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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2021-00250-01

Fecha
1 de abril de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2021-00250-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 54 Número único de radicación: 54001 23 33 000 2021 00250 01 Solicitante: DUVÁN ALFONSO CONTRERAS BONILLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 54001-23-33-000-2021-00250-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

1 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1o.) de abril de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 540012333000202100250011
Recurso de apelación contra la sentencia de 18 de noviembre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Solicitante: DUVÁN ALFONSO CONTRERAS BONILLA

TESIS: NO SE CONFIGURA LA INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS
PUBLICOS POR LA INAPLICACIÓN JUDICIAL DE LOS ARTÍCULOS 4º Y 5º DE LA
ORDENANZA 015 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 39 DE LA ORDENANZA 017
DE 19 DE DICIEMBRE DE 2016, EXPEDIDAS POR LA ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, NI POR LA NULIDAD DE LA
RESOLUCIÓN 093 DE 14 DE MARZO DE 2017, EXPEDIDA POR EL CONTRALOR
GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante

contra la sentencia de 18 de noviembre de 2021, proferida por el

Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual

denegó la pérdida de investidura del diputado de Norte de Santander,

señor WILMER YESID GUERRERO AVENDAÑO, por hechos

ocurridos dentro del período constitucional 2016-2019.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo

que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 54001 23 33 000 2021 00250 01
Solicitante: DUVÁN ALFONSO CONTRERAS BONILLA

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano DUVÁN ALFONSO CONTRERAS BONILLA,

actuando en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de

investidura del señor WILMER YESID GUERRERO AVENDAÑO,

diputado de Norte de Santander, por hechos ocurridos dentro del

período constitucional 2016-2019, al considerar que incurrió en la

causal prevista en el artículo 48, numeral 4, de la Ley 617 de 6 de

octubre de 20002, esto es por indebida destinación de dineros

públicos, luego de haber participado y votado la aprobación del

artículo 39 de la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016, mediante

el cual se facultó al contralor general del departamento de Norte de

Santander para hacer modificaciones a la planta de personal del

respectivo ente de control fiscal.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los

siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de

pérdida de investidura invocada:

2 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional […]”.

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Señaló que el accionado se inscribió como candidato a la Asamblea

por la circunscripción electoral de Norte de Santander para las

elecciones de 25 de octubre de 2015, período constitucional 2016-

2019, en las cuales resultó elegido en representación del Partido

Social de Unidad Nacional, Partido de la U, cargo en el que se

posesionó el 2 de enero de 2016.

Mencionó que el diputado participó y votó el proyecto que luego

pasaría a convertirse en la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de

2016, “[...] por el cual se adopta el presupuesto general de rentas y

recursos de capital y gastos del departamento Norte de Santander

para la vigencia del primero de enero al 31 de diciembre de 2017”,

como consta con las actas núms. 31 de 18 de octubre de 2016, 42

de 28 de noviembre de 2016 y 43 de 29 de noviembre de 2016. El

artículo 39, de tal ordenanza dispuso: “[…] Artículo 39. Autorizar al

Contralor General del Departamento previa las disposiciones legales

vigentes hacer modificaciones a la planta de personal de la

Contraloría General del Departamento […]”.

Anotó que la Secretaría General de la Asamblea Departamental de

Norte de Santander, mediante certificación de 29 de noviembre de

2016, hizo constar que la ordenanza referida supra se aprobó en tres

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debates; y que el 19 de diciembre de 2016 el gobernador de Norte

de Santander sancionó la totalidad del articulado de esa ordenanza.

Indicó que el contralor general del departamento de Norte de

Santander expidió la Resolución núm. 093 de 14 de marzo de 2017,

“[...] Por la cual se crean unos cargos de asesores de planeación en

la estructura organizacional de la Contraloría General del

Departamento Norte de Santander [...]”, con fundamento en el

artículo 39 de la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016, la que

en su parte resolutiva señaló:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Créase los siguientes cargos de
asesor de planeación en la planta de personal de la Contraloría
General del Departamento Norte de Santander, los cuales
estarán adscritos al Despacho del Contralor.

IDENTIFICACIÓN GENERAL
Nombre Código Naturaleza del Números de
del cargo Cargo cargos en la
entidad
Libre
Asesor de
105-11 nombramiento 5
Planeación
y Remoción

ARTÍCULO SEGUNDO: Las asignaciones salariales de acuerdo
a lo establecido en la Ordenanza número 023 del 23 de
diciembre de 2016, para el cargo en mención […]”.

Refirió que en vigencia de la Resolución núm. 093 de 14 de marzo de

2017, el contralor general del departamento de Norte de Santander

nombró siete funcionarios en el cargo de Asesor de Planeación,

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mediante las resoluciones núms. 107 de 29 de marzo de 2017, 111

de 3 de abril de 2017, 155 de 10 de mayo de 2017, 158 de 10 de

mayo de 2017, 221 de 12 de julio de 2017, 226 de 14 de julio de

2017 y 249 de 1o. de agosto de 2017.

Adujo que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

mediante sentencia de 27 de febrero de 2020, proferida en el proceso

identificado con el número único de radicación

540012333000201900116-00, inaplicó los artículos 4° y 5° de la

Ordenanza 15 de 7 de diciembre de 2016, así como el artículo 39 de

la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016, ambas expedidas por

la Asamblea Departamental de Norte de Santander, y declaró la

nulidad, con efectos retroactivos o ex tunc, de la Resolución núm.

093 de 14 de marzo de 2017, expedida por el contralor general del

departamento de Norte de Santander, quedando ejecutoriada el 7 de

julio de 2020.

Citó como vulnerados los artículos 300, numeral 9, de la Constitución

Política; 48, numeral 4, de la Ley 617; 39 de la Ordenanza 17 de 19

de diciembre de 2016; 6º y 22 de la Ley 1881 de 15 de enero de

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20163; y 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114, para afirmar

que el diputado incurrió en la conducta descrita en el artículo 48,

numeral 4, de la Ley 617, prevista como causal de pérdida de

investidura de los diputados, por indebida destinación de dineros

públicos, al haber participado y votado la aprobación del artículo 39

de la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016, mediante el cual se

facultó al contralor general del departamento para hacer

modificaciones a la planta de personal del respectivo ente de control

fiscal.

Anotó que no es necesaria la condición de nominador u ordenador

del gasto ni que la conducta sea constitutiva o esté tipificada como

hecho punible, porque basta con que el miembro de la corporación

pública de elección popular esté obligado a respetar y mantener la

tutela y cuidado sobre el patrimonio público.

Recalcó que la Asamblea Departamental de Norte de Santander no

tenía competencia para delegar en el contralor general del

departamento las facultades que le son inherentes, en particular, la

3 “[...] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones [...]”
4 “[...] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo [...]”.

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concerniente a realizar las modificaciones a la estructura de la planta

de personal del ente de control fiscal territorial, debido a que según

lo establecido en el artículo 300, numeral 9, de la Constitución

Política, es una atribución que solamente es delegable en el

gobernador del departamento.

Sostuvo que se configuró la causal de pérdida de investidura por

indebida destinación de dineros públicos, por cuanto el diputado, en

el ejercicio de sus competencias, traicionó, cambió y distorsionó los

fines y cometidos estatales, para destinar con su actuación dineros

públicos a fines no autorizados y diferentes de los previstos en la

Constitución y en la Ley.

Resaltó que la Resolución núm. 093 de 14 de marzo de 2017,

expedida por el contralor general del departamento de Norte de

Santander, en cumplimiento del artículo 39 de la Ordenanza 17 de

19 de diciembre de 2016, era nula por falta de competencia, en la

medida que era la Asamblea Departamental de Norte de Santander

y no aquel, la autoridad facultada para determinar la estructura de

la planta de personal, las funciones por dependencias y las escalas

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de remuneración correspondientes a las distintas categorías de

empleos de las contralorías departamentales5.

Manifestó que la institución de pérdida de investidura tiene un

carácter eminentemente ético y en el caso concreto se afectó el

patrimonio público, por cuanto en vigencia de la Resolución núm. 093

de 14 de marzo de 2017, el contralor general del departamento de

Norte de Santander nombró siete funcionarios para el cargo de

asesor de planeación y las erogaciones se realizaron, lo que equivale

a afirmar que se configuró esa indebida destinación.

Mencionó que los principios de buena fe y de confianza legítima no

resultaban aplicables al asunto objeto de examen, en la medida en

que no había conceptos, sentencias o pronunciamientos judiciales

tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado que

validaran las irregularidades cometidas en la aprobación de la

Ordenanza 017 de 19 de diciembre de 2016.

5 Al respecto, afirmó “[…] el acto acusado incurre en el vicio de falta de competencia, toda

vez que el Contralor Departamental no puede ser autorizado por la Asamblea Departamental
para determinar la planta de personal de la referida contraloría. En lo particular, de acuerdo
con la Constitución y la ley, a las Contralorías solo les asiste la potestad, a través del
Contralor Departamental de presentar el respectivo proyecto para la organización del órgano
de control fiscal. […]. Así las cosas, prospera el cargo de falta de competencia, lo que
conlleva a la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado, previa inaplicación,
por control por vía de excepción establecido en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011, de
los artículos mencionados de las Ordenanzas 015 del 7 de diciembre de 2016 y 017 del 19
de diciembre de 2016. […]”.

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Concluyó que el diputado conocía plenamente que su

comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico,

teniendo en cuenta que es una persona con amplia trayectoria en el

sector público, que se ha desempeñado como diputado en diversos

períodos, razón por la cual el grado de culpabilidad de su conducta

era el dolo.

I.3.- El diputado, a través de apoderado judicial, se opuso a la

prosperidad de la pretensión de desinvestidura, para lo cual arguyó

que el hecho de haberse aprobado por parte de la duma

departamental la norma que delegaba en el contralor departamental

la facultad para modificar la planta de personal, no implica per se

una indebida destinación de dineros públicos debido a que: (i) no se

cubrieron objetos, actividades o propósitos no autorizados, pues la

creación de cargos se realizó con recursos correspondientes a los

ingresos corrientes de libre destinación, con el fin de llenar el vacío

existente en materia de planeación, como lo indicó el estudio técnico

elaborado para tal efecto; (ii) no se costearon objetos, actividades o

propósitos que sí estuvieran autorizados, pero que son diferentes a

aquellos para los cuales están previamente asignados, «pues no se

utilizó rubro orientado a inversión y otro aspecto para pagar la

creación de estos cargos»; (iii) no se sufragaron objetos, actividades

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o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el

reglamento; (iv) no se pagaron por materias innecesarias o

injustificadas; (v) no se destinaron los dineros públicos con la

finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de

terceros; y, tampoco, (vi) la creación de dichos cargos se realizó con

la finalidad de derivar un beneficio, no necesariamente económico,

en su favor o en el de terceros.

Precisó que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, no

puede servir de fundamento para decretar la pérdida de investidura

dado que al margen del análisis de legalidad en el proceso ordinario

deben entrar a analizarse otros aspectos, tales como la efectiva

aplicación de los recursos, el real menoscabo del erario o el beneficio

económico del acusado o de un tercero.

Sostuvo que el autor de la iniciativa de la ordenanza incurrió en el

error, pues no advirtió sobre los problemas de constitucionalidad y

legalidad que presentaba la posibilidad de delegar en el contralor

departamental funciones propias de la duma departamental, yerro

que tampoco fue detectado por los diputados y el equipo jurídico

durante el trámite normativo, aspecto que bien podía generar una

investigación de tipo disciplinario, como en efecto ocurrió.

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Puntualizó que la Procuraduría Regional de Norte de Santander

adelantó una investigación disciplinaria en contra de los ciudadanos

Carlos Omar Angarita Navarro, Rafael Cáceres Núñez, José Luis

Enrique Duarte Gómez, Rafael Leonardo Cuellar Sus, Frank Worman

García Rolón, Wilmer Yesid Guerrero Avendaño, Pedro Joanes Leyva

Rizzo, Cesar Lindarte Escalante, Pedro Alberto Mora Jaramillo, Oscar

Hernando Ross Pérez, Luis Alfonso Mejía Núñez, Jhon Eddison Ortega

Jácome y Jorge Alberto Camilo Silva Mantilla, tramitada con el

radicado núm. Rad. IUS–E2018–504359 IUC–D-2019-1400791, por

estos mismos hechos, en el que profirió fallo absolutorio al no

constatarse el presupuesto de la ilicitud sustancial de la conducta de

los inculpados.

Aludió a que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en

reciente sentencia 23 de septiembre de 2021 (radicado: 54001-

2333-000-2021-00211-00), analizó la conducta del diputado de la

asamblea departamental de Norte de Santander, Rafael Cáceres

Núñez, por hechos idénticos a los ahora analizados, decisión judicial

en la cual se concluyó que no se había configurado la causal de

pérdida de investidura, desde el punto de vista objetivo, por lo cual

se remitió a las consideraciones esgrimidas en dicha oportunidad,

cuyos apartes más importantes transcribió. En esa medida, solicitó

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que se le diera el mismo tratamiento al constituirse en un precedente

horizontal.

Detalló que si bien es cierto que el acto administrativo que creó los

cargos fue excluido del ordenamiento jurídico, ello no implicó el

decaimiento o la pérdida de la fuerza ejecutoria de los

nombramientos efectuados, actos administrativos que conservan su

validez en aplicación del principio de intangibilidad de las situaciones

consolidadas conforme a derecho (artículo 58 C.P.) y de la seguridad

jurídica. En consecuencia, no se configuró el detrimento patrimonial

o la indebida destinación de recursos públicos.

Especificó que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en

su fallo de 27 de febrero de 2020 (radicación 54001-2333-000-2019-

00116-00), de manera enfática señaló que no se probó, ni siquiera a

manera de indicio, algún elemento que condujera a una posible

desviación de poder, es decir, que el operador administrativo haya

obrado con algún interés diferente al buen servicio.

Anotó, con relación a las condiciones personales del sujeto, que el

accionado no era abogado, aunado al debido cuidado al verificar los

conceptos de profesionales calificados e idóneos que suscribieron los

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estudios en que se basó el proyecto estudiado, que le dieron certeza

sobre la legalidad de la actuación desarrollada.

En efecto, indicó que junto con el proyecto de ordenanza se aportó

un estudio técnico, en cuya elaboración participaron los señores

LUIS VIDAL PITTA, Subcontralor General de Norte de Santander,

con especialización y maestría en derecho administrativo, WILSON

DE JESÚS QUINTERO GÉLVEZ, Director Financiero de la

Contraloría con postgrado en cuentas contables, y JOSÉ ANTONIO

ANAYA ATALLA, con veinticuatro años de experiencia en el órgano

de control fiscal, cuyas declaraciones fueron rendidas en la

investigación disciplinaria que se adelantó por parte de la

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, en

contra del entonces Contralor Departamental Silvano Serrano

Guerrero, que culminó con un fallo absolutorio. Dicho respaldo

técnico aseveró que “[…] tuvo un peso específico en la conciencia de

los diputados que participaron en el trámite de esta iniciativa [...]”.

Por último, aseguró que, de llegar a demostrarse que la conducta es

antijurídica, la misma es excusable “[…] si se tienen en cuenta las

indagaciones realizadas con el objeto de verificar la regularidad de la

situación; y, por último, las situaciones externas mencionadas, entre

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ellas la verificación de ausencia de dolo o culpa grave tanto del

contralor, conforme la sentencia de la Procuraduría Delegada, como

de los diputados, conforme la sentencia de la Procuraduría Regional

y conforme igualmente con la decisión de este mismo Tribunal que

no encontró afectación de ilicitud sustancial en el actuar de quien

expidió la Resolución 093/2016 [...]”.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 18 de noviembre de 2021, denegó

la solicitud de pérdida de investidura del diputado de Norte de

Santander, señor WILMER YESID GUERRERO AVENDAÑO, para

lo cual acogió el criterio expuesto en el expediente con número único

de radicación 54001-2333-000-2021-00211-00, que versa sobre un

caso con presupuestos fácticos y jurídicos iguales al del caso

concreto, en el que se evidenció que no están acreditados los

presupuestos para la configuración de la causal de indebida

destinación de dineros públicos pues no toda irregularidad derivada

de la orden que implique gasto la constituye y ante la inexistencia

dentro del expediente de la prueba del aprovechamiento indebido o

la falta de necesidad de la creación de tales cargos6.

6 Fallo en el cual se concluyó: “[…] Para esta Sala es claro que el análisis allí realizado, si

bien corresponde al juicio de legalidad al que fueran sometidos los actos administrativos
que concedieron al Contralor del Departamento facultades que no le eran atribuibles, y
mediante el cual se crearon unos cargos en la planta de personal, del que luego se ordenara

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Encontró demostrada la condición de sujeto pasivo del acusado,

teniendo en cuenta que el señor WILMER YESID GUERRERO

AVENDAÑO fue elegido diputado de la asamblea departamental de

Norte de Santander para el período constitucional 2016-2019 y tomó

posesión de su cargo. No obstante, no encontró probado el requisito

su extinción del mundo jurídico, no es menos cierto que la conducta del implicado, obedeció
a un interés diferente de la destinación indebida de dineros públicos, esto en la medida que
existió un aprovechamiento diferente a la prestación del servicio, medidas que
efectivamente demandaba la entidad, conforme se precisó en la antes citada decisión. Y es
que, aunque aquello corresponde a la esfera del análisis subjetivo, que resultara de contera
superando la parte objetiva del examen, debe precisarse que como se evidencia en las
pruebas obrantes al expediente, la gestión de la creación de los cargos, más allá del errado
procedimiento para aquello, estuvo precedida de una serie de estudios técnicos que
evidenciaban la necesidad del servicio.
(...)
Concretamente y lo que tiene que ver con la indebida destinación de dineros públicos, se
tiene que el H. Consejo de Estado ha sido claro en exigir una clara afectación del patrimonio
público como premisa ineludible para la adecuación típica de la causal, esto es, que la
destinación se concrete efectivamente en el objeto o propósito prohibido. De lo anterior
puede concluirse que dentro del expediente no existe prueba del aprovechamiento indebido,
o la falta de necesidad de la creación de aquellos cargos.

En ese mismo sentido el Consejo de Estado ha considerado que materia de pérdida
investidura las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la
Constitución Política o en la ley con el ánimo de evitar cualquier tipo de arbitrariedad en la
aplicación de los supuestos fácticos y normativos que deba realizar el juez quien deberá
estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la literalidad de la prohibición o
circunstancia, causante de la pérdida de investidura. Esto es, se debe verificar la
materialización objetiva de la conducta típica reprochable.

De conformidad con lo anterior y en integración del contenido normativo relacionado con el
numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, puede afirmarse la ausencia de los
requisitos probatorios para la configuración de la causal de destinación indebida de dineros
públicos, pues de conformidad con la jurisprudencia del H. Consejo de Estado citada
previamente, no toda irregularidad que pueda predicarse de la orden que implique gasto,
configura esta causal de pérdida de investidura.

Huelga concluir del escenario expuesto, que la ausencia de la configuración del elemento
objetivo requerido para la configuración de la declaratoria de pérdida de investidura, impide
examinar el asunto en lo relacionado con la conducta del demandado, es decir el elemento
subjetivo, por ello y ante la ausencia de configuración de la causal de destinación indebida
de dineros públicos en los términos del numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 por
parte del demandado y por economía procesal esta Sala se abstendrá de realizar un análisis
adicional.

De manera que al encontrar esta Sala que no se configura por parte del demandado la
causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de
2000, deberá negar las pretensiones de la demanda [...]”.

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concerniente a que se trate de una conducta prohibida, esto es que

se hayan destinado los dineros públicos a finalidades y cometidos

estatales prohibidos o distintos a los previamente establecidos en la

Constitución y en la ley, por cuanto no toda irregularidad que pueda

predicarse de la orden que implique gasto, configura esta causal,

aclarando que en el expediente no existía prueba del

aprovechamiento indebido, o de la falta de necesidad en la creación

de los cargos en la Resolución núm. 093 de 14 de marzo de 2017,

como presupuesto para que se configure la causal de pérdida de

investidura establecida en el artículo 48, numeral 4, de la Ley 617.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El solicitante, mediante escrito recibido el 26 de noviembre de 2021,

interpone recurso de apelación en el que reitera los fundamentos de

hecho y de derecho de la solicitud para pedir la revocatoria de esa

providencia y, en su lugar, se decrete la pérdida de investidura del

diputado.

Reitera que el diputado incurrió en la causal prevista en el artículo

48, numeral 4, de la Ley 617, luego de haber participado en el trámite

y votación del proyecto que a la postre pasaría a convertirse en la

Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016, en cuyo artículo 39 se

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autorizó al contralor general del departamento para hacer las

modificaciones a la planta de personal del ente de control fiscal

departamental y con ocasión de la expedición de la Resolución núm.

093 de 14 de marzo de 2017, suscrita por el contralor departamental,

mediante la cual se crearon cinco (5) cargos de asesor de planeación

en la planta de personal del ente de control fiscal del orden territorial.

Insiste en que resulta abiertamente inconstitucional que la asamblea

departamental de Norte de Santander haya delegado en el contralor

general departamental funciones que le son inherentes, a efectos de

determinar la estructura del ente de control fiscal respectivo, pues

tales facultades solo son delegables en el gobernador. De ahí que el

artículo 39 de la Ordenanza 017 de 19 de diciembre de 2016, resulta

contrario a la Carta Política y lo que se genere como consecuencia de

esta autorización y ocurra gasto público es una indebida destinación

de dineros públicos.

Anota que no resulta cierto que la Ordenanza 17 de 19 de noviembre

de 2016, haya contado con un estudio técnico, por cuanto el

documento que reposa en el expediente elaborado por los señores

LUIS VIDAL PITTA (subcontralor), JOSÉ ANTONIO ANAYA

ATALLA (profesional especializado) y WILSON QUINTERO

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GELVES (jefe financiero) fue suscrito en enero de 2017, mientras

que la Ordenanza 17 fue aprobada el día 19 de diciembre de 2016.

Luego, en su opinión, el Tribunal no efectuó una debida valoración

objetiva de las pruebas que obran en el proceso, al dar por

demostrados ciertos hechos que resultan insuficientemente probados

por la divergencia de fechas aplicables.

Aduce que con esta demostración probatoria y jurisprudencial, se

prueba que el acto violatorio de la Constitución, -articulo 300

numeral 9-, es palmario, hecho por la Asamblea Departamental al

aprobar el artículo 39 de la Ordenanza 017 de 19 de diciembre de

2016 es ilícito, ilegal e indebido, que conlleva producir una resolución

de creación de cargos declarada nula con efectos retroactivos que,

sin lugar a dudas, dio lugar a que con las resoluciones de

nombramiento de los cinco (5) asesores de planeación se configurara

la indebida destinación de dineros públicos como se prueba con la

Certificación por parte del Director Financiero de la Contraloría

General del Departamento Norte de Santander, de fecha 20 de mayo

del 2021, en la que hace constar el valor de $363.113.000 pagados

por los cinco cargos de asesores de planeación creados por la

Resolución 093 de 14 de marzo de 2017, declarada nula con efectos

retroactivos o ex tunc. Es decir, que nunca existieron y

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desaparecieron del mundo jurídico por una decisión del Tribunal

Contencioso Administrativo del Norte de Santander.

Precisa que la indebida destinación de dineros públicos como causal

de pérdida de investidura puede configurarse de múltiples maneras,

pues basta que el congresista, -diputado en este caso-, por un

comportamiento éticamente reprochable, cause detrimento del

erario. Que, en este orden de ideas, es claro que las irregularidades

cometidas en la autorización para la contratación o ejecución de las

actividades presupuestales, que se concretan en el artículo 39 de la

Ordenanza 017 de 19 de diciembre de 2016, expedida por la

Asamblea Departamental de Norte de Santander, dan lugar a la

indebida destinación de dineros públicos, por esas actividades de

autorización de dineros para ejecución, son, fundamentalmente, la

principal forma de dar destino a los dineros públicos como está

plenamente demostrado con la creación de los cinco cargos de

asesores de planeación por medio de la resolución 093 de 14 de

marzo de 2017, ordenanza en la que participó y votó el diputado.

Recalca que la falta de competencia es el vicio más grave de todas

las causales de nulidad en que puede incurrir un acto administrativo

por el carácter de orden público que revisten las reglas de

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competencia, siendo posible incluso su examen, de manera oficiosa.

También hace mención a la importancia que comporta el principio de

legalidad y a la connotación que tiene la excepción de

inconstitucionalidad en nuestro sistema jurídico.

En definitiva, el recurrente solicitó a esta Corporación que se haga

un análisis de las pruebas que reposan en el expediente, para efectos

de determinar si se encuentra demostrado el elemento objetivo y el

subjetivo de la causal de pérdida de investidura por indebida

destinación de dineros públicos prevista en el artículo 48, numeral 4,

de la Ley 617.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,

numeral 3, de la Ley 1881, fue descorrido así:

IV.1. El diputado, a través de apoderado, reitera sus argumentos de

defensa para solicitar que sea denegado el recurso de apelación

interpuesto por el accionante, para lo cual manifiesta que no

desconoce la irregularidad que comportó el acto de delegación por

cuanto así está determinado en la sentencia que el Tribunal de

instancia profirió, declarando una excepción de inconstitucionalidad

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y la nulidad del acto administrativo de creación de cargos, pero

dejando plenamente establecido la inexistencia en la confección o

elaboración del acto administrativo de creación de cargos, que es con

el que se pretende mostrar en la demanda una indebida destinación

de dineros públicos.

Insiste en que se descarta de plano la existencia de dolo o culpa

grave en el actuar del entonces contralor al hacer uso de las

facultades a él otorgadas, (que resultaron irregulares), pero que deja

claro el Tribunal que no se probó, ni siquiera a manera de indicio,

algún elemento que condujera a una posible desviación de poder, es

decir, a que el operador administrativo obró con algún interés

diferente al referido buen servicio y, por lo tanto, si la actuación

estuvo orientada al buen servicio y a la necesidad de cubrir unas

necesidades en unos perfiles profesionales al interior de la

Contraloría, no podría hablarse en modo alguno de indebida

destinación de dineros públicos.

Señala que en este caso la apelación itera los elementos ya juzgados

en sede de instancia sin aportar alguno que desvirtúe las serias

apreciaciones del fallo que encontró, no solo la inexistencia de la

configuración del elemento objetivo, sino también del elemento

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subjetivo del diputado respecto de la conducta juzgada, siendo

ineludible la confirmación del fallo de instancia, pues no se probó que

el voto del accionado haya generado un aprovechamiento indebido,

suyo o en favor de terceros, conforme a la jurisprudencia en que se

fundó dicha providencia, reiterando que de haberse encontrado

probado el elemento objetivo y abordarse el estudio del elemento

subjetivo, no está demostrado ni el dolo ni la culpa grave en su actuar

luego de votar la aprobación de la ordenanza de facultades, que no

implicó desviación de recurso alguno.

IV.2. El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta

instancia.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si el diputado de Norte de

Santander, señor WILMER YESID GUERRERO AVENDAÑO,

incurrió en la comisión de la causal de pérdida de investidura de

indebida destinación de dineros públicos, prevista en el artículo 48,

numeral 4, de la Ley 617, al haber participado en el trámite y

aprobación del proyecto normativo que pasaría a convertirse en la

Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016, en cuyo artículo 39 se

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delegó en el contralor general del departamento de Norte de

Santander para hacer las modificaciones a la planta de personal de

ese ente de control fiscal, facultad que se materializó con la

expedición de la Resolución núm. 093 de 14 de marzo de 2017,

mediante la cual se crearon cinco (5) cargos de asesor de planeación

en dicha planta de personal.

V.2.- De la indebida destinación de dineros públicos como

causal de pérdida de investidura7

Con relación a la controversia sometida al estudio de la Sala, se

advierte que la causal de pérdida de investidura que se invoca en la

presente solicitud es la prevista en los artículos 55, numeral 3, de la

Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, cuyo tenor es el siguiente:

“[…] Ley 136

Artículo 55. Pérdida de la investidura de Concejal. Los
concejales perderán su investidura por: (…)

3. Por indebida destinación de dineros públicos […]”
(Negrillas y subrayas por fuera de texto).

“[…] Ley 617

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 3 de febrero de 2022, número único de
radicación 50001233300020200092401; 10 de diciembre de 2021, número único de
radicación 50001233300020200008001; 29 de marzo de 2019, número único de radicación
66001233300020180024601; y de 23 de julio de 2021, número único de radicación
50001233300020200002101.

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Artículo 48. Pérdida de investidura de Diputados,
Concejales Municipales y Distritales y de Miembros de
Juntas Administradoras Locales. Los diputados y concejales
municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:
(…)
4. Por indebida destinación de dineros públicos […]”
(Negrillas y subrayas por fuera de texto).

Como los elementos que estructuran esta causal no se encuentran

desarrollados en la Constitución ni en las normas legales que las

ordenan, resulta pertinente acudir al sentido y alcance con los que

esta Corporación la ha tratado de forma reiterada. En sentencia de 3

de octubre de 2000, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

con relación a los congresistas, pertinente también para los restantes

miembros de corporaciones públicas de elección popular, como los

diputados, precisó:

“[...] La causal de indebida destinación de dineros públicos se
configura cuando el congresista destina los dineros públicos
a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:

a. Cuando destina los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados;
b. Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos
autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se
encuentran asignados;
c. Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos por la Constitución,
la ley o el reglamento.
d. Cuando esa aplicación se da para materias
innecesarias o injustificadas.
f. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros.

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g. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o en
el de terceros […]”8 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De igual forma, ha explicado que:

“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de
pérdida de investidura, tampoco describe la conducta. No
obstante, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado ha delimitado los presupuestos para que se configure.
En este sentido, como su denominación lo indica, se realiza
cuando un congresista destina los dineros públicos a
unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos. Bien puede utilizarlos o dirigirlos a
actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos
que estando autorizados no correspondan a la finalidad
asignada; o a cometidos prohibidos, entre otros.

En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de
2012, señaló que, aunque la causal no está definida en el
ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de
los dineros públicos no corresponde a los fines estatales
preestablecidos por la Constitución, la ley o el reglamento:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros
públicos no está definida en la Constitución ni en las
normas legales que rigen el ejercicio de la acción de
pérdida de investidura. Es, entonces, pertinente
consignar el sentido y alcance con que esta Corporación
le ha definido. La causal de indebida destinación de
dineros públicos se configura cuando el concejal
destina los dineros públicos a unas finalidades y
cometidos estatales distintos a los establecidos en
la Constitución, en la ley o en los reglamentos […]”9
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Respecto a los elementos constitutivos de este tipo
disciplinario, la Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo de

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de octubre

de 2000, Expedientes AC-10529 y AC-10968, consejero ponente Darío Quiñones Pinilla.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

7 de junio de 2012, número único de radicación 73001233100020100035201, consejera
ponente María Claudia Rojas Lasso.

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200310 también señaló: “[…] Por consiguiente, el elemento
tipificador de la causal de pérdida de investidura en
referencia, está en el hecho de que el congresista, en su
condición de servidor público, que lo es (art. 123 de la
Constitución), con su conducta funcional, al ejercer las
competencias de las que ha sido revestido, traiciona,
cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales
preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas, etc. ‘En
los eventos como los antes indicados, la conducta del
congresista bien puede ser delictiva o no, ajustada o no a un
procedimiento legal de ordenación del gasto o de contratación,
pero, su finalidad es otra muy distinta a la señalada en la
Constitución, la ley o los reglamentos’ […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

De allí que, para que la causal se configure es necesario que el
Congresista, en su condición de servidor público, distorsione o
cambie el cometido estatal consagrado en la Constitución, la
Ley o el Reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o que estando
autorizados sean diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o haya destinado o utilizado los recursos
a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas; o perseguido la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros; o hubiere
pretendido derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas.

En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal
ostente la condición de nominador u ordenador del gasto, basta
con que deba respetar, defender y cuidar el patrimonio público,
toda vez que es imperativo cuidar los bienes del Estado para
evitar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha
señalado que la causal comporta dos elementos: i) la
conducta y ii) el fin. La Sentencia del 1 de noviembre de

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia

de 6 de marzo de 2003, número único de radicación 2000123310002002100701, consejera
ponente Olga Inés Navarrete Barrero.

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200511 señaló: “[…] Para la configuración de la causal de
indebida destinación de dineros públicos prevista en el
num. 4º del artículo 183 de la Constitución Política
(reproducida en el numeral 4º del artículo 298 de la Ley
5ª de 1992) se destacan o requieren dos elementos
como son la conducta y el fin […]”

En el primero –como se exige para las demás causales por las
que se puede demandar la pérdida de investidura- es
necesario, que el sujeto activo que la agota ostente la calidad
de Congresista y precisamente que en esa condición ejerza
competencias para las que fue investido.

El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta,
es decir que al ejercer las competencias propias de su
investidura: i) cambie o distorsione los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento al destinar los recursos públicos a materias,
actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos que
autorizados son diferentes a los que se encuentran
asignados; ii) aplique tales dineros a objetos prohibidos,
no necesarios o injustificados; iii) obtenga un
incremento patrimonial para sí o a favor de terceros, o
iv) pretenda derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o en el de terceras personas, etc.
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

A su turno, esta Sección, siguiendo los planteamientos de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha

expresado, frente a la configuración de la causal de pérdida de

investidura por indebida destinación de dineros públicos que:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no
se encuentra definida en la Constitución ni en las normas
legales que regulan el ejercicio de la acción de pérdida de
investidura. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación
se ha referido en distintas oportunidades al sentido y alcance
que esta causal tiene.

11Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de
noviembre de 2005, número único de radicación 11001031500020040167300, consejero
ponente Tarsicio Cáceres Toro.

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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación, en sentencia 30 de mayo de 2000 (Expediente
núm. AC-9877, Consejero ponente doctor Germán Rodríguez
Villamizar), se pronunció sobre los alcances del concepto de
indebida destinación de dineros públicos, señalando que el
elemento tipificador de esta causal de pérdida de investidura
“[…] está en el hecho de que el Congresista, en su
condición de servidor público, con su conducta funcional
al ejercer las competencias de las que ha sido revestido,
traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos
estatales, preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas […]”.

Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la
misma Sala Plena de lo Contencioso Administrativo12 y también
por la Sección Primera del Consejo de Estado, entre otras, en
sentencias de 1º de julio de 2004 (Expediente núm. 2003-
00194, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), 9 de noviembre de 2006 (Expediente núm. 2005-
01133, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade),
16 de julio de 2009 (Expediente núm. 2008-00700, Consejera
ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón) 14 de diciembre de
2009 (Expediente núm. 2009-00012 (Expediente núm. 2009-
00012, Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta), 3 de noviembre de 2011 (Expediente núm. 2011-
00009, Consejera ponente María Elizabeth García González) y
1º de agosto de 2013 (Expediente núm. 2012-00151,
Consejera ponente María Elizabeth García González) […]”13
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

12 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001

(Expediente núm. AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias

de 4 de septiembre de 2014, número único de radicación 63001233300020130014801 (PI),
consejero ponente Guillermo Vargas Ayala; de 6 de septiembre de 2018, número único de
radicación 70001233300020180001901(PI), consejera ponente María Elizabeth García
González; de 28 de julio de 2016, número único de radicación
15001233300020150073901(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Con fundamento en el marco normativo y en el desarrollo

jurisprudencial citado anteriormente, se tiene que los dineros

públicos son “[…] todos aquellos que provienen de una actividad

económica del Estado y se integran al ciclo presupuestal con el

propósito de ser redistribuidos para la satisfacción de las

necesidades que demanda el interés general […]” 14, por lo que, en

el mismo sentido, los eventos en que se puede configurar su indebida

destinación15 son aquellos en los que un miembro de la corporación

pública territorial de elección popular los asigna para:

i) Cubrir objetos, actividades o propósitos no autorizados.

ii) Costear objetos, actividades o propósitos que sí están

autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los cuales

están previamente asignados.

iii) Sufragar objetos, actividades o propósitos expresamente

prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de marzo

de 2017, número único de radicación 11001031500020150011100, consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

15 de marzo de 2018, número único de radicación 13001233300020160110701(PI),
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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iv) Pagar por materias innecesarias o injustificadas.

v) Cuando la destinación de los dineros públicos tiene la

finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de

terceros.

vi) Y, cuando la destinación de los dineros públicos tiene la

finalidad de derivar un beneficio, no necesariamente

económico, en su favor o en el de terceros.

Para tales efectos, no es indispensable que el miembro de la

corporación pública territorial de elección popular sea ordenador del

gasto, pues lo importante es que adelante actuaciones certeras o

utilice instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los

dineros públicos16.

V.3.- Del caso concreto

El señor WILMER YESID GUERRERO AVENDAÑO, fue elegido

diputado de Norte de Santander, en representación del Partido de la

U, para el período constitucional 2016-2019, según consta en el

Formulario E-26 ASA de 5 de noviembre de 2015.

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de abril

de 2018, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-01062-00, consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter.

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De conformidad con las pruebas aportadas al proceso, la Sala

encuentra que mediante la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de

2016, la Asamblea Departamental de Norte de Santander adoptó el

presupuesto general de rentas y recursos de capital y gastos del

departamento de Norte de Santander para la vigencia del primero de

enero al 31 de diciembre de 2017. El artículo 39, en lo que aquí

interesa, otorgó autorización al contralor general del departamento

para efectuar las modificaciones a su planta de personal, en el

siguiente sentido:

“[…] ARTÍCULO 39. Autorizar al Contralor General del
Departamento previa las disposiciones legales vigentes hacer
modificaciones a la planta de personal de la Contraloría General
del Departamento”.

Según la certificación expedida por la secretaria de la Asamblea

Departamental de Norte de Santander de 29 de noviembre de 2016,

la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016 fue aprobada en sus

tres debates reglamentarios. Igualmente, de conformidad con las

Actas 31 de la sesión ordinaria de 18 de octubre de 2016, 42 de la

sesión de 28 de noviembre de 2016 y 43 de la sesión de 29 de

noviembre de 2016, el señor WILMER YESID GUERRERO

AVENDAÑO fue uno de los diputados que asistió a las reuniones

celebradas en esas fechas y votó el proyecto normativo que luego

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pasaría a convertirse en la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de

2016.

El 29 de septiembre de 2016, el Grupo Ejecutor de la Contraloría

General del Departamento Norte de Santander, conformado por los

señores LUIS VIDAL PITTA CORREA, CARLOS EDUARDO

NAVARRO PICÓN, JOSÉ ANTONIO ANAYA ATTALLA, JUAN

CARLOS ARENAS LIZARAZO y GERSON HUGO SUÁREZ

ORDÓÑEZ, elaboró el ‘Estudio técnico para la modificación de la

estructura orgánica de la Contraloría General del Departamento

Norte de Santander’, en el que se concluyó que:

“[...] de acuerdo a los argumentos expuestos, es pertinente
modificar la estructura organizacional de la Contraloría General
de Norte de Santander, ya que de esta forma se podrá
optimizar y dar cumplimiento a nuestras funciones
constitucionales y legales, es válido indicar que no se afectará
la planta de personal que fue ofertada en el concurso de
méritos del mes de octubre de 2013, Acuerdo núm. 453, en
razón a que los cambios organizacionales que se realizan, solo
afectan a los cargos de libre nombramiento y remoción, esto
sin que empleado alguno sea removido del cargo [...]”.

En el mes enero de 2017, el Grupo Ejecutor integrado por los señores

LUIS VIDAL PITTA CORREA (subcontralor), JOSÉ ANTONIO

ANAYA ATTALLA (profesional especializado) y WILSON

QUINTERO GELVEZ (jefe financiero), elaboró el ‘Estudio técnico

para la creación de cinco cargos de asesores en la Contraloría General

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del Departamento de Norte de Santander’, documento en el cual se

determinó lo siguiente:

“[…] La Contraloría Departamental de norte de Santander, está
enfocada en buscar alternativas de gerencia que permitan
recuperar la credibilidad, ofreciendo seguridad a sus clientes y
convirtiéndose en una organización competitiva, que se
distinga por el conocimiento de su quehacer, el aprendizaje
permanente, la actitud para el cambio y el enfoque sistémico
que le permitan la Unión de esfuerzos para el logro de sus
resultados en términos de calidad. Por ello, ha decidido realizar
el presente estudio técnico el cual tiene como objeto fortalecer
su desarrollo en cumplimiento de las acciones Constitucionales
con la creación de unos cargos de asesores para las áreas de:
Salud, Políticas Públicas y de Gobierno, Comunicaciones,
Servicios Públicos y Apoyo a la Gestión Jurídica de la
Contraloría General del Departamento Norte de Santander,
entre otras, teniendo en cuenta su capacidad económica y
organizacional con el objeto de dar cumplimiento a las
competencias y responsabilidades fijadas por la Carta Política y
las demás normas en aras de dar cumplimiento a la labor
misional de la entidad, partiendo de un análisis normativo
relacionado con las funciones de la entidad, el plan de gestión
del Contralor y los objetivos propuestos para vigencia, (sic) con
el fin de determinar las necesidades de la actual administración
para conseguir las metas propuestas para el período 2016-
2019, establecidas en el Plan Estratégico.

Así mismo se ha establecido que con el apoyo del presente
estudio de creación de cinco cargos de asesores, como
derivación del mismo, se medirían los logros de los nominares
en el cumplimiento de su gestión institucional con el propósito
de exaltar su desempeño frente a cada uno de los entes a su
cargo.

Finalmente como resultado de viabilidad del presente estudio
se presenta un análisis de conveniencia tanto financiera como
de la necesidad de los cargos dentro de la entidad, desde luego,
sin afectar en ningún caso la actual planta de personal,
mostrando con ello que la Contraloría General del
departamento norte de Santander busca la eficiencia, la
eficacia y la efectividad del Estado a través de la modernización
y el mejoramiento continuo de la administración pública, la
descentralización y la participación ciudadana, basado en el
marco constitucional de la función administrativa, al promover
los cambios institucionales que fueren necesarios para el

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cumplimiento de los objetos de (sic) establecidos por este Ente
de Control Fiscal del orden territorial
(...)

4. JUSTIFICACIÓN

Que analizada la actual planta de personal y teniendo en cuenta
los diferentes sectores económicos de los entes sujetos de
control, se evidenció que en la entidad existen deficiencias de
personal especializado en las áreas de salud, las políticas
públicas y de gobierno, las comunicaciones, los servicios
públicos, el apoyo a la gestión jurídica, entre otros.

El desarrollo de este enfoque se soporta principalmente en el
componente: alto nivel de especialización de los asuntos a
auditar por parte del nivel directivo y profesional basados en el
respeto y cumplimiento de la normatividad que rige el control
fiscal en el país, enfocado principalmente en los resultados de
la gestión fiscal de los entes sujetos de control.

Con la Constitución de 1991, cambiaron las funciones y
alcances del control fiscal, el cual pasó a ser definido como una
función pública ejercida por organismos autónomos llamados
Contralorías, a los cuales se les dio herramientas para el
ejercicio de la fiscalización del patrimonio público; las
Contralorías Territoriales tienen a su cargo la identificación
como clientes suyos a los ciudadanos del ente territorial, y para
ello deben estructurar un sistema de información para la
actualización de los datos, que les permita registrar y mantener
actualizada la información básica de cada uno de sus clientes.
La Comunidad es la razón de ser de las Contralorías, por ello
debe estar debidamente caracterizada y para detectar
necesidades insatisfechas de éstos clientes deben utilizar
herramientas, aplicar procedimientos para conocer
necesidades específicas de cada cliente atendido, generar
espacios de comunicación, atender peticiones, quejas y
reclamos formulados por la comunidad y promover espacios
para que en las auditorías haya participación ciudadana.

Estas son razones suficientes para que desde el punto de vista
jurídico y técnico la Contraloría General del Departamento
Norte de Santander.

Que, las empresas públicas del sector salud (Empresas Sociales
del estado e institutos de salud) representan el 36% de los
sujetos de control, y adicionando a este grupo las Empresas de
Servicios Públicos las cuales representan el 24% de los sujetos

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de control, nos genera índice total general en estos dos grupos
del setenta por ciento (60%).

Teniendo en cuenta lo anterior y el ordenamiento jurídico
vigente, se propone crear cinco (5) cargos de asesores en las
áreas mencionadas con el fin de contribuir al desarrollo del plan
de gestión de la administración y objetivos institucionales,
contribuyendo de esta manera al ejercicio auditor y a la
evaluación de los planes, los programas y los proyectos de
inversión, sin que esto signifique desatender la auditoría a los
sujetos de control, establecidas constitucional y legalmente,
enfatizando el ejercicio auditor en el logro de los resultados de
la gestión fiscal y no en los procedimientos administrativos
desarrollados por los sujetos de control, lo cual garantiza un
control fiscal integral, que a partir del concepto de planeación
estratégica, fortalece el concepto de matrices de riesgos por
proyectos, procesos o áreas críticas, focalizando el ejercicio de
la vigilancia y control a la gestión fiscal.

Igualmente se pretende con el aporte y la experiencia
profesional de este grupo de asesores, evaluar los diferentes
planes de desarrollo, planes de gestión, planes estratégicos,
liderados por cada uno de los representantes legales de los
diferentes entes públicos de los sujetos de control fiscal de esta
(sic) Departamental, con el propósito de determinar no sólo el
cumplimiento de los mismos sino la efectividad,
direccionamiento, transparencia, oportunidad y beneficios,
entre otros, que los mismos aportaron a la comunidad en el
ámbito de su ejecución para efectos de exaltar
institucionalmente su desempeño.
(...)

8. ESTUDIO FINANCIERO PARA LA VIGENCIA 2017

Así como se enunció en el capítulo 4° Justificación, del presente
estudio, se expone el costo de la creación de cinco (5) cargos
de Asesores dentro de la planta de personal de la Contraloría
General del Departamento Norte de Santander, con el propósito
de desempeñar funciones de apoyo en áreas como la salud, las
políticas públicas y de gobierno, las comunicaciones, los
servicios públicos, el apoyo la gestión jurídica, entre otros.
Igualmente se manifiesta en el siguiente cuadro relacionado
con el costo de la creación de los asesores en mención, contiene
no sólo las asignaciones civiles de los mismos, sino igualmente
el costo de las correspondientes prestaciones sociales y las
transferencias que por ley generan dichos pagos laborales,
teniendo en cuenta que dicho profesional devengaría una
asignación salarial mensual de $4.422.874.

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Como anexo integral al presente informe técnico se allega la
correspondiente certificación expedida por el Director
Financiero de la Contraloría General del Departamento Norte
de Santander, donde manifiesta: “Que se han apropiado en el
Presupuesto de Gastos de la Vigencia 2017, la suma de
cuatrocientos tres millones setecientos sesenta y un mil
doscientos cuarenta y siete pesos M/C ($403.761.247), en las
cuantías y rubros presupuestales que se relacionan a
continuación, para la creación de cinco (05) cargos de Asesor”
[…]”.

El 3 de enero de 2017, el director financiero de la Contraloría

Departamental de Norte de Santander expidió certificación financiera

en la cual señala “[…] Que se han apropiado en el Presupuesto de

Gastos de la Vigencia 2017, la suma de cuatrocientos tres millones

setecientos sesenta y un mil doscientos cuarenta y siete pesos M/C

($403.761.247), en las cuantías y los rubros presupuestales que se

relacionan a continuación, para la creación de cinco (05) cargos de

Asesor […]”.

El Contralor del departamento de Norte de Santander, en

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ordenanza 17 de

19 de diciembre de 2016, antes transcrito, expidió la Resolución 093

de 14 de marzo de 2017 “[...] Por la cual se crean unos cargos de

asesores de planeación en la estructura organizacional de la

Contraloría General del Departamento Norte de Santander [...]”,

invocando lo dispuesto en los artículos 268 y 272 de la Constitución

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Política, la Ley 42 de 1993 y el artículo 9º de la Ley 330 de 11 de

diciembre de 1996. De la parte considerativa se observa lo siguiente:

“[…] Que, mediante la Ordenanza número 015 adiada el 7 de
diciembre de 2016, la Honorable Asamblea del Departamento
Norte de Santander modificó el artículo 7 de la Ordenanza 022
del 27 de diciembre de 2000, en cuanto a la estructura orgánica
por Dependencias.

Que, en cumplimiento al artículo 39 de la Ordenanza número
017 del 19 de diciembre de 2016 se establece “autorizar al
Contralor General del Departamento previa las disposiciones
legales vigentes hacer modificaciones a la planta de personal
de la Contraloría General del Departamento”.

Que, mediante estudio técnico de enero de 2017 se
estableció la necesidad de crear e incorporar cinco (5)
asesores de planeación, para apoyar las labores
misionales de esta Departamental (sic), en áreas
específicas establecidas a través de dicho documento.

Que, el Jefe Financiero de esta Departamental (sic)
mediante certificación adiada el 3 de enero de 2017,
manifiesta la existencia de recursos para el pago de los
asesores de planeación, objeto del presente acto
administrativo. La presente certificación hace parte
integral del estudio técnico [...]” (Negrillas y subrayas fuera
de texto).

La Resolución 093 de 14 de marzo de 2017, en su parte resolutiva

ordenó:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Créase los siguientes cargos de
asesor de planeación en la planta de personal de la Contraloría
General del Departamento Norte de Santander, los cuales
estarán adscritos al Despacho del Contralor.

IDENTIFICACIÓN GENERAL
Nombre del Código Naturaleza del Cargo Números
cargo de cargos

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en la
entidad
Asesor de 105-11 Libre nombramiento 5
Planeación y Remoción

ARTÍCULO SEGUNDO: Las asignaciones salariales de acuerdo
a lo establecido en la Ordenanza número 023 del 23 de diciembre
de 2016, para el cargo en mención [...]”.

El contralor general del departamento de Norte de Santander expidió

las Resoluciones 107 de 29 de marzo de 2017, 111 de 3 de abril de

2017, 155 de 10 de mayo de 2017, 158 de 10 de mayo de 2017, 221

de 12 de julio de 2017, 226 de 14 de julio de 2017 y 249 de 1o. de

agosto de 2017, mediante las cuales se efectuaron los

nombramientos de siete (7) funcionarios en la planta de personal del

ente de control fiscal en el cargo de asesor de planeación, código

105, grado 11.

A través de sentencia de 27 de febrero de 2020, el Tribunal

Administrativo de Norte de Santander (número único de radicación

54001-23-33-000-2019-00116-00), declaró la nulidad de la

Resolución 093 de 14 de marzo de 2017, dentro del medio de control

de nulidad que fuere promovido por el ciudadano RAMÓN

BAUTISTA SUÁREZ e inaplicó, vía del control de excepción de

inconstitucionalidad, los artículos 4° y 5° de la Ordenanza 015 de 8

de diciembre de 2016, así como el artículo 39 de la Ordenanza 017

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de 19 de diciembre de 2016, ambas expedidas por la Asamblea

Departamental de Norte de Santander, decisión que se encuentra

ejecutoriada según el reporte de Consultas de Procesos17.

En efecto, la parte resolutiva del fallo de 27 de febrero de 2020

ordenó:

“[...] FALLA

PRIMERO: INAPLICAR los artículos 4 y 5 de la Ordenanza 015
del 7 de diciembre de 2016 y artículo 39 de la Ordenanza 017
del 19 de diciembre de 2016, ambas emanadas de la Asamblea
del DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

SEGUNDO: DECLARESE la nulidad, con efectos retroactivos o
ex tunc, de la Resolución 093 del 14 de marzo de 2017, el
Contralor General del DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER,
“por la cual se crean unos cargos de asesores de planeación en
la estructura organizacional de la Contraloría General del
Departamento Norte de Santander», de conformidad con los
fundamentos jurídicos y probatorios expuestos en la parte
considerativa de esta providencia […]”.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en esa decisión

judicial, planteó como tesis la consistente en que la Resolución 093

de 14 de marzo de 2017, es nula por falta de competencia, como

quiera que la duma departamental es la que ostenta la facultad para

determinar la estructura del personal, las funciones por

dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las

17 Disponible [en línea]:

[https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=A4Us
mD%2bWMGnaM3g50186jUDnZQk%3d]

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distintas categorías de empleo de las contralorías departamentales,

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27218, 300, numeral

719, de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3° de

la Ley 330 de 11 de diciembre de 199620, aclarando que si bien esa

facultad es delegable, por mandato del artículo 300, numeral 9,

Constitucional, aquella delegación solo puede recaer en el

gobernador del departamento.

Así pues, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, arribó a

la siguiente conclusión, cuyas consideraciones se transcriben por su

importancia:

“[…] Existe un universo normativo amplio relacionado con
elementos constitucionales y legales, referidos a las

18 “[...] Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y
municipios donde haya contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con la
Contraloría General de la República.
(...)
Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las
respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y
presupuestal, y garantizar su sostenibilidad fiscal.
(...)Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su
jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268
en lo que sea pertinente, según los principios de coordinación, concurrencia, y
subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría General de la República será preferente
en los términos que defina la ley [...]”
19 “[...] Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de

ordenanzas:
(...)
7. Determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus
dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de
empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del
departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta.
[…]”.
20 “[...] Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política y se

dictan otras disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales [...]” “[...] Artículo
3. Estructura y planta de personal. Es atribución de las Asambleas Departamentales, en
relación con las respectivas Contralorías, determinar su estructura, planta de personal,
funciones por dependencias y escalas de remuneración correspondientes a las distintas
categorías de empleo, a iniciativa de los contralores [...]”.

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contralorías departamentales, que permiten concluir
ciertamente, que el Contralor Departamental presentó
inicialmente una iniciativa que terminó con una autorización en
los términos de la Ordenanza No. 015 de 2016, que
formalmente otorgó la competencia y que fue refrendada
nuevamente por la Ordenanza 017 de 2016, hecho diferente se
presenta cuando el acto que formalizó la competencia contenía
elementos que pudieron desconocer el ámbito constitucional y
legal, en los que esta Sala ordena la aplicación del control por
vía decepción y por tanto in aplicar las ordenanzas en los
artículos referidos para el presente caso, y así poder aclarar el
panorama para declarar la nulidad de la norma expresamente
demandada.
[…]
Es importante recabar que para tomar la decisión final, este
Tribunal debió aplicar inicialmente el Instituto jurídico de
control por vía de excepción frente a las Ordenanzas 015 y 017
de 2016, para que una vez fuera del mundo jurídico respecto
de este proceso, se pudiera estudiar y concretar la ilegalidad
del acto demandado, atendiendo a que se dejó efectos la norma
que formalmente le otorgó la competencia al contralor
departamental.
[…]
Retomando el análisis del asunto de marras, la Sala debe
resaltar que de conformidad Con los postulados
constitucionales citados en la presente providencia, la
competencia para organizar la estructura de las Contralorías
departamentales corresponde a las Asambleas. Así lo ha
sostenido reiteradamente la jurisprudencia del Consejo de
Estado:

“Consecuente con lo anterior, no se genera dudas sobre
la competencia de las asambleas departamentales para
la organización de las contralorías departamentales y que
implica la fijación de la planta de personal que a su vez
lleva intrínseca la Facultad de crear y suprimir empleos.
Facultad constitucional que siendo autónoma no requiere
iniciativa de ningún funcionario, haciéndose obligatorio
para este evento inaplicar el artículo 3° de la Ley 300 de
1996 “Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo
208 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones relativas a las Contralorías
Departamentales”, en cuanto prescribe la iniciativa del
contralor para determinar la estructura de la Contraloría,
fijar la planta de personal, las funciones por

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dependencias y las escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleo21”.

Ahora bien, dicha facultad para reformar la estructura podrá
ser delegada en el Gobernador, cuando la necesidad o la
conveniencia lo ameriten, quien por un tiempo limitado, el cual
es fijado en la norma ordenanzal que efectúa la delegación,
realizará de conformidad con el artículo 305, numeral 15 de la
Carta Política, la respectiva reestructuración o modificación del
ente de control. […]

Así las cosas, tales facultades pueden ser delegadas solamente
en el gobernador del departamento, tal como lo expresa el
numeral noveno del artículo 300 de la Constitución “autorizar
al Gobernador del Departamento para celebrar contratos,
negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro
tempore, precisas funciones de las que corresponden a
las Asambleas Departamentales.

De conformidad con todo lo anterior, pese a que la Facultad de
organizar la estructura de las Contralorías departamentales es
delegable, por mandato constitucional, tal delegación sólo
puede recaer en el gobernador del departamento.

Sobre el particular, el Consejo de Estado ha precisado lo
siguiente:

“Así las cosas, concluye la Sala que i) es competencia de
las Asambleas Departamentales la organización de las
respectivas Contralorías, ii) que dicha competencia no
requiere iniciativa de ningún funcionario, y iii) que por
expresa autorización de la Constitución y mediante
ordenanza, el Gobernador podrá ejercer dicha función,
en los términos ya indicados. Dichos presupuestos se
presentaron en el caso concreto, por lo que, tanto la
Asamblea Departamental como el Gobernador actuaron
con competencia.
(...)

En consecuencia, no se encuentra ajustado a derecho el
que la Asamblea del Departamento Norte de Santander
haya delegado en el contralor general del departamento
las facultades que le eran inherentes, concernientes a
realizar modificaciones a la estructura de la planta de

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

B, sentencia de 5 de noviembre de 2009, número único de radicación
20001233100020010128302, consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve.

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personal del ente de control territorial, cómo es la
creación de cargos, pues tales atribuciones solamente
son delegables para el gobernador del
departamento . 22

En ese orden, luego de efectuado un análisis de fondo, extenso
y complejo de los cargos planteados por la parte accionante, la
sala llega a la conclusión que, efectivamente, la Resolución
093 del 14 de marzo de 2017, emanada de la CONTRALORÍA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, se
encuentra viciada por falta de competencia, comoquiera que es
la asamblea y no el Contralor Departamental, quien ostenta la
facultad determinar la estructura. planta de personal, funciones
por dependencias y escalas de remuneración correspondientes
a las distintas categorías de empleo de las Contralorías
Departamentales […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Ante este panorama, el Tribunal Administrativo de Norte de

Santander consideró que la asamblea de ese ente territorial no podía

desconocer las disposiciones constitucionales y legales antes

referidas, particularmente, los artículos 272, 300 (numeral 7) de la

Constitución Política, en concordancia con el artículo 3° de la Ley 330

de 11 de diciembre de 1996, y la hermenéutica que ha efectuado

esta jurisdicción en el sentido de señalar que las asambleas

departamentales no pueden delegar en el contralor las facultades que

le son inherentes, con miras a determinar la estructura de la planta

de personal, que comprende la creación de cinco cargos de asesores,

pues el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución Política sólo

permite que se deleguen ciertas facultades ante el gobernador.

22Sobre el tema, consultar Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, providencia de 25 de enero de 2018, número único de radicación 47001-
23-33-000-2013-90212-01 (4706-16), consejero ponente Rafael Francisco Suárez.

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En casos similares al del asunto bajo examen, la Sala ya tuvo la

oportunidad de pronunciarse con ocasión de idéntica solicitud de

pérdida de investidura, elevada por el mismo accionante, contra los

distintos diputados que intervinieron en la votación y aprobación de

la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016. En efecto, la Sección,

como fundamento para denegar la desinvestidura solicitada,

determinó las siguientes consideraciones que ahora se reiteran y

prohíjan:

“[...] En este sentido, conforme lo consideró el Tribunal
en la sentencia de primera instancia, la declaratoria de
invalidez de un acto administrativo y mucho menos la
excepción de inconstitucionalidad con efectos inter
partes no permite configurar per se la declaratoria de
pérdida de investidura del diputado José Luis Enrique
Duarte Gómez, pues la jurisprudencia de esta
Corporación23 ha sido uniforme en el sentido de señalar
que la declaración de invalidez de un acuerdo no
comporta la desinvestidura de los servidores públicos de
elección popular, en este caso, diputados, por no estar
prevista de forma taxativa dentro de las causales
establecidas por la Constitución y la ley24».

Al respecto, la jurisprudencia pacífica ha señalado que
no toda irregularidad que pueda predicarse de la
aprobación de una norma que implique gasto configura
indebida destinación de dineros públicos ni acarrea la
pérdida de investidura25. Sobre el particular, en sentencia de

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de junio de

2021, radicado: 05001-23-33-000-2019-02614-01, actor: Jesús Alonso Arroyave Pérez,
acusado: concejales del Municipio de Santa Rosa de Osos (Antioquia), MP: Oswaldo Giraldo
López.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

27 de julio de 2017, número único de radicación 05001-23-33-000-2016-02241-01(PI),
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez. Reiterada en sentencia de 30 de mayo de
2019, número único de radicación 76001-23-33-000-2018-01065-01, consejero ponente
Oswaldo Giraldo López.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

25 de junio de 2004, radicación número: 25000-23-15-000-2002-03005-01(PI), actor:

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Solicitante: DUVÁN ALFONSO CONTRERAS BONILLA

24 de noviembre de 201626, esta Sección arribó a la siguiente
conclusión:

«[…] 5.5.6.- En lo relativo a la declaratoria de nulidad
del Acuerdo 005 de 2012, se tiene que esa circunstancia
fue determinante para que el tribunal decretara la
pérdida de investidura ya que ese hecho constituyó, en
el sentir del a quo, prueba del carácter indebido del
incentivo económico creado a través de dicho acto
administrativo. Sobre el particular la Sala ha reiterado
pacíficamente que el hecho de que un acuerdo sea
declarado nulo no conlleva necesariamente a que se
decrete la pérdida de investidura de quienes lo
aprobaron, tesis que ha sido prohijada en los siguientes
términos:

“La Sala en sentencia de 11 de diciembre de 201527 al
analizar la demanda de pérdida de investidura de los
concejales del municipio de Dosquebradas, precisó que
el hecho de haberse declararse nulo por parte del
Tribunal Administrativo de Risaralda, el Decreto 369 de
200828 por considerar que se crearon obligaciones que
excedían el monto global fijado para gastos de personal
en el presupuesto inicialmente aprobado; no significa
que lo concejales hubieran destinado dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a
otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para los

Juana Celmira González Guarniz, demandado: Germán Antonio Alvira Gamboa y otros, MP:
Camilo Arciniegas Andrade.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicado:

05001-2333-000-2015-01260-01, actor: Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia,
accionados: María Eloísa Ossa Galeano y otros, MP: Guillermo Vargas Ayala.
Entre otras consultar las siguientes: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1o. de septiembre de 2016, radicado: 54001-
323-33-000-2016-00069-01, actor: Emilse Gamboa Jacome Carrascal, accionado: José
Leonardo Jacome Carrascal, C. P. María Claudia Rojas Lasso.
Entre otras se pueden consultar las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativa, Sección Primera, sentencia de 10 de noviembre de 2016,
radicado: 54001-23-33-000-2016-00067-01(PI), actor: Emilse Gamboa MOGOLLÓN,
demandado: José Oliverio Castellanos Navarro, MP: María Elizabeth García González.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14
de noviembre de 2016, radicado: 54001-23-33-000-2016-00068-01(PI), actor: Emilse
Gamboa Jacome Carrascal, accionado: César Arbey Torres Bautista, MP: Guillermo Vargas
Ayala.Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 1° de diciembre de 2016, radicado: 54001-23-33-000-2016-00135-01(PI), actor: José
Fuentes Contreras, demandado: Félix Adolfo Muñoz Luna, MP: Roberto Augusto Serrato
Valdés (e).
27 Expediente: PI 2013-00419, Actor: Veeduría Ciudadana por Dosquebradas, M.P. Dr.

Roberto Augusto Serrato Valdés.
28 “[...] POR EL CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y

GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2008 [...]”.

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Solicitante: DUVÁN ALFONSO CONTRERAS BONILLA

cuales se encuentran asignados o aplicado tales recursos
a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas o con la finalidad de obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros o para derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o de
terceras personas. Dijo la Sala:

“Si bien es cierto que el Decreto 369 de 2008, fue
declarado nulo por crear obligaciones que excedían el
monto global fijado para gastos de personal en el
presupuesto inicialmente aprobado, también lo es que
los concejales no devengaron sumas de dinero a las que
no tuvieran derecho, como se acaba de exponer, pues el
citado decreto intentaba completar la remuneración que
conforme al ordenamiento jurídico debían recibir y, en
esa medida, no puede decirse que incrementaron su
patrimonio indebidamente. […]. La Sala, entonces, no
evidencia que los concejales de Dosquebradas
(Risaralda), en su condición de servidores públicos, al
ejercer la facultad de entregar funciones que a ellos
corresponde al alcalde municipal, hubieren destinados
dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no
autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a
aquellos para los cuales se encuentran asignados o
aplicado tales recursos a materias expresamente
prohibidas, no necesarias o injustificadas o con la
finalidad de obtener un incremento patrimonial personal
o de terceros o para derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o de terceras
personas.”

Al margen de lo expuesto, considera la Sala que a pesar
de haberse votado el proyecto de Acuerdo contemplando
en su articulado el traslado de los recursos obtenidos o
recaudados del impuesto de alumbrado público a la
cuenta bancaria del fideicomiso de la concesión de
alumbrado público y, que posteriormente, el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander lo hubiesen
declarado nulo por considerarlo contrario a lo establecido
en los artículos 1º de la Ley 1386 de 2010 y 6 (numeral
6) de la Resolución 122 de 2011 de la CREG, no es dable
concluir que los hechos mencionados, tanto en la
demanda como en el recurso de apelación, se
enmarquen dentro de la causal de pérdida de la
investidura descrita en el artículo 48 numeral 4 de la Ley
617 de 2000, pues no aparece acreditado en el
proceso que el concejal cuya investidura se
cuestiona, haya obrado movido por un interés

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dañino. La ilegalidad de los Acuerdos en que
intervino el acusado no constituye en principio
perdida de investidura.

En efecto, no obra en el expediente ningún medio de
prueba que acredite que su participación en la discusión
y aprobación del Acuerdo No. 023 de 11 de mayo de
2012, haya estado motivada por el deseo de obtener un
beneficio en cabeza propia o de terceras personas y,
mucho menos, aplicar o destinar los bienes y rentas
municipales a objetos distintos del servicio público como
lo prescribe el artículo 42 numeral 2 de la Ley 136 de
1994 anteriormente transcrito.

La declaratoria de ilegalidad de un Acuerdo en el
caso de los concejales o de una Ordenanza en el
caso de los diputados per se no produce la pérdida
de investidura, puesto que no está consagrada
como tal dentro de las causales taxativamente
establecidas como de pérdida de investidura […].”29

5.5.7.- La declaratoria de nulidad del acto administrativo
no puede entonces servir como fundamento para
decretar la pérdida de investidura dado que el juicio de
legalidad que se realizó del acuerdo municipal no
contempla el análisis de la causal de pérdida de
investidura prevista en el artículo 48 numeral 4 de la Ley
617 de 2000. Al amparo de lo dicho, mal podría
deducirse que la invalidez de un acto proferido por
una corporación pública comporta la incursión de
sus miembros en indebida destinación de dineros
públicos, ya que al margen del resultado en el
proceso ordinario de nulidad están otros aspectos
que deben ser dilucidados en el juicio de pérdida
de investidura, tal como la efectiva aplicación de
los recursos, el efectivo menoscabo del erario o el
beneficio económico del acusado o de un tercero»
(destacado de la Sala).

Precisamente, encuentra la Sala que si bien es cierto que de la
lectura armónica de los artículos 272, 300 (numeral 7°) de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 3° de la
Ley 330 de 11 de diciembre de 1996, se infiere claramente que
corresponde a las asambleas departamentales, en relación con
las respectivas contralorías, determinar su estructura, planta

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Sentencia de

1o. de septiembre de 2016 (Expediente núm. 2016-00069-01, C. P. María Claudia Rojas
Lasso.

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de personal, funciones por dependencias y escalas de
remuneración correspondientes a las distintas categorías de
empleo, y, que dichas facultades solamente se pueden delegar
en el gobernador del departamento (artículo 300, numeral 9°
de la Carta Política), también es una realidad que no existe
prueba en el expediente en torno a que, con la actuación
el acusado, se hubieren destinado dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a
otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para los
cuales se encuentran asignados o, haya aplicado tales
recursos a materias expresamente prohibidas, no
necesarias o injustificadas o, con la finalidad de obtener
un incremento patrimonial personal o de terceros o, para
derivar un beneficio no necesariamente económico en su
favor o de terceras personas.

De hecho, no existen elementos de prueba en el proceso
que acrediten que con la aprobación de la Ordenanza 017
de 19 de diciembre de 2016, el acusado haya actuado
con el ánimo de obtener un beneficio para sí o para el de
terceras personas o de distorsionar las finalidades del
gasto, como presupuesto exigido para que se configure
la causal de pérdida de investidura. Al respecto, esta
Sección30 ha señalado que la distorsión del gasto constituye
uno de los presupuestos que se requieren para su
configuración, al señalar lo siguiente:

«[…] esta Sección31 ha tenido la oportunidad de
pronunciarse sobre la causal de pérdida de investidura
sub examine, y, mediante sentencia proferida el 29 de
agosto de 2013, consideró lo siguiente:

“[…] De lo hasta aquí expuesto, resulta evidente que no
se configura la causal endilgada, pues, los demandados,
en su condición de Concejales del Municipio de
Dosquebradas (Risaralda), al expedir los Acuerdos 001
de 9 de enero y 006 de 12 de junio de 2008, a través de
los cuales se autorizó a la Alcaldesa de dicho Municipio
para celebrar toda clase de contratos y convenios, hasta
por un monto de veinte mil salarios mínimos legales

30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del

18 de octubre de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro. 85001
23 33 000 2017 00223 01. (PI).
31 Sentencia de 29 de agosto de 2013. M.P.: María Elizabeth García González. Actor: Oscar

Elías Matta Peláez. Rad.: 2012 00027 02.
Fuente tomada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 24 de junio de 2021, radicado: 05001-23-33-000-2019-02614-01, solicitante:
Jesús Alonso Arroyave Pérez concejales acusados: concejales del municipio de Santa Rosa
de Osos- Antioquia, MP: Oswaldo Giraldo López.

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vigentes, fijando como término el 31 de diciembre de
2009, no hicieron otra cosa distinta que ejercer las
facultades que en materia de competencia les señala la
Constitución y la Ley a dichas Corporaciones Edilicias,
autorización, que, como quedó visto, se otorgó de
manera general y no específica. Cabe resaltar que dicha
conducta, como lo precisó la Sala en un asunto similar,
en sentencia de 2 de mayo de 2013 (Expediente núm.
2012-00006-01 (Pl), Consejera ponente doctora María
Claudia Rojas Lasso), que ahora se prohíja, no constituye
por sí sola el supuesto fáctico de la causal de indebida
destinación de dineros públicos, dado que no implica
distorsión de las finalidades del gasto, uno de los
presupuestos que se requieren para que se
configure la misma […].”(Destacado fuera del texto
original).

Además de lo anterior, debe ponerse de relieve que, con
la expedición del artículo 39 de la la Ordenanza 017 de 19
de diciembre de 2016, el diputado accionado no actuó
como ordenador del gasto, en tanto que con su aprobación
se limitó a otorgar una autorización para que el contralor
departamental modificara su planta de personal, por lo
que este último funcionario sería el encargado de
materializar lo ordenado mediante dicho acto
administrativo32.

Por otro lado, si bien es cierto que con ocasión de la
Resolución 093 de 14 de marzo de 2017, se efectuaron los
nombramientos de cinco (5) cargos de asesores lo cual
generó una erogación del gasto público, no es menos
cierto que hasta el momento en que la decisión judicial
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander se produjo (27 de febrero de 2020), la citada
resolución estuvo revestida de la presunción de legalidad
la cual solo se desvirtúa con el pronunciamiento del juez
competente.

De esta manera, hasta tanto no se produjo el fallo anulatorio, los
salarios y prestaciones sociales estuvieron respaldados por el
presupuesto de gastos del departamento para la vigencia fiscal
2017, tal y como consta con la certificación financiera de 3 de
enero de 2018 que reposa en el plenario y también sustentada
en el concepto técnico elaborado por el Grupo Ejecutor integrado

32En este sentido, se puede consultar la sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021, radicado: 05001-23-33-
000-2019-02614-01, solicitante: Jesús Alonso Arroyave Pérez concejales acusados:
concejales del municipio de Santa Rosa de Osos- Antioquia, MP: Oswaldo Giraldo López.

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Solicitante: DUVÁN ALFONSO CONTRERAS BONILLA

por los señores Luis Vidal Pitta Correa (Subcontralor), José
Antonio Anaya Attalla (profesional especializado) y Wilson
Quintero Gelvez (jefe financiero), documento técnico en el cual
se conceptuó sobre la conveniencia financiera y la necesidad de
crear cargos en la planta de personal en la contraloría del
departamento de Norte de Santander, con el objeto de dar
cumplimiento a las competencias y responsabilidades fijadas por
la Carta Política y en procura de la consecución de las metas
propuestas para el período 2016-2019, establecidas en el Plan
Estratégico [...]”33 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Resulta importante resaltar que la declaratoria de invalidez de un

acto administrativo, y menos aún la excepción de

inconstitucionalidad, con efectos inter partes, no permiten

configurar, por sí solos, la causal de pérdida de investidura de

indebida destinación de dineros públicos en cabeza del diputado,

habida cuenta que la jurisprudencia de esta Corporación ha sido

uniforme en el sentido de señalar que la nulidad de un acuerdo no

comporta la desinvestidura de los servidores públicos de elección

popular, en este caso, diputados, por no estar prevista de forma

taxativa dentro de las causales establecidas por la Constitución y la

ley.

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

4 de marzo de 2022, número único de radicación 54001233300020210025201, consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés. Postura reiterada en caso similar: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de marzo
de 2022, número único de radicación 54001233300020210025401, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.

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Número único de radicación: 54001 23 33 000 2021 00250 01
Solicitante: DUVÁN ALFONSO CONTRERAS BONILLA

Si bien es cierto que de la lectura armónica de los artículos 272, 300,

numeral 7, de la Constitución Política, en concordancia con el artículo

3° de la Ley 330, se infiere claramente que corresponde a las

asambleas departamentales, en relación con las respectivas

contralorías, determinar su estructura, planta de personal, funciones

por dependencias y escalas de remuneración correspondientes a las

distintas categorías de empleo; y que dichas facultades solamente se

pueden delegar en el gobernador del departamento, (artículo 300,

numeral 9, de la Carta Política), también lo es que no existe prueba

en el expediente en torno a que con la actuación el acusado se

hubieren destinado dineros públicos a objetos, actividades o

propósitos no autorizados o a otros sí autorizados pero diferentes a

aquellos para los cuales se encuentran asignados o haya aplicado

tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o

injustificadas o con la finalidad de obtener un incremento patrimonial

personal o de terceros o para derivar un beneficio no necesariamente

económico en su favor o de terceras personas.

Además, la Sala resalta que con la expedición del artículo 39 de la

Ordenanza 017 de 19 de diciembre de 2016, el diputado no solo no

actuó como ordenador del gasto, sino que su actuación se limitó a

otorgar una autorización, debidamente soportada técnicamente con

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Solicitante: DUVÁN ALFONSO CONTRERAS BONILLA

estudios de 2016 y 2017 del Grupo Ejecutor de la propia Contraloría

General del Departamento de Norte de Santander, elaborados con el

fin de que el contralor departamental modificara su planta de

personal, por lo que este último funcionario sería el encargado de

materializar lo ordenado mediante dicho acto administrativo.

Ahora, si bien es cierto que con ocasión de la Resolución 093 de 14

de marzo de 2017 se efectuaron los nombramientos de cinco (5)

cargos de asesores lo cual generó una erogación del gasto público,

no es menos cierto que hasta el momento en que la decisión judicial

proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander se

produjo (27 de febrero de 2020), la citada resolución estuvo

revestida de la presunción de legalidad la cual solo se desvirtúa con

el pronunciamiento del juez competente.

A partir de lo anterior, no existe duda que en el presente caso no se

configuró ninguno de los eventos previstos por la jurisprudencia para

conformar el aspecto objetivo de la conducta endilgada al acusado,

como quiera que no cubrió objetos, actividades o propósitos no

autorizados; no costeó objetos, actividades o propósitos que sí

estuvieran autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los

cuales están previamente asignados; no sufragó objetos, actividades

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o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el

reglamento; no pagó por materias innecesarias o injustificadas; no

destinó los dineros públicos con la finalidad de obtener un incremento

patrimonial personal o de terceros; y tampoco con la finalidad de

derivar un beneficio, no necesariamente económico, en su favor o en

el de terceros.

Por último, teniendo en cuenta que ante la Procuraduría General de

la Nación cursó una investigación en contra del diputado por estos

mismos hechos, la cual se tramitó con el radicado IUS-E-2018-

504359 IUC-D-2019-1400791, la Sala se abstendrá de compulsar

copias de esta providencia con destino al Ministerio Público.

Al no prosperar los cargos de la solicitud relativos a la presencia del

elemento objetivo de la causal de indebida destinación de dineros

públicos, no resulta posible continuar con el estudio del elemento

subjetivo, razón por la cual se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

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Solicitante: DUVÁN ALFONSO CONTRERAS BONILLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de noviembre de 2021,

proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el

expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de abril de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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