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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2018-00268-01

Fecha
27 de junio de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2018-00268-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, pero por las razones anotadas en la parte considerativa de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas por esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2018-00268-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00268-01 (5953-2022)
Demandante: Jeimy Tatiana Betancurt Escobar y otro
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Tema: Naturaleza jurídica del informe administrativo por muerte.
Modificación de la calificación de «acto especial del servicio» a
«en actos del servicio».

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander que negó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda y su subsanación

1.1.1. Pretensiones

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo1, Jeimy Tatiana Betancurt Escobar, en nombre propio
y representación de su menor hijo, Michael Steven Anturi Betancurt, solicitó la
anulación de los siguientes actos administrativos:

1.1. Resolución 00178 del 8 de febrero de 2017 expedida por el subdirector

1 En adelante CPACA.

42

Radicado: 54001-23-33-000-2018-00268-01 (5953-2022)
Demandante: Jeimy Tatiana Betancurt Escobar y otro

general de la Policía Nacional, mediante la cual se reconoció la pensión de
sobreviviente y se otorgó la compensación por muerte, de conformidad con
el artículo 165 del Decreto 1212 de 1990, en concordancia con el artículo 28
del Decreto 4433 de 2004.

1.2. Resolución 01304 del 10 de noviembre de 2017 expedida por el subdirector
general de la Policía Nacional que resolvió el recurso de reposición contra el
acto anterior.

1.3. Resolución 05649 del 17 de noviembre de 2017 expedida por el director
general de la Policía Nacional que negó el recurso de apelación interpuesto
contra la Resolución 00178 del 8 de febrero de 2017.

2. Como consecuencia de lo anterior, se declarara que la muerte del teniente
Jonathan Anturi Parra estuvo enmarcada dentro de los parámetros establecidos en
el artículo 165 del Decreto 1212 de 1990, en concordancia con el artículo 27 del
Decreto 4433 de 2004, esto es «muerte en actos especiales del servicio», como lo
sostuvo el comandante de policía del departamento de Norte de Santander en la
calificación inicial dada en el informe administrativo por muerte 038-2016.

3. A título de restablecimiento del derecho pidió que (i) se ascendiera, en forma
póstuma, al grado de capitán al teniente Jonathan Anturi Parra; (ii) se reconociera
una compensación equivalente a 4 años de los haberes correspondientes al grado
de capitán, así como el pago de la doble cesantía; (iii) se pagara una pensión
mensual equivalente al 50% de las partidas computables para la asignación de
retiro, a partir del 19 de junio de 2016, «liquidada y cubierta en la misma forma de la
asignación de retiro en el grado de Capitán, conferido póstumamente al Teniente
JONATHAN ANTURI PARRA [...], de conformidad con el numeral primero del artículo 27
del decreto 4433 de 2004 y el literal d del artículo 165 del decreto 1212 de 1990» [sic].

1.1.2. Fundamentos fácticos

4. En la demanda se narraron los siguientes hechos:

4.1. El teniente Jonathan Anturi Parra ingresó el 20 de enero de 2009 a la Policía
Nacional.

4.2. Convivía en unión marital de hecho con Jeimy Tatiana Betancurt Escobar desde
el 19 de marzo de 2010 y de esta unión nació Michael Steven Anturi Betancurt.

4.3. El 18 de junio de 2016, el subteniente Erickson Velásquez Ortiz, perteneciente
a la SIPOL2, comunicó al jefe de información de turno de la estación de San Calixto
(Norte de Santander) que por fuente humana se enteró de un posible hostigamiento,

2 Seccional de Inteligencia Policial.

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Demandante: Jeimy Tatiana Betancurt Escobar y otro

el cual sucedió al día siguiente. Ello se registró en el libro de minuta de guardia el
mismo día a las 23:25 horas.

4.4. Al día siguiente, a las 18:24 horas, cuando se encontraba dentro de las
instalaciones de una tienda, ubicada a 30 metros de la estación de policía, mientras
realizaba algunas compras de víveres para abastecerla, fue impactado por un
disparo a la altura de la clavícula derecha. Murió de forma inmediata.

4.5. El ataque fue perpetrado mediante la modalidad de «francotiro», al parecer,
desde una edificación en construcción que era colindante a la estación de policía,
de acuerdo con lo manifestado por el comandante en el informe que rindió.

4.6. El 20 de junio de 2016, el intendente dirigió un oficio al teniente coronel que era
comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, en el cual informó
que era «el sitio más asequible para comprarlos, (refiriéndose a los víveres)», pues
evitaban salir para evitar que fueran atacados «por un francotirador o emboscados
durante el desplazamiento».

4.7. El 22 de junio de 2016, se ordenó la apertura del informe administrativo
prestacional por muerte 038-2016 para identificar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que sucedieron los hechos. El 30 de junio de 2016 se rindió el
informe y se calificó el fallecimiento como «muerte en actos especiales del servicio»,
de conformidad con lo previsto en el artículo 165 del Decreto 1212 de 1990, en
concordancia con el artículo 27 del Decreto 4433 de 2004.

4.8. Posteriormente, con ocasión de una respuesta a requerimiento en la que se
indicó que la acción armada registrada «al parecer habría sido materializada por
integrantes del grupo armado organizado “Los Pelusos”», pero que en la «jurisdicción
también delinqu[ían] guerrilleros e integrantes de las RAT del ELN», el director general
de la Policía Nacional modificó la calificación inicial y la enmarcó como «muerte en
actos de servicio».

4.9. Como consecuencia de esa modificación de la calificación, mediante la
Resolución 00178 del 8 de febrero de 2017, se reconoció la pensión de
sobrevivientes y compensación a Jeimy Tatiana Betancurt Escobar y su hijo,
Michael Steven Anturi Betancurt.

4.10. Contra la anterior decisión presentaron recurso de reposición y en subsidio
apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente a través de las
Resoluciones 01304 y 05649 del 10 de noviembre y 17 de noviembre de 2017,
respectivamente.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. Como normas violadas se citaron los artículos 1, 2, 3, 13, 44 y 83 de la

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Constitución Política; 165 del Decreto 1212 de 1990; 27 del Decreto 4433 de 2004;
y la Directiva 015 de 2016 suscrita por el ministro de defensa. En el concepto de
violación se argumentó lo siguiente:

6. Era «ilógico» el argumento expuesto por el director general de la Policía Nacional,
al considerar que el teniente Jonathan Anturi Parra «se encontraba en una rutina
normal de trabajo considerando que no existía ningún riesgo adicional que la hiciera
siquiera alguna excepcional, cuando si bien es cierto el prenombrado se encontraba
comprando víveres para el rancho de la estación, también lo [era], que la presencia de la
Policía Nacional en este municipio, no [era] de simple vigilancia y control para prevenir
delitos, pues [era] evidente que en el casco urbano de este municipio el Estado ha sido
incapaz de mantener el ejercicio de la soberanía, prueba de ellos [eran] los constantes
ataques perpetrados en los últimos años, contra los miembros de la Policía Nacional dentro
del casco urbano de este municipio, en donde este tipo de ataque [era] repetitivo,
considerando esta zona como de alto riesgo para los miembros de la Policía Nacional, en
la cual [había] gran injerencia de grupos armados organizados y no simple delincuencia
común, por ende la presencia de la Policía Nacional no se circunscib[ía] a solo vigilar y
prevenir delitos, sino a ejercer la fuerza contra dichos grupos armados para poder recuperar
el control de la soberanía en dicha zona, situación que [ponía] a los uniformados apostados
en este municipio en un constante enfrentamiento» [sic]; por ello, se configuró una falla
en el servicio.

7. El acto acusado fue expedido con falsa motivación, en razón a que la muerte se
debía calificar en los términos del artículo 165 del Decreto 1212 de 1990. Con el
acto, la Dirección General de dicha institución desconoció (i) el precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional, en cuanto a lo que se consideraba como
grupos armados ilegales; (ii) las pruebas recaudadas por el comandante del
Departamento de Policía de Norte de Santander; y (iii) la directiva 015 del 22 de
abril de 2016, según la cual, «Los Pelusos» eran un grupo armado organizado que
tenía injerencia en distintos municipios del departamento de Norte de Santander,
entre ellos, San Calixto, es decir que si bien no tenían una ideología política, era
considerado un grupo guerrillero porque atentaba contra la fuerza pública,
instituciones del Estado y población civil; su violencia superaba los disturbios y
tensiones internas; y tenían una organización con armas no convencionales.

8. Adicionalmente, al expediente prestacional del patrullero Deimer Eduardo
Ballesteros Mateus, fallecido el mismo día y en los mismos hechos, se adjuntó oficio
suscrito por el jefe de inteligencia en el cual indicó que no había certeza de quiénes
fueron los autores, «refiriendo que “AL PARECER fue obra del grupo denominado LOS
PELUSOS, aunque en la zona [delinquían] milicias del ELN así como integrantes del
denominado grupo armado “Los Pelusos”» [sic].

1.2. Contestación de la demanda

9. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones con
fundamento en lo siguiente.

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10. La institución adelantó las actuaciones administrativas correspondientes para
esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, tales como informes de los
hechos, pruebas, investigaciones e informes administrativos; en consecuencia, la
calificación de la muerte se estableció de acuerdo con el ordenamiento jurídico y fue
suscrita por el funcionario competente.

11. La muerte del teniente fue ocasionada por un ataque mediante la modalidad de
franco tiro materializado por el grupo armado organizado «Los Pelusos», de acuerdo
con las evidencias e información recolectada por la seccional de inteligencia del
Departamento de Policía de Norte de Santander y la judicialización del hecho; fue
por esta razón que la calificación fue «en actos especiales del servicio».

12. El grupo delictivo «Los Pelusos» eran considerados como «una banda criminal,
organizado dentro de su estructura criminal cuyo objetivo [era] beneficiarse
económicamente de carácter particular bajo los delitos de narcotráfico, secuestros,
extorsiones y su interés [era] mantener un control constante en la zona en la que [delinquía]
y así continuar desarrollando actividades ilícitas, que si bien es cierto afecta[ban] los
intereses de los particulares y el orden social, no [pretendían] desestabilizar la escultura y
soberanía del Estado, al gobierno legalmente constituido o atentar contra la seguridad
constitucional y el ejercicio de la democracia, es decir, su intención no [era] la derrocar el
gobierno nacional por la vía armada e imponer un nuevo régimen político y social, razón
por la cual no [era] considerada enemigo directo del Estado» [sic].

13. El teniente se encontraba en funciones propias de su cargo, en la rutina normal
de trabajo como era la de proteger la vida de los habitantes del municipio de San
Calixto, por lo tanto, la muerte no fue producto de lesiones ocasionadas como
consecuencia de un combate u operación directa del enemigo del Estado y tampoco
en mantenimiento o restablecimiento del orden público y, mucho menos, en actos
especiales del servicio, pues «su deceso no se produjo como consecuencia de un acto
heroico».

1.3. La sentencia apelada

14.Mediante sentencia proferida el 15 de septiembre de 2022, el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander resolvió negar las pretensiones de la
demanda y no condenar en costas.

15. Para tal efecto, se detuvo en el marco normativo y jurisprudencial de los
siguientes temas: (i) la presunción de legalidad de los actos administrativos y las
causales de anulación; y (ii) las prestaciones derivadas de la muerte de oficiales y
suboficiales de la Policía Nacional. A continuación, expuso los hechos probados y
resolvió el caso concreto en los siguientes términos:

16.La parte no demandó la anulación de la decisión adoptada por el director
general de la Policía Nacional el 9 de agosto de 2016, esto es la que modificó la

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calificación de la muerte del teniente Jonathan Anturi Parra de «muerte en actos
especiales del servicio» a «muerte en actos del servicio», por lo tanto, no se podían
hacer valoraciones «sobre su supuesta ilegalidad, y por el contrario, ha de tenerse
presente que el mismo goza de la presunción de legalidad».

17. En el concepto de violación se sustentó la falsa motivación en la modificación
de la calificación de la muerte del teniente, lo cual no era un argumento válido en
razón a que el acto que así lo dispuso no fue objeto de control en el proceso.
Además, la argumentación expuesta no evidenciaba la causal de nulidad porque se
sustentó en la decisión adoptada el 9 de agosto de 2016 que se presume legal; por
consiguiente, la consideración estaba ajustada a la realidad.

18. Además, el ataque de ilegalidad se dirigió a que los autores materiales de la
muerte fueron los integrantes del grupo delincuencial «Los Pelusos», aserto que no
estaba demostrado en el proceso administrativo; sin embargo, en la primera
calificación realizada por el comandante de la Policía de Norte de Santander el 30
de junio de 2016, ya se había indicado que el ataque fue ejecutado por dicha
organización, de tal suerte que tampoco era cierto que fue el director general quien
afirmó que las acciones habían sido perpetradas por tal grupo.

19. No se solicitó prueba alguna tendiente a evidenciar que la forma como
ocurrieron los hechos fue diferente a lo narrado en el informe administrativo, esto
es que la muerte se produjo por un disparo de un francotirador cuando el teniente
se encontraba comprando víveres para la estación de policía; hecho que no
generaba certeza para considerar que se trató de una muerte en actos meritorios
del servicio, en combate o como consecuencia de la acción del enemigo.

20. Tampoco había lugar a aplicar el principio iura novit curia, pues la jurisprudencia
había acudido a este de manera general en acciones de reparación directa, en las
cuales se buscaba la declaratoria de responsabilidad patrimonial de las entidades
estatales. Aunado a ello, si bien la Sección Segunda ha acudido a este, en el caso
no se discutió la procedencia o no del reconocimiento de un derecho pensional.

1.4. El recurso de apelación

21. La parte demandante interpuso recurso de apelación y lo sustentó en los
siguientes términos:

22. El a quo profirió la decisión con «interpretaciones rigoristas, dada la difícil pero no
imposible tarea de desvirtuar la legalidad de un acto administrativo, cuando quien lo
promulga aplic[ó] de forma literal las normas, desconociendo las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos». Asimismo, se desconoció el informe de
inteligencia, según el cual, en el municipio de San Calixto, delinquían el ELN y «Los
Pelusos», quienes, según la entidad, no pretendían derrocar al gobierno nacional.

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23. A pesar de este tipo de hechos, en los que uniformados resultan heridos o
muertos por actos perpetrados en la modalidad de francotirador y que han sido
frecuentes en la zona, la dirección general no tomó las medidas necesarias para
contrarrestar los ataques, «ya sea aumentando el número de agentes de inteligencia y el
pie de fuerza, para poder hacer operativos de control, y de esta manera eliminar ese riesgo,
que bajo la modalidad de francotirador, sobre estrategia de guerra, causa[ron] bajas a
nuestras fuerzas armados, sin que estos grupos insurgentes sufr[ieran] baja alguna,
poniendo de manifiesto una evidente falla del servicio por parte del estado, hacia el deber
de protección de sus agentes» [sic].

24. Era de conocimiento del gobierno nacional que los municipios que integraban el
territorio del Catatumbo eran zonas de conflicto armado permanente, fuera entre los
grupos armados al margen de la ley o estos contra la fuerza pública. Aquellos
implementaron la modalidad de francotirador como una forma de guerra contra los
agentes del Estado, lo cual «gener[aba] pánico entre la población civil, quedando los
habitantes de SAN CALIXTO a merced de los grupos insurgentes, situación que les
permit[ía] mezclarse con la población, hacer inteligencia y mantener a los uniformados
acuartelados, pues el número tan reducido de policías no les permit[ía] actuar con
contundencia, haciendo operativos que les permit[ieran] acabar con el peligro inminente del
francotirador»; por ello, el policía murió en actos especiales del servicio.

25. Por lo anterior, se debía atender la sentencia 0816-09 proferida por esta
Sección, así como la jurisprudencia que se ha abordado la teoría de los actos
definitivos.

1.5. Trámite de la segunda instancia

26. En auto del 28 de noviembre de 2022 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de septiembre de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en los términos
de la Ley 2080 de 2021.

27. El Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia
porque al no ser un hecho notorio ni responder al concepto de afirmaciones y
negaciones indefinidas, la presunta alteración del orden público para el 19 de junio
de 2016 en el municipio de San Calixto, no se derivaba la consecuencia que
pretendía la demandante, pues no se solicitó la anulación de la modificación
efectuada por al director general de la Policía Nacional.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

28.La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de conformidad

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con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y
subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Problema jurídico

29. Se circunscribe a resolver los siguientes interrogantes:

29.1. ¿El informe administrativo por muerte es considerado como un acto
susceptible de control jurisdiccional?

29.2. ¿El fallecimiento del teniente Jonathan Anturi Parra debió ser calificado
como «en misión especial del servicio» y no como «misión del servicio»
como lo dispuso el director general de la Policía Nacional?

29.3. En caso de resolverse afirmativamente el anterior, ¿Jeimy Tatiana
Betancurt Escobar y su menor hijo, Michael Steven Anturi Betancurt,
beneficiarios del teniente Jonathan Anturi Parra, tienen derecho a que se
les reconozca la pensión a partir del 19 de junio de 2016 con el grado de
capitán, de conformidad con el numeral 1 del artículo 27 del Decreto 4433
de 2004, en concordancia con el artículo 165 del Decreto 1212 de 1990?

30.La Sala resolverá los problemas jurídicos en su orden y cada acápite
comprenderá el marco normativo y jurisprudencial aplicable, así como el caso
concreto.

2.3. Sobre el informe administrativo por muerte

31. En el caso del informe administrativo expedido por autoridades de la Policía
Nacional, el artículo 166 del Decreto 1212 de 1990, estableció que, en los casos de
muerte simplemente en actividad, en actos especiales del servicio y en actos del
servicio, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales sucedieron los
hechos, serían calificados por los directores de las dependencias de la dirección
general y de las escuelas de formación, comandantes de departamento y jefes de
organismos especiales, de acuerdo con el procedimiento que estableciera la
primera, la cual quedó facultada para modificar la calificación de las circunstancias
en que ocurrieron los hechos.

32. En el concepto 1558 del 22 de abril de 2004, la Sala de Consulta y Servicio Civil
de esta corporación sostuvo que el informe administrativo por muerte «es un acto
preparatorio, en la medida que no pone fin a la actuación, pero que define una calificación
de la modalidad de la muerte, aporta información que debe ser tenida en cuenta al momento
de expedir el acto definitivo, la resolución de reconocimiento a los deudos de las
prestaciones correspondientes»; ello, por cuanto no pueden ser impugnados mediante

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recursos en la actuación administrativa y procede su modificación de oficio por el
director general de la Policía Nacional, cuando sean contrarios a las pruebas
allegadas.

33.Igualmente, esta Sección, en sentencias del 4 de septiembre de 20173 y 31 de
marzo de 20224, también sostuvo que el informe administrativo por muerte:

33.1. Es un acto preparatorio, en la medida que no pone fin a la actuación, pero
como define la calificación de la modalidad de la muerte, aporta información
que debe ser tenida en cuenta al momento de expedir el acto definitivo que
reconoce las prestaciones sociales.

33.2. Es expedido por el funcionario competente para determinar las causas del
fallecimiento, esto es simplemente en actividad, en actos del servicio o en
actos meritorios del servicio.

33.3. Luego de expedido el informe, se adelanta el trámite correspondiente al
reconocimiento y liquidación de las prestaciones, el cual finaliza con la
resolución respectiva que debe ser notificada a los beneficiarios del
uniformado fallecido.

34. De acuerdo con lo expuesto, el informe administrativo se constituyó en un
presupuesto para definir qué prestaciones se debían reconocer, en razón a que
calificó la muerte; sin embargo, este, en sí mismo considerado, no le impidió a la
parte actora acceder a una prestación periódica porque se expidió la resolución por
la cual se reconoció la pensión de sobrevivientes, es decir, creó la situación jurídica.
En esa medida, es este último el acto definitivo susceptible de control, lo cual habilita
a que se examinen todas las actuaciones surtidas en la actuación como, por
ejemplo, el informe administrativo por muerte; de ahí que no sea razonable la
exigencia de demandar un acto distinto del definitivo.

35. De lo anterior no puede desprenderse que el informe no pueda ser objeto de
control en otras situaciones, sino que, en el sub examine, este no le impidió acceder
a la prestación que se cuestiona en esta litis. En otros términos, si la calificación le
hubiera impedido acceder a cualquier prestación, podía ser objeto de control, en
razón a que el artículo 43 del CPACA prevé que los actos definitivos son los que
decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la
actuación.

3 Subsección A, radicación 05001-23-33-000-2012-00793-01(1694-15)
4 Subsección A, radicación 19001-23-33-000-2017-00374-01 (0336-2021).

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2.4. Sobre la calificación de la muerte del teniente Jonathan Anturi Parra

2.4.1. Marco normativo y jurisprudencial de las calificaciones por muerte en
la Policía Nacional

36. La Ley 66 de 1989 otorgó facultades al presidente de la República para que
reformara «los estatutos del personal de Oficiales, Suboficiales y Agentes de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, en las siguientes materias: disposiciones preliminares;
jerarquía; clasificación, escalafón, ingreso, formación y ascenso; administración de
personal; asignaciones, subsidios, primas, dotaciones y descuentos, traslados, comisiones,
pasajes, viáticos y licencias; suspensión, retiro, separación y reincorporación; régimen
general de prestaciones sociales; reservas, normas para alumnos de las escuelas de
formación; trámite para reconocimientos prestacionales y disposiciones varias».

37. En cumplimiento de lo anterior, expidió el Decreto 1212 de 1990 «[p]or el cual se
reforma el Estatuto de Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional», en el
cual se establecieron, entre otras, las siguientes prestaciones por muerte:

Supuesto Descripción Prestaciones
a. Compensación equivalente a 3
años de los haberes
correspondientes al grado del
causante, de acuerdo con las
partidas previstas en el artículo
140 de este decreto.

Muerte en actos Ocurrida en actos del b. Pago doble de la cesantía por el
del servicio servicio o por causas tiempo servido.
(art. 164) inherentes a este.
c. Si el oficial o suboficial cumplió 12
años o más de servicio, se pagaría
una pensión mensual, liquidada y
cubierta en la misma forma de la
asignación de retiro, de acuerdo
con el grado y tiempo de servicio
del causante.
Oficial o suboficial que a. Ascenso en forma póstuma al
falleciera en servicio grado inmediatamente superior,
activo, en actos cualquier que fuere el tiempo de
meritorios del servicio, en servicio en su grado.
combate o como
consecuencia de la b. Compensación equivalente a 4
Muerte en actos
acción del enemigo bien años de haberes al grado
especiales del
fuera en conflicto conferido, con las partidas
servicio
internacional o en previstas en el artículo 140 ibidem.
(art. 165)
mantenimiento o
restablecimiento del c. Pago doble de cesantía por el
orden público. tiempo servido por el causante.

Se entendía por actos d. Si el oficial o suboficial cumplió 12
meritorios del servicio, años de servicio, sus beneficiarios

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aquellos en el que el tendrían derecho al pago de una
oficial o suboficial se pensión mensual equivalente al
enfrentara a grave e 50% de las partidas de que trata el
inminente peligro en artículo 140.
defensa de la vida, honra
y bienes de las personas.

38. Posteriormente, con el Decreto 4433 de 2004 «por el cual se fija el régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública» estableció la
pensión de sobrevivientes en los siguientes términos:

Supuesto Descripción Prestaciones
A favor de los beneficiarios una
A la muerte de un oficial o
pensión mensual liquidada con el
suboficial [entre otros] en
50% de las partidas computables
actos meritorios del
para la asignación de retiro, en el
servicio, en combate o
En actos grado conferido póstumamente,
como consecuencia de la
especiales del cuando el causante tuviera 15 años o
acción del enemigo, bien
servicio menos de servicio.
fuera en conflicto
(art. 27)
internacional o en el
Este se incrementaría en un 4%
mantenimiento o
adicional, por cada año que excediera
restablecimiento del
los 15, sin sobrepasar el 85% por los
orden público.
primeros 24 años.
A favor de los beneficiarios una
pensión mensual, liquidada y cubierta
en la misma forma de la asignación
A la muerte de oficiales y
de retiro, de acuerdo con el grado y
Muerte en actos suboficiales [entre otros]
tiempo de servicio del causante.
del servicio ocurrida en actos del
(art. 28) servicio o por causas
Si no cumplió con el tiempo mínimo
inherentes a esta.
requerido para la asignación de retiro,
el equivalente al 50% de las partidas
computables.

39. Obsérvese que la clasificación de muerte en actos del servicio y actos
especiales del servicio aunque requieren que el causante se encontrara en servicio
activo, se distinguen en que el segundo exige que sea por actos meritorios, en
combate o por acción del enemigo [conflicto internacional o en tareas de
mantenimiento del orden público interno].

40. Esta corporación ha expuesto que el primero, esto es el acto meritorio, «lleva
implícita la noción de la realización de un acto que supere el normal ejercicio del deber y
que sea digno de premio o galardón»5. Igualmente, ha señalado lo que sigue6:

«En síntesis, la diferencia entre la “muerte en actos del servicio” y “muerte en
actos especiales del servicio”, radica especialmente, en que mientras que la

5 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de octubre de 2010, radicación 11001-03-25-000-

2003-00389-01 (4561-03).
6 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de abril de 2012, radicación 68001-23-15-000-

2003-01734-01 (1309-09).

Radicado: 54001-23-33-000-2018-00268-01 (5953-2022)
Demandante: Jeimy Tatiana Betancurt Escobar y otro

primera se puede presentar dentro del habitual desarrollo de sus funciones,
la segunda, es necesario que interfieran causas externas que pongan en
peligro la vida, honra y bienes de las personas, [...].» [se resalta]

41. Del mismo modo, en la sentencia proferida el 15 de enero de 20017 se explicó
que la norma permite identificar al enemigo, pues la muerte debe ocurrir en guerra
internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público.
Seguidamente puntualizó:

«Si lo primero, es obvio que es la tropa del país contra el cual el oficial está
luchando y si lo segundo, no se trata de la delincuencia común, que como es
elemental, no perturba el orden público, sino de quienes incurren en
conducta delictiva por los delitos contra el régimen constitucional,
establecidos en el Título II del Libro Segundo del Código Penal, o sea la
rebelión, la sedición, la asonada y los otros punibles allí descritos, estos sí,
relacionados con la alteración del orden público.»

42. En suma, para que se considere una muerte en actos especiales del servicio,
en combate o por acción del enemigo, es necesario que esta ocurra en desarrollo
de guerra internacional o en el restablecimiento o mantenimiento del orden público.

43. Precisamente, cuando la muerte se da en actos especiales del servicio, se
asciende manera póstuma al uniformado, con el fin de «enaltecer el mayor sacrificio
que un miembro de la Fuerza puede hacer, esto es el de entregar su vida durante el
combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en cumplimiento de los deberes
constitucionales y legales que se comprometió a observar»8; en otros términos, se trata
de un «reconocimiento con carácter honorifico para aquellos miembros de las Fuerzas
Armadas que han desplegado acciones de excepcional altruismo al servicio de la patria»9.

2.4.2. Caso concreto

44. En el expediente se encuentran los siguientes hechos probados:

44.1. Jonathan Anturi Parra prestó sus servicios a la Policía Nacional desde el 1 de
diciembre de 2011. Cumplió un tiempo de servicio de 6 años, 10 meses y 22 días,
incluido el tiempo de cadete, alférez y los 3 meses de alta.

44.2. De acuerdo con la escritura pública 1059 del 5 de abril de 2013, inició vida
en común con Jeimy Tatiana Betancurt Escobar desde el 19 de marzo de 2010,
razón por la cual declararon la existencia de la unión marital de hecho.

44.3. De esa unión nació Michael Steven Anturi Betancurt el 16 de octubre de 2013.

7 Sección Segunda, Subsección A, radicación 16485.
8 Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ2-013-28 del 4 de octubre de 2018, radicación

05001-23-33-000-2013-00741-01 (4648-15).
9 Ibidem.

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Demandante: Jeimy Tatiana Betancurt Escobar y otro

44.4. Según el registro civil de defunción, Jonathan Anturi Parra falleció el 19 de
junio de 2016.

44.5. En la minuta de vigilancia del 19 de junio de 2016, se anotó la observación:
«estar muy atentos, tener en cuenta las [ilegible] alertas de inteligencia sobre la presencia
del francotirador del ELN y EPL. – Estar atentos a cualquier actividad sospechosa por parte
de la comunidad. – No salir de las instalaciones policiales menos de tres policías ya que
ponen en riesgo su integridad y la de la estación.»

44.6. Por su parte, en la minuta de guardia, se consignó lo siguiente:

«18/06/2016 23:25 [ilegible] A esta hora y fecha el señor SI Erickson [ilegible]
de la SIPOL informa que por fuente humana le informan que en horas de
campaña un grupo subversivo pretende hostigar la estación de policía San
Calixto. De inmediato se le informa al personal de centinelas para que
extremen las medidas de seguridad.

[...]

19-06-2016 18:22 Anotación. A esta hora y fecha se deja constancia que el
señor comandante de estación TE ANTURI PARRA JONATHAN forma al
personal que va a salir con él para comprar los víveres [...] e imparte
consignas sobre medidas de seguridad, el uso de los elementos de
protección. Salimos sin novedad especial.

[...]

19-06-2016 20:30 Anotación. Se hace el presente registro para dejar
constancia de la novedad presentada el día de hoy a las 18-26 horas
momento en que se encontraban 1-2-4 unidades policiales en la parte externa
de la estación de policía quienes salieron con el fin de comprar víveres en la
rienda de razón social 4-72 ubicada aproximadamente a 30 metros de la
estación, en ese momento se escucharon 2 disparos que de inmediato
pusieron en alerta al personal que estaba fuera de las instalaciones, como los
que nos encontrábamos dentro de la estación, de inmediato de [ilegible] por
parte del personal que se encontraba era de la estación y asegurando el parte
principal y de los policiales que estaban dentro de la tienda, también se
reaccionó por parte del personal de centinelas en servicio, se activó plan de
defensa, se reunió el personal disponible para coordinar la salida de los
compañeros que los que estaban en la tienda estaban pidiendo apoyo,
manifestando que el señor TE Anturi y el señor PT. Ballesteros habían sido
impactados con proyectil de arma de fuego [...]».

44.7. El 20 de junio de 2016, el comandante de la Estación de Policía del municipio
de San Calixto, comunicó la siguiente novedad:

«[...] me permito informar a mi Coronel la novedad presentada el día 19 de
junio del presente año, siendo las 18:24 horas, donde el señor Teniente
Jonathan Anturi Parra [...] y el señor patrullero Deimer Eduardo Ballesteros
Mateus [...], fueron impactados por un francotirador momentos en que se
encontraban con otros compañeros en la tienda de razón social 472, ubicada
en la calle 6 frente al parque principal barrio Guamalito, aproximadamente a

Radicado: 54001-23-33-000-2018-00268-01 (5953-2022)
Demandante: Jeimy Tatiana Betancurt Escobar y otro

unos 30 metros de las instalaciones policiales, mencionados policiales se
encontraban comprando víveres para el rancho, donde mi teniente Jonathan
Anturi Parra presentó un disparo a la altura de la clavícula de la parte derecha
[...], impactos que les ocasionaron la muerte inmediata, mencionados fueron
impactados dentro de la tienda que se relaciona la cual nos suministran los
víveres por su cercanía a la Estación, es el sitio más asequible para
comprarlos, toda vez que nos preveníamos de salud hasta la calle comercial
de este municipio precisamente para evitar que fuéramos atacados por un
francotirador o emboscados durante el desplazamiento.» [sic]

44.8. En el informe administrativo por muerte 038-2016 del 29 de junio de 2016,
suscrito por el comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, calificó
la muerte del causante como «en actos especiales del servicio».

44.9. No obstante, el 9 de agosto de 2016, el director de la Policía Nacional
modificó la calificación de la muerte del causante por las razones que se transcriben
a continuación:

«Así las cosas, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo modo y lugar,
que se evidencia en el acervo probatorio allegado a este plenario, dan cuenta
que las acciones acaecidas el día 10 de junio del 2016 en el municipio de San
Calixto – Norte Santander, donde se causó el homicidio del señor Teniente
JONATHAN ANTURI PARRA, son producto de acciones atribuibles a
integrantes del grupo delictivo “LOS PELUSOS” organización delincuencial
que opera en el sector del Catatumbo, la cual dentro de su estructura criminal
busca un beneficio económico de carácter particular bajo delitos de
narcotráfico, secuestros y extorsión, conductas que a pesar de afectar los
intereses particulares y de orden social no pretenden desestabilizar la
estructura y la soberanía del Estado, es decir, su intención no es la derrocar
el gobierno por la vía armada e imponer un nuevo régimen político y social.

De lo anterior, se puede concluir que el señor Teniente JONATHAN ANTURI
PARRA, no sufrió las lesiones que ocasionaron su deceso como
consecuencia de combate o por acción directa del enemigo, tampoco en el
ejercicio de tareas de mantenimiento o restablecimiento de orden público, y
mucho menos en actos especiales como hace referencia el informe
administrativo por muerte No. 038 del 2016, sino que actuó en cumplimiento
de la misionalidad Constitucional, circunstancias que se ajustan a lo descrito
por el artículo 164 del Decreto 1212 de 1990, concordante con el artículo 28
del Decreto 4433 de 2004 “Muerte en actos del servicio”.

Por lo tanto, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 166 del Decreto
1212 de 1990, el Director General de la Policía Nacional MODIFICA la
calificación proferida en le informe administrativo por muerte No. 038 de 206,
teniendo en cuenta que las circunstancias en que se produjo el deceso del
señor Teniente JONATHAN ANTURI PARRA, [...], se presentaron de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la norma ibídem,
concordante con el artículo 28 del Decreto 4433 del 2004, es decir, “Muerte
en actos del servicio”.» [sic]

45.Ahora bien, en el recurso de apelación se insistió en que la muerte del teniente
Jonathan Anturi Parra debió calificarse como «en actos especiales del servicio», en

Radicado: 54001-23-33-000-2018-00268-01 (5953-2022)
Demandante: Jeimy Tatiana Betancurt Escobar y otro

razón a que (i) los uniformados han fallecido por actos perpetrados en la modalidad
de francotirador, hechos que son frecuentes en la zona; y (ii) la entidad tenía
conocimiento de que los municipios que integraban la zona del Catatumbo, entre
ellos, San Calixto, padecían el conflicto armado permanente.

46. En criterio de la Sala, la calificación no podía determinarse a partir de lo que
sostiene la parte actora, pues no está demostrado que al causante se le haya
encomendado una misión especial, o que el fallecimiento haya devenido de un
combate o ataque del enemigo. Aunque se trató de un acto de delincuencia común,
no se desprende de este un hecho honorífico del cual pudiera recibir un galardón,
por ejemplo.

47. Si bien desde el día anterior se había reportado un posible ataque, lo cierto es
que la protección de la población civil así como de las instituciones del Estado son
funciones propias de los policiales. Aunado a que, de lo reportado, no se extraía
alguna circunstancia excepcional y, de cualquier modo, según las documentales, el
hecho delictivo fue perpetrado por una banda criminal llamada «Los Pelusos»
cuando el uniformado se encontraba comprando víveres necesarios para la estación
de policía.

48. A más de lo anterior, si bien es cierto que el territorio del Catatumbo ha sido
calificado como «zona roja», lo cierto es que de ello no se desprende
necesariamente que la muerte deba ser calificada como en «misión especial del
servicio». Lo que observa la Sala es que el demandante argumenta el acto especial
a partir de la existencia de un riesgo especial, los cuales tienen naturaleza distinta.

49. Ciertamente, puede afirmarse que existe un riesgo especial cuando un
uniformado es asignado a una zona que ha sido catalogada como peligrosa o que
se caracteriza por la presencia de grupos al margen de la ley; sin embargo, esta
circunstancia no conlleva por sí sola a que cualquier actuación de aquel o hecho
que se presente y que cause su muerte, deba ser catalogado como «en actos
especiales del servicio».

50. En efecto, esta Sección ha señalado que, esas actividades de «rutina» que
desarrollan los miembros de la Policía Nacional, son el simple ejercicio de sus
funciones, sin que ello lleve implícito alguna condición especial o excepcional para
que sea calificado en la forma que se solicita. Por ejemplo, en la sentencia proferida
el 25 de octubre de 2007, esta Sección sostuvo lo siguiente10:

«El hecho de que el causante hubiese estado prestando sus servicios en una
zona con alto índice delincuencial, per se, no le otorga el derecho a que su
fallecimiento sea considerado como acto meritorio del servicio pues para tal
calificación debió estar ejecutando actos meritorios de servicio, en combate o

10 Sección Segunda, Subsección B, radicación 41001-23-31-000-1997-09506-01 (4990-05).

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por acción del enemigo, y no sólo actividades de rutina, como era la de
regresar a la estación de policía luego de un operativo inocuo.»

51.Aunado a lo anterior, nada aporta al debate que en el municipio de San Calixto
también delinquiera el grupo subversivo ELN, pues el 6 de junio de 2016, el jefe
seccional de inteligencia policial de Norte de Santander informó lo siguiente:

«[...] la acción armada registrada el 19/06/2016 en el casco urbano del
municipio de San Calixto donde fueron asesinados dos (2) policías, al parecer
habría sido materializada por integrantes del grupo armado organizado
“Los Pelusos”; no obstante, en la jurisdicción también delinquen guerrilleros
e integrantes de la RAT del ELN.» [se resalta]

52. Inclusive, a pesar de la salvedad sobre la presencia del ELN, la Fiscalía General
de la Nación adelantó la investigación en contra del grupo de delincuencia común
antes mencionado. En el oficio 344 del 28 de mayo de 2018 expedido por el fiscal
129 especializado, adscrito a la Dirección Nacional contra Organizaciones
Criminales, sede Cúcuta, informó la existencia de aquella que se adelantó contra
organizaciones criminales que delinquían en el departamento de Norte de
Santander, en la cual se impartieron órdenes a la Policía Judicial para establecer la
vinculación «de diferentes personas a estas organizaciones entre ellas GAO Los Pelusos,
así como actos delictivos cometidos por los mismos entre ellos homicidios, hostigamientos,
atentados contra la fuerza pública» [se resalta].

53.Agregase a lo expuesto que, incluso, desde el informativo administrativo por
muerte rendido por el comandante del Departamento de Policía de Norte de
Santander el 29 de junio de 2016, los hechos fueron atribuidos a ese grupo criminal:

«[...] mediante el cual da a conocer la novedad ocurrida el día 19 de junio
del 2016, donde siento aproximadamente las 18:24 horas, se presentó un
ataque mediante la modalidad de “francotiro” en contra del personal
adscrito a la Estación De policía San Calixto, resultando la muerte del señor
teniente JONATHAN ANTURI PARRA [...] quien recibió un impacto en la
parte derecha de la clavícula y señor patrullero DEIMER EDUARDO
BALLESTEROS MATEUS [...] quien recibió un impacto a la altura del
mentón, dichos impactos les causa la muerte a los uniformados de forma
inmediata.

[...]

En ese orden de ideas y de acuerdo a las preubas allegadas al presente
expediente se pudo establecer que la muerte teniente JONATHAN
ANTURI PARRA [...] sobrevino debido a un ataque mediante la
modalidad “francotiro” al aparecer materializado por el grupo armado “LOS
PELUSOS” de acuerdo a las evidencias e informaciones recolectadas por
la seccional de inteligencia DENOR y la judicialización del hecho.» [se
resalta]

54. Ello permite constatar que, tal como se sostuvo en el acto modificatorio del
informe administrativo por muerte, los hechos no fueron causados por una acción

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del enemigo y tampoco se desplegó por un combate con este. Entiéndase como
enemigo a aquel que tiene un estatus político de beligerancia y que ejecuta
conductas delictivas tipificadas en el título XVIII del Código Penal [delitos contra el
régimen constitucional y legal], tales como rebelión11, sedición12 y/o asonada13.

55. En gracia de la claridad, de acuerdo con la directiva permanente 0015 del 22 de
abril de 2016 suscrita por el ministro de defensa nacional, los grupos delincuenciales
se debían clasificar así:

55.1. Grupo delictivo organizado: estructurado «con tres o más personas que
[existiera] durante cierto tiempo y que [actuara] concertadamente con el propósito
de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención
de Palermo, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico
u otro beneficio de orden material».

55.2. Grupo armado organizado [GAO]: eran quienes, bajo la dirección de un
mando responsable, «ejercieran sobre una parte del territorio un control con tal
que les permita realizar operaciones militares y concertadas». Se caracterizaban
porque (i) usaban la violencia contra la fuerza pública u otras instituciones del
Estado, población civil, bienes civiles o contra otros grupos armados; (ii)
tenían la capacidad de generar un nivel de violencia armada que superara
los disturbios y tensiones internas; y (iii) tenían una organización y un mando
que ejercía liderazgo o dirección sobre sus miembros que les permitían usar
la violencia contra la población civil, bienes civiles o la fuerza pública en el
territorio nacional.

56. «Los Pelusos» han sido considerados como un grupo armado organizado14 y,
aunque usaban la violencia contra la fuerza pública, no puede considerarse que se
tratara de grupos al margen de la ley, lo cual permite ratificar que el ataque no devino
de alguna circunstancia excepcional o de un ataque del enemigo, sino que se trató
de hechos derivados de la delincuencia común.

57. En suma, comoquiera que el fallecimiento ocurrió en desarrollo de una actividad
habitual como era la compra de víveres, procedía la calificación como «en misión del
servicio», tal como lo consideró el director general de la Policía Nacional. Este aserto
encuentra respaldo, por ejemplo, en la sentencia proferida el 1 de febrero de 2007,
en la cual esta Sección consideró15:

11 «Artículo 467. Rebelión. Los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno

Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, [...].»
12 «Artículo 468. Sedición. Los que mediante el empleo de las armas pretendan impedir

transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigentes, [...].»
13 «Artículo 469. Asonada. Los que en forma tumultuaria exigieren violentamente de la autoridad la

ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones, [...].»
14 Consultado en la página web oficial de la Policía Nacional. Enlace: https://lc.cx/YaUbVO
15 Sección Segunda, Subsección A, radicación 25000-23-25-000-1998-03236-01 (3956-05).

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Demandante: Jeimy Tatiana Betancurt Escobar y otro

«Razones por las cuales, la entidad demandada califica la muerte del
patrullero como ocurrida en actos del servicio, según lo dispuesto en el
artículo 69 del Decreto 1091 de 1995, conforme a las circunstancias en que
ocurrieron los hechos, por tratarse justamente de actos simplemente
delictivos, los cuales son comprendidos dentro del rol normal del servicio
policial que se presta a la sociedad, en donde obviamente puede ocurrir el
deceso del uniformado en situación de servicio pero sin que pueda calificarse
como especiales del mismo.»

58. En lo que respecta a que el Estado no tomó las medidas necesarias para
contrarrestar los ataques, lo que significaba la configuración de una falla del servicio,
basta señalar que esto no permite que el hecho sea considerado como «meritorio»,
cuando menos supondría una responsabilidad extracontractual por la omisión de
cumplimiento de los contenidos obligacionales, pero no avanza a desvirtuar la
calificación de la muerte.

59.En definitiva, no se encuentra que el acto administrativo que reconoció la
pensión a los beneficiarios del teniente fallecido haya sido expedido con falsa
motivación, toda vez que su sustento se contrajo al informe que tampoco fue
desvirtuado.

60. Finalmente, en lo que atañe al segundo problema jurídico, esto es el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la Sala considera que no hay lugar
a emitir pronunciamiento alguno porque la solicitud surgió de los asertos antes
resueltos. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.

2.5. Costas de la segunda instancia

61. No evidencia la Sala que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni
se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal,
razón por la cual, se abstendrá de imponer condena en costas por esta instancia.

2.6. Conclusión

62. Por las razones anotadas en precedencia, se confirmará la sentencia de primera
instancia, pues de las pruebas aportadas al plenario se extrae que la muerte de
Jonathan Anturi Parra ocurrió en actos propios del servicio o por causas inherentes
a este.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Radicado: 54001-23-33-000-2018-00268-01 (5953-2022)
Demandante: Jeimy Tatiana Betancurt Escobar y otro

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, pero por las razones anotadas en la parte
considerativa de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas por esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH

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