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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2021-00252-01

Fecha
4 de marzo de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2021-00252-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual se denegó la solicitud de pérdida de investidura del diputado de la asamblea departamental de Norte de Santander, José Luis Enrique Duarte Gómez SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 54001-23-33-000-2021-00252-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

4 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 54001 23 33 000 2021 00252 01
Solicitante: DUVÁN ALFONSO CONTRERAS BONILLA
Accionado: JOSÉ LUIS ENRIQUE DUARTE GÓMEZ
Tema: INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS COMO CAUSAL DE
PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE LOS DIPUTADOS

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante, en contra de la
sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, mediante la cual se denegó la solicitud de pérdida de
investidura del diputado de la asamblea departamental de Norte de Santander, José
Luis Enrique Duarte Gómez, quien resultó elegido para el período constitucional
2016-2019.

I. ANTECEDENTES

I.1. La solicitud de pérdida de investidura

1. El ciudadano Duván Alfonso Contreras Bonilla, actuando en nombre propio y en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante
CPACA-, presentó solicitud1 ante esta jurisdicción con el fin de que se decrete la
pérdida de la investidura del diputado de la asamblea departamental de Norte de
Santander, José Luis Enrique Duarte Gómez, elegido para el período
constitucional 2016-2019, al considerar que se encuentra incurso en las causales
de «incompatibilidad e inhabilidad» de que trata el artículo 48, numeral 4°, de la Ley
617 de 6 de octubre de 20002, esto es, por indebida destinación de dineros
públicos3.

1 Índice 0002. Demanda.PDF. Expediente digital.

2 «[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]».
3 Para tal efecto, formuló las siguientes pretensiones:

«[…] 3.1.- DECLÁRESE que el ciudadano, JOSE LUIS ENRIQUE DUARTE GÓMEZ C.C. No. 5.435.222, quien
fue declarada elegido el día 5 de noviembre de 2015 Diputado a la Asamblea por la Comisión Escrutadora
Departamental por el Partido Opción Ciudadana para el periodo Constitucional Enero 1 de 2016 al 31 de

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RADICACIÓN: 54001 2333 000 2021 00252 01
SOLICITANTE: DUVÁN ALFONSO CONTRERAS BONILLA
ACCIONADO: JOSÉ LUIS ENRIQUE DUARTE GÓMEZ

I.1.1. Los hechos sustento de la solicitud

2. El solicitante en apoyo a su pretensión adujo los siguientes hechos relevantes:

3. El ciudadano José Luis Enrique Duarte Gómez se inscribió como candidato a la
asamblea por la circunscripción electoral de Norte de Santander para las elecciones
del día 25 de octubre de 2015, período constitucional 2016- 2019, por el Partido
Opción Ciudadana, resultando elegido y tomó posesión de su investidura el 2 de
enero de 2016.

4. El citado servidor público de elección popular participó y votó el proyecto que
luego pasaría a convertirse en la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016 «Por
el cual se adopta el presupuesto general de rentas y recursos de capital y gastos
del departamento Norte de Santander para la vigencia del primero de enero al 31
de diciembre de 2017», tal y como consta con las Actas 31 de 18 de octubre de
2016, 42 de 28 de noviembre de 2016 y 43 de 29 de noviembre de 2016, cuyo
artículo 39 dispuso lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO 39. Autorizar al Contralor General del Departamento previa las
disposiciones legales vigentes hacer modificaciones a la planta de personal de
la Contraloría General del Departamento».

diciembre de 2019, y posesionado el 2 de enero del año 2016 incurrió en las causales de incompatibilidad e
inhabilidad de que trata el artículo 48 Numeral 4 de la Ley 617 del 2000.

“ARTICULO 48. Perdida de Investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de Miembros
de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

4. Por indebida destinación de dineros públicos”.

3.2.- DECLÁRESE como consecuencia del pronunciamiento anterior, la Pérdida de investidura como
Diputado a la Asamblea por la Circunscripción Electoral de Norte de Santander y la cancelación de la
credencial que la organización Electoral Registraduría Nacional del estado Civil le expidió al ciudadano JOSE
LUIS ENRIQUE DUARTE GÓMEZ C.C. No. 5.435.222 electo por lista inscrita el 24 de julio de 2015, y declarado
elegido el 5 de noviembre de 2015, mediante acta emanada de la Comisión Escrutadora Departamental por el
Partido Opción Ciudadana para el Periodo Constitucional 2016-2019 y posesionado el 02 de enero del año
2016, y se declare la condigna inhabilidad y/o inelegibilidad permanente para ocupar cargos de elección popular.

3.3.- ORDÉNESE como consecuencia de las anteriores declaraciones y de la cancelación de la credencial
expedido por la Organización Electoral- Registraduría Nacional de Estado Civil, ofíciese a esta última Entidad
para que se llame a ocupar la curul vacante a quien ocupa el renglón siguiente en orden descendente de la lista
del partido Opción Ciudadana reemplazando al señor JOSE LUIS ENRIQUE DUARTE GÓMEZ C.C. No.
5.435.222.

3.4.- ORDÉNESE la expedición de las comunicaciones respectivas al Consejo Nacional Electoral, a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Gobernación del Departamento Norte de Santander y a la Asamblea
Departamental de Norte de Santander, para lo de su competencia […]».

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5. Eldía 19 de diciembre de 2016, la Secretaría General de la asamblea
departamental de Norte de Santander expidió una certificación donde hace constar
que la duma departamental aprobó en tres debates la referida ordenanza.

6. Con fundamento en el artículo 39 de la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016,
el Contralor General del departamento de Norte de Santander, señor Silvano
Serrano Guerrero, expidió la Resolución 093 de 14 de marzo de 2017 «Por la cual
se crean unos cargos de asesores de planeación en la estructura organizacional de
la Contraloría General del Departamento Norte de Santander», cuya parte resolutiva
dispuso:

«[…] ARTÍCULO PRIMERO: Créase los siguientes cargos de asesor de
planeación en la planta de personal de la Contraloría General del Departamento
Norte de Santander, los cuales estarán adscritos al Despacho del Contralor.

IDENTIFICACIÓN GENERAL
Nombre del Código Naturaleza del Cargo Números de
cargo cargos en la
entidad
Asesor de 105-11 Libre nombramiento y 5
Planeación Remoción

ARTÍCULO SEGUNDO: Las asignaciones salariales de acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza número 023 del 23 de diciembre de 2016, para el
cargo en mención».

7. En vigencia de la Resolución 093 de 14 de marzo de 2017, el Contralor General
del departamento de Norte de Santander efectuó los nombramientos de siete (7)
funcionarios para el cargo de asesor de planeación, mediante las Resoluciones 107
de 29 de marzo de 2017, 111 de 3 de abril de 2017, 155 de 10 de mayo de 2017,
158 de 10 de mayo de 2017, 221 de 12 de julio de 2017, 226 de 14 de julio de 2017
y 249 de 1 de agosto de 2017.

8. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante fallo de 27 de febrero
de 2020 (radicado: 54001-2333-000-2019-00116-00) inaplicó los artículos 4° y 5°
de la Ordenanza 015 de 8 de diciembre de 2016, y el artículo 39 de la Ordenanza
017 de 19 de diciembre de 2016, ambas emanadas de la asamblea departamental
de Norte de Santander, y declaró la nulidad, con efectos retroactivos o ex tunc, de
la Resolución 093 del 14 de marzo de 2017, expedida por el Contralor General del
departamento de Norte de Santander; decisión judicial que quedó debidamente
ejecutoriada el día 7 de julio de 2020.

1.1.2. La causal de pérdida de investidura invocada en la demanda

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9. Inicialmente citó el numeral 9° del artículo 300 de la Constitución Política; el
numeral 4° del artículo 48, de la Ley 617 de 2000; el artículo 39 de la Ordenanza
017 de 19 de diciembre de 2016; el artículo 22 de la Ley 1881 de 2018; el artículo
6° de la Ley 1881 de 2016; y el artículo 143 del CPACA.

10. Pasó a referirse a los contornos del alcance de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos a partir de los lineamientos
jurisprudenciales de esta jurisdicción. Luego, aseveró que en el sub examine el
acusado incurrió en la conducta descrita en el numeral 4° del artículo 48 de la Ley
617 de 2000, prevista como causal de pérdida de investidura de los diputados, al
haber participado y votado la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016, artículo
39, mediante el cual se facultó al Contralor General del departamento para hacer
modificaciones a la planta de personal del ente de control fiscal respectivo.

11. Al respecto, puntualizó que la asamblea departamental de Norte de Santander
no tenía competencia para delegar en el contralor general del departamento las
facultades que le son inherentes, en particular, la concerniente a realizar las
modificaciones a la estructura de la planta de personal del ente de control fiscal
territorial, pues por mandato del numeral 9° del artículo 300 de la Constitución
Política, tal atribución solamente es delegable en el gobernador del departamento.

12. Con lo anterior, se configuró el elemento tipificador de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos, pues es claro que el
diputado accionado, en el ejercicio de sus competencias, traicionó, cambió y
distorsionó los fines y cometidos estatales, para destinar con su actuación dineros
públicos a fines no autorizados y diferentes de los previstos constitucional y
legalmente.

13. Insistió que la Resolución 093 de 14 de marzo de 2017, expedida por el Contralor
General del departamento de Norte de Santander, en cumplimiento del artículo 39
de la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016 es nula por falta de competencia,
como quiera que es la asamblea departamental de Norte de Santander y, no el
contralor general departamental, el cuerpo colegiado que ostenta la facultad para
determinar la estructura de la planta de personal, las funciones por dependencias y
las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos
de las contralorías departamentales4.

4 En este punto, sostuvo «[…] el acto acusado incurre en el vicio de falta de competencia, toda vez que el

Contralor Departamental no puede ser autorizado por la Asamblea Departamental para determinar la planta de
personal de la referida contraloría. En lo particular, de acuerdo con la Constitución y la ley, a las Contralorías
solo les asiste la potestad, a través del Contralor Departamental de presentar el respectivo proyecto para la
organización del órgano de control fiscal. Así las cosas, prospera el cargo de falta de competencia, lo que

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RADICACIÓN: 54001 2333 000 2021 00252 01
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14. En lo que atañe al análisis del elemento subjetivo de la conducta endilgada al
accionado, anotó que la indebida destinación de dineros públicos como causal de
pérdida de investidura puede configurarse de múltiples maneras, pues basta que el
servidor público de elección popular, en este caso, un diputado, por un
comportamiento éticamente reprochable haya dado lugar al detrimento del erario.
Así las cosas, las irregularidades cometidas en la autorización confiada al contralor
departamental para hacer las modificaciones a la planta de personal del ente de
control fiscal, desconocen lo dispuesto en el artículo 300, numerales 7° y 9°, de la
Constitución Política, lo que da lugar a la configuración de la indebida destinación
de dineros públicos.

15. Subrayó que la institución de pérdida de investidura tiene un carácter
eminentemente ético, pues su finalidad es castigar al servidor público de elección
popular por la vulneración del régimen disciplinario, en razón a la dignidad que
ostenta. La afectación del patrimonio público, agregó, se convierte en una premisa
ineludible para la adecuación típica de la conducta, aspecto que, en el sub examine
se encontraba satisfecho, pues en vigencia de la Resolución 093 de 14 de marzo
de 2017, el Contralor General del departamento de Norte de Santander efectuó los
nombramientos de siete (7) funcionarios para el cargo de asesor de planeación,
mediante las Resoluciones 107 de 29 de marzo de 2017, 111 de 3 de abril de 2017,
155 de 10 de mayo de 2017, 158 de 10 de mayo de 2017, 221 de 12 de julio de
2017, 226 de 14 de julio de 2017 y 249 de 1 de agosto de 2017.

16. Resaltó que los principios de buena fe y de confianza legítima no resultan
aplicables en el sub judice. Lo anterior, si se tiene en cuenta que no reposan
conceptos, sentencias o pronunciamientos judiciales tanto de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado que validen las irregularidades
cometidas en la aprobación de la Ordenanza 017 de 19 de diciembre de 2016.

17. Enigual sentido, aseveró que el inculpado conocía plenamente que su
comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta
que es un dirigente político con amplia trayectoria en el sector público, pues se ha
desempeñado como concejal y alcalde. De ahí que el grado de culpabilidad
imputable al acusado era el dolo.

I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura en la primera instancia

conlleva a la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado, previa inaplicación, por control por vía
de excepción establecido en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011, de los artículos mencionados de las
Ordenanzas 015 del 7 de Diciembre de 2016 y 017 del 19 de diciembre de 2016».

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18. Elmagistrado ponente a cargo de la sustanciación del proceso, mediante
providencia de 8 de octubre de 20215, admitió la demanda y ordenó la notificación
personal a la parte demandada y al agente del ministerio público, en los términos
de los artículos 9 y 10 de la Ley 1881 de 2018. En esta oportunidad procesal
contestó de manera oportuna el diputado acusado.

I.3. La contestación de la demanda por el acusado

19. El diputado accionado, por conducto de apoderado judicial dio contestación a la
demanda6, esgrimiendo los siguientes argumentos:

20. Análisis del elemento objetivo de la conducta. Afirmó que el hecho de haberse
aprobado por parte de la duma departamental la norma que delegaba en el contralor
departamental la facultad para modificar la planta de personal no implica per se una
indebida destinación de dineros públicos pues (i) no se cubrieron objetos,
actividades o propósitos no autorizados pues la creación de cargos se realizó con
recursos correspondientes a los ingresos corrientes de libre destinación, con el fin
de llenar el vacío existente en materia de planeación, como lo indicó el estudio
técnico elaborado para tal efecto; (ii) no se costearon objetos, actividades o
propósitos que sí estuvieran autorizados, pero que son diferentes a aquellos para
los cuales están previamente asignados, «pues no se utilizó rubro orientado a
inversión y otro aspecto para pagar la creación de estos cargos»; (iii) no se
sufragaron objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento; (iv); no se pagaron por materias innecesarias
o injustificadas; (v) no se destinaron los dineros públicos con la finalidad de obtener
un incremento patrimonial personal o de terceros; y tampoco (vi) la creación de
dichos cargos se realizó con la finalidad de derivar un beneficio, no necesariamente
económico, en su favor o en el de terceros.

21. Con sustento en un pronunciamiento de 24 de noviembre de 2016 7, precisó que
la declaratoria de nulidad de un acto administrativo no puede servir de fundamento
para decretar la pérdida de investidura ya que al margen del análisis de legalidad
en el proceso ordinario deben entrar a analizarse otros aspectos, tales como la
efectiva aplicación de los recursos, el real menoscabo del erario o el beneficio
económico del acusado o de un tercero.

5 Demanda 023. PDF. Expediente digital.

6Demanda 023. PDF. Expediente digital.

7 Rad. No: 05001-23-33-000-2015-01260-01

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SOLICITANTE: DUVÁN ALFONSO CONTRERAS BONILLA
ACCIONADO: JOSÉ LUIS ENRIQUE DUARTE GÓMEZ

22. Sostuvo que el autor de la iniciativa de la ordenanza incurrió en el error pues no
advirtió sobre los problemas de constitucionalidad y legalidad que presentaba la
posibilidad de delegar, en el contralor departamental, funciones propias de la duma
departamental, yerro que tampoco fue detectado por los diputados y el equipo
jurídico durante el trámite normativo, aspecto que bien podía generar una
investigación de tipo disciplinario, como en efecto ocurrió.

23. Al respecto, puntualizó que la Procuraduría Regional de Norte de Santander,
adelantó una investigación disciplinaria en contra de los ciudadanos Carlos Omar
Angarita Navarro, Rafael Cáceres Núñez, José Luis Enrique Duarte Gómez, Rafael
Leonardo Cuellar Sus, Frank Worman García Rolón, Wilmer Yesid Guerrero
Avendaño, Pedro Joanes Leyva Rizzo, Cesar Lindarte Escalante, Pedro Alberto
Mora Jaramillo, Oscar Hernando Ross Pérez, Luis Alfonso Mejía Núñez, Jhon
Eddison Ortega Jácome y Jorge Alberto Camilo Silva Mantilla, tramitada con el
radicado No. Rad. IUS–E2018–504359 IUC–D-2019-1400791, por estos mismos
hechos, y profirió fallo absolutorio, al no constatarse el presupuesto de la ilicitud
sustancial de la conducta de los inculpados.

24. Aludió a que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en reciente
sentencia 23 de septiembre de 2021 (radicado: 54001-2333-000-2021-00211-00),
analizó la conducta del diputado de la asamblea departamental de Norte de
Santander, Rafael Cáceres Núñez, por hechos idénticos a los ahora analizados,
decisión judicial en la cual se concluyó que no se había configurado la causal de
pérdida de investidura, desde el punto de vista objetivo, por lo que se remitió a las
consideraciones esgrimidas en dicha oportunidad, cuyos apartes más importantes
transcribió. En esa medida, solicitó que se le diera el mismo tratamiento al
constituirse en un precedente horizontal.

25. A partir de las anteriores aseveraciones, el apoderado del accionado no encontró
probado, desde el punto de vista objetivo, la causal de pérdida de investidura que
se le endilgó. Sin embargo, pasó a abordar el elemento subjetivo.

26. Análisis del aspecto subjetivo. Con respaldo jurisprudencial de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado anotó que el proceso de pérdida de
investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo que implica que el juez debe
realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta aplicación de los
principios que gobiernan el debido proceso, como pro homine, in dubio pro reo y de
favorabilidad y, con fundamento en ello, determinar si la conducta se subsume en
el presupuesto fáctico de la norma que establece como consecuencia jurídica la
pérdida de investidura y si se configura o no el elemento subjetivo, relativo a la
culpabilidad.

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RADICACIÓN: 54001 2333 000 2021 00252 01
SOLICITANTE: DUVÁN ALFONSO CONTRERAS BONILLA
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27. Detalló que, si bien es cierto, el acto administrativo que creó los cargos fue
excluido del ordenamiento jurídico, ello no implicó el decaimiento o la pérdida de la
fuerza ejecutoria de los nombramientos efectuados, actos administrativos que
conservan su validez en aplicación del principio de intangibilidad de las situaciones
consolidadas conforme a derecho (art. 58 C.P.) y de la seguridad jurídica. En
consecuencia, no se configuró el detrimento patrimonial o la indebida destinación
de recursos públicos.

28. Como colofón de lo expuesto, especificó que el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, en el fallo de 27 de febrero de 2020 (radicado: 54001-2333-000-2019-
00116-00), de manera enfática señaló que no se probó, ni siquiera a manera de
indicio, algún elemento que condujera a una posible desviación de poder, es decir,
que el operador administrativo haya obrado con algún interés diferente al buen
servicio.

29. Destacó que para definir si una conducta es dolosa o gravemente culposa se
deben analizar los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los
cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud de la
conducta, es decir, se debe determinar si el sujeto conocía o debía conocer que su
comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico. Así, en aquellos
eventos en los cuales se demuestre que el accionado conocía plenamente que su
comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de desinvestidura, se
estaría ante una situación de total intención en la realización de la misma y, por
ende, de un grado de culpabilidad doloso. Ahora, en la hipótesis en la que se
concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta pero que, en virtud de
la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad, debía saber que la misma
resultaba contraria a derecho y adoptar las medidas para evitar su realización, se
estaría ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que
se lo hubieran impedido.

30. Apuntó a que, en el caso en concreto, con miras a determinar si la conducta del
acusado fue dolosa o gravemente culposa debían tenerse en cuenta (i) las
condiciones personales del sujeto y; (ii) las circunstancias externas que influyeron
en la conducta.

31. En relación con las condiciones personales del sujeto, precisó que el accionado
tenía estudios de educación superior y no contaba con la formación de abogado. En
relación con el segundo aspecto, precisó que el inculpado actuó con el debido
cuidado al verificar los conceptos de los profesionales calificados e idóneos que
suscribieron los estudios en que se fundamentó la iniciativa de ordenanza, los
cuales otorgaron la certeza sobre la legalidad de la norma.

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RADICACIÓN: 54001 2333 000 2021 00252 01
SOLICITANTE: DUVÁN ALFONSO CONTRERAS BONILLA
ACCIONADO: JOSÉ LUIS ENRIQUE DUARTE GÓMEZ

32. En efecto, indicó que junto con el proyecto de ordenanza se aportó un estudio
técnico, en cuya elaboración participaron los señores Luis Vidal Pitta, Subcontralor
General de Norte de Santander, con especialización y maestría en derecho
administrativo, Wilson de Jesús Quintero Gélvez, Director Financiero de la
Contraloría con postgrado en cuentas contables, y José Antonio Anaya Atalla, con
24 años de experiencia en el órgano de control fiscal, cuyas declaraciones fueron
rendidas en la investigación disciplinaria que se adelantó por parte de la
Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, en contra del
entonces Contralor Departamental Silvano Serrano Guerrero, que culminó con un
fallo absolutorio. Dicho respaldo técnico, aseveró, «[…] tuvo un peso específico en
la conciencia de los diputados que participaron en el trámite de esta iniciativa».

33. Entendió que el accionado actuó con la plena convicción de estar actuando
conforme a la Constitución y a la ley, en este sentido, no se configura el dolo pues
la conducta contraria a derecho no se realizó con conocimiento y voluntad.

34. Por último, aseguró que, de llegar a demostrarse que la conducta es antijurídica,
la misma es excusable «[…] si se tienen en cuenta las indagaciones realizadas con
el objeto de verificar la regularidad de la situación; y, por último, las situaciones
externas mencionadas, entre ellas la verificación de ausencia de dolo o culpa grave
tanto del contralor, conforme la sentencia de la Procuraduría Delegada, como de los
diputados, conforme la sentencia de la Procuraduría Regional y conforme
igualmente con la decisión de este mismo Tribunal que no encontró afectación de
ilicitud sustancial en el actuar de quien expidió la Resolución 093/2016».

I.4. Trámite del proceso judicial en primera instancia

35. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante providencia de
27 de octubre de 20218, abrió el proceso a pruebas y fijó para el día 3 de noviembre
de 2021, hora 9:00 am para la realización de la audiencia prevista en el artículo 11
de la Ley 1881 de 2018.

36. En el desarrollo de la audiencia se ejerció el control de legalidad, quedando
saneada cualquier irregularidad que haya surgido en el trámite del proceso de
conformidad con los artículos 189 y 207 del CPACA; se incorporaron al expediente
las pruebas documentales ordenadas mediante auto de 27 de octubre de 2021 y,
acto seguido, se escucharon las intervenciones del señor agente del Ministerio
Público y del acusado. El solicitante no asistió a esa diligencia, sin embargo, cabe

8 024. Demanda. PDF. Expediente digital.

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SOLICITANTE: DUVÁN ALFONSO CONTRERAS BONILLA
ACCIONADO: JOSÉ LUIS ENRIQUE DUARTE GÓMEZ

resaltar que allegó escrito de intervención que fue incorporado de manera oportuna
al expediente9. Por su parte, la parte accionada presentó su alegato por escrito10.
De la audiencia se levantó la correspondiente acta11.

37. Intervención del señor agente del Ministerio Público. El Procurador 24
Judicial II para Asuntos Administrativos emitió concepto en el sentido de considerar
que debían despacharse desfavorablemente las pretensiones de la solicitud de
pérdida de investidura. Apoyó la tesis consistente en que en el presente caso no se
logró probar el elemento objetivo que estructura la conducta reprochada al
acusado12.

38. Subrayó que la decisión de 27 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual inaplicó los artículos 4° y 5°
de la Ordenanza 015 de 8 de diciembre de 2016, y el artículo 39 de la Ordenanza
017 de 19 de diciembre de 2016, ambas emanadas por la asamblea departamental
Norte de Santander; y declaró la nulidad de la Resolución 093 del 14 de marzo de
2017, no es indicativa per se de la configuración de la causal enrostrada al acusado.
Al respecto, precisó que la jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha sido
clara en señalar que el hecho de que un acto administrativo aprobado por una
corporación pública sea declarado nulo no conlleva necesariamente a concluir que
se haya presentado una indebida destinación de dineros públicos.

9 Sin embargo, conforme a documento visible en el índice 0012 allegó escrito de intervención. El accionante

reiteró, en síntesis, los argumentos de la demanda, en el entendido que el accionado incurrió en la causal de
pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, pues es «[…] claro que las irregularidades
cometidas en la autorización para la ejecución de las actividades presupuestales que se concretan artículo 39
de la Ordenanza 017 del 19 de diciembre de 2016, proferida por la Asamblea Departamental de Norte de
Santander, dan lugar a la indebida destinación de dineros públicos, por esas actividades de autorización de
dineros para ejecución son, fundamentalmente, la principal forma de dar destino a los dineros públicos como
está plenamente demostrado con la creación de los cinco (5) cargos de asesores de planeación por medio de
la resolución 093 del 14 de marzo del 2017 y en esta ordenanza participó y votó el Diputado JOSÉ LUIS
ENRIQUE DUARTE GÓMEZ [….]».
10 004. Demanda. PDF. Expediente digital.

11 025. Demanda. PDF. Expediente digital.

12 Inicialmente, se refirió a los contornos de la institución de pérdida de investidura, para destacar que se trata

de una acción pública de tipo punitivo, la cual se encuentra sujeta a los principios generales que gobiernan el
derecho sancionador, tales como la presunción de inocencia y el principio de legalidad; las conductas
sancionables deben estar plenamente determinadas en la Constitución Política o en la ley, con el ánimo de
evitar cualquier tipo de arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que deba realizar
el juez, y es de naturaleza subjetiva, quedando proscrita la responsabilidad objetiva.

Destacó que a pesar de que el ordenamiento jurídico no define la causal de indebida destinación de dineros
públicos, la jurisprudencia del Consejo de Estado en ejercicio de su labor hermenéutica ha sido enfática en
señalar que se configura cuando el servidor público de elección popular destina los dineros públicos a unas
finalidades y cometidos distintos a los establecidos en la Constitución Política, en la ley o el reglamento o cuando
se pretenda derivar un incremento patrimonial a su favor o en el de terceros. De esta manera, es necesaria la
afectación del patrimonio público como premisa ineludible para la adecuación típica de la causal, esto es, que
la destinación se concrete a un objeto, actividad o propósito prohibido.

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39. En definitiva, en concepto del Ministerio Público no se demostró el menoscabo
efectivo del erario o el beneficio económico en favor del acusado o en el de terceros
con ocasión de la aprobación del artículo 39 de la Ordenanza 17 de 19 de diciembre
de 2016 y de la Resolución 093 de 14 de marzo de 2017, motivo por el cual debían
despacharse desfavorablemente las pretensiones de la solicitud de pérdida de
investidura.

40. Intervención del acusado13. Reiteró los argumentos esgrimidos en el escrito de
contestación de la demanda en el entendido que no se demostró la configuración
de los elementos objetivo y el subjetivo de la causal endilgada al acusado.

41. Aludió a la sentencia de 23 de septiembre de 2021 (proceso identificado con el
radicado 54-001-23-33-000-2021-00211-00), en la cual se analizó la conducta del
diputado Rafael Cáceres Núñez, por hechos idénticos a los aquí analizados, por lo
que solicitó que se le diera el mismo tratamiento al constituirse en un precedente
horizontal.

I.5. La sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander

42. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió fallo el 11 de noviembre
de 2021, en virtud del cual denegó la solicitud de pérdida de investidura del diputado
del departamento de Norte de Santander, José Luis Enrique Duarte Gómez,
apoyado en los siguientes argumentos:

43. El problema jurídico que fue analizado en esa instancia del proceso tuvo por
objeto establecer si el diputado de la asamblea departamental de Norte de
Santander, José Luis Enrique Duarte Gómez, se encontraba incurso en la causal de
pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos prevista en el
numeral 4° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, con ocasión de la aprobación de
la Ordenanza 017 del 19 de diciembre de 2016, en cuyo artículo 39 se confirió
autorización al contralor general del departamento «[…] previa las disposiciones
legales vigentes», para hacer las modificaciones a la planta de personal de la
Contraloría General del departamento y de la expedición de la Resolución 093 del
14 de marzo de 2017 «Por la cual se crean unos cargos de asesores de planeación
en la estructura organizacional de la Contraloría General del Departamento Norte
de Santander», expedida por el jefe del órgano de control fiscal departamental.

13 0014 Demanda. PDF. Expediente digital.

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44. El Tribunal de la primera instancia defendió como tesis la consistente en que no
están acreditados los presupuestos de la conducta endilgada al accionado, pues no
toda irregularidad que pueda predicarse de la orden que implique gasto configura
esta causal; además de ello, no existe prueba del aprovechamiento indebido o de
la falta de necesidad en la creación de los cargos efectuado mediante la Resolución
093 del 14 de marzo de 2017.

45. El a quo prohijó el criterio reciente plasmado por ese mismo tribunal en la decisión
judicial de 23 de septiembre de 2021 (radicado: 54001-2333-000-2021-00211-00),
la cual guarda idénticos presupuestos fácticos y jurídicos al analizado en esta
oportunidad14.

14. Fallo en el cual se arribó a la siguiente conclusión: «[…] Para esta Sala es claro que el análisis allí realizado,

si bien corresponde al juicio de legalidad al que fueran sometidos los actos administrativos que concedieron al
Contralor del Departamento facultades que no le eran atribuibles, y mediante el cual se crearon unos cargos en
la planta de personal, del que luego se ordenara su extinción del mundo jurídico, no es menos cierto que la
conducta del implicado, obedeció a un interés diferente de la destinación indebida de dineros públicos, esto en
la medida que existió un aprovechamiento diferente a la prestación del servicio, medidas que efectivamente
demandaba la entidad, conforme se precisó en la antes citada decisión. Y es que, aunque aquello corresponde
a la esfera del análisis subjetivo, que resultara de contera superando la parte objetiva del examen, debe
precisarse que como se evidencia en las pruebas obrantes al expediente, la gestión de la creación de los cargos,
más allá del errado procedimiento para aquello, estuvo precedida de una serie de estudios técnicos que
evidenciaban la necesidad del servicio.
[…]
Concretamente y lo que tiene que ver con la indebida destinación de dineros públicos, se tiene que el H. Consejo
de Estado ha sido claro en exigir una clara afectación del patrimonio público como premisa ineludible para la
adecuación típica de la causal, esto es, que la destinación se concrete efectivamente en el objeto o propósito
prohibido. De lo anterior puede concluirse que dentro del expediente no existe prueba del aprovechamiento
indebido, o la falta de necesidad de la creación de aquellos cargos.

En ese mismo sentido el Consejo de Estado ha considerado que materia de pérdida investidura las conductas
sancionables deben estar plenamente determinadas en la Constitución Política o en la ley con el ánimo de evitar
cualquier tipo de arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que deba realizar el juez
quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la literalidad de la prohibición o
circunstancia, causante de la pérdida de investidura. Esto es, se debe verificar la materialización objetiva de la
conducta típica reprochable.

De conformidad con lo anterior y en integración del contenido normativo relacionado con el numeral 4 del artículo
48 de la Ley 617 de 2000, puede afirmarse la ausencia de los requisitos probatorios para la configuración de la
causal de destinación indebida de dineros públicos, pues de conformidad con la jurisprudencia del H. Consejo
de Estado citada previamente, no toda irregularidad que pueda predicarse de la orden que implique gasto,
configura esta causal de pérdida de investidura.

Huelga concluir del escenario expuesto, que la ausencia de la configuración del elemento objetivo requerido
para la configuración de la declaratoria de pérdida de investidura, impide examinar el asunto en lo relacionado
con la conducta del demandado, es decir el elemento subjetivo, por ello y ante la ausencia de configuración de
la causal de destinación indebida de dineros públicos en los términos del numeral 4 del artículo 48 de la Ley
617 de 2000 por parte del demandado y por economía procesal esta Sala se abstendrá de realizar un análisis
adicional.

De manera que al encontrar esta Sala que no se configura por parte del demandado la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, deberá negar las pretensiones de la
demanda».

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46. Descendió al caso en concreto y abordó el análisis de los elementos de la causal
de pérdida de investidura, en el siguiente sentido:

47. Primero, encontró demostrada la condición de sujeto pasivo del acusado,
teniendo en cuenta que el señor José Luis Enrique Duarte Gómez fue elegido
diputado de la asamblea departamental de Norte de Santander para el período
constitucional 2016-2019 y tomó posesión de su cargo.

48. Empero, no encontró probado el requisito concerniente a que se trate de una
conducta prohibida, esto es, que se hayan destinado los dineros públicos a
finalidades y cometidos estatales prohibidos o distintos a los previamente
establecidos en la Constitución y en la ley. Ello, aseveró, por cuanto no toda
irregularidad que pueda predicarse de la orden que implique gasto, configura esta
causal, aclarando que en el expediente no existía prueba del aprovechamiento
indebido, o de la falta de necesidad en la creación de los cargos en la Resolución
No. 093 del 14 de marzo de 2017, como presupuesto para que se configure la causal
de pérdida de investidura establecida en el numeral 4° del artículo 48 de la Ley 617
de 2000.

49. Por ello y ante la ausencia de demostración del elemento objetivo, el a quo no
entró a analizar el elemento subjetivo que entraña la conducta.

I.6. El recurso de apelación interpuesto por el solicitante

50. El accionante presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia, a través del cual solicita que se revoque esa decisión y, en su lugar, se
acceda a la solicitud de pérdida de investidura15.

51. El reproche del solicitante se centra en señalar que el diputado José Luis Enrique
Duarte Gómez incurrió en la causal descrita en el artículo 48, numeral 4°, de la Ley
617 de 2000, con ocasión de haber participado en el trámite y votación del proyecto
que a la postre pasaría a convertirse en la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de
2016, en cuyo artículo 39 se autorizó al contralor general del departamento para
hacer las modificaciones a la planta de personal del ente de control fiscal
departamental y con ocasión de la expedición de la Resolución 093 de 14 de marzo
de 2017, suscrita por el Contralor Departamental, mediante la cual se crearon cinco
(5) cargos de asesor de planeación en la planta de personal del ente de control fiscal
del orden territorial, en cumplimiento del artículo 39 de la Ordenanza 17.

15 009. Demanda. PDF.

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52. Para ello, alegó que mediante fallo de 27 de febrero de 2020 (radicado: 54001-
2333-000-2019-00116-00), el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
resolvió inaplicar, entre otras normas, el artículo 39 de la Ordenanza 017 de 19 de
diciembre de 2016 y declaró la nulidad de la Resolución 093 del 14 de marzo de
2017, bajo la premisa que corresponde a las asambleas departamentales
determinar la estructura organizativa de las contralorías respectivas, por lo que
delegar atribuciones de reestructuración de la planta de personal en el contralor
departamental resulta contrario a los artículos 272 y el numeral 7°del artículo 300
de la Constitución Política, en armonía con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley
330 de 11 de diciembre de 1996.

53. Insistió que resulta abiertamente inconstitucional que la asamblea departamental
de Norte de Santander haya delegado en el contralor general departamental
funciones que le son inherentes, a efectos de determinar la estructura del ente de
control fiscal respectivo, pues tales facultades solo son delegables en el gobernador.
De ahí que el artículo 39 de la Ordenanza 017 de 19 de diciembre de 2016 resulta
contrario a la Carta Política «[…] y lo que se genere como consecuencia de esta
autorización y ocurra gasto público es una indebida destinación de dineros
públicos».

54. Anotó que no resulta cierto que la Ordenanza 17 de 19 de noviembre de 2016,
haya contado con un estudio técnico, por cuanto el documento que reposa en el
expediente elaborado por los señores Luis Vidal Pitta (Subcontralor), José Antonio
Anaya Atalla (Profesional Especializado) y Wilson Quintero Gelves (Jefe Financiero)
fue suscrito en enero de 2017, mientras que la Ordenanza 17 fue aprobada el día
19 de diciembre de 2016. Luego, en su opinión, el tribunal de primera instancia no
efectuó una debida valoración objetiva de las pruebas que obran en el proceso, al
dar por demostrados ciertos hechos que resultan «[…] insuficientemente probados
por la divergencia de fechas aplicables».

55. Precisó que «[…] la indebida destinación de dineros públicos como causal de
pérdida de investidura puede configurarse de múltiples maneras, pues basta que el
congresista, -diputado en este caso- por un comportamiento éticamente
reprochable, causando detrimento del erario público. En este orden de ideas, es
claro que las irregularidades cometidas en la autorización para la contratación o
ejecución de las actividades presupuestales, que se concretan artículo 39 de la
Ordenanza 017 del 19 de diciembre de 2016 proferida por la Asamblea
Departamental de Norte de Santander, dan lugar a la indebida destinación de
dineros públicos, por esas actividades de autorización de dineros para ejecución,
son, fundamentalmente, la principal forma de dar destino a los dineros públicos
como está plenamente demostrado con la creación de los cinco cargos de asesores
de planeación por medio de la resolución 093 del 14 de marzo de 2017 y en esta

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ordenanza participó y votó el diputado JOSE LUIS ENRIQUE DUARTE GÓMEZ
[…]».

56. A continuación, recalcó que la falta de competencia es el vicio más grave de
todas las causales de nulidad en que puede incurrir un acto administrativo por el
carácter de orden público que revisten las reglas de competencia, siendo posible
incluso su examen, de manera oficiosa. También hizo mención de la importancia
que comporta el principio de legalidad y a la connotación que tiene la excepción de
inconstitucionalidad en nuestro sistema jurídico.

57. En definitiva, el recurrente solicitó a esta Corporación que se haga un análisis de
las pruebas que reposan en el expediente, para efectos de determinar si se
encuentra demostrado el elemento objetivo y el subjetivo de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos prevista en el numeral 4°
del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

I.7. Trámite del recurso de apelación

58. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso en la primera instancia,
mediante providencia de 2 de diciembre de 201616, concedió, en el efecto
suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por el solicitante en contra de la
sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander.

59. Repartido el proceso en segunda instancia17, mediante auto de 14 de diciembre
de 202118 se admitió el recurso de apelación y corrió traslado a las partes y al agente
del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018.
Notificada a las partes la precitada providencia judicial, todos los sujetos procesales
guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

60. La Sala de Decisión y con el propósito de resolver la presente controversia
abordará el análisis de los siguientes aspectos que conducirán a la solución del
caso concreto: (i) la competencia; (ii) la acreditación de la condición de diputado de
la parte acusada para la época de los hechos juzgados; (iii) el planteamiento del

16 0026. Demanda. PDF. Expediente digital.

17
Índice 1 del Expediente digital.
18 Índice 4 del Expediente digital.

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problema jurídico a resolver en el sub judice; (iv) la causal de pérdida de investidura
por indebida destinación de dineros públicos y su desarrollo jurisprudencial; (v)
análisis del caso concreto y de los elementos de la causal, para finalmente arribar
a (vi) las conclusiones del caso.

II.1. La competencia

61. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de
lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 48 de la Ley 617; en el artículo 13 del
Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 201919; y en el artículo 150 del CPACA20.

II.2. La acreditación de la condición de sujeto pasivo del presente mecanismo
de control de pérdida de investidura para la época de los hechos

62. El señor José Luis Enrique Duarte Gómez se inscribió como candidato por la
asamblea departamental de Norte de Santander para las elecciones a celebrarse el
día 25 de octubre de 2015, período constitucional 2016- 2019, por el Partido Opción
Ciudadana, como consta con el Formulario E-6-AS de 14 de julio de 2015, y resultó
elegido diputado por ese departamento conforme lo certifica el Formulario E-26-
ASA. Por otro lado, según el Acta de 2 de enero de 2016,21 contentiva de la sesión
inaugural de la duma departamental consta que el diputado José Luis Enrique
Duarte Gómez asistió al acto de instalación de la Asamblea y tomó posesión de su
investidura como servidor público de elección popular.

63. De esta manera queda acreditada la condición del acusado como sujeto pasivo
del presente mecanismo de control de pérdida de investidura, cumpliéndose el
requisito previsto en el literal b) del artículo 5° de la Ley 1881 de 2018 22, norma
aplicable a los procesos de pérdida de investidura de los diputados, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 22 de la misma ley23.

II.3. El planteamiento del problema jurídico

19 «Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado».

20 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».

21 003 Demanda. PDF. Expediente digital.
22 «ARTÍCULO 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá

formularse por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la
Organización Electoral Nacional […]».
23 «ARTÍCULO 22. Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo que sea compatible a los

procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados».

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64. Esta Sala de Decisión abordará como problema jurídico el consistente en
establecer si el diputado José Luis Enrique Duarte Gómez incurrió en la comisión
de la causal de pérdida de investidura de indebida destinación de dineros públicos,
prevista en el numeral 4° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000, al
haber participado en el trámite y aprobación del proyecto normativo que pasaría a
convertirse en la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016, en cuyo artículo 39 se
delegó en el contralor general del departamento para hacer las modificaciones a la
planta de personal del ente de control fiscal; facultad que se materializó con la
expedición de la Resolución 093 de 14 de marzo de 2017, mediante la cual se
crearon cinco (5) cargos de asesor de planeación en la planta de personal del ente
de control fiscal.

65. En este sentido, deberá establecerse si la conducta que se reprocha al acusado
encaja en alguna de las hipótesis que ha desarrollado esta jurisdicción en el ejercicio
de la labor hermenéutica en relación con los eventos de configuración de la causal
de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, y solo de
superar el análisis del elemento objetivo de la conducta deberá analizarse si se
demostró o no el elemento subjetivo o de la culpabilidad, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, modificada por la Ley 2003 de
2019.

II.4. La causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros
públicos y su desarrollo jurisprudencial

66. La causal de pérdida de investidura que se invoca en el presente caso aparece
contemplada en el numeral 4° del artículo de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000,
norma que son del siguiente tenor:

«[…] Ley 617 de 2000

Artículo 48. Pérdida de investidura de Diputados, Concejales
Municipales y Distritales y de Miembros de Juntas Administradoras
Locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de
juntas administradoras locales perderán su investidura:
(…)
4. Por indebida destinación de dineros públicos […]» (Negrillas y subrayas
de la Sala).

67. La causal de pérdida de investidura por indebida destinación de recursos
públicos no cuenta con una definición expresa ni tampoco un desarrollo legal, de

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ahí que la jurisprudencia de esta Corporación ha cumplido un papel trascendental a
la hora de delimitar su alcance.

68. En sentencia del 22 de julio de 200324 se precisó que para su configuración se
requieren dos elementos como son la conducta y el fin, al señalarse que:

«La conducta. El sujeto activo que la desarrolla debe ser el congresista y que
en su condición de servidor público, ejerza competencias para las cuales fue
investido. // La finalidad. Que al ejercer dichas competencias (ordenar, señalar,
aplicar o determinar algo) traicione, cambie o distorsione los fines y
cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento al destinar los dineros públicos a objetos, actividades o
propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos
para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la
finalidad es obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de
terceras personas, etc.».

69. Se ha señalado que para la configuración de esta causal de pérdida de
investidura es necesaria la concurrencia de los siguientes elementos: (i) un sujeto
activo, que ostente la condición de servidor público de elección popular; (ii) una
conducta prohibida determinada por el verbo rector <<destinar>> y marcada por
la circunstancia de modo que la cualifica, esto es, que sea <<indebida>> y; (iii) el
objeto sobre el cual recae la acción que corresponde al bien jurídico protegido que
son los <<dineros públicos>>25.

70. A título enunciativo, la jurisprudencia26 tiene establecido que la causal de pérdida
de investidura por indebida destinación de dineros públicos se da en los siguientes
supuestos:

«[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando
el congresista destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos

24Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de julio de 2003,
expediente: 11001-03-15-000-2003-00278-01, accionante: Belma Genith Olarte Casallas, accionado:
Wellington Ortiz Palacio, CP: Tarsicio Cáceres Toro.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de febrero de 2001, actor:

Jorge Iván Manzano Quintero, expediente: AC-10528 y AC 10967 (ACUMULADOS), accionante: Jorge Iván
Manzano Quintero y otros, accionado: Juan Ignacio Castrillón Roldán, CP: Germán Ayala Mantilla.
26Consejo de Estado, Sección Primera, radicado: 15001-23-31-000-2006-01178-01
(PI-0117), MP: Martha Sofía Sanz Tobón.

Consejo de Estado, Sección Primera, radicado: 25000-23-15-000-2002-03005-01, actor: Juana Celmira
González Guarnizo, demandado: Germán Antonio Alvira Gamboa, MP: Camilo Arciniegas Andrade.

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estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:
a) Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos
no autorizados;

b) Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados pero
diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados;

c) Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.

d) Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas.

e) Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros.

f) Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros. [...]»

71. Ahora bien, en un primer momento de la evolución jurisprudencial se identificó
el concepto de dineros públicos en sentido monetario. En consecuencia, y a partir
del anterior criterio, era plausible limitar el alcance de esta causal cuando los
servidores públicos de elección popular actuaban como ordenadores del gasto. Sin
embargo, dicho criterio fue rectificado.

72. Así, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia del 13 de noviembre de
200127, oportunidad en la cual se explicó que el concepto <<dineros públicos>>
debía entenderse en sentido amplio, esto es, no sólo en sentido monetario, por lo
que la causal también comprendía aquellas situaciones en las cuales se utilizaban
instrumentos idóneos para desviar los dineros públicos a fines distintos de los
previstos por el ordenamiento jurídico. En efecto, el referido fallo señaló:

«[…] El énfasis interpretativo de la causal no ha de colocarse sobre la expresión
“dineros públicos” sino sobre la forma en que se puede llevar a cabo su correcta
destinación. En efecto, para la Sala, la indebida utilización de dineros públicos
puede llevarse a cabo de dos formas diferentes, de manera directa o de manera
indirecta. Será DIRECTA cuando el congresista - con capacidad de ordenación
del gasto - dispone ilícitamente de recursos del erario, bien sea para obtener
finalidades particulares (a través, por ejemplo, de la celebración de contratos
estatales sin establecer su necesidad, oportunidad o conveniencia, tal y como
se examinó en la sentencia del 20 de junio de 2000, Expedientes AC-9875 y
AC-9876) o para ordenar una destinación diferente a la establecida en el
Presupuesto para esos dineros públicos. Y se presentará la destinación
INDIRECTA cuando a pesar de haber sido ordenado el gasto para el objeto

27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de noviembre de 2001,
radicado: 11001-03-15-000-2001-0101-01, accionante: Abel Benito Castro, accionado: Franklin Segundo García
Rodríguez, CP: Ligia López Díaz.

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previsto en el respectivo Presupuesto, el congresista propicia con su conducta
una destinación distinta al objeto para el cual fueron consagrados.

Toda vez que la Constitución Política al instituir como causal de pérdida de
investidura la “Indebida destinación de dineros públicos”, no estableció que la
misma tenía que ser DIRECTA, es plausible que esta destinación pueda ser
INDIRECTA, como lo ha aceptado la Corporación en los casos señalados atrás
[…]».

73. De acuerdo con lo anterior los eventos en que se puede configurar su indebida
destinación28 son aquellos en los que un miembro de la corporación pública
territorial de elección popular los asigna para: i) cubrir objetos, actividades o
propósitos no autorizados; ii) costear objetos, actividades o propósitos que sí están
autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los cuales están previamente
asignados. iii) sufragar objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos
por la Constitución, la ley o el reglamento; iv) pagar por materias innecesarias o
injustificada; v) cuando la destinación de los dineros públicos tiene la finalidad de
obtener un incremento patrimonial personal o de terceros y; vi) cuando la
destinación de los dineros públicos tiene la finalidad de derivar un beneficio, no
necesariamente económico, en su favor o en el de terceros.

II.5. El caso concreto y análisis de los presupuestos para la configuración de
la causal de pérdida de investidura debatida en este proceso

• La cualidad del sujeto activo

74. Como se indicó en líneas precedentes, se encuentra demostrado que el señor
José Luis Enrique Duarte Gómez fungió para la época de los hechos juzgados
fungió como diputado de la asamblea departamental de Norte de Santander,
conforme lo certifica el Formulario E-26-ASA y fue uno de los diputados electos que
tomó posesión de su investidura, tal y como lo refrenda el Acta de 2 de enero de
2016.

• Que se trate de una conducta prohibida: indebida destinación de
dineros públicos

75. En el presente caso el solicitante edificó la causal de pérdida de investidura por
indebida destinación de dineros públicos en contra del acusado, con ocasión de
haber aprobado el artículo 39 de la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016,
mediante el cual la duma departamental delegó en el ente de control fiscal la

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de marzo de

2018, número único de radicación 13001233300020160110701(PI), consejero ponente Hernando Sánchez
Sánchez.

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facultad para hacer las modificaciones a la planta de personal de esa entidad, lo
que conllevó a que se crearan cinco (5) cargos de asesor de planeación en la planta
de personal, mediante la Resolución 093 de 14 de marzo de 2017, delegación que
se realizó en contravía de los mandatos constitucionales, pues corresponde a las
asambleas departamentales determinar la estructura organizativa de las
contralorías departamentales, las funciones de sus dependencias y las escalas de
remuneración (artículo 300, numeral 7° de la CP), pudiendo ser delegada esa
facultad excepcionalmente en el gobernador, pero no en el ente de control fiscal del
orden territorial.

76. Conforme se indicó con anterioridad, la jurisprudencia de esta corporación tiene
establecido que el elemento tipificador de esta causal se da en el hecho de que el
servidor público de elección popular, en este caso, un diputado, con su conducta
funcional al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia
o distorsiona los fines o cometidos estatales, preestablecidos en la Constitución, la
ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o
propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para
los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a materias
expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es
obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende
derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras
personas.

77. De conformidad con los medios de prueba aportados al expediente, se encuentra
demostrado lo siguiente:

78. Mediante la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 201629, la asamblea
departamental de Norte de Santander adoptó el presupuesto general de rentas y
recursos de capital y gastos del departamento de Norte de Santander para la
vigencia del primero de enero al 31 de diciembre de 2017. El artículo 39, en lo que
aquí interesa, otorgó autorización al contralor general del departamento para
efectuar las modificaciones a su planta de personal, en el siguiente sentido:

«[…] ARTÍCULO 39. Autorizar al Contralor General del Departamento previa las
disposiciones legales vigentes hacer modificaciones a la planta de personal de
la Contraloría General del Departamento».

79. Segúnla certificación expedida por la señora Secretaria de la asamblea
departamental de Norte de Santander de fecha 29 de noviembre de 2016, la
Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016, fue aprobada en sus tres debates

29 003Demanda. PDF.

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reglamentarios30. Igualmente, de conformidad con las Actas 31 de la sesión
ordinaria de 18 de octubre de 2016, 42 de la sesión de 28 de noviembre de 2016 y
43 de la sesión de 29 de noviembre de 2016, el ciudadano José Luis Enrique Duarte
Gómez fue uno de los diputados que asistió a las reuniones celebradas en esas
fechas y votó el proyecto normativo que luego pasaría a convertirse en la Ordenanza
17 de 19 de diciembre de 201631.

80. En enero de 2017, el Grupo Ejecutor integrado por los señores Luis Vidal Pitta
Correa (Subcontralor), José Antonio Anaya Attalla (profesional especializado) y
Wilson Quintero Gelvez (jefe financiero)32, elaboró un estudio técnico sobre la
viabilidad para la creación de cinco cargos de asesores dentro de la planta de
personal, documento en el cual se determinó lo siguiente:

«[…] La Contraloría Departamental de norte de Santander, está enfocada en
buscar alternativas de gerencia que permitan recuperar la credibilidad,
ofreciendo seguridad a sus clientes y convirtiéndose en una organización
competitiva, que se distinga por el conocimiento de su quehacer, el aprendizaje
permanente, la actitud para el cambio y el enfoque sistémico que le permitan la
Unión de esfuerzos para el logro de sus resultados en términos de calidad. Por
ello, ha decidido realizar el presente estudio técnico el cual tiene como objeto
fortalecer su desarrollo en cumplimiento de las acciones Constitucionales con
la creación de unos cargos de asesores para las áreas de: Salud, Políticas
Públicas y de Gobierno, Comunicaciones, Servicios Públicos y Apoyo a la
Gestión Jurídica de la Contraloría General del Departamento Norte de
Santander, entre otras, teniendo en cuenta su capacidad económica y
organizacional con el objeto de dar cumplimiento a las competencias y
responsabilidades fijadas por la Carta Política y las demás normas en aras de
dar cumplimiento a la labor misional de la entidad, partiendo de un análisis
normativo relacionado con las funciones de la entidad, el plan de gestión del
Contralor y los objetivos propuestos para vigencia, (sic) con el fin de determinar
las necesidades de la actual administración para conseguir las metas
propuestas para el período 2016-2019, establecidas en el Plan Estratégico.

Así mismo se ha establecido que con el apoyo del presente estudio de creación
de cinco cargos de asesores, como derivación del mismo, se medirían los logros
de los nominares en el cumplimiento de su gestión institucional con el propósito
de exaltar su desempeño frente a cada uno de los entes a su cargo.

Finalmente como resultado de viabilidad del presente estudio se presenta un
análisis de conveniencia tanto financiera como de la necesidad de los cargos
dentro de la entidad, desde luego, sin afectar en ningún caso la actual planta de
personal, mostrando con ello que la Contraloría General del departamento norte
de Santander busca la eficiencia, la eficacia y la efectividad del Estado a través

30 002. Prueba Trasladada 2021-00251. Folio 61.

31
003 Demanda. PDF y 002. Prueba Trasladada. 2021-00251. PDF, páginas 70 a 88.
32 007 Prueba Trasladada. 2021-00251. PDF. Páginas 4 a 38.

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de la modernización y el mejoramiento continuo de la administración pública, la
descentralización y la participación ciudadana, basado en el marco
constitucional de la función administrativa, al promover los cambios
institucionales que fueren necesarios para el cumplimiento de los objetos de
(sic) establecidos por este Ente de Control Fiscal del orden territorial

[…]

4. JUSTIFICACIÓN

Que analizada la actual planta de personal y teniendo en cuenta los diferentes
sectores económicos de los entes sujetos de control, se evidenció que en la
entidad existen deficiencias de personal especializado en las áreas de salud,
las políticas públicas y de gobierno, las comunicaciones, los servicios públicos,
el apoyo a la gestión jurídica, entre otros.

El desarrollo de este enfoque se soporta principalmente en el componente: alto
nivel de especialización de los asuntos a auditar por parte del nivel directivo y
profesional basados en el respeto y cumplimiento de la normatividad que rige el
control fiscal en el país, enfocado principalmente en los resultados de la gestión
fiscal de los entes sujetos de control.

Con la Constitución de 1991, cambiaron las funciones y alcances del control
fiscal, el cual pasó a ser definido como una función pública ejercida por
organismos autónomos llamados Contralorías, a los cuales se les dio
herramientas para el ejercicio de la fiscalización del patrimonio público; las
Contralorías Territoriales tienen a su cargo la identificación como clientes suyos
a los ciudadanos del ente territorial, y para ello deben estructurar un sistema de
información para la actualización de los datos, que les permita registrar y
mantener actualizada la información básica de cada uno de sus clientes. La
Comunidad es la razón de ser de las Contralorías, por ello debe estar
debidamente caracterizada y para detectar necesidades insatisfechas de éstos
clientes deben utilizar herramientas, aplicar procedimientos para conocer
necesidades específicas de cada cliente atendido, generar espacios de
comunicación, atender peticiones, quejas y reclamos formulados por la
comunidad y promover espacios para que en las auditorías haya participación
ciudadana.

Estas son razones suficientes para que desde el punto de vista jurídico y técnico
la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.

Que, las empresas públicas del sector salud (Empresas Sociales del estado e
institutos de salud) representan el 36% de los sujetos de control, y adicionando
a este grupo las Empresas de Servicios Públicos las cuales representan el 24%
de los sujetos de control, nos genera índice total general en estos dos grupos
del setenta por ciento (60%).

Teniendo en cuenta lo anterior y el ordenamiento jurídico vigente, se propone
crear cinco (5) cargos de asesores en las áreas mencionadas con el fin de
contribuir al desarrollo del plan de gestión de la administración y objetivos
institucionales, contribuyendo de esta manera al ejercicio auditor y a la
evaluación de los planes, los programas y los proyectos de inversión, sin que

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esto signifique desatender la auditoría a los sujetos de control, establecidas
constitucional y legalmente, enfatizando el ejercicio auditor en el logro de los
resultados de la gestión fiscal y no en los procedimientos administrativos
desarrollados por los sujetos de control, lo cual garantiza un control fiscal
integral, que a partir del concepto de planeación estratégica, fortalece el
concepto de matrices de riesgos por proyectos, procesos o áreas críticas,
focalizando el ejercicio de la vigilancia y control a la gestión fiscal.

Igualmente se pretende con el aporte y la experiencia profesional de este grupo
de asesores, evaluar los diferentes planes de desarrollo, planes de gestión,
planes estratégicos, liderados por cada uno de los representantes legales de
los diferentes entes públicos de los sujetos de control fiscal de esta (sic)
Departamental, con el propósito de determinar no sólo el cumplimiento de los
mismos sino la efectividad, direccionamiento, transparencia, oportunidad y
beneficios, entre otros, que los mismos aportaron a la comunidad en el ámbito
de su ejecución para efectos de exaltar institucionalmente su desempeño.

[…]

8. ESTUDIO FINANCIERO PARA LA VIGENCIA 2017

Así como se enunció en el capítulo 4° Justificación, del presente estudio, se
expone el costo de la creación de cinco (5) cargos de Asesores dentro de la
planta de personal de la Contraloría General del Departamento Norte de
Santander, con el propósito de desempeñar funciones de apoyo en áreas como
la salud, las políticas públicas y de gobierno, las comunicaciones, los servicios
públicos, el apoyo la gestión jurídica, entre otros. Igualmente se manifiesta en
el siguiente cuadro relacionado con el costo de la creación de los asesores en
mención, contiene no sólo las asignaciones civiles de los mismos, sino
igualmente el costo de las correspondientes prestaciones sociales y las
transferencias que por ley generan dichos pagos laborales, teniendo en cuenta
que dicho profesional devengaría una asignación salarial mensual de
$4.422.874.

Como anexo integral al presente informe técnico se allega la correspondiente
certificación expedida por el Director Financiero de la Contraloría General del
Departamento Norte de Santander, donde manifiesta: “Que se han apropiado
en el Presupuesto de Gastos de la Vigencia 2017, la suma de cuatrocientos tres
millones setecientos sesenta y un mil doscientos cuarenta y siete pesos M/C
($403.761.247), en las cuantías y rubros presupuestales que se relacionan a
continuación, para la creación de cinco (05) cargos de Asesor” […]».

81. El 3 de enero de 2018, el Jefe Financiero de la Contraloría Departamental de
Norte de Santander expidió certificación financiera en la cual señala «[…] Que se
han apropiado en el Presupuesto de Gastos de la Vigencia 2017, la suma de
cuatrocientos tres millones setecientos sesenta y un mil doscientos cuarenta y siete

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pesos M/C ($403.761.247), en las cuantías y los rubros presupuestales que se
relacionan a continuación, para la creación de cinco (05) cargos de Asesor […]33».

82. El Contralor del departamento de Norte de Santander, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 39 de la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016 antes
transcrito, expidió la Resolución 093 de 14 de marzo de 2017 «Por la cual se crean
unos cargos de asesores de planeación en la estructura organizacional de la
Contraloría General del Departamento Norte de Santander», invocando lo dispuesto
en los artículos 268 y 272 de la Constitución Política, la Ley 42 de 1993 y el artículo
9 de la Ley 330 de 11 de diciembre de 199634. De la parte considerativa se lee lo
siguiente:

«[…] Que, mediante la Ordenanza número 015 adiada el 7 de diciembre de
2016, la Honorable Asamblea del Departamento Norte de Santander modificó
el artículo 7 de la Ordenanza 022 del 27 de diciembre de 2000, en cuanto a la
estructura orgánica por Dependencias.

Que, en cumplimiento al artículo 39 de la Ordenanza número 017 del 19 de
diciembre de 2016 se establece “autorizar al Contralor General del
Departamento previa las disposiciones legales vigentes hacer modificaciones a
la planta de personal de la Contraloría General del Departamento”.

Que, mediante estudio técnico de enero de 2017 se estableció la necesidad
de crear e incorporar cinco (5) asesores de planeación, para apoyar las
labores misionales de esta Departamental (sic), en áreas específicas
establecidas a través de dicho documento.

Que, el Jefe Financiero de esta Departamental (sic) mediante certificación
adiada el 3 de enero de 2017, manifiesta la existencia de recursos para el
pago de los asesores de planeación, objeto del presente acto
administrativo. La presente certificación hace parte integral del estudio
técnico» (destacado de la Sala).

83. La Resolución 093 de 14 de marzo de 2017, en su parte resolutiva ordenó:

«[…] ARTÍCULO PRIMERO: Créase los siguientes cargos de asesor de
planeación en la planta de personal de la Contraloría General del Departamento
Norte de Santander, los cuales estarán adscritos al Despacho del Contralor.

IDENTIFICACIÓN GENERAL
Nombre del Código Naturaleza del Cargo Números de
cargo cargos en la
entidad
Asesor de 105-11 Libre nombramiento y 5
Planeación Remoción

33 007Prueba Trasladada. 2021-00251. PDF. Página 39.

34 003Demanda. PDF.

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ARTÍCULO SEGUNDO: Las asignaciones salariales de acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza número 023 del 23 de diciembre de 2016, para el
cargo en mención.

84. Luego, el Contralor General del departamento de Norte de Santander expidió las
Resoluciones 107 de 29 de marzo de 201735, 111 de 3 de abril de 201736, 155 de
10 de mayo de 201737, 158 de 10 de mayo de 201738, 221 de 12 de julio de 201739,
226 de 14 de julio de 201740 y 249 de 1 de agosto de 201741, mediante las cuales
se efectuaron los nombramientos de siete (7) funcionarios en la planta de personal
del ente de control fiscal en el cargo de asesor de planeación, Código 105, Grado
11.

85. Según la certificación expedida por el Director Financiero de la Contraloría
General del departamento de Norte de Santander de 20 de mayo de 2021, el total
de los dineros girados a los funcionarios que ocuparon los cinco (5) cargos de
asesores de planeación correspondió a un valor de 363.113.00042.

86. Mediante Sentencia de 27 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander (radicado: 54001-23-33-000-2019-00116-00), declaró la nulidad de la
Resolución 093 de 14 de marzo de 2017, dentro del medio de control de nulidad
que fuere promovido por el ciudadano Ramón Bautista Suárez e inaplicó, vía del
control de excepción de inconstitucionalidad, los artículos 4° y 5° de la Ordenanza
015 de 8 de diciembre de 2016, y el artículo 39 de la Ordenanza 017 de 19 de
diciembre de 2016, ambas emanadas de la asamblea departamental de Norte de
Santander. Esta decisión, se encuentra ejecutoriada según el reporte de Consultas
de Procesos43. En efecto, la parte resolutiva del fallo de 27 de febrero de 2020
dispuso:

35 «Por la cual se hace un nombramiento», a favor de la ciudadana Jenny Carolina Guerrero Moncada.

36 «Por la cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento ordinario», a favor del ciudadano Óscar

Javier Arellano Sepúlveda.
37 «Por la cual se hace un nombramiento», a favor de la ciudadana Nelcy Yolima Requiniva Gutiérrez.

38 «Por la cual se hace un nombramiento», a favor del ciudadano Jairo Alexander Mora Monroy.

39 «Por la cual se Termina y se hace un nombramiento», a favor de Martha Paola Correal Ureña.

40 «Por la cual se Termina y se hace un nombramiento», a favor de Luz Amparo Rodríguez Rodríguez.

41 «Por la cual se hace un nombramiento, a favor de Edna Carolina Joya Núñez.

42
003.Demanda. PDF. Expediente digital.
43https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=Jjz6PmOlJ6kU8HP1bGn

%2b94mHkpE%3d. Fecha de consulta: 24 de febrero de 2022.

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«FALLA

PRIMERO: INAPLICAR los artículos 4 y 5 de la Ordenanza 015 del 7 de
Diciembre de 2016 y artículo 39 de la Ordenanza 017 del 19 de diciembre de
2016, ambas emanadas de la Asamblea del DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER.

SEGUNDO: DECLARESE la nulidad, con efectos retroactivos o ex tunc, de la
Resolución 093 del 14 de marzo de 2017, el Contralor General del
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, “por la cual se crean unos cargos
de asesores de planeación en la estructura organizacional de la Contraloría
General del Departamento Norte de Santander», de conformidad con los
fundamentos jurídicos y probatorios expuestos en la parte considerativa de esta
providencia. […]» (destacado es original de la providencia).

87. ElTribunal Administrativo de Norte de Santander, en esa decisión judicial,
planteó como tesis la consistente en que la Resolución 093 de 14 de marzo de 2017,
es nula por falta de competencia, como quiera que la duma departamental es la que
ostenta la facultad para determinar la estructura del personal, las funciones por
dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas
categorías de empleo de las contralorías departamentales, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 27244, 300 (numeral 7°45) de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 3° de la Ley 330 de 11 de diciembre de 199646,
aclarando que si bien esa facultad es delegable, por mandato del artículo 300,

44 ARTICULO 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya
contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloría General de la República.
[…]
Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías
como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal, y garantizar su sostenibilidad
fiscal.
[…] Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las
funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 en lo que sea pertinente, según los
principios de coordinación, concurrencia, y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría General de la
República será preferente en los términos que defina la ley.
45 ARTICULO 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas:
[…]
7. Determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas
de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y
las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía
mixta.
[…]».
46 «Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política y se dictan otras

disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales».

«ARTÍCULO 3. ESTRUCTURA Y PLANTA DE PERSONAL. Es atribución de las Asambleas Departamentales,
en relación con las respectivas Contralorías, determinar su estructura, planta de personal, funciones por
dependencias y escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo, a iniciativa de
los contralores».

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numeral 9°, del Estatuto Superior, aquella delegación solo puede recaer en el
gobernador del departamento.

88. Así pues, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, arribó a la siguiente
conclusión, cuyas consideraciones se transcriben por su importancia:

«[…] [E]xiste un universo normativo amplio relacionado con elementos
constitucionales y legales, referidos a las contralorías departamentales, que
permiten concluir ciertamente, que el Contralor Departamental presentó
inicialmente una iniciativa que terminó con una autorización en los términos de
la Ordenanza No. 015 de 2016, que formalmente otorgó la competencia y que
fue refrendada nuevamente por la Ordenanza 017 de 2016, hecho diferente se
presenta cuando el acto que formalizó la competencia contenía elementos que
pudieron desconocer el ámbito constitucional y legal, en los que esta Sala
ordena la aplicación del control por vía decepción y por tanto in aplicar las
ordenanzas en los artículos referidos para el presente caso, y así poder aclarar
el panorama para declarar la nulidad de la norma expresamente demandada.
[…]
Es importante recabar que para tomar la decisión final, este Tribunal debió
aplicar inicialmente el Instituto jurídico de control por vía de excepción frente a
las Ordenanzas 015 y 017 de 2016, para que una vez fuera del mundo jurídico
respecto de este proceso, se pudiera estudiar y concretar la ilegalidad del acto
demandado, atendiendo a que se dejó efectos la norma que formalmente le
otorgó la competencia al contralor departamental.
[…]
Retomando el análisis del asunto de marras, la Sala debe resaltar que de
conformidad Con los postulados constitucionales citados en la presente
providencia, la competencia para organizar la estructura de las Contralorías
departamentales corresponde a las Asambleas. Así lo ha sostenido
reiteradamente la jurisprudencia del Consejo de Estado:

“Consecuente con lo anterior, no se genera dudas sobre la competencia de
las asambleas departamentales para la organización de las contralorías
departamentales y que implica la fijación de la planta de personal que a su
vez lleva intrínseca la Facultad de crear y suprimir empleos. Facultad
constitucional que siendo autónoma no requiere iniciativa de ningún
funcionario, haciéndose obligatorio para este evento inaplicar el artículo 3°
de la Ley 300 de 1996 “Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo
208 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones relativas a
las Contralorías Departamentales”, en cuanto prescribe la iniciativa del
contralor para determinar la estructura de la Contraloría, fijar la planta de
personal, las funciones por dependencias y las escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleo47”.

Ahora bien, dicha facultad para reformar la estructura podrá ser delegada en el
Gobernador, cuando la necesidad o la conveniencia lo ameriten, quien por un
tiempo limitado, el cual es fijado en la norma ordenanzal que efectúa la

47 (cita es original): Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia del 5 de noviembre de 2009,

Radicación: 200012331000200101283 02, número interno: 2197-07, MP: Gerardo Arenas Monsalve.

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delegación, realizará de conformidad con el artículo 305, numeral 15 de la Carta
Política, la respectiva reestructuración o modificación del ente de control. […]

Así las cosas, tales facultades pueden ser delegadas solamente en el
gobernador del departamento, tal como lo expresa el numeral noveno del
artículo 300 de la Constitución “autorizar al Gobernador del Departamento para
celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro
tempore, precisas funciones de las que corresponden a las Asambleas
Departamentales.

De conformidad con todo lo anterior, pese a que la Facultad de organizar la
estructura de las Contralorías departamentales es delegable, por mandato
constitucional, tal delegación sólo puede recaer en el gobernador del
departamento.

Sobre el particular, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:

“Así las cosas, concluye la Sala que i) es competencia de las Asambleas
Departamentales la organización de las respectivas Contralorías, ii) que
dicha competencia no requiere iniciativa de ningún funcionario, y iii) que
por expresa autorización de la Constitución y mediante ordenanza, el
Gobernador podrá ejercer dicha función, en los términos ya indicados.
Dichos presupuestos se presentaron en el caso concreto, por lo que, tanto
la Asamblea Departamental como el Gobernador actuaron con
competencia.
[…]
En consecuencia, no se encuentra ajustado a derecho el que la Asamblea del
Departamento Norte de Santander haya delegado en el contralor general del
departamento las facultades que le eran inherentes, concernientes a realizar
modificaciones a la estructura de la planta de personal del ente de control
territorial, cómo es la creación de cargos, pues tales atribuciones solamente
son delegables para el gobernador del departamento48.

En ese orden, luego de efectuado un análisis de fondo, extenso y complejo de
los cargos planteados por la parte accionante, la sala llega a la conclusión que,
efectivamente, la Resolución 093 del 14 de marzo de 2017, emanada de la
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER,
se encuentra viciada por falta de competencia, comoquiera que es la asamblea
y no el Contralor Departamental, quien ostenta la facultad determinar la
estructura. planta de personal, funciones por dependencias y escalas de
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo de las
Contralorías Departamentales […]» (destacado es original de la providencia).

89. Ante este panorama, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander consideró
que la asamblea de ese ente territorial no podía desconocer las disposiciones
constitucionales y legales antes referidas, particularmente, los artículos 272, 300
(numeral 7°) de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3° de la Ley
330 de 11 de diciembre de 1996, y la hermenéutica que ha efectuado esta

48 (cita es original): Sobre el tema, consultar Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia de 25 de enero

de 2018, MP: Rafael Francisco Suárez, radicación 47001-23-33-000-2013-90212-01 (4706-16).

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jurisdicción en el sentido de señalar que las asambleas departamentales no pueden
delegar en el contralor las facultades que le son inherentes, con miras a determinar
la estructura de la planta de personal, que comprende la creación de cinco cargos
de asesores, pues el numeral 9° del artículo 300 del Estatuto Superior sólo permite
que se deleguen ciertas facultades ante el gobernador.

90. En este sentido, conforme lo consideró el Tribunal en la sentencia de primera
instancia, la declaratoria de invalidez de un acto administrativo y mucho menos la
excepción de inconstitucionalidad con efectos inter partes no permite configurar per
se la declaratoria de pérdida de investidura del diputado José Luis Enrique Duarte
Gómez, pues la jurisprudencia de esta Corporación49 ha sido uniforme en el sentido
de señalar que la declaración de invalidez de un acuerdo o, en el caso particular,
de una ordenanza, no comporta la desinvestidura de los servidores públicos de
elección popular -en este caso de los diputados-, por no estar prevista de forma
taxativa dentro de las causales establecidas por la Constitución y la ley50».

91. Al respecto, la jurisprudencia pacífica ha señalado que no toda irregularidad que
pueda predicarse de la aprobación de una norma que implique gasto configura
indebida destinación de dineros públicos ni acarrea la pérdida de investidura51.
Sobre el particular, en sentencia de 24 de noviembre de 201652, esta Sección arribó
a la siguiente conclusión:

49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de junio de 2021, radicado: 05001-

23-33-000-2019-02614-01, actor: Jesús Alonso Arroyave Pérez, acusado: concejales del Municipio de Santa
Rosa de Osos (Antioquia), MP: Oswaldo Giraldo López.
50 (cita es original): Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del

27 de julio de 2017. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro. 05001-23-33-000-2016-
02241-01(PI). Reiterada en sentencia del 30 de mayo de 2019. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente
radicación nro. 76001-23-33-000-2018-01065-01.
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de junio de

2004, radicación número: 25000-23-15-000-2002-03005-01(PI), actor: Juana Celmira González Guarniz,
demandado: Germán Antonio Alvira Gamboa y otros, MP: Camilo Arciniegas Andrade.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicado: 05001-2333-000-

2015-01260-01, actor: Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, accionados: María Eloísa Ossa Galeano y
otros, MP: Guillermo Vargas Ayala.

Entre otras consultar las siguientes:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1o. de septiembre
de 2016, radicado: 54001-323-33-000-2016-00069-01, actor: Emilse Gamboa Jacome Carrascal, accionado:
José Leonardo Jacome Carrascal, C. P. María Claudia Rojas Lasso.

Entre otras se pueden consultar las siguientes sentencias:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, sentencia de 10 de noviembre de
2016, radicado: 54001-23-33-000-2016-00067-01(PI), actor: Emilse Gamboa MOGOLLÓN, demandado: José
Oliverio Castellanos Navarro, MP: María Elizabeth García González.

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«[…] 5.5.6.- En lo relativo a la declaratoria de nulidad del Acuerdo 005 de 2012,
se tiene que esa circunstancia fue determinante para que el tribunal decretara
la pérdida de investidura ya que ese hecho constituyó, en el sentir del a quo,
prueba del carácter indebido del incentivo económico creado a través de dicho
acto administrativo. Sobre el particular la Sala ha reiterado pacíficamente que
el hecho de que un acuerdo sea declarado nulo no conlleva necesariamente a
que se decrete la pérdida de investidura de quienes lo aprobaron, tesis que ha
sido prohijada en los siguientes términos:

“La Sala en sentencia de 11 de diciembre de 2015 53 al analizar la demanda de
pérdida de investidura de los concejales del municipio de Dosquebradas, precisó
que el hecho de haberse declararse nulo por parte del Tribunal Administrativo de
Risaralda, el Decreto 369 de 200854 por considerar que se crearon obligaciones
que excedían el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto
inicialmente aprobado; no significa que lo concejales hubieran destinado dineros
públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados
pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados o aplicado tales
recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas o con
la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros o para
derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras
personas. Dijo la Sala:

“Si bien es cierto que el Decreto 369 de 2008, fue declarado nulo por crear
obligaciones que excedían el monto global fijado para gastos de personal en el
presupuesto inicialmente aprobado, también lo es que los concejales no
devengaron sumas de dinero a las que no tuvieran derecho, como se acaba de
exponer, pues el citado decreto intentaba completar la remuneración que conforme
al ordenamiento jurídico debían recibir y, en esa medida, no puede decirse que
incrementaron su patrimonio indebidamente. […]. La Sala, entonces, no evidencia
que los concejales de Dosquebradas (Risaralda), en su condición de servidores
públicos, al ejercer la facultad de entregar funciones que a ellos corresponde al
alcalde municipal, hubieren destinados dineros públicos a objetos, actividades o
propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para
los cuales se encuentran asignados o aplicado tales recursos a materias
expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas o con la finalidad de
obtener un incremento patrimonial personal o de terceros o para derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas.”

Al margen de lo expuesto, considera la Sala que a pesar de haberse votado el
proyecto de Acuerdo contemplando en su articulado el traslado de los recursos

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de noviembre de
2016, radicado: 54001-23-33-000-2016-00068-01(PI), actor: Emilse Gamboa Jacome Carrascal, accionado:
César Arbey Torres Bautista, MP: Guillermo Vargas Ayala.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de diciembre de
2016, radicado: 54001-23-33-000-2016-00135-01(PI), actor: José Fuentes Contreras, demandado: Félix Adolfo
Muñoz Luna, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés (e)

53 (cita es original de la providencia): Expediente: PI 2013-00419, Actor: Veeduría Ciudadana por

Dosquebradas, M.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

54 (cita es original de la providencia): “POR EL CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES AL

PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1°
DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008”

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obtenidos o recaudados del impuesto de alumbrado público a la cuenta bancaria
del fideicomiso de la concesión de alumbrado público y, que posteriormente, el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander lo hubiesen declarado nulo por
considerarlo contrario a lo establecido en los artículos 1º de la Ley 1386 de 2010 y
6 (numeral 6) de la Resolución 122 de 2011 de la CREG, no es dable concluir que
los hechos mencionados, tanto en la demanda como en el recurso de apelación,
se enmarquen dentro de la causal de pérdida de la investidura descrita en el
artículo 48 numeral 4 de la Ley 617 de 2000, pues no aparece acreditado en el
proceso que el concejal cuya investidura se cuestiona, haya obrado movido
por un interés dañino. La ilegalidad de los Acuerdos en que intervino el
acusado no constituye en principio perdida de investidura.

En efecto, no obra en el expediente ningún medio de prueba que acredite que su
participación en la discusión y aprobación del Acuerdo No. 023 de 11 de mayo de
2012, haya estado motivada por el deseo de obtener un beneficio en cabeza propia
o de terceras personas y, mucho menos, aplicar o destinar los bienes y rentas
municipales a objetos distintos del servicio público como lo prescribe el artículo 42
numeral 2 de la Ley 136 de 1994 anteriormente transcrito.

La declaratoria de ilegalidad de un Acuerdo en el caso de los concejales o de
una Ordenanza en el caso de los diputados per se no produce la pérdida de
investidura, puesto que no está consagrada como tal dentro de las causales
taxativamente establecidas como de pérdida de investidura.
[…].”55

5.5.7.- La declaratoria de nulidad del acto administrativo no puede entonces
servir como fundamento para decretar la pérdida de investidura dado que el
juicio de legalidad que se realizó del acuerdo municipal no contempla el análisis
de la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 48 numeral 4 de la
Ley 617 de 2000. Al amparo de lo dicho, mal podría deducirse que la
invalidez de un acto proferido por una corporación pública comporta la
incursión de sus miembros en indebida destinación de dineros públicos,
ya que al margen del resultado en el proceso ordinario de nulidad están
otros aspectos que deben ser dilucidados en el juicio de pérdida de
investidura, tal como la efectiva aplicación de los recursos, el efectivo
menoscabo del erario o el beneficio económico del acusado o de un
tercero» (destacado de la Sala).

92. Precisamente, encuentra la Sala que si bien es cierto que de la lectura armónica
de los artículos 272, 300 (numeral 7°) de la Constitución Política, en concordancia
con el artículo 3° de la Ley 330 de 11 de diciembre de 1996, se infiere claramente
que corresponde a las asambleas departamentales, en relación con las respectivas
contralorías, determinar su estructura, planta de personal, funciones por
dependencias y escalas de remuneración correspondientes a las distintas
categorías de empleo, y, que dichas facultades solamente se pueden delegar en el
gobernador del departamento (artículo 300, numeral 9° de la Carta Política),
también es una realidad que no existe prueba en el expediente en torno a que, con

55 (cita es original de la providencia): Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo

Sección Primera. Sentencia de 1o. de septiembre de 2016 (Expediente núm. 2016-00069-01, C. P.
María Claudia Rojas Lasso.

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la actuación el acusado, se hubieren destinado dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a
aquellos para los cuales se encuentran asignados o, haya aplicado tales recursos
a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas o, con la
finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros o, para
derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras
personas.

93. De hecho, no existen elementos de prueba en el proceso que acrediten que con
la aprobación de la Ordenanza 017 de 19 de diciembre de 2016, el acusado haya
actuado con el ánimo de obtener un beneficio para sí o para el de terceras personas
o de distorsionar las finalidades del gasto, como presupuesto exigido para que se
configure la causal de pérdida de investidura. Al respecto, esta Sección56 ha
señalado que la distorsión del gasto constituye uno de los presupuestos que se
requieren para su configuración, al señalar lo siguiente:

«[…] esta Sección57 ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la causal
de pérdida de investidura sub examine, y, mediante sentencia proferida el 29
de agosto de 2013, consideró lo siguiente:

“[…] De lo hasta aquí expuesto, resulta evidente que no se configura la causal
endilgada, pues, los demandados, en su condición de Concejales del Municipio
de Dosquebradas (Risaralda), al expedir los Acuerdos 001 de 9 de enero y 006
de 12 de junio de 2008, a través de los cuales se autorizó a la Alcaldesa de
dicho Municipio para celebrar toda clase de contratos y convenios, hasta por un
monto de veinte mil salarios mínimos legales vigentes, fijando como término el
31 de diciembre de 2009, no hicieron otra cosa distinta que ejercer las
facultades que en materia de competencia les señala la Constitución y la Ley a
dichas Corporaciones Edilicias, autorización, que, como quedó visto, se otorgó
de manera general y no específica. Cabe resaltar que dicha conducta, como lo
precisó la Sala en un asunto similar, en sentencia de 2 de mayo de 2013
(Expediente núm. 2012-00006-01 (Pl), Consejera ponente doctora María
Claudia Rojas Lasso), que ahora se prohíja, no constituye por sí sola el
supuesto fáctico de la causal de indebida destinación de dineros públicos, dado
que no implica distorsión de las finalidades del gasto, uno de los presupuestos
que se requieren para que se configure la misma […].”(Destacado fuera del
texto original).

56 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 18 de octubre de

2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro. 85001 23 33 000 2017 00223 01. (PI).
57 (cita es original): Sentencia del 29 de Agosto de 2013. M.P.: María Elizabeth García González. Actor: Oscar

Elías Matta Peláez. Rad.: 2012 00027 02.

Fuente tomada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio
de 2021, radicado: 05001-23-33-000-2019-02614-01, solicitante: Jesús Alonso Arroyave Pérez concejales
acusados: concejales del municipio de Santa Rosa de Osos- Antioquia, MP: Oswaldo Giraldo López.

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94. Además de lo anterior, debe ponerse de relieve que, con la expedición del artículo
39 de la Ordenanza 017 de 19 de diciembre de 2016, el diputado accionado no
actuó como ordenador del gasto, en tanto que con su aprobación se limitó a otorgar
una autorización para que el contralor departamental modificara su planta de
personal, por lo que este último funcionario sería el encargado de materializar lo
ordenado mediante dicho acto administrativo58.

95. Por otro lado, si bien es cierto que con ocasión de la Resolución 093 de 14 de
marzo de 2017, se efectuaron los nombramientos de cinco (5) cargos de asesores
lo cual generó una erogación del gasto público, no es menos cierto que hasta el
momento en que la decisión judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander se produjo (27 de febrero de 2020), la citada resolución estuvo
revestida de la presunción de legalidad la cual solo se desvirtúa con el
pronunciamiento del juez competente.

96. De esta manera, hasta tanto no se produjo el fallo anulatorio, los salarios y
prestaciones sociales estuvieron respaldados por el presupuesto de gastos del
departamento para la vigencia fiscal 2017, tal y como consta con la certificación
financiera de 3 de enero de 2018 que reposa en el plenario y también sustentada
en el concepto técnico elaborado por el Grupo Ejecutor integrado por los señores
Luis Vidal Pitta Correa (Subcontralor), José Antonio Anaya Attalla (profesional
especializado) y Wilson Quintero Gelvez (jefe financiero)59, documento técnico en
el cual se conceptuó sobre la conveniencia financiera y la necesidad de crear
cargos en la planta de personal en la contraloría del departamento de Norte de
Santander, con el objeto de dar cumplimiento a las competencias y
responsabilidades fijadas por la Carta Política y en procura de la consecución de
las metas propuestas para el período 2016-2019, establecidas en el Plan
Estratégico.

97. Bajo tal escenario, no existe duda que, en el presente caso, no se configuró
ninguno de los eventos desarrollados por la jurisprudencia para entender
configurado el aspecto objetivo de la conducta endilgada al acusado, como quiera
que no cubrió objetos, actividades o propósitos no autorizados; no costeó objetos,
actividades o propósitos que sí estuvieran autorizados, pero que son diferentes a
aquellos para los cuales están previamente asignados; no sufragó objetos,
actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el

58 En este sentido, se puede consultar la sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Primera, sentencia de 24 de junio de 2021, radicado: 05001-23-33-000-2019-02614-01, solicitante: Jesús
Alonso Arroyave Pérez concejales acusados: concejales del municipio de Santa Rosa de Osos- Antioquia, MP:
Oswaldo Giraldo López.
59 007Pruerba Trasladada. 2021-00251. PDF. Páginas 4 a 38.

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reglamento; no pagó por materias innecesarias o injustificadas; no destinó los
dineros públicos con la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o
de terceros; y tampoco con la finalidad de derivar un beneficio, no necesariamente
económico, en su favor o en el de terceros.

98. Como quiera que no se probó el elemento objetivo, ello impide continuar con el
análisis del elemento subjetivo de la conducta, motivo por el cual la Sala confirmará
la sentencia de primera instancia.

99. Por último, y teniendo en cuenta que ante la Procuraduría General de la Nación
cursó una investigación en contra del diputado por estos mismos hechos, la cual se
tramitó con el radicado IUS-E-2018-504359 IUC-D-2019-1400791, la Sala se
abstendrá de remitir la compulsa de copias de esta providencia con destino al
Ministerio Público.

II.6. Conclusiones

100. En el presente caso, la Sala prohijando el criterio uniforme de esta jurisdicción
estima que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo y mucho menos la
excepción de inconstitucionalidad per se no es demostrativa de la configuración de
la causal de pérdida de investidura, pues al margen de las consideraciones
expuestas por el juez en el proceso ordinario deben analizarse otros aspectos
relacionados como el efectivo menoscabo al erario público o el eventual beneficio
del acusado o de un tercero, los cuales no quedaron probados en el sub examine.

101. Por todo lo expuesto, y como quiera que los hechos y comportamientos
alegados por el solicitante no encajan en ninguno de los eventos previstos por la
jurisprudencia de esta Corporación en relación con la indebida destinación de
dineros públicos, la Sala procederá a confirmar la sentencia de 11 de noviembre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la
cual se denegó la solicitud de pérdida de investidura del diputado de la asamblea
departamental de Norte de Santander, José Luis Duarte Gómez.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual se denegó la
solicitud de pérdida de investidura del diputado de la asamblea departamental de
Norte de Santander, José Luis Enrique Duarte Gómez

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

P(5)

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