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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2018-00127-01

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2018-00127-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Modificar el ordinal tercero de la sentencia del veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en el sentido de excluir de los periodos en los que se declaró la existencia de la relación laboral encubierta los comprendidos entre: i) 1 al 30 de octubre de 2007; ii) 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2007 y iii) 2 al 30 de enero de 2008, de acuerdo con lo expuesto. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia. Tercero. Sin condena en costas de segunda instancia. Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2018-00127-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

28 de noviembre de 2024

Radicación: 54001-23-33-000-2018-00127-01 (3539-2022)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00127-01 (3539-2022)
Demandante: Rosa Ureña Peñaranda
Demandado: E.S.E. IMSALUD
Temas: Relación laboral encubierta. Contratos de prestación de
servicios. Auxiliar de enfermería. MODIFICA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022) proferida por
el Tribunal Administrativo Norte de Santander, mediante la cual se concedieron
parcialmente las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Rosa Ureña Peñaranda instauró demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en contra de la E.S.E. IMSALUD, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del acto administrativo No. 2017-200-003439-01 del 20
de diciembre de 2017, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de
las acreencias laborales, argumentando que no existió vínculo laboral alguno.

Que se declare que existió un vínculo laboral desde el 1 de octubre de 2007 hasta
el 30 de septiembre de 2017 y, que se condene al pago de las prestaciones
sociales dejadas de percibir.

Que se condene a la entidad a pagar la sanción moratoria por el pago inoportuno
de las cesantías y los intereses moratorios sobre las cantidades que resulten a
su favor.

Que se condene en costas a la demandada.

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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00127-01 (3539-2022)

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que prestó sus servicios a E.S.E. IMSALUD como promotora de salud y auxiliar
de enfermería entre el 1 de octubre de 2007 hasta el 30 de mayo de 2017, a
través de varios contratos de prestación de servicios. Entre el 1 de junio al 30 de
septiembre de 2017, estuvo vinculada a la entidad por medio de un convenio
individual de asociación con la empresa SINTRASERVISALUD N. de S.

Que ejecutó sus funciones de manera personal y bajo continua subordinación,
que debía cumplir un horario establecido por la entidad y las órdenes de esta
sobre la forma de cumplirlas.

Que sus actividades eran las mismas que las de los auxiliares de enfermería de
planta y su jornada comprendía turnos de 7:00 a 11:00 a.m. y de 2:00 a 6:00 p.m.,
de lunes a sábado.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 31 de mayo de 2018 y, notificada a
la entidad demandada, quien manifestó que la demandante no tuvo una relación
laboral con la entidad, que se trató de una relación contractual atendiendo los
contratos de prestación de servicios que suscribieron las partes y el convenio
sindical que celebró con SINTRASERVISALUD.

Que cumplió sus funciones como promotora de salud y auxiliar de enfermería con
plena autonomía, no impuso horarios o directrices, solo coordinó el servicio, como
necesidad para garantizar la prestación del servicio a los pacientes.

Que la certificación expedida por la demandada es contractual, por lo que no da
cuenta de periodos y salarios.

Que las actividades eran propuestas por la demandante y no eran establecidas
por la E.S.E. ni se encontraban definidas en el manual de funciones.

Propuso como excepciones, la prescripción de los derechos laborales, buena fe,
mala fe de la parte actora, compensación, falta de soporte jurídico sustancial y
genérica.

Se celebró audiencia inicial el 29 de julio de 2019, en la que se fijó el litigio, se
surtió la etapa conciliatoria, se decretaron las pruebas solicitadas y se programó
la audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio
traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual
fue apelada dentro del término oportuno por la parte demandada.

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del
veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022), accedió parcialmente a
las pretensiones, ordenando el pago de las prestaciones sociales con base en
los honorarios pactados en los contratos; el pago de las diferencias en los aportes
a pensión al fondo de pensiones, debiendo la actora acreditar los pagos o
completarlos en caso de que no los hubiera hecho y, finalmente, declaró que el
tiempo laborado debió computarse para efectos pensionales.

Para decidir lo anterior, consideró que la demandante prestó sus servicios como
auxiliar de enfermería, mediante sesenta y cinco contratos, entre el 1 de octubre
de 2007 y el 30 de mayo de 2017. Que, aunque no se recaudaron los contratos
de prestación de servicios, la relación contractual y los extremos temporales se
acreditaron con la certificación expedida por la E.S.E. y fue un hecho aceptado
por ambas partes.

Que las actividades de la actora atendían una necesidad de la entidad y, la
vinculación fue permanente pues, se mantuvo por cerca de diez años, lo cual
descarta la temporalidad de la contratación.

Que, a partir de las pruebas, se desprende que estuvo sometida al cumplimiento
de un horario de atención de pacientes fijado por la E.S.E., desarrolló funciones
y labores similares a las que realizaba una auxiliar de enfermería de planta y en
iguales condiciones y ejerció sus actividades en las instalaciones y con los
instrumentos, materiales y equipos entregados por la entidad.

Que no se configuró la prescripción de los derechos reclamados, porque la
demandante prestó sus servicios entre el 1 de octubre de 2007 y el 30 de mayo
de 2017 y presentó la reclamación dentro de los tres años a la finalización de ese
vínculo.
RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada interpuso recurso de apelación expresando que la actora
no probó la existencia de los elementos de la relación laboral, en especial, la
subordinación.

Que la vinculación de la demandante fue interrumpida durante los periodos
comprendidos entre el 1 de febrero al 10 de marzo de 2009, correspondiente a la
finalización e inicio de los Contratos No. 338 y 904, respetivamente; así como,
entre el 1 de mayo al 4 de abril de 2016, finalización e inicio de los Contratos
1680 y 3266 de 2016, por lo que no podía considerarse que existió una relación
continua y permanente.

Que, según la certificación expedida por la E.S.E., los contratos de prestación de
servicios suscritos entre las partes tuvieron un objeto diferente, unos, la ejecución
de actividades como promotora de salud y, otros, auxiliar de enfermería en

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diferentes áreas. Que cada acuerdo tuvo una duración determinada. Que las
actividades para las que fue contratada la demandante requerían conocimientos
especializados, por lo que no se desnaturalizó el contrato de prestación de
servicios.

Que no se aportaron pruebas adicionales para acreditar la supuesta
subordinación a la que estuvo sometida y que dieran cuenta que recibió órdenes
del personal de la E.S.E. IMSALUD o llamados de atención, memorandos,
sanciones, felicitaciones o fue investigada disciplinariamente, que permitieran
afirmar, sin duda alguna, que dependía de un superior y atendía sus
instrucciones.

Que tampoco se acreditó lo dicho por la demandante y los testigos en relación
con el cumplimiento de la primera de un horario de trabajo y, en todo caso, ese
simple indicio no evidencia la configuración de una relación de carácter laboral.
Que muestra solo la coordinación requerida por la entidad prestadora de salud
para garantizar los servicios a su cargo.

Que a las E.S.E. les está permitido desarrollar sus funciones misionales y
permanentes mediante contratación con terceros o convenios con entidades
públicas o privadas y, según el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, pueden suscribir
contratos para desarrollar labores que no puedan realizarse con personal de
planta o que requiera conocimientos especializados.

Que se configuró la prescripción de los derechos laborales, porque existieron
interrupciones entre los Contratos No. 338 y 904 de 2009 y el 1680 y 3266 de
2016.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

El 19 de septiembre de 2022 fue admitido el recurso de apelación, y se dispuso
que, una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho para
dictar sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público
podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para
fallo.

Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no presentó concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala deberá verificar si entre la demandante y la E.S.E existió un vínculo
laboral derivado de la prestación de servicios profesionales y, si como
consecuencia de ello, la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones dejadas de percibir con ocasión de esa relación.

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En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiará el
argumento relativo a la prescripción de los derechos reclamados y, finalmente,
se analizará lo correspondiente a la condena en costas en segunda instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».

En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la
relación contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad
si entre la actora y la entidad demandada existía un verdadero contrato de
prestación de servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la
que procede a analizarse.

La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia
o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el
elemento de la remuneración.

Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación
laboral ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la
sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa
claramente las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de
servicios, dice al respecto:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación
del mismo.
En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad
independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la
que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia
consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor
contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos
son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades

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propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que
en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a
la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación
del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un
contrato de prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos
del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas
para resaltar).

De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho
al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo
53 de la Constitución.

Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:

«2.3.3.2. Subordinación continuada
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado
el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de
prestación del servicio.
103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida-
ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias
que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las
siguientes:
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades.
Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las

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innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta
circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso
concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que
exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual
sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de
urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la
incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede
ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.
106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición
de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi,3 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia
o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el
demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario
de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su
objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una
actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación
con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.
107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de
que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones
o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta
de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de
ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus
servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones
de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad
contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el
cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por
consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de
sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de
la entidad.
108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de
actividades o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en
este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación
laboral, pues, en la práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente
para satisfacer el objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del
contrato de prestación de servicios sí exige que las funciones del contratista
sean desarrolladas con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la
necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso,
puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la
subordinación laboral.

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(…)
3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993.
131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados, es esencialmente temporal; por lo tanto, este
tipo de contratos, cuando se suscriben con personas naturales, no pueden
concatenarse indefinidamente en el tiempo.
132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el
tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe
estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del
negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con
suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un
contrato de prestación de servicios».
133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución
de los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones
imprevistas que exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo
estimado, ab initio, como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede
resultar insuficiente. En cualquier caso, las mismas razones que en su
momento justificaron la planeación del contrato inicial y la suscripción de los
contratos modificatorios del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en
los mencionados estudios previos.
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla
a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se
derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).

Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en
la ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una
relación laboral como son: una actividad personal, un salario y la
subordinación. Así lo ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado
en varias oportunidades:
“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en
materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en
manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones
entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales
deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral
a través de un contrato de prestación de servicios.
42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la
presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del
acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que
se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad
personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del
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trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar un contrato de trabajo.»1.

Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación
por parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su
calidad, tales como las prestaciones sociales.

Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.

Quiere hacer notar la Sala, que en determinados casos en los que a pesar de
que la vinculación se da mediante contrato de prestación servicios, en razón de
la actividad desarrollada, el Consejo de Estado ha dicho que se presume la
existencia de la relación de trabajo, tales son los casos de los docentes cuando
son contratados por instituciones educativas para cumplir funciones de docentes
y los celadores2. Presunción que deberá tener un mínimo probatorio.

Resolución del caso concreto

Según la Certificación del 30 de octubre de 2017 expedida por la Gerencia de la
E.S.E. IMSALUD, se puede establecer que la demandante prestó sus servicios a
la entidad mediante los siguientes contratos de prestación de servicios:

1. Contrato No. 1640 de 2007, con el objeto de «Prestación de servicios de APOYO
A LA GESTION COMO PROMOTOR DE SALUD POR CINCUENTA (50) HORAS
SEMANALES, EN LA SEDE DE LA E.S.E. "IMSALUD"». El plazo de ejecución
fue de 1 mes, del 1 al 30 de octubre de 2007. El valor del contrato fue de
$555.528.

2. Contrato No. 2304 de 2007, con el mismo objeto que el anterior. El plazo de
ejecución de 2 meses, del 1 de noviembre 30 de diciembre de 2007, por un valor
de $1.110.856.

3. Contrato No. 0570 de 2008, con el mismo objeto que el primero. El plazo de
ejecución fue de 29 días, del 2 al 30 de enero de 2008 y un valor total de $
601.943.

4. Contrato No. 952 de 2008, con el objeto de «Prestación de servicios de APOYO
A LA GESTION COMO AUXILIAR DE 4 ENFERMERIA POR CINCUENTA (50)
HORAS SEMANALES, EN LA SEDE DE LA E.S.E. "IMSALUD"». El plazo de
ejecución fue de 6 meses, del 1 de febrero al 30 de julio de 2008, con un valor
total de $3.997.200.

5. Contrato No. 1668 de 2008, con el mismo objeto que el inmediatamente anterior.

1 Sentencia del 28 de octubre 2021. Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Radicación

número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
2 Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 2 de mayo de 2013, Radicación

05001233100020040374201

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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00127-01 (3539-2022)

El plazo de ejecución fue de 2 meses, del 1 de agosto al 30 de septiembre de
2008, por un valor total de $1.332.400.

6. Contrato No. 2132 de 2008, con el mismo objeto que el acuerdo 952, el plazo de
ejecución fue de 3 meses, del 1 de octubre al 30 de diciembre de 2008, por un
valor total de $1.998.600.

7. Contrato No. 338 de 2009, con el mismo objeto que el acuerdo 952, el plazo de
ejecución fue de 1 mes, del 2 al 30 de enero de 2009, por un valor total de
$700.000.

8. Contrato No. 904 de 2009, con el mismo objeto que el acuerdo 952, el plazo de
ejecución fue de 2 meses y 20 días, del 11 de marzo al 30 de mayo de 2009, por
un valor total de $1.867.000.

9. Contrato No. 1092 de 2009, con el mismo objeto que el acuerdo 952, el plazo de
ejecución fue de un 1 mes, del 1 al 30 de junio de 2009, por un valor total de
$700.000.

10. Contrato No. 1419 de 2009, con el mismo objeto que el acuerdo 952, el plazo de
ejecución fue de 1 mes, del 1 al 30 de julio de 2009, por un valor total de
$700.000.

11. Contrato No. 2013 de 2009, con el mismo objeto que el acuerdo 952, el plazo de
ejecución fue de 1 mes, del 1 al 30 de agosto de 2009, por un valor total de
$700.000.

12. Contrato No. 2199 de 2009, con el mismo objeto que el acuerdo 952, el plazo de
ejecución fue 2 meses, del 1 de septiembre al 30 de octubre de 2009, por un valor
total de $1.400.000.

13. Contrato No. 2994, con el mismo objeto que el acuerdo 952, el plazo de ejecución
fue de 1 mes, del 1 al 30 de noviembre de 2009, por un valor total de $700.000.

14. Contrato No. 3445 de 2009, con el mismo objeto que el acuerdo 952, el plazo de
ejecución fue de 1 mes, del 1 al 30 de diciembre de 2009, por un valor total de
$700.000.

15. Contrato No. 0520 de 2010, con el objeto de «Prestación de servicios como
AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONSULTORIO DE PROMOCION Y
PREVENCION PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE AUXILIAR DE
CONSULTORIO EN LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION EN
LAS IPS DE LA RED DE ATENCIÓN, EN LA IPS DE LA ESE IMSALUD QUE LE
SEA INDICADA».

El plazo de ejecución fue de 1 mes y 26 días, del 5 de enero al 28 de febrero de
2010, por un valor total de $1.493.333.

16. Contrato No. 0943 de 2010, con el mismo objeto que el acuerdo 952, el plazo de
ejecución fue 3 meses, del 1 de marzo al 30 de mayo de 2010, por un valor total
$2.400.000.

17. Contrato No.1262 de 2010, con el mismo objeto que el acuerdo 952, el plazo de
ejecución fue de dos 2 meses, del 1 de junio al 30 de julio de 2010, por un valor
total de $1,600.000.

18. Contrato No. 2081 de 2010, con el mismo objeto que el acuerdo 952, el plazo de
ejecución fue de 2 meses, del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2010, por un
valor total de $1.600.000.

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19. Contrato No. 2715 de 2010, con el objeto del acuerdo 0520, el plazo de ejecución
fue de 2 meses, del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2010 y un valor total de
$1.600.000.

20. Contrato No. 3236 de 2010, con el mismo objeto que el acuerdo 952, el plazo de
ejecución fue de 1 mes, del 1 al 30 de diciembre de 2010 y un valor total
$800.000.

21. Contrato No. 0377 de 2011, con el objeto del acuerdo 0520, el plazo de ejecución
fue de 1 mes y 14 días, del 17 de enero al 28 de febrero de 2011 y un valor total
de $1.174.000.

22. Contrato No. 0882 de 2011, con el objeto del acuerdo 0520, el plazo de ejecución
fue de 3 meses, del 1 de marzo al 30 de mayo de 2011 y un valor total de
$2.400.000.

23. Contrato No. 1487 de 2011, con el objeto del acuerdo 0520, el plazo de ejecución
fue de 29 días, del 2 al 30 de junio de 2011 y un valor total de $773.000.

24. Contrato No. 1799 de 2011, con el objeto del acuerdo 0520, el plazo de ejecución
fue 1 mes, del 1 al 30 de julio de 2011 y un valor total de $800.000.

25. Contrato No. 2298 de 2011, con el objeto del acuerdo 0520, el plazo de ejecución
fue de 1 mes, del 1 al 30 de agosto de 2011 y un valor total de $800.000.

26. Contrato No. 2927 de 2011, con el objeto del acuerdo 0520, el plazo de ejecución
fue de 29 días, del 2 al 30 de septiembre de 2011 y un valor total de $800.000.

27. Contrato No. 3634 de 2011, con el objeto del acuerdo 0520, el plazo de ejecución
fue 26 días, del 5 al 30 de octubre de 2011 y un valor total de $800.000.

28. Contrato No. 4150 de 2011, con el objeto de «Prestación de servicios como
AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA EN LAS IPS DE LA
E.S.E. “IMSALUD” QUE LE SEA INDICADA, ASUMIENDO SUS PROPIOS
RIESGOS CON PLENA AUTONOMIA EN LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN
ASIGNADAS».

El plazo de ejecución fue de 1 mes y 15 días, del 1 de noviembre al 15 de
diciembre de 2011 y un valor total de $ 1.200.000.

29. Contrato No. 4806 de 2011, con el objeto del acuerdo 4150, el plazo de ejecución
fue 15 días, del 16 al 30 de diciembre de 2011 y un valor total de $400.000.

30. Contrato No. 0258 de 2012, con el objeto del acuerdo 4150, el plazo de ejecución
fue 29 días, del 2 al 30 de enero de 2012 y un valor total de $773.000.

31. Contrato No. 791 de 2012, con el objeto del acuerdo 4150, el plazo de ejecución
fue 1 mes, del 1 al 28 de febrero de 2012 y un valor total de $800.000.

32. Contrato No.1293 de 2012, con el objeto del acuerdo 4150, el plazo de ejecución
fue de 1 mes, del 1 al 30 de marzo de 2012 y un valor total de $800.000.

33. Contrato No.1532 de 2012, con el objeto del acuerdo 4150, el plazo de ejecución
fue de 1 mes, del 1 al 30 de abril de 2012 y un valor total de $800.000.

34. Contrato No.1929 de 2012, con el objeto del acuerdo 4150, el plazo de ejecución
fue de 29 días, del 2 al 30 de mayo de 2012 y un valor total de $773.000.

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35. Contrato No. 2394 de 2012, con el objeto de «Prestación de servicios como
AUXILIAR DE ENFERMERIA DE PROMOCION Y PREVENCION, PARA-
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE AUXILIAR DE CONSULTORIO EN
LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION EN LAS IPS O UNIDAD
BASICA DE LA RED DE ATENCION QUE LE SEA INDICADA».

El plazo de ejecución fue de 2 meses, del 1 de junio al 30 de julio de 2012 y un
valor de $1.600.000.

36. Contrato No. 3195 de 2012, con el mismo objeto que el acuerdo 2394. El plazo
de ejecución fue de 1 mes y 25 días, del 6 de agosto al 30 de septiembre de 2012
y un valor total de $1.467.000.

37. Contrato No. 3372 de 2012, con el mismo objeto que el acuerdo 2394. El plazo
de ejecución fue 1 mes, del 1 al 30 de octubre de 2012 y un valor total $800.000.

38. Contrato No. 3948 de 2012, con el mismo objeto que el acuerdo 2394. El plazo
de ejecución fue 2 meses, del 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2012 y un
valor total de $1.600.000.

39. Contrato No. 446 de 2013, con el mismo objeto que el acuerdo 2394. El plazo de
ejecución fue de 27 días, del 4 al 30 de enero de 2013 y un valor total de
$765.000.

40. Contrato No. 777 de 2013, con el mismo objeto que el acuerdo 2394. El plazo de
ejecución fue de 3 meses, del 1 de febrero al 30 de abril de 2013 y un valor total
$ 2.550.000. .

41. Contrato No. 1644 de 2013, con el mismo objeto que el acuerdo 2394. El plazo
de ejecución fue de 3 meses, del 1 de mayo al 30 de julio de 2013 y un valor total
de $2.550.000.

42. Contrato No. 2521 de 2013, con el mismo objeto que el acuerdo 2394. El plazo
de ejecución fue de 3 meses, del 1 de agosto al 30 de octubre de 2013 y un valor
total de $2.550.000.

43. Contrato No. 3272 de 2013, con el mismo objeto que el acuerdo 2394. El plazo
de ejecución fue de 2 meses, del 1 de noviembre al 30 de diciembre 2013 y un
valor total de $1.700.000.

44. Contrato No. 426 de 2014, con el objeto de «AUXILIAR DE ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNA / PYP, PARA" DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE
AUXILIAR DE CONSULTORIO EN LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y
PREVENCION EN LAS IPS O UNIDAD BASICA DE LA RED DE ATENCION
QUE LE SEA INDICADA».

El plazo de ejecución fue de 29 días, del 2 al 30 de enero de 2014 y un valor total
de $854.533.

45. Contrato No. 821 de 2014, con el mismo objeto que el acuerdo 426. El plazo de
ejecución fue de 2 meses, del 1 de febrero al 30 de marzo de 2014 y un valor
total de $1.768.000.

46. Contrato No. 1123 de 2014, con el mismo objeto que el acuerdo 426. El plazo de
ejecución fue de 1 mes, del 1 al 30 de abril de 2014 y un valor total de $884.000.

47. Contrato No.1763 de 2014, con el mismo objeto que el acuerdo 426. El plazo de
ejecución fue de 1 mes y 29 días, del 2 de mayo al 30 de junio de 2014 y un valor
total de $1.738.000.

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48. Contrato No. 2263 de 2014, con el mismo objeto que el acuerdo 426. El plazo de
ejecución fue de 3 meses, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2014 y un valor
de $884.000.

49. Contrato No. 3044 de 2014, con el mismo objeto que el acuerdo 426. El plazo de
ejecución fue de 1 mes, del 1 al 30 de octubre de dos mil 2014 y un valor total de
$884.000.

50. Contrato No. 3935 de 2014, con el mismo objeto que el acuerdo 426. El plazo de
ejecución fue de 1 mes, del 1 al 30 de noviembre de 2014 y un valor total de $
884.000.

51. Contrato No. 4652 de 2014, con el mismo objeto que el acuerdo 426. El plazo de
ejecución fue de 1 mes, del 1 al 30 de diciembre 2014 y un valor total de
$884.000.

52. Contrato No. 448 de 2015, con el mismo objeto que el acuerdo 426. El plazo de
ejecución fue de 1 mes y 26 días, del 5 de enero al 28 de febrero de 2015 y un
valor total de $1.867.000.

53. Contrato No. 1143 de 2015, con el mismo objeto que el acuerdo 426. El plazo de
ejecución fue de 2 meses, del 1 de marzo al 30 de abril de 2015 y un valor total
de $2.000.000.

54. Contrato No. 2511 de 2015, con el mismo objeto que el acuerdo 426. El plazo de
ejecución fue de 1 mes y 27 días, del 4 de mayo al 30 de junio de 2015 y un valor
total de $1.900.000.

55. Contrato No. 2707 de 2015, con el mismo objeto que el acuerdo 426. El plazo de
ejecución fue de 1 mes, del 1 al 30 de julio de 2015 y un valor total de $1.000.000.

56. Contrato No. 3680 de 2015, con el mismo objeto que el acuerdo 426. El plazo de
ejecución fue de 1 mes y 28 días, del 3 de agosto al 30 de septiembre de 2015 y
un valor total de $1.837.000.

57. Contrato No. 4861 de 2015, con el mismo objeto que el acuerdo 426. El plazo de
ejecución fue de 1 mes, del 1 al 30 de octubre de 2015 y un valor total de
$950.000.

58. Contrato No. 5471 de 2015, con el mismo objeto que el acuerdo 426. El plazo de
ejecución fue de 1 mes y 28 días, del 3 de noviembre al 30 de diciembre de 2015
y un valor total de $1.837.000.

59. Contrato No. 354 de 2016, con el mismo objeto que el acuerdo 426. El plazo de
ejecución fue de 27 días, del 4 al 30 de enero de 2016 y un valor total $855.000.

60. Contrato No. 780 de 2016, con el mismo objeto que el acuerdo 426. El plazo de
ejecución fue de 2 meses, del 1 de febrero al 30 de marzo de 2016 y un valor
total $1.900.000.

61. Contrato No. 1680 de 2016, con el objeto de «Prestación de servicios como
AUXILIAR DE ENFERMERIA CONSULTA EXTERNA (8 HORAS), EN LA E.S.E.
IMSALUD, SEGUN LA NECESIDAD DEL SERVICIO».

El plazo de ejecución fue de 5 meses, del 1 de abril al 30 de agosto de 2016 y un
valor total de $4.750.000.

62. Contrato No. 3266 de 2016, con el objeto de «Prestación de servicios como

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AUXILIAR DE ENFERMERIA CONSULTA EXTERNA, EN LA E.S.E. IMSALUD,
SEGUN LA PROPUESTA PRESENTADA».

El plazo de ejecución fue de 1 mes y 26 días, del 5 de septiembre al 30 de octubre
de 2016 y un valor total de $1.773.000.

63. Contrato No. 3773 de 2016, con el mismo objeto que el 3566. El plazo de
ejecución fue de 2 meses, del 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2016 y un
valor total de $1.900.000.

64. Contrato No. 306 de 2017, con el mismo objeto que el 3566. El plazo de ejecución
fue de 3 meses y 28 días, del 4 de enero al 30 de abril de 2017 y un valor total
de $3.892.400.

65. Contrato No. 1378 de 2017, con el mismo objeto que el 3566. El plazo de
ejecución fue de 29 días, del 2 al 30 de mayo de 2017 y por un valor total de $
965.000.

De dicha información se infiere que la demandante entre el 1 de octubre de 2007
y el 30 de enero de 2008, se desempeñó en labores de apoyo a la gestión como
promotora de salud y, entre el 1 de febrero de 2008 al 30 de mayo de 2017, como
auxiliar de enfermería de la E.S.E. IMSALUD.

Se cuenta con los testimonios de los señores Ximena Marcela Sánchez Estrada,
Jorge Medina Vilán y William Gómez Quintero y la declaración de la actora.

La primera, decretada a solicitud de la entidad demandada, advirtió que conoció
las actividades de la demandante, pues ocupó el cargo de coordinadora de la
Unidad Básica La Libertad de la E.S.E. IMSALUD, entre febrero de 2012 y
octubre de 2014 y, luego desde octubre de 2016.

Que la demandante era auxiliar de enfermería de consulta externa de la unidad
asistencial y su actividad se concretaba en la toma de muestra de citología. Que
atendía esa labor en un consultorio de la entidad y con los insumos y materiales
que se le suministraban.

Que la Unidad Básica La Libertad tenía un horario de funcionamiento de 7:00 a
11:00 a.m. y de 2:00 a 6:00 p.m. y, la demandante debía atender todas las
pacientes que asistieran al centro asistencial en esa jornada a tomarse la muestra
clínica.

Que el número de pacientes variaba todos los días y, se le pedía a la actora que
no dejara a ninguna sin atención, pero que, una vez terminaba, podía retirarse
sin problema alguno.

Que la toma de muestras era direccionada por un médico de la E.S.E y, en caso
de cualquier inconveniente, como coordinadora y al ser profesional en
bacteriología podía ayudarla.

Que el número mínimo de actividades al mes que debía reportar eran 24. Que
tenía autonomía, podía disponer de su tiempo y si requería ausentarse solo debía
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informar para que la entidad pudiera asignar a otra persona en la labor a su cargo.
Que la asistencia a las capacitaciones era facultativa.

El señor Vilán Medina, testigo de la demandante, indicó que laboró con esta en
2008 y luego, de noviembre de 2014 a noviembre de 2016 y, por esa razón, sabía
que prestó sus servicios como auxiliar de enfermería de la E.S.E. demandada.
Que, en el periodo delimitado antes, se desempeñó como coordinador de la
Unidad Básica La Libertad.

Que la actora era la encargada de la toma de muestras de citología y, en el
desarrollo de esa labor, se regía por los lineamientos enviados por la jefe de
Promoción y Prevención y debía cumplir las metas del programa.

Que cumplía el horario definido para la unidad de atención médica, de lunes a
viernes 7:00 a 11:00 a.m. y de 2:00 a 6:00 p.m. y los sábados de 7:00 a 11:00
a.m.

Que recibía órdenes y su jefe directa era la doctora Andrea Mogollón, encargada
del Programa de Promoción y Prevención PYP; no podía retirarse antes del
horario, debido a que tenía que atender a las pacientes que acudieran a la unidad.
Que era la única auxiliar de la unidad que realizaba la toma de muestras de
citología.

Que las capacitaciones eran obligatorias y debía pedir permiso para ausentarse
del trabajo. Que, en una oportunidad le concedió un permiso de dos días, porque
tuvo una calamidad familiar y, luego, él tuvo inconvenientes con los directivos de
la E.S.E.

Que cuando finalizaba el término de ejecución de los contratos seguían
trabajando hasta que se suscribiera el nuevo acuerdo, sin recibir ninguna
remuneración.

El tercer testigo afirmó que conoció a la actora cuando acompañaba a su sobrina
para la toma de muestras de citología y control de planificación familiar a la I.P.S.
y, luego, a partir de 2012 y hasta febrero de 2017, trabajó con ella en la E.S.E.
IMSALUD.

Que se desempeñaba como auxiliar de enfermería y estaba encargada de la
toma de muestras de citología. Que cumplía un horario y sus jefes eran el
coordinador de la unidad y el jefe del programa.

Que el coordinador le asignaba los pacientes que debía atender y no podía
ausentarse de las instalaciones de la entidad. Que debía solicitarle permiso para
ausentarse de su labor.

De acuerdo con lo anterior, la Subsección evidencia que dentro de la relación, se
presentaron 2 vinculaciones; una, la de promotora de salud y la otra, como

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auxiliar de enfermería; sin embargo, no se encuentra demostrada la
subordinación en lo que se refiere a la prestación del servicio como promotora
de salud, pues las pruebas allegadas solo dan cuenta que atendió esa labor por
un determinado tiempo, pero no existe información de cuáles eran las funciones
o actividades que atendó ni de las condiciones en que lo hizo y, si a partir de
esas, podía inferirse la falta de autonomía e independencia.

Además, los testigos no ofrecen información al respecto, solo se refieren a la
actividad como auxiliar de enfermería de la E.S.E. IMSALUD, de manera que, no
se encuentran acreditados los elementos configurativos de la relación laboral
entre las partes del 1 al 30 de octubre y 1 de noviembre al 30 de diciembre de
2007 y del 2 al 30 de enero de 2008.

Frente al segundo periodo de vinculación de la demandante, en el que se
desempeñó como auxiliar de enfermería, comprendido entre el 1 de febrero de
2008 al 30 de mayo de 2017, la Subsección advierte que las actividades a las
cuales se dedicaba la demandante, además de ser permanentes, constituyen la
función misional de prestación de servicios de salud de la E.S.E. demandada.

De igual manera, a partir de la prueba testimonial puede evidenciarse que la
actora debía ejecutar las actividades contratadas según las condiciones de
tiempo, modo y lugar impuestas por la entidad.

En efecto, los declarantes de manera coincidente refieren que la actora se
dedicaba a la toma de muestras de citología en el área de consulta externa de la
unidad médica asignada por la E.S.E.; cumplía el horario de la entidad, el cual
correspondía a la jornada de atención de pacientes del centro asistencial.

Indicaron que las pacientes eran programadas y asignadas por la entidad y
durante la jornada tenía que atenderlas a todas, lo cual denota que debía estar
disponible durante todo el día y, que no tenía ningún margen de libertad o
autonomía para poder cambiarlas o modificarlas.

Que debía cumplir metas mensuales, reportar un número mínimo de actividades
y debía seguir las directrices del jefe del programa y, en la sede asignada, del
coordinador de la unidad.

En el presente caso, contrario a lo afirmado por la entidad apelante, no puede
hablarse de coordinación, toda vez que el desempeño de las funciones por parte
de la demandante estaba sujeto al direccionamiento de la entidad, de manera
directa y a través del coordinador o jefe del programa sobre el tiempo u horario
y, la forma y el modo en que debía prestarse la asistencia en el servicio asignado.

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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00127-01 (3539-2022)

Aunque la jurisprudencia 3 de esta Corporación ha establecido que ciertos
servicios específicos deben sujetarse a la prestación dentro de las instalaciones
de la entidad contratante y bajo unos parámetros mínimos de coordinación que
permitan supervisar el cumplimento del objeto contratado, lo cierto es que estas
condiciones de coordinación no pueden despojar al contratista de la libertad
técnica y administrativa, que son diferencia fundamental de la prestación
dependiente del servicio.

De hecho, la entidad no desconoce que era quien programaba la jornada de
prestación de la demandante y que esta, según fue expuesto en el interrogatorio
y por los testigos, debía obligatoriamente permanecer durante toda la jornada de
trabajo en la unidad asistencial donde prestó el servicio, porque, era la única
encargada de la toma de muestras de citología, debiendo atender a todas las
usuarias, sin poder dejar de hacerlo o hacerlo durante un tiempo libremente
escogido.

Es importante precisar, que esta Sección en oportunidades anteriores 4 ha
señalado que la labor de enfermería no puede ejercerse de manera
independiente y autónoma, porque estos profesionales de la salud no pueden
definir por sí solos el lugar ni el horario en que prestan sus servicios. De igual
manera, están supeditados a las directrices y órdenes del personal médico frente
a los cuidados especiales que requiere cada paciente y le son fijadas las
condiciones de cómo asistirlos.

Así, en el presente caso, puede concluirse que la parte actora no tenía ningún
margen de libertad en ese sentido y que la E.S.E, en su condición de empleadora,
tenía la posibilidad de disponer del trabajo de la demandante, lo que demuestra
la existencia de una verdadera subordinación.

Por lo anterior, se modificará el ordinal tercero de la sentencia del veinticuatro
(24) de marzo de dos mil veintidós (2022), en el sentido de excluir de los periodos
en los que se declaró la existencia de la relación laboral encubierta por los
servicios de promotora de salud: i) 1 al 30 de octubre de 2007; ii) 1 de noviembre
al 30 de diciembre de 2007 y iii) 2 al 30 de enero de 2008.

De la prescripción e interrupciones contractuales

Frente a la prescripción, esta Corporación ha unificado criterios acerca de la
manera como debe analizarse el fenómeno fijando las siguientes reglas 5:

3 Ver, entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda del .14 de julio de 2022, expediente 2015-00185-01 (2088-2018) y del 31 de agosto de 2023,
expediente 2015-01074 (0803-2021)-
4 Ver, entre otras, las sentencias del 16 de junio de 2022, expediente 50001-23-33-000-2014-00227-01

(4679-2019) y del 23 de mayo de 2024, expediente 66001-23-33-000-2017-00083-01 (2190-2020).
5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25 de

agosto de 2016. Radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015).

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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00127-01 (3539-2022)

• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el
Estado es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo
contractual, y que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar
las prestaciones que se deriven de aquella.

• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación
de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.

En la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 6, esta Sección adoptó
el periodo de treinta días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y
de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la solución de continuidad del vínculo laboral.

Es claro entonces que la misma sentencia de unificación, estableció que el juez
puede superar este término e incluso reducirlo en caso de que los contratos
tengan objetos totalmente diferentes. Es que pretender que ese término sea
inmodificable puede incluso conducir a que se presente todo lo contrario a lo que
quiso la sentencia porque la administración con el solo propósito de eludir la regla
podrá en todos los casos superar los 30 días para hacer el nuevo contrato.

Además; si se le exigiera al particular que reclame inmediatamente termina un
contrato, esto llevaría a que no se le volviera a contratar, por ello considera la
Sala, que se debe analizar en cada caso concreto de cuánto tiempo pudo haber
sido la interrupción y así determinar si la petición, se elevó o no dentro de un
“plazo razonable”.

Con las anteriores precisiones, se procede a analizar el presente asunto. En ese
sentido, según lo certificó la entidad, los contratos con el demandante se
ejecutaron en los siguientes periodos:

Contrato Término de ejecución Interrupción
952 de 2008 1 de febrero al 30 de julio de 2008 Sin interrupción
1668 de 2008 1 de agosto al 30 de septiembre de 2008 Sin interrupción
2132 de 2008 1 de octubre al 30 de diciembre de 2008 Sin interrupción
338 de 2009 2 al 30 de enero de 2009 27 días hábiles
904 de 2009 11 de marzo al 30 de mayo de 2009 Sin interrupción
1092 de 2009 1 al 30 de junio de 2009 Sin interrupción
1419 de 2009 1 al 30 de julio de 2009 Sin interrupción
2013 de 2009 1 al 30 de agosto de 2009 Sin interrupción
2199 de 2009 1 de septiembre al 30 de octubre de 2009 Sin interrupción
2994 de 2009 1 al 30 de noviembre de 2009 Sin interrupción
3445 de 2009 1 al 30 de diciembre de 2009 Sin interrupción
0520 de 2010 5 de enero al 28 de febrero de 2010 1 día hábil

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-33-

000-2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00127-01 (3539-2022)

0943 de 2010 1 de marzo al 30 de mayo de 2010 Sin interrupción
1262 de 2010 1 de junio al 30 de julio de 2010 Sin interrupción
2081 de 2010 1 de agosto al 30 de septiembre de 2010 Sin interrupción
2715 de 2010 1 de octubre al 30 de noviembre de 2010 Sin interrupción
3236 de 2010 1 al 30 de diciembre de 2010 10 días hábiles
0377 de 2011 17 de enero al 28 de febrero de 2011 Sin interrupción
0882 de 2011 1 de marzo al 30 de mayo de 2011 2 días hábiles
1487 de 2011 2 al 30 de junio de 2011 Sin interrupción
1799 de 2011 1 al 30 de julio de 2011 Sin interrupción
2298 de 2011 1 al 30 de agosto de 2011 2 días hábiles
2927 de 2011 2 al 30 de septiembre de 2011 2 días hábiles
3634 de 2011 5 al 30 de octubre de 2011 Sin interrupción
4150 de 2011 1 de noviembre al 15 de diciembre de 2011 Sin interrupción
4806 de 2011 16 al 30 de diciembre de 2011 Sin interrupción
0258 de 2012 del 2 al 30 de enero de 2012 Sin interrupción
791 de 2012 1 al 28 de febrero de 2012 Sin interrupción
1293 de 2012 1 al 30 de marzo de 2012 Sin interrupción
1532 de 2012 1 al 30 de abril de 2012 Sin interrupción
1929 de 2012 2 al 30 de mayo de 2012 Sin interrupción
2394 de 2012 1 de junio al 30 de julio de 2012 4 días hábiles
3195 de 2012. 6 de agosto al 30 de septiembre de 2012 Sin interrupción
3372 de 2012 1 al 30 de octubre de 2012 Sin interrupción
3948 de 2012 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2012 3 días hábiles
446 de 2013 4 al 30 de enero de 2013 Sin interrupción
777 de 2013 1 de febrero al 30 de abril de 2013 Sin interrupción
1644 de 2013 del 1 de mayo al 30 de julio de 2013 Sin interrupción
2521 de 2013 1 de agosto al 30 de octubre de 2013 Sin interrupción
3272 de 2013 1 de noviembre al 30 de diciembre 2013 Sin interrupción
426 de 2014 2 al 30 de enero de 2014 Sin interrupción
821 de 2014 1 de febrero al 30 de marzo de 2014 Sin interrupción
1123 de 2014 1 al 30 de abril de 2014 Sin interrupción
1763 de 2014 2 de mayo al 30 de junio de 2014 Sin interrupción
2263 de 2014 1 de julio al 30 de septiembre de 2014 Sin interrupción
3044 de 2014 1 al 30 de octubre de 2014 Sin interrupción
3935 de 2014 1 al 30 de noviembre de 2014 Sin interrupción
4652 de 2014 1 al 30 de diciembre 2014 2 días hábiles
448 de 2015 5 de enero al 28 de febrero de 2015 Sin interrupción
1143 de 2015 1 de marzo al 30 de abril de 2015 Sin interrupción
2511 de 2015 4 de mayo al 30 de junio de 2015 Sin interrupción
2707 de 2015 1 al 30 de julio de 2015 1 día hábil
3680 de 2015 3 de agosto al 30 de septiembre de 2015 Sin interrupción
4861 de 2015 1 al 30 de octubre de 2015 1 día hábil
5471 de 2015 3 de noviembre al 30 de diciembre de 2015 1 día hábil
354 de 2016 4 al 30 de enero de 2016 Sin interrupción
780 de 2016 1 de febrero al 30 de marzo de 2016 1 día hábil
1680 de 2016 1 de abril al 30 de agosto de 2016 4 días hábiles
3266 de 2016 5 de septiembre al 30 de octubre de 2016 Sin interrupción
3773 de 2016 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2016 2 días hábiles
306 de 2017 4 de enero al 30 de abril de 2017 Sin interrupción
1378 de 2017 2 al 30 de mayo de 2017 Finalización

A partir de lo anterior, la Subsección encuentra acreditado lo siguiente:

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i. Que, como lo afirma la apelante, existió una interrupción entre la
finalización del Contrato No.338 de 2009 y el inicio del Contrato No. 904
de 2009, la cual correspondió a 27 días hábiles. Sin embargo, esto no
conllevó al rompimiento del vínculo contractual, porque no superó el
término fijado como derrotero en la sentencia de unificación de esta
corporación para ese efecto.

ii. Que la interrupción entre la finalización del Contrato No. 1680 de 2016 y
el inicio del Contrato No. 3266 de 2016 no corresponde a cuatro meses
como lo estima la entidad apelante, sino a cuatro días hábiles.
Ciertamente, se advierte que, según lo certificó la Gerencia de la E.S.E.
IMSALUD, el plazo de ejecución del primer acuerdo correspondió a cuatro
meses, contados a partir del 1 de abril de 2016, por lo que la finalización
de ese contrato fue el 30 de agosto de esa misma anualidad.

iii. Que, en el caso, no se presentaron interrupciones superiores a 30 días,
como se denota en el cuadro precedente, por lo que, para efectos de la
prescripción, hay una sola relación laboral y no debe revisarse el término
individual o parcializado.

En consecuencia, debe confirmarse la sentencia de primera instancia en ese
punto.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el
proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia
de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las
sentencias proferidas a la luz de la reciente normativa se deberá analizar la
conducta realizada por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no,
carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del
art. 188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir de la
demanda y del recurso de apelación, que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, las

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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00127-01 (3539-2022)

partes presentaron argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses,
en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Modificar el ordinal tercero de la sentencia del veinticuatro (24) de
marzo de dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, en el sentido de excluir de los periodos en los que se declaró
la existencia de la relación laboral encubierta los comprendidos entre: i) 1 al 30
de octubre de 2007; ii) 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2007 y iii) 2 al 30
de enero de 2008, de acuerdo con lo expuesto.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia.

Tercero. Sin condena en costas de segunda instancia.

Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

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