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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2017-00063-01

Pensión de sobreviviente: finalidad

Fecha
5 de agosto de 2021
Consejero ponente
William Hernández Gómez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2017-00063-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Modificar los ordinales primeros de la sentencia del 8 de noviembre de 2018 y de la providencia de aclaración de la misma del 17 de enero de 2019 proferidas por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovieron los señores Eleazar Ortega Ortega y Elcida María Leal Sánchez contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Municipio de San José de Cúcuta, los cuales quedarán de la siguiente manera: «PRIMERO: DECLÁRESE probada la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, propuesta por el ente territorial demandado, Municipio de San José de Cúcuta, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.» «PRIMERO: ACLARAR Y ADICIONAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2018 y, como consecuencia, quedará así: “TERCERO: A título de restablecimiento del derecho CONDÉNASE a la NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a reconocer y pagar una pensión de sobrevivientes a favor del señor ELEAZAR ORTEGA ORTEGA (C.C. 5.39.084) y de la señora ELCIDA MARÍA LEAL SÁNCHEZ (C.C. 27.630.453), en calidad de padres del docente causante Rubén Darío Ortega Leal, a partir de la causación del derecho el 6 de junio de 2011, de conformidad a lo establecido en los artículos 46, 47, 48 y siguientes de la Ley 100 de 1993, esto es, en monto equivalente al 45% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada 50 semanas adicionales de cotización a las primeras 500 semanas, sin que éste exceda el 75% del ingreso base de liquidación del causante, incluyendo las mesadas adicionales que se hayan causado de la misma fecha y aplicando los reajustes anuales de la pensión, en la forma prevista en la parte motiva de esta providencia, con los reajustes previstos en la ley. La pensión será reconocida en una proporción igual al 50% para cada uno de ellos, y en el evento en que alguno de ellos pierda su derecho, acrecienta el derecho del restante beneficiario”». […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2017-00063-01

Consejero ponente: William Hernández Gómez

5 de agosto de 2021

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE – Finalidad / PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE A PADRES -Procedencia / DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS PADRES– No debe acreditarse para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes

[L]a pensión de sobrevivientes se enmarca dentro del derecho a la seguridad social y tiene como finalidad primordial la de satisfacer la necesidad de subsistencia económica que persiste para quien sustituye a la persona que tenía derecho al reconocimiento de su pensión, una vez producido el fallecimiento de esta, en razón a la desprotección que se genera por esa misma causa. En ese orden de ideas, se precisa que lo debatido en el caso sub examine es el derecho a la pensión de sobrevivientes, debido a que el señor Rubén Darío Ortega Leal, al momento de su fallecimiento, no disfrutaba de pensión de jubilación alguna. Al respecto, en cuanto a las exigencias requeridas en aras de obtener la pensión de sobrevivientes, debe decirse que el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, determinó los requisitos para su reconocimiento, al exigir al afiliado que hubiere cotizado al sistema por lo menos 26 semanas al momento de su deceso o que, en caso de que haya dejado de efectuar sus aportes, estos fueren realizados al menos 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte. (…) Por último, en lo que se refiere a los padres, estos serán beneficiarios de la prestación pensional de sobrevivencia en la medida en que faltaren el cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, sin que sea necesario acreditar la dependencia económica absoluta respecto del causante, esto, a partir de la sentencia C-111 de 2006. NOTA DE RELATORIA: En cuanto a la procedencia del reconocimiento de la pensión de sobreviviente, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-111 de 22 de febrero de 2006, M.P Rodrigo Escobar Gil.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 46 / LEY 797 DE 2003

PENSIÓN DE JUBILACIÓN POST-MORTEM PARA DOCENTES OFICIALES - Requisitos

Para atender la contingencia derivada de la muerte de los docentes no pensionados, el legislador previó la denominada pensión post-mortem, mediante el Decreto 224 de 1972 y en su artículo 7. (…) [E]sta prestación fue creada por el Gobierno Nacional como una compensación a la labor de los docentes que se encuentren en las siguientes condiciones: i) Que al momento de su muerte no hayan completado la edad para ser beneficiarios de la pensión; ii) Que se hubiesen desempeñado como profesores en planteles oficiales, por lo menos 18 años, continuos o discontinuos, y; iii) Que le sobrevivan su cónyuge, o los hijos menores, mientras no cumplan la mayoría de edad estos últimos. Es así como los mencionados beneficiarios de los docentes de instituciones educativas públicas han tenido derecho al reconocimiento y pago de una pensión post-mortem equivalente al 75% de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al momento de su fallecimiento, siempre y cuando se acreditara el lleno de los precitados requerimientos.

FUENTE FORMAL: DECRETO 224 DE 1972 - ARTÍCULO 7

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE PARA PADRES DE DOCENTE OFICIAL / DEPENDENCIA ECONÓMINA – No es requisito demostrar dependencia absoluta para ser beneficiario de la pensión de sobreviviente/ DERECHOS A LA VIDA, AL MÍNIMO VITAL Y A LA DIGNIDAD HUMANA- Protección

[E]ra el señor Rubén Darío Ortega Leal quien proporcionaba el mayor aporte económico a su hogar (conformado por él y sus padres), y que, a partir del momento de su fallecimiento, los niveles básicos de vida de los demandantes se han visto afectados, en atención a que no cuentan con los medios de proporción financieros para cubrir sus necesidades esenciales. Expuesto esto, debe aclararse que, conforme se analizó en párrafos que anteceden, la Corte Constitucional mediante sentencia C-111 de 2006 explicó que, en este tipo de escenarios, no se torna necesario acreditar la dependencia económica absoluta de los padres respecto del causante. Esto porque desconocería los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana, pues se recuerda que la naturaleza de la pensión de sobrevivientes es suplir la ausencia repentina del apoyo económico del afiliado, y por consiguiente, evitar que el deceso afecte las condiciones mínimas de subsistencia de los beneficiarios.En ese sentido, para certificar este aspecto, no es necesario demostrar la carencia total de recursos propios o que la persona se encuentra en estado de desprotección, abandono y miseria, sino que se debe comprobar la imposibilidad de mantener un mínimo existencial que les permita a los interesados de la prestación, obtener ingresos indispensables para subsistir de manera digna. Pues bien, en gracia de discusión, como en efecto lo sostuvieron los tres testigos en sus deposiciones, al margen de que los demás hijos de los libelistas ocasionalmente brinden soporte a sus padres, verbi gracia con la alimentación, la carencia de ingresos de los peticionarios es evidente, al punto de que no puedan suministrarse para sí mismos su propia subsistencia. Dependencia la cual puede corroborarse además con los certificados de afiliación al sistema de salud de los demandantes emitidos por la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social, en donde se comprueba la calidad de beneficiarios de estos respecto al fallecido; por lo cual se colige que, si bien este aspecto no es exigido por la norma para hacerse beneficiario de pensión de sobrevivientes, los demandantes llevaron al convencimiento a la Subsección de la supeditación que recaía en cabeza del docente respecto a sus necesidades, tal como el servicio y derecho fundamental a la salud. NOTA DE RELATORIA: Frente a la no exigencia de acreditar la dependencia económica absoluta de los padres respecto del causante para ser beneficiarios de la pensión de sobreviviente, ver: Corte Constitucional, sentencia C-111 de 22 de febrero de 2006, M.P Rodrigo Escobar Gil.

RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN POST MORTEM DE DOCENTE OFICIAL A PADRES – Régimen aplicable / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD – Aplicación / PRINCIPIO DE IGUALDAD – Aplicación / PADRES DE CAUSANTE COMO BENEFICIARIOS DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE – Procedente en régimen general de pensiones

[E]l finado superó el mínimo de 18 años laborados como docente, tal como lo exige el Decreto 224 de 1972 (régimen especial). Por ello, en este punto sería dable concluir que los demandantes, como beneficiarios del profesional de la docencia fallecido, se hicieron acreedores de la pensión post-mortem prevista en dicha norma, con ocasión del requisito temporal alcanzado por el causante. No obstante, también es cierto que el derecho económico contemplado en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, llamado pensión de sobrevivientes en el régimen general, se consolidó en favor de los señores Ortega Ortega y Leal Sánchez, pues el docente Ortega Leal (hijo de los demandantes), al momento de su deceso, contaba con 831 semanas de cotización, que sin duda alguna y al abrigo de la precitada prerrogativa, le otorga el derecho a sus beneficiarios de percibir la prestación pensional allí prevista. Bajo las anteriores consideraciones, es pertinente aclarar que, si bien es cierto que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluyó de su ámbito de aplicación a los afiliados al FOMAG, también lo es que la Corte Constitucional, en la sentencia C-461 de 1995, al declarar la exequibilidad condicionada de un aparte de dicha norma, indicó que la igualdad se traduce en el derecho de los individuos a que no se consagren excepciones o privilegios arbitrarios que los excluyan de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, razón por la cual consideró que el aparte acusado de esa norma era exequible, «siempre y cuando se aplique en consonancia con los artículos 13, 48 y 53 de la Carta». En ese orden, como la Ley 100 de 1993 resulta ser más favorable que la pensión especial post-mortem prevista por el Decreto 224 de 1972, es preciso atender a la interpretación armónica que requiere el artículo 279 del mismo estatuto, y aplicar las disposiciones del régimen general al caso bajo estudio, pues justamente en virtud del referido principio, el juez, en caso de duda en la aplicación o interpretación de una o más normas que regulan en forma diferente una misma situación de hecho, debe optar por aquella que sea más benéfica para el trabajador o sus beneficiarios.(…) E]l primero de los regímenes mencionados (especial docente) [Decreto 224 de 1972] enlista entre los beneficiarios de la prestación únicamente al cónyuge e hijos del causante, mientras que el segundo (general de pensiones) contempla un número mayor de destinatarios, entre los cuales se encuentran los padres del causante del derecho; como en efecto se configuró en el caso de marras, por lo que, según lo analizado hasta este punto, aún bajo el hecho de que ambos derechos económicos comparten la misma naturaleza y finalidad, la aplicación de la Ley 100 de 1993 resulta más favorable para el sub-examine sumado a que fue dicha disposición normativa la alegada para solicitar la pensión de sobreviviente. Bajo el anterior preludio, se colige que el a quo no incurrió en ningún desacierto interpretativo al declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, pues en aplicación del principio de favorabilidad en materia laboral, sí resultaba procedente otorgar la pensión de sobrevivientes en favor de los señores Eleazar Ortega Ortega y Elcida María Leal Sánchez con ocasión del fallecimiento de su hijo Rubén Darío Ortega Leal.

NOTA DE RELATORIA: En cuanto a la finalidad del principio de favorabilidad en materia pensional, ver: C. de E., Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, Rad. 76001-23-33-000-2015-00307-01(3713-16).

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 53 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 13 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 48 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 279 /

ENTIDAD ENCARGADA DEL RECONOCIMIENTO DE LAS PENSIONES Y PRESTACIONES DE LOS DOCENTES AFILIADOS AL FOMAG - Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - Configuración

[E]s procedente declarar la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Municipio de San José de Cúcuta, toda vez que la obligación del pago de la pensión de sobreviviente de los demandantes, le corresponde exclusivamente al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y no al mencionado ente territorial. En efecto, las secretarías de educación de las autoridades como la demandada apelante, únicamente tienen a su cargo elaborar el proyecto de resolución de reconocimiento pensional en este caso, en virtud de los artículos 2.° a 4.° del Decreto 2831 de 2005, para que sea aprobado o improbado por la entidad fiduciaria, por lo que es el FNPSM el obligado a efectuar o materializar el pago que de la suscripción del acto emane.Lo mismo ocurre específicamente en este caso en el que se demandan actos administrativos que, pese de haber sido emanados por parte del Municipio de San José de Cúcuta, dicha decisión se profiere en el marco de sus funciones como representante del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para esa circunscripción y no como autoridad obligada a materializar la situación jurídica planteada, pues se reitera que la única entidad normativamente responsable para asumir las cargas prestacionales deprecadas es el Ministerio de Educación Nacional a través del mentado fondo y no el ente territorial que actúa como intermediario entre el empleado docente y la Nación nominadora. Con base en lo anterior, se estima que en los procesos judiciales de nulidad y restablecimiento del derecho promovidos ante esta jurisdicción contra el FOMAG en los que se discuta el reconocimiento de prestaciones sociales de los docentes oficiales o sus beneficiarios, no es procedente la vinculación de las entidades territoriales y mucho menos la condena de aquellos frente a la eventual prosperidad de las pretensiones , pues las consecuencias económicas que se deriven de los actos administrativos proferidos en virtud de la desconcentración administrativa dada en las secretarías de educación de los entes certificados, radican única y exclusivamente en la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. NOTA DE RELATORIA: En cuanto a la legitimación en la causa, ver: C. de E, Sentencia del 6 de junio de 2019, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 6 de junio de 2019, Rad. 08001-23-31-000-2011-00814-01(4115-15).

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 180 / LEY 91 DE 1989 -ARTÍCULO 5 / LEY 43 DE 1975 / DECRETO 1775 DE 1990 / DECRETO 2831 DE 2005

CONDENA EN COSTAS - Criterio objetivo valorativo

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 2016 , sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para la imposición de condena en costas (…). [L]a condena en costas implica una valoración objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público . Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en costas a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la medida que se resolvió desfavorablemente su recurso de apelación, conforme al ordinal 1.° del artículo 365 del CGP, aunado el hecho que quedó demostrada su causación, toda vez que la parte demandante intervino con sus alegatos de conclusión en el trámite de la apelación surtido ante el Consejo de Estado, tal como se evidencia de la constancia secretarial visible a folio 398 del cuaderno 2.NOTA DE RELATORIA: En cuanto a la condena en constas en vigencia del CPACA, ver: C. de E, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2019, Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), M.P. William Hernández Gómez.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 54001-23-33-000-2017-00063-01(2278-19)

Actor: ELEAZAR ORTEGA ORTEGA Y ELCIDA MARÍA LEAL SÁNCHEZ

Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Temas: Reconocimiento pensión de sobrevivientes a padres de docente fallecido. Decreto 224 de 1972. Principio de favorabilidad. Aplicación de los artículos 46 y subsiguientes de la Ley 100 de 1993.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-170-2021

ASUNTO

La Subsección decide los recursos de apelación formulados por el FOMAG y el Municipio de San José de Cúcuta contra la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Los señores Eleazar Ortega Ortega y Elcida María Leal Sánchez en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011, formularon en síntesis las siguientes:

Pretensiones

Declarar la nulidad del Oficio 504 SAC2014EE10149 del 16 de mayo de 2014, expedido por la Secretaría de Educación del Municipio de San José de Cúcuta, por medio del cual se comunicó a los demandantes que la pensión de jubilación post-mortem con ocasión del fallecimiento del señor Rubén Darío Ortega Leal había sido negada por la Fiduprevisora, bajo el argumento de que el causante no cumplió los 18 años de servicios requeridos para ello.

Declarar la nulidad del Oficio SAC2016RE3171 del 3 de marzo de 2016, expedido por la Secretaría de Educación del Municipio de San José de Cúcuta, a través del cual se negó el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a favor de la parte activa, con ocasión del fallecimiento del señor Rubén Darío Ortega Leal.

Declarar la nulidad del acto ficto o presunto negativo derivado del silencio administrativo por parte de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, ante la solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes conforme a la Ley 100 de 1993, a favor de los señores Eleazar Ortega Ortega y Elcida María Leal Sánchez, en sus calidades de padres del fallecido.

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG y al Municipio de San José de Cúcuta reconocer y pagar a los señores Eleazar Ortega Ortega y Elcida María Leal Sánchez, en sus calidades de padres dependientes económicamente del causante, la pensión de sobrevivientes de que trata el artículo 46 y siguientes de la Ley 100 de 1993, por el fallecimiento de su hijo Rubén Darío Ortega Leal; con efectividad a partir del 6 de junio de 2011.

Condenar a las demandadas al pago ajustado de las mesadas pensionales desde el momento de su causación, esto es, el 6 de junio de 2011, y con la inclusión de las mesadas adicionales que se hubieren generado desde la misma fecha.

Conminar a las autoridades demandadas a reconocer y pagar los intereses moratorios causados sobre las mesadas pensionales dejadas de percibir por los libelistas desde el 6 de junio de 2011 y hasta que se verifique el abono de dichas sumas. Así como a efectuar la correspondiente indexación frente a las mismas.

Condenar en costas a la parte pasiva del litigio.

Supuestos fácticos relevantes

El señor Rubén Darío Ortega Leal prestó sus servicios como docente en planteles oficiales del Municipio de San José de Cúcuta, durante 19 años, 4 meses y 19 días, así:

Del 1.° de marzo de 1991 al 30 de noviembre del mismo año, en la Escuela Puerto León, mediante contrato de prestación de servicios núm. 0275;
Del 1.° de febrero de 1992 al 30 de noviembre del mismo año; del 8 de febrero de 1993 al 30 de noviembre de la misma anualidad, y; del 1.° de febrero de 1994 al 30 de noviembre de la misma vigencia, en la Escuela Rural El Plomo, a través de contratos de prestación de servicios núm. 0401, 0211 y 0356, respectivamente;
Del 11 de abril de 1995 al 6 de junio de 2011, de manera ininterrumpida en los planteles educativos Centro Educativo Bellavista y Colegio Camilo Torres, vinculado al FOMAG en su calidad de docente nacional, mediante nombramiento en propiedad.

La última asignación salarial percibida por el docente correspondió a la suma de $2.998.258.

El señor Rubén Darío Ortega Leal falleció el 6 de junio de 2011. Era hijo biológico de los señores Eleazar Ortega Ortega y Elcida María Leal Sánchez, y hasta el momento de su deceso no tuvo cónyuge ni compañera permanente, como tampoco tuvo hijos por quien tuviera que responder económicamente.

El causante convivió con sus padres en la misma vivienda familiar hasta el día de su fallecimiento.

Los demandantes no reciben ningún tipo de salario, renta, remuneración o pensión a fin de solventar sus gastos personales, pues se adujo que dependían económicamente del finado. Quienes además se encontraban afiliados al SGSS como beneficiarios de su hijo.

Al momento del deceso del señor Ortega Leal, sus padres, Eleazar Ortega Ortega y Elcida María Leal Sánchez, contaban con 73 y 65 años de edad, respectivamente. A la fecha de presentación de la demanda tenían 77 y 69 años, en el mismo orden.

Con ocasión del referido suceso, los libelistas solicitaron ante las entidades demandadas el reconocimiento y pago de una pensión post-mortem, la cual fue resuelta de manera desfavorable mediante comunicación del 16 de mayo de 2014, al indicar que el causante no alcanzó a cumplir los 18 años de servicios exigidos por el Decreto 224 de 1972 para su procedencia.

Los padres del fallecido requirieron nuevamente ante la Secretaría de Educación del Municipio de San José de Cúcuta, el 17 de febrero de 2016, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes conforme las previsiones de la Ley 100 de 1993, en aplicación del principio de favorabilidad. En consecuencia, la entidad territorial emitió la comunicación que data del 3 de marzo de 2016, a través de la cual desató negativamente la petición de los interesados.

La Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, no dio respuesta a la solicitud radicada por los demandantes el 23 de febrero de 2016.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al emitir la sentencia debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y claro para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 7 de febrero de 2018.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«Se tiene que con la contestación de la demanda las entidades demandadas plantearon algunas de ellas, haciéndose por tanto necesario a continuación entrar a resolverlas, así:

MUNICIPIO DE CÚCUTA

Previas
“Falta de legitimación en la causa por pasiva”

NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONPREMAG
Previas
“vinculación del litisconsorte necesario”
“Falta de legitimación por pasiva”
“Prescripción”
De fondo
“Genérica”

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
[…]
El despacho considera imprescindible prolongar la decisión hasta cuando se profiera la sentencia que en derecho corresponda, pues, declarar probada la excepción en cuestión, en forma anticipada, podría afectar el fondo del asunto, ya que en esta etapa del proceso no se evidencia de manera clara que el FONPREMAG y el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, tengan o no la obligación de reconocer y pagar la pensión que reclama la parte demandante, tan solo es evidente su intervención en los hechos objeto de debate que anteceden a la expedición de los actos administrativos demandados, y en consecuencia, se declara no probada la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta.

EXCEPCIÓN DE VINCULACIÓN DEL LITISCONSORTE
[…]
Ahora bien, resulta importante destacar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-014 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis determinó que las facultades de la Fiduprevisora S.A., por principio, se limitan a administrar los recursos del FONPREMAG y en razón de ello realiza el pago de las prestaciones correspondientes a los docentes, y previa determinación de esta entidad; es decir, que no cumple con las características propias de una autoridad pública.

Teniendo en cuenta la normatividad y jurisprudencia anteriormente citada, no se advierte la existencia de una única relación jurídica sustancial por la cual para la toma de una decisión de fondo resulte indispensable la vinculación al proceso de la Fiduprevisora S.A. como parte demandada, de ahí que se negará la prosperidad de la excepción propuesta.

PRESCRIPCIÓN
[…]
Al respecto, se considera que la excepción propuesta es del caso decidirla en la sentencia, pues difiere de la llamada prescripción extintiva del derecho que debe resolverse en esta etapa de la audiencia inicial. Adicionalmente, debe señalarse que solo cuando se encuentre que le asiste derecho a la parte demandante de la pensión post-mortem que reclama, surgiría la oportunidad para que se examine la procedencia de la excepción propuesta de la prescripción de las mesadas que se desprenden de la pensión. […]». (Folios 290 vuelto a 291, C2 y en cd obrante a folio 295 ibidem).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] si se encuentran viciados de nulidad los actos administrativos demandados, por medio de los cuales se negó la pensión post-mortem a favor del educador fallecido RUBÉN DARÍO ORTEGA LEAL y la pensión de sobrevivientes en beneficio de los señores ELCIDA MARÍA LEAL SÁNCHEZ y ELEAZAR ORTEGA ORTEGA, en su condición de padres beneficiarios del causante. […]». (Folios 291 a 292, C2 y en cd que reposa a folio 295 ibidem).

Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.

SENTENCIA APELADA

El a quo profirió sentencia escrita el 8 de noviembre de 2018, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de los demandantes con fundamento en las siguientes consideraciones:

Inicialmente advirtió que, en observancia de las situaciones particulares como la del caso de marras, en las que el fallecido no logró consolidar su derecho pensional por la circunstancia insuperable de la muerte, el legislador expidió el Decreto 224 de 1972, mediante el cual se dictaron normas especiales relacionadas con la actividad de la docencia oficial, que en su artículo 7.° previó que, en los casos en que los maestros no hubieren cumplido el requisito de la edad exigido para obtener el derecho económico, pero hubiere trabajado por lo menos 18 años en el sector de la docencia estatal, le sería reconocida una pensión post-mortem en favor de su cónyuge o hijos menores en una cuantía del 75% de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el causante al momento de la muerte.

De otro lado, indicó que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se instituyó en nuestro ordenamiento jurídico la denominada pensión de sobrevivientes, que prevé, además de la sustitución de la prestación ya percibida o consolidada por el trabajador fallecido, el reconocimiento de aquella a sus beneficiarios, pese a no haber logrado el estatus pensional al momento del deceso, siempre y cuando hubiere efectuado un mínimo de cotizaciones establecido por la ley, conforme se evidencia de los artículos 46 y subsiguientes de la mentada norma.

Ahora, adujo que, conforme quedó demostrado en el sub examine, el causante no completó el tiempo de servicios necesarios para que sus beneficiarios tuviesen derecho a la pensión post-mortem de 18 años consagrada en la disposición especial (Decreto 224 de 1972). De ello que, el Consejo de Estado en casos similares al presente, ha insistido que una prerrogativa especial conferida por la ley a un grupo de personas, no puede convertirse en un obstáculo para acceder a los derechos mínimos consagrados en la ley para la generalidad. Como en efecto ocurre en el caso en concreto, en donde las previsiones pensionales contenidas en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, resultan más favorables que las prestaciones reconocidas a los docentes oficiales bajo la misma contingencia.

Para fundamentar su posición, se remitió a la sentencia del 23 de septiembre de 2010 emitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la cual, en un asunto similar al presente, se consideró que «si el causante cumplía con los requisitos para que a sus beneficiarios les fuera concedida la pensión de sobrevivientes contemplada en el régimen general y no con los previstos en el régimen especial, sin lugar a dudas, debe decretarse su reconocimiento en aras del principio de favorabilidad y en desarrollo del principio de igualdad».

En cuanto a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Municipio de San José de Cúcuta, manifestó que esta no está llamada a prosperar, por cuanto, en los casos de discusión de derechos económicos reclamados por los docentes oficiales, es precisamente la Secretaría de Educación de cada ente territorial la que ostenta la función de expedir el acto administrativo de reconocimiento o el que sea pertinente, notificarlo y decidir los recursos a que haya lugar, por lo que es evidente la participación de esta en el trámite del reconocimiento prestacional.

Finalmente, agregó que se encontraban prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 13 de septiembre de 2013, porque quedó demostrado que transcurrieron más de tres años entre la data de la presentación de la solicitud en sede administrativa (14 de mayo de 2013) y el ejercicio del presente medio de control (13 de septiembre de 2016).

Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió sentencia que en su parte resolutiva se resume de la siguiente manera: i) declaró no probada la excepción de «falta de legitimación en la causa por pasiva» propuesta por las demandadas Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, Municipio de San José de Cúcuta; ii) declaró la nulidad de los Oficios 504 SAC2014EE10149 del 16 de mayo de 2014 y SAC2016RE3171 del 3 de marzo de 2016, expedidos por la Secretaría de Educación del Municipio de San José de Cúcuta, mediante los cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en favor de los demandantes, así como la nulidad del acto ficto consecuencia del silencio administrativo negativo originado en la petición de reconocimiento prestacional presentada el 23 de febrero de 2016 ante el ente nacional referido; iii) a título de restablecimiento del derecho, condenó a las autoridades demandadas a reconocer y pagar una pensión de sobrevivientes a los señores Eleazar Ortega Ortega y Elcida María Leal Sánchez, en calidad de padres del docente causante, Rubén Darío Ortega Leal, a partir del 6 de junio de 2011, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 y subsiguientes de la Ley 100 de 1993, esto es, en un monto equivalente al 45% del IBL, más el 2% de dicho ingreso por cada 50 semanas adicionales de cotización a las primeras 500 semanas, sin que este exceda el 75% de la cuantía. La pensión será reconocida en una proporción igual al 50% para cada uno de ellos; iv) declaró probada la excepción de «prescripción» del pago de las mesadas o acreencias propuestas por el FOMAG, sobre aquellas causadas con anterioridad al 13 de septiembre de 2013; v) denegó las demás pretensiones de la demanda, y; vi) se abstuvo de condenar en costas.

RECURSOS DE APELACIÓN

Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG: presentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia y manifestó su inconformidad respecto a este, al señalar que en el presente caso los intereses de los demandantes debieron desatarse en cumplimiento de lo trazado por el artículo 7.° del Decreto 224 de 1972, en cuanto a las exigencias para el reconocimiento de la pensión post-mortem de los docentes oficiales, por tratarse esta de una norma especial que exceptúa la aplicación del régimen general en la materia.

Expuso que el ente nacional carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que fue la Secretaría de Educación territorial quien profirió los actos administrativos demandados, y es precisamente frente a estas autoridades que surge la responsabilidad de la administración del personal docente, como en efecto lo ha previsto el Decreto 2831 de 2005. Si además se tiene en cuenta que la Fiduprevisora S.A., en virtud de un contrato mercantil suscrito con el ente municipal, se encarga directamente del pago oportuno de las prestaciones sociales del personal docente.

Municipio de San José de Cúcuta: solicitó la revocatoria de los ordinales segundo y tercero de la sentencia objeto de impugnación, al argumentar que el Oficio 504 SAC2014EE101149 del 16 de mayo de 2014 no fue expedido por la Secretaría de Educación del referido municipio, de allí que resulta improcedente que el a quo condene a la mentada entidad territorial a efectuar el pago de una pensión de sobrevivientes a favor de la parte activa del litigio. Pues recalcó que esta competencia permea exclusivamente el actuar del FOMAG, el cual es el encargado de otorgar los derechos prestacionales de los maestros que se encuentren afiliados a dicho fondo.

Para el efecto, se remitió al artículo 2.° de la Ley 91 de 1989, a fin de indicar que esta disposición determinó que las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a partir de la fecha de promulgación de la referida normativa, estarán a cargo de la Nación y serán pagadas por el FOMAG. Asimismo, citó sendos fallos proferidos por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a fin de mostrar la posición pacífica y uniforme respecto a la falta de competencia del municipio para asumir el reconocimiento y pago del derecho pensional reclamado.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante: indicó que, en atención al principio de favorabilidad en materia de seguridad social, si bien es cierto que por la naturaleza del presente caso, en primera medida el juzgador se remitiría a lo preceptuado por el Decreto 224 de 1972 para estudiar la procedencia del derecho reclamado, lo cierto es que la Ley 100 de 1993, norma que regula el sistema general de pensiones, resulta más beneficiosa para la resolución del objeto de la controversia. Por lo que solicitó confirmar la sentencia impugnada, en el sentido de que esta accedió a los pedimentos del libelo, lo cual se ajusta a la jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en casos son supuestos fácticos similares.

El Ministerio Público y la parte demandada guardaron silencio en esta etapa procesal de conformidad con la constancia secretarial visible a folio 398 del cuaderno 1.

CONSIDERACIONES
Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia resolverá sin limitaciones cuando las partes hayan controvertido la totalidad de la sentencia, tal como sucede en el presente caso.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se resume en las siguientes preguntas:

¿Los demandantes en calidad de padres beneficiarios de un docente oficial que falleció, tienen derecho a la aplicación del régimen general de seguridad social contenido en la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en aplicación al principio de favorabilidad?

¿Cuál es la entidad que debe responder materialmente por la condena de reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes impuesta en primera instancia?

Primer problema jurídico

¿Los demandantes en calidad de padres beneficiarios de un docente oficial que falleció, tienen derecho a la aplicación del régimen general de seguridad social contenido en la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, en aplicación al principio de favorabilidad?

Al respecto, la Subsección adoptará la siguiente tesis: en virtud del principio de favorabilidad, es procedente la aplicación del régimen general de seguridad social contenido en la Ley 100 de 1993, para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes instada por los demandantes, aunque los docentes oficiales estén cobijados por un régimen especial, conforme se explica a continuación.

Pensión de sobrevivientes en el Sistema General de Pensiones

Conforme al artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con observancia de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que determine la ley.
A través de la Ley 100 de 1993, el legislador organizó el sistema de seguridad social integral (régimen general), en lo que, relacionado con el régimen de pensiones, su objetivo fue garantizar a la población el amparo contra las eventualidades derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la citada ley.

Por tanto, con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, aquel previó la denominada pensión de sobrevivientes y sustitución pensional, como una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-1094 de 2003, manifestó:

«[…] Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones.

La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades. […]». (Subrayas de la Subsección).

En este punto es relevante aclarar que, si bien la pensión de sobreviviente y la sustitución pensional tienen la misma finalidad, la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece; en cambio la pensión de sobreviviente es aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar del afiliado no pensionado, que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la pensión.

De lo anterior se colige que, la pensión de sobrevivientes se enmarca dentro del derecho a la seguridad social y tiene como finalidad primordial la de satisfacer la necesidad de subsistencia económica que persiste para quien sustituye a la persona que tenía derecho al reconocimiento de su pensión, una vez producido el fallecimiento de esta, en razón a la desprotección que se genera por esa misma causa.

En ese orden de ideas, se precisa que lo debatido en el caso sub examine es el derecho a la pensión de sobrevivientes, debido a que el señor Rubén Darío Ortega Leal, al momento de su fallecimiento, no disfrutaba de pensión de jubilación alguna.

Al respecto, en cuanto a las exigencias requeridas en aras de obtener la pensión de sobrevivientes, debe decirse que el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, determinó los requisitos para su reconocimiento, al exigir al afiliado que hubiere cotizado al sistema por lo menos 26 semanas al momento de su deceso o que, en caso de que haya dejado de efectuar sus aportes, estos fueren realizados al menos 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte. Se cita a continuación:

«Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1.  Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca.

2.  Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, y
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.
Parágrafo. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley.»

No obstante lo anterior, con la expedición de la Ley 797 de 2003, el legislador introdujo una modificación sustancial en lo que refería a los requerimientos exigidos por el SGSSP para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. De ello que, fue así como la precitada normativa aumentó los requisitos que tradicionalmente se habían trazado para otorgar el derecho, en el sentido de exigir al afiliado al sistema que este hubiere cotizado por lo menos 50 semanas dentro de los tres años anteriores a su fallecimiento y, adicionalmente, que cumpliera con el requisito de fidelidad al sistema, sujeta a la causa de la muerte.

Al respecto, el artículo 12 de la Ley 797 ejusdem, estableció ciertas especificaciones respecto al reconocimiento de la prestación pensional cuando el evento de la muerte del trabajador se hubiere generado por enfermedad o accidente, de la siguiente forma:

«Artículo 12. El artículo 46 de la Ley 100 de 1993 quedará así: Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: 1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:
a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento;
b) Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento. Parágrafo 1°. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley. El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.» (Aparte tachado declarado inexequible mediante sentencia C-556 de 2009). La Corte Constitucional mediante sentencia C-556 del 20 de agosto de 2009, declaró la inexequibilidad de los literales a) y b) de la precitada norma, al considerar que tal exigencia violaba la prohibición de no regresividad en materia de seguridad social. En ese sentido, se expresó:
«[…] Actualmente, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó la norma original, exige que el afiliado fallecido hubiera cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años (los inmediatamente anteriores al fallecimiento) y que se acrediten los requisitos contemplados en los literales a) y b) de dicho artículo 12 acusado, donde se requiere, para que los beneficiarios tengan derecho, que los afiliados demuestren una fidelidad de cotización para con el sistema de al menos el 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento. Es decir, la exigencia de fidelidad de cotización, que no estaba prevista en la Ley 100 de 1993, es una medida regresiva en materia de seguridad social, puesto que la modificación establece un requisito más riguroso para acceder a la pensión de sobrevivientes, desconociendo la naturaleza de esta prestación, la cual no debe estar cimentada en la acumulación de un capital, sino que por el contrario, encuentra su fundamento en el cubrimiento que del riesgo de fallecimiento del afiliado se está haciendo a sus beneficiarios.
[…]
En este caso, se aumentó el número de semanas cotizadas y se estableció un nuevo requisito de fidelidad al sistema, esto es, una cotización con una densidad del 20% y del 25% del tiempo transcurrido entre los extremos que la ley señala, desconociendo que esa exigencia no puede ser cumplida en igualdad de condiciones; por ejemplo, si una persona al fallecer por enfermedad tiene 40 años de edad, debe contar con un mínimo de 5 años de cotizaciones, que correspondería al 25% del tiempo cotizado, el cual se ve incrementado en la medida que pasen los años, pues siguiendo el mismo ejemplo si el afiliado al fallecer cuenta ya no con 40 sino con 60 años de edad, el requisito correspondiente al 25% del tiempo, ascendería a 10 años de cotizaciones.

Así mismo, tratándose de muerte accidental, si una persona al fallecer tiene 40 años, el requisito del 20% correspondería a 4 años de fidelidad al sistema; si contara con 60 años, el requerimiento sería de 8 años de cotizaciones. Es decir, las nuevas condiciones implican una regresividad que no tiene justificación razonable; por el contrario, constituyen un obstáculo creciente, que aleja la posibilidad de acceder a la pensión de sobrevivientes. […]». (Subrayas intencionales).

Bajo esta línea de intelección, es dable colegir que, el requisito de fidelidad exigido por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modifica en lo pertinente a la Ley 100 de 1993, desapareció del ordenamiento jurídico en tanto su aplicación constituía un verdadero obstáculo para que los beneficiarios de los afiliados al sistema que fallecieran pudieran disfrutar de una pensión de sobrevivientes, en la medida en que, el solo transcurrir del tiempo, daría lugar a una mayor exigencia en tiempo de cotización.

De otra parte, en lo que atañe a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, señaló el orden de los grupos sucesorales a fin de obtener el reconocimiento del derecho prestacional, así:

«Artículo 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así: <Expresiones "compañera o compañero permanente" y "compañero o compañera permanente" en letra itálica CONDICIONALMENTE exequibles>

Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
[…]

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este; […]». (Negritas intencionales).

En resumen, respecto del cónyuge y del compañero o compañera permanente, se hizo exigible lo siguiente:

Si a la fecha de fallecimiento del causante el cónyuge o compañero o compañera permanente tiene más de 30 años de edad, la pensión se le concederá en forma vitalicia. Si es menor de esa edad y no ha procreado hijos con el causante, la pensión será temporal: se concede por 20 años y de esa pensión se descuenta la cotización para su propia pensión.

En caso de muerte del pensionado, se requiere además que el cónyuge o compañera o compañero permanente acredite que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y que haya convivido con el fallecido no menos de cinco años continuos con anterioridad a ella.

En la cuestión de que solo haya cónyuge (no hay compañero o compañera permanente) la pensión corresponderá a este. Si no hay cónyuge pero hay compañera o compañero permanente, la pensión corresponderá a estos últimos. La ley regula de forma expresa el caso de convivencia simultánea entre cónyuge y una compañera o compañero permanente; por lo que el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o esposo. La Corte Constitucional, en sentencia C- 1035 de 2008, al estudiar esta última regla la declaró exequible en forma condicional en el entendido de que además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos.

Por último, en lo que se refiere a los padres, estos serán beneficiarios de la prestación pensional de sobrevivencia en la medida en que faltaren el cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, sin que sea necesario acreditar la dependencia económica absoluta respecto del causante, esto, a partir de la sentencia C-111 de 2006 la cual señaló:

«[…] En el asunto bajo examen, si bien la pensión de sobrevivientes representa para quien ha perdido a aquella persona que le proporcionaba los elementos necesarios para lograr una vida digna, la posibilidad de salvaguardar su derecho al mínimo vital, resulta contrario a la Constitución que el criterio de la dependencia económica, como condición sine qua non para que los padres puedan reclamar el reconocimiento y pago del citado derecho prestacional a partir de la muerte de su hijo, se circunscriba a la carencia absoluta y total de ingresos (indigencia), cuando la existencia de asignaciones mensuales, ingresos adicionales o cualquier otra prestación de la que son titulares, les resulta insuficiente para lograr su autosostenimiento.

Con este propósito, el ordenamiento constitucional establece que el reconocimiento de la dignidad humana constituye un derecho fundamental y un principio estructural del Estado Social de Derecho (C.P. arts. 1 y 12) y por ello prohíbe cualquier actuación o comportamiento que vulnere la vida y los demás derechos inherentes de la persona (C.P. arts. 2 y 5). En el asunto sub-examine, imponer a los padres la carga de demostrar una situación total y absoluta de desprotección económica sinónimo de miseria, abandono e indigencia, con el propósito de garantizar el reconocimiento de su derecho a la pensión de sobrevivientes, es desconocer que la vida del hombre en términos constitucionales, no se limita al hecho concreto de sobrevivir, sino que exige un vivir con dignidad, esto es, de acuerdo con las condiciones que le permitan sufragar -en realidad- los gastos propios de la vida, lo que no excluye la posibilidad de los padres de obtener otros recursos distintos de la citada pensión, siempre que los mismos no le otorguen independencia económica.

En el asunto sub-judice, es claro que la norma demandada vulnera el citado principio y deber de solidaridad, al exigir como requisito indispensable para proceder al reconocimiento y pago de la pensión de la sobrevivientes, la dependencia económica total y absoluta de los padres frente a los hijos, pues a través de dicho requerimiento se aparta de los criterios de necesidad y de salvaguarda al mínimo existencial como condiciones reales que sirven de fundamento para legitimar el cobro de la mencionada prestación. En efecto, la disposición acusada se limita a prohibir de manera indiscriminada su reclamación, cuando se obtienen por los padres cualquier tipo de ingresos distintos a los que surgen de dicha relación prestacional, sin tener en cuenta la suficiencia o no de los mismos para asegurar una vida en condiciones dignas, como lo ordena el citado mandato constitucional de la solidaridad. Si bien como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación, el Estado no tiene el carácter de benefactor, ello no lo habilita para adoptar medidas legislativas que impliquen un desconocimiento de su obligación positiva de proteger a las personas que se encuentran en condiciones de inferioridad (C.P. art. 13), como sucede con los padres que debido a su avanzada edad se encuentran subordinados económica y materialmente a sus hijos. […]». (Negrita de la Sala).

De la pensión de jubilación post-mortem para docentes oficiales

Ahora bien, para atender la contingencia derivada de la muerte de los docentes no pensionados, el legislador previó la denominada pensión post-mortem, mediante el Decreto 224 de 1972 y en su artículo 7.° reguló lo pertinente a los requisitos, de la siguiente manera:

«Artículo 7. En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como profesor en planteles oficiales por lo menos diez y ocho (18) años continuos o discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por la respectiva entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte mientras aquel no contraiga nuevas nupcias o el hijo menor cumpla la mayoría de edad y por un tiempo máximo de cinco (5) años.»

De acuerdo con la precitada norma, se colige que esta prestación fue creada por el Gobierno Nacional como una compensación a la labor de los docentes que se encuentren en las siguientes condiciones:

Que al momento de su muerte no hayan completado la edad para ser beneficiarios de la pensión;
Que se hubiesen desempeñado como profesores en planteles oficiales, por lo menos 18 años, continuos o discontinuos, y;
Que le sobrevivan su cónyuge, o los hijos menores, mientras no cumplan la mayoría de edad estos últimos.

Es así como los mencionados beneficiarios de los docentes de instituciones educativas públicas han tenido derecho al reconocimiento y pago de una pensión post-mortem equivalente al 75% de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al momento de su fallecimiento, siempre y cuando se acreditara el lleno de los precitados requerimientos.

Principio de favorabilidad en materia laboral

La Constitución Política en su artículo 53, consagró el principio de favorabilidad en materia laboral, como la garantía que tiene el empleado de optar por la situación más favorable en caso de duda en la aplicación e interpretación de las normas.

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

Así, vemos que este principio esencialmente consiste en la obligación de todo servidor público de optar por la situación más favorable al empleado, en caso de duda en la aplicación e interpretación jurídica. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-545 del 28 de mayo de 2004, lo definió de la siguiente manera:

«[…] en caso de duda y ante la existencia de dos o más interpretaciones de una disposición jurídica contenida en una fuente formal del derecho (ley, acto administrativo, convención colectiva) debe preferirse aquella interpretación que mejor satisfaga los intereses del trabajador. Este y no otro es el entendido que le ha otorgado la jurisprudencia a la disposición pertinente del artículo 53 de la Constitución. […]».
De igual manera, esta Subsección se ha pronunciado en el siguiente sentido respecto a la finalidad de este principio en materia pensional, así:

«[…] cuando al momento de causarse algún derecho se está en presencia de dos o más disposiciones jurídicas que proveen una solución al caso, en virtud del citado principio, se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social, estando proscrita la posibilidad de aplicar parcialmente uno y otro texto para elegir de cada uno lo que resulta más beneficioso.

Asimismo, en materia pensional se debe confrontar el Sistema General de Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993 con cada una de las distintas normas contempladas en los diferentes regímenes pensionales que antes de la vigencia de dicha ley existían para establecer cuál resulta más favorable a determinado servidor, ello en aplicación del artículo 288 de la Ley 100 de 1993. […]».

Por su parte, en sentencia del 26 de mayo de 2016, la Sección Segunda del Consejo de Estado sostuvo que la aplicación del principio de la favorabilidad en materia laboral, se presenta cuando existe un conflicto entre dos normas vigentes o cuando existe una sola que admite varias interpretaciones, el cual debe emplearse respetando el principio de inescindibilidad de la ley, en el sentido que la norma favorable deberá aplicarse en su integridad. Para lo pertinente, se cita:

«[…] Ahora bien, la aplicación del principio de favorabilidad supone el conflicto entre dos normas de distinta fuente formal o entre dos normas de idéntica fuente que estén “vigentes” al momento en que se realiza el análisis del caso particular, o cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones.”

Igualmente, esta Corporación ha señalado que el principio de favorabilidad debe emplearse respetando el de inescindibilidad de la ley, el cual consiste en que la norma que se adopte debe ser aplicada en su integridad quedando prohibido, dentro de una sana hermenéutica, el desmembramiento de las normas legales que regulan la misma situación de hecho, para tomar de cada una de ellas sus aspectos más favorables. […]».

Entonces, para que opere el principio de favorabilidad deben darse los siguientes requisitos:

Que frente a una situación de carácter laboral, existan dos normas vigentes susceptibles de aplicarse al caso concreto, es decir que regulen la misma situación fáctica.

Que el juez tenga duda sobre cuál de ellas debe aplicar.

Que la norma que escoja, se aplique en su totalidad, o sea, que no puede interpretarse parcialmente, sino de forma íntegra, como un todo, esto es, como un cuerpo normativo.

El anterior recuento normativo y jurisprudencial aplicado al sub-examine

De acuerdo con los anteriores razonamientos lógicos desarrollados sobre la materia y en atención al material probatorio recaudado y practicado a lo largo del proceso, la Sala encuentra demostrados los siguientes hechos:

Registro civil de nacimiento del señor Rubén Darío Ortega Leal y certificado del mismo expedido por la Inspección de Policía del corregimiento de Villa Sucre, los cuales dan cuenta que los señores Eleazar Ortega Ortega y Elcida María Leal Sánchez son sus padres. (Folios 22 y 23, C1).

Registro civil de defunción del señor Ortega Leal, del que se desprende que falleció el 6 de junio de 2011. (Folio 24 ibidem).

Registro civil de nacimiento y copia de cédula de ciudadanía de la señora Elcida María Leal Sánchez, los cuales indican que aquella nació el 24 de noviembre de 1945. (Folio 26 y 62 ibidem).

Copia de cédula de ciudadanía del señor Eleazar Ortega Ortega, del cual se evidencia que este nació el 5 de abril de 1938. (Folio 63 ibidem).

Se evidencian los siguientes contratos de prestación de servicios suscritos entre el alcalde del Municipio de San José de Cúcuta y el señor Rubén Darío Ortega Leal, a fin de que este último prestara su labor como docente en planteles educativos oficiales pertenecientes al ente territorial, así:

Contrato de prestación de servicios 0275, celebrado por un término de 9 meses contados a partir de la fecha de formalización del mismo, esto es, el 1.° de marzo de 1991 (folios 27 a 28 ibidem).

Contrato de prestación de servicios 0401, suscrito el 1.° de febrero de 1992, en el cual no se especificó el tiempo de duración de la labor. (Folios 29 a 30 ibidem).

Contrato de prestación de servicios 211, signado el 8 de febrero de 1993 por las partes, por un interregno de 9.76 meses, contados desde la fecha de suscripción de dicho acto jurídico. (Folios 31 a 32 ibidem).

Contrato de prestación de servicios 0356, consentido el 1.° de febrero de 1994, por un lapso comprendido hasta el 30 de noviembre de la misma anualidad. (Folios 33 a 34 ibidem).

Formato único para la expedición de certificado de historia laboral, el cual da cuenta que el señor Ortega Leal laboró por un interregno de 16 años, 1 mes y 27 días al servicio de la Secretaría de Educación Municipal de San José de Cúcuta. Para el efecto, fue nombrado como docente oficial en propiedad del Centro Educativo Bellavista, mediante Decreto 0269 del 7 de abril de 1995, con fecha de vinculación a partir del 11 de abril del mismo año.

Que mediante el Decreto 159 del 5 de mayo de 2004, este fue reincorporado a la referida institución educativa, con efectos fiscales a partir de la precitada calenda.

Por último, a través del Decreto 0039 del 26 de enero de 2005, fue vinculado al servicio del Colegio Camilo Torres, a partir de la mentada fecha hasta el 6 de junio de 2011, cuando ocurrió su deceso. (Folios 37 a 38 ibidem).

Certificación expedida por el rector del Colegio Camilo Torres, en la cual se indicó que el causante laboró al servicio de la institución, en su calidad de docente de educación básica primaria, desde el año 1995 hasta junio de 2011. (Folio 41 ibidem).

Decreto 0313 del 1.° de julio de 2011, por medio del cual se declaró la vacancia del cargo del docente Rubén Darío Ortega Leal, a partir del 6 de junio de 2011, con ocasión de su fallecimiento. (Folio 42 ibidem).

Certificados emitidos por la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social, el 3 de julio de 2014 y el 18 de agosto de 2016, en los cuales se refirió que el docente Rubén Darío Ortega Leal se encontraba vinculado con dicha IPS en calidad de afiliado del régimen especial del FOMAG, desde el 4 de agosto de 1997 al 14 de diciembre de 2008, y que registró como beneficiarios a los señores Elcida María Leal Sánchez y Eleazar Ortega Ortega, a partir del 14 de diciembre de 2008. (Folios 48 y 49 ibidem).

Oficio 504 SAC2014EE10149 del 16 de mayo de 2014, signado por el secretario de educación del Municipio de San José de Cúcuta, por medio del cual se comunicó a los libelistas que la solicitud de pensión de jubilación post-mortem había sido negada por la Fiduprevisora S.A., así:

«[…] El docente no cumplía con 18 años de servicio.

Los padres del docente fallecido solicitan pensión post mortem 18 años, solo aportó tiempo de servicio desde 1995-04-11 y falleció el 06-06-2011, a la fecha de fallecimiento no contaba con 18 años de servicio.
No procede reconocimiento de la pensión solicitada. […]». (Folios 46 a 47).

Oficio SAC2016RE3171 del 3 de marzo de 2016, expedido por la secretaria de despacho del área de dirección educativa de la Alcaldía de San José de Cúcuta, en la cual dan respuesta a la solicitud instaurada por los demandantes el 14 de mayo de 2013, bajo número de radicación SAC10521, a fin de instar por el reconocimiento de la prestación pensional. Lo anterior, en los siguientes términos:

«[…] En los términos del decreto No. 2831 de 2005 el Secretario de Educación dio trámite a la solicitud presentada de SUSTITUCIÓN PENSIÓN POST MORTEM por los señores ELEAZAR ORTEGA ORTEGA y la señora ELCIDA MARIA LEAL SÁNCHEZ quienes actúan en condición de padres del docente fallecido, se encuentra que la FIDUPREVISORA al revisar la documentación para aprobación emitió concepto NEGATIVO para la aprobación de la prestación para la cual hace la siguiente observación que nos permitimos transcribir:

“LOS PADRES DE DOCENTE FALLECIDO SOLICITAN PENSIÓN POST MORTEM 18 AÑOS SOLO APORTÓ TIEMPO DE SERVICIO DESDE 1995-04-11 Y FALLECIÓ EL 06-06-2011, A LA FECHA DE FALLECIMIENTO NO CONTABA CON 18 AÑOS DE SERVICIO, NO PROCEDE RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN SOLICITADA”.
[…]

La Secretaría de Educación solo tiene competencia conforme a lo dispuesto por el Decreto No. 2831 de 2005 para surtir el trámite de la prestación y suscribir la resolución si la prestación es APROBADA […] Al dar respuesta al derecho de petición de la referencia la Secretaría de Educación no está emitiendo un concepto sobre la NEGACIÓN dada por la FIDUPREVISORA de la prestación de pensión POST MORTEM […] Por lo que concluye este despacho dando una respuesta al derecho de petición con referencia a la petición de la solicitud de PENSIÓN POST MORTEM radicada por los padres del docente fallecido esta petición tiene el mismo contenido de la petición ya estudiada por la entidad FIDUPREVISORA que se encuentra en concepto NEGADA por lo que se genera con referencia a esta petición de reconocimiento prestacional una controversia de orden legal que no puede resolver la Secretaría de Educación ni emitir concepto alguno.» (Mayúsculas y negritas conforme a la transcripción. Folios 80 a 81 ibidem).

Derecho de petición presentado por los señores Ortega Ortega y Leal Sánchez ante la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, el 23 de febrero de 2016, por medio del cual solicitan el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de que trata el artículo 46 y subsiguientes de la Ley 100 de 1993, con ocasión al fallecimiento de su hijo, el señor Rubén Darío Ortega Leal, quien se desempeñaba como docente oficial al servicio de la Secretaría de Educación del Municipio de San José de Cúcuta. (Folios 66 a 71 ibidem).

Declaraciones extrajuicio núm. 1736 y 1784, presentadas el 7 de julio y el 11 de julio, ambas de 2014, respectivamente, ante la Notaría Cuarta de Cúcuta por parte de los señores Eleazar Ortega Ortega y Elcida María Leal Sánchez, quienes afirmaron que convivían y dependían económicamente de su hijo Rubén Darío Ortega Leal. (Folio 52 y 53 ibidem).

Declaraciones extraprocesales núm. 562 y 563 rendidas el 16 de junio de 2014 por el señor Galo Gélvez Carrero y la señora Fanny Romero Trujillo ante la Notaría Primera de Cúcuta, quienes según su dicho afirmaron conocer al causante durante más de 30 años y 23 años, en cada caso, en calidad de amigos y hasta el día de su fallecimiento.

Agregaron que les consta que era soltero, que no había contraído matrimonio católico ni civil, así como tampoco procreó hijos, que no tiene demandas alimentarias, y que convivía con sus padres, quienes dependían económicamente de aquel para sufragar los gastos de vivienda, alimentación, vestido, entre otros. (Folio 54 ibidem).

Se practicaron dentro del proceso los siguientes testimonios, de los cuales la Subsección procede a efectuar un resumen:

María de Jesús Infante Yanes, quien manifestó conocer al señor Rubén Darío Ortega Leal en el año 1985, a través de un vínculo familiar entre su hermana y un hermano del fallecido. «[…] Contestó: él estaba terminando el bachillerato aquí en el año ’85, luego se fue otra vez para el pueblo donde él vivía, con los papás, y lo nombraron maestro y el empezó a ser maestro. Allí en el pueblo donde él vivía, fue maestro durante 2, 3 años, y luego lo trasladaron para la ciudad de Cúcuta porque ya lo nombraron por departamento, y se vino con los papás, y vivió en el barrio Aeropuerto, Motilones, en el barrio García Herreros, y en lo último donde el falleció fue en el barrio Metropolis. Preguntado: ¿puede decirnos cómo se llaman sus padres? Contestó: Elcida María Leal Sánchez y Eleazar Ortega Ortega. Preguntado: ¿en ese trayecto que usted narra, con quién vivía él? Contestó: él todo el tiempo vivió con los papás. Cuando estudió el bachillerato, aquí lo terminó, en Villa Sucre, de donde es él. No había sexto y séptimo […] y luego cuando ya regresó al pueblo lo nombraron de profesor en el municipio, de maestro en el municipio. […] Mi hermana vivía con el hermano de él allá, y yo iba de vacaciones allá, por eso lo conocí. Preguntado: ¿cómo fue la relación del señor Rubén Darío Ortega Leal con sus padres? Contestó: muy bien, porque los otros hermanos de él, los otros se casaron y las dos hermanas y él pues nunca se casó sino que todo el tiempo vivió con los papás hasta el día en que él falleció. Ellos dependían de él. Todo. Preguntado: ¿a qué se dedican los señores Eleazar Ortega Ortega y Elcida María Leal Sánchez? Contestó: no, ellos siempre fueron… vivieron ahí en el pueblo y hace muchos años antes de él salir del bachiller, ellos compraban fruta y la vendían aquí en la ciudad de Cúcuta, pero después de que lo nombraron maestro, nunca más. Ellos siempre… todo lo que él ganaba era para ellos. […] Preguntado: ¿vivían en casa propia? Contestó: no señor, todo el tiempo arrendados. Preguntado: ¿qué hacen actualmente los señores Eleazar Ortega Ortega y Elcida María Leal Sánchez? Contestó: nada… lo poquito, de los cuatro hijos que les quedaron, uno es discapacitado, tuvo un accidente y quedó discapacitado, y los otros pues son maestros pero ellos les dan lo que pueden para pagar el arriendo, para que ellos coman, y como ellos no tienen seguridad social, no tienen médico, entonces lo poquito que ellos le dan para que vayan al médico, así. Preguntado: ¿el señor Rubén Darío, vivía con quiénes? Contestó: con los papás no más. El no tuvo mujer, no tuvo hijos, no tuvo nada. Todo el tiempo vivió con ellos. […] Preguntado: ¿señora María Infante, manifieste usted al despacho quién era las personas que se encargaban de los gastos del hogar para cuestiones de arriendo, de alimentación, y todos los gastos de esa vivienda? Contestó: era Rubén Darío, todo tiempo era él el que les daba. Él los tenía metidos en el seguro, les pagaba el arriendo, les daba todo. Preguntado: ¿usted acaba de manifestar que los tenía afiliados al seguro, usted sabe qué seguro es? Contestó: ahí si no sé qué seguro social sería, no. Preguntado: ¿usted conoce o le consta si los señores Eleazar Ortega Ortega y Elcida María Leal Sánchez reciben alguna renta, salario, pensión, o devengan cualquier ingreso? Contestó: no señor, ellos no reciben sino lo que los hijos le dan. Lo poquito que los hijos les dan. Preguntado: ¿manifieste usted al despacho si el tiempo que usted manifestó conocer al señor Rubén Darío Ortega, usted supo si tuvo algún hijo bien sea natural o adoptivo? Contestó: no señor, nunca. Él nunca tuvo hijos, nunca tuvo pareja, nada. Preguntado: ¿sírvase decirle al tribunal […] si usted conoce cuál es la dirección exacta (del lugar de residencia)? Contestó: sí señor, la manzana C4, Calle 14, Metropolis.

Preguntado: ¿sírvase usted a decirle al despacho si conoce el tiempo de convivencia entre el docente y sus padres? Contestó: todo el tiempo hasta el día en que él falleció allá en Metropolis. Todo el tiempo. Preguntado: ¿sírvase usted a decirle al despacho […] si estos otros hijos que usted mencionaba pueden hacerse cargo de sus padres, o solamente ellos dependían económicamente del docente? Contestó: las dos mujeres lo poquito que le dan los maridos, y los otros dos tiene sus hijos y lo poquito… por lo menos, en este momento no tenían ni mercado, el señor está enfermo y tuvimos que recoger lo poquito para llevarlo al médico. Entonces ellos… lo poquito que le dan los hijos. […]». (Minuto 5:22 a 14:50 del cd obrante a folio 298, C2. Subrayas de la Sala).

María Consuelo Villamizar Velandía, la cual afirmó conocer al causante en el año 1993. «[…] Contestó: yo vivía en el corregimiento de Agua Clara, él llegó a buscar casa para los papitos porque el habitaba en Camino Torres, en una vereda, y ahí fue que empezamos allá a tratarnos y eso. Y ahí vivía una hermana de él también, en el pueblo, y pues éramos vecinas. Y de ahí para allá yo me vine para Cúcuta. Preguntado: ¿esa relación de Rubén Darío Leal con los padres, cómo era? Contestó: pues siempre han vivido los dos, o sea siempre era pendiente de ellos. Doña Elcida María y don Eleazar Ortega. Preguntado: ¿a qué se dedican? Contestó: no, ya ella no hacía nada y el señor tampoco. Preguntado: ¿entonces quién asumía los gastos de la subsistencia de ellos? Contestó: él, yo creo porque, o sea el señor Rubén Darío, él era el que siempre vivía con ellos. Preguntado: ¿conoció al señor Rubén Darío Leal? Contestó: sí. Preguntado: ¿con quién vivía él? Contestó: con los papitos. Con la señora Elcida y con el señor Eleazar. Preguntado: ¿le conoció compañera, esposa o hijos a él? Contestó: pues yo que me di cuenta, pues amigas que llegaban ahí y hacían reuniones ahí, pero esposa ni hijos yo le vi. Preguntado: ¿sírvase manifestar al despacho si usted conoce dónde vivía el señor Rubén Darío con los señores padres Eleazar Ortega y Elcida María Leal? Contestó: yo los conocí cuando ellos llegaron a vivir al corregimiento de Agua Clara. Cuando él llegó a buscar casa para ellos. Preguntado: ¿aquí en Cúcuta dónde vivían y quiénes vivían en esa casa? Contestó: cuando ellos se trasladaron para acá para Cúcuta, ya ahí en Metropolis, ahí era donde vivían los dos, doña Elcida y don Eleazar. Preguntado: ¿doña Elcida y don Eleazar con quién vivían? Contestó: con don Rubén Darío. Preguntado: ¿usted conoce si esa casa era propia o era arrendada? Contestó: eso si no sé decirles, porque nunca les pregunté si vivían en arriendo o propia. Preguntado: ¿usted sabe quién era el que se hacía cargo del mercado, de sufragar todos los gastos de esa casa? Contestó: siempre ha sido él. Siempre era el que estaba constante con ellos. Yo no veía más hermanos sino él era el que siempre había estado pendiente de ellos, hasta que él falleció. Preguntado: ¿cuando usted hace referencia a “él”, a quién se refiere? Contestó: a Rubén Darío. Preguntado: ¿usted conoce si el señor Rubén Darío es padre de algún hijo? Contestó: no, el no tuvo hijos. Preguntado: ¿usted conoce si el señor Rubén Darío estuvo casado o convivió en unión marital con alguien? Contestó: no señor, yo en la vida privadas de ellos… nunca había nadie con él. Siempre era él pendiente de los papás. Nunca lo vi con mujeres, ni tuvo hijos. Preguntado: ¿sabe usted la dirección exacta de la calle o la manzana donde ellos vivían? Contestó: no ahorita si no me acuerdo ahorita sí. Preguntado: ¿entonces dígale al despacho cómo tenía usted conocimiento de que ellos vivían en esa urbanización? Contestó: mi mamá vive en el corregimiento de Agua Clara todavía, y por medio de la hermana de él que vive todavía en el corregimiento allá, entonces ella es la que el día del entierro en que él fallece… ahí ya me di cuenta de dónde vivían ellos. Preguntado: ¿cómo sabía usted hasta el día del entierro, si él vivía con los papás o vivía con otra persona, si no conoce la dirección donde vivían? Contestó: no pues porque ahí… fui al día del entierro el día que el falleció a visitar a sus papitos, con la hermana que soy amiga de ella, fui a la casa de él […] incluso cuando ella le puede mandar algo de mercado yo voy y se los llevo a la casa de ellos, entonces es ahí donde uno se da cuenta que él no vivía con alguien, ni tenía hijos. Por medio de ella uno se daba cuenta que él no tenía a nadie más, sino que él vivía era con los papitos.

Preguntado: ¿dígale al despacho si sabe usted si los demandantes tienen más hijo, y si es el caso, si ellos pueden hacerse cargo de la parte económica de los papás? Contestó: pues sí, ella tiene dos hembras, tiene otro hijo, tiene dos hijos varones y dos hembras. Las dos hembras dependen es del esposo, porque ellas tampoco trabajan, son amas de casa. Un hijo trabajaba en una mina, quedó parapléjico. El otro hijo sí trabaja en lo que le salga también. Lo poco que le pueden colaborar a doña Elcida… hasta estuvieron sin salud porque cuando él murió, estuvieron sin salud hasta que yo les ayudé a hacer las vueltas para meterlos a una ARS, porque doña Elcida estuvo muy enferma, y la hermana no pudo salir porque tenía un hijo enfermo, entonces yo le hice el favor y los metí a una EPS, y desde ahí yo sé que ellos dependen es de lo poco que los hijos le den. […]». (Minuto 16:08 a 27:05 del cd obrante a folio 298, C2. Subrayas de la Sala).

Galo Gélvez Carrero, quien manifestó conocer a los demandantes desde aproximadamente 30 años, cuando eran vecinos en el corregimiento de Villa Sucre. «[…] Preguntado: ¿qué conoce de ellos, qué hacen, dónde viven, cómo está conformada la familia de ellos dos? Contestó: don Eleazar Ortega y doña María Elcida Leal, los conocí por los estudios, por los vecinos, y actualmente porque yo los visito frecuentemente, porque en realidad son adultos mayores y están desprotegidos por el Estado, y actualmente no tienen salud. Preguntado: ¿cómo está conformada la familia de ellos? Contestó: únicamente don Eliecer y su esposa. Hijos sí tienen claro, sí señor. Preguntado: ¿si los conoce usted a los hijos? Contestó: uno discapacitado, Henry Ortega y Martín Ortega. Dos mujeres que son casadas, que vive una en Agua Clara y otra acá en Cúcuta. Preguntado: ¿los señores Eleazar Ortega y Elcia María, qué hacen? Contestó: actualmente no hacen nada porque dependen de la familia, de los hijos de lo poquito que les queda y le llevan. Inclusive yo soy testimonio, yo los visito cada quince días, los sábados en la tarde, o los domingos en la tarde, y lo poquito que a mí me nace, les llevo. Preguntado: ¿conoció al señor Rubén Darío Ortega Leal? Contestó: lo conozco desde el año ’79 en el corregimiento Villa Sucre, estudiaba yo en la Escuela Centro Mixto y él estudiaba en la institución educativa Antonio José de Sucre. Y de ahí en adelante me empecé a relacionar porque a él le gustaba mucho el deporte, específicamente el fútbol. También doy fe de que prestó servicio militar, después fue docente, en el año ’91 se trasladó para Cúcuta, y doy testimonio de que cuando el empezó a ser docente, era la persona que le ayudaba a los papás. Preguntado: ¿en qué consistía esa ayuda con los papás, cómo los ayudaba? Contestó: económicamente, digamos era el hijo que… porque era el que trabajaba y respondía por los papitos, porque los papás cuando… antes de que el comenzara a trabajar, vendían fruticas y naranjitas, pero eso no era… pero apenas él vio que ellos no podían, él tomó las riendas de ellos y dijo que él los ayudaba. Con el sueldito que le daba el municipio de Arboleda. Preguntado: ¿en qué lugares trabajó el señor Rubén Darío? Contestó: que yo conozca, en el corregimiento Villa Sucre, estuvo aproximadamente en tres veredas, cada vereda más o menos era de tres a cuatro horas de camino. En Agua Clara, y acá en Cúcuta. Preguntado: ¿cuando salió de Villa Sucre el señor Rubén Darío, los padres qué hicieron? Contestó: ellos se quedaron un tiempo, ya cuando el vino y se radicó acá (Cúcuta) que fue nombrado por el magisterio, ya él se los trajo. Antes de traerse a los papás, él vivió el Palmeras parte alta, y en el barrio Motilones y en García Herreros. Preguntado: ¿el señor Rubén Darío, a parte de sus padres tenía a otra persona, señora, esposa, hijos o compañera? Contestó: en ningún momento, falso. Preguntado: ¿entonces el señor Rubén Darío era el que suministraba para las necesidades de los padres? Contestó: afirmativo. Preguntado: ¿manifiéstele al despacho más o menos el señor Rubén desde cuándo se trajo a los papás a vivir acá a Cúcuta? Contestó: en el año aproximadamente… la fecha no la tengo clara, pero eso fue en el año ’97. Preguntado: ¿usted sabe si desde el año ’97 hasta la fecha de muerte del señor Rubén Darío, él con quién convivió acá en Cúcuta? Contestó: él convivió con su papá y su mamá, le repito con don Eleazer Ortega y María Elcida Leal. Preguntado: ¿usted conoce en ese lapso de tiempo en que convivieron como familia, padres e hijos, quién se hacía cargo de la casa como el mercado o los demás gastos que tiene un hogar? Contestó: su hijo, Rubén Darío Ortega Leal. Preguntado: ¿usted sabe si él tenía hijos, sean biológicos o adoptivos? Contestó: en ningún momento, no tuvo hijos ni esposa.

Preguntado: ¿manifiéstele al despacho si usted conoce si los señores Eleazer Ortega y Elcida María reciben alguna renta, remuneración, salario o pensión? Contestó: los padres de la persona fallecida no tienen seguridad social, no tienen ni siquiera incluido el programa ese del adulto mayor. Soy testimonio porque soy la persona que los ayudó a sacar el SISBEN, aproximadamente en el año 2007, 2008. Preguntado: ¿sírvase decir al despacho si sabe usted en qué fecha fue el fallecimiento del señor Rubén Darío Ortega? Contestó: falleció el 6 de junio de 2011, en su casa del barrio Metropolis. Preguntado: ¿sabe usted la dirección de la casa donde él vivió, y con quién vivía? Contestó: barrio Metropolis, manzana C4, Calle 14. Preguntado: ¿sírvase decirle al despacho si tiene conocimiento si los señores Eleazer Ortega y Elcida María Leal tuvieron más hijos que se puedan hacer cargo de ellos? Contestó: yo distingo cuatro, en verdad tienen su familia, cada quien tiene su familia. Dos mujeres que son amas de casa, dos hermanas más, hay uno discapacitado, Tito Ortega Leal, que yo veo que no tiene como ayudarlos. O sea, lo poquito que a ellos le sobran es lo que ellos le pueden llevar, como yo frecuentemente los visito y les llevo una pequeña ayuda que me nace. Preguntado: ¿sírvase decirle al despacho si sabe usted si los padres del docente eran beneficiarios de él en el sistema de salud? Contestó: afirmativo. Ellos eran los que se beneficiaban, y apenas el fallecido, si no estoy mal al año los sacaron y los dejaron desprotegidos. Preguntado: ¿puede indicarle al despacho, por qué usted nos dice que ayudo a los padres del docente a vincularse al SISBEN en el año 2007, 2008, pero de todos modos usted nos dice que eran beneficiarios del señor? Contestó: como todo ciudadano colombiano, yo puedo tener el SISBEN. Preguntado: ¿si pero la pregunta es, si usted me dice que ellos eran beneficiarios del docente, pero que a su vez estaban vinculados al SISBEN, tenían doble afiliación o no? Contestó: no, no. Yo le rectifico, yo puedo tener EPS, pero como ciudadano colombiano yo puedo tener SISBEN, más no ARS. […]». (Minuto 28:23 a 39:35 del cd obrante a folio 298, C2).

Ahora bien, en virtud de la relación probatoria que antecede, se realizan las siguientes conclusiones:

Es un hecho cierto que los señores Eleazar Ortega Ortega y Elcida María Leal Sánchez fungen como los padres del docente fallecido Rubén Darío Ortega Leal, tal como se puede constatar con los certificados de registro civil de nacimiento de este último, los cuales dan cuenta de la veracidad de esta afirmación.

De otro lado, quedó demostrado que el señor Ortega Leal prestó sus servicios como docente estatal vinculado a la Secretaría de Educación del Municipio de San José de Cúcuta, por un periodo de 18 años, 6 meses y 17 días, comprendido entre el 1.° de marzo de 1991 (cuando fue vinculado mediante contrato de prestación de servicios con el ente territorial) y hasta el 6 de junio de 2011 (fecha de su deceso).

En este punto, es pertinente aclarar que ha sido desarrollado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, la procedencia de contabilizar de los periodos laborados mediante contratos de prestación de servicio docente a fin de sumar el tiempo requerido para efectos pensionales.

En consecuencia, una vez determinado que le asiste el derecho a los peticionarios del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, dicho interregno de labor mediante contratos de prestación de servicios debe ser incluido a fin de efectuar el cálculo de la prestación.

Lo anterior, a la luz del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 por cuanto dicha norma fue la invocada por los demandantes para deprecar la pensión de sobrevivientes y no fue objeto de reproche dicho marco legal respecto del cual se ordenó dicha prestación por el a quo.

Ahora bien, de las declaraciones extrajuicio rendidas por los señores Galo Gélvez Carrero y la señora Fanny Romero Trujillo se extraen elementos que ofrecen certeza sobre el parentesco entre los aquí demandantes y el fallecido, así como de la dependencia económica que tenían estos primeros con el segundo. Ello se afirma bajo el entendido que los deponentes manifestaron que el señor Rubén Darío Ortega Leal era la persona encargada de satisfacer económicamente las necesidades básicas de sus padres, tales como alimentación, vivienda y vestimenta.

Lo anterior también guarda asidero probatorio, si se evalúan conjuntamente los testimonios practicados en la audiencia de pruebas, en los cuales los interrogados expusieron detalles de la convivencia y dependencia de los señores Ortega Ortega y Leal Sánchez con su hijo, pues indicaron que aquellos no realizaban ningún tipo de actividad que les permitiera generar ingresos propios a fin de solventar sus gastos personales, aunado el hecho de la disminución de su capacidad laboral por el proceso natural del envejecimiento humano y las deficiencias de salud que padece el señor Eleazar Ortega Ortega.

Es así como la Sala puede observar que justamente era el señor Rubén Darío Ortega Leal quien proporcionaba el mayor aporte económico a su hogar (conformado por él y sus padres), y que, a partir del momento de su fallecimiento, los niveles básicos de vida de los demandantes se han visto afectados, en atención a que no cuentan con los medios de proporción financieros para cubrir sus necesidades esenciales.

Expuesto esto, debe aclararse que, conforme se analizó en párrafos que anteceden, la Corte Constitucional mediante sentencia C-111 de 2006 explicó que, en este tipo de escenarios, no se torna necesario acreditar la dependencia económica absoluta de los padres respecto del causante. Esto porque desconocería los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana, pues se recuerda que la naturaleza de la pensión de sobrevivientes es suplir la ausencia repentina del apoyo económico del afiliado, y por consiguiente, evitar que el deceso afecte las condiciones mínimas de subsistencia de los beneficiarios.

En ese sentido, para certificar este aspecto, no es necesario demostrar la carencia total de recursos propios o que la persona se encuentra en estado de desprotección, abandono y miseria, sino que se debe comprobar la imposibilidad de mantener un mínimo existencial que les permita a los interesados de la prestación, obtener ingresos indispensables para subsistir de manera digna.

Pues bien, en gracia de discusión, como en efecto lo sostuvieron los tres testigos en sus deposiciones, al margen de que los demás hijos de los libelistas ocasionalmente brinden soporte a sus padres, verbi gracia con la alimentación, la carencia de ingresos de los peticionarios es evidente, al punto de que no puedan suministrarse para sí mismos su propia subsistencia.

Dependencia la cual puede corroborarse además con los certificados de afiliación al sistema de salud de los demandantes emitidos por la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social, en donde se comprueba la calidad de beneficiarios de estos respecto al fallecido; por lo cual se colige que, si bien este aspecto no es exigido por la norma para hacerse beneficiario de pensión de sobrevivientes, los demandantes llevaron al convencimiento a la Subsección de la supeditación que recaía en cabeza del docente respecto a sus necesidades, tal como el servicio y derecho fundamental a la salud.

Por otra parte, en el presente asunto se encuentra acreditado que el señor Rubén Darío Ortega Leal prestó sus servicios al Estado por un lapso de 18 años, 6 mes y 17 días, comprendido entre el 1.° de marzo de 1991 al 6 de junio de 2011. De ello, es evidente que el finado superó el mínimo de 18 años laborados como docente, tal como lo exige el Decreto 224 de 1972 (régimen especial).

Por ello, en este punto sería dable concluir que los demandantes, como beneficiarios del profesional de la docencia fallecido, se hicieron acreedores de la pensión post-mortem prevista en dicha norma, con ocasión del requisito temporal alcanzado por el causante.

No obstante, también es cierto que el derecho económico contemplado en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, llamado pensión de sobrevivientes en el régimen general, se consolidó en favor de los señores Ortega Ortega y Leal Sánchez, pues el docente Ortega Leal (hijo de los demandantes), al momento de su deceso, contaba con 831 semanas de cotización, que sin duda alguna y al abrigo de la precitada prerrogativa, le otorga el derecho a sus beneficiarios de percibir la prestación pensional allí prevista.

Bajo las anteriores consideraciones, es pertinente aclarar que, si bien es cierto que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluyó de su ámbito de aplicación a los afiliados al FOMAG, también lo es que la Corte Constitucional, en la sentencia C-461 de 1995, al declarar la exequibilidad condicionada de un aparte de dicha norma, indicó que la igualdad se traduce en el derecho de los individuos a que no se consagren excepciones o privilegios arbitrarios que los excluyan de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, razón por la cual consideró que el aparte acusado de esa norma era exequible, «siempre y cuando se aplique en consonancia con los artículos 13, 48 y 53 de la Carta».

En ese orden, como la Ley 100 de 1993 resulta ser más favorable que la pensión especial post-mortem prevista por el Decreto 224 de 1972, es preciso atender a la interpretación armónica que requiere el artículo 279 del mismo estatuto, y aplicar las disposiciones del régimen general al caso bajo estudio, pues justamente en virtud del referido principio, el juez, en caso de duda en la aplicación o interpretación de una o más normas que regulan en forma diferente una misma situación de hecho, debe optar por aquella que sea más benéfica para el trabajador o sus beneficiarios.

Pues en efecto, el artículo 288 de la Ley 100 ejusdem permite que se aplique el Sistema General de Seguridad Social, en virtud del principio de favorabilidad, así:

«ARTICULO. 288. Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley y en las leyes anteriores. Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta ley.»

Para tal consecuencia, se observa que aunque las prestaciones consagradas en cada una de las mentadas normativas comparten la misma naturaleza y previsión, existe una diferencia ostensible en cuanto a los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, pues mientras el Decreto 224 ejusdem prevé un requisito bastante alto como lo es exigir la prestación del servicio del docente por más de 18 años, la Ley 100 de 1993 resulta más beneficiosa para el presente pues establece el referente de semanas cotizadas, lo que permite hacer la confrontación con lo probado en este caso.

Así lo considera la jurisprudencia constitucional al advertir que la aplicación directa del régimen dispuesto por artículo 7.º del Decreto 224 de 1972 sobre el régimen general de la Ley 100 de 1993, que consagra como principios rectores precisamente la universalidad y la solidaridad, conllevaría una afectación que no se compadece con los dictados de justicia, ni con los criterios de equidad que deben inspirar al juez en la interpretación de las normas laborales, las cuales en este caso se encuentran encaminadas a mitigar los efectos de la viudez o la orfandad y fundamentalmente a procurar el amparo del grupo familiar inmediato del trabajador afiliado fallecido.

En ese orden, se harán extensivas las consideraciones anteriormente consignadas al caso que ocupa la atención de la Sala, al dejar de lado las disposiciones del Decreto 224 de 1972 por razones de equidad, pues al margen de que el docente hubiere cumplido con el mínimo de 18 años de servicios antes del momento de su deceso (si se computan los tiempos servicios mediante contratos de prestación de servicio docente), requerido por la mentada disposición para consolidar el derecho a la pensión post-mortem, sin duda alguna, también cumplió con los requisitos contemplados en el régimen general para acceder a la pensión de sobrevivientes, lo que nos permite concluir que, en aplicación del principio de favorabilidad y en desarrollo del principio de igualdad, los beneficiarios del docente y en el caso particular sus padres, tenían derecho a la pensión de sobrevivientes prevista en el artículo 46 y siguientes de la Ley 100 de 1993.

Aunado el hecho que, el primero de los regímenes mencionados (especial docente) enlista entre los beneficiarios de la prestación únicamente al cónyuge e hijos del causante, mientras que el segundo (general de pensiones) contempla un número mayor de destinatarios, entre los cuales se encuentran los padres del causante del derecho; como en efecto se configuró en el caso de marras, por lo que, según lo analizado hasta este punto, aún bajo el hecho de que ambos derechos económicos comparten la misma naturaleza y finalidad, la aplicación de la Ley 100 de 1993 resulta más favorable para el sub-examine sumado a que fue dicha disposición normativa la alegada para solicitar la pensión de sobreviviente.

Bajo el anterior preludio, se colige que el a quo no incurrió en ningún desacierto interpretativo al declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, pues en aplicación del principio de favorabilidad en materia laboral, sí resultaba procedente otorgar la pensión de sobrevivientes en favor de los señores Eleazar Ortega Ortega y Elcida María Leal Sánchez con ocasión del fallecimiento de su hijo Rubén Darío Ortega Leal.

En conclusión: a los demandantes le son aplicables los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993 (régimen general), por vía de excepción, en virtud del principio de favorabilidad para acceder al reconocimiento de la pensión de sobreviviente por la muerte del docente Rubén Darío Ortega Leal, en aras de evitar un trato discriminatorio y violatorio del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, pues dichas disposiciones son más favorables que las contenidas en el Decreto 224 de 1972.

Por lo anterior, se impone declarar la nulidad de los Oficios 504 SAC2014EE10149 del 16 de mayo de 2014 y SAC2016RE3171 del 3 de marzo de 2016 expedidos por la Secretaría de Educación Municipal de San José de Cúcuta, en el sentido que negaron la pensión de sobrevivientes en favor de los libelistas, así como la del acto ficto negativo derivado del silencio administrativo ante la solicitud de reconocimiento del derecho prestacional presentada por la parte activa ante la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, toda vez que no se ajustaron a las disposiciones de rango constitucional y legal previstas para la materia. Tal como lo ordenó el a quo y se ordenó el reconocimiento de la pensión deprecada.

Segundo problema jurídico

¿Cuál es la entidad que debe responder materialmente por la condena de reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes impuesta en primera instancia?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: el municipio de San José de Cúcuta carece de legitimación en la causa por pasiva desde la perspectiva material de esta figura jurídica, por lo que no debe responder por la condena impuesta en primera instancia, pues es el FOMAG quien ostenta la competencia para reconocer la prestación objeto de debate, tal como se expone a continuación.

Sobre la falta de legitimación en la causa material incoada por las autoridades demandadas

Debido a que las formulaciones impugnativas del Municipio de San José de Cúcuta y de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG tienden a determinar su capacidad jurídica para asumir o no la responsabilidad de la condena impuesta en primera instancia, resulta necesario diferenciar entre las aristas formal o de hecho y material o sustancial de la legitimación predicada respecto de las partes en un proceso judicial. En tanto, se advierte que la excepción esgrimida por el ente territorial en su contestación de la demanda como «falta de legitimación en la causa por pasiva» (la cual se acompasa con los argumentos de la apelación interpuesta por aquel en esta instancia), fue resuelta negativamente por el a quo en desarrollo de la audiencia inicial celebrada el 7 de febrero de 2018 (folios 290 vuelto a 291, C2) y en la sentencia de primer grado del 8 de noviembre de 2018 (folio 324 ibidem).

Acerca del planteamiento diferencial aludido, es pertinente traer a colación la sentencia proferida por esta Subsección el 6 de junio de 2019, a través de la cual se planteó sobre el particular lo siguiente:

«[…] [E]n lo relativo a la legitimación en la causa esta Corporación explicó que se entiende en dos sentidos, uno de hecho o procesal y otro material o sustancial, cuya diferencia está dada por lo siguiente: «[…] la legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina y para los juicios de cognición desde dos puntos de vista: de hecho y material. Por la primera (…) se entiende la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado; quien cita a otro y le atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y le atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda (…) la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Es decir, todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues sólo están legitimados materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda.» […] [L]a falta de legitimación en la causa no impide al juez pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda, precisamente, en razón a que la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción (…) no deben confundirse la capacidad para ser parte en un proceso con la legitimación en la causa, pues entre otras diferencias, la primera es presupuesto de la acción, su ausencia no permite un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda; mientras la segunda es un presupuesto de la sentencia favorable, a falta de aquel es viable que el juez emita un pronunciamiento de fondo sobre el petitum, pues hace referencia a la titularidad de la situación jurídica material discutida en el juicio.»

Bajo este contexto se estima que la legitimación sustancial en la causa por pasiva, hace referencia a la virtualidad de la parte demandada para responder por las pretensiones del extremo activo de la controversia, siempre y cuando exista una relación directa e inescindible entre la primera y el sustento fáctico de la demanda junto con el marco jurídico aplicable a la situación en litigio, de la cual se desprenda la responsabilidad a su cargo frente a la orden o condena que se llegue a imponer; situación que ostensiblemente incumbe a la decisión de fondo sobre el asunto, es decir a las circunstancias de hecho y de derecho que circunscriben el caso y que deben resolverse solo en la sentencia con la correlativa determinación de un sujeto obligado a materializar dicha decisión judicial.

Contrario a esta noción, la legitimación formal en la causa por pasiva, obedece a la necesidad o no de vinculación procesal de una persona natural o jurídica como parte demandada, en razón única y exclusivamente de su naturaleza, personalidad jurídica, capacidad para comparecer judicialmente y relacionamiento preliminar directo o indirecto con los hechos de la demanda, sin que sea del caso verificar su viabilidad para ser declarado responsable o no de una posible condena, pues no sería del caso para este supuesto analizar las condiciones jurídicas de su situación o nexo con el objeto de litigio, sino tan solo su posible condición para intervenir en la actuación con el fin de contestar la demanda, proponer excepciones e interponer recursos ante un aparente relacionamiento con el marco factual del asunto, lo cual puede y debe ser decidido como excepción previa o mixta en desarrollo de la audiencia inicial del artículo 180 del CPACA, pues tal postulado se predica de la demanda en forma y no del fondo de la controversia.

Ante este escenario, vemos en primera medida que, la excepción denominada por el Municipio de San José de Cúcuta en su memorial de contestación como «falta de legitimación en la causa por pasiva» (folio 170, C1), se dirige puntualmente a controvertir tanto la forma, como el fondo del asunto de manera exclusiva respecto de su situación jurídica en el proceso, pues argumentó que:

«[…] EL MUNICIPIO de san José de Cúcuta no puede reconocer ni pagar las prestaciones sociales de los docentes afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, ni mucho menos modificar una situación jurídica creada por el citado fondo como lo fue el negar el reconocimiento de la pensión post mortem, en razón a que la fiduprevisora emitió concepto negativo para tales efectos.
[…]

Así las cosas, se precisa que es el Fondo a quien le compete el reconocimiento de los derechos prestacionales (entiéndase reliquidación de la pensión de jubilación) y el consecuente pago de la misma al docente afiliado al citado fondo, de acuerdo con el procedimiento para tal efecto ha dispuesto el legislador y las normas reglamentarias, con posterioridad a la expedición de la Ley 91 de 1989.»

Al respecto se observa que el tribunal de primera instancia desató este medio de defensa en la etapa de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, al estimar que su resolución debía prolongarse hasta cuando se profiera la sentencia que en derecho corresponda. Así, en el fallo de primer grado, declaró no probada la excepción propuesta por el ente territorial, bajo el entendido que las prestaciones económicas a que tienen derecho los docentes oficiales, intervienen tanto la Secretearía de Educación certificada, como la Fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo, y a este último es a quien le corresponde estudiar y aprobar o improbar el proyecto de resolución.

Ahora bien, ante la ausencia de manifestación sobre el concepto sustancial en comento tanto en la resolución del medio exceptivo aludido como en la sentencia apelada que no se pronunció frente a la situación particular del Municipio de San José de Cúcuta, se aclara que es procedente verificar dicho aspecto en esta instancia en razón al recurso de alzada interpuesto por el ente territorial respecto de aquel punto específico y en atención a la ambivalencia de la excepción de falta de legitimación en la causa que permite resolver no solo su arista formal, sino también su variante material en la oportunidad de proferir sentencia, siempre y cuando haya resultado condenada la parte que alega su estudio de fondo, tal como acontece en el caso particular, cuando en la providencia impugnada se advierte que la entidad territorial también fue sujeto de la orden de restablecimiento, así:

«[…] TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO “FONPREMAG” – MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA a reconocer y pagar una pensión de sobrevivientes a favor del señor ELEAZAR ORTEGA ORTEGA (C.C. 5.39.084) y de la señora ELCIDA MARÍA LEAL SÁNCHEZ (C.C. 27.630.453), en calidad de padres del docente causante Rubén Darío Ortega Leal, a partir de la causación del derecho el 6 de junio de 2011 […]». (Subrayas de la Sala, negritas del texto original) (Folio 340, C2).

La entidad encargada del reconocimiento de las pensiones y prestaciones de los docentes afiliados al FOMAG

En este punto, se reitera que los argumentos del recurso de alzada del ente nacional también estuvieron direccionados a fin de demostrar la falta de competencia que recaía sobre aquel respecto a la condena impuesta por el tribunal de primera instancia. Al respecto, es pertinente indicar que el Consejo de Estado ha señalado que la entidad encargada del reconocimiento y pago de las prestaciones de los docentes es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En efecto, el artículo 5.º de la Ley 91 de 29 de diciembre de 1989 indica:

«[…] El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá los siguientes objetivos:

1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado […]»

La citada norma señaló que quedarían automáticamente afiliados al fondo los docentes nacionales o nacionalizados vinculados a la fecha de promulgación de la citada ley, esto es, el 29 de diciembre de 1989 y, así mismo, el personal vinculado con posterioridad, siempre que cumplieran los requisitos de afiliación de naturaleza formal o normativa y económica. Esto debido al proceso de nacionalización de la educación oficial llevado a cabo mediante la Ley 43 de 1975.

Por su parte, respecto al manejo de los recursos que integran el FOMAG, el artículo 3.º de la Ley 91 de 1989, reguló que para tal efecto el Gobierno Nacional suscribiría un contrato de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria de naturaleza estatal o de economía mixta la cual se encargaría de ello. Textualmente, señaló:

«[…] El Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional […]».

Con posterioridad, por Decreto 1775 de 3 de agosto de 1990, artículos 5.º a 8.º, se reglamentó el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de la siguiente manera:

«Artículo 5º Recepción de solicitudes. Las solicitudes relacionadas con el reconocimiento y pago de prestaciones económicas del Magisterio, serán radicadas en la oficina de prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional.
La documentación sólo será radicada si llena los requisitos establecidos en las normas reglamentarias.

Artículo 6º Estudio de solicitudes. Una vez radicada la solicitud, la oficina de prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional, procederá a realizar el estudio de la documentación.

Artículo 7º Liquidación. Realizado el estudio de la documentación, se procederá a efectuar la liquidación respectiva con el visto bueno de la entidad fiduciaria.

Artículo 8º Reconocimiento. Efectuada la liquidación, el delegado permanente del Ministerio ante el Fondo Educativo Regional, expedirá la resolución de reconocimiento […]»

Finalmente el Decreto 2831 de 2005 en cuanto al trámite para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del FOMAG prescribió:

«Artículo 2°. Radicación de solicitudes. Las solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, implementará un sistema de radicación único, que registre las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en forma simultánea en la respectiva entidad territorial certificada y en la sociedad fiduciaria y que permita a los solicitantes conocer electrónicamente el estado de su trámite.

Artículo 3°. Gestión a cargo de las secretarías de educación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será efectuada a través de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o la dependencia que haga sus veces.

Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente, deberá:

1. Recibir y radicar, en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con los formularios que adopte la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo.

2. Expedir, con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo y conforme a los formatos únicos por esta adoptados, certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional, del docente peticionario o causahabiente, de acuerdo con la normatividad vigente.

3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, junto con la certificación descrita en el numeral anterior del presente artículo.

4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones económicas a cargo de dicho Fondo, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites administrativos a que haya lugar, en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley.
5. Remitir, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los actos administrativos de reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de este, junto con la respectiva constancia de ejecutoria para efectos de pago y dentro de los tres días siguientes a que estos se encuentren en firme.

Parágrafo 1°. Igual trámite se surtirá para resolver los recursos que sean interpuestos contra las decisiones adoptadas de conformidad con el procedimiento aquí establecido y aquellas que modifiquen decisiones que con anterioridad se hayan adoptado respecto del reconocimiento de prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal y penal a que pueda haber lugar, las resoluciones que se expidan por parte de la autoridad territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin la previa aprobación de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de tal Fondo, carecerán de efectos legales y no prestarán mérito ejecutivo.

Artículo 4°. Trámite de solicitudes. El proyecto de acto administrativo de reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de educación, o la entidad que haga sus veces, de la entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante, será remitido a la sociedad fiduciaria que se encargue del manejo de los recursos del Fondo para su aprobación.

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de resolución, la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de manera precisa las razones de su decisión de no hacerlo, e informar de ello a la respectiva secretaría de educación.

Artículo 5°. Reconocimiento. Aprobado el proyecto de resolución por la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, deberá ser suscrito por el secretario de educación del ente territorial certificado y notificado en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley. […]»

En suma, es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la fiduciaria que administra sus recursos, quien debe cancelar las sumas y emolumentos que se reconozcan a los docentes afiliados al Fondo y no a las entidades territoriales certificadas a las cuales pertenece dicho personal.

Para el presente caso y en atención a los argumentos expuestos, es procedente declarar la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Municipio de San José de Cúcuta, toda vez que la obligación del pago de la pensión de sobreviviente de los demandantes, le corresponde exclusivamente al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y no al mencionado ente territorial.

En efecto, las secretarías de educación de las autoridades como la demandada apelante, únicamente tienen a su cargo elaborar el proyecto de resolución de reconocimiento pensional en este caso, en virtud de los artículos 2.° a 4.° del Decreto 2831 de 2005, para que sea aprobado o improbado por la entidad fiduciaria, por lo que es el FNPSM el obligado a efectuar o materializar el pago que de la suscripción del acto emane.

Lo mismo ocurre específicamente en este caso en el que se demandan actos administrativos que, pese de haber sido emanados por parte del Municipio de San José de Cúcuta, dicha decisión se profiere en el marco de sus funciones como representante del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para esa circunscripción y no como autoridad obligada a materializar la situación jurídica planteada, pues se reitera que la única entidad normativamente responsable para asumir las cargas prestacionales deprecadas es el Ministerio de Educación Nacional a través del mentado fondo y no el ente territorial que actúa como intermediario entre el empleado docente y la Nación nominadora.
Con base en lo anterior, se estima que en los procesos judiciales de nulidad y restablecimiento del derecho promovidos ante esta jurisdicción contra el FOMAG en los que se discuta el reconocimiento de prestaciones sociales de los docentes oficiales o sus beneficiarios, no es procedente la vinculación de las entidades territoriales y mucho menos la condena de aquellos frente a la eventual prosperidad de las pretensiones, pues las consecuencias económicas que se deriven de los actos administrativos proferidos en virtud de la desconcentración administrativa dada en las secretarías de educación de los entes certificados, radican única y exclusivamente en la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
En conclusión: no le asiste legitimación material en la causa por pasiva al Municipio de San José de Cúcuta, y en consecuencia es evidente la necesidad de declarar probado el medio de defensa propuesto en orden de desvincularlo del proceso con motivo de la condena impuesta en su contra en primera instancia. No así en cuanto a lo esbozado por el ente nacional en su recurso de alzada, pues conforme quedó evidenciado, el cumplimiento de la condena impuesta por el a quo recae inexorablemente sobre la competencia de aquel.

Decisión de segunda instancia

Por las razones que anteceden, la Subsección modificará los ordinales primeros de la sentencia apelada y de la aclaración de la misma, en cuanto este última ajustó el ordinal tercero de la providencia recurrida, en lo que respecta a:

El ordinal primero porque debe declararse probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva conforme a los argumentos expuestos por el Municipio de San José de Cúcuta, y;

El ordinal tercero en razón a que debe desvincularse al Municipio de San José de Cúcuta frente a la condena impuesta mediante dicha providencia relacionada con el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes objeto de litigio.

Lo anterior, habida cuenta de que prosperan los argumentos del recurso de apelación del Municipio de San José de Cúcuta, no así los de la impugnación presentada por la Nación, Ministerio de Educación, FOMAG tendientes a demostrar la carencia del derecho frente al reconocimiento de la prestación pensional de sobrevivencia.

De la condena en costas

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 2016, sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:

«El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.
Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público.

Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en costas a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la medida que se resolvió desfavorablemente su recurso de apelación, conforme al ordinal 1.° del artículo 365 del CGP, aunado el hecho que quedó demostrada su causación, toda vez que la parte demandante intervino con sus alegatos de conclusión en el trámite de la apelación surtido ante el Consejo de Estado, tal como se evidencia de la constancia secretarial visible a folio 398 del cuaderno 2.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA

Primero: Modificar los ordinales primeros de la sentencia del 8 de noviembre de 2018 y de la providencia de aclaración de la misma del 17 de enero de 2019 proferidas por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovieron los señores Eleazar Ortega Ortega y Elcida María Leal Sánchez contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Municipio de San José de Cúcuta, los cuales quedarán de la siguiente manera:

«PRIMERO: DECLÁRESE probada la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, propuesta por el ente territorial demandado, Municipio de San José de Cúcuta, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.»

«PRIMERO: ACLARAR Y ADICIONAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2018 y, como consecuencia, quedará así:

“TERCERO: A título de restablecimiento del derecho CONDÉNASE a la NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a reconocer y pagar una pensión de sobrevivientes a favor del señor ELEAZAR ORTEGA ORTEGA (C.C. 5.39.084) y de la señora ELCIDA MARÍA LEAL SÁNCHEZ (C.C. 27.630.453), en calidad de padres del docente causante Rubén Darío Ortega Leal, a partir de la causación del derecho el 6 de junio de 2011, de conformidad a lo establecido en los artículos 46, 47, 48 y siguientes de la Ley 100 de 1993, esto es, en monto equivalente al 45% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada 50 semanas adicionales de cotización a las primeras 500 semanas, sin que éste exceda el 75% del ingreso base de liquidación del causante, incluyendo las mesadas adicionales que se hayan causado de la misma fecha y aplicando los reajustes anuales de la pensión, en la forma prevista en la parte motiva de esta providencia, con los reajustes previstos en la ley. La pensión será reconocida en una proporción igual al 50% para cada uno de ellos, y en el evento en que alguno de ellos pierda su derecho, acrecienta el derecho del restante beneficiario”».
Segundo: Confirmar en todo lo demás la providencia impugnada.

Tercero: Condenar en costas de segunda instancia a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a favor de la parte demandante, las cuales serán liquidadas por el a quo.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», o CPACA. Folios 7 a 9 de la demanda y 133 de la subsanación de la misma, C1. Folios 3 a 7, C1. Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015). Folios 318 a 324 de la sentencia y 338 a 340 de la aclaración y adición de la misma, C2. Folios 332 a 336, C2. Folios 343 a 346, C2. Folios 393 a 396, C2. Sentencia T-564 de 2015. Ver sentencia del 30 de marzo de 2017. Radicación: 05001233300020130084301(2245-2014), Demandante: Luis Alfonso de Jesús Hoyos Molina. Demandado: Universidad Nacional de Colombia. Conforme se observa de la certificación expedida por la Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados de Colpensiones, visible a folio 213 del cuaderno 2. Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
«El artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modifica los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, señala quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes y contempla una serie de condiciones que deben cumplirse para que el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite tenga derecho a la pensión de sobrevivientes, en caso de que se presente la situación excepcional de la convivencia simultánea en los últimos cinco años previos al fallecimiento del causante, disposición sobre la que la Corte declara su constitucionalidad condicionada, en el entendido que además de la esposa o esposo, también es beneficiario de la pensión de sobrevivientes, el compañero o compañera permanente y dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido».
“Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente”. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, radicación: 76001-23-33-000-2015-00307-01(3713-16), demandante: Alexander Ramírez Monsalve. Ver al respecto las siguientes decisiones: sentencia del 6 febrero de 2021 de radicado 54001-23-33-000-2014-00363-01 (2960-2015), Demandante: Carlos Isidro Díaz Lizarazo, sentencia del 18 de febrero de 2021 Radicación: 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014) Demandante: Bárbara Inés Tocaria Sarmiento. Contadas a partir del 11 de abril de 1995 al 6 de junio de 2011. Ver sentencia T-167 de 2011: «En este caso, la aplicación preferente del régimen especial contenido en el artículo 7º del Decreto 224 de 1972 sobre el régimen general de la Ley 100 de 1993 que consagra como principios rectores precisamente la universalidad y la solidaridad, conllevaría a una afectación que no se compadece con los dictados de justicia […] De lo anterior se concluye con toda claridad que la finalidad de los regímenes especiales es conceder beneficios legales a grupos determinados de trabajadores y no tornarse en un elemento de discriminación para dificultarles el acceso a los derechos mínimos consagrados en la Legislación para la generalidad […] Así pues, se harán efectivas las consideraciones anteriormente consignadas al caso que ocupa la atención de la Sala, dejando de lado por razones de equidad las disposiciones del Decreto 224 de 1972, pues sin duda alguna, si se cumplían los requisitos contemplados en el régimen general para acceder a la pensión de sobrevivientes, resulta forzoso concluir, que en aplicación del principio de favorabilidad y en desarrollo del principio de igualdad, los beneficiarios del docente y en el caso particular su hijo, tenía derecho a la pensión de sobrevivientes prevista en la Ley 100 de 1993 […]». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administartivo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 6 de junio de 2019. Radicado: 08001-23-31-000-2011-00814-01(4115-15).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de febrero de 2013, número interno 1048 de 2012. Ver entre otras las siguientes providencias: auto del 26 de abril de 2018 radicado: 68-001-23-33-000-2015-00739-01 (0743-2016). En las sentencias del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo (i) de la subsección A: del 2 de julio de 2015, Expediente: 25000-23-25-000-2012-00262-01(0836-13). del 12 de julio de 2017 Expediente: 08001-23-33-000-2012-00400-01(1874-14). (ii) de la subsección B del 5 de diciembre de 2013 Expediente: 25000-23-25-000-2009-00467-01(2769-12) y expediente: 05001233100020050421801 (2713-2013), del 8 de septiembre de 2016 Expediente: 15001-23-33-000-2013-00082-01(1530-14) y expediente: 41001-23-33-000-2015-00686-01(4155-16). Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]». Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].»

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Radicado: 08001-23-33-000-2013-90330-01 (0839-2015)
Demandante: Jaime Enrique Socarras

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