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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2020-00924-01

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2020-00924-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-33-000-2020-00924-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

3 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 500012333000202000924011
Recurso de apelación contra la sentencia de 25 de febrero de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Solicitante: SAÚL VILLAR JIMÉNEZ

TESIS: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL: DEL CONFLICTO DE INTERESES,
TRÁFICO DE INFLUENCIAS E INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS
PÚBLICOS COMO CAUSALES DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJALES.
NO SE CONFIGURAN POR HABERSE RECOMPUESTO LA TERNA PARA ELEGIR
CONTRALOR MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO (META).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante

contra la sentencia de 25 de febrero de 2021, proferida por el

Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual denegó la

pérdida de investidura de los concejales del municipio de

Villavicencio (Meta), elegidos para el período 2020-2023, señores

JORGE ENRIQUE GARCÍA CANGREJO, PEDRO NEL MACÍAS

VALENCIA y DAVID FERNANDO BARBOSA POSADA.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo

que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2020 00924 01
Solicitante: SAÚL VILLAR JIMÉNEZ

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano SAÚL VILLAR JIMÉNEZ, actuando en nombre

propio, solicitó decretar la pérdida de la investidura de los señores

JORGE ENRIQUE GARCÍA CANGREJO, PEDRO NEL MACÍAS

VALENCIA y DAVID FERNANDO BARBOSA POSADA, concejales

del municipio de Villavicencio (Meta), por hechos ocurridos dentro

del período constitucional 2020-2023, al considerar que incurrieron

en las causales previstas en el artículo 48, numerales 1, 4, 5 y 6,

de la Ley 617 de 6 de octubre de 20002, en concordancia con el

artículo 160 de la Ley 136 de 2 de junio de 19943, esto es por

tráfico de influencias, conflicto de intereses e indebida destinación

de dineros públicos.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los

siguientes fundamentos de hecho y de derecho de las causales de

pérdida de investidura invocadas:

2 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional […]”.
3 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el

funcionamiento de los municipios […]”.

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Solicitante: SAÚL VILLAR JIMÉNEZ

Señaló que los señores JORGE ENRIQUE GARCÍA CANGREJO,

PEDRO NEL MACÍAS VALENCIA y DAVID FERNANDO

BARBOSA POSADA fueron elegidos concejales del municipio de

Villavicencio (Meta) en las elecciones llevadas a cabo el 27 de

octubre de 2019 y tomaron posesión de sus cargos el 1o. de enero

de 2020, los que han ejercido sin interrupción hasta la fecha.

Mencionó que el Concejo Municipal de Villavicencio (Meta), dando

alcance a lo ordenado en los artículos 126 y 272 Constitucional, y

atendiendo lo dispuesto en la Ley 1904 de 27 de junio de 20184,

expidió la Resolución núm. 075 de 11 de junio de 2019 “[…] Por

medio de la cual se da apertura a una convocatoria pública y se

selecciona una institución de educación superior que adelante la

convocatoria para elegir al contralor (a) municipal de Villavicencio,

período 2020-2023 […]”.

Anotó que en sesión plenaria ordinaria núm. 09 de 10 de enero de

2020, se realizaron las entrevistas a los integrantes de la terna

para contralor municipal, señores NELSON LEONARDO

SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ, SILVIA ESTHER ÁLVAREZ AMAYA y

4 “[…] Por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública previa a la elección de

Contralor General de la República por el Congreso de la República […]”.

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Solicitante: SAÚL VILLAR JIMÉNEZ

CARLOS ARTURO GUASCA VELÁSQUEZ, siendo elegido el

primero de éstos.

Agregó que el señor NELSON LEONARDO SEPÚLVEDA

RODRÍGUEZ, mediante comunicación radicada en la Secretaría

General del Concejo Municipal de Villavicencio (Meta), el 24 de

enero de 2020, manifestó a la Presidencia de la Mesa Directiva la

no aceptación del cargo, en razón a que era funcionario de carrera

administrativa de la Contraloría General de la República, entidad

que no le concedió la comisión de servicios solicitada para ejercer el

cargo de contralor municipal de Villavicencio (Meta).

Sostuvo que el 29 de febrero de 2020, la Mesa Directiva del

Concejo Municipal de Villavicencio (Meta), expidió la Resolución

núm. 031 “[…] Por medio de la cual se suspende transitoriamente

la convocatoria pública para elegir al nuevo contralor del municipio

de Villavicencio, para el período 2020-2021 […]”. Que la Mesa

Directiva y algunos concejales, tras la no aceptación del cargo de

contralor por parte del señor NELSON LEONARDO SEPÚLVEDA

RODRÍGUEZ, “[…] decidieron elegir un nuevo contralor, sin

haberse expedido un nuevo acto administrativo, teniendo en cuenta

que la Resolución 075 de 2019 ya había expirado, por ser un acto

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administrativo definitivo, lo que los hizo incurrir en faltas que rayan

en lo penal, faltas administrativas y algunas causales de pérdida de

investidura […]”.

Anotó que el 20 de febrero de 2020, en sesión plenaria, el concejal

CARLOS JULIO SERRATO LADINO, según consta en acta núm.

046 de 2020, dejó constancia de las irregularidades e

inconsistencias en el proceso de elección de contralor, sin que la

Mesa Directiva ni los concejales se manifestaran al respecto; y que

el 9 de junio de 2020, tras la recomposición de manera irregular de

la terna para la elección de contralor y no atendiendo las

advertencias de algunos concejales, se eligió al señor DIEGO

MEYER ARTUNDUAGA, contralor del municipio, quien tomó

posesión del cargo al día siguiente ante la Mesa Directiva,

contrariando lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley 136, según el

cual los contralores distritales y municipales elegidos tomarán

posesión de su cargo ante el concejo en pleno, y si la corporación

no estuviese reunida, lo harán ante el juez civil o promiscuo

municipal.

Estimó que el artículo 126 Constitucional fue vulnerado, por “[…]

revivir un acto administrativo que ya había cumplido o terminado

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con su objeto (Resolución 075 de 2019), cual era el de la elección

del contralor, sin que en el nuevo proceso de selección se hubieran

garantizado los principios de publicidad, transparencia, participación

ciudadana, equidad, lo que demuestra un claro interés de los aquí

encartados (o al menos de la mesa directiva) en dicho proceso de

selección y elección del nuevo contralor […]”.

Aseveró que los concejales incurrieron en las causales previstas en

el artículo 48, numerales 1, 4, 5 y 6, de la Ley 617, las que

argumentó así:

“[…] Conflicto de intereses: con la recomposición de la terna, de manera
irregular e ilegal, significa que existía un conflicto de intereses por parte
de los integrantes de la Mesa Directiva del Concejo de Villavicencio,
igualmente por parte de los Concejales que votaron la elección del nuevo
contralor de Villavicencio, ya que (…) no acataron las observaciones
hechas por otros miembros de la Corporación, como fue el caso del
concejal Carlos Julio Serrato Ladino […]”.

“[…] Indebida destinación de dineros públicos: esta causal se configura,
para la mesa directiva del Concejo de Villavicencio, cuando de manera
irregular le dan posesión al doctor Diego Meyer Artunduaga (…) con un
acto administrativo expedido de manera ilegal e irregular (acta de
posesión), con el cual el nuevo contralor de Villavicencio viene
percibiendo sus salarios […]”.

“[…] Por las demás causales expresamente previstas en la ley (…) al
haber recompuesto de manera irregular e ilegal y, posteriormente, haber
elegido y posesionado al doctor Diego Meyer Artunduaga como nuevo
Contralor de Villavicencio, lo que ha hecho que el doctor Meyer
Artunduaga venga recibiendo desde su posesión los salarios
correspondientes […]”.

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Por último, señaló que se desconoció el artículo 160 de la Ley 136,

“[…] al haberle dado posesión la Mesa Directiva del Concejo de

Villavicencio al Doctor DIEGO MEYER ARTUNDUAGA como nuevo

Contralor de Villavicencio, sin estar facultado […]”.

I.3.- Los concejales, al unísono y por conducto del mismo

apoderado judicial, se opusieron a la prosperidad de las

pretensiones de la solicitud y presentaron la excepción que

denominaron ‘inexistencia de hechos que configuren las causales de

pérdida de investidura’, para lo cual arguyeron que el solicitante no

cumplió con la carga argumentativa mínima que permitiera abordar

el estudio de las causales que invoca como fundamento de la

solicitud de pérdida de investidura.

Narraron cada una de las etapas adelantadas por el Concejo

Municipal de Villavicencio (Meta), en el marco de la convocatoria

pública para elegir al contralor del municipio, inicialmente para un

período de cuatro años, -2020-2023-, el cual resultó modificado a

partir de lo ordenado en el Acto Legislativo núm. 04 de 28 de

septiembre de 20195, para un período de dos años, -2020-20216-,

5 “[…] Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal […]”.
6 “[…] Artículo 4o. El artículo 272 de la Constitución Política quedará así:

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luego de lo cual señalaron que estuvieron ajustadas a la ley y al

reglamento de la Corporación.

Anotaron que se expidieron los actos de convocatoria y de

conformación de la terna, se practicaron las evaluaciones y

entrevistas a los aspirantes, eligieron de la terna al señor NELSON

LEONARDO SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ, quien manifestó que no

tomaría posesión del cargo, luego de lo cual se elevó consulta al

Departamento Administrativo de la Función Pública, en adelante

DAFP, debido a que otro integrante de la terna, el señor CARLOS

ARTURO GUASCA VELÁSQUEZ, renunció a la convocatoria.

Señalaron que mediante Resolución núm. 016 de 8 de febrero de

2020, se ordenó la recomposición de la terna con los señores

JIMMY LEONAR AGUDELO VELÁSQUEZ, SILVIA ESTHER

ÁLVAREZ AMAYA y DIEGO MEYER ARTUNDUAGA; se citó en

debida forma a los ternados y a los concejales para llevar a cabo el

Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios
donde haya contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloría
General de la República.
(…)
Los contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las
Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, de terna conformada por
quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública conforme a la ley,
siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana
y equidad de género, para un periodo de cuatro años que no podrá coincidir con el
periodo del correspondiente gobernador y alcalde.
(…)
Parágrafo Transitorio 1o. La siguiente elección de todos los contralores territoriales
se hará para un período de dos años […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

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20 de febrero de 2020 la entrevista y elección del nuevo contralor;

sin embargo, debido a que el señor NELSON LEONARDO

SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ radicó ante la Corporación un escrito en

el que solicitó la suspensión de la elección programada,

argumentando que no presentó renuncia al cargo sino la

manifestación de no tomar posesión, se procedió a suspender la

convocatoria a efectos de resolver la solicitud.

Refirieron que una vez elevada la respectiva consulta al DAFP, se

resolvió desfavorablemente la solicitud de posesionar al señor

NELSON LEONARDO SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ en el cargo de

contralor por incumplimiento del término para manifestar la

aceptación al mismo, por lo que se ordenó la recomposición de la

terna con los señores ANDRÉS EDUARDO PÁEZ ALVARADO,

DIEGO MEYER ARTUNDUAGA y JIMMY LEONAR AGUDELO, -

teniendo en cuenta la renuncia de la ternada, señora SILVIA

ESTHER ÁLVAREZ AMAYA-, se estableció un nuevo cronograma y

se realizaron las entrevistas así como la respectiva votación.

Sostuvieron que, no obstante lo anterior, el Concejo Municipal de

Villavicencio (Meta) se abstuvo de declarar electo al señor DIEGO

MEYER ARTUNDUAGA, en virtud de que no obtuvo la mayoría

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absoluta de los votos de los miembros de la Corporación, por lo que

nuevamente elevó consulta al DAFP, la cual fue remitida a la

Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción

Comunal del Ministerio del Interior, en cuya respuesta dicha

dependencia manifestó que existe un vacío constitucional y legal

frente a la situación fáctica particular, por lo cual “[…] resulta

pertinente que en aplicación del principio de transparencia y dada la

imposibilidad de tomar la decisión entre dos aspirantes a una

Contraloría, tal como lo contempla la normativa, y ante el escenario

de que solo un candidato de la respectiva terna obtuvo votos, pero

sin alcanzar la mayoría absoluta; desde la perspectiva democrática,

es equitativo que los ternados en igualdad de condiciones, sean

llamados a una tercera (sic) votación […]”.

Indicaron que, finalmente, el 9 de junio de 2020, en sesión plenaria

ordinaria, se llevó a cabo la nueva votación para la elección del

contralor municipal de Villavicencio (Meta), período 2020-2021,

siendo elegido con doce votos el señor DIEGO MEYER

ARTUNDUAGA y posesionado al día siguiente.

Señalaron que, en lo que concierne a la posesión del cargo de

contralor, el concejo expidió el Acuerdo Municipal núm. 263 de 01

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de abril de 2015, “[…] Por medio del cual se adopta el nuevo

reglamento interno del Concejo Municipal de Villavicencio […]”, y

estableció en los numerales 2 y 6 del artículo 42, que son funciones

del presidente “[…] actuar en representación del Concejo en los

actos y actividades que le correspondan […] ” y “[…] juramentar

y/o dar posesión a los Concejales, Vicepresidentes, Secretario

General, Personero Municipal, Contralor Municipal y funcionarios del

Concejo […]”.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 25 de febrero de 2021, denegó

la solicitud de pérdida de investidura de los señores JORGE

ENRIQUE GARCÍA CANGREJO, PEDRO NEL MACÍAS VALENCIA

y DAVID FERNANDO BARBOSA POSADA, concejales municipales

de Villavicencio (Meta), para lo cual se refirió al proceso de

convocatoria pública llevado a cabo por esa corporación para la

elección del contralor municipal, período 2020-2021, y concluyó

que no se evidenciaba que los accionados con la votación o el

proceso efectuado para tal elección hubieran obtenido o esperaran

obtener una ventaja o un beneficio directo bien fuera para ellos o

para terceros.

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Observó que, por el contrario, hubo un actuar diligente en el

procedimiento y en las decisiones adoptadas para llevar a cabo la

elección, “[…] afrontando cada una de las vicisitudes presentadas,

acudiendo tanto a la Contraloría General de la República como al

Departamento Administrativo para la Función Pública -DAFP.

Conceptos que fueron tenidos en cuenta al momento de escoger al

señor Diego Meyer Artunduaga, en la medida que debieron

someterlo a doble votación, conforme lo indicado en el concepto

solicitado por el presidente del concejo […]”.

Analizó la declaración de la señora MARÍA ALEJANDRA

VELÁSQUEZ LÓPEZ, secretaria general del Concejo Municipal de

Villavicencio, para la época de los hechos, de la cual extrajo que, en

efecto, el proceso de elección de contralor municipal estuvo

enmarcado por circunstancias inusuales que obligaron a que se

elevaran consultas que garantizaran el adecuado desarrollo del

concurso, versión coherente con los documentos allegados al

expediente.

Indicó que, en virtud de ello, la entidad competente para emitir un

concepto de interpretación de normas, en el caso de la elección del

contralor, era el DAFP, conforme lo estimó el Concejo Municipal de

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Villavicencio (Meta), por lo que fue acertado el actuar de los

accionados al solicitar apoyo sobre el procedimiento a seguir

respecto de las vicisitudes presentadas a lo largo del concurso.

Con relación a la presunta irregularidad en la posesión del señor

DIEGO MEYER ARTUNDUAGA, contralor municipal, indicó que el

Acuerdo núm. 263 de 1o. de abril de 2015, “[…] Por medio del cual

se adopta el nuevo reglamento interno del concejo municipal de

Villavicencio […]”, señala en el artículo 42 que son funciones del

presidente del concejo actuar en su representación en los actos y

actividades que le correspondan y juramentar y/o posesionar a los

concejales, vicepresidente, secretario general, personero municipal,

contralor municipal y funcionarios del concejo.

Añadió que “[…] si el Concejo municipal de Villavicencio hubiera

dado aplicación al argumento expuesto por el accionante, en el que,

con el primer nombramiento se hubiera finalizado la elección de

contralor, pese a que el aspirante elegido no aceptara la posesión

en el cargo, estaríamos bajo un supuesto desproporcionado, pues

supondría el inicio de un nuevo procedimiento de convocatoria para

una nueva elección, con los costos que ello supondría, no solo

desde la perspectiva del patrimonio público, sino desde la vigencia

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de los principios que informan la función administrativa y que están

previstos en el artículo 209 de la Constitución […]”.

Finalmente, en lo relativo a la causal de indebida destinación de

dineros públicos, anotó que permanece desestimada, a partir de la

no prosperidad de las anteriores causales analizadas, puesto que se

encuentra demostrado que la decisión de recomponer la terna fue

adoptada con fundamento en los conceptos del DAFP; en ese

sentido, […] mal haría el Concejo municipal de Villavicencio (SIC)

restringir los derechos laborales de quien fue elegido, cuando el

proceso se adelantó con fundamento en las consultas y asesorías

legales debidamente solicitadas por la entidad que tenía a cargo

dicho proceso[…]”.

Agregó que tampoco se encuentra probado que los recursos

públicos se invirtieron en actividades no autorizadas, o a pesar de

estar autorizados no hayan cumplido su finalidad, puesto que los

pagos destinados al salario del contralor son generados en virtud de

su vínculo laboral con la entidad.

Al referirse al elemento subjetivo de la conducta reprochada,

estimó que no se encuentra probado el elemento subjetivo que

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indique que los concejales tenían conocimiento sobre alguna

vulneración de la ley; que, por el contrario, se comprobó que dieron

aplicación a lo normado y procuraron acudir a las autoridades

competentes para soportar sus decisiones.

Por último, mencionó que no era procedente la solicitud de

compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la

Procuraduría General de la Nación, elevada por el solicitante, para

que se investigue a los concejales, habida cuenta que no se

encontró irregularidad en el proceso de elección del contralor

municipal de Villavicencio (Meta), período 2020-2021, en lo que

respecta a la presente acción.

Asimismo, tampoco atendió favorablemente la solicitud de

compulsar copias para que se investigue al abogado DIEGO

FERNANDO ARBELÁEZ TORRES, por asesorar el proceso de

elección de contralor municipal de Villavicencio (Meta) y, a su vez,

defender a los aquí encartados, teniendo en cuenta que las

circunstancias fácticas alegadas no se encuentran descritas en el

régimen de incompatibilidades previsto en el Código Disciplinario

del Abogado, debido a que: i) no se demostró que existiera un

vínculo como funcionario público del apoderado con el Concejo

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Municipal de Villavicencio (Meta); ii) el argumento solo fue

enunciado en etapa de alegaciones y sin posibilidades de defensa;

iii) la participación del apoderado en la elección del contralor fue en

calidad de asesor jurídico externo de la entidad; y iv) en el análisis

jurídico no se encontró irregularidad alguna conforme fue expuesto.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El solicitante, mediante escrito recibido el 16 de marzo de 2021,

interpone recurso de apelación, en el cual reitera los fundamentos

de hecho y de derecho de la solicitud.

Comenta que con las reiteradas suspensiones de la convocatoria

que ya había concluido con la elección y su declaratoria, como

contralor municipal de Villavicencio (Meta), del señor NELSON

LEONARDO SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ, al parecer, mientras se

acomodaba la terna a los intereses de los integrantes de la mesa

directiva de ese entonces, se ve claramente el posible tráfico de

influencias y conflicto de intereses.

Sostiene que, el 19 de febrero de 2020, la Mesa Directiva del

Concejo de Villavicencio (Meta), mediante la Resolución núm. 027

ordenó suspender la convocatoria pública para elegir contralor

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municipal de Villavicencio (Meta), y el 29 de febrero de 2020,

expidió la Resolución núm. 031, por medio de la cual suspendió,

transitoriamente, dicha convocatoria pública, esto es que la Mesa

Directiva decidió, de forma arbitraria, suspender un acto

administrativo que ya había ‘concluido’ o ‘precluido’ lo que significa

que su vida jurídica había fenecido, por lo que se cometió una vía

de hecho administrativa, en absoluta desconexión con el

ordenamiento jurídico pues no había lugar a la recomposición de la

terna o de una nueva terna, ya que existía un contralor electo.

Reitera que la vía de hecho administrativa en la que incurrió La

Mesa Directiva del Concejo Municipal de Villavicencio (Meta),

cuando de forma arbitraria y con fundamento en su única voluntad,

actuando en franca y absoluta desconexión con el ordenamiento

jurídico, decide suspender una convocatoria que ya había concluido,

terminado o fenecido, es que los hace incurrir en las causales de

perdida de investidura descritas en artículo 48, numerales 1, 4, 5 y

6, de la Ley 617.

Insiste en que al día siguiente de su elección, realizada de manera

irregular y abiertamente contraria a la ley, el señor DIEGO MEYER

ARTUNDUAGA decidió tomar posesión ante la Mesa Directiva del

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Concejo, contrariando lo ordenado en el Artículo 160 de la Ley 136,

porque la Mesa Directiva del concejo no estaba facultada para

posesionar al contralor, al prever la norma que ésta debía realizarse

ante el concejo en pleno o, en su defecto ante juez civil, promiscuo

municipal o alcalde, según el caso.

Por último, menciona que todo lo anteriormente expuesto y que se

encuentra probado y demostrado con las pruebas allegas, así como

las solicitadas, son causales para que se decrete la pérdida de

investidura que como concejales de Villavicencio (Meta) ostentan

los accionados.

IV.- ALEGATOS

El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,

numeral 3, de la Ley 1881, fue descorrido así:

IV.1. Los concejales, a través de apoderado, manifiestan que el

recurso de apelación de ninguna forma cuestiona la valoración

probatoria realizada por el Tribunal y se limita a transcribir los

argumentos de la solicitud, sin realizar una confrontación entre la

sentencia y sus argumentos de alzada.

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Agregan que no se acreditaron los supuestos de hecho exigidos en

las causales de pérdida de investidura invocadas, así como los

elementos de antijuridicidad y culpabilidad de la conducta

endilgada.

IV.2. El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta

instancia.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si los concejales del municipio

de Villavicencio (Meta), señores JORGE ENRIQUE GARCÍA

CANGREJO, PEDRO NEL MACÍAS VALENCIA y DAVID

FERNANDO BARBOSA POSADA, incurrieron en las causales

previstas en el artículo 48, numerales 1, 4, 5 y 6, de la Ley 617, en

concordancia con el artículo 160 de la Ley 136, esto es por tráfico

de influencias, conflicto de intereses e indebida destinación de

dineros públicos, al haber participado en la elección del contralor

municipal de Villavicencio (Meta), señor DIEGO MEYER

ARTUNDUAGA.

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V.2.- De la violación del régimen de conflicto de intereses

como causal de pérdida de investidura7

En la presente solicitud se endilga la configuración de la causal de

pérdida de investidura prevista en el artículo 48, numeral 1, de la

Ley 617, así:

“[…] Ley 617, artículo 48.- Pérdida de investidura de
diputados, concejales municipales y distritales y de
miembros de juntas administradoras locales. Los
diputados y concejales municipales y distritales y
miembros de juntas administradoras locales perderán su
investidura:
(…)
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de
la ciudadanía en general […]” (Resaltado fuera del texto
original).

En este sentido, el artículo 70, de la Ley 136, previó, en cuanto al

conflicto de intereses de concejales, la siguiente aproximación

conceptual que instruye esa figura:

“[…] Artículo 70.- Conflicto de interés. Cuando para los
concejales exista interés directo en la decisión porque

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 2 de diciembre de 2021, número único
de radicación 47001233300020200075601; 3 de octubre de 2019, número único de
radicación 05001233300020170347301; y 25 de febrero de 2021, número único de
radicación 25000231500020190021701.

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le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o
socios de derecho o de hecho, deberá declararse
impedido de participar en los debates o votaciones
respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el
cual los concejales consignarán la información relacionada con
su actividad económica privada. Dicho registro será de público
conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de
una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya
comunicado a la respectiva corporación, podrá recusarlo ante
ella […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La Sección ha establecido que el conflicto de intereses es un

concepto jurídico indeterminado y, debido a ello, es el juez quien

decide, en cada caso concreto, si existe o no fundamento suficiente

para acceder a la solicitud elevada. La jurisprudencia de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación se ha

pronunciado en múltiples ocasiones frente al alcance y contenido de

la causal en comento y su incursión en sede judicial,

consideraciones que si bien son vertidas en el marco de

controversias de desinvestidura de congresistas de la República,

orientan su entendimiento, configuración y aplicación en los

asuntos que, como en el caso sub lite, examinan las conductas de

miembros de corporaciones públicas del orden territorial.

Así, en la sentencia de 12 de abril de 2011 de la Sala Plena se

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recogen en gran medida las diferentes providencias que abordan el

tema, de la cual se transcriben los apartes más significativos:

“[…] Ahora bien, no obstante, la generalidad del alcance que
tienen los arts. 182 y 183.1 de la C.P., poseen un contenido
mínimo clarificador, que es importante destacar a
continuación antes de abordar el caso concreto:

i) El conflicto de interés puede ser de orden económico o
moral, de manera que en estos dos conceptos se deben
enmarcar todas las circunstancias reprochables desde el
punto de vista del interés en su concreción. Sin embargo, la
indeterminación de los mismos sigue caracterizando la
institución.

ii) La consecuencia inmediata de estar incurso en ellos es que
se le prohíbe al congresista participar de la deliberación y
decisión del tema puesto a consideración del Congreso.

En este sentido, la Sala Plena consideró en la sentencia del 11
de mayo de 2009 –exp. P.I. 2009 00043-: “La Carta Política
impone a los congresistas el deber de poner en conocimiento
de la respectiva Cámara las situaciones de orden moral o
económico que los inhiban para participar en el trámite de los
asuntos sometidos a su consideración. La Ley 5ª de 1992 -
Sección IV-, reguló lo relativo a la aplicación, declaración,
comunicación y efectos del impedimento y la recusación y el
artículo 286 reitera el deber que tienen de declararse
impedidos ‘… de participar en los debates y votaciones
respectivas…’.”

iii) El conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar
en toda clase de actuaciones y decisiones donde, en principio,
debería actuar el congresista, es decir, que está inhibido “para
participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración.” Esto significa que no puede intervenir en la
deliberación ni en la votación de proyectos de ley, de
actuaciones judiciales, ni en la adopción de otras decisiones
administrativas, electorales o políticas, siempre que lo
afecten.

De este criterio ha sido la Sala Plena en muchas ocasiones.
Entre ellas lo ha aplicado a la elección de funcionarios a su
cargo, en cuyo caso ha analizado si en el evento concreto se
presenta un conflicto de intereses del congresista demandado

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que participó en la correspondiente elección: “Para la Sala, la
situación de conflicto de interés que puede presentarse en un
asunto o materia de conocimiento de los congresistas, no se
circunscribe únicamente a los relacionados con su labor
legislativa, pues como antes lo ha precisado la Sala Plena8, los
miembros del Congreso tienen otras funciones de naturaleza
administrativa, electoral, judicial, de control político y fiscal,
atribuidas por la Constitución y la ley. Por esta razón, ha
dicho la Sala9, que la situación de conflicto debe analizarse en
cada caso específico, para determinar si las particulares
circunstancias del congresista, su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o sus parientes, o socios, se
contraponen con el interés comprometido en el asunto o
materia en el que intervenga.” -sentencia del 10 de
noviembre de 2009. Rad. 11001-03-15-000-2008-01180-
00(PI)-2008-01367. CP. Martha Teresa Briceño-

En el mismo sentido manifestó: “Que el impedimento puede
darse por la participación o votación en una decisión o asunto
de que conozca el Congreso de la República, sea que se trate
de deliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de
ley o actos legislativos, o se trate de una decisión
trascendental. En efecto, es inequívoco el artículo 291 al
señalar que el congresista debe declararse impedido cuando
observe que existe un conflicto de intereses para conocer y
participar ‘sobre determinado proyecto o decisión
trascendental’.

“Por tanto, el impedimento no solo puede darse cuando se
trate del ejercicio de las funciones puramente legislativas del
Congreso sino cuando se trate de las otras funciones de ese
órgano como las funciones de control político, las
administrativas, las judiciales y las electorales.

“La Sala no desconoce que el conflicto de intereses podría
darse de forma contundente cuando se trata de la
intervención de los congresistas en el proceso de formación
de normas jurídicas que luego vendrían a favorecerlos de
forma particular y concreta, como cuando se dictan normas
relativas al régimen del derecho penal estando el congresista
sometido efectivamente a una investigación penal, cosa que
no sucede en este caso. Este tema fue tratado por la Sala de
Consulta del Consejo de Estado en el concepto del 15 de

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de
noviembre de 2001, Expediente PI-0130, consejero ponente Germán Rodríguez Villamizar.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de17 de

octubre de 2000, Expediente AC-11116, consejero ponente Mario Alario Méndez.

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mayo de 200810, y así se concluyó en ese dictamen.” -
sentencia del 23 marzo de 2010, rad. 11001-03-15-000-
2009-00198-00(PI). CP. Hugo Fernando Bastidas-

En forma concluyente también ha expresado que “Para que se
estructure la violación del régimen del conflicto de intereses
es suficiente que el congresista participe en los debates11, así
sea simplemente integrando el quórum de la sesión donde se
discuta el tema respectivo12.” –Sala Plena. Sentencia del 27
de julio de 2010. Rad. 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI).
CP. Mauricio Fajardo Gómez-

iv) Cuando se concreta alguna circunstancia que obliga al
congresista a separarse del tema que compete resolver al
Congreso, aquél debe ponerla en conocimiento de la
Corporación, so pena de ser recusado. En estos términos,
tanto la institución del impedimento como la recusación tienen
apoyatura directa en el art. 182 de la CP.

v) Se le encomendó al legislador complementar la tarea que
se encuentra implícita en esta causal: identificar “lo
relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones”.
Esta atribución para ultimar los detalles de la materia, en lo
no regulado en la Constitución Política, constituye una típica
reserva de ley.

vi) De lo expresado se deduce que los elementos que
configuran el conflicto de intereses son: a) la existencia de un
interés particular del congresista en la deliberación o decisión
de un tema específico a cargo del Congreso, b) que

10 “[…] ¿Debe un congresista declararse impedido de participar en los debates y
votaciones respecto del proyecto de Acto Legislativo números 047 de 2007 Cámara y 014
de 2007 Senado, porque la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal le ha
abierto una investigación preliminar por actos relacionados con la llamada "parapolítica"?
De acuerdo con los fundamentos normativos y los hechos analizados en el presente
concepto, la Sala considera recomendable que proceda a declarar su impedimento ante la
respectiva Corporación, para que sea ésta la que decida sobre el mismo. En caso de
hacerlo y de votar el congresista favorablemente el mencionado proyecto de Acto
legislativo, ¿qué consecuencias podrían sobrevenirle en materia disciplinaria y pérdida de
investidura? De acuerdo con lo expuesto en este concepto, en caso de que el congresista
no declare su impedimento ante la Corporación y de alguna manera participe en el debate
y votación del proyecto, además de la posibilidad de que pueda ser recusado, dicha
participación podría dar lugar a que se le iniciara una investigación disciplinaria y se
configurara una causal para un eventual proceso de pérdida de investidura […]”.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de

abril de 2003, número único de radicado 11001-03-15-000-2002-1127-01(PI-058),
consejero ponente Alejandro Ordóñez Maldonado.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de

agosto de 2003, número único de radicado 11001-03-15-000-2003-0587-01(PI),
consejero ponente Alejandro Ordóñez Maldonado.

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efectivamente participe de ello, c) que ese interés sea directo,
no eventual o hipotético, d) que además el interés sea actual,
y e) que el beneficio recibido no sea general sino particular
[…]”13.

A su vez, esta Sección ha acogido y reiterado, en múltiples

oportunidades, lo dicho en concepto de 28 de abril de la Sala de

Consulta y Servicio Civil sobre la noción, finalidad, fundamento y

características que debe reunir el conflicto de interés, en el cual se

plasmaron las siguientes consideraciones14:

[…] 2. El conflicto de intereses. Es una institución de
transparencia democrática que por su alcance y fundamento
debe analizarse en forma concreta.

2.1. Noción. En términos generales es aquella cualidad de
concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés
público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse
impedido a quien deba tomarla.

2.2. Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de
impedir que prevalezca el interés privado del congresista [en
este caso entiéndase concejal] sobre los intereses públicos, el
cual, prevalido de su influencia, podría obtener provechos
indebidos para sí o para terceros, es decir, evitar
favorecer intereses que no sean los relativos al bien común o
que la imparcialidad de sus decisiones se comprometa y
distorsione por motivos personales o particulares. Se trata así
de un asunto inherente al fuero interno del congresista, a un
aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir y no ser

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 12 de
abril de 2011, número único de radicado 11001-03-15-000-2010-01325-00 (PI),
consejero ponente Enrique Gil Botero y 2 de julio de 2013, número único de radicado
11001-03-15-000-2012-00-00322-00(PI), consejero ponente María Elizabeth García
Gonzalez. Ver también, en el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencias de 6 de junio de 2017, número único de radicado
11001-03-15-000-2016-02279-00(PI) consejero ponente Jaime Orlando Santofimio
Gamboa y de 1o. de febrero de 2018 número único de radicado 66001-23-33-000-2017-
00089-01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

sentencia de 18 de marzo de 2021, número único de radicación
85001233300020200001602, consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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manifestado conforme al reglamento, da lugar a la
recusación.

2.3. Fundamento. De allí que el fundamento del
impedimento radica en que: a) el conflicto de interés afecta la
transparencia de la decisión -para el caso, la motivación del
voto-. En efecto, en toda decisión siempre debe haber, en
forma inequívoca, un solo interés: el interés general de la ley.
Por tanto, en caso de conflicto se mezclan el interés privado y
el público, con lo cual queda en duda cuál fue el interés
dominante. b) En que el impedimento evita que la decisión
sea determinada por el interés particular en detrimento del
interés público.

2.4 Necesidad de análisis en cada caso particular: La
Sala estima conveniente advertir que el tema, de por sí
complejo, requiere para su tratamiento del análisis de cada
caso concreto, pues la conducta humana admite de manera
necesaria matices y, por tanto, el instituto del conflicto de
intereses, al ser del resorte del fuero interno, debe ser
valorado con especial cuidado para no vulnerar los derechos
del congresista o hacer inanes los alcances de la ley.

3. Requisitos para la configuración del conflicto de
intereses en el caso de los congresistas. Como quiera que
dicho conflicto se configura por la concurrencia de interés
privado e interés público, se hace indispensable tener en
cuenta, entre otros, los siguientes requisitos:

3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo
expuesto, resulta indubitable que este interés debe aparecer
en tal forma que comprometa objetivamente la intangibilidad
del interés general perseguido, para lo cual la Sala estima
necesario hacer las siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay
“exigencia para la satisfacción de necesidades humanas” -
Messineo, Tomo II, p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v.
gr.: ventajas o provechos representados en derechos
subjetivos, o en ventajas de tipo reparativo positivo (como
indemnización por daños o detrimento de derechos) o
negativo (reparación de gastos), o de tipo enriquecedor
(como ganancias, utilidades, provechos, derechos, etc.), o
cuando se refieren a la simple exoneración de desventajas
(exoneración de obligaciones, cargas, etc.).

b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible
de ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia,

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debido a que siendo actual y estando amparado por la ley
puede perturbar el ánimo del interesado a actuar en su propio
favor. Para ello debe tenerse en cuenta que el interés: 1) Es
actual, cuando se ha adquirido y puede afectarse. De allí que
por ausencia de éste (sic) requisito quede excluido el interés
futuro. 2) Es jurídico, porque se encuentra amparado por la
ley. Por tanto es inaceptable interés originado en el roce
meramente social (v. gr. el de comunicación o trato) para
generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando puede
extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se da
cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).

c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza
particular de manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta
cuando se actúa movido por el interés público o general -
regulación abstracta en general-. El interés puede ser
individual o colectivo, referido en el primer caso, por ej., a la
propiedad particular y, en el segundo, al interés común de los
propietarios en una urbanización.

d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista [en
este caso entiéndase concejal] o en su cónyuge, compañero
(a), pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, en el caso bajo estudio.

3.2 El interés público concurrente en la decisión
pertinente. Para que este interés público concurrente pueda
verse menoscabado, también se hace indispensable tener en
cuenta aquellos aspectos que puedan afectar que sea el único
determinante de la decisión; lo cual implica que en la misma
persona que tiene un interés privado, también concurran
estos requisitos:

a) Calidad de congresista.
b) Intervención en las deliberaciones y votaciones.
c) Proyecto de decisión de interés público.
d) Afectación particular, consistente en que el proyecto a
votar pueda afectar el interés directo del congresista, arriba
mencionado.

3.3 Conflicto de interés. De la concurrencia objetiva de los
dos intereses mencionados puede desprenderse
inequívocamente la existencia de un conflicto de interés como
causal de impedimento o recusación. En tanto que este
fenómeno no se estructuraría, de una parte, cuando no
concurra alguno de los requisitos mencionados para los
referidos intereses, y, de otro, cuando simplemente se trata

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de mera apreciación subjetiva de conflicto sin sustento en
elementos objetivos [...]”15.

A partir de estos precisos elementos de juicio, la Sección16 ha

determinado que con dicha causal se procura castigar la posibilidad

de que los miembros de las corporaciones públicas territoriales

pretendan, con determinadas decisiones, lucrarse u obtener

beneficios, ventajas o privilegios personales, en detrimento de la

comunidad, desconociendo precisamente el interés general que

debe guiar el ejercicio de sus funciones; esto es, cuando el

accionado tiene interés directo en el asunto que se encuentra

conociendo porque le afecta en forma personal.

El asunto puesto en conocimiento del corporado le plantea un

enfrentamiento entre su interés personal y el interés general o bien

común que, se reitera, debe guiar el ejercicio de sus funciones, lo

que obliga a que aquél a manifestar su impedimento para efectos

de que sea resuelto, so pena de incurrir en la referida causal de

desinvestidura.

15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de abril de 2004,

radicación núm. 1572, consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias

de 30 de mayo de 2019, número único de radicado 05001-23-31-000-2017-02538-01(PI),
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés y de 28 de noviembre de 2013,
número único de radicado 50001-23-33-000-2013-00027-02(PI), consejera ponente María
Elizabeth García González.

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La causal de violación al régimen de conflicto de intereses en

cabeza de un miembro de una corporación pública territorial de

elección popular, supone la omisión en que se incurre cuando, en

un asunto sometido a su intervención, no advierte ante el resto del

órgano político-administrativo al cual pertenece, la connivencia

entre sus intereses particulares, –ya sean de orden moral y/o

económico-, y los ineludibles intereses públicos que per se está

obligado a proteger en desarrollo de sus funciones públicas

corporativas, en tanto que de dicha concurrencia de intereses

resulta afectado de alguna manera u obtiene un provecho privado.

Siendo consecuente con los antecedentes jurisprudenciales

referenciados y reiterados, la Sala hace hincapié en los

presupuestos cuya presencia debe quedar demostrada de forma

suficiente y concurrente dentro del proceso, en orden a verificar la

configuración de la causal de conflicto de intereses en miembros de

corporaciones públicas territoriales de elección popular:

a) Que el accionado haya adelantado la actuación imputada en

ejercicio de su respectiva investidura;

b) Que exista un interés directo, particular y actual del accionado, o

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de su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno

de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o

segundo de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de

derecho o de hecho, de orden moral o económico, en la

deliberación o decisión de un tema específico a cargo de la

respectiva corporación pública, es decir un asunto de conocimiento

funcional del corporado, cualquiera sea su naturaleza, lo que no

circunscribe la causal, únicamente, a las cuestiones político-

administrativas, sino a toda materia que sea competencia del

órgano; y,

c) Que, a pesar de ello, dicho miembro conforme el quórum o

intervenga en el debate del referido asunto, o lo vote o participe

efectivamente del trámite, sin haber manifestado el impedimento

para actuar o sin haber sido recusado para los efectos17.

El presupuesto “a)”, común a las causales de pérdida de

investidura, exige para este escenario la calidad cualificada del

sujeto activo que incurrió en un conflicto de intereses mediante el

ejercicio irregular de su investidura, esto es que debe acreditarse

su condición de corporado.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de
febrero de 2015, número único de radicado 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI),
consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.

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El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que

deben destacarse: el interés directo, particular y actual del

accionado, o de su cónyuge o compañero o compañera

permanente, o de alguno de sus parientes dentro del cuarto grado

de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o de su

socio o socios de derecho o de hecho; su esencia moral y/o

económica; y los asuntos o temas que son puestos a consideración

e intervención del miembro de la corporación.

El primer componente consiste en la presencia de una inclinación

real del corporado hacia un tema, objeto o aspecto cualquiera

sometido a su estudio, decisión, debate, votación, censura o

participación en desarrollo de sus funciones como tal, con el ánimo

de materializar un provecho, utilidad, ventaja o conveniencia

propia, o de su cónyuge, familiares o socios, que se aleja en todo

caso de la intención inicial de obtener el bien general18 y afecta la

transparencia y objetividad de dicha actuación.

18 Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010, proceso con núm.

único de radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo
Fernando Bastidas, la Sala Plena indicó: “[…] No hay que olvidar que el artículo 133 de la
Constitución dice que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia y el bien común. De
modo que el día en que colisionan los intereses privados del congresista con el interés
público inmerso en el debate, en la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de
intereses, conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la recusación.
En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado de
la función para el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés
privado o particular del congresista no subordine al interés público […]”.

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La Sala Plena19 se ha pronunciado afirmando que el interés debe

ser entendido como “[…] una razón subjetiva que torna al

funcionario y que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma

de decisiones con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés

que la norma moral y la norma legal exigen […]” 20 y como “[…] el

provecho, conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias,

derivarían el congresista o los suyos de la decisión que pudiera

tomarse en el asunto […]”21.

La Corporación ha enfatizado, al respecto, en lo siguiente:

“[…] 3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo
expuesto, resulta indubitable que este interés debe aparecer
en tal forma que comprometa objetivamente la intangibilidad
del interés general perseguido, para lo cual la Sala estima
necesario hacer las siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay
“exigencia para la satisfacción de necesidades humanas” -
Messineo, Tomo II, p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v.
gr.: ventajas o provechos representados en derechos
subjetivos, o en ventajas de tipo reparativo positivo (como
indemnización por daños o detrimento de derechos) o
negativo (reparación de gastos), o de tipo enriquecedor
(como ganancias, utilidades, provechos, derechos, etc.), o
cuando se refieren a la simple exoneración de desventajas
(exoneración de obligaciones, cargas, etc.).

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 27 de
julio de 2010, número único de radicado 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI), consejero
ponente Mauricio Fajardo Gómez y cit. de 24 de febrero de 2015, número único de
radicado 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI), consejera ponente doctora María Claudia
Rojas Lasso.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de

marzo de 1996, Expediente núm. AC-3300, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de

octubre de 2000, Expediente núm. AC-1116, consejero ponente Mario Alario Méndez.

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b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia,
debido a que siendo actual y estando amparado por la ley
puede perturbar el ánimo del interesado a actuar en su propio
favor. Para ello debe tenerse en cuenta que el interés: 1) Es
actual, cuando se ha adquirido y puede afectarse. De allí que
por ausencia de este requisito quede excluido el interés
futuro. 2) Es jurídico, porque se encuentra amparado por la
ley. Por tanto, es inaceptable interés originado en el roce
meramente social (v. gr. el de comunicación o trato) para
generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando puede
extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se da
cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).

c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular
de manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se
actúa movido por el interés público o general -regulación
abstracta en general-. El interés puede ser individual o
colectivo, referido en el primer caso, por ej., a la propiedad
particular y, en el segundo, al interés común de los
propietarios en una urbanización.

d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista o en
su cónyuge, compañero (a), pariente hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, en el caso bajo estudio
[…]”22.

El segundo componente atañe a la naturaleza económica o moral

del interés que procura reprimir esta causal, ante los cuales la Sala

Plena ha explicado los siguientes criterios que la Sección prohíja:

“[…] El conflicto de intereses de índole económico tiene
un perfil mucho más claro habida cuenta de que los
artículos 287 y 288 de la Ley 5ª de 1992 prescriben el
deber de registrar los intereses privados y la
participación accionaria que tenga el respectivo

22 Consejo de Estado, Sala de Servicio y Consulta Civil, Concepto de 28 de abril de 2004,

consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez, Expediente núm. 1572; acogido y
reiterado en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 24
de agosto de 2006, Expediente núm. 2006-0003, consejero ponente Camilo Arciniegas
Andrade y de 22 de marzo de 2013, Expediente núm. 2012-00054, consejera ponente
doctora María Claudia Rojas Lasso.

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congresista, todo para que haya transparencia respecto
de la vida económica del congresista frente al interés
público que se debate en el Congreso y de cara al pueblo.

No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice
que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y que deberán actuar consultando la
justicia y el bien común. De modo que el día en que colisionan
los intereses privados del congresista con el interés público
inmerso en el debate, en la decisión o en el voto habría un caso
de conflicto de intereses, conflicto que pretenden resolver las
figuras del impedimento o de la recusación. En efecto, de
prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda
separado de la función para el caso específico, con lo cual el
ordenamiento pretende que el interés privado o particular del
congresista no subordine al interés público.

El conflicto de intereses de índole moral, en cambio, no
aparece nítidamente definido ni tiene un perfil claro en
las normas constitucionales y legales, como sí ocurre con
el conflicto de intereses de índole económico, lo que no
significa que no exista o que no pueda presentarse. Es
más, no se descarta que una determinada situación
fáctica derive simultáneamente tanto en un conflicto
económico como en un conflicto de tipo moral. Por un
lado, es totalmente admisible que el congresista, como
cualquier ciudadano, ejerza o haya ejercido derechos
fundamentales y de ahí que tenga intereses privados que deba
cuidar. Por otro lado, la Constitución le ordena que como
congresista vote en pos del bien común y la justicia, vale decir,
en pos del interés general. En esa dinámica es factible el
enfrentamiento de intereses que debe evitarse, tal como se
explicó. Como no resulta conforme con los paradigmas de la
ética pública que en un momento dado se superpongan esos
intereses, la Constitución castiga el hecho de que el congresista
omita denunciar la existencia del conflicto de intereses, cuestión
que queda en evidencia cuando justamente el congresista vota,
participa en un debate o en una decisión trascendental estando
de por medio intereses personales de tipo económico o moral
francamente incompatibles con el interés público relacionado
con esa votación, ese debate o esa decisión […]”23 (Negrillas y

23 Cit. sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI).
consejero ponente Doctor Hugo Fernando Bastidas. Ver también sentencias AC-1499 de
26 de julio de 1994, consejero ponente Doctor Delio Gómez Leyva; AC-3300 de 19 de
marzo de 1996, consejero ponente Doctor Joaquín Barreto Ruiz; AC-3302 de 5 de marzo
de 1996, consejero ponente Doctor Amado Gutiérrez Velásquez; AC-12262 de 26 de
febrero de 2001, consejero ponente Doctor Jesús María Carrillo Ballesteros; de 14 de
mayo de 2002, Expediente núm. 2001-0211 (PI-031), consejero ponente Doctor Nicolás

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subrayas fuera de texto).

El tercer componente alude a los asuntos o temas que son

sometidos a consideración e intervención del miembro de la

corporación pública que, lejos de circunscribirse de forma exclusiva

a los legislativos, también cobija los electorales, judiciales, de

control político, administrativos a su cargo o, en general, que

correspondan a decisiones trascendentales, en cuanto hacen parte

de las distintas facetas en las que aquél termina interfiriendo,

inevitablemente, por mandato constitucional y legal. Por tanto, el

impedimento para intervenir, siempre que lo afecten, no solo se

concreta en el ejercicio de las funciones puramente político-

administrativas de la corporación pública sino cuando también se

trate de las otras funciones de ese órgano como son las de control

político, judiciales y electorales, entre otras.

Por otra parte, el presupuesto “c” exige que, además de haberse

verificado la existencia del interés particular en cabeza del miembro

involucrado en el respectivo trámite, este participe efectivamente

del mismo, sin que hubiese manifestado su impedimento para

actuar o sin haber sido recusado para conseguir apartarlo del tema.

Pájaro Peñaranda; y de 20 de noviembre de 2007, Expediente núm. 2007-00286 (PI),
consejero ponente Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado.

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La participación efectiva en el trámite se materializa con el estudio,

decisión, debate, votación, censura y/o intervención en los asuntos

funcionales; en principio, el corporado está en la obligación de

manifestar el impedimento cuando advierta la existencia del

eventual conflicto de intereses, de tal modo que le permita al resto

de sus compañeros definir o decidir el impedimento. No se trata,

como es obvio, de una decisión puramente discrecional habida

cuenta que, de todas las circunstancias de hecho que pudieran

configurar un interés privado de índole económico o moral, surge la

obligación de manifestar el consecuente impedimento24; guardar

silencio al respecto no impide la activación de la causal.

V.3. De la indebida destinación de dineros públicos como

causal de pérdida de investidura25

Con relación a la controversia sometida al estudio de la Sala, se

advierte que la causal de pérdida de investidura que se invoca en la

presente solicitud es la prevista en los artículos 55, numeral 3, de

24 Cit. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23
marzo de 2010, número único de radicado 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI),
consejero ponente Hugo Fernando Bastidas.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera

ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 10 de diciembre de 2021, número
único de radicación 50001233300020200008001; 29 de marzo de 2019, número único de
radicación 66001233300020180024601; y de 23 de julio de 2021, número único de
radicación 50001233300020200002101.

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la Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, cuyo tenor es el

siguiente:

“[…] Ley 136

Artículo 55. Pérdida de la investidura de Concejal. Los
concejales perderán su investidura por: (…)

3. Por indebida destinación de dineros públicos […]”
(Negrillas y subrayas por fuera de texto).

“[…] Ley 617

Artículo 48. Pérdida de investidura de Diputados,
Concejales Municipales y Distritales y de Miembros de
Juntas Administradoras Locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:
(…)
4. Por indebida destinación de dineros públicos […]”
(Negrillas y subrayas por fuera de texto).

Como los elementos que estructuran esta causal no se encuentran

desarrollados en la Constitución ni en las normas legales que las

ordenan, resulta pertinente acudir al sentido y alcance con los que

esta Corporación la ha tratado de forma reiterada. En sentencia de

3 de octubre de 2000, la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con relación a los congresistas, pertinente también

para los restantes miembros de corporaciones públicas de elección

popular, como los concejales, precisó:

“[...] La causal de indebida destinación de dineros públicos se
configura cuando el congresista destina los dineros
públicos a unas finalidades y cometidos estatales
distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley

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o en los reglamentos, como ocurre en los siguientes
casos:

a. Cuando destina los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados;
b. Cuando los destina a objetos, actividades o
propósitos autorizados pero diferentes a los cuales
esos dineros se encuentran asignados;
c. Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento.
d. Cuando esa aplicación se da para materias
innecesarias o injustificadas.
f. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros.
g. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o
en el de terceros […]”26 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

De igual forma, ha explicado que:

“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de
pérdida de investidura, tampoco describe la conducta. No
obstante, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado ha delimitado los presupuestos para que se configure.
En este sentido, como su denominación lo indica, se realiza
cuando un congresista destina los dineros públicos a
unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos. Bien puede utilizarlos o dirigirlos a
actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos
que estando autorizados no correspondan a la finalidad
asignada; o a cometidos prohibidos, entre otros.

En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio
de 2012, señaló que, aunque la causal no está definida en el
ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de
los dineros públicos no corresponde a los fines estatales
preestablecidos por la Constitución, la ley o el reglamento:

26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de
octubre de 2000, Expedientes AC-10529 y AC-10968, consejero ponente Darío Quiñones
Pinilla.

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“[…] La causal de indebida destinación de dineros
públicos no está definida en la Constitución ni en las
normas legales que rigen el ejercicio de la acción de
pérdida de investidura. Es, entonces, pertinente
consignar el sentido y alcance con que esta Corporación
le ha definido. La causal de indebida destinación de
dineros públicos se configura cuando el concejal
destina los dineros públicos a unas finalidades y
cometidos estatales distintos a los establecidos
en la Constitución, en la ley o en los reglamentos
[…]”27 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Respecto a los elementos constitutivos de este tipo
disciplinario, la Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo de
200328 también señaló: “[…] Por consiguiente, el elemento
tipificador de la causal de pérdida de investidura en
referencia, está en el hecho de que el congresista, en
su condición de servidor público, que lo es (art. 123 de
la Constitución), con su conducta funcional, al ejercer
las competencias de las que ha sido revestido,
traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a
otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para los
cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales
recursos a materias expresamente prohibidas, no
necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es
obtener un incremento patrimonial personal o de
terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o de terceras
personas, etc. ‘En los eventos como los antes indicados, la
conducta del congresista bien puede ser delictiva o no,
ajustada o no a un procedimiento legal de ordenación del
gasto o de contratación, pero, su finalidad es otra muy
distinta a la señalada en la Constitución, la ley o los
reglamentos’ […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De allí que, para que la causal se configure es necesario que
el Congresista, en su condición de servidor público,
distorsione o cambie el cometido estatal consagrado en la
Constitución, la Ley o el Reglamento, para destinar los dineros

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 7 de junio de 2012, número único de radicación 73001233100020100035201,
consejera ponente María Claudia Rojas Lasso.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en

sentencia de 6 de marzo de 2003, número único de radicación
2000123310002002100701, consejera ponente Olga Inés Navarrete Barrero.

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públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o
que estando autorizados sean diferentes a aquellos para los
cuales se encuentran asignados, o haya destinado o utilizado
los recursos a materias expresamente prohibidas, no
necesarias o injustificadas; o perseguido la finalidad de
obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; o
hubiere pretendido derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas.

En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la
causal ostente la condición de nominador u ordenador del
gasto, basta con que deba respetar, defender y cuidar el
patrimonio público, toda vez que es imperativo cuidar los
bienes del Estado para evitar su menoscabo. En este
sentido, la Sala Plena ha señalado que la causal
comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin. La
Sentencia del 1 de noviembre de 200529 señaló: “[…] Para
la configuración de la causal de indebida destinación de
dineros públicos prevista en el num. 4º del artículo 183
de la Constitución Política (reproducida en el numeral
4º del artículo 298 de la Ley 5ª de 1992) se destacan o
requieren dos elementos como son la conducta y el fin
[…]”

En el primero –como se exige para las demás causales por las
que se puede demandar la pérdida de investidura- es
necesario, que el sujeto activo que la agota ostente la calidad
de Congresista y precisamente que en esa condición ejerza
competencias para las que fue investido.

El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta,
es decir que al ejercer las competencias propias de su
investidura: i) cambie o distorsione los fines y
cometidos estatales preestablecidos en la Constitución,
la ley o el reglamento al destinar los recursos públicos
a materias, actividades o propósitos no autorizados, o a
aquéllos que autorizados son diferentes a los que se
encuentran asignados; ii) aplique tales dineros a
objetos prohibidos, no necesarios o injustificados; iii)
obtenga un incremento patrimonial para sí o a favor de
terceros, o iv) pretenda derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de
terceras personas, etc. […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

29Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de
noviembre de 2005, número único de radicación 11001031500020040167300, consejero
ponente Tarsicio Cáceres Toro.

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A su turno, esta Sección, siguiendo los planteamientos de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha

expresado, frente a la configuración de la causal de pérdida de

investidura por indebida destinación de dineros públicos que:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no
se encuentra definida en la Constitución ni en las normas
legales que regulan el ejercicio de la acción de pérdida de
investidura. No obstante, la jurisprudencia de esta
Corporación se ha referido en distintas oportunidades al
sentido y alcance que esta causal tiene.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación, en sentencia 30 de mayo de 2000 (Expediente
núm. AC-9877, Consejero ponente doctor Germán Rodríguez
Villamizar), se pronunció sobre los alcances del concepto de
indebida destinación de dineros públicos, señalando que el
elemento tipificador de esta causal de pérdida de investidura
“[…] está en el hecho de que el Congresista, en su
condición de servidor público, con su conducta
funcional al ejercer las competencias de las que ha sido
revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o
cometidos estatales, preestablecidos en la Constitución,
la ley o el reglamento, para destinar los dineros
públicos a objetos, actividades o propósitos no
autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a
aquellos para los cuales se encuentran asignados, o
cuando aplica tales recursos a materias expresamente
prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la
finalidad es obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros, o cuando pretende derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o
de terceras personas […]”.

Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la
misma Sala Plena de lo Contencioso Administrativo30 y
también por la Sección Primera del Consejo de Estado, entre
otras, en sentencias de 1º de julio de 2004 (Expediente núm.
2003-00194, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), 9 de noviembre de 2006 (Expediente núm.

30 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001

(Expediente núm. AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).

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2005-01133, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas
Andrade), 16 de julio de 2009 (Expediente núm. 2008-00700,
Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón) 14 de
diciembre de 2009 (Expediente núm. 2009-00012
(Expediente núm. 2009-00012, Consejero ponente doctor
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), 3 de noviembre de 2011
(Expediente núm. 2011-00009, Consejera ponente María
Elizabeth García González) y 1º de agosto de 2013
(Expediente núm. 2012-00151, Consejera ponente María
Elizabeth García González) […]”31 (Negrillas y subrayas fuera
de texto).

Con fundamento en el marco normativo y en el desarrollo

jurisprudencial citado anteriormente, se tiene que los dineros

públicos son “[…] todos aquellos que provienen de una actividad

económica del Estado y se integran al ciclo presupuestal con el

propósito de ser redistribuidos para la satisfacción de las

necesidades que demanda el interés general […]”32, por lo que, en

el mismo sentido, los eventos en que se puede configurar su

indebida destinación33 son aquellos en los que un miembro de la

corporación pública territorial de elección popular los asigna para:

i) Cubrir objetos, actividades o propósitos no autorizados.

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias

de 4 de septiembre de 2014, número único de radicación 63001233300020130014801
(PI), consejero ponente Guillermo Vargas Ayala; de 6 de septiembre de 2018, número
único de radicación 70001233300020180001901(PI), consejera ponente María Elizabeth
García González; de 28 de julio de 2016, número único de radicación
15001233300020150073901(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de

marzo de 2017, número único de radicación 11001031500020150011100, consejero
ponente Rafael Francisco Suárez Vargas.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia

de 15 de marzo de 2018, número único de radicación 13001233300020160110701(PI),
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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ii) Costear objetos, actividades o propósitos que sí están

autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los

cuales están previamente asignados.

iii) Sufragar objetos, actividades o propósitos expresamente

prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.

iv) Pagar por materias innecesarias o injustificadas.

v) Cuando la destinación de los dineros públicos tiene la

finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de

terceros.

vi) Y, cuando la destinación de los dineros públicos tiene la

finalidad de derivar un beneficio, no necesariamente

económico, en su favor o en el de terceros.

Para tales efectos, no es indispensable que el miembro de la

corporación pública territorial de elección popular sea ordenador del

gasto, pues lo importante es que adelante actuaciones certeras o

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utilice instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los

dineros públicos34.

V.4. Del tráfico de influencias debidamente comprobado

Tal como lo precisó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

de esta Corporación en sentencia de 15 de mayo de 2007

(Expediente núm. 2006-01268 (PI), consejero ponente doctor

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), providencia proferida en el

marco del proceso sancionatorio de pérdida de investidura de

miembros del Congreso de la República y que ahora se prohíja, así

como en reiterados pronunciamientos de 8 de agosto de 2001

(Expedientes acumulados núms. AC-10966 y AC-11274, consejero

ponente doctor Reinaldo Chavarro Buriticá) y de 29 de julio de

2003 (Expediente PI-00522, consejero ponente doctor Gabriel

Eduardo Mendoza Martelo)35, el tráfico de influencias como causal

de pérdida de investidura no tiene una definición legal, sino que

esta se ha construido a partir de su interpretación y aplicación

34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de
abril de 2018, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-01062-00, consejero
ponente Carmelo Perdomo Cuéter.
35 Reiterada también en sentencias de 11 de marzo de 2008 (Expediente núm. 2007-

01054 (PI), consejera Ponente doctora Susana Buitrago), de 27 de abril de 2010
(Expediente núm. 2009-00935 (PI), consejero Ponente doctor William Giraldo Giraldo), 12
de junio de 2012 (Expediente núm. 2011-01112 (PI), consejera Ponente doctora María
Claudia Rojas Lasso) y de 4 de septiembre de 2012 (Expediente núm. 2011-00616 (PI),
consejero Ponente doctor Mauricio Fajardo Gómez).

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jurisprudencial.

Es así como la corporación ha señalado, de forma reiterada, que el

tráfico de influencias presupone anteponer la investidura de

congresista ante un servidor público, quien, bajo tal influjo

sicológico, realiza una actividad que no adelantaría de no ser por la

calidad de quien se lo solicita. Consiste en una relación de doble

envío en donde el congresista, gracias a la investidura que posee,

crea en el destinatario de su influencia la decisión de realizar el

hacer solicitado36.

En cuanto al alcance y contenido de esta causal, y su incursión en

sede judicial, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

estableció la observancia de los siguientes elementos para la

configuración del tráfico de influencias, así:

“[…] a) Que la persona que ejerce la influencia ostente o haya
ostentado la calidad de Congresista de la República, la cual se
adquiere a partir de la posesión en el cargo”;37

b) Que se invoque esa calidad o condición ante el servidor
público38, ejerciéndose en todo caso un influjo síquico sobre

36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de
abril de 2010, número único de radicación 11001-03-15-000-2009-00935-00(PI),
consejero ponente William Giraldo Giraldo.
37 Sentencias de Sala Plena de 21 de febrero de 2012 (Expediente núm. 2011-00497 (PI),

consejero ponente Alfonso Vargas Rincón), de 6 de mayo de dos mil catorce (2014),
(Expediente núm. 2013-00865 (PI), consejero Ponente doctor Enrique Gil Botero) y de 21
de junio de 2016 (Expediente núm. 2013-01258-00 (PI), consejera ponente María
Elizabeth García González).

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éste, sin tener en consideración el orden jerárquico existente
entre ambos;

c) Que se reciba, haga dar o prometer para sí o para un
tercero dinero o dádiva, con las salvedades o excepciones
contempladas en la Ley 5ª de 1992, en cuanto a las gestiones
de los Congresistas en favor de sus regiones”;39 y

d) Que el beneficio pretendido por el Congresista provenga de
un asunto que el servidor público se encuentre conociendo o
haya de conocer”.

Ese presupuesto “a)” exige la calidad cualificada del
sujeto activo que pretende traficar las influencias que
emanan de su investidura congresional, esto es, que
debe acreditarse su condición de Senador o
Representante a la Cámara.

En el requisito “b)”, debe observarse plenamente que, ante el
servidor público, el congresista haya invocado,
antepuesto o recurrido a su condición de tal. Son dos los
aspectos fundamentales a tener en cuenta en este punto: lo
primero, es que se haya ejercido sobre el servidor un
influjo síquico derivado de la condición de congresista,
es decir, que lo que se pretenda de aquél se consiga por
la anteposición del cargo de Senador o Representante.

En estos términos, la Sala Plena también ha sostenido que,
dentro de los requisitos exigidos por la jurisprudencia, para
que se estructure el tráfico de influencias, se destaca el influjo
sicológico que derivado de la calidad de congresista, se pueda
ejercer sobre la persona que deba realizar la actividad que se
pretende. Quien influye, ejerce predominio o fuerza moral,
valiéndose de su poder, superioridad o fuerza dominante.

El segundo aspecto, radica en que el tráfico de
influencias puede darse frente a cualquier servidor
público sin consideración al orden jerárquico en que se
encuentre, lo cual desecha cualquier tipo de
elucubración adicional a la simple constatación de que
el influenciado ostente el carácter de servidor público.

En el presupuesto “c)” debe advertirse que el congresista
bien puede solicitarle al servidor público un beneficio
en dinero y/o dádiva para sí o para un tercero, -excepto

38 Ídem.
39 Ídem.

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si se trata de una gestión a favor de su región en los términos
de la Ley 5ª de 1992-, conducta que implica una relación
de doble envío, donde el congresista solicita para
recibirlo, darlo o prometerlo y consecuentemente el
servidor público accede a ello. Sin embargo, la
conducta se configura aun cuando el servidor público
no accede, porque basta la simple solicitud.

Finalmente, en el elemento “d)” habrá que precisar que el
referido beneficio pretendido por el congresista ya sea en
dinero y/o dádiva, tenga su origen en un asunto en donde
el servidor público sea o vaya a ser competente, es
decir, que tenga o vaya a tener el conocimiento del
mismo, razón justamente por la cual resulta abordado
por el congresista […]”40 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

“[…] Del precedente anteriormente citado se colige que para
que se estructure la causal objeto de estudio resulta necesario
demostrar que (i) la persona haya sido o sea congresista,
(ii) invoque esa condición ante el servidor público, (iii)
reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero
dinero, dádiva, con las salvedades o excepciones
establecidas en la Ley 5ª de 1992, en cuanto a las
gestiones de los congresistas en favor de sus regiones,
y (iv) con el propósito de obtener un beneficio de un
servidor público en algún asunto que este conozca o
haya de conocer […]”41 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

V.4.1.- Del tráfico de influencias de miembros de las
corporaciones públicas territoriales42

40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de
noviembre de 2016, número único de radicación 11001-03-15-000-2015-01571-00,
consejera ponente María Elizabeth García González.
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 19 de

septiembre de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2014-01602-00(PI),
consejero ponente Carmelo Perdomo Cuéter y de 27 de agosto de 2019, número único de
radicación 11001-03-15-000-2018-00317-01(PI), consejero ponente Carmelo Perdomo
Cuéter.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias

de 10 de octubre de 2014, número único de radicación 76001-23-33-000-2012-00609-
01(PI), consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno; de 16 de octubre de 2014,
número único de radicación 05001-23-33-000-2013-01781-01(PI), consejero ponente
Guillermo Vargas Ayala; de 3 de diciembre de 2015, número único de radicación 76001-
23-33-000-2014-01422-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés; de 16
de abril de 2020, número único de radicación 50001-23-33-000-2019-00099-01,

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A partir de las consideraciones vertidas por la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo y la Sección Primera de la Corporación,

la Sala considera conveniente acentuar los elementos necesarios

para la configuración objetiva de esta causal, en lo que guarda

relación con el tráfico de influencias de miembros de las

corporaciones públicas territoriales, así:

(i) Que el accionado haya ostentado la calidad de miembro de una

corporación pública territorial para la época de los hechos relatados

en la solicitud de pérdida de investidura.

(ii) Que se invoque la calidad o condición de miembro de una

corporación pública territorial ante el servidor público, ejerciendo un

influjo síquico en este, lo cual presupone anteponer, prevaler o

invocar su investidura con el propósito de recibir, dar o hacerse

prometer para sí, o para un tercero, dádiva o dinero43.

Ello, al margen de que se obtenga o no el provecho que aquel

pretendía o el funcionario no acceda a la respectiva solicitud, como

consejero ponente Oswaldo Giraldo López; 8 de octubre de 2020, número único de
radicación 68001-23-33-000-2019-00609-01 (PI); y de 10 de diciembre de 2021, número
único de radicación 81001233900020200012701, consejera ponente Nubia Margoth Peña
Garzón.
43 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de junio

de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2016-02279-00, consejero
ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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quiera que lo que censura esta causal es negociar con el dominio y

autoridad que emanan de un cargo representativo de elección

popular, el cual está destinado y resguardado para emprender fines

superiores, “[…] entonces, la eventual falta de materialización del

provecho económico no tiene incidencia en la configuración de la

actuación anómala adelantada a cambio de dinero, pues es

suficiente que haya hecho prevalecer su condición para ofrecer la

posibilidad de concretar los nombramientos en virtud de la labor

que podía adelantar ante otros funcionarios de las entidades

públicas ya referidas […]”44.

A su vez, sin perjuicio de las salvedades o excepciones funcionales

establecidas en la Constitución Política y la ley, esto es que la

causal no se configura cuando se observe que el corporado actuó

en ejercicio de una facultad autorizada por el ordenamiento

jurídico45 porque, en tal caso, la conducta se habría desplegado

amparado en éste y no devendría en irregular46. En el mismo

sentido, resulta irrelevante la ubicación, procedencia, orden y

44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de
junio de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2016-01503-00(PI),
consejero ponente Carlos Enrique Moreno Rubio.
45 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de junio

de 2017, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Núm. único de expediente:
11001031500020160227900.
46 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de

noviembre de 2018, número único de radicación 11001-03-15-000-2015-00659-00(PI),
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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relación jerárquica que tenga el accionado respecto del funcionario

frente al que se trafica la influencia.

(iii) Que el acto se realice con el fin de obtener beneficio de servidor

público, en un asunto que éste se encuentre conociendo o hubiese

de conocer, es decir una cuestión actual o futura. En este punto, se

excluye cualquier tipo de influjo ejercido respecto de particulares,

habida cuenta que su radio normativo se contrae, por entero, al

ámbito de lo público.

Y, (iv) que el tráfico de influencias resulte debidamente probado 47,

“[…] lo cual significa que los elementos de la causal deben

acreditarse más allá de toda duda razonable y con fundamento en

las pruebas aportadas legal y oportunamente al proceso,

respetando las garantías del debido proceso y del derecho de

contradicción y de defensa, a partir de las cuales se debe alcanzar

el grado de certeza requerido para edificar la configuración de la

causal de que se trata. La misma Sala, en sentencia proferida el 24

de febrero de 201548, sostuvo que los supuestos fácticos que el

47 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de julio

de 2013, núm. único de radicación 11001031500020110155900, consejero ponente
Hernán Andrade Rincón.
48 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de

febrero de 2015, núm. único de radicación 11001031500020120113900, consejera
ponente María Claudia Rojas Lasso.

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demandante pretenda hacer valer para demostrar la ocurrencia del

tráfico de influencias debidamente comprobado no pueden tener

fundamento en afirmaciones genéricas o indeterminadas, sino que

se deben precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su

ocurrencia […]”49.

Vale la pena resaltar, por lo mismo, que esta es una causal

autónoma respecto de cualquier asunto de naturaleza penal, de ahí

que no es necesario pronunciamiento previo de la jurisdicción

ordinaria para su invocación y estructuración ante este proceso

sancionatorio50.

V.5.- Del caso concreto

Los señores JORGE ENRIQUE GARCÍA CANGREJO, PEDRO NEL

MACÍAS VALENCIA y DAVID FERNANDO BARBOSA POSADA,

fueron elegidos concejales del municipio de Villavicencio (Meta),

para el período constitucional 2020-2023, según consta en el

Formulario E-26 CON de 15 de noviembre de 2019.

49 Cit., sentencia de 20 de noviembre de 2018, número único de radicación 11001-03-15-

000-2015-00659-00(PI), consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
50 Ídem.

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El solicitante expone como hecho central de su escrito introductorio

que la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Villavicencio (Meta),

recompuso, de forma irregular, la terna postulada para el cargo de

contralor municipal de ese ente territorial, período 2020-2021, y

eligió al señor DIEGO MEYER ARTUNDUAGA, siendo que ya había

elegido a uno de los candidatos de la terna inicial, señor NELSON

LEONARDO SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ, -quien renunció a ocupar

dicho cargo-, actuando así en contra de lo establecido en la

convocatoria, puesto que el proceso había terminado con esa

elección.

A partir de esa circunstancia, manifestó que se configuraron las

causales de pérdida de investidura de conflicto de intereses y

tráfico de influencias; asimismo, invocó la causal de indebida

destinación de dineros públicos como quiera que, a su juicio, con la

anormal recomposición de la terna e ilegal elección del señor

DIEGO MEYER ARTUNDUAGA, los concejales ocasionaron el pago

indebido de salarios y prestaciones sociales a este último.

Como funciones de los concejos municipales el artículo 272, inciso

7°, de la Constitución Política, establece que los contralores

departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las

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Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, de

terna conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en

convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de

transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y

equidad de género, para un período de cuatro años que no podrá

coincidir con el período del correspondiente gobernador y alcalde.

De las pruebas obrantes en el expediente, la Sala observa que el

Concejo Municipal de Villavicencio (Meta) expidió la Resolución

núm. 075 de 11 de junio de 2019, “[…] Por medio de la cual se da

apertura a una Convocatoria Pública y se selecciona una institución

de educación superior que adelante la convocatoria para elegir al

Contralor(a) Municipal de Villavicencio periodo 2020-2023 […]”,

para lo cual seleccionaron a la Universidad Distrital Francisco José

de Caldas, se dieron a conocer las especificaciones del cargo, se

pusieron en conocimiento los requisitos que los aspirantes debían

cumplir y señalaron los parámetros de la calificación de las pruebas

para acceder al cargo.

En virtud del Acto Legislativo 04 de 2019, el Contralor General de la

República expidió la Resolución núm. 728 de 18 de noviembre de

2019, “[…] Por la cual se establecen los términos generales de las

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convocatorias públicas de selección de contralores territoriales […]”,

con la que fijó los parámetros que debían cumplirse para todos los

concursos de elección de contralores territoriales, como quiera que

el artículo 4º, parágrafo transitorio 1º, de aquel compendio, que

modificó el artículo 272 Constitucional, estableció que la siguiente

elección de todos los contralores territoriales se haría para un

período de dos años.

Como consecuencia de ello, el Concejo Municipal de Villavicencio

(Meta) expidió la Resolución núm. 126 de 17 de diciembre de 2019,

“[…] Por medio de la cual se suspende la Convocatoria Pública para

elegir al Contralor(a) Municipal de Villavicencio […]”, ante la

necesidad de definir los términos en que la convocatoria debía

ajustarse, acorde con la disposición sobreviniente del mencionado

acto legislativo.

Luego, el Concejo Municipal de Villavicencio (Meta) expidió la

Resolución núm. 129 de 27 de diciembre de 2019, “[…] Por medio

de la cual se modifica la Resolución No. 075 de 2019 […]”,

ajustando la convocatoria al nuevo marco normativo, previa

consulta atendida por el DAFP, en ejercicio de su función consultiva.

No obstante, una vez adelantado el proceso de elección, a través de

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la Resolución núm. 009 de 8 de enero de 2020, “[…] Por medio de

la cual se suspende la Convocatoria Pública para elegir al

Contralor(a) Municipal de Villavicencio […]”, se suspendió la

convocatoria hasta tanto no se recibiera una respuesta del DAFP

respecto del examen de integridad de los ternados, remitido el 31

de diciembre de 2019 a esa entidad, debido a la dificultad de

contactarse con ésta.

El Concejo Municipal de Villavicencio (Meta), expidió entonces la

Resolución núm. 011 de 9 de enero de 2020, “[…] Por medio de la

cual se levanta la suspensión de la Convocatoria Pública para elegir

al Contralor(a) Municipal de Villavicencio para el período 2020-2021

decretada mediante Resolución 0089 del 8 de enero de 2020, se

modifica el cronograma establecido mediante Resolución núm. 075

del 11 de junio de 2019 y No. 129 del 27 de diciembre de 2019 y se

dictan otras disposiciones […]”, regulando así el procedimiento y los

parámetros con los cuales se efectuaría la entrevista de los

ternados.

En el acta núm. 009 de 10 de enero del 2020, se dejó constancia de

la entrevista realizada a la terna aspirante a contralor municipal de

Villavicencio (Meta), conformada por los señores NELSON

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LEONARDO SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ, SILVIA ESTHER

ÁLVAREZ AMAYA y CARLOS ARTURO GUASCA VELÁSQUEZ,

ganando el señor NELSON LEONARDO SEPÚLVEDA FLÓREZ con

14 votos a favor, quien, a través de memorial de 24 de enero de

2020, manifestó que no tomaría posesión al habérsele negado la

comisión que había solicitado a la Contraloría General de la

República, ente de control en el cual laboraba en carrera

administrativa especial. Simultáneamente, el señor CARLOS

ARTURO GUASCA VELÁSQUEZ, también incluido en esta primera

terna, radicó ante el Concejo Municipal de Villavicencio (Meta), el

oficio de 27 de enero de 2020, con el que renunció a continuar en

el proceso de la convocatoria pública para el cargo de contralor

municipal de Villavicencio (Meta).

En medio de este escenario, el Concejo Municipal de Villavicencio

(Meta) elevó consulta a la Contraloría General de la República y al

DAFP, con el fin de establecer el procedimiento que debía llevar a

cabo, teniendo en cuenta las vicisitudes presentadas en la

convocatoria. El ente de control, a su vez, elevó esta consulta al

DAFP, quien consideró que ante el retiro de alguno de los

integrantes de la terna debía recomponerse con los siguientes

aspirantes señalados en la lista de elegibles, -Concepto núm. 34431

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de 2020, radicado: 20206000034431 de 28 de enero de 2020 51-,

todo lo cual concuerda con el concepto emanado directamente por

el DAFP al requerimiento elevado por el Concejo, -Concepto núm.

46211 de 2020, radicado 20206000046211 de 6 de febrero del

202052-.

El Concejo Municipal de Villavicencio (Meta), a partir de los

aspectos orientados desde la Contraloría General de la República y

el DAFP, expidió la Resolución núm. 016 de 8 de febrero de 2020

51 “[…] De acuerdo con lo expuesto, esta Dirección Jurídica concluye lo siguiente:

1. El Concejo Municipal de Villavicencio, ante el retiro de alguno o algunos de los
integrantes de la terna obtenida en el proceso de selección del contralor, deberá
recomponerla con el cuarto o quinto de la lista de elegibles, de ser necesario, para la
nueva elección, adoptando estas decisiones mediante los actos respectivos.

2. No se hace necesario practicar nuevamente el examen de integridad y la entrevista a
quienes ya fueron sometidos a ellas. Deberán hacerse para quienes integren la nueva
terna y no se les hayan practicado […]”.
52 “[…] De acuerdo con los argumentos expuestos, esta Dirección Jurídica concluye lo

siguiente:

1. Si el designado o nombrado como contralor no acepta su elección, el concejo deberá
reconformar la terna para la elección, tal como se indicó en el concepto con radicado No.
20206000034431 emitido el 28 de febrero de 2020.

2. La no aceptación del cargo del integrante de la terna elegido no finiquita el proceso,
pues el acto de nombramiento no crea o modifica la situación jurídica de un particular, ni
reconoce un derecho de igual categoría. Por lo tanto, no se debe realizar una nueva
convocatoria para la elección del contralor, ya que la Resolución previó en estas
situaciones (falta absoluta de un integrante de la terna), reconformarla para su nueva
elección con quienes siguen en puntaje dentro de los resultados de la convocatoria.

3. El concejo podrá sesionar 10 días calendario si así lo decide, para efectuar la elección
del contralor, de acuerdo con lo expuesto en este concepto.

4. La noma no tiene prevista la obligación de informar al alcalde Municipal sobre la
prórroga de las sesiones, pero con base en el principio de colaboración interadministrativa,
se considera pertinente informarle a esta autoridad sobre la citada decisión.

5. La vigencia de la lista obtenida en la convocatoria, no finaliza con la elección, pues la
norma no estableció esta consecuencia jurídica y con base en los principios de economía,
trasparencia, publicidad y objetividad administrativa, se hace viable su utilización en el
caso consultado […]”.

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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2020 00924 01
Solicitante: SAÚL VILLAR JIMÉNEZ

“[…] Por medio de la cual se recompone la terna para elegir al

Contralor(a) Municipal de Villavicencio para el período 2020-2021 y

se dictan otras Disposiciones […]”, quedando integrada la terna por

JIMMY LEONAR AGUDELO VELÁSQUEZ, SILVIA ESTHER

ÁLVAREZ AMAYA y DIEGO MEYER ARTUNDUAGA, esto es que

continuó la aspirante SILVIA ESTHER ÁLVAREZ AMAYA, y la

terna se recompuso con JIMMY LEONAR AGUDELO VELÁSQUEZ

quien había obtenido un puntaje de 63.7 y DIEGO MEYER

ARTUNDUAGA con un puntaje de 63.60.

Seguidamente fue expedida la Resolución núm. 025 de 14 de

febrero de 2020, “[…] Por medio de la cual se modifica el

cronograma establecido mediante Resolución núm. 016 de 2020,

modificatoria de la Resolución núm. 075 de 2019 para elegir al

nuevo Contralor Municipal de Villavicencio para el período 2020-

2021 y se dictan otras disposiciones […]”, mediante el cual el

Concejo Municipal de Villavicencio (Meta) modificó el cronograma

del concurso, debido a la necesidad de esperar el resultado del

DAFP del examen de integridad de la terna recién conformada.

Paralelamente, el señor NELSON LEONARDO SEPÚLVEDA

FLÓREZ, quien había sido elegido en la primera terna, allegó

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memorial de 19 de febrero del 2020, casi un mes después de su

desistimiento, solicitando que se le diera posesión al cargo, por lo

que el Concejo Municipal de Villavicencio (Meta) expidió la

Resolución núm. 027 de 19 de febrero de 2020, “[…] Por medio de

la cual se suspende la Convocatoria Pública para elegir al

Contralor(a) Municipal de Villavicencio y se dictan otras

disposiciones […]”, en aras de resolver la solicitud de posesión en el

cargo del aspirante, al haber superado las dificultades de hecho y

de derecho relacionadas en su escrito.

Ese mismo día, 19 de febrero de 2020, la Mesa Directiva del

Concejo Municipal de Villavicencio (Meta) elevó una nueva consulta

al DAFP con el fin de determinar la procedencia de la solicitud

presentada por el señor NELSON LEONARDO SEPÚLVEDA

FLÓREZ y el procedimiento que debía seguirse para dicha posesión

en caso de ser factible. Al respecto, el DAFP expidió el Concepto

núm. 066821 de 8 de junio de 2020 en el que expuso que “[…] Por

consiguiente, se infiere que, una vez recompuesta la terna, el

procedimiento debe continuar con las personas que fueron

posteriormente llamadas a conformarla, por haberse presentado

previamente la renuncia de dos de los tres ternados originales; que,

para el caso de autos, ocurrió mediante manifestación por escrito

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del 24 de enero de 2020 (...) Por consiguiente, en criterio de esta

Dirección Jurídica, una vez recompuesta la terna, en los términos

de la Resolución núm. 0728 de 18 de noviembre de 2019, no es

posible posesionar a una persona que renunció previamente a

pertenecer a la misma […]”.

De forma simultánea, el 20 de febrero de 2020, la integrante de la

terna, señora SILVIA ESTHER ÁLVAREZ AMAYA, presentó la

renuncia a la terna para el cargo de contralor municipal de

Villavicencio (Meta), la cual fundó en motivos ‘estrictamente

personales’, por lo que el Concejo Municipal de Villavicencio (Meta),

a partir de lo establecido por el DAFP en sus conceptos, expidió la

Resolución núm. 028 de 21 de febrero de 2020, “[…] Por medio de

la cual se concluye la suspensión dispuesta mediante Resolución

027 de 2020, se recompone la terna para elegir al nuevo Contralor

Municipal de Villavicencio para el período 2020-2021 y se establece

un nuevo cronograma […]”, continuando así el procedimiento de la

convocatoria, negando la solicitud de posesión del señor NELSON

LEONARDO SEPÚLVEDA FLÓREZ y recomponiendo la terna

debido a la renuncia presentada por la señora SILVIA ESTHER

ÁLVAREZ AMAYA, quedando entonces conformada por los señores

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JIMMY LEONAR AGUDELO VELÁSQUEZ, DIEGO MEYER

ARTUNDUAGA y ANDRÉS EDUARDO PÁEZ ALVARADO.

El 29 de febrero de 2020, -conforme al acta núm. 055 de la misma

fecha-, se llevaron a cabo las entrevistas a los aspirantes ternados;

no obstante, la votación arrojó un resultado de nueve (9) votos a

favor del señor DIEGO MEYER ARTUNDUAGA y cinco (5) votos en

blanco, lo que no cumplía con el reglamento interno del Concejo

Municipal de Villavicencio (Meta), que indicaba que las decisiones se

debían tomar por la mitad más uno de los asistentes.

Fue entonces que el Concejo Municipal de Villavicencio (Meta),

expidió la Resolución núm. 031 de 29 de febrero de 2020, “[…] Por

medio de la cual se suspende transitoriamente la Convocatoria

Pública para elegir al nuevo Contralor del Municipio de Villavicencio

para el período 2020-2021 […]”, teniendo en cuenta que la votación

obtenida en el acto de elección no logró la mayoría absoluta exigida

reglamentariamente, lo que les condujo a formular una nueva

consulta al DAFP, el 19 de marzo de 2020, entidad esta que, con

oficio núm. S20-00022989-PQRSD-022923-PQR de 3 de junio de

2020, manifestó que “[…] es claro que la disposición contenida en

la Resolución proferida por la Corporación, que establece que, para

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la elección del respectivo Contralor, ésta será adoptada por la

mayoría absoluta, está en concordancia con las normas superiores

descritas; decisión que debe ser adoptada en su tenor literal […]”.

Esa corporación expidió la Resolución núm. 077 de 4 de junio de

2020, “[…] Por medio de la cual se concluye la suspensión de la

convocatoria para elegir al nuevo Contralor del Municipio de

Villavicencio para el período 2020-2021, se fija fecha para llevar a

cabo la nueva votación y la elección, y se dictan otras disposiciones

[…]”, fijando fecha para llevar a cabo una nueva votación con el fin

de obtener una mayoría absoluta, siguiendo los lineamientos del

concepto emitido por el DAFP y el reglamento interno de la propia

corporación.

De forma previa, y teniendo en cuenta las circunstancias de la

pandemia producida por el COVID-19, el Concejo Municipal de

Villavicencio (Meta) expidió la Resolución núm. 078 de 8 de junio de

2020 “[…] Por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo

tercero de la resolución No. 077 del 4 de junio de 2020 […]”,

ajustando la votación de la elección y garantizando que sea

presencial y secreta bajo los parámetros de aislamiento.

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En acta de sesiones 094 de 9 de junio de 2020, el Concejo

Municipal de Villavicencio (Meta), se evidencia que el aspirante

DIEGO MEYER ARTUNDUAGA obtuvo doce (12) votos a favor y

un (1) voto en blanco, designación de cargo que el aspirante aceptó

mediante oficio presentado el 9 de junio de 2020, cuya posesión se

llevó a cabo el 10 de ese mes y año.

A partir del análisis detallado de los acontecimientos ocurridos a lo

largo de la accidentada convocatoria llevada a cabo por el Concejo

Municipal de Villavicencio (Meta), para elegir contralor municipal de

ese ente territorial, para el período atípico de dos (2) años, 2020-

2021, en los términos del Acto Legislativo 04 de 2019, la Sala no

observa elementos que permitan concluir que los concejales

accionados, miembros de la Mesa Directiva, hayan configurado un

conflicto de intereses o un tráfico de influencias con la expedición

de los actos administrativos mediante los cuales se adelantó,

impulsó y surtió el referido proceso de elección.

En efecto, no está demostrado la existencia de un interés directo,

particular y actual de los accionados, o de sus cónyuges o

compañeros o compañeras permanentes, o de alguno de sus

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de

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afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de

hecho, de orden moral o económico, en el desarrollo del proceso de

elección del contralor municipal de Villavicencio (Meta) y que, a

pesar de ello, hubiesen intervenido en el impulso y votación

efectiva del referido asunto, sin haber manifestado el impedimento

para actuar o haber sido recusados, esto es que no se distingue

algún conflicto de intereses.

De igual forma, tampoco se logra constatar que los accionados

hayan invocado la calidad o condición de miembro de la corporación

pública territorial ante servidor público, ejerciendo un influjo síquico

en este, anteponiendo, prevaliendo o invocando su investidura con

el propósito de recibir, dar o hacerse prometer para sí, o para un

tercero, dádiva o dinero, o, lo que es igual, no se aprecia la

presencia de un tráfico de influencias debidamente probado.

Lo que sí se logró demostrar fue diligencia y precaución en el

desarrollo del procedimiento de convocatoria, así como en las

decisiones tomadas para llevar a cabo la elección, afrontando cada

una de las dificultades presentadas, al acudir tanto a la Contraloría

General de la República como al DAFP, conceptos que se tuvieron

en cuenta al momento de escoger al señor DIEGO MEYER

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ARTUNDUAGA, incluso con el solicitado acompañamiento de la

Procuraduría General de la Nación.

En cuanto a la renuncia del señor NELSON LEONARDO

SEPÚLVEDA FLÓREZ, la consecuente recomposición de la terna en

dos ocasiones, -luego de la renuncia de varios de los aspirantes-, y

la elección del candidato DIEGO MEYER ARTUNDUAGA, como

principales hechos que dieron origen a la censura del solicitante, la

Sala encuentra que el procedimiento adelantado por los accionados

estuvo acorde con el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de resaltar

que aquellos estuvieron respaldados por los permanentes conceptos

con los que la Contraloría General de la República y, en especial el

DAFP que cuenta con facultad consultiva, incluso reconocida en la

Resolución 728 de 18 de noviembre de 201953, acompañaron la

labor del Concejo Municipal de Villavicencio (Meta) en la tarea de

elegir contralor municipal, período 2020-2021.

La posible irregularidad expuesta por el concejal CARLOS JULIO

SERRATO LADINO era que, al existir ya una persona elegida el

53 Resolución 728 de 18 de noviembre de 2019, expedida por la Contraloría General de la

República: “[…] Artículo 15. FACULTAD CONSULTIVA. El Departamento
Administrativo de la Función Pública, será la autoridad técnica competente para
conceptuar sobre la aplicación e interpretación de las normas que rigen los
procesos de convocatoria para la elección de contralores territoriales. Para el
efecto, la Contraloría General de la República prestará el apoyo que le sea
requerido […] (Negrillas y subrayas fuera de texto).

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proceso había culminado, por lo que no debía recomponerse la

terna, lo cual, a pesar de dejarse la constancia, fue uno de los

interrogantes resueltos por el DAFP a favor de rehacer la terna por

estricto orden de mérito para continuar con la convocatoria, como

atrás quedó expuesto.

En este punto se tiene que el artículo 6° del Acto Legislativo 04 de

2019, prevé que “[…] La Contraloría General de la República

desarrollará los términos generales para el proceso de ‘convocatoria

pública de selección de los contralores departamentales,

municipales y distritales […]”. La tarea impuesta por el Acto

Legislativo a la Contraloría General de la República hace relación al

desarrollo de los términos generales para el proceso de

convocatoria para los contralores territoriales, por lo que la norma

superior no le atribuyó al ente de control el desarrollo minucioso del

proceso de convocatoria, pues esta facultad está en cabeza del

Congreso, tal como lo indica el artículo 272, inciso 7°, de la Carta

Política: “[…] Los Contralores departamentales, distritales y

municipales serán elegidos por las Asambleas Departamentales,

Concejos Municipales y Distritales, de terna conformada por

quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública

conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia,

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publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de

género, para un periodo de cuatro años que no podrá coincidir con

el periodo del correspondiente gobernador y alcalde […]”.

La Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, en

Concepto de 12 de noviembre de 2019, determinó que las

disposiciones de la Ley 1904 son aplicables, en lo correspondiente,

a la elección de los contralores departamentales, distritales y

municipales, en tanto el Congreso de la República expida

disposiciones especiales para la materia, así:

“[…] Como el Legislador no ha expedido todavía una ley
que regule específicamente el proceso de elección de
los contralores territoriales, la normativa que rige y
debe seguirse aplicando es la contenida en la Ley 1904
de 2018, tal como se explicó en al acápite primero de
este documento. Por lo tanto, es a dicha ley a la que
debe sujetarse la Contraloría General cuando expida la
reglamentación prevista en el artículo 6 del Acto
Legislativo 4 de 2019.

A este respecto, vale la pena aclarar que ni la Ley 1904, ni su
aplicación a la elección de los contralores territoriales (artículo
11), deben entenderse derogadas por el Acto Legislativo 4 de
2019, pues no existe, en principio, ninguna clase de
contradicción o antinomia sustancial entre dichos cuerpos
normativos, vistos en su integridad.
(…)

Estas consideraciones llevan a la Sala a concluir que las
convocatorias públicas que se hubieran iniciado, por
parte de algunas asambleas departamentales o
concejos municipales o distritales, antes dela entrada
en vigencia del Acto Legislativo 4 de 2019, podrían
continuar, en principio, siempre que los términos y

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condiciones de aquellas se adecúen a las reglas
contenidas en el nuevo marco constitucional, a la ley
que llegue a expedir el Congreso para regular
específicamente el proceso de elección de los
contralores territoriales y a las disposiciones
reglamentarias que dicte la Contraloría General de la
República, en ejercicio de la nueva función que le
otorgó el artículo 6 de la reforma constitucional.
(…)
Conforme a lo explicado en este concepto, la
competencia otorgada a la Contraloría General de la
República por el artículo 6 del Acto Legislativo 4 de
2019 constituye una facultad reglamentaria de carácter
permanente, pero limitada a la materia y a la finalidad
señaladas en dicha norma: desarrollar los términos
generales (establecidos previamente por el legislador)
de los procesos de convocatoria pública para la elección
de los contralores departamentales, municipales y
distritales.

Esta potestad debe ser ejercida dentro de los límites
materiales y teleológicos indicados, y de forma subordinada a
la Constitución Política (especialmente, a los artículos 126 y
272) y a la ley que regule tales convocatorias (actualmente,
la Ley 1904 de 2018), mediante la expedición de actos
administrativos de contenido general […]”54 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

A partir de lo anterior, los términos generales para el proceso de

convocatoria pública para la elección de contralores territoriales

fueron adoptados por la Contraloría General de la República

mediante la Resolución núm. 0728 de 18 de noviembre de 2019, en

la que se estableció, respecto del asunto del caso concreto, lo

siguiente:

54 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 12 de noviembre de

2019, número único de radiación 11001-03-06-000-2019-00186-00, consejero ponente
Álvaro Namén Vargas.

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“[…] ARTÍCULO 10. CONFORMACIÓN DE LA TERNA Y
PUBLICACIÓN. La corporación pública correspondiente
conformará la terna con quienes ocupen los tres primeros
lugares conforme al puntaje final consolidado. La lista de
ternados se publicará por el término de cinco (5) días hábiles,
por orden alfabético, en el sitio web dispuesto para el efecto,
advirtiendo que por tratarse de una convocatoria pública los
puntajes finales no implican orden de clasificación de
elegibilidad.

Dentro del término de publicación de la terna, la ciudadanía
podrá realizar observaciones sobre los integrantes, que
podrán servir de insumo para la valoración que harán los
miembros de las corporaciones públicas, para lo cual la
respectiva corporación deberá disponer lo pertinente.

PARÁGRAFO. En caso de presentarse alguna
circunstancia que conlleve el retiro o la falta absoluta
de alguno de los integrantes de la terna, deberá
completarse con la persona que haya ocupado el cuarto
lugar en el puntaje final, y así sucesivamente en
estricto orden de mérito […]” (Negrillas y subrayas fuera
de texto).

Para la Sala, por lo tanto, no hay asomo de duda en cuanto a la

acertada decisión adoptada por los concejales de recomponer la

terna las veces en que quedó disuelta, esto es cuando habiendo

sido elegido el señor NELSON LEONARDO SEPÚLVEDA

RODRÍGUEZ éste declinó al llamado a ocupar el cargo de contralor

municipal de Villavicencio (Meta); luego, ante las renuncias de los

ternados CARLOS ARTURO GUASCA VELÁSQUEZ y SILVIA

ESTHER ÁLVAREZ AMAYA; y, finalmente, con la elección y

posesión del señor DIEGO MEYER ARTUNDUAGA..

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Ahora, el solicitante manifiesta que existe una irregularidad al

momento de posesión del señor DIEGO MEYER ARTUNDUAGA,

puesto que lo hizo solo ante la Mesa Directiva en lugar de hacerlo

ante la plenaria del Concejo Municipal de Villavicencio (Meta). Al

respecto, se observa que el Acuerdo núm. 263 de 1o. de abril del

2015 “[…] Por medio del cual se adopta el nuevo reglamento

interno del Concejo Municipal de Villavicencio […]”, en su artículo

42 estableció las funciones del presidente, dentro de las que se

resalta las siguientes:

“[…] Artículo 42: FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Al
presidente le corresponde:
(…)
2. Actuar en representación del Concejo en los actos y
actividades que le correspondan.
(…)
6. Juramentar y/o posesionar a los Concejales,
Vicepresidente, Secretario General, Personero
Municipal, Contralor Municipal y funcionarios del
Concejo […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De acuerdo con lo expuesto, el presidente de la corporación en

virtud del reglamento interno del Concejo Municipal de Villavicencio

(Meta), tenía la competencia para efectuar el juramento y posesión

del señor DIEGO MEYER ARTUNDUAGA, a diferencia de lo

expuesto por el solicitante quien yerra al manifestar que el artículo

160 de la Ley 136, exige que la misma deba realizarse ante la

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corporación en pleno, condición legal inexistente y que dista de la

realidad del texto de esa norma55.

Conforme con lo anterior, al resultar desvirtuadas las causales de

conflicto de intereses y tráfico de influencias, la de indebida

destinación de dineros públicos sigue la misma suerte, porque no se

encuentra demostrado que la decisión de recomponer la terna y la

elección de señor DIEGO MEYER ARTUNDUAGA hubiere sido con

el objeto de cubrir objetos, actividades o propósitos no autorizados;

costear objetos, actividades o propósitos que sí están autorizados,

pero que son diferentes a aquellos para los cuales están

previamente asignados; sufragar objetos, actividades o propósitos

expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el

reglamento; pagar por materias innecesarias o injustificadas; ni

obtener un incremento patrimonial personal o de terceros.

Los accionados, en calidad de concejales del municipio de

Villavicencio (Meta), para el período constitucional 2020-2023,

participaron en el procedimiento de elección del Contralor Municipal

55 “[…] ARTÍCULO 160. POSESIÓN. Los contralores distritales y municipales elegidos,
acreditarán el cumplimiento de las calidades establecidas en esta Ley y tomarán
posesión de su cargo ante el Concejo Distrital o Municipal y si esta corporación
no estuviese reunida, lo harán ante el juez civil o promiscuo municipal. En casos
de vacancia judicial también podrán hacerlo ante el alcalde […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

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de Villavicencio (Meta) con observancia a la ley y a los conceptos

emitidos por el DAFP, sin que hubiesen configurado, con ocasión de

ello, las causales de conflicto de intereses, tráfico de influencias ni

indebida destinación de dineros públicos.

Ahora bien, la parte accionante en los alegatos de conclusión

solicita que se compulse copias en contra del apoderado de los

accionados, puesto que considera que le era prohibido al

profesional del derecho asesorar el proceso de elección de contralor

municipal de Villavicencio (Meta) y, a su vez, defender a los

concejales en el proceso de pérdida de investidura, argumento que

no constituye irregularidad alguna en los términos del Tribunal que

ahora se reiteran: “[…] No obstante lo anterior, para la Sala dicha

solicitud no tiene prosperidad, puesto que una vez revisado el

artículo 29 de la Ley 1123 de 2007 “por la cual se establece el

Código Disciplinario del Abogado”, se observa que las circunstancias

fácticas alegadas no se encuentran descritas en el régimen de

incompatibilidades allí señalado, debido a: i) que no se demostró

que existiera un vínculo como funcionario público del apoderado

con el concejo municipal, ii) el argumento solo fue enunciado en

etapa de alegaciones y sin posibilidades de defensa, iii) se tiene una

participación del apoderado en la elección de Contralor fue como

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asesor jurídico externo de la entidad y iv) finalmente en el análisis

jurídico no se encontró irregularidad alguna conforme fue expuesto

[…]”.

Al no prosperar los cargos de la solicitud relativos a la presencia del

elemento objetivo de las citadas causales, no resulta posible

continuar con el estudio del elemento subjetivo, razón por la cual se

confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de febrero de 2021,

proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el

expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de febrero de 2022.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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