 228 de la Ley 1753 de 2015, me permito informarle que el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible está adelantando las acciones necesarias
para llevar a cabo la reglamentación del artículo en mención. Dada las
implicaciones que se derivan sobre la señal económica y que debe inspirar la Tasa
Retributiva, le estaremos comunicando los mecanismos de participación de las
autoridades ambientales para contar con los elementos técnicos requeridos para
tal reglamentación”, esta entidad se abstiene de dar respuesta precisa a su
solicitud, hasta tanto no se reglamente dicho artículo.

Sin embargo, la Corporación le informa que se deben cancelar las facturas y una
vez el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se pronuncie al
respecto, se harán los ajustes respectivos,

María Eugenia Ararat Díaz
Jefe de Oficina Asesora Jurídica (c).”

1.2.3. Oficio no. 4178 de fecha 25 de junio de 20164, que resolvió lo siguiente:

“1040.91

4 Ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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6

Radicado: 54001 23 33 000 2016 01430 01
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P

San José de Cúcuta

Señor

HUGO IVAN VERGEL HERNANDEZ
Gerente General
AGUAS KPITAL CUCUTA S.A. E.S.P
Avenida 6 Calle 1 Esquina, Piso 2 Edificio San José
San José de Cúcuta

Asunto: Respuesta Radicado No. 6284 del 10 de junio de 2016

Cordial saludo:

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, se
sirve dar respuesta a su escrito de la referencia, en donde objetan las facturas de
venta No. TR 5702 y TR 5703 por concepto de tasa retributiva, con aplicación del
reajuste del factor Regional aprobado por el Consejo Directivo y donde se
considera la aplicación de la Ley 1753 de 2015, en atención a que el operador no
es el responsable del tratamiento de aguas residuales, según contrato de
operación 030 de 2006, informándole:

Revisada la información técnica de cargas contaminantes a la información técnica
de cargas facturadas, se verifica que las cargas establecidas en la facturación
fueron establecidas de acuerdo con la carga per cápita presentada y a la
proyección de población DANE:

Nombre Número de Tramo No. De Resolución Población Carga Carga Carga Carga Factor Factor
del identificación / Aprobación PSMV DANE Per Per Actual Actua Regional Regional
Usuario NIT o permiso de Capita Capita 080 l SST 080 SST
Vertimientos 080Kg SST Kg/mes Kg/m
/ per Kg/mes es
día
Aguas 900080956 RIO 0276/15-05-2008 503.722 0.0282 0.02014 426.31 304.3 1.18 1.00
Kpital PAMPLO 11 5.04 48.83
NITA
TRAMO
16
Aguas 900080956 RIO 0276/15-05-2008 54.015 0.0429 0.02633 69.549. 42.66 5.50 5.50
Kpital PAMPLO 2 71 .45
NITA
TRAMO
17
Aguas 900080956 QUEBRA 0276/15-05-2008 70.345 0.3067 0.03813 1141.5 80.48 1.00 1.00
Kpital DA 08244 712 67.42 2.67
TONCHAL
A TRAMO
1

La ley 1753 de 2015 señala: “Articulo 228. Ajuste de la tasa retributiva. Los Planes
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y el cálculo de factor regional
de tasas retributivas se ajustarán a 1 de manera inmediata cuando quiera que
existan retrasos en las obras por razones no imputables al prestador del servicio
público de alcantarillado. El Gobierno nacional a través de los Ministerios de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Vivienda, Ciudad y Territorio reglamentará
las condiciones bajo las cuales las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales verificaran los motivos que dieron lugar al incumplimiento
de los PSMV”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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7

Radicado: 54001 23 33 000 2016 01430 01
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P

Así las cosas, al quedar sujetos a que el Gobierno Nacional a través de los
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Vivienda, Ciudad y Territorio,
reglamente las condiciones bajos las cuales las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales verificarán los motivos que dieron
lugar al incumplimiento de los PSMV y atendiendo además a la respuesta con
fecha 31 de Julio de 2015 y radicado en CORPONOR N° 11229 de Agosto 6 de
2015, emanado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a nuestra
consulta que señala: “Dando respuesta a su consulta referida a la reglamentación
del Artículo 228 de la Ley 1753 de 2015, me permito infórmele que el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, está adelantando las acciones necesarias
para llevar a cabo la reglamentación del artículo en mención. Dada las
implicaciones que se derivan sobre la señal económica y que debe inspirar la Tasa
Retributiva, le estaremos comunicando los mecanismos de participación de las
autoridades ambientales para contar con los elementos técnicos requeridos para
tal reglamentación”, esta entidad se abstiene de dar respuesta precisa a su
solicitud, hasta tanto no se reglamente dicho artículo.

Sin embargo, la Corporación le informa que se deben cancelar las facturas y una
vez el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se pronuncie al
respecto, se harán los ajustes respectivos,

Atentamente,

María Eugenia Ararat Díaz
Jefe de Oficina Asesora Jurídica (c).”

1.2.4. Oficio no. 5348 de fecha 2 de agosto de 20165, que resolvió lo siguiente:

“1040.91
San José de Cúcuta

Señor
HUGO IVAN VERGEL HERNANDEZ
Gerente General
AGUAS KPITAL CUCUTA S.A. E.S.P
Avenida 6 Calle 1 Esquina, Piso 2 Edificio San José
San José de Cúcuta

Asunto: Respuesta Radicado No. 7853 del 12 de julio de 2016

Cordial saludo:

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, se
sirve dar respuesta a su escrito de la referencia, en donde objetan las facturas de
venta No. TR 5788 y TR 5789 por concepto de tasa retributiva, con aplicación del
reajuste del factor Regional aprobado por el Consejo Directivo y donde se
considera la aplicación de la Ley 1753 de 2015, en atención a que el operador no
es el responsable del tratamiento de aguas residuales, según contrato de
operación 030 de 2006, informándole:

Revisada la información técnica de cargas contaminantes a la información técnica
de cargas facturadas, se verifica que las cargas establecidas en la facturación

5 Ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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8

Radicado: 54001 23 33 000 2016 01430 01
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P

fueron establecidas de acuerdo con la carga per cápita presentada y a la
proyección de población DANE:

Nombre Número de Tramo No. De Población Carga Per Carga Carga Carga Factor Fact
del identificación / Resolución DANE Capita Per Actual Actual Regional or
Usuario NIT Aprobación 080Kg/ Capita 080 SST 080 Regi
PSMV o per día SST Kg/mes Kg/mes onal
permiso de Kg/mes SST
Vertimientos
Aguas 900080956 RIO 0276/15-05- 503.722 0.028211 0.02014 426.315 304.348. 1.18 1.00
Kpital PAMPLO 2008 .04 83
NITA
TRAMO
16
Aguas 900080956 RIO 0276/15-05- 54.015 0.04292 0.02633 69.549. 42.66.45 5.50 5.50
Kpital PAMPLO 2008 71
NITA
TRAMO
17
Aguas 900080956 QUEBRA 0276/15-05- 70.345 0.3067082 0.038137 1141.56 80.482.6 1.00 1.00
Kpital DA 2008 44 12 7.42 7
TONCHAL
A TRAMO
1

La ley 1753 de 2015 señala: “Articulo 228. Ajuste de la tasa retributiva. Los Planes
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y el cálculo de factor regional
de tasas retributivas se ajustarán a 1 de manera inmediata cuando quiera que
existan retrasos en las obras por razones no imputables al prestador del servicio
público de alcantarillado. El Gobierno nacional a través de los Ministerios de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Vivienda, Ciudad y Territorio reglamentará
las condiciones bajas las cuales las Corporaciones Autónomas Regionales y
demás autoridades ambientales verificaran los motivos que dieron lugar al
incumplimiento de los PSMV”

Así las cosas, al quedar sujetos a que el Gobierno Nacional a través de los
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Vivienda, Ciudad y Territorio,
reglamente las condiciones bajos las cuales las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales verificarán los motivos que dieron
lugar al incumplimiento de los PSMV y atendiendo además a la respuesta con
fecha 31 de Julio de 2015 y radicado en CORPONOR No. 11229 de Agosto 6 de
2015, emanado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a nuestra
consulta que señala: “Dando respuesta a su consulta referida a la reglamentación
del Artículo 228 de la Ley 1753 de 2015, me permito infórmele que el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, está adelantando las acciones necesarias
para llevar a cabo la reglamentación del artículo en mención. Dada las
implicaciones que se derivan sobre la señal económica y que debe inspirar la Tasa
Retributiva, le estaremos comunicando los mecanismos de participación de las
autoridades ambientales para contar con los elementos técnicos requeridos para
tal reglamentación”, esta entidad se abstiene de dar respuesta precisa a su
solicitud, hasta tanto no se reglamente dicho artículo.

Sin embargo, la Corporación le informa que se deben cancelar las facturas y una
vez el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se pronuncie al
respecto, se harán los ajustes respectivos,

Atentamente,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 54001 23 33 000 2016 01430 01
Demandante: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P

María Eugenia Ararat Díaz
Jefe de Oficina Asesora Jurídica (c).”

1.3. Normas violadas y concepto de violación

La parte actora invocó la transgresión del artículo 29 de la Constitución Política, el
Decreto 2667 de 2012, el artículo 228 de la Ley 1753 de 2015 y los artículos 42, 74,
87 y 137 del CPACA.

Adujo la parte actora la vulneración del derecho al debido proceso consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política, en tanto Corponor interpretó erróneamente el
Decreto 2667 de 2012 al omitir los plazos establecidos para el cierre del quinquenio,
lo que derivó en un ajuste indebido del factor regional aplicado al cobro de la tasa
retributiva. Indicó que, además, se desconoció lo previsto en el artículo 228 de la Ley
1753 de 2015, afectando así la legalidad del procedimiento administrativo mediante el
cual se modificó dicho factor. En ese sentido, alegó la transgresión de los artículos 42,
74 y 87 del CPACA, al no observarse adecuadamente las disposiciones normativas
aplicables para el ajuste del factor regional y al omitirse una debida motivación en los
actos administrativos cuestionados, los cuales no ofrecieron respuesta a las
observaciones relacionadas con el cumplimiento del quinquenio ni justificaron de
manera suficiente la modificación aplicada.

Adicionalmente, consideró que los artículos 74 y 87 del CPACA fueron desconocidos
al omitirse el procedimiento administrativo para la procedencia de los recursos y la
firmeza de los actos administrativos en la aprobación del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos (en adelante PSMV), debido a que la entidad resolvió un
recurso presentado dentro del proceso, pero solo una vez resuelto quedaba en firme
el acto. En consecuencia, arguyó que el quinquenio debía contarse a partir de esa
fecha, para no generar un cobro indebido.

Destacó que el Decreto 2667 de 2012 regula la tasa retributiva por el uso del agua,
estableciendo que cada 5 años la autoridad ambiental debe fijar una meta de carga
contaminante para cada usuario. Expuso que la demandada emitió facturas de cobros
por la tasa retributiva con ajuste del factor regional, de enero a junio de 2016, sin
considerar la auto declaración presuntiva de la accionante ni los recursos económicos

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vía tarifa, lo que generó un cobro indebido. Además, la entidad desconoció el
procedimiento establecido en el decreto para el recaudo y trámite de reclamaciones,
vulnerando el debido proceso, al no atender objeciones sobre la inexistencia de la
obligación contractual.

Expuso que la accionada desconoció la Ley 1753 de 2015, ya que en su artículo 228
establece que el factor regional de la tasa retributiva debe ajustarse a 1 cuando el
incumplimiento de los PSMV no sea imputable al prestador, como ocurre en el
presente caso, toda vez que el Contrato de Operación No. 030 de 2006 señala
expresamente en su cláusula 13 que la empresa no es responsable del tratamiento
de aguas residuales.

Finalmente concluyó que la facturación realizada constituye un cobro indebido, lo que
podría dar lugar a la nulidad de los actos administrativos, según el artículo 137 del
CPACA.

II. TRÁMITE DE LA MEDIDA CAUTELAR

En el escrito de la demanda la parte actora solicitó la suspensión provisional de los
Oficios con números de radicados 3850 de fecha 16 de junio de 2016, 3830 de 16 de
junio de 2016, 4178 de 25 de junio de 2016 y 5348 de 2 de agosto de 2016, expedidos
por Corponor. El traslado de la medida cautelar se efectuó mediante auto del 23 de
mayo de 2017, siendo contestada por el apoderado de dicho ente en escrito visible a
folios 4 a 6 del cuaderno de medidas cautelares.

En proveído del 13 de julio de 2017, el Tribunal negó la suspensión provisional de los
actos acusados.

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Corponor sostuvo que en los oficios emitidos se limitó a responder las objeciones
presentadas por la sociedad actora respecto a la inclusión del factor regional en la
liquidación de la tasa retributiva, cumpliendo con el debido proceso y
fundamentándose en hechos y normas vigentes, por lo que consideró que no era
procedente atribuirles las causales de nulidad alegadas.

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Asimismo, indicó que la solicitud de excluir el factor regional de la liquidación de la
tasa retributiva no era viable, dado que este es un componente esencial del cálculo,
según lo establecido en los artículos 14 y 15 del Decreto 2667 de 2012.

Afirmó que la demanda señala la violación del artículo 29 de la Constitución sin dar
una explicación en qué consiste dicha vulneración, incumpliendo así la carga procesal
establecida en el numeral 4 del artículo 162 del CPACA.

Arguyó que el debido proceso fue respetado en la actuación administrativa que
concluyó con los actos demandados, conforme al Decreto 2667 de 2012. Esto se
evidenciaba en que: (i) las facturas con la liquidación de la tasa retributiva fueron
debidamente notificadas, (ii) el actor presentó objeciones, y (iii) la entidad analizó y
resolvió dichas objeciones garantizando el derecho de contradicción y defensa.

Por lo tanto, los documentos aportados en el expediente demostraban el cumplimiento
del debido proceso.

Manifestó que la parte actora alegó la vulneración de los artículos 42, 74 y 67 del
CPACA, el artículo 228 de la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 2667 de 2012, con
argumentos insuficientes para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
demandados. Asimismo, indicó que no existía prueba de que la facultad otorgada en
el artículo 13 del Decreto 2667 de 2012, para modificar el factor regional, hubiese sido
empleada con un propósito distinto al previsto al asignarle dicha competencia a la
entidad.

Formuló la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.

Al respecto precisó que la decisión sobre el ajuste del factor regional en la liquidación
de la tasa retributiva fue aprobada por el Consejo Directivo de Corponor en 2013 y no
fue demandada oportunamente, lo que impedía modificar sus efectos. Arguyó que,
aunque se declarara la nulidad de los oficios demandados, la liquidación seguiría
vigente, ya que estos no son autónomos del acto administrativo contenido en el acta
de aprobación y el método de cálculo establecido en el Decreto 2667 de 2012

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mantendría el factor regional, haciendo ineficaz cualquier decisión sobre la nulidad de
los oficios en cuestión.

IV. LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia del 14 de febrero de 20196, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander negó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes
argumentos:

Como problema jurídico el juez de primera instancia precisó lo siguiente:

“De acuerdo con la fijación del litigio proyectada en la audiencia inicial, el problema
jurídico en el presente asunto se circunscribe a determinar si están viciados de
nulidad los actos administrativos contenidos en los oficios con radicados números
3850 del 16 de junio de 2016, 3830 del 16 de junio de 2016, 4178 del 25 de junio
de 2016 y 5348 del 02 de agosto del año 2016 por medio de las cuales se
resolvieron la reclamaciones u objeciones presentadas por el cobro indebido para
el cobro de la tasa retributiva con ajuste de factor regional correspondiente a los
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2016 proferidos por
CORPONOR”7.

Y como tesis sostuvo:

“2.2.4. TESIS DE LA SALA DE DECISIÓN.

Para la Sala, las pretensiones no tienen vocación de prosperidad puesto que no
hay argumento probado de los vicios alegados contra los actos administrativos
demandados, ya que los fundamentos de la demanda, que fueron reiterados en
alegatos de conclusión van dirigidos a anular un acto administrativo que no está
demandado en nulidad, el cual constituye en el fundamentos o sustento legal de
los acá demandados, razón por la cual estos se encuentran y siguen amparados
con la presunción de legalidad.”8.

Al delimitar la controversia el Tribunal observó que la parte actora buscaba la nulidad
de los Oficios con números de radicado 3850 de 16 de junio de 2016, 3830 de 16 de
junio de 2016, 4178 de 25 de junio de 2016 y 5348 de 2 de agosto de 2016, que
resolvieron objeciones contra el cobro de la tasa retributiva con ajuste del factor
regional para el primer semestre de 2016, expedidos por Corponor.

6 Ibidem.
7 Folio 6 del fallo de primera instancia.
8 Folio 7 ibidem.

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Indicó que la base de dicho ajuste fue la decisión adoptada en el Acta No. 005 del
Consejo Directivo de Corponor del 26 de abril de 2013, que estableció la modificación
del factor regional de la tasa retributiva, cuya legalidad no fue objeto de
cuestionamiento dentro del proceso.

Sobre tal particular, el Tribunal concretamente consignó:

“Los vicios con los que acusan de nulidad los actos administrativos demandados
se fundamentan en el hecho de una presunta prohibición para modificar el
denominado ajuste al Factor Regional de la Tasa retributiva, el cual es evidente
no se modificó por las facturas sobre las cuales se realizó la reclamación y que
generó los oficios cuestionados, sino por el contrario dicha aprobación se llevó a
cabo en Acta de Sesión ordinaria No 005 del Consejo Directivo de CORPONOR
del 26 de abril de 2013.

De lo anterior se desprende que la ilegalidad de los actos administrativos
demandados se plantea cuestionando la legalidad del Acta de Sesión Ordinaria,
razón por la cual para la Sala es indiscutible que el acto administrativo acusado
tiene como fundamento jurídico dicha Acta, que fue la modificó el Factor Regional
de la Tasa y debido al cual se generaron las facturas acusadas, la cual no ha sido
objeto de cuestionamiento legal en este proceso y cuya presunción de legalidad
impide tenerlo como inconforme en el ordenamiento jurídico.”9.

En ese marco, el a quo advirtió que, para obtener la declaración de nulidad de los
actos administrativos acusados, el demandante debía, de forma previa, lograr la
nulidad del Acta No. 005 del Consejo Directivo de Corponor del 26 de abril de 2013,
cuestión que ya había sido estudiada por el Tribunal en providencia del 12 de junio de
2014, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con el radicado núm.
54001 2333 000 2014 00086 0010, que fijó que cualquier acción judicial contra dicho
acto administrativo estaba caducada.

Así, adujo que, al no haber sido cuestionada la validez de la comentada acta dentro
del plazo legal, su presunción de legalidad no podía ser desconocida en el presente

9 Folio 10 ibidem.
10 El Tribunal trajo a colación un fragmento de las consideraciones expuestas en el proceso referido,

así: “La decisión contenida en el Acta de Sesión ordinaria No 005 del Consejo Directivo de CORPONOR
del 26 de abril de 2013, en la que se aprueba y determina en el punto 5. La "Revisión y ajuste Factor
Regional y estado de cumplimiento de metas de reducción de carga contaminan" fue comunicada a la
actora el día 15 de mayo del año 2013, tal como se observa a folios 28 y 108 del cuaderno 1,
comunicación realizada mediante el oficio con radicado 3032 del 03 de mayo de 2013 en el cual no se
manifiesta que proceder recurso alguno contra la decisión comunicada, por lo tanto, el termino para
demandar por el medio de nulidad y restablecimiento del derecho de conformidad al literal d) del numeral
2° del artículo 164 de la Ley 1437 del 2011 se empieza a contar a partir del día siguiente de la
comunicación y para el presente caso lo fue el día 16 de mayo de 2013, por lo que el termino para
presentarla demanda se venció el día 16 de septiembre de 2013.”. Ibidem.

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proceso, razón por la cual los actos administrativos demandados, fundamentados en
ésta, no podían ser anulados sin que antes se hubiese declarado la nulidad del acto
que les dio origen.

Tras dicho análisis, concluyó que, al no haberse demandado oportunamente la
decisión que modificó el factor regional, la pretensión de la parte demandante carecía
de sustento, ya que en el caso de que se anularan los oficios cuestionados, la
liquidación de la tasa seguiría rigiéndose por el ajuste aprobado en 2013.

En este sentido, entendió que no había lugar a declarar la nulidad solicitada, por lo
cual negó las pretensiones de la demanda.

V. El RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante11, por intermedio de apoderado judicial, interpuso
oportunamente recurso de apelación en el que expuso lo siguiente:

Sostuvo que el cobro del ajuste del factor regional aprobado por el Consejo Directivo
de Corponor era improcedente, toda vez que, conforme a la Cláusula 13 del Contrato
de Operación No. 030 de 2006 celebrado con la EIS Cúcuta S.A. E.S.P., el operador
no es responsable del tratamiento de aguas residuales, obligación que recae
exclusivamente en la Alcaldía de San José de Cúcuta de acuerdo con lo dispuesto en
el PSMV. Precisó que la empresa ha cumplido con sus compromisos contractuales
mediante inversiones en el sistema de alcantarillado sanitario, ampliando su cobertura
y corrigiendo conexiones erradas, conforme a la normativa aplicable; sin embargo, la
construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, el desarrollo del
alcantarillado pluvial y la gestión de cuencas hidrográficas no forman parte de sus
obligaciones contractuales, sino que son de competencia del Municipio. En tal sentido,
reiteró que los valores facturados por concepto del ajuste del factor regional
constituyen un cobro indebido, por cuanto dicha carga no puede ser trasladada a la
empresa operadora, siendo responsabilidad exclusiva de la administración municipal
conforme al marco legal y contractual vigente.

11 Folios 167 a 171 del cuaderno de primera instancia.

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En este contexto afirmó que Corponor emitió facturas por la tasa retributiva con ajuste
del factor regional correspondientes a los meses de enero a junio de 2016,
sosteniendo que la facturación se basó en las cargas contaminantes proyectadas
según datos del DANE, y que la Ley 1753 de 2015 establece que el ajuste de la tasa
retributiva debe aplicarse inmediatamente en caso de retrasos en las obras del PSMV,
sin que se hubiese reglamentado las condiciones para evaluar el incumplimiento.

Reiteró que la misma Ley 1753 de 2015 reconoce que el ajuste del factor regional solo
aplica cuando el retraso en las obras no es imputable al prestador del servicio; así las
cosas, y de acuerdo con el contrato mencionado anteriormente, Aguas Kpital Cúcuta
S.A. E.S.P. no tiene la obligación de tratar aguas residuales.

En consecuencia, insistió en su argumento de no imputabilidad al incumplimiento del
PSMV con el artículo 2.2.9.7.7.3. del Decreto 2141 de 2016, que establece que la no
imputabilidad procede en casos de fuerza mayor, caso fortuito o por el hecho de un
tercero.

De igual modo, la empresa ratificó que, desde el punto de vista constitucional, el
saneamiento ambiental es un servicio público a cargo del Estado, como lo establece
el artículo 49 de la Constitución Política. También citó la sentencia SU-442 de 1997,
de la Corte Constitucional, según la cual el Estado es el garante de la prestación
efectiva de este servicio, y mencionó los artículos 365 y 366 de la Constitución, que
establecen que el saneamiento ambiental y el acceso al agua potable son finalidades
esenciales del Estado Social de Derecho.

Así, manifestó que Corponor desconoció la normativa que exime a los operadores de
servicios públicos de asumir responsabilidades ajenas a su contrato, particularmente
cuando el incumplimiento de las metas del PSMV se debe a la inacción del ente
territorial, en este caso, la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta.

Precisó que el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera
instancia dentro del expediente núm. 54001 2333 000 2014 00086 00 fue concedido
y remitido al Consejo de Estado, sin que a la fecha se hubiese proferido
pronunciamiento.

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Arguyó que Corponor expidió un acto administrativo sin aplicar correctamente normas
como el Decreto 2667 de 2012, la Ley 1753 de 2015, el Decreto 2141 de 2016 y el
Contrato de Operación núm. 030 de 2006, incumpliendo de esta manera el
procedimiento de reclamaciones de los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva.

Expuso que la demandada vulneró el artículo 137 del CPACA, que establece las
causales de nulidad de los actos administrativos cuando estos se expiden con
infracción de normas, sin competencia, de forma irregular, sin respetar el derecho de
defensa, con falsa motivación o desviación de poder, puesto que fundamentó su
decisión en normas erróneas, actuó sin competencia, omitió el procedimiento legal y
vulneró el debido proceso.

Por último, señaló que hubo desviación de poder, pues la autoridad habría actuado
con una intención distinta a la prevista en la ley, afectando la legalidad del acto
administrativo al perseguir un fin arbitrario contrario al ordenamiento jurídico, para lo
cual expuso que la vulneración del derecho de audiencia y defensa constituía una
infracción al debido proceso en el derecho administrativo.

VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

6.1. Mediante auto del 12 de julio de 201912, el Despacho Sustanciador admitió el
recurso de apelación interpuesto y sustentado oportunamente por la entidad
demandante en contra de la sentencia del 14 de febrero de 2019.

6.2. Con auto del 6 de septiembre de 201913 se corrió el traslado para alegar de
conclusión y se otorgó el término correspondiente al Ministerio Público para que, de
considerarlo pertinente, presentara su intervención.

6.3. La entidad demandada, el 11 de septiembre de 2019, por intermedio de
apoderado judicial, envió escrito en el cual solicitó confirmar el fallo proferido en
primera instancia por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dado que la
parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos
demandados ni probar los cargos formulados.

12 Ibidem.
13 Ibidem.

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6.4. La parte actora, el 23 de septiembre de 2019, por intermedio de apoderado
judicial, manifestó que el a quo no analizó el fondo del problema jurídico.

Señaló que la sentencia apelada no valoró adecuadamente la inconformidad de la
actora respecto a la aplicación indebida de la tasa retributiva y el factor regional, en
violación del Decreto 2141 de 2016. Según la norma, la autoridad ambiental debe
ajustar el factor regional cuando las obras del PSMV se retrasan por razones ajenas
al prestador del servicio público de alcantarillado. Argumentó que ha pagado las
facturas parcialmente, rechazando el incremento del factor, ya que el incumplimiento
del PSMV se debe a la falta de recursos económicos de terceros, como el Ministerio
de Medio Ambiente, el Municipio de San José de Cúcuta y fuentes internacionales,
quienes se habían comprometido a financiar las obras. Dado que estos recursos
nunca fueron dispuestos, la ejecución del proyecto se tornó imposible, lo que
configuraba un hecho imprevisible e irresistible que lo exime de responsabilidad,
puesto que la planta de tratamiento de aguas residuales estaba por fuera de sus
obligaciones contractuales y sin estas obras las metas de carga global resultan
incumplibles.

Enfatizó que la autoridad ambiental desconoció sistemáticamente esta realidad,
aplicando de manera injustificada un factor superior a 1 en las facturas, sin considerar
la falta de financiamiento externo ni el impacto de estas circunstancias en el
cumplimiento del PSMV.

Alegó que la decisión de no estudiar a fondo estos elementos y evadir su obligación
normativa es reprochable, pues ignora hechos fundamentales que exonerarían a la
empresa del cobro adicional. En consecuencia, solicitó la aplicación de la tarifa mínima
y la reliquidación de las facturas conforme al Decreto 2141 de 2016.

Alegó que Corponor aplicó erróneamente la liquidación del tributo al establecer metas
mensuales de carga contaminante en las facturas, cuando la norma exige que dichas
metas sean anuales y globales, de conformidad con el Decreto 2667 de 2012. Las
metas individuales y grupales deben expresarse en términos de carga contaminante
anual para el último año del quinquenio, con un cronograma que defina los valores
máximos anuales a verter. Sin embargo, la autoridad ambiental utilizó una

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metodología no autorizada por la ley, lo que afectaba de manera perjudicial el cobro
de la tasa retributiva.

Argumentó que el fallo de primera instancia no analizó de fondo este error y se limitó
a considerar solo una parte de los argumentos expuestos. Además, sostuvo que es
un hecho probado que las obras del PSMV están atrasadas o ni siquiera iniciadas
debido a la falta de recursos de terceros, lo que, conforme al Decreto 2141 de 2016,
obliga a fijar el factor regional en 1. También señaló que la base gravable utilizada en
la facturación era errónea, pues el cálculo del factor regional no podía hacerse con
metas mensuales.

Asimismo, cuestionó que la sentencia objeto del recurso de apelación avalara las
facturas expedidas por Corponor cuando estas contradecían lo establecido por su
propio Consejo Directivo, el cual fijó metas anuales sin autorizar la liquidación del
factor sobre promedios mensuales.

Por ello, solicitó la nulidad de los actos administrativos demandados y la reliquidación
de la tasa conforme a la normativa vigente.

VII. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.

VIII. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
el asunto sub lite, previas las siguientes

IX. CONSIDERACIONES

8.1. Competencia

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo
previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia,
así como de lo expuesto en el artículo 150 del CPACA y del artículo 13 del Acuerdo

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080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado
es competente para conocer del asunto de la referencia.

8.2. Planteamiento

De acuerdo con el contenido y alcance de la sentencia recurrida, la Sala observa que
el juez de primera instancia, sin dictar un pronunciamiento de fondo, negó las
pretensiones argumentando que el factor regional fue fijado mediante un acta que no
fue objeto de la demanda. Lo anterior significa que en realidad el Tribunal se inhibió
del análisis de los cargos formulados por la parte actora.

Por tal razón, en el eje central de la alzada la empresa demandante insistió en un
cargo que ya había formulado con la demanda, de conformidad con el cual no estaba
obligada a pagar el factor regional por cuanto dicha carga no le resultaba imputable,
en tanto no estaba previsto contractualmente el tratamiento de aguas residuales, y el
incremento de ese valor se origina en la omisión de quienes sí tienen a su cargo
realizar las inversiones necesarias para tal fin.

Observado desde esta perspectiva, se concluye entonces que este cargo, así
formulado desde la demanda, no depende del acta en que se fundamenta la sentencia
de primera instancia, pues el argumento central que esgrime el demandante es
precisamente que tal acta no le resulta aplicable; ello, como quiera que no esté en la
obligación de tratar aguas residuales y, por tanto, el factor regional para él debe ser
uno (1), es decir, un factor neutro.

En ese orden, la Sala abordará el análisis del caso concreto.

8.3. Análisis del asunto

8.3.1. En la sentencia objeto de alzada, el Tribunal determinó que la demanda
buscaba la nulidad de varios oficios mediante los cuales se resolvieron objeciones en
contra del cobro de la tasa retributiva, con argumentos que en verdad objetaban la
legalidad del Acta núm. 005 del Consejo Directivo de Corponor, del 26 de abril de
2013, por medio de la cual se ajustó el factor regional de dicha tasa.

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Así, toda vez que los oficios demandados se fundamentaban en el acta, cuya legalidad
no fue cuestionada dentro del proceso de la referencia y respecto de la cual, en un
trámite judicial previo, se rechazó una demanda intentada en su contra por haber
operado el fenómeno de la caducidad, el juez de primera instancia entendió que los
actos administrativos derivados de dicha acta no podían ser anulados.

8.3.2. Bajo tal contexto, a juicio de la Sala, el fallo del 14 de febrero de 2019, objeto
del recurso de apelación que motiva el presente pronunciamiento, aunque en la parte
resolutiva señaló que negaba las pretensiones de la demanda, materialmente
constituye una decisión inhibitoria, en la medida en que, so pretexto de la falta de
cuestionamiento en el libelo introductorio de la mencionada acta, omitió su deber de
resolver de fondo la totalidad de reproches enrostrados a los actos que se cuestionan.

8.3.3. Al proferir sentencia, el Juez de instancia se encuentra en la obligación de
pronunciarse sobre las pretensiones, las cuales constituyen el objeto del litigio; y, por
ende, debe definir si éstas tienen vocación de prosperar o si, por el contrario, deben
estimarse las excepciones.

El artículo 187 del CPACA prevé expresamente dicho deber:

“Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En
ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis
crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios
estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con
brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera
otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el
superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin
perjuicio de la no reformatio in pejus.

Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas
y modificar o reformar estas.”.

En el evento de que dicha decisión sea recurrida, debe tenerse en cuenta que el
artículo 320 del Código General del Proceso (CGP)14 determinó que el fin recurso
apelación es que el Superior examine la providencia emitida por el a quo, únicamente
en relación con los reparos concretos que se ventilen en el respectivo recurso, de

14 Aplicable por la remisión que autoriza el artículo 306 del CPACA.

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modo que, una vez sea efectuado el análisis de los mismos, el fallador de segunda
instancia solamente se encuentra habilitado para confirmar, revocar o modificar el
proveído impugnado15.

Ahora, una vez esté ejecutoriada la correspondiente sentencia se presenta el
fenómeno de cosa juzgada; es decir, a partir de dicho momento se entiende que el
litigio quedó resuelto de forma definitiva, por lo que no es posible reabrir un nuevo
debate procesal por el mismo objeto, hechos y fundamentos de derecho. Ello, de
conformidad con lo previsto en el artículo 189 del CPACA16, sin perjuicio de los
procesos extraordinarios que, como es bien sabido, tienen especiales características
de procedencia.

No obstante, el Legislador reguló algunos eventos en los cuales lo descrito no tiene
lugar y entonces se habilita al Juez de Segunda Instancia a devolver el proceso al a
quo a efectos de que se pronuncie sobre aspectos respecto de los cuales omitió
valoración, estos son: (i) cuando no se resuelve sobre una demanda de reconvención
o sobre un proceso acumulado, o (ii) cuando se emite una sentencia inhibitoria y el ad
quem encuentra que tal decisión no es acertada.

El último de los criterios ha sido desarrollado por la jurisprudencia a partir de la
garantía del principio de doble instancia y de la lectura del artículo 280 ibidem, que
ordena de manera imperativa a los jueces pronunciarse sobre el objeto del litigio; de
manera que, cuando ello no acontece por la producción de un fallo inhibitorio, y tal
decisión es revocada en segunda instancia, la orden de devolución se cifra en la
necesidad de que la autoridad judicial dirima la discusión de fondo, pues admitir lo
contrario supondría no sólo la denegación del derecho de acceso a la administración
de justicia y debido proceso, sino el desconocimiento del citado principio.

Bajo tal perspectiva, lo que se proscribe o no es admitido es un pronunciamiento que
evite el análisis de mérito so pretexto de advertir inadecuadamente un yerro de forma,

15 “Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine

la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión. |Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 71.”.
16 “Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo

en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.”.

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circunstancia que es la que habilita a retornar el expediente al Juez de Primera
Instancia con el fin de que cumpla la orden dispuesta en el artículo 280 del CGP. Sobre
el particular, es preciso indicar que, en sentencia del 13 de noviembre de 2014, se
dijo:

“6.3. Conclusión.

En consecuencia, como se profirió en este caso una sentencia inhibitoria
injustificada que vulnera el derecho de acceso efectivo a la administración de
justicia, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, devolverá la
actuación al Tribunal para que ordene al demandante adecuar la demanda a la
acción de reparación directa, formulando las pretensiones declarativas y de
condena que corresponden a este tipo de acción.

Esta decisión se adopta siguiendo el criterio expresado en la Sentencia de 26 de
abril de 2013 (Expediente núm. 2006-01004-01, Consejera ponente doctora María
Elizabeth García González), reiterada posteriormente17, en que la Sala sostuvo
que en tratándose de recursos de apelación respecto de fallos inhibitorios
injustificados, como ocurre en el sub lite, se debe devolver el expediente al a quo
para que estudie la demanda que no analizó, pues resolver de fondo la
controversia en segunda instancia equivaldría a convertirla en un asunto de única
instancia, privando de esta manera a la parte desfavorecida del derecho
fundamental de ejercer legítimamente su defensa, íntimamente ligado al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.”.18

Se sigue de todo lo dicho que la razón que se ha decantado para que proceda una
medida tan excepcional como la devolución al Tribunal de un proceso consiste en que
no exista análisis alguno en relación con el objeto del proceso (fallo inhibitorio o
silencio sobre las pretensiones), ya sea en la demanda original, en acumuladas o en
demandas de reconvención, y en esa medida, siempre que ello tenga ocurrencia, debe
el Juez de Segunda Instancia proceder en la manera en que se ha explicado.

Aceptar lo contrario, esto es, que se deba acometer el estudio de las pretensiones
que, con un fallo inhibitorio o absoluto silencio sobre ellas, omitió el a quo, iría en
detrimento del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
de las partes, quienes no podrían controvertir los argumentos expuestos en esta sede
para desatar dichos cargos, lo que implicaría un desconocimiento de su derecho de
defensa y, por supuesto, a la doble instancia.

17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 13 de

noviembre de 2014. Proceso radicado número: 0551 23 31 000 2001 90172 01. Consejero Ponente:
Guillermo Vargas Ayala.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 13 de

noviembre de 2014. Proceso radicado número: 0551 23 31 000 2001 90172 01. Consejero Ponente:
Guillermo Vargas Ayala.

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8.3.4. Así pues, y en orden a garantizar la doble instancia, el debido proceso, el
derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia, se dispone, tal y como
se ha ordenado por esta Sala en otras oportunidades19, que el a quo se pronuncie de
fondo respecto de las pretensiones de la demanda, analizando los cargos que fueron
formulados en ella y que no dependen del Acta No. 005 del Consejo Directivo de
Corponor del 26 de abril de 2013, fundamento de la decisión inhibitoria que toma. La
decisión de fondo deberá proferirse, juntamente con el auto de obedecimiento, dentro
de los cuarenta (40) días siguientes a la fecha que el expediente ingrese al despacho
para tal fin20.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

19 Entre otras, ver la sentencia de 26 de abril de 2013 (Expediente núm. 50001-2331-000-2006-01004-

01), C.P. María Elizabeth García González, en la cual se precisó lo siguiente: “[…] Cabe advertir que
esta Corporación, al estudiar en segunda instancia los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera por los Tribunales Contencioso Administrativos, en las cuales no se ha
resuelto el fondo del asunto -ello ha sido considerado injustificado-, en su lugar, ha procedido a proferir
la providencia de mérito que corresponda, en aplicación del ultimo inciso del artículo 357 del C. de P.C.,
el cual prevé: || “Cuando se hubiere apelado una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste
deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante”. || Sin embargo, la Sala
observa que esta norma resulta incompatible con el texto de los artículos 29 y 31 de la Carta
Política, que consagran el principio de la doble instancia. […] Sobre este principio, la Corte
Constitucional en sentencia C-095 de 2003 (Expediente D-4172, Magistrado ponente, doctor Rodrigo
Escobar Gil), precisó: “… 6.3. De la doble instancia, del debido proceso y del acceso a la
administración de justicia. || 4. El principio de la doble instancia está previsto en el artículo 31 de la
Constitución Política, a cuyo tenor: "Toda sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo las
excepciones que consagre la ley", en armonía con el artículo 29 del mismo ordenamiento, que consagra
que toda persona tiene derecho a "... impugnar la sentencia condenatoria...". || Dicho principio no sólo
se encuentra previsto en los artículos 29 y 31 de la Carta Fundamental, sino que también aparece
consagrado en las normas de derecho internacional humanitario, concretamente, en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, los cuales le otorgan el carácter de garantía judicial y de mecanismo de protección,
destinado a hacer efectivos los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico y a velar por la recta
actuación de la administración, máxime en aquellos casos en los cuales a partir del ejercicio de sus
funciones puede imponer sanciones (v.gr. en los procesos penales). […] Como quiera que el asunto a
que se contrae la sentencia dictada en el proceso de la referencia, no está considerado dentro de los
casos que deban ventilarse en única instancia, resolver de fondo la controversia en la segunda
instancia, implica reemplazar al a quo en el estudio de los cargos de la demanda que no realizó
y equivale a convertirla en única instancia, privando a la parte desfavorecida del derecho
fundamental de ejercer legítimamente su defensa, íntimamente ligado al debido proceso y al
acceso a la Administración de Justicia.[…]” (Destacado del texto original). Este criterio fue reiterado
recientemente por la Sala en sentencia de 24 de mayo de 2018 (Expediente núm. 25000-23-24-000-
2004-00684-01), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
20 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 del Código General del Proceso.

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PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 14 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen con el fin de que se
pronuncie de fondo respecto de las pretensiones de la demanda, en los términos
indicados en la parte motiva de esta providencia. La decisión de fondo deberá
proferirse, juntamente con el auto de obedecimiento, dentro de los cuarenta (40) días
siguientes a la fecha en que el expediente ingrese al despacho para tal fin.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 19
de junio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
Aclara voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
Aclara voto

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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