Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2021-00402-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2021-00402-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 47001-23-33-000-2021-00402-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
22 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 470012333000202100402011
Recurso de apelación contra la sentencia de 14 de diciembre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena
Solicitante: HERNANDO ZABALETA ECHEVERRY
TESIS: NO SE CONFIGURA INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PUBLICOS
DEL CONCEJAL POR LA CELEBRACIÓN, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL
CONCEJO DISTRITAL DE SANTA MARTA, DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2017,
DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ADFIN
NÚM. 007 DE 3 DE MARZO DE 2017 Y ADFIN NÚM. 056 DE 28 DE JUNIO DE
2017
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante
contra la sentencia de 14 de diciembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual denegó
la pérdida de investidura del concejal del Distrito Turístico, Cultural
e Histórico de Santa Marta, señor CARLOS ALBERTO PINEDO
CUELLO, por hechos ocurridos dentro del período constitucional
2016-2019.
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo
que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.
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Número único de radicación: 47001 23 33 000 2021 00402 01
Solicitante: HERNANDO ZABALETA ECHEVERRY
I.- ANTECEDENTES
I.1.- El ciudadano HERNANDO ZABALETA ECHEVERRY, actuando
en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de la investidura del
señor CARLOS ALBERTO PINEDO CUELLO, concejal del Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, por hechos ocurridos
dentro del periodo constitucional 2016-2019, al considerar que
incurrió en las causales previstas en el artículo 55, numerales 2 y 3,
de la Ley 136 de 2 de junio de 19942, esto es, por violación del
régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de
intereses e indebida destinación de dineros públicos.
I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho de las causales de
pérdida de investidura invocadas:
Señaló que el accionado cuando fungió como presidente del Concejo
Distrital de Santa Marta, durante el año 2017, celebró el Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales ADFIN núm. 007 de 3 de marzo
de 2017, con la señora LEDIS PALOMINO BARRAZA, cónyuge del
2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios […]”.
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Número único de radicación: 47001 23 33 000 2021 00402 01
Solicitante: HERNANDO ZABALETA ECHEVERRY
también concejal DANIEL SÁNCHEZ MARMOLEJO, quebrantando
así lo previsto en los artículos 49, de la Ley 617 de 6 de octubre de
20003, y 55, numerales 2 y 3, de la Ley 136.
Mencionó que ello es claro, por cuanto ante una prohibición legal
expresa que dispone una incompatibilidad para contratar a la esposa
de un concejal, a la cual conocía muy bien y de tiempo atrás, el señor
CARLOS ALBERTO PINEDO CUELLO decidió libre, voluntaria y
conscientemente, apartarse del ordenamiento jurídico para favorecer
directamente a la esposa del entonces concejal DANIEL SÁNCHEZ
MARMOLEJO, cuando está expresamente prohibido y así lo tituló el
portal [www.opinioncaribe.com]: “[...] Palacio y Pinedo son
investigados por presuntamente contratar a la esposa del concejal
Sánchez [...]”.
Sostuvo que, además, dicha contratación no contó con estudios
previos que avalaran la necesidad de satisfacer el monto a pagar o
las calidades que debía cumplir el contratista, lo que implica una
indebida destinación de dineros públicos porque en vez de buscar el
3 “[...] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional [...]”.
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Número único de radicación: 47001 23 33 000 2021 00402 01
Solicitante: HERNANDO ZABALETA ECHEVERRY
interés general, se privilegió el interés particular para favorecer
económicamente a la esposa de otro concejal.
Manifestó que el accionado actuó con dolo porque en su condición de
abogado y especialista en derecho probatorio, tenía la formación
académica y el conocimiento de la prohibición legal; también conocía
de tiempo atrás a la esposa del concejal DANIEL SÁNCHEZ
MARMOLEJO, más aún en una ciudad pequeña como Santa Marta,
donde todos se conocen con todos y actuó con voluntad porque a
pesar de conocer la prohibición legal, de saber que estaba
contratando a la esposa de un concejal, libre y voluntariamente lo
hizo y, de hecho, fue uno de los primeros contratos celebrados en el
año, lo que demuestra que esta persona era importante para él y por
eso la contrató sin el lleno de los requisitos legales, específicamente
sin estudios previos.
Adujo que, de igual forma, siendo presidente de esa corporación en
el año 2017, el accionado celebró el Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales ADFIN núm. 056 de 28 de junio de 2017, con
el señor GIOVANNI DIMITRI HINCAPIÉ QUINTERO, sin contar
tampoco con estudios previos que evidenciaran la idoneidad del
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Solicitante: HERNANDO ZABALETA ECHEVERRY
contratista, la necesidad de la entidad y la justificación del precio,
debido a que aquellos no figuran en el SECOP I.
Sostuvo que el contrato fue pagado en su totalidad por el accionado
quien pactó un servicio que ya había sido contratado tres veces en la
vigencia fiscal 2016, por su antecesor, el concejal JUAN CARLOS
PALACIO SALAS, a través de los contratos ADFIN núm. 028 de 8
de abril, 065 de 9 de agosto y 140 de 15 de diciembre de 2016, por
lo que resulta inverosímil que si se celebraron tres contratos para la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST), al siguiente año, volviera y se contratara por el
mismo concepto, pero con diferente contratista.
Indicó que el contrato ADFIN núm. 056 de 28 de junio de 2017, por
lo tanto tuvo un propósito espurio porque se ejecutó un objeto sin
estudios previos y que tan solo unos meses atrás ya había sido
ejecutado, incurriendo así, el accionado, en una indebida destinación
de dineros públicos al celebrar un contrato sin los requisitos legales,
-estudios previos-, y autorizar su pago en calidad de supervisor.
Alegó que el accionado, como presidente del Concejo Distrital de
Santa Marta, era a su vez, el representante legal, el ordenador del
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gasto y el supervisor de todos los contratos, y en un ejercicio abusivo
y arbitrario de dicho rol, adjudicó de forma directa a una persona
natural, sin contar con estudios previos, un contrato para la creación
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
que ya había sido contratado y creado en el año inmediatamente
anterior.
Agregó que el accionado no actuó transparentemente y así lo ha
demostrado a lo largo de su vida, incluso desde el momento en el
que se apropió de la pensión de congresista del papá y se quedó
cobrando la misma después de que había cumplido los veinticinco
(25) años, valiéndose para ello de todo tipo de maniobras, como
perder semestres deliberadamente o estudiar dos carreras al tiempo
para perder ambas.
Señaló que, en este caso, no se trató de falta de diligencia del
accionado, sino de conductas cometidas a título de dolo porque
siendo abogado, especialista en derecho probatorio y administrativo,
magíster en Derecho, sabía muy bien cómo es el régimen de
contratación pública y las prohibiciones que el mismo comporta,
entre ellas, se encuentra prohibido contratar sin estudios previos, -
ninguno de los dos contratos los tuvieron-, así como contratar a la
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esposa de un concejal en el propio Concejo Distrital de Santa Marta
y contratar la elaboración e implementación del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), cuando ya se había
hecho en el año 2016.
I.3.- El concejal, por conducto de apoderado judicial, se opuso a la
prosperidad de la pretensión de desinvestidura, para lo cual sostuvo
que no concurre al proceso ninguno de los elementos que dan lugar
a la configuración de las causales invocadas por el solicitante, porque
está demostrado que la contratista no se encontraba incursa en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de
intereses; y que durante su presidencia en el Concejo del Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, toda la contratación de
la corporación, para el ejercicio de sus funciones y cumplimiento de
sus fines legales y constitucionales, fue realizada con todas las
previsiones del ordenamiento jurídico nacional.
Manifestó que al examinar su conducta desde la perspectiva de
aplicación del principio pro homine, en el sentido de que se debe
hacer la interpretación más razonable y que menos perjudique o
restrinja los intereses y derechos de los ciudadanos, en este caso
claramente se concluye que siempre ha actuado de forma correcta y
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razonable a su condición de ciudadano y servidor público, por lo que
no le es endilgable ningún juicio de reproche, ya que su actuación se
hizo bajo el amparo de la normatividad constitucional y legal que
integra el ordenamiento jurídico, bajo el razonar del hombre
prudente en el ejercicio de su cargo y funciones, sin transgredir de
ninguna forma el ordenamiento jurídico que le era exigible, ni el
deber objetivo de cuidado en su accionar y actuando siempre con la
buena fe que orienta sus actuaciones comunes y de igual manera
ante las autoridades judiciales y administrativas.
Señaló, en cuanto al contrato suscrito con la señora LEDIS
PALOMINO BARRAZA, que desconocía que ella tuviese algún tipo
de vínculo matrimonial o sentimental con algún miembro de la
corporación edilicia en ese momento. Que la contratista tampoco
manifestó o declaró, por ser cierto, y por ser su obligación legal para
los fines de transparencia en materia de contratación estatal,
encontrarse incursa en ninguna causal de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de intereses, lo cual para él era
plenamente veraz, siguiendo los criterios constitucionales relativos a
los principios de confianza legítima y a la presunción de buena fe.
Indicó que ante esta situación denunciada, ha realizado las
indagaciones pertinentes confirmando así que el señalamiento
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esbozado en la solicitud es contrario a la realidad, debido a que la
señora LEDIS PALOMINO BARRAZA cesó los efectos civiles de su
matrimonio religioso por medio de escritura pública núm. 2714 de 19
de diciembre de 2005, con lo cual se ratifica que dicha contratista no
se encontraba incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad o
conflicto de intereses por los hechos relacionados.
Resaltó que estas conductas, inclusive, fueron objeto de escrutinio
por parte de la PROCURADURÍA REGIONAL DEL MAGDALENA,
quien lo absolvió por los mismos hechos al no encontrar razón alguna
a la queja presentada dentro del proceso disciplinario radicado bajo
el núm. IUS2018-076178/IUC-D-2018-1133813.
Con relación al contrato suscrito con el señor GIOVANNI DIMITRI
HINCAPIÉ QUINTERO, adujo que, de conformidad con lo previsto
en el Decreto 1443 de 31 de julio de 20144, los objetivos generales
del Sistema General de Riesgos Laborales son la promoción de la
seguridad y salud en el trabajo y la prevención de los riesgos
laborales, para evitar accidentes de trabajo y enfermedades
laborales. Que, por lo tanto, este decreto tiene por objeto definir las
4 “[...] Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) [...]”.
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directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que
deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados,
los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil,
comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria
y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y
tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas,
trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.
Mencionó que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, debe ser liderado e implementado por el empleador o
contratante con la participación de los trabajadores y/o contratistas,
garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas
de seguridad y salud en el trabajo, el mejoramiento del
comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio
ambiente laboral y el control eficaz de los peligros y riesgos en el
lugar de trabajo. Que, para el efecto, el empleador o contratante
debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades
laborales y también la protección y promoción de la salud de los
trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación,
mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos
principios estén basados en el ciclo de Planificar, Hacer, Verificar y
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Actuar de forma continua y permanente durante el ejercicio de la
actividad desplegada en el entorno laboral.
Anotó que lo anterior demuestra, por parte del solicitante, un
desconocimiento de estos temas y, por parte del accionado, un
continuo respeto de las instituciones, de los principios y leyes que en
este caso están orientadas a la protección de los ambientes laborales
seguros, conforme a las normas nacionales e internacionales en
materia de derecho del trabajo. Que es clara la carencia de soporte
legal y fáctico de la causal invocada, debido a que cuando se habla
de un Sistema de Gestión, se refiere al conjunto de etapas integradas
dentro de un proceso continuo, lo cual crea todas las condiciones
necesarias para trabajar de forma ordenada, para buscar una
adecuada ejecución y conseguir ciertas mejoras.
Finalmente, comentó que el Decreto 1443 de 2014 ha sido
reglamentado y ampliado por los decretos 1072 de 26 de mayo de
20155 y 052 de 12 de enero de 20176, las resoluciones núms. 1111
5 “[...] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo [...]”.
6“[...] Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) [...]”.
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Solicitante: HERNANDO ZABALETA ECHEVERRY
de 27 de marzo de 20177 y 0312 de 13 de febrero de 20198,
expedidas por el Ministerio del Trabajo, así como por el Decreto
Legislativo 770 de 3 de junio de 20209.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal, mediante sentencia de 14 de diciembre de 2021, denegó
la solicitud de pérdida de investidura formulada contra el señor
CARLOS ALBERTO PINEDO CUELLO, concejal del Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para lo cual, respecto
de la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades por
haber contratado a la señora LEDIS PALOMINO BARRAZA, a pesar
de que la misma tenía la condición de esposa del entonces concejal
DANIEL SANCHEZ MAMORLEJO, argumentó que no está llamada
a prosperar pues no corresponde a una actuación del accionado sino
de otro funcionario, de manera que para que resulte procedente la
desinvestidura, el estudio de la incompatibilidad y/o inhabilidad debe
7 “[...] Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes [...]”.
8 “[...] Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de la Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST [...]”.
9 “[...] Por medio del cual se adopta una medida de protección al cesante, se adoptan
medidas alternativas respecto a la jornada de trabajo, se adopta una alternativa para el
primer pago de la prima de servicios, se crea el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima
de Servicios PAP, y se crea el Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión
contractual, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante
el Decreto 637 de 2020 [...]”.
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Solicitante: HERNANDO ZABALETA ECHEVERRY
recaer en el concejal, lo cual evidentemente no aconteció en el caso
concreto.
Manifestó que, amén de lo anterior, se coligió sin mayores
elucubraciones que en el hipotético caso de que se demostrara la
configuración de la prohibición en cabeza de la señora LEDIS
PALOMINO BARRAZA, dicha situación implicaría la eventual
comisión de una falta disciplinaria, la cual debería ser estudiada por
la autoridad competente, teniendo en consideración que el estudio
de la responsabilidad disciplinaria del señor CARLOS ALBERTO
PINEDO CUELLO excede la órbita de competencia de ese Tribunal.
Indicó que, de igual forma, la mencionada contratista no se
encontraba incursa en la prohibición para contratar con el Distrito de
Santa Marta, habida cuenta que los efectos civiles del matrimonio
religioso que había contraído en 1985 con el entonces concejal
DANIEL SANCHEZ MARMOLEJO habían finalizado en el año 2005,
como en efecto se corrobora en la Escritura Pública núm. 2714 de 19
diciembre de 2005, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de
Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, en la cual se
hizo constar la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico
y la liquidación de la sociedad conyugal entre los señores LEDIS
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Solicitante: HERNANDO ZABALETA ECHEVERRY
PALOMINO BARRAZA y DANIEL HERNANDO SANCHEZ
MARMOLEJO.
En cuanto a la causal de indebida destinación de dineros públicos,
dijo que fueron allegados los estudios previos correspondientes al
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales ADFIN núm. 007
de 3 de marzo de 2017, en los cuales se establece la modalidad de
contratación, la descripción de la necesidad, la descripción del objeto
a contratar, el análisis del sector, especificaciones del contrato, plazo
de ejecución, lugar de ejecución, valor del contrato y forma de pago,
supervisión y los fundamentos jurídicos de la modalidad de
contratación.
Aseveró que, por lo tanto, no se vislumbraba que ese contrato
hubiera sido celebrado con la finalidad de ejecutar un objeto,
actividad o propósito no autorizado, pues el objeto del mismo se
circunscribía a la prestación de servicios profesionales como
administradora pública apoyando la gestión de la asesora de control
interno en todas aquellas funciones y labores que le fueran
encomendadas por la misma, necesidad que fue establecida en los
respectivos estudios previos los cuales establecieron que no se
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contaba con el personal de planta necesario para el cumplimiento de
dichas actividades.
Anotó que, asimismo, el pago de los honorarios pactados en ese
Contrato de Prestación de Servicios ADFIN núm. 007 de 3 de marzo
de 2017, fue amparado con el Registro Presupuestal núm. 14-000025
de 3 de marzo de 2017, en el cual se hizo constar que, en el
presupuesto de gastos de funcionamiento del Concejo Distrital de
Santa Marta, vigencia fiscal 2017, se incluyó la suma dineraria
correspondiente a $17.500.000. Que, tampoco se acreditó en la
contención que el objeto de ese contrato estuviese expresamente
prohibido por la Constitución, la ley o el reglamento, que obedeciera
a materias innecesarias o injustificadas, que tuviera como finalidad
obtener un incremento patrimonial personal del accionado o de
terceros y/o de derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o en el de terceros.
En lo que respecta al Contrato de Prestación de Servicios
Profesionales ADFIN núm. 056 de 28 de junio de 2017, celebrado con
el señor GIOVANNI DIMITRI HINCAPIÉ QUINTERO, resaltó que
tuvo como objeto la elaboración y ejecución del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Concejo Distrital de Santa
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Marta y fue amparado con el Registro Presupuestal núm. 14-000111
de 28 de junio de 2017, en el cual se hizo constar que en el
presupuesto de gastos de funcionamiento del Concejo Distrital de
Santa Marta, vigencia fiscal 2017, se incluyó la suma dineraria
correspondiente a $18.000.000.
Acotó que no obraba ningún elemento de juicio que permitiera
establecer que dicho contrato hubiera sido celebrado con la finalidad
de ejecutar un objeto, actividad o propósito no autorizado, pues el
objeto de este se delimitó a la elaboración y ejecución del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de esa
corporación, en un plazo de veinte (20) días, y si bien anteriormente
se celebraron los tres contratos aducidos en la solicitud, lo cierto era
que el SG-SST debe ser implementado por todos los empleadores
públicos o privados, y tiene que ser constantemente evaluado,
revisado y mejorado, siendo además necesario que periódicamente
se elabore un Plan de Trabajo Anual en SG-SST y revisar por lo
menos una vez al año la política relacionada con la materia, para lo
cual pueden contratar a personas idóneas en la materia para alcanzar
cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo pertinente efectuar
capacitaciones continuas a los empleados.
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Manifestó que lo anterior no permitía establecer que la contratación
efectuada durante el año 2017 fuere innecesaria, injustificada,
espuria o dirigida a privilegiar los intereses particulares del
contratista GIOVANNI DIMITRI HINCAPIÉ QUINTERO o del
accionado. A su vez, acerca de que en el estudio previo de este
contrato se plasmó la justificación de la contratación para un
abogado, dijo que era una imprecisión aislada que no permitía
evidenciar una indebida destinación de dineros públicos, menos aun
cuando de todo el documento se desprende la necesidad de contratar
servicios profesionales en la actualización, elaboración y ejecución
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Finalizó advirtiendo que la omisión de publicar los estudios previos
en el SECOP I, dentro de los tres (3) días siguientes a su elaboración,
no es demostrativa de la indebida destinación de dineros públicos y,
sólo, eventualmente, podría considerarse una falta disciplinaria
imputable al funcionario encargado de dicha labor.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO
El solicitante, mediante escrito recibido el 20 de enero de 2022,
interpone recurso de apelación en el cual solicita revocar la sentencia
impugnada y, en su lugar, decretar la pérdida de investidura del
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Solicitante: HERNANDO ZABALETA ECHEVERRY
accionado luego de centrarse, únicamente, en los siguientes
aspectos:
Comenta que los estudios nunca fueron previos sino posteriores,
debido a que el hecho de no estar publicados en el SECOP junto a
todos los antecedentes conductuales del accionado, a quien, entre
otras cosas, lo investiga la Fiscalía General de la Nación por
narcotráfico y enriquecimiento ilícito, era un hecho demostrativo
suficiente de que la contratación que él como ordenador del gasto
efectuó, era espuria.
Aduce que el accionado sí es responsable en su calidad de ordenador
del gasto y representante legal de la entidad; que el Tribunal
desconoce que los funcionarios responden por acción o por omisión
y a título de dolo o culpa, pero creen que el no publicar los estudios
previos en el SECOP es un hecho aislado, el tener unos previos
defectuosos, que no denotan otra cosa sino una elaboración a las
carreras.
Insiste en que los estudios previos elaborados para esos contratos,
en ambos casos son defectuosos, no son verdaderos estudios sino
meras proformas que denotan una simple práctica de ‘copy-paste’, y
el accionado suscribió los contratos a sabiendas que no tenían
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estudios previos serios que avalaran la necesidad de contratar ni
mucho menos el monto.
Agrega que durante la intervención en la audiencia pública se
demostró cómo el apoderado del accionado plagió vulgarmente
escritos de organizaciones internacionales europeas basadas en
España, y sentencias de altas cortes para introducir al juicio
afirmaciones que lo hacen ver como si dominara un tema, cuando en
realidad lo que hizo fue robarse la creación intelectual de terceros; y
que a pesar de la gravedad de esta conducta, en la sentencia no se
dice absolutamente nada sobre el particular, cualquier otro juez por
lo menos hubiera resuelto compulsar copias para que se investigara
esta actuación fraudulenta por medio de la cual se indujo a engaño
a un operador de justicia, pero que eso tampoco ocurrió.
Manifiesta que el Concejo Distrital de Santa Marta es como una
pequeña “famiempresa” de tan solo 16 empleados, todos nombrados
en provisionalidad, donde no existe una estructura administrativa
seria como en las entidades de otro orden. Que si el presidente dice
que hay que darle un contrato a determinada persona, así se hace,
sin mayor observancia de los principios de la contratación estatal y
como se vio en este caso, sin estudios previamente elaborados y que
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técnicamente demostraran la necesidad a satisfacer por parte de la
entidad, el valor y la duración.
Reitera que un proceso contractual que no contó con estudios
previamente elaborados, es lo mismo que un contrato sin estudios
previos y un contrato sin estudios previos es un contrato que desvía
y malgasta los recursos públicos, causal que de contera implica
pérdida de investidura para el accionado.
Señala que como si esto no fuera suficiente, también hubo un
desprecio absoluto por el principio de economía, al contratar lo que
ya había sido contratado, pagar por crear lo que ya estaba creado, -
en el caso del contrato con el señor GIOVANNI DIMITRI
HINCAPIÉ QUINTERO-, ocasionando así unos mayores costos para
la entidad, reflejados en el gasto de papel, impresora, escáner y
energía por mayor utilización de computadores para elaborar los
estudios previos, acta de inicio, acta de liquidación, CDP, RP y
carpeta para contratar lo que ya existía, así como un mayor costo
por el mayor tiempo que tuvieron que dedicarse a atender asuntos
contractuales funcionarios de planta como el contador, el pagador y
el jefe de la Oficina Jurídica.
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Sostiene que el estudio previo aportado por el accionado para el
contrato de GIOVANNI DIMITRI HINCAPIÉ QUINTERO está tan
mal hecho que la justificación de la contratación es para un abogado
en la Oficina Jurídica, como se puede ver en la página 26 del archivo
‘ANEXOS’. Que tan posterior fue el estudio previo, que en el mismo
se hace referencia incluso al número de CDP, el cual solo se asigna
cuando se está elaborando el contrato y éste solo se elabora cuando
ya se tienen los estudios previos; y que el accionado aportó los
estudios elaborados a posteriori, pero no allegó nada que demuestre
que ese contrato realmente se haya ejecutado, o que las labores que
allí se enuncian siquiera se hayan realizado.
IV.- ALEGATOS
El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881, fue descorrido así:
IV.1. El concejal, a través de apoderado, solicita confirmar la
sentencia apelada, para lo cual, de forma preliminar, manifestó que
el solicitante se ha dirigido a los sujetos procesales de manera
calumniosa e injuriosa, cosa que no es de recibo en un proceso
judicial, al acusar al abogado defensor de plagiar la doctrina
internacional y la jurisprudencia, como si el foro judicial fuese un
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trabajo de investigación académica sujeto a las reglas de la citación
de fuentes, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo
32 la Ley 1123 de 22 de enero de 200710, solicita compulsar copias
en su contra debido a los comportamientos inadecuados en el
trascurso del proceso de desinvestidura.
Anota que el recurso de apelación debe rechazarse de plano porque
no cumple con los requisitos mínimos de inconformidad frente a los
argumentos en que está sustentada la sentencia, al limitarse,
únicamente, a repetir lo dicho en la solicitud y alegatos de primera
instancia, sin soporte probatorio alguno, afirmando hechos que son
contrarios a la realidad, los que fueron enervados por la providencia
apelada.
IV.2. El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta
instancia.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Problema jurídico
10 “[...] Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado [...]”.
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A partir de los específicos reparos sustentados en el recurso de
apelación, le corresponde a la Sala establecer, únicamente, si el
concejal del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta,
señor CARLOS ALBERTO PINEDO CUELLO, incurrió en la causal
previstas en el artículo 55, numeral 3, de la Ley 136, esto es, por
indebida destinación de dineros públicos, al haber suscrito, en calidad
de presidente del Concejo Distrital de Santa Marta, durante la
vigencia 2017, los contratos de prestación de servicios profesionales
ADFIN núm. 007 de 3 de marzo de 2017, con la señora LEDIS
PALOMINO BARRAZA, y ADFIN núm. 056 de 28 de junio de 2017,
con el señor GIOVANNI DIMITRI HINCAPIÉ QUINTERO, como
quiera que no hubo estudios previos sino posteriores, los que,
además, resultaron defectuosos, no son verdaderos estudios sino
meras proformas que denotan una simple práctica de ‘copy-paste’, y
se contrató lo que ya había sido contratado en el caso del segundo
de los citados contratos.
V.2.- De la indebida destinación de dineros públicos como
causal de pérdida de investidura11
11Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 3 de febrero de 2022, número único de
radicación 50001233300020200092401; 10 de diciembre de 2021, número único de
radicación 50001233300020200008001; de 23 de julio de 2021, número único de radicación
50001233300020200002101; y, de 29 de marzo de 2019, número único de radicación
66001233300020180024601.
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Con relación a la controversia sometida al estudio de la Sala, se
advierte que la causal de pérdida de investidura que se invoca en la
presente solicitud es la prevista en los artículos 55, numeral 3, de la
Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, cuyo tenor es el siguiente:
“[…] Ley 136
Artículo 55. Pérdida de la investidura de Concejal. Los
concejales perderán su investidura por: (…)
3. Por indebida destinación de dineros públicos […]”
(Negrillas y subrayas por fuera de texto).
“[…] Ley 617
Artículo 48. Pérdida de investidura de Diputados,
Concejales Municipales y Distritales y de Miembros de
Juntas Administradoras Locales. Los diputados y concejales
municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:
(…)
4. Por indebida destinación de dineros públicos […]”
(Negrillas y subrayas por fuera de texto).
Como los elementos que estructuran esta causal no se encuentran
desarrollados en la Constitución ni en las normas legales que las
ordenan, resulta pertinente acudir al sentido y alcance con los que
esta Corporación la ha tratado de forma reiterada. En sentencia de 3
de octubre de 2000, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
con relación a los congresistas, pertinente también para los restantes
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miembros de corporaciones públicas de elección popular, como los
concejales, precisó:
“[...] La causal de indebida destinación de dineros públicos se
configura cuando el congresista destina los dineros públicos
a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:
a. Cuando destina los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados;
b. Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos
autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se
encuentran asignados;
c. Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos por la Constitución,
la ley o el reglamento.
d. Cuando esa aplicación se da para materias
innecesarias o injustificadas.
f. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros.
g. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o en
el de terceros […]”12 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
De igual forma, ha explicado que:
“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de
pérdida de investidura, tampoco describe la conducta. No
obstante, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado ha delimitado los presupuestos para que se configure.
En este sentido, como su denominación lo indica, se realiza
cuando un congresista destina los dineros públicos a
unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos. Bien puede utilizarlos o dirigirlos a
actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos
que estando autorizados no correspondan a la finalidad
asignada; o a cometidos prohibidos, entre otros.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de octubre
de 2000, Expedientes AC-10529 y AC-10968, consejero ponente Darío Quiñones Pinilla.
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En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de
2012, señaló que, aunque la causal no está definida en el
ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de
los dineros públicos no corresponde a los fines estatales
preestablecidos por la Constitución, la ley o el reglamento:
“[…] La causal de indebida destinación de dineros
públicos no está definida en la Constitución ni en las
normas legales que rigen el ejercicio de la acción de
pérdida de investidura. Es, entonces, pertinente
consignar el sentido y alcance con que esta Corporación
le ha definido. La causal de indebida destinación de
dineros públicos se configura cuando el concejal
destina los dineros públicos a unas finalidades y
cometidos estatales distintos a los establecidos en
la Constitución, en la ley o en los reglamentos
[…]”13 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Respecto a los elementos constitutivos de este tipo
disciplinario, la Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo de
200314 también señaló: “[…] Por consiguiente, el elemento
tipificador de la causal de pérdida de investidura en
referencia, está en el hecho de que el congresista, en su
condición de servidor público, que lo es (art. 123 de la
Constitución), con su conducta funcional, al ejercer las
competencias de las que ha sido revestido, traiciona,
cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales
preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas, etc. ‘En
los eventos como los antes indicados, la conducta del
congresista bien puede ser delictiva o no, ajustada o no a un
procedimiento legal de ordenación del gasto o de contratación,
pero, su finalidad es otra muy distinta a la señalada en la
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
7 de junio de 2012, número único de radicación 73001233100020100035201, consejera
ponente María Claudia Rojas Lasso.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia
de 6 de marzo de 2003, número único de radicación 2000123310002002100701, consejera
ponente Olga Inés Navarrete Barrero.
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Constitución, la ley o los reglamentos’ […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
De allí que, para que la causal se configure es necesario que el
Congresista, en su condición de servidor público, distorsione o
cambie el cometido estatal consagrado en la Constitución, la
Ley o el Reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o que estando
autorizados sean diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o haya destinado o utilizado los recursos
a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas; o perseguido la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros; o hubiere
pretendido derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas.
En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal
ostente la condición de nominador u ordenador del gasto, basta
con que deba respetar, defender y cuidar el patrimonio público,
toda vez que es imperativo cuidar los bienes del Estado para
evitar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha
señalado que la causal comporta dos elementos: i) la
conducta y ii) el fin. La Sentencia del 1 de noviembre de
200515 señaló: “[…] Para la configuración de la causal de
indebida destinación de dineros públicos prevista en el
num. 4º del artículo 183 de la Constitución Política
(reproducida en el numeral 4º del artículo 298 de la Ley
5ª de 1992) se destacan o requieren dos elementos
como son la conducta y el fin […]”
En el primero –como se exige para las demás causales por las
que se puede demandar la pérdida de investidura- es
necesario, que el sujeto activo que la agota ostente la calidad
de Congresista y precisamente que en esa condición ejerza
competencias para las que fue investido.
El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta,
es decir que al ejercer las competencias propias de su
investidura: i) cambie o distorsione los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento al destinar los recursos públicos a materias,
actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos que
autorizados son diferentes a los que se encuentran
asignados; ii) aplique tales dineros a objetos prohibidos,
15Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de
noviembre de 2005, número único de radicación 11001031500020040167300, consejero
ponente Tarsicio Cáceres Toro.
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no necesarios o injustificados; iii) obtenga un
incremento patrimonial para sí o a favor de terceros, o
iv) pretenda derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o en el de terceras personas, etc.
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
A su turno, esta Sección, siguiendo los planteamientos de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha
expresado, frente a la configuración de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos que:
“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no
se encuentra definida en la Constitución ni en las normas
legales que regulan el ejercicio de la acción de pérdida de
investidura. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación
se ha referido en distintas oportunidades al sentido y alcance
que esta causal tiene.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación, en sentencia 30 de mayo de 2000 (Expediente
núm. AC-9877, Consejero ponente doctor Germán Rodríguez
Villamizar), se pronunció sobre los alcances del concepto de
indebida destinación de dineros públicos, señalando que el
elemento tipificador de esta causal de pérdida de investidura
“[…] está en el hecho de que el Congresista, en su
condición de servidor público, con su conducta funcional
al ejercer las competencias de las que ha sido revestido,
traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos
estatales, preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas […]”.
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Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la
misma Sala Plena de lo Contencioso Administrativo16 y también
por la Sección Primera del Consejo de Estado, entre otras, en
sentencias de 1º de julio de 2004 (Expediente núm. 2003-
00194, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), 9 de noviembre de 2006 (Expediente núm. 2005-
01133, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade),
16 de julio de 2009 (Expediente núm. 2008-00700, Consejera
ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón) 14 de diciembre de
2009 (Expediente núm. 2009-00012 (Expediente núm. 2009-
00012, Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta), 3 de noviembre de 2011 (Expediente núm. 2011-
00009, Consejera ponente María Elizabeth García González) y
1º de agosto de 2013 (Expediente núm. 2012-00151,
Consejera ponente María Elizabeth García González) […]”17
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Con fundamento en el marco normativo y en el desarrollo
jurisprudencial citado anteriormente, se tiene que los dineros
públicos son “[…] todos aquellos que provienen de una actividad
económica del Estado y se integran al ciclo presupuestal con el
propósito de ser redistribuidos para la satisfacción de las
necesidades que demanda el interés general […]” 18, por lo que, en
el mismo sentido, los eventos en que se puede configurar su indebida
16 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001
(Expediente núm. AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias
de 4 de septiembre de 2014, número único de radicación 63001233300020130014801 (PI),
consejero ponente Guillermo Vargas Ayala; de 6 de septiembre de 2018, número único de
radicación 70001233300020180001901(PI), consejera ponente María Elizabeth García
González; de 28 de julio de 2016, número único de radicación
15001233300020150073901(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de marzo
de 2017, número único de radicación 11001031500020150011100, consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas.
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destinación19 son aquellos en los que un miembro de la corporación
pública territorial de elección popular los asigna para:
i) Cubrir objetos, actividades o propósitos no autorizados.
ii) Costear objetos, actividades o propósitos que sí están
autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los cuales
están previamente asignados.
iii) Sufragar objetos, actividades o propósitos expresamente
prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.
iv) Pagar por materias innecesarias o injustificadas.
v) Cuando la destinación de los dineros públicos tiene la
finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de
terceros.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
15 de marzo de 2018, número único de radicación 13001233300020160110701(PI),
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
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vi) Y, cuando la destinación de los dineros públicos tiene la
finalidad de derivar un beneficio, no necesariamente
económico, en su favor o en el de terceros.
Para tales efectos, no es indispensable que el miembro de la
corporación pública territorial de elección popular sea ordenador del
gasto, pues lo importante es que adelante actuaciones certeras o
utilice instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los
dineros públicos20.
V.3.- Del caso concreto
Con fundamento en el análisis de la totalidad de las pruebas
aportadas al proceso, la Sala evidencia que el señor CARLOS
ALBERTO PINEDO CUELLO, fue elegido concejal del Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para el período
constitucional 2016-2019, según consta en el Formulario E-26 CON
de 25 de octubre de 2015, expedido por la Registraduría Nacional del
Estado Civil; y, de igual forma, está probado que fue elegido
presidente de esa corporación pública territorial, para la vigencia
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de abril
de 2018, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-01062-00, consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter.
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fiscal 2017, según consta en Acta núm. 161 de 25 de noviembre de
2016.
En un aspecto que tampoco fue controvertido, permanece
demostrado que los recursos involucrados en la erogación de los
contratos de prestación de servicios profesionales ADFIN núm. 007
de 3 de marzo de 2017 y ADFIN núm. 056 de 28 de junio de 2017,
corresponden a dineros públicos según consta en los Registros
Presupuestales núm. 14-000025 de 3 de marzo de 2017 y 14-000111
de 28 de junio de 2017, expedidos por el Concejo Distrital de Santa
Marta, por valor de $17.500.000.oo y $18.000.000.oo,
respectivamente.
El Contrato de Prestación de Servicios Profesionales ADFIN núm. 007
de 3 de marzo de 2017, celebrado con la señora LEDIS PALOMINO
BARRAZA, tuvo como objeto:
“[...] PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ADMINISTRADORA PÚBLICA APOYANDO LA GESTIÓN DE LA
ASESORA DE CONTROL INTERNO, EN TODAS AQUELLAS
FUNCIONES Y LABORES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS POR
LA MISMA [...]”.
Por su parte, el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
ADFIN núm. 056 de 28 de junio de 2017, celebrado con el señor
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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GIOVANNI DIMITRI HINCAPIÉ QUINTERO, se pactó como
objeto el siguiente:
“[...] LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTENA
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-
SST), EN EL CONCEJO DISTRITAL DE SANTA MARTA, DECRETO
N.- 052 DE 2017, RESOLUCIÓN 1111 DE 2017, DECRETO 1072
DE 2015, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 2.2.4.6.37 POR EL
DECRETO N.- 052 DE 2017 [...]”.
Lejos de lo sostenido por el apelante, ambos contratos sí contaron,
desde antes de su celebración, con los denominados ‘ESTUDIOS
PREVIOS DE ANÁLISIS DEL SECTOR, CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD’, de 28 de febrero y 27 de junio de 2017,
respectivamente, los cuales fueron allegados oportunamente al
presente proceso. No se aportó ni hay evidencia alguna que permita
concluir lo contrario, más allá de las acusaciones del solicitante en
cuanto a que su elaboración se dio con posterioridad a la suscripción
de esos actos contractuales, o que son el resultado del
diligenciamiento de modelos proformas, lo cual tampoco resulta
relevante para la configuración de la causal.
La Sala observa que en ambos documentos el Concejo Distrital de
Santa Marta evacuó los aspectos propios del objeto a contratar, tipo
de contratación, descripción de la necesidad, análisis del sector y sus
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condiciones legales, comerciales, financieras, organizacionales,
técnicas y de riesgo, plazo y lugar de ejecución, valor del contrato y
forma de pago, supervisión, identificación del contrato a celebrar,
fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de contratación,
análisis que soporta el valor estimado del contrato, soporte que
permite la tipificación, estimación y asignación de los riesgos
previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato,
análisis de la exigencia del mecanismo de cobertura y acuerdos
comerciales, entre otros aspectos.
Ahora, si bien el accionado no demostró la publicación de rigor de
estas piezas precontractuales en el sitio web habilitado para los
efectos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública,
SECOP, lo cierto es que esta Sección ya ha establecido que las
presuntas irregularidades que hayan surgido en torno al principio de
publicidad y transparencia de los estudios previos que echa de menos
el solicitante21, aunque podrían generar responsabilidad de tipo
21 En este sentido, puede consultarse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2007, número único de
radicación 15001-23-31-000-2006-01178-01, consejera ponente Martha Sofía Sanz Tobón.
El artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015 (Artículo
2.2.1.1.1.7.1), señala: “[…] Artículo 19. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está
obligada a publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del
Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta
que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos
de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el
Secop.
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disciplinario, no dan lugar a que se configure la indebida destinación
de dineros públicos como causal de pérdida de investidura.
Así también discernió la Sala en reciente sentencia, en la que se
resolvió un asunto similar al que ahora convoca su atención:
“[...] De esta manera, esta Sala insiste que los posibles
vicios o irregularidades en torno a la publicidad del
mencionado contrato no encaja en la causal de pérdida
de investidura por indebida destinación de dineros
públicos ni comporta necesariamente que se decrete la
pérdida de investidura, pues existen otros aspectos que
deben ser analizados, tales como el efectivo menoscabo
del erario o el beneficio económico del acusado o de un
tercero, presupuestos que no se encuentran satisfechos.
De igual forma, al Juez de la pérdida de investidura no le
es procedente determinar la validez o invalidez del
referido contrato de prestación de servicios, el cual se
presume válido, y además de ello, los estudios previos
que reposan en el proceso disciplinario adelantado ante la
Procuraduría General de la Nación incorporada oportunamente
a este proceso como prueba trasladada, en cumplimiento de lo
dispuesto mediante el auto de 29 de noviembre de 2021, se
encuentran amparados por el principio de presunción de
autenticidad y veracidad (artículo 185 del Código
General del Proceso), la cual no ha sido desvirtuada en
este proceso [...]”22 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Sin perjuicio de lo considerado, cabe reiterar que el juez de la pérdida
de investidura no lo es de la validez ni del acto contractual ni de sus
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la
invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de
condiciones en el Secop para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan
presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el
artículo 23 del presente decreto [...]”.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
17 de marzo de 2022, número único de radiación 47001-2333-000-2021-00403-01,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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piezas previas, concomitantes o posteriores a la etapa de ejecución
contractual, los que, por demás, gozan de presunción de legalidad
de obligatoria observancia al momento del análisis probatorio del
caso concreto.
Ahora, en tratándose del cargo relacionado con la supuesta
duplicidad de contratación de un objeto, a través del Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales ADFIN núm. 056 de 28 de junio
de 2017, celebrado con el señor GIOVANNI DIMITRI HINCAPIÉ
QUINTERO, el cual ya había sido contratado, aparentemente, por el
Concejo Distrital de Santa Marta mediante los contratos ADFIN núm.
028 de 8 de abril, 065 de 9 de agosto y 140 de 15 de diciembre de
2016, la Sala pone de presente que si bien los objetos de todos estos
actos contractuales guardan relación entre sí, lo cierto es que el
objeto de aquel se delimitó a la elaboración y ejecución del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de esa
corporación, en un plazo de veinte (20) días, el cual tenía que ser
implementado por todos los empleadores públicos o privados,
resultando necesario, además, que periódicamente se elabore un
Plan de Trabajo Anual en SG-SST para alcanzar cada uno de los
objetivos propuestos en dicho sistema, el cual debe identificar
claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de
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actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos
Laborales.
Incluso, debía revisarse la política relacionada con la materia, para
lo cual pueden contratar a personas idóneas en la materia para
alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el SG-SST, siendo
pertinente efectuar capacitaciones continuas a los empleados.
El artículo 2.2.4.6.8, del Decreto 1072 de 2015, así se lo imponía al
Concejo Distrital de Santa Marta:
“[...] Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores.
El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la
normatividad vigente. Dentro del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa, el
empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones:
1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en
el Trabajo a través de documento escrito, el empleador debe
suscribir la política de seguridad y salud en el trabajo de la
empresa, la cual deberá proporcionar un marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en
el trabajo.
2. Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe
asignar, documentar y comunicar las responsabilidades
específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos
los niveles de la organización, incluida la alta dirección.
3. Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se
les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), tienen la
obligación de rendir cuentas internamente en relación con su
desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través
de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean
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considerados por los responsables. La rendición se hará como
mínimo anualmente y deberá quedar documentada.
4. Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos
financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño,
implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas
de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y
riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los
responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la
empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en
el Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera
satisfactoria con sus funciones.
5. Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables: Debe
garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad
nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en
el trabajo, en armonía con los estándares mínimos del Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de
Riesgos Laborales de que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de
2012.
6. Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar
disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de
identificación de peligros, evaluación y valoración de los
riesgos y establecimiento de controles que prevengan
daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas,
en los equipos e instalaciones.
7. Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y
desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada
uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual
debe identificar claramente metas, responsabilidades,
recursos y cronograma de actividades, en concordancia
con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos
Laborales.
8. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador
debe implementar y desarrollar actividades de prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de
promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la
normatividad vigente.
9. Participación de los Trabajadores: Debe asegurar la adopción
de medidas eficaces que garanticen la participación de todos
los trabajadores y sus representantes ante el Comité Paritario
o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de
la política y también que estos últimos funcionen y cuenten con
el tiempo y demás recursos necesarios, acorde con la
normatividad vigente que les es aplicable. Así mismo, el
empleador debe informar a los trabajadores y/o contratistas, a
sus representantes ante el Comité Paritario o el Vigía de
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Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda de
conformidad con la normatividad vigente, sobre el desarrollo
de todas las etapas del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Salud en el Trabajo SG-SST e igualmente, debe evaluar las
recomendaciones emanadas de estos para el mejoramiento del
SG-SST. El empleador debe garantizar la capacitación de los
trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo
de acuerdo con las características de la empresa, la
identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos
relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones
relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la jornada
laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la
prestación del servicio de los contratistas;
10. Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo–SST en las
Empresas: Debe garantizar la disponibilidad de personal
responsable de la seguridad y la salud en el trabajo, cuyo perfil
deberá ser acorde con lo establecido con la normatividad
vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determine
el Ministerio del Trabajo quienes deberán, entre otras:
10.1 Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y
como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación;
10.2 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los
resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST, y;
10.3 Promover la participación de todos los miembros de la
empresa en la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; y
11. Integración: El empleador debe involucrar los aspectos de
Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto de sistemas de
gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa.
PARÁGRAFO. Por su importancia, el empleador debe identificar
la normatividad nacional aplicable del Sistema General de
Riesgos Laborales, la cual debe quedar plasmada en una matriz
legal que debe actualizarse en la medida que sean emitidas
nuevas disposiciones aplicables a la empresa [...]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
Contrario a lo aseverado por el solicitante, la Sala logra constatar
que no se trata de la contratación irregular e innecesaria de un
mismo producto varias veces, sino de la adquisición de servicios
profesionales que le garantizaron a esa corporación pública cubrir la
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necesidad de las tareas propias en la implementación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, lo cual no se
consumaba en un solo momento, como si se tratara de un bien
fungible, sino que atiende a una actividad funcional de naturaleza
permanente, periódica y continuada en el tiempo.
Al margen de lo anterior, no reposan elementos de prueba tendientes
a demostrar que con la celebración del contrato de prestación de
servicios antes aludido se haya generado una distorsión de las
finalidades del gasto público, como uno de los presupuestos que se
exige para que se configure la causal de pérdida de investidura objeto
de análisis, pues los dineros públicos se destinaron a reconocer los
servicios prestados por los señores LEDIS PALOMINO BARRAZA y
GIOVANNI DIMITRI HINCAPIÉ QUINTERO.
Tampoco existe prueba de que el concejal, en su condición de
presidente y ordenador del gasto, haya actuado con el ánimo de
obtener un beneficio para sí o de terceras personas al destinar los
dineros públicos a objetos distintos a los autorizados o a materias
innecesarias o propósitos no permitidos legalmente, como condición
exigida para que se configure la causal de pérdida de investidura.
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Por último, la Sala se abstendrá de compulsar copias contra el
solicitante, por petición que elevara el apoderado del accionado, por
cuanto no observa la posible comisión de faltas contra el respeto
debido a la administración de justicia ni contra los intervinientes en
el presente proceso de pérdida de investidura, en los precisos
términos del artículo 32 de la Ley 1123.
Al no prosperar los cargos de la apelación, la Sala procederá a
confirmar la sentencia apelada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 14 de diciembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de abril de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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