Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2011-00814-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2019 › Radicado 08001-23-31-000-2011-00814-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Presupuestos de la acción
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2011-00814-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-31-000-2011-00814-01
Consejero ponente: William Hernández Gómez
6 de junio de 2019
PRESUPUESTOS DE LA ACCION / PRESUPUESTOS DE LA DEMANDA / PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA / LEGITIMACION EN LA CAUSA – De hecho y material / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA – No impide al juez pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA – Diferencia con la capacidad para ser parte en un proceso
Presupuestos de la acción. Que exista capacidad jurídica y procesal del demandante, también se ha denominado legitimatio ad processum por activa o capacidad para ser parte. Que no haya operado la caducidad del acto cuya nulidad se pide, salvo algunas excepciones, entre ellas el acto que reconozca prestaciones periódicas (art. 136-2 del CCA). Que haya concluido el procedimiento administrativo o agotamiento de la vía gubernativa. En la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es necesario que exista un acto administrativo definitivo susceptible de demanda (art. 50 CCA). Presupuestos de la demanda. Que se dirija al juez competente (art. 137 del CCA). Que se cumplan los requisitos legales de la demanda (art. 137 del CCA). Que exista capacidad jurídica y procesal del demandado: Legitimatio ad processum por pasiva. (art. 149 y ss del CCA). Que se agote el requisito de procedibilidad si el asunto es conciliable. (art. 13 de la Ley 1285 del 22 de enero de 2009). Presupuestos materiales de la sentencia. Legitimación en la causa activa y pasiva: legitimatio ad causam. Interés en la pretensión. Que no haya cosa juzgada, transacción, conciliación, desistimiento, caducidad. Claridad de la pretensión. […] [E]n lo relativo a la legitimación en la causa esta Corporación explicó que se entiende en dos sentidos, uno de hecho o procesal y otro material o sustancial, cuya diferencia está dada por lo siguiente: «[…] la legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina y para los juicios de cognición desde dos puntos de vista: de hecho y material. Por la primera (…) se entiende la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado; quien cita a otro y le atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y le atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda (…) la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Es decir, todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues sólo están legitimados materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda.» […] [L]a falta de legitimación en la causa no impide al juez pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda, precisamente, en razón a que la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción (…) no deben confundirse la capacidad para ser parte en un proceso con la legitimación en la causa, pues entre otras diferencias, la primera es presupuesto de la acción, su ausencia no permite un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda; mientras la segunda es un presupuesto de la sentencia favorable, a falta de aquel es viable que el juez emita un pronunciamiento de fondo sobre el petitum, pues hace referencia a la titularidad de la situación jurídica material discutida en el juicio. En el sub examine se advierte que el argumento que sustentó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva estuvo dirigido a la capacidad del PAP Buenfuturo para acudir al proceso, pues se consideró que su comparecencia debía efectuarse a través de Fiduciaria La Previsora S.A., dada su condición de carencia de personería jurídica de la primera, lo cual conduce a que se trata de la excepción de falta de capacidad para ser parte, frente a la cual se observa lo siguiente: La demanda que originó el presente trámite estuvo dirigida en contra de Cajanal E.I.C.E. en Liquidación – PAP Buenfuturo.
Al respecto, se observa que aquella intervino en el proceso, por intermedio de apoderado (…), la Fiduciaria La Previsora S.A. confirió nuevo poder […] De lo previamente descrito, se concluye que la entidad fiduciaria La Previsora S.A. acudió al proceso y desplegó actuaciones tales como conferir poder para la defensa de sus intereses, de manera que una afirmación en contrario desconoce la realidad procesal. Por tal razón, se encuentra desvirtuado el argumento que sustentó la declaratoria de la excepción de falta de legitimación en la causa respecto del Patrimonio Autónomo Buenfuturo, motivo por el cual deberá revocarse la sentencia por tal aspecto, entendiéndose además que será la UGPP […]
PENSIÓN SERVIDOR PUBLICO – Régimen de transición / PRECEDENTE JUDICIAL – Sentencia del 28 de agosto de 2018 / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN – Reglas y subreglas / PENSIÓN SERVIDOR PUBLICO – Compatibilidad de pensiones
[E]l régimen de transición pensional permite que se regule una determinada situación de acuerdo con las normas anteriores en su integridad, esto es, en cuanto a edad, tiempo de servicio, monto e ingreso base de liquidación. […] En relación con el ingreso base de liquidación de las pensiones que se reconozcan en los términos del régimen de transición con posterioridad la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, precisó que aquella se aplicaría con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables». La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida sentencia de unificación: «El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.» […] En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos: -.Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. -.Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.» […] [E]n cuanto a la compatibilidad de las pensiones (…) debe señalarse que siendo la regla general la prohibitiva se hace necesario que la excepción sea consagrada por la ley, lo cual no sucede en el presente asunto, pues para el momento en el que el señor (…) cumplió con los requisitos de que trata la Ley 33 de 1985 para acceder a la pensión de jubilación, el 1 de julio de 1997, ya había entrado en vigencia la Constitución Política de 1991 y la Ley 100 de 1993, sin que se hubiera extendido la excepción regulada por la Ley 269 de 1996 a las pensiones del personal médico, pues esta última solamente se refirió al tema salarial […]
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “A”
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., seis (06) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 08001-23-31-000-2011-00814-01(4115-15)
Actor: TEOBALDO CORONADO HURTADO
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP. PAP BUENFUTURO
Referencia: PENSIÓN DE JUBILACIÓN – DECRETO 01 DE 1984
ASUNTO
La Subsección conoce del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 24 de julio de 2015 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, que declaró probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa del Patrimonio Autónomo Buenfuturo, cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación propuestas por la demandada y denegó las súplicas de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Teobaldo Coronado Hurtado, por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, demandó a la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal E.I.C.E. en Liquidación, P.A.P. Buenfuturo.
Pretensiones
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo en el que incurrió la administración frente a la petición formulada el 18 de enero de 2008, por medio de la cual Cajanal E.I.C.E. le negó el reconocimiento de una pensión de jubilación al señor Teobaldo Coronado Hurtado.
Resolución 03943 del 21 de mayo de 2004, por medio de la cual Cajanal E.I.C.E. confirmó la decisión.
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la entidad demandada a reconocer y pagar una pensión de jubilación a partir de momento de su causación.
Que los valores causados sean debidamente indexados y que se ordene el pago de los intereses legales que señala el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 ibidem.
Se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada.
FUNDAMENTOS FÁCTICOS
En resumen, los siguientes son los fundamentos fácticos de las pretensiones:
El señor Teobaldo Coronado Hurtado, quien nació el 1 de julio de 1942, laboró de manera ininterrumpida en el Hospital General de Barranquilla, por más de 20 años.
El actor es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y reunió los requisitos para la pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985 el 1 de julio de 1997.
Por lo anterior, solicitó el reconocimiento de la prestación en varias oportunidades desde el año 2003, frente a lo cual siempre ha recibido respuestas negativas. La última petición la radicó el 18 de enero de 2008, respecto de la cual la entidad guardó silencio, por lo que se configuró un acto ficto negativo.
El argumento con base en el cual la entidad ha venido negando el derecho al actor está referido a que es al Instituto de Seguros Sociales al que corresponde el reconocimiento y pago de la prestación, toda vez que esa fue la institución de previsión social que recibió sus aportes durante los últimos 10 años.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
En la demanda se invocaron como normas violadas el preámbulo y los artículos 2, 4, 13, 25, 29, 53, 58 y 83 de la Constitución Política.
Como concepto de violación, expuso que pese a que las autoridades de la República están instituidas para garantizar la efectividad de los derechos de las personas, la entidad demandada ha denegado sistemáticamente el reconocimiento del derecho del actor.
Así mismo, aseguró que tiene derecho a que se le conceda la pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, por considerar que tiene un derecho adquirido frente a la prestación. Por tal razón, sostuvo que los actos demandados están afectados por falsa motivación, dado que no aplicó en debida forma las normas que rigen su situación, por cuanto sirvió en el Hospital General de Barranquilla durante más de 20 años desde el 10 de febrero de 1971 hasta el 14 de junio de 1994.
Igualmente, sostuvo que se vulneró su derecho a la igualdad, puesto que a otros servidores en similares circunstancias, sí les ha sido reconocido el derecho, sin que exista una justificación objetiva y razonable, ligada a finalidades legales, para el trato diferenciado, conducta que en su criterio, también desconoce los principios del respeto por el acto propio y la confianza legítima.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La apoderada de CAJANAL E.I.C.E. en liquidación y el Patrimonio Autónomo Buenfuturo se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual explicó que mediante Decreto 1777 del 26 de junio de 2003 el Gobierno Nacional escindió la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL E.I.C.E. y luego, mediante Decreto 2196 del 12 de junio de 2009 ordenó su supresión y liquidación, garantizando el trámite para el reconocimiento y pago de las obligaciones pensionales de los afiliados que cumplieran los requisitos, hasta la fecha en que se hicieran efectivos los traslados a Colpensiones.
Igualmente, puso de presente que, durante el proceso liquidatorio, Cajanal se regiría en materia contractual por el Código de Comercio y el Código Civil. Fue así como se suscribió un contrato fiduciario con la Fiduciaria la Previsora S.A. para la administración del Patrimonio Autónomo Buenfuturo, creado para «el ejercicio de los fines prestacionales», sin embargo, el fideicomisario no subroga al fideicomitente en el cumplimiento de sus obligaciones.
Con base en lo descrito, afirmó que no es procedente la demanda en su contra, en atención a que tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido que cuando la fiduciaria actúa como vocera del patrimonio autónomo, es distinto a cuando lo hace en nombre propio.
De otra parte, sostuvo que las pensiones que se reconozcan con fundamento en normas anteriores a la Ley 100 de 1993, pero en vigencia de esta por virtud de su régimen de transición, deben atender el ingreso base de liquidación contenido en el artículo 6 del Decreto 691 de 1994, con la inclusión de los factores salariales relacionados de manera taxativa en el Decreto 1158 de 1994. Señaló que «se liquidó pensión al demandante sobre el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993», sin que fuera necesario incluir todos los factores devengados por el servidor, sino solamente aquellos sobre los cuales se hubieren efectuado cotizaciones (Acto Legislativo 01 de 2005).
Seguidamente, formuló las siguientes excepciones:
Falta de legitimación en la causa por parte del Patrimonio Autónomo Buenfuturo: Insistió en que dados los elementos característicos del contrato de fiducia mercantil, en especial, el de la creación de un nuevo sujeto de derechos distinto al fideicomitente, debe ser excluido del presente asunto.
Cobro de lo no debido: la cual sustenta en los argumentos expuestos en las razones de defensa y en que no debió ser vinculado al proceso por ausencia de personería jurídica y porque no adeuda los conceptos deprecados por el demandante.
Inexistencia de la obligación: Manifestó que los actos administrativos demandados están investidos por la presunción de legalidad la cual le corresponde al actor desvirtuar.
Excepción subsidiaria de buena fe: En caso de que no prosperen las anteriores excepciones «habría que considerar que la omisión en el reconocimiento de la pensión gracia se ha realizado de buena fe y en cumplimiento de las normas legales».
Prescripción de las mesadas: solicitó que en caso de que se acceda a las pretensiones de la demanda se declare la prescripción de las mesadas causadas con 3 años de anterioridad a la fecha de radicación de la demanda, en los términos previstos por el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
ALEGATOS EN PRIMERA INSTANCIA
El señor Teobaldo Coronado Hurtado (ff. 202 a 209 C. ppal.) reiteró que la negativa a reconocerle la pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, vulnera sus derechos fundamentales, además de que incurrió en falsa motivación al no haberse justificado en las pruebas aportadas.
Más adelante, informó que cumple con los requisitos para acceder a la prestación, toda vez que laboró en el Hospital General de Barranquilla, entidad descentralizada por servicios del sector salud, desde el 10 de febrero de 1991 hasta el 14 de julio de 1994, fecha de retiro definitivo, tiempo equivalente a 8435 días o 1205 semanas; además acreditó 55 años el 1 de julio de 1997 y para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía 52 años de edad, lo cual lo hacía beneficiario del régimen de transición ibidem.
De igual modo, aclaró que Cajanal y la Fiduciaria Previsora S.A. son dos personas jurídicas distintas y por esta razón, estimó que la apoderada de la primera de las entidades carece de las facultades para ejercer la defensa de los intereses de la segunda, por lo que solicitó se desestimen sus argumentos.
Así mismo, precisó que al señor Teobaldo Coronado Hurtado ya le fue reconocida una pensión por el tiempo que trabajó para el Instituto de Seguros Sociales, que tiene el carácter de convencional, y en el evento en el que se determine su compartibilidad se debe tener en cuenta que no está sufragada con recursos del Estado, sino del Sistema de Seguridad Social consagrado en la Ley 100 de 1993, cuya naturaleza es parafiscal, lo cual la hace compatible con la prestación en esta oportunidad reclamada.
De otra parte, criticó que la parte demandada en la resolución que le negó el reconocimiento de la pensión afirmara que no acreditó la edad de 55 años exigida por la Ley 33 de 1985, cuando se encuentra demostrado que el actor ya cuenta con más de 70 años de edad.
Agregó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-006 de 1996, se refirió a la posibilidad de que los médicos, al igual que los profesores de cátedra, reciban simultáneamente más de una asignación proveniente del Erario, pues precisamente, la Ley 269 de 1996 permite desempeñar más de un empleo en entidades de derecho público al personal asistencial que preste directamente servicios de salud.
La Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal E.I.C.E. en Liquidación (ff. 210 a 216 C. ppal.) intervino para indicar que no existe claridad sobre el tiempo de servicio prestado por el señor Teobaldo Coronado Hurtado y no se puede admitir el certificado allegado en el folio 40, puesto que presenta inconsistencias dado que en la parte inicial señala que laboró desde el 10 de febrero de 1971 y en la final refiere que fue en octubre de 1979.
Adicionalmente, resaltó que se tienen tiempos laborados en empresas privadas, que fueron cotizados al I.S.S. por más de 6 años, del 28 de agosto de 1975 al 30 de junio de 1997, y del 1 de febrero de 1995 al 30 de marzo de 2003 y que esta entidad es la última a la que el actor realizó aportes y que le reconoció una pensión por Resolución 01245 del 22 de julio de 1997.
En ese orden, manifestó que resulta incompatible la prestación que ahora reclama en virtud de la prohibición que impone el artículo 128 de la Constitución Política y el artículo 19 de la Ley 4 de 1992.
Seguidamente, expuso unas consideraciones de orden formal por las cuales no están llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda, a saber:
Se debe decretar la ineptitud de la demanda por no haber aportado copia auténtica de la Resolución 03943 del 21 de marzo de 2004, situación que desconoce el artículo 139 del Código Contencioso Administrativo.
Respecto de la solicitud del acto ficto, anotó que aunque se aportó la reclamación que le hizo a la administración, no presentó el poder que confirió para el efecto, lo cual implica que no fue agotada la vía gubernativa por la parte actora.
En relación con las pruebas, reiteró lo relativo a la ineptitud del documento aportado para demostrar el tiempo de servicios.
Ministerio Público
No intervino en esta instancia.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, mediante sentencia del 24 de julio de 2015, declaró probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa del Patrimonio Autónomo Buenfuturo, cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación, propuestas por la demandada y denegó las pretensiones de la demanda. En sustento de su decisión expuso el siguiente razonamiento:
En relación con la comparecencia del PAP Buenfuturo, indicó que debía hacerse a través de la Fiduprevisora S.A., quien funge como fideicomisaria del contrato de fiducia mercantil celebrado con la Caja Nacional de Previsión Social, pues el primero no tiene personería jurídica que le permita comparecer por sí solo al proceso.
En relación con el fondo del asunto, encontró que el demandante efectuó aportes a la Caja Nacional de Previsión Social, sin embargo, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció una pensión mediante Resolución 01245 del 22 de julio de 1994, a partir del 1 de julio de 1997, por haber cumplido los requisitos de los Decretos 1848 de 1969, 1160 de 1989, 2351 de 1965 y la Ley 33 de 1985, además de los de la convención colectiva del trabajo, de la cual era beneficiario en calidad de trabajador oficial.
En consecuencia, estimó que los actos administrativos demandados acertaron al haber negado el derecho reclamado, máxime cuando la entidad administradora del régimen de prima media con prestación definida ya le había concedido la prestación. En criterio del a quo una decisión en contrario trasgrediría la prohibición constitucional de que ninguna persona puede recibir más de una asignación que provenga del Tesoro, salvo los casos expresamente señalados por la ley.
ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN
El apoderado de la parte demandante (ff. 276 a 282 C. ppal), presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la cual solicitó revocar por considerar, por una parte, que incurre en una incorrecta interpretación del artículo 128 de la Constitución Política, en su caso particular, y por otra, que no se evaluaron debidamente las pruebas que acreditan que cumple con los requisitos para el reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, por ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y MINISTERIO PÚBLICO
En esta etapa solamente intervino la procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado para solicitar que se confirme la sentencia de primera instancia, pues, en su criterio, fue acertada la decisión de declarar la falta de legitimación en la causa del PAP Buenfuturo, habida cuenta de que no tiene la facultad de comparecer por sí misma al proceso, sino que debía hacerlo a través de la Fiduprevisora S.A.
En relación con la legalidad de los actos demandados, sostuvo que el derecho fue bien denegado, puesto que está demostrado que efectuó las cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, motivo por el cual resultó acertada la respuesta de la demandada al señalar que no era la competente para pronunciarse en relación con el beneficio pensional.
CONSIDERACIONES
Cuestión previa
En el recurso de apelación no se discute la sentencia de primera instancia en cuanto declaró probada la falta de legitimación en la causa respecto del PAP Buenfuturo, con todo, en relación con la intervención en el proceso de la entidad demandada, considera la Subsección que es necesario hacer algunas precisiones en relación con el extremo pasivo que integra el contradictorio, ante la duda que surge en relación con cuál es la entidad que debe dar cumplimiento a una eventual sentencia condenatoria.
Para lo anterior, es importante aclarar lo relacionado con la falta de legitimación en la causa por pasiva, aspecto que se abordará en los siguientes términos:
La doctrina ha considerado, de manera general, que unos son los presupuestos procesales de la acción, otros los de la demanda y otros los de la sentencia, a los cuales se hará alusión con especial énfasis en lo relevante al particular.
Presupuestos de la acción
Que exista capacidad jurídica y procesal del demandante, también se ha denominado legitimatio ad processum por activa o capacidad para ser parte.
Que no haya operado la caducidad del acto cuya nulidad se pide, salvo algunas excepciones, entre ellas el acto que reconozca prestaciones periódicas (art. 136-2 del CCA).
Que haya concluido el procedimiento administrativo o agotamiento de la vía gubernativa. En la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es necesario que exista un acto administrativo definitivo susceptible de demanda (art. 50 CCA)
Presupuestos de la demanda
Que se dirija al juez competente (art. 137 del CCA).
Que se cumplan los requisitos legales de la demanda (art. 137 del CCA).
Que exista capacidad jurídica y procesal del demandado: Legitimatio ad processum por pasiva.(art. 149 y ss del CCA).
Que se agote el requisito de procedibilidad si el asunto es conciliable. (art. 13 de la Ley 1285 del 22 de enero de 2009).
Presupuestos materiales de la sentencia
Legitimación en la causa activa y pasiva: legitimatio ad causam.
Interés en la pretensión.
Que no haya cosa juzgada, transacción, conciliación, desistimiento, caducidad.
Claridad de la pretensión.
Establecido lo anterior, es importante señalar que sobre la legitimación en el proceso esta corporación expresó:
«Cabe precisar que se diferencia de la legitimación en el proceso -legitimatio ad processum-, la cual se refiere a la capacidad jurídica procesal de las partes, esto es, atañe a la aptitud legal de los sujetos para comparecer y actuar en el proceso y a su debida representación como partes en el mismo; por ello, ésta sí constituye un presupuesto procesal, y su falta configura un vicio de nulidad que compromete el procedimiento así como la sentencia que llegue a dictarse.»
En este puntual aspecto habrá de tenerse en cuenta que el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época de presentación de la demanda, prevé que toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso. Así mismo, que las personas que puedan disponer de sus derechos están habilitados para comparecer a una causa, y las demás, deben presentarse por medio de sus representantes, de manera que las personas jurídicas lo harán a través de estos, con arreglo a lo que ordene la Constitución, la ley o los estatutos.
Conforme lo anterior la capacidad para ser parte se ha concebido como la denominada capacidad de goce en el derecho civil, esto es, a la personalidad jurídica que tiene el titular de derechos y obligaciones materiales, la cual se presume para las personas humanas pero que debe acreditarse cuando se trata de personas jurídicas, incapaces, etc., quienes, como regla general, para ser parte deben obrar mediante sus representantes, tutores, albaceas, gestores, etc., atendiendo del mismo modo las exigencias en cuanto al derecho de postulación (art. 63 del CPC).
Por otra parte, en lo relativo a la legitimación en la causa esta Corporación explicó que se entiende en dos sentidos, uno de hecho o procesal y otro material o sustancial, cuya diferencia está dada por lo siguiente:
«[…] la legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina y para los juicios de cognición desde dos puntos de vista: de hecho y material. Por la primera, legitimación de hecho en la causa, se entiende la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado; quien cita a otro y le atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y le atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. En cambio la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Es decir, todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues sólo están legitimados materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda. » (Negrillas y subrayas fuera del texto)
Del mismo modo, es viable que no exista concurrencia entre ambos conceptos, es decir, un sujeto puede tener legitimación en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, tal y como se ilustró en la sentencia del 15 de junio de 2000, en los siguientes términos:
«La legitimación ad causam material alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Ejemplo:
• A, Administración, lesiona a B. A y B, están legitimados materialmente; pero si
• A demanda a C, sólo estará legitimado materialmente A; además si D demanda a B, sólo estará legitimado materialmente B, lesionado. Si D demanda a C, ninguno está legitimado materialmente.
Pero en todos esos casos todos están legitimados de hecho; y sólo están legitimados materialmente, quienes participaron realmente en la causa que dio origen a la formulación de la demanda».
Dadas las anteriores condiciones se ha admitido que la falta de legitimación en la causa no impide al juez pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda, precisamente, en razón a que la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción.
Así las cosas, no deben confundirse la capacidad para ser parte en un proceso con la legitimación en la causa, pues entre otras diferencias, la primera es presupuesto de la acción, su ausencia no permite un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda; mientras la segunda es un presupuesto de la sentencia favorable, a falta de aquel es viable que el juez emita un pronunciamiento de fondo sobre el petitum, pues hace referencia a la titularidad de la situación jurídica material discutida en el juicio.
En el sub examine se advierte que el argumento que sustentó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva estuvo dirigido a la capacidad del PAP Buenfuturo para acudir al proceso, pues se consideró que su comparecencia debía efectuarse a través de Fiduciaria La Previsora S.A., dada su condición de carencia de personería jurídica de la primera, lo cual conduce a que se trata de la excepción de falta de capacidad para ser parte, frente a la cual se observa lo siguiente:
La demanda que originó el presente trámite estuvo dirigida en contra de Cajanal E.I.C.E. en Liquidación – PAP Buenfuturo. Al respecto, se observa que aquella intervino en el proceso, por intermedio de apoderado designado mediante escritura pública número 2920 del 13 de junio de 2012 (ff. 182 a 199), a quien se le reconoció personería a través de auto del 13 de diciembre de 2012 (f. 201).
Igualmente, en el folio 217 se advierte que se ratificó el poder al mismo profesional del derecho que recibió el mandato de Cajanal E.I.C.E. en Liquidación, el abogado Carlos Rafael Plata Mendoza, con el siguiente objeto:
«que represente a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., entidad que obró como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo PAP BUENFUTURO constituido mediante contrato de fiducia mercantil que No. 3-1-12984 suscrito con la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE en Liquidación y que terminó por acta suscrita el 10 de junio de 2011, para que ejerza la representación judicial dentro del proceso citado en la referencia y adelante las gestiones inherentes a dicha actuación».
El anterior poder fue revocado mediante escritura pública número 2573 del 20 de mayo de 2013 (ff. 226 y 227) y posteriormente, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, confirió nuevamente poder al mencionado abogado para continuar con la representación de la entidad en el presente asunto, entidad cuyo objeto está descrito por el Decreto 0575 del 22 de marzo de 2013, en los siguientes términos:
«reconocer y administrar los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del orden nacional o de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté desarrollando».
Adicionalmente, en el folio 247 del plenario, la Fiduciaria La Previsora S.A. confirió nuevo poder al profesional Cesar Augusto Castillo Caballero, para que continuara con su representación judicial dentro de este proceso, a quien le fue reconocida personería en auto del 11 de mayo de 2015 (f. 256).
Es de anotar que todas las anteriores actuaciones precedieron a la sentencia de primera instancia.
De lo previamente descrito, se concluye que la entidad fiduciaria La Previsora S.A. acudió al proceso y desplegó actuaciones tales como conferir poder para la defensa de sus intereses, de manera que una afirmación en contrario desconoce la realidad procesal. Por tal razón, se encuentra desvirtuado el argumento que sustentó la declaratoria de la excepción de falta de legitimación en la causa respecto del Patrimonio Autónomo Buenfuturo, motivo por el cual deberá revocarse la sentencia por tal aspecto, entendiéndose además que será la UGPP la encargada de dar cumplimiento a una eventual condena en razón a que es la entidad que asumió el reconocimiento y pago de las pensiones causadas a cargo de las administradoras del régimen de prima media.
Problema jurídico
El problema jurídico que se debe resolver en esta sentencia se resume en las siguientes preguntas:
¿En el proceso se demostró que el señor Teobaldo Hurtado cumple con los requisitos para acceder a una pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985?
De ser afirmativa la respuesta al anterior interrogante, se deberá establecer
¿Existe incompatibilidad entre la pensión reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, con fundamento en una convención colectiva y la pensión de jubilación a cargo de Cajanal (hoy UGPP), reconocida en los términos de la Ley 33 de 1985?
Primer problema jurídico
¿En el proceso se demostró que el señor Teobaldo Hurtado cumple con los requisitos para acceder a una pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985?
Régimen pensional general aplicable a los empleados públicos
La Ley 6 de 1945, en el artículo 17, previó una pensión de jubilación para los empleados oficiales al alcanzar los 50 años de edad y 20 años de servicios continuos o discontinuos, equivalente a las 2/3 partes del promedio de los sueldos devengados en el último año de servicio, en los siguientes términos:
«ARTICULO 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones:
[…]
b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo, equivalente a las dos terceras partes del promedio de sueldos o jornales devengados, sin bajar de treinta pesos ($ 30) ni exceder de doscientos pesos ($ 200) en cada mes.
La pensión de jubilación excluye el auxilio de cesantía, menos en cuanto a los anticipos, liquidaciones parciales o préstamos que se le hayan hecho lícitamente al trabajador, cuya cuantía se irá deduciendo de la pensión de jubilación en cuotas que no excedan del 20% de cada pensión.
[…]»
La norma en mención fue modificada expresamente por el artículo 3 de la Ley 65 del 20 de diciembre de 1946, en los siguientes términos: «ARTÍCULO 3.° La pensión mensual vitalicia de jubilación de que trata el inciso b) del artículo 17 de la Ley 6a. de 1945 será equivalente a las dos terceras partes del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.»
Por su parte, el artículo 4 de la Ley 4 de 1966, modificó el literal b) del artículo 17 de la Ley 6 de 1945, de la siguiente manera: «Artículo 4º.- A partir de la vigencia de esta ley, las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios.»
Más adelante, el Decreto Ley 3135 de 1968 definió que los servidores públicos tendrían derecho a una pensión de jubilación cuando acumularan 20 años de servicio y cumplieran 50 años de edad para las mujeres, o 55 para los varones; prestación que sería liquidada en cuantía equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio. Adicionalmente, esta norma reconoció un régimen de transición, para aquellas personas que al momento de la entrada en vigencia del decreto tuvieran 18 años de servicio, para aplicarles las normas anteriores sobre edad de jubilación. La norma es del siguiente tenor literal:
«ARTÍCULO 27. PENSIÓN DE JUBILACIÓN O VEJEZ. El empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia o de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio.
No quedan sujetas a esta regla general las personas que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción y que la ley determine expresamente.
PARÁGRAFO 1o. Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a pensión de jubilación o vejez sólo se computarán como jornadas completas de trabajo las de cuatro o más horas. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por cuatro; el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones, conforme a la ley.
PARÁGRAFO 2o. Para los empleados y trabajadores que a la fecha del presente Decreto hayan cumplido diez y ocho años continuos o discontinuos de servicios continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad al presente Decreto.
[…]» (subrayas fuera de texto original)
En el mismo sentido, el Decreto 1848 de 1969, en los artículos 68 y 73 reiteró las exigencias impuestas por la norma anterior y en relación con la liquidación de la mesada precisó lo siguiente:
«ARTICULO 73. CUANTÍA DE LA PENSIÓN. El valor de la pensión mensual vitalicia de jubilación será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos en el último año de servicios por el empleado oficial que haya adquirido el status jurídico de jubilado, por reunir los requisitos señalados por la ley para tal fin.»
Ahora, para establecer el ingreso base de liquidación, el artículo 45 del Decreto 1045 del 15 de julio de 1978 señaló:
«ARTICULO 45. DE LOS FACTORES DE SALARIO POR LA LIQUIDACIÓN DE CESANTÍA Y PENSIONES. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrán en cuenta los siguientes factores de salario:
a. La asignación básica mensual;
b. Los gastos de representación y la prima técnica;
c. Los dominicales y feriados;
d. Las horas extras;
e. Los auxilios de alimentación y transporte;
f. La prima de Navidad;
g. La bonificación por servicios prestados;
h. La prima de servicios;
i. Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio;
j. Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores al decreto-ley 710 de 1978;
k. La prima de vacaciones;
l. El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio;
ll .Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del decreto 3130 de 1968.»
Posteriormente, la Ley 33 de 1985 al regular el derecho a la pensión de jubilación exigió 55 años de edad tanto para hombres como para mujeres, prestación que sería calculada con base en el 75% de lo devengado que sirvió de base para la liquidación de aportes. Igualmente, previó un régimen de transición para aquellos servidores que para el momento de su entrada en vigor tuvieran 15 años de servicios, quienes conservarían la prerrogativa de regirse por la normatividad anterior en relación con las exigencias sobre edad. Así se indicó en el artículo 1.° de la ley en cita:
«ARTICULO 1o. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.
[…]
PARÁGRAFO 2o. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley.
[…]». (Subrayas fuera de texto original).
A su vez, la Ley 62 de 1985 concretó que la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del servidor, estaría constituida por los siguientes factores: «asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.»
Ahora bien, es evidente que las normas que contienen régimen de transición en las disposiciones trascritas no hacen mención al ingreso base de liquidación para las pensiones que se consolidaran bajo estas disposiciones, aspecto que el Consejo de Estado ha interpretado en aplicación del principio de la inescindibilidad de la ley en materia pensional, cuyo contenido ha sido definido como complemento de la favorabilidad, según el cual cuando en un asunto se encuentran dos o más textos aplicables a la solución del caso concreto, la norma que se adopte: i) debe ser la más favorable al trabajador y ii) debe ser aplicada en su integridad, con lo cual, se evita el desmembramiento de las normas legales para tomar aspectos favorables que uno y otro régimen ofrezca.
Lo anterior, implica que el régimen de transición pensional permite que se regule una determinada situación de acuerdo con las normas anteriores en su integridad, esto es, en cuanto a edad, tiempo de servicio, monto e ingreso base de liquidación.
Ahora, es importante precisar que la Sección Segunda de esta corporación ha considerado que con la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 quedó derogado el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968, y por ende, la transición que opera en virtud del parágrafo 2.° del artículo 1.° de aquella ley, remite a la Ley 6.ª de 1945, así lo señaló la sentencia del 19 de abril de 2007:
«No es de recibo el argumento del a quo para negar la prestación pues si bien es cierto los Decretos 3135 de 1968 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969, modificaron la edad de jubilación dispuesta en la Ley 6 de 1945, dichas normas fueron derogadas por la Ley 33 de 1985 por lo que la misma nos devuelve a la Ley 6 de 1945, como régimen anterior aplicable. Precisamente es el régimen de transición dispuesto en la Ley 33 de 1985 el que permite aplicar el régimen anterior establecido por la Ley 6 de 1945.» (Subrayas fuera de texto original).
El anterior criterio fue acogido por la sentencia del 16 de diciembre de 2009 al considerar:
«El artículo 1°, parágrafo 2 ibídem, estableció un régimen de transición consistente en que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del régimen anterior de pensiones contenido en la Ley 6ª de 1945[…]
Como el demandante al momento de entrar en vigencia la Ley 33 de 1985, 13 de enero de 1985, tenía un tiempo de servicio de 23 años, 4 meses y 17 días, y no se encontraba retirado del servicio era beneficiario del régimen de transición contemplado en dicha ley para pensionarse conforme a la normatividad anterior.»
En este punto, se concluye que el régimen de transición pensional de la Ley 33 de 1985 remite a las normas contenidas en la Ley 6.ª de 1945 que rigen la materia, con la inclusión de todos los factores que constituyen salario, al tenor de lo previsto por el Decreto 1045 de 1978.
Posteriormente, la Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el futuro, con el objeto de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, en condiciones que les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, a través de la protección de las contingencias que las puedan afectar (art. 1).
En el artículo 36 de la norma en mención, concibió un régimen de transición que ha sido entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos requisitos para la entrada en vigor de aquella, lo cual les permitirá, regirse por las normas aplicables en el régimen anterior al que se encontraban afiliados, en cuanto a la edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y monto de la prestación. Así lo señaló:
«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]»
Postura unificada en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo frente a la reliquidación de pensión ordinaria de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993
En relación con el ingreso base de liquidación de las pensiones que se reconozcan en los términos del régimen de transición con posterioridad la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, precisó que aquella se aplicaría con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».
La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida sentencia de unificación:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»
Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso:
«85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma.
86. (…) el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Tales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión.
87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias décadas.
(…)
91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables.»
En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.». Esta subregla se justifica, así:
«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.»
De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen precedente obligatorio, el IBL para las personas que se encuentran en el régimen de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»
El caso concreto
En el expediente se encuentra demostrado lo siguiente:
De acuerdo con el registro civil de nacimiento y la copia de la cédula de ciudadanía, el señor Teobaldo Cornado Hurtado nació el 1 de julio de 1942 (f. 106 y 124 C. 2).
El jefe de la Oficina de Recursos Humanos y Tesorero de la E.S.E. Hospital General de Barranquilla certificó que el señor Teobaldo Coronado Hurtado laboró en dicha institución desde el 10 de febrero de 1971 hasta el 12 de julio de 1994. Igualmente, que estuvo afiliado a Cajanal desde octubre de 1979 hasta julio de 1994 (ff. 10 y 11 C. 2).
Mediante Resolución 01245 del 22 de julio de 1997 el gerente seccional administrativo y el gerente de la Clínica de los Andes del Instituto de Seguros Sociales Seccional Atlántico reconoció una pensión a cargo de dicha entidad en un 100% (art. 2), con base en lo siguiente:
«Que el doctor TEOBALDO CORONADO HURTADO cumplió los requisitos para pensión de jubilación en vigencia de la sentencia señalada anteriormente lo que le permite obtener la categoría de Trabajador Oficial, y por tanto le son aplicables para efectos de la prestación requerida el Decreto 1848 de 1969, 1160 de 1989, Ley 33 de 1985, Decreto 2351 de 1965 y la Convención Colectiva del Trabajo.» (ff. 167 a 169 C. 2)
Los tiempos que fueron tenidos en cuenta para dicho reconocimiento fueron los siguientes:
Entidad
Desde
Hasta
Años, meses y días
Seguro Social Seccional Atlántico
28 de agosto de 1975
30 de junio de 1997
21 años, 10 meses, 3 días
Dentro de sus consideraciones señaló lo siguiente: «Que el Presidente del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES mediante oficio 002533 del 25 de Junio de 1997 acepta dar por terminado el Contrato de Trabajo a partir del 1.º de Julio de 1997 del cargo de MÉDICO ESPECIALISTA Grado 38, 8 horas […] COORDINACIÓN DE QUIRÓFANOS – CLÍNICA DE LOS ANDES según renuncia presentada por el doctor TEOBALDO CORONADO HURTADO, mediante escrito del 5 de Junio de 1997.» (f. 167 C. 2)
En efecto, en el folio 100 del cuaderno 2 reposa la Resolución 005 del 12 de julio de 1994, mediante la cual el director del Hospital General de Barranquilla le aceptó la renuncia al demandante del cargo de médico anestesiólogo del Departamento de Cirugía de la institución.
A través de la Resolución 03943 del 21 de mayo de 2004 la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, confirmó el acto administrativo ficto producto del silencio administrativo negativo en el que incurrió la administración. En relación con el derecho reclamado, manifestó:
«Este Despacho procede a estudiar los documentos obrantes en el Cuaderno Administrativo, a fin de determinar a que Entidad corresponde el reconocimiento y pago de dicha prestación.
[…]
De acuerdo con las normas pretranscritas y el tiempo laborado por el señor TEOBALDO CORONADO HURTADO, este Despacho concluye que es al Instituto de Seguros Sociales a quien le corresponde el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación solicitada, toda vez que fue a esa Institución de Previsión a la cual él hizo sus aportes durante los últimos 6 años.
Es necesario aclararle al recurrente que los motivos para negar la pensión es por falta de competencia toda vez que es al I.S.S. al que le corresponde concederle su prestación.
Una vez notificada y ejecutoriada la presente providencia, el Grupo de Documentación y Archivo de Prestaciones Económicas de esta Entidad, remitirá los documentos contentivos al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, Entidad competente para el reconocimiento de la prestación solicitada, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo.
Se hace necesario señalarle al apelante que en el certificado de tiempos de servicio expedido por el Hospital General de Barranquilla existe una evidente contradicción como quiera que el (sic) la parte inicial de dicha certificación expresa que el recurrente laboró desde el 10 de febrero de 1971 al 12 de julio de 1994, pero en la parte final de dicho documento señala que la Afiliación a Cajanal es desde Octubre de 1979 hasta el mes de Julio de 1994» (ff. 151 a 153).
Por Resolución 42692 del 9 de diciembre de 2005 Cajanal denegó la solicitud de revocatoria directa contra el anterior acto (ff. 96 a 98 C. 2).
El 19 de junio de 2008, la Cajanal E.I.C.E. expidió el auto 202574 en el cual se pronunció nuevamente en relación con el reconocimiento de la pensión de Teobaldo Coronado Hurtado, para señalar:
«Que el interesado cotizó a esta Entidad con el Hospital General de Barranquilla desde el 01 de octubre de 1979 hasta el 12 de julio de 1994.
Que cotizó a esta Entidad por un tiempo de 14 años, 9 meses y 12 días.
Que no completó veinte (20) años de cotización a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E., sino al Instituto de Seguros Sociales.
Que la ley 33 de 1985 en su artículo 01 dispusó(sic):
[…]
Que de acuerdo con los certificados de tiempos de servicios acreditados por el peticionario, le figura afiliación al Instituto de Seguros Sociales por concepto de pensiones, para el período comprendido entre el 28 de julio de 1975 al 30 de diciembre de 1994 y del 01 de febrero de 1995 al 30 de marzo de 2003, correspondiéndole al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento de la prestación solicitada, de conformidad con las normas transcritas.
[…]» (mayúsculas y ortografía del original) (ff. 112 a 114)
En cumplimiento de lo ordenado por auto para mejor proveer del 14 de febrero de 2019, se allegó la siguiente información:
Expediente prestacional del señor Teobaldo Coronado Hurtado expedido por la UGPP (Cd. f 313 C. ppal.), en el que reposan los siguientes documentos:
Resolución 1946 del 29 de octubre de 1997 por la cual se modificó el valor de la mesada pensional reconocida por la Resolución 1245 del 22 de julio de 1997 (f. 13 f. 313 Cd. ppal.)
Resolución 01521 del 7 de julio de 1998 por medio de la cual el gerente seccional administrativo del Instituto de Seguros Sociales modificó nuevamente el valor a pagar de la mesada pensional reconocida al demandante (f. 26 Cd. ppal. f. 26).
Información remitida por la Alcaldía de Barranquilla relacionada con la historia laboral del demandante en el Hospital General de esa ciudad de donde se extrae lo siguiente:
Resolución 016 del de febrero de 1971 por medio de la cual el director del Hospital de Barranquilla nombró al demandante como médico residente del servicio de anestesia (Cd. f. 330A C. ppal., f. 5)
Contrato de trabajo suscrito por Teobaldo Coronado Hurtado el 25 de agosto de 1971(Cd. f. 330A C. ppal., f. 329)
Liquidación del contrato de trabajo donde señala que la fecha de retiro fue el 15 de marzo de 1979 (Cd. f. 330A C. ppal., f. 41), información que se corrobora con la certificación expedida por el director del Hospital de Barranquilla (Cd. f. 330A C. ppal., f. 42).
Resolución 275 del 19 de abril de 1979, en la cual se autoriza el pago de las prestaciones sociales por el período durante el cual estuvo vinculado por medio de contrato. En dicho acto se informa que aquella entidad fue adscrita a los Servicios de Salud del Atlántico, dependiente del Ministerio de Salud, por lo que sus trabajadores adquirieron el estatus de «Trabajadores Públicos» desde el 1.º de abril de 1979 y que fue esa la razón por la que se dio por terminado el contrato de trabajo del actor (Cd. f. 330A C. ppal., f. 43).
Por medio de la Resolución 0366 del 28 de febrero de 1980 se aclaró la Resolución 2861 del 21 de septiembre de 1979, en el sentido de señalar que el nombramiento de Teobaldo Coronado Hurtado es como médico general adjunto del Departamento de Anestesiología del Hospital de Barranquilla y no como anestesiólogo (Cd. f. 330A C. ppal., f. 44).
Mediante acta de posesión 093 del 17 de marzo de 1980 el demandante tomó posesión del cargo como empleado público (Cd. f. 330A C. ppal., f. 46).
El 14 de junio de 1994 el actor presentó renuncia al cargo de médico anestesiólogo del Hospital de Barranquilla (Cd. f. 330A C. ppal., f. 78), la cual fue aceptada por Resolución 524 del 12 de julio de 1994 (Cd. f. 330A C. ppal., f. 81).
Mediante oficio del 6 de mayo de 2019 el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Dirección Distrital de Liquidaciones, como administradora de las situaciones jurídicas no definidas de la «Extinta ESE Hospital General de Barranquilla en Liquidación», señaló que los aportes del periodo comprendido entre 1971 hasta septiembre de 1979 fueron asumidos íntegramente por el departamento del Atlántico de conformidad con el literal i) del Convenio Interadministrativo suscrito entre el departamento del Atlántico y el Distrito de Barranquilla. (ff. 329 y 330 C. ppal.)
Análisis de la Subsección
De la documental previamente reseñada se infiere que el señor Teobaldo Coronado Hurtado es beneficiario del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que para el 1.° de abril de 1994, contaba con más de 50 años de edad y 15 de servicio. En esas condiciones, la Sala procede a estudiar si cumple con los requisitos previstos por la Ley 33 de 1985 cuya aplicación solicita, a saber, 20 años de servicio y 55 años de edad, por su labor en el Hospital General de Barranquilla, en el siguiente orden:
Edad
En el expediente se encuentra demostrado que el demandante cumplió 55 años de edad el 1 de julio de 1997.
Tiempo de servicio
Sobre este requisito, se advierte que si bien el jefe de la Oficina de Recursos Humanos y Tesorero de la E.S.E. Hospital General de Barranquilla certificó que el señor Teobaldo Coronado Hurtado laboró en dicha institución desde el 10 de febrero de 1971 hasta el 12 de julio de 1994, también es cierto que se informó que estuvo afiliado a Cajanal solo desde octubre de 1979 hasta julio de 1994, es decir, por un término de 14 años y 9 meses, y que las cotizaciones anteriores a dicho periodo fueron asumidas por el departamento del Atlántico.
En efecto, de los documentos aportados en cumplimiento del auto para mejor proveer se observa que inicialmente el actor laboró por virtud de contrato de trabajo y fue solo hasta el mes de septiembre de 1979, cuando fue nombrado por medio de la Resolución 2861 de esa fecha que se vinculó como empleado público, en razón a que el Hospital de Barranquilla fue adscrito a los Servicios de Salud del Atlántico dependiendo del Ministerio de Salud.
De esta manera, para definir si el tiempo que estuvo vinculado mediante contrato de trabajo al Hospital de Barranquilla lo hizo como empleado oficial, expresión genérica que incluye tanto a servidores públicos como trabajadores oficiales, conviene señalar que el ingreso inicial del peticionario se dio a través de un acto administrativo, aunque luego se suscribió contrato de trabajo, a una entidad incluida dentro del Sistema Nacional de Salud, definido por el artículo 5 del Decreto Ley 2470 del 25 de septiembre de 1968, el cual más adelante fue reorganizado por el Decreto Ley 654 de 1974, en cumplimiento del cual se expidió el Decreto extraordinario 356 del 5 de marzo de 1975 que ordenó que las entidades que prestaran servicios de salud estarían adscritas o vinculadas al sistema nacional de salud (art. 1.º) incluso a aquellas que tuvieren la naturaleza de privadas (art. 9) y en cuanto al régimen de personal previó:
«ARTÍCULO 2º. Las entidades de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, están adscritas al sistema nacional de salud, dependen administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas labora está sujeto a la situación legal y reglamentaria de los empleados públicos.
PARÁGRAFO. Las entidades adscritas que actualmente tengan un régimen distinto al de empleados públicos para su personal, lo conservarán en cuanto sea favorable al trabajador y procederán a adecuarlo al estatuto de personal de salud.»
Precisamente, en el sub examine se evidencia cómo el Hospital de Barranquilla procedió a modificar la forma de vinculación del actor para hacerlo de forma legal y reglamentaria con la debida posesión, tal y como se corrobora con la Resolución 275 del 19 de abril de 1979, en la cual se autoriza el pago de las prestaciones sociales por el período durante el cual estuvo vinculado por medio de contrato.
En esas condiciones, se concluye que el señor Teobaldo Coronado Hurtado cumplió los 20 años de servicio público en el sector salud, lapso durante el cual no realizó aportes al Instituto de Seguros Sociales, sino a la misma entidad por el período comprendido entre febrero de 1971 y septiembre de 1979, los cuales fueron asumidos por el departamento del Atlántico y, a Cajanal desde 1979 hasta la fecha de retiro.
Así las cosas, se demostró que el demandante cumple con los requisitos previstos por la Ley 33 de 1985, para efectos del reconocimiento de una pensión de jubilación en los términos previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y de conformidad con las reglas y subreglas jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena del Consejo de Estado.
De acuerdo con lo anterior, el señor Teobaldo Coronado Hurtado tiene derecho a la pensión de jubilación a partir del 1 de julio de 1997, fecha para la cual cumplió 55 años de edad y más de 20 años de servicio, con una tasa de reemplazo del 75%. Ahora, en cuanto al ingreso base de liquidación debe corresponder a «(i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.», teniendo cuenta los factores enlistados por el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales se realizaron aportes.
Conclusión: En el proceso se demostró que el señor Teobaldo Hurtado cumple con los requisitos para acceder a una pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, toda vez que se acreditaron los 20 años de servicio público en el Hospital General de Barranquilla y cumplió la edad de 55 años de edad.
Segundo problema jurídico
¿Existe incompatibilidad entre la pensión reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, con fundamento en una convención colectiva y la pensión de jubilación a cargo de Cajanal (hoy UGPP), reconocida en los términos de la Ley 33 de 1985?
De la compatibilidad de asignaciones y los médicos
Desde la Constitución Nacional de 1886 existe la prohibición de recibir dos sueldos del tesoro público, salvo las excepciones o casos especiales regulados por la Ley. Dicha disposición constitucional se reglamentó a través del artículo 1.° del Decreto 1713 de 1960, el 77 del Decreto 1848 de 1969 o el 32 del Decreto 1042 de 1978.
En el preciso caso de los médicos, el Decreto 1713 de 1960 en su artículo 3 reglamentaba:
«[…] Los médicos graduados que desempeñen cargos públicos relacionados con su profesión, y que tengan como residencia permanente un Municipio, en donde no ejerzan esa misma profesión otros facultativos, no estarán sujetos a las limitaciones establecidas por el artículo 64 de la Constitución Nacional. […]»
Con la Constitución Política de 1991 continuó la prohibición respecto de la doble asignación, en el artículo 128 de la Carta Política, y las excepciones a dicha regla quedaron reguladas en el artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992, entre las cuales se encuentran los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales en salud.
Es oportuno poner de presente que, inicialmente, la Sección Segunda del Consejo de Estado entendió que la norma constitucional no incluía la posibilidad de desempeñar más de un cargo público, sino que solamente se extendía a la posibilidad de devengar «honorarios», sin embargo, más adelante, la Ley 269 de 1996 reguló parcialmente el artículo 128 de la Constitución Política, y en lo atinente a quienes prestan servicios de salud en las entidades de derecho público, la jurisprudencia entendió que tienen permitido desempeñar más de un empleo con tal carácter, por razón de la garantía que el Estado ofrece de acceso permanente a las personas a este servicio (art. 2), siempre que no exista concurrencia de horarios, con excepción de la labor docente (art. 3).
Sobre el alcance de esta previsión, la Sala de Consulta y Servicio Civil, indicó:
«Con respecto a los médicos se presenta una situación semejante a la de los profesores de cátedra: ya se afirmó que el artículo 128 de la Constitución prohíbe el desempeño simultáneo de más de un empleo público; igualmente "recibir más de una asignación del tesoro público"; pero la misma disposición constitucional faculta al legislador para que en casos especiales se disponga otra cosa. Y es precisamente lo que ocurre con lo previsto en la ley 269 de 1996, "por la cual se regula parcialmente el artículo 128 de la Constitución Política", en relación con quienes prestan sus servicios de salud en las entidades de derecho público. En efecto, en su artículo 2o. se permite al "personal asistencial que preste directamente servicios de salud" para que pueda "desempeñar más de un empleo en entidades de derecho público".
[…]
Los médicos que presten servicio de salud podrán desempeñar más de un empleo de su especialidad en diversas entidades de derecho público, con derecho a las correspondientes prestaciones sociales, ciñéndose a las prescripciones legales que rigen la materia (artículo 1o. Ley 269 de 1996).»
De lo expuesto, quedan claros los términos en los cuales debe entenderse la excepción a la regla general prohibitiva de devengar doble asignación a cargo del Erario en el caso de los médicos.
De la compatibilidad pensional en el asunto concreto
El acto administrativo por medio del cual el ISS le reconoció la pensión al señor Teobaldo Coronado Hurtado, Resolución 01295 del 22 de julio de 1997, se sustentó en los Decretos 1848 de 1969, 1160 de 1989, la Ley 33 de 1985, el Decreto 2351 de 1965 y la convención colectiva de trabajo, por tener la calidad de trabajador oficial. En el artículo 5, se dejó claro que dicha prestación resultada incompatible con otra asignación que proviniera del Tesoro Público o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, «salvo los casos expresamente determinados por la ley». En el artículo 6 ordenó que en el evento en el que le fuese reconocida una pensión de vejez a cargo del ISS, debía deducirse el valor percibido por concepto de pensión jubilación.
Ahora, en cuanto a la compatibilidad de las pensiones que el actor pretende percibir simultáneamente, debe señalarse que siendo la regla general la prohibitiva se hace necesario que la excepción sea consagrada por la ley, lo cual no sucede en el presente asunto, pues para el momento en el que el señor Teobaldo Coronado Hurtado cumplió con los requisitos de que trata la Ley 33 de 1985 para acceder a la pensión de jubilación, el 1 de julio de 1997, ya había entrado en vigencia la Constitución Política de 1991 y la Ley 100 de 1993, sin que se hubiera extendido la excepción regulada por la Ley 269 de 1996 a las pensiones del personal médico, pues esta última solamente se refirió al tema salarial, lo cual se deduce del contenido del artículo 1 de aquella que dispone: «La presente Ley se aplica a todo el personal de salud que cumpla en forma directa funciones de carácter asistencial en entidades prestadoras de servicios de salud, sin perjuicio del sistema de salud que se rija.»
En efecto, en relación con la compatibilidad entre pensiones el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, solamente incluye a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración.
En esas condiciones, no es viable acceder al reconocimiento de la pensión que demandante solicitó, toda vez que el Instituto de Seguros Sociales ya le reconoció una prestación que está concebida para amparar el riesgo de la vejez.
Conclusión: La pensión reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, con fundamento en una convención colectiva y la pensión de jubilación a cargo de Cajanal (hoy UGPP), reconocida en los términos de la Ley 33 de 1985 resultan incompatibles.
Decisión de segunda instancia
Por lo expuesto la Sala considera que se impone revocar parcialmente la sentencia proferida el 24 de julio de 2015 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, en cuanto declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa del Patrimonio Autónomo Buenfuturo y se confirmará en lo demás, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar parcialmente la sentencia proferida el 24 de julio de 2015 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, en cuanto declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa del Patrimonio Autónomo Buenfuturo.
Segundo: Confirmar en todo lo demás, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Folios 2 y 3 del C. ppal.
Folios 168 a 175 C. ppal.
Así se indicó en el folio 172 del cuaderno principal del expediente, aunque en el presente asunto es claro que no ha operado el reconocimiento pensional.
Estos fueron los términos utilizados en la contestación de la demanda aunque es en este asunto no se debate el reconocimiento de una pensión gracia sino de jubilación.
Carlos Betancur Jaramillo, Derecho Procesal Administrativo, Octava edición segunda reimpresión, 2015 Ed. Señal Editora Ltda., pp. 203-205
En este sentido también se puede consultar a Hernando Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal Tomo I, Decimocuarta edición, 1996, ed. ABC, pp. 289 y 290.
Consejo de Estado. Sección Tercera. C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Sentencia de 29 de enero de 2009, Expediente No. 16169.
Derogado por la Ley 1564 de 2012 en los términos establecidos en el artículo 626.
Artículos 53 y siguientes del Código General del Proceso.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, providencia del 22 de julio de 2009, Radicación N.° 27.975.
Así se le denomina en la sentencia de antes mencionada.
Op. cit.
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de junio de 2004. Expediente No. 1993-0090 (14452) en el mismo sentido ver las sentencias del 4 de febrero de 2010, Radicación: 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), Actor: Ulises Manuel Julio Franco y Otros; del 30 de enero de 2013, Radicación: 25000-23-26-000-2010-00395-01(42610)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15) de junio de 2000; Radicación: 10171.
Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP – y se determinan las funciones de sus dependencias.
Artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.
Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo.
Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
Derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.
Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las Prestaciones Sociales para el sector público.
En este sentido se pueden ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicación 680012333000201500965 01(3760-2016) CE-SUJ-SII-009-2018, actor: Araceli del Carmen Llanos García.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia 19 de abril de 2007, radicación: 150012331000199902187-01(1114-03), este criterio fue reiterado en las providencias de la Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009, radicación: 250002325000200401634 01(1028-07), actor: Raúl Armando Quiñones Villarreal;
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación: 250002325000200200474 01(1754-06).
Artículo 5°. El nivel local está constituido por los recursos ejecutivos del Sistema de Salud Pública, tales como hospitales, centros y puestos de salud, y demás instituciones de salud existente, y las que en el futuro se creen. A este nivel corresponde ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción. Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública
Por el cual se establece el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud. Según la primera subregla definida por la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia del 28 de agosto de 2018, aplicable a quienes para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, les hacía falta menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, como es el caso del señor Teobaldo Coronado Hurtado.
«Artículo 64.- Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinen las leyes.»
«Artículo 1º.- Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo las excepciones que se determinan a continuación:
a) Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo;
b) Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario, hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal permita el ejercicio regular de tales cargos.
c) Las que provengan de pensión de jubilación y del servicio de cargos públicos, siempre que el valor conjunto de la pensión y del sueldo que disfruten por el cargo, no exceda de mil doscientos pesos ($1.200.oo) mensuales.
d) Las que con carácter de pensión o sueldo de retiro disfruten los miembros de las Fuerzas Armadas. Parágrafo- Para los efectos previstos en los ordinales a) y b) del presente Decreto, se entiende por horario normal de trabajo la jornada de ocho (8) horas.»
«Artículo 77.- El disfrute de la pensión de jubilación es incompatible con la percepción de toda asignación proveniente de entidades de derecho público, establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades de economía mixta, cualesquiera sea la denominación que se adopte para el pago de la contraprestación del servicio, salvo lo que para casos especiales establecen las leyes y en particular el Decreto 1713 de 1960 y la Ley 1a. de 1963.»
«Artículo 32.- De la prohibición de recibir más de una asignación. De conformidad con el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado público podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro, o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, ya sea en razón de contrato, de comisión o de honorarios.
Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las asignaciones que a continuación se determinan:
a) Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de tiempo completo.
b) Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal de trabajo permita el ejercicio regular de tales cargos y que el valor conjunto de lo percibido en uno y otro no exceda la remuneración total de los ministros del despacho.
c) Las que provengan de pensión de jubilación y del ejercicio de los cargos de ministro del despacho, jefe de departamento administrativo, viceministro, subjefe de departamento administrativo, superintendente, secretario general de ministerio, departamento administrativo o superintendencia, director general de establecimiento público o de empresa industrial o comercial del Estado, secretario general de establecimiento público, miembro de misiones diplomáticas no comprendidas en la respectiva carrera y secretario privado de los despachos de los funcionarios de que trata este ordinal, siempre que el valor conjunto de la pensión y del sueldo percibido en el cargo no exceda la remuneración fijada por la ley para los ministros del despacho.»
«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas.»
«Artículo 19.- Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones:
a. Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la rama legislativa;
b. Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;
c. Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d. Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e. Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud.
f. Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas.
g. Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados. Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.» (Subraya la Sala). Así se sostuvo en la sentencia del 4 de diciembre de 1995, radicación 7239, actor José Eduardo Narváez Viteri y Grety Patricia López Alban, dentro del cual se declaró la nulidad del Decreto 1172 del 13 de julio de 1992, por medio del cual el Gobierno Nacional reglamentó la Ley 4 de 1992, al considerar que incurrió en exceso de la potestad reglamentaria. Sobre la posibilidad de ejercer más de un empleo público del personal de médicos se pueden consultar: de la Subsección B, la sentencia del 10 de octubre de 2018, radicación: 170012333000201400475 01(4089-17), y de la Subsección A, sentencia del 21 de junio de 2018, radicación 05001233300201200428 01(1122-2014), actor: Hugo de Jesús Gallego Ramírez y la sentencia del 22 de agosto de 2013, proferida por la Subsección A, Sección Segunda de esta Corporación, Radicación 25000-23-25-000-2008-01040-01 (1396-10), Actor: Luis Orlando Rojas. Consejo de Estado, Sala de Servicio y Consulta Civil, concepto 880 del 27 de agosto de 1996.
PAGE
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.