Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2016-01408-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2016-01408-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 54001-23-33-000-2016-01408-02
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
1 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., primero (1.º) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 54001 23 33 000 2016 01408 02 (1816-2021)
Demandante: José del Carmen Rojas Laguado
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Temas: Reliquidación pensión de jubilación, régimen especial de los
servidores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el 21 de mayo de 2020, por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor José del Carmen Rojas Laguado, mediante
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las
siguientes Resoluciones: i) GNR 124005 del 6 de junio de 2013, emitida por
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 54001 23 33 000 2016 01408 02 (1816-2021)
Demandante: José del Carmen Rojas Laguado
Colpensiones, a través de la cual le reconoció una pensión de jubilación; ii) GNR
305680 del 6 de octubre de 2015, mediante la cual negó la solicitud de
reliquidación; y iii) VPB 15657 del 7 de abril de 2016, por la cual confirmó la
anterior decisión.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) reliquidar la pensión con inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio; ii) pagar las diferencias que resulten de
comparar la orden anterior con las mesadas reconocidas; iii) condenar al pago de
intereses moratorios; y iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del
artículo 192 del CPACA.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor José del Carmen Rojas Laguado laboró al servicio del Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) entre el 20 de noviembre de 1990 y el 31 de
julio de 2013, esto es, por espacio de 22 años, 2 meses y 11 días.
ii) Durante su último año de servicio percibió los siguientes factores salariales:
sueldo básico, bonificación por servicios, primas de servicios, de navidad, de
vacaciones y de riesgo. El DAS envió los aportes para pensión a la Caja Nacional
de Previsión Social, al Instituto de Seguros Sociales y a Colpensiones; además,
realizó la cotización a cargo del patrono del 8.5 % por actividad de alto riesgo, en
atención a lo dispuesto en el Decreto 1835 de 1994
iii) Colpensiones le reconoció la pensión de jubilación a través de la Resolución
GNR 124005 del 6 de junio de 2013.
iv) Mediante las Resoluciones GNR 305680 del 6 de octubre de 2015 y VPB 15657
del 7 de abril de 2016, la demandada negó las solicitudes de reliquidación de la
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Radicado: 54001 23 33 000 2016 01408 02 (1816-2021)
Demandante: José del Carmen Rojas Laguado
prestación.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 13, 53, 58 y 93 de la Constitución
política; 40 de la Ley 100 de 1993; 2 y 4 del Decreto 1835 de 1994; 1, 10 y 18 del
Decreto 1933 de 1989; 27 del Decreto 3135 de 1968; 73 del Decreto 1848 de
1969; 2 y 45 del Decreto 1045 de 1978; y 1 del Decreto 2646 de 1994.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso que
el contenido de las resoluciones acusadas está afectado por falsa motivación
porque desconoce el ordenamiento jurídico, toda vez que de acuerdo al régimen
aplicable, el actor reúne los requisitos para que se le reconozca y pague la
pensión conforme a lo dispuesto en el Decreto 1933 de 1989 y los artículos 73 del
Decreto 1848 de 1969 y 45 del Decreto 1045 de 1978. Empero la administración
insiste en aplicar en forma irregular el Decreto 1158 de 1994.1
1.2. Contestación de la demanda
Colpensiones, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones,2 con fundamento en que a través del artículo 1 del Decreto 691 de
1994, los servidores públicos fueron incorporados al Sistema General de
Seguridad Social y, en consecuencia, la pensión de jubilación debía ser liquidada
conforme a los factores por los cuales se hicieron los respectivos aportes y que se
encuentren determinados en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia proferida el
21 de mayo de 3030, declaró la nulidad de los actos demandados y, en
1 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 5.
2 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 10.
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Demandante: José del Carmen Rojas Laguado
consecuencia, ordenó i) reliquidar la pensión de jubilación del actor desde el 18 de
junio de 2013, con el 75 % del promedio de los salarios devengados en el último
año de servicios, esto es, entre el 17 de junio de 2012 y el 17 de junio de 2013,
con inclusión de la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la
prima especial de riesgo y las doceavas partes de las primas de navidad, de
servicios y vacaciones; ii) pagar las diferencias que surjan como consecuencia de
lo anterior, en forma indexada, conforme a lo dispuesto en el artículo 187 del
CPACA; y negó las demás pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se
pronunció en estos términos:3
i) El parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003 estableció un régimen de
transición, según el cual, las pensiones de vejez se reconocen en iguales
condiciones a las contenidas en el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994 a los
detectives del DAS que a. se hayan vinculado con anterioridad al 3 de agosto de
1994, y b. al 29 de diciembre de 2003 hubieren cotizado 500 semanas. Por ser
una norma especial que regula las actividades de algo riesgo, no están sujetos a
las disposiciones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
ii) Está demostrado que para el 29 de diciembre de 2003, el demandante tenía
4747 días de servicio, equivalente a 678.14 semanas, toda vez que ingresó al DAS
el 20 de noviembre de 1990, por lo tanto cumple con los requisitos previstos en el
parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003 para ser beneficiario del régimen
de transición allí establecido. En consecuencia, se le deben respetar los derechos
establecidos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993, esto
es las Leyes 33 y 62 de 1985 y los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, que
ordenaban liquidar la prestación con el 75 % del promedio de lo devengado
durante el último año de servicio.
iii) De acuerdo con la certificación expedida por la subdirectora de Talento
Humano del DAS, entre el 17 de junio de 2012 y el 17 de junio de 2013, el actor
devengó asignación básica, bonificación por servicios, primas de riesgo, de
servicios de navidad y de vacaciones. En cuanto a estas 3 últimas y la
3 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 27.
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Demandante: José del Carmen Rojas Laguado
bonificación, se advierte que fueron pagados por cada año de servicio, por lo
tanto, deben ser tenidos en cuenta para calcular el monto de la pensión en 1/12
parte.
iv) Conforme a la sentencia de unificación del 1.º de agosto de 2013 proferida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, la prima de riesgo constituye factor
salarial en lo que tiene que ver con la determinación de la base de liquidación
pensional de los empleados del DAS que prestaron sus servicios como detectives,
agentes, criminalísticos y conductores, por lo que debe tenerse en cuenta para la
reliquidación de la prestación.
v) No hay lugar a decretar la prescripción comoquiera que el demandante
comenzó a disfrutar de la pensión a partir del día siguiente a la fecha de su retiro,
esto es, el 8 de mayo de 2013, la solicitud de reliquidación fue presentada el 12 de
noviembre de 2014, y la demanda fue presentada el 28 de septiembre de 2016.
vi) De las sumas que resulten habrá lugar a deducir los descuentos por aportes a
la seguridad social que dejaron de efectuarse, respecto de todos aquellos factores
salariales que se incluyan en la base de liquidación de la pensión y que para la
base de cotización no fueron incluidos, si a ello hubiere lugar.
1.4. El recurso de apelación
Colpensiones, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación4 y lo
sustentó así:
i) El reconocimiento de la pensión debe ajustarse a las normas vigentes al
momento de la causación del derecho. En consecuencia, es improcedente
acceder a la reliquidación pretendida, toda vez que el precedente de la Corte
Constitucional es vinculante y de obligatorio cumplimiento y prima sobre cualquier
pronunciamiento que se encuentre en contravía de lo allí establecido.
4 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 28.
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Radicado: 54001 23 33 000 2016 01408 02 (1816-2021)
Demandante: José del Carmen Rojas Laguado
ii) En tal sentido, el IBL de las pensiones reconocidas conforme al régimen de
transición corresponde al dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 o el artículo 21 ibidem, según corresponda. Además, deben aplicarse las
reglas establecidas por el Consejo de Estado en la sentencia del 28 de agosto de
2018. Por ello, los actos demandados se encuentran ajustados a las normas
vigentes para el caso concreto.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. El demandante
El señor José del Carmen Rojas Laguado, por conducto de apoderado, reafirmó lo
sostenido en el libelo introductorio y solicitó que se acojan las pretensiones de la
demanda.5
1.5.2. La demandada
Colpensiones, por intermedio de su apoderado, pidió que se revocara lo decidido
en primera instancia, con fundamento en lo expuesto en el recurso de alzada.6
1.6. El ministerio público
El agente delegado ante esta Sección no rindió concepto, según se desprende de
la constancia secretarial del 28 de abril de 2022.7
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si el señor José del Carmen Rojas Laguado, quien se
5 Índice 16, aplicativo Samai.
6 Índices 15 y 17, aplicativo Samai.
7 Índice 18, aplicativo Samai.
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Demandante: José del Carmen Rojas Laguado
desempeñó como detective del Departamento Administrativo de Seguridad ( DAS),
tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez con inclusión de la
totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicio.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Régimen especial de pensiones de los detectives del DAS antes de la
entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social
En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 5.ª de 1978, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 1047 del 7 de junio de 1978,8 el cual en su
artículo 19 dispuso que los empleados que se desempeñaran como
dactiloscopistas en el DAS, por 20 años continuos o discontinuos y que hubieran
aprobado el curso de formación impartido por el instituto de dicho ente, tendrían
derecho a gozar de una pensión de jubilación a cualquier edad. Adicionalmente,
en el artículo 2, ordenó que los servidores que hubieran aprobado el curso ya
referido y permanezcan al servicio de la entidad por un término no inferior a 18
años continuos como dactiloscopistas, pueden acceder a la prestación al cumplir
50 años de edad, siempre que para ese momento estuvieran vinculados.
Posteriormente, el Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1989 10 dispuso que los
empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones sociales previstas para
las entidades públicas del orden nacional, en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de
1969, 1045 de 1978, 451 de 1984 y en las demás reglas que los adicionen o
modifiquen11 y, en el artículo 10,12 previó que los empleados del referido
8 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que
desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad»
9 «Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o discontinuos las funciones de
las dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad, y que hayan aprobado el
curso de formación en dactiloscopia impartido por el instituto correspondiente de dicho
Departamento, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación cualquiera sea su edad.»
10 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad»
11 «Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad
tendrán derecho a las prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración
pública del orden nacional en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de
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departamento se regirían por los cánones generales sobre pensión de jubilación,
al tiempo que quienes desarrollaran funciones de dactiloscopistas en los cargos de
detective agente, profesional o especializado, en sus diferentes grados y
denominaciones, se gobernarían por lo previsto en el Decreto Ley 1047 de 1978.13
2.2.2. De las actividades de riesgo en el sector público en vigencia del
Sistema General de Seguridad Social
El artículo 14014 de la Ley 100 de 199315 previó, en un principio, lo siguiente:
Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De
conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los
servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una
menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos
requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el
trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a
cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad.
Posteriormente, se expidió el Decreto 691 de 1994, por el cual se incorporaron los
servidores públicos al Sistema General de Pensiones, y del que cabe resaltar su
artículo 5, pues a través de este, extendió el régimen general a los servidores que
laboren en actividades de alto riesgo para su salud.
No obstante, en atención a esta preceptiva y bajo los parámetros de la Ley 4.ª de
1992, el Gobierno nacional profirió el Decreto 1835 del 3 de agosto de 1994, por
1984, artículo 3º y en los que los adicionan, modifican, reforman o complementan y, además, a las
que este decreto establece.»
12 «Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación
previstas para los empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los
empleados del Departamento Administrativo de Seguridad.
Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de Detective Agente,
Profesional o Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia
de jubilación, por el Decreto-ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al
personal de detectives en sus distintos grados y denominaciones.»
13 «Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior y que
permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad por un término no menor
de 18 años continuos en el desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la
pensión de jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que para esta época fueren funcionarios
de ese Departamento.»
14 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-003 de 1996.
15 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
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Demandante: José del Carmen Rojas Laguado
medio del cual reglamentó las actividades de alto riesgo de los servidores
públicos, que circunscribió a las siguientes:
Artículo 2º. Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100
de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:
1. En el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS: Personal de detectives
en sus distintos grados y denominaciones de especializado, profesional y
agente. (Resaltado fuera del texto)
2. En la Rama Judicial.
Funcionarios de la jurisdicción penal:
Magistrados, Jueces Regionales, Jueces Penales del Circuito, Fiscales y empleados
de los Cuerpos de Seguridad de la Fiscalía General de la Nación y los siguientes
funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía: Profesionales
judiciales especiales, profesionales universitarios judiciales I y II, jefes de sección de
criminalística, investigadores judiciales I y II, técnicos judiciales I y II y escoltas I y
II. […].
De acuerdo con lo anterior, la labor de los detectives del DAS también se clasificó
como de alto riesgo. Asimismo, la norma estableció un régimen de transición
especial16 para aquellos que a su entrada en vigencia, esto es, el 4 de agosto de
1994, laboraran en dicha actividad con el beneficio de acceder a la pensión en las
condiciones indicadas por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir,
los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.
Ahora bien, el Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 200317 derogó el Decreto 1835
de 1994 y definió una vez más cuáles actividades son consideradas de alto riesgo,
sin incluir al DAS.
16 «Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las
actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen
vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo
que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio
requerido o el número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para
ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o
jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos,
particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»
17 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades.»
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Radicado: 54001 23 33 000 2016 01408 02 (1816-2021)
Demandante: José del Carmen Rojas Laguado
Finalmente, la Ley 860 del 26 de diciembre de 200318 nuevamente se ocupó de
regular la materia pensional para los servidores que desempeñan labores de alto
riesgo en el DAS y, entre otras cosas, incluyó a la prima de riesgo en el ingreso
base de cotización.19
2.2.3. La liquidación de pensiones de agentes del DAS cobijados por el
régimen de transición. Postura unificada de la Sección
En cuanto al ingreso base de liquidación para el personal beneficiario de las
normas anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, de los Decretos 1047 de 1978 y
1933 de 1989, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 30 de
noviembre de 2000,20 consideró que debía aplicarse en su integridad la normativa
precedente. Así las cosas, inicialmente estimó que debían atenderse aquellos
factores salariales que estuvieran previstos por el artículo 18 del Decreto 1933 de
1989.
No obstante lo anterior, en lo relativo a las actividades de alto riesgo, el Decreto
1137 del 2 de junio de 199421 creó la prima mensual de riesgo equivalente al 30 %
de la asignación básica, entre otros servidores, para los detectives del DAS, con la
salvedad de que aquella no constituía factor salarial y no podría devengarse
simultáneamente con las primas de orden público, de clima y de riesgo de que
tratan los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 1933 de 1989 y la de riesgo señalada por
el Decreto 132 del 17 de enero de 1994. Luego, el Decreto 2646 del 29 de
noviembre de 199422 aumentó el porcentaje de dicho emolumento al 35 % y la
hizo incompatible solamente con las prestaciones con igual denominación
previstas en los Decretos 1933 de 1989 y 132 de 1994, pero reiteró su exclusión
como factor salarial.
18 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.».
19 Artículo 2.º, parágrafo 4.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia de 30 de noviembre de 2000. Radicación 2004-2000. C.P. Alejandro Ordóñez
Maldonado.
21 «Por el cual se crea una prima especial de riesgo con carácter permanente para algunos
empleados del Departamento Administrativo de Seguridad».
22 «Por el cual se establece la Prima Especial de Riesgos para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad».
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Radicado: 54001 23 33 000 2016 01408 02 (1816-2021)
Demandante: José del Carmen Rojas Laguado
En ese escenario, el Consejo de Estado, en un primer momento, se abstuvo de
ordenar su inclusión en atención a que el Decreto 2646 de 1994 precisó que
aquella prima de riesgo no constituye factor salarial.23 Sin embargo, más adelante
consideró que debía acogerse el criterio de favorabilidad expuesto en la sentencia
del 4 de agosto de 2010,24 según el cual es válido tener en cuenta todas aquellas
sumas que el servidor percibe de manera habitual y periódica como
contraprestación del servicio, independientemente de su denominación. 25 Lo
anterior, en consideración a que el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 dispuso
que el valor de la pensión debe ser equivalente al 75 % del promedio de los
salarios y primas de toda especie, recibidos durante el último año de servicio, lo
cual sustentó la inclusión de la prima de riesgo y otras prestaciones que no
estaban previstas por el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989 en la pensión de los
detectives del DAS.
Bajo esta nueva perspectiva, en la sentencia del 1.º de agosto de 2013,26 la
Sección Segunda acogió esta última posición. Al respecto, precisó que como la
prima de riesgo se percibía en forma permanente y mensual, formaba parte de la
contraprestación directa que recibían los servidores del DAS, por lo que debía
integrarse en el ingreso de cotización y en la liquidación de la pensión.
Con base en el anterior recuento, la Sección Segunda del Consejo de Estado
advirtió27 que se habían emitido diversidad de pronunciamientos dentro de
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y acciones de tutela, en los
cuales se consideró que el cambio jurisprudencial que introdujo la sentencia del 28
23 Entre otras se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 16 de marzo de 2006, radicación: 250002325000200103086 01(4096-04), demandante: Norma
Constanza Castro Quintero; sentencia del 4 de octubre de 2007, radicación:
25000232500020031688 01 (8439-2005), demandante: Nelson Tiberio Ortiz Zárate.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23
25 000 2006 07509 01 (0112-09).
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2010, radicación
250002325000200500052 01(0568-2008), demandante: José Luis Martínez Arteaga.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación:
4400123310002008150 01(0070-2011); C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 23 de septiembre de 2021, radicado 25000 23 42
000 2013 02380 01 (2656-2014).
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Radicado: 54001 23 33 000 2016 01408 02 (1816-2021)
Demandante: José del Carmen Rojas Laguado
de agosto de 2018,28 que modificó el criterio interpretativo frente al IBL en el
régimen de transición y se alineó con el expuesto por la Corte Constitucional a
partir de la sentencia C-258 de 2013, conllevaba a considerar que las reglas
aplicables a la liquidación de las pensiones de los detectives del DAS se derivaban
de la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores que se deben
incluir son los taxativamente previstos por el Decreto 1158 del 3 de junio de
1998.29
Aunado a que particularmente, en relación con la prima de riesgo, se había
estimado que para quienes laboraron como detectives, su inclusión era viable
como consecuencia de lo señalado por el artículo 3 de la Ley 860 del 26 de
diciembre de 2003. Sin embargo, únicamente podía ser computada cuando se
acrediten los aportes que se efectuaron al sistema de seguridad social por dicho
concepto. De lo contrario, no debía ser tenida en cuenta en el cálculo de la
prestación.30
Bajo tal panorama, en reciente sentencia de unificación, la Sección Segunda del
Consejo de Estado fijó las siguientes reglas:31
i) Los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS, cobijados
por los regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de
2003 y la Ley 860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las condiciones de
edad, tiempo de servicios y monto, entendido como el porcentaje o tasa de
retorno, señalados por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, sin embargo, el
ingreso base de liquidación es el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100
de 1993, este es:
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de
2018, radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
29 «Por el cual se modifica el artículo 6.º del Decreto 691 de 1994»
30 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2021-00342-00(AC); sentencia del 3 de junio de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2021-02097-00(AC); Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de mayo
de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2021-00342-01(AC).
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia SUJ-028-CE-SE-2022 del 28 de julio de 2022,
radicado 25000 23 42 000 2013 02380 01 (2656-2014).
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Radicado: 54001 23 33 000 2016 01408 02 (1816-2021)
Demandante: José del Carmen Rojas Laguado
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el
tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
ii) Los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones
aquí referidas son los devengados por el servidor que, de acuerdo con el Decreto
1158 de 1994 y demás normas aplicables, constituyen la base de cotización para
pensión. En el caso del personal del DAS de que tratan los artículos 1 y 2 del
Decreto 2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en este decreto debe incluirse
para liquidar la pensión a partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, en
los porcentajes señalados por el artículo 2 de la misma ley, es decir:
• En el 40 %, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de
2007.
• En el 50 %, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los
servidores del DAS a otras entidades, por disposición del Decreto 4057 de
2011.
iii) Si el empleador no cumplió la obligación de realizar los descuentos en el
porcentaje a su cargo y el del empleado destinados a las cotizaciones para el
sistema de pensión sobre los factores devengados que, de conformidad con el
Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003, debían ser base de cotización o si
omitió el traslado de la cotización especial por alto riesgo, sin que la entidad de
previsión social hubiera adelantado las gestiones pertinentes para su cobro, ello
no es oponible al interesado para que la pensión especial se reconozca y liquide
de acuerdo con los parámetros indicados en esta sentencia.
Como fundamento de la decisión, se consideró que el criterio expuesto en las
sentencias del 4 de agosto de 2010 y del 1.º de agosto de 2013, para el caso
particular del DAS, ha sido modificado con la sentencia de unificación del 28 de
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Radicado: 54001 23 33 000 2016 01408 02 (1816-2021)
Demandante: José del Carmen Rojas Laguado
agosto de 2018, y que ese es el referente que ha llevado a esta Corporación a
replantear su posición en cuanto al IBL en diferentes regímenes especiales que
cobijan a los servidores públicos, cuyo planteamiento atiende la competencia legal
y constitucional tanto del legislador como del ejecutivo para definir el régimen
prestacional de los empleados públicos.
Además, dispuso que las reglas jurisprudenciales que en esa providencia se
fijaron se aplicarían a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como judicial, a través de acciones ordinarias, con la salvedad de
aquellos en los que haya operado la cosa juzgada, los cuales, en función del
principio de seguridad jurídica, son inmodificables.
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:
2.3.1. Sobre la edad y la relación laboral del demandante
El 24 de mayo de 1968, nació el señor José del Carmen Rojas Laguado, según
consta en el registro civil de nacimiento.32
Desde el 20 de noviembre de 1990 hasta el 19 de noviembre de 199933 y entre el
9 de diciembre de 1999 y el 17 de junio de 2013,34 el señor José del Carmen
Rojas Laguado trabajó al servicio del DAS y desempeñó los cargos de alumno de
academia, detective agente y profesional en sus diferentes códigos y grados,
según hizo constar la coordinadora de gestión humana.35
32 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 10, página 88.
33
Índice 2, aplicativo Samai, archivo 10, página 353 y archivo 22.
34 Toda vez que mediante la Resolución 630 de 2012, el director del DAS dispuso retirar del servicio
al demandante del cargo de detective profesional 207-09, a partir del 1.º de marzo de 2013, «por
haber adquidrido el derecho a la pensión de vejez conforme a lo dispuesto en el Decreto 2146 de
1989, artículo 33, literal g)», modificada por la Resolución 063 del 28 de febrero de 2013, en el
sentido de señalar que la fecha de retiro estaría sujeta a la inclusión en nómina de pensionado.
Índice 2, aplicativo Samai, archivo 10, páginas 240, 335, 336.
35 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 10, página 337.
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Demandante: José del Carmen Rojas Laguado
2.3.2. Sobre los factores salariales y la cotización especial
De acuerdo con el certificado de factores devengados mes a mes entre enero de
2012 y junio de 2013,36 el demandante percibió asignación básica, bonificación por
servicios, y primas de navidad, de servicios, de vacaciones y de riesgo.
Según lo consignado en el Formato 3 (B), Certificación de salarios mes a mes,
entre enero de 2001 y septiembre de 2011, el señor Rojas Laguado realizó
aportes por conceptos de asignación básica y bonificación por servicios. 37
El 25 de noviembre de 2019, la asesora del Archivo General de la Nación certificó
que «desde el 04 de agosto de 1994 al 18 de noviembre de 1999 y del 09 de
diciembre de 1999 al 31 de julio de 2003, el Departamento Administrativo de
Seguridad envió cotización a cargo del Patrono correspondiente al 8.5 % por
Actividad de Alto Riesgo a las entidades Administradoras de Fondos de Pensiones
a que estaba afiliado, según Decreto 1835/94».38
2.3.2. Sobre la reclamación de las prestaciones en litigio
El 3 de mayo de 2012, el Instituto de Seguros Sociales emitió la Resolución 2244,
por la cual reconoció una pensión de vejez al demandante, de conformidad con lo
dispuesto en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989. Advirtió que para
determinar el IBL se tuvo en cuenta lo señalado en el artículo 21 de la Ley 100 de
1993 y los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994. Sin embargo, dejó en
suspenso el ingreso a nómina de la prestación, hasta que se acreditara el retiro
del servicio.39
El 6 de junio de 2013, Colpensiones expidió la Resolución GNR 124005 por la cual
reconoció una pensión de vejez a favor del señor José del Carmen Rojas
36 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 10, páginas 20 a 21.
37 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 10, páginas 449 a 461.
38 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 22.
39 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 10, páginas 152 a 158.
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Radicado: 54001 23 33 000 2016 01408 02 (1816-2021)
Demandante: José del Carmen Rojas Laguado
Laguado, de conformidad con el Decreto 1047 de 1978, a partir del 8 de mayo de
2013. Al respecto precisó que para efectos de establecer el IBL se daría aplicación
a lo dispuesto en los artículos 18 y 21 de la Ley 100 de 1993 y que se tendrían en
cuenta los factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994,40 esto es,
asignación básica y bonificación por servicios.41
El 6 de octubre de 2015, mediante la Resolución GNR 305680 Colpensiones negó
la solicitud de reliquidación de la prestación con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 13 del Decreto 1835 de 1994, las reglas fijadas por la Corte Constitucional
y la Circular Interna 16 de 2015, según las cuales, la prestación debía liquidarse
con el promedio de lo cotizado durante los 10 años anteriores al reconocimiento
pensional y los factores son los establecidos en el aludido decreto.42
El 7 de abril de 2016, a través de la Resolución VPB 15657, la demandada reliquidó
la prestación. Para ello tuvo en cuenta el ingreso base de cotización hasta el 17 de
junio de 2013, por ser la fecha de retiro del actor, 43 esto es, incluyó la asignación
básica y la bonificación por servicios percibida entre 2003 y 2013.44
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario
señalar que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander accedió a las
pretensiones de la demanda en el sentido de ordenar la reliquidación de la
pensión de jubilación con el 75 % del promedio del último año de servicio, con
inclusión de la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la prima
especial de riesgo y las doceavas partes de las primas de navidad, de servicios y
vacaciones. No obstante, en aplicación de las reglas de unificación definidas por
esta corporación, en las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición
40 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 5, páginas 23 a 28.
41 Tal y como se advierte en la liquidación de la Resolución GNR 124005 del 6 de junio de 2013.
Índice 2, aplicativo Samai, archivo 10, páginas 325 a 326.
42 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 5, páginas 31 a 38.
43 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 5, páginas 40 a 46.
44 Tal y como se advierte en la liquidación de la Resolución VPB 15657 del 7 de abril de 2016.
Índice 2, aplicativo Samai, archivo 10, páginas 483 a 533.
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Radicado: 54001 23 33 000 2016 01408 02 (1816-2021)
Demandante: José del Carmen Rojas Laguado
solo se mantienen las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto de las
normas anteriores a la Ley 100 de 1993, y en este caso, al Decreto 1835 de 1994,
por lo tanto, el IBL y los factores salariales que se deben computar, son los
previstos en la aludida Ley 100.
Valga recordar que en la sentencia de unificación referida se advirtió que las
reglas que allí se fijaron en relación con el régimen especial de los servidores del
DAS, en particular la liquidación de las pensiones que se consolidaron en vigencia
de la Ley 100 de 1993 y la inclusión en ella de la prima de riesgo, son vinculantes,
en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los
casos en discusión, tanto en vía administrativa como judicial.
En consecuencia, el periodo para calcular el ingreso base de liquidación es el
indicado por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, los últimos 10
años de servicios o el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho y los
factores salariales que se deben tener en cuenta son los devengados por el
servidor que de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994 y el artículo 2 de la Ley 860
de 2003, constituyen la base de cotización para pensión.
Así las cosas, en consideración a que el señor Rojas Laguado se desempeñó
como detective del DAS por más de 20 años, puede beneficiarse del régimen
especial de pensiones, tal y como lo ha reconocido la entidad apelante. Sin
embargo, contrario a lo reclamado por él, la prestación debía liquidarse con el
promedio de lo devengado en los 10 años anteriores a la adquisición del estatus,
como efectivamente lo dispuso Colpensiones en las resoluciones demandadas,
toda vez que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, le hacían falta más
de 10 años para cumplir el requisito de los 20 años de servicios, en atención a que
se vinculó a la entidad el 20 de noviembre de 1990.
Asimismo, en cuanto a los factores salariales que debían tenerse en cuenta, tal y
como se expuso en el marco normativo de esta decisión, estos corresponden a los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 y a la prima de riesgo en los porcentajes
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Radicado: 54001 23 33 000 2016 01408 02 (1816-2021)
Demandante: José del Carmen Rojas Laguado
señalados por el artículo 2 de la Ley 860 de 2003.
Al respecto, si bien se pudo constatar que al demandante solo se le hicieron
descuentos para pensión por los conceptos de asignación básica y bonificación
por servicios prestados, lo cierto es que por virtud de lo dispuesto en la aludida
Sentencia de Unificación SUJ-028-CE-SE-2022 del 28 de julio de 2022, el
empleador estaba en la obligación de girar a la administradora de pensiones estas
cotizaciones y su omisión no puede ser oponible al pensionado para excluir de la
liquidación un emolumento al que tenía derecho ni corresponde imponer orden de
descuento alguna.
Valga precisar que en Colpensiones recae la obligación de iniciar los mecanismos
o acciones pertinentes para lograr el efectivo traslado de los aportes no realizados
por concepto de la prima de riesgo, a cargo del empleador o de la entidad que
haya asumido tales obligaciones, luego de la supresión del DAS.
Finalmente, la Sala advierte que el señor Rojas Laguado prestó sus servicios a la
entidad hasta el 17 de junio de 2013 la solicitud de reliquidación fue presentada el
12 de noviembre de 2014,45 y la demanda fue presentada el 28 de septiembre de
2016,46 de modo que no se configuró el fenómeno prescriptivo, toda vez que no
transcurrieron más de 3 años entre una fecha y otra.
Como corolario de lo anterior, la Sala encuentra procedente ordenar la
reliquidación de la pensión del demandante, pero únicamente para incluir en el
ingreso base de liquidación los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994 y la
prima de riesgo, en los términos señalados por el parágrafo 4 del artículo 2 de la
Ley 860 de 2003.
2.5. De la condena en costas
45
Así se indicó en la Resolución GNR 305680 del 6 de octubre de 2015.
46 Índice 2, aplicativo Samai, archivo 5, página 18.
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Radicado: 54001 23 33 000 2016 01408 02 (1816-2021)
Demandante: José del Carmen Rojas Laguado
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,47 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si
ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago
de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las
partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso,48 la Sala se abstendrá de condenar
en costas de segunda instancia en atención a que la decisión obedece a un
cambio jurisprudencial que se produjo en el trámite del proceso.
3. Conclusión
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
48 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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Demandante: José del Carmen Rojas Laguado
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, la Sala considera que no es procedente la reliquidación de la
pensión de jubilación del demandante con el promedio de todo lo devengado en el
último año de servicio.
Lo anterior comoquiera que la liquidación de la prestación debe efectuarse sobre
el 75 % del promedio de los salarios o rentas que debían ser base de cotización
durante los 10 años anteriores al disfrute efectivo de la pensión. Además, los
factores salariales que deben incluirse son los previstos en el Decreto 1158 de
1994 y la prima de riesgo, en los porcentajes señalados por el parágrafo 4 del
artículo 2 de la Ley 860 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 21 de mayo de
2020, el cual quedará de la siguiente forma:
Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, condenar a la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones) a lo siguiente:
Efectuar una nueva liquidación de la pensión de vejez reconocida al señor José
del Carmen Rojas Laguado, a partir del 18 de junio de 2013, teniendo en cuenta
el 75 % del promedio de lo cotizado en los 10 años anteriores a su retiro
definitivo del servicio, con la inclusión de los factores previstos en el Decreto
1158 de 1994 y la prima de riesgo, esta última en los porcentajes señalados por
el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003.
Pagar al señor José del Carmen Rojas Laguado, las diferencias que surjan
como consecuencia de la reliquidación ordenada, desde el 18 de junio de 2013,
en forma indexada conforme a lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 1437 de
2011, en aplicación de la siguiente fórmula:
20
Radicado: 54001 23 33 000 2016 01408 02 (1816-2021)
Demandante: José del Carmen Rojas Laguado
R = Rh Índice Final
Índice Inicial
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es lo dejado de percibir por la parte demandante desde la fecha en
que adquirió el derecho, hasta la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el
número que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado
por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice
inicial, vigente para la fecha en que debió hacerse el pago, según se dispuso en
la parte motiva de este proveído.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 21 de mayo de 2020,
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió a las
pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor José del
Carmen Rojas Laguado, contra la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Tercero. Sin costas en esta instancia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente Ausente en comisión
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
(SLVA)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
21
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