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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2021-00402-01

Fecha
22 de abril de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2021-00402-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 14 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 47001-23-33-000-2021-00402-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

22 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 470012333000202100402011
Recurso de apelación contra la sentencia de 14 de diciembre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena
Solicitante: HERNANDO ZABALETA ECHEVERRY

TESIS: NO SE CONFIGURA INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PUBLICOS
DEL CONCEJAL POR LA CELEBRACIÓN, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL
CONCEJO DISTRITAL DE SANTA MARTA, DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2017,
DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ADFIN
NÚM. 007 DE 3 DE MARZO DE 2017 Y ADFIN NÚM. 056 DE 28 DE JUNIO DE
2017

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante

contra la sentencia de 14 de diciembre de 2021, proferida por el

Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual denegó

la pérdida de investidura del concejal del Distrito Turístico, Cultural

e Histórico de Santa Marta, señor CARLOS ALBERTO PINEDO

CUELLO, por hechos ocurridos dentro del período constitucional

2016-2019.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo

que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 47001 23 33 000 2021 00402 01
Solicitante: HERNANDO ZABALETA ECHEVERRY

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano HERNANDO ZABALETA ECHEVERRY, actuando

en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de la investidura del

señor CARLOS ALBERTO PINEDO CUELLO, concejal del Distrito

Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, por hechos ocurridos

dentro del periodo constitucional 2016-2019, al considerar que

incurrió en las causales previstas en el artículo 55, numerales 2 y 3,

de la Ley 136 de 2 de junio de 19942, esto es, por violación del

régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de

intereses e indebida destinación de dineros públicos.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los

siguientes fundamentos de hecho y de derecho de las causales de

pérdida de investidura invocadas:

Señaló que el accionado cuando fungió como presidente del Concejo

Distrital de Santa Marta, durante el año 2017, celebró el Contrato de

Prestación de Servicios Profesionales ADFIN núm. 007 de 3 de marzo

de 2017, con la señora LEDIS PALOMINO BARRAZA, cónyuge del

2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios […]”.

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Solicitante: HERNANDO ZABALETA ECHEVERRY

también concejal DANIEL SÁNCHEZ MARMOLEJO, quebrantando

así lo previsto en los artículos 49, de la Ley 617 de 6 de octubre de

20003, y 55, numerales 2 y 3, de la Ley 136.

Mencionó que ello es claro, por cuanto ante una prohibición legal

expresa que dispone una incompatibilidad para contratar a la esposa

de un concejal, a la cual conocía muy bien y de tiempo atrás, el señor

CARLOS ALBERTO PINEDO CUELLO decidió libre, voluntaria y

conscientemente, apartarse del ordenamiento jurídico para favorecer

directamente a la esposa del entonces concejal DANIEL SÁNCHEZ

MARMOLEJO, cuando está expresamente prohibido y así lo tituló el

portal [www.opinioncaribe.com]: “[...] Palacio y Pinedo son

investigados por presuntamente contratar a la esposa del concejal

Sánchez [...]”.

Sostuvo que, además, dicha contratación no contó con estudios

previos que avalaran la necesidad de satisfacer el monto a pagar o

las calidades que debía cumplir el contratista, lo que implica una

indebida destinación de dineros públicos porque en vez de buscar el

3 “[...] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional [...]”.

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interés general, se privilegió el interés particular para favorecer

económicamente a la esposa de otro concejal.

Manifestó que el accionado actuó con dolo porque en su condición de

abogado y especialista en derecho probatorio, tenía la formación

académica y el conocimiento de la prohibición legal; también conocía

de tiempo atrás a la esposa del concejal DANIEL SÁNCHEZ

MARMOLEJO, más aún en una ciudad pequeña como Santa Marta,

donde todos se conocen con todos y actuó con voluntad porque a

pesar de conocer la prohibición legal, de saber que estaba

contratando a la esposa de un concejal, libre y voluntariamente lo

hizo y, de hecho, fue uno de los primeros contratos celebrados en el

año, lo que demuestra que esta persona era importante para él y por

eso la contrató sin el lleno de los requisitos legales, específicamente

sin estudios previos.

Adujo que, de igual forma, siendo presidente de esa corporación en

el año 2017, el accionado celebró el Contrato de Prestación de

Servicios Profesionales ADFIN núm. 056 de 28 de junio de 2017, con

el señor GIOVANNI DIMITRI HINCAPIÉ QUINTERO, sin contar

tampoco con estudios previos que evidenciaran la idoneidad del

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contratista, la necesidad de la entidad y la justificación del precio,

debido a que aquellos no figuran en el SECOP I.

Sostuvo que el contrato fue pagado en su totalidad por el accionado

quien pactó un servicio que ya había sido contratado tres veces en la

vigencia fiscal 2016, por su antecesor, el concejal JUAN CARLOS

PALACIO SALAS, a través de los contratos ADFIN núm. 028 de 8

de abril, 065 de 9 de agosto y 140 de 15 de diciembre de 2016, por

lo que resulta inverosímil que si se celebraron tres contratos para la

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo (SG-SST), al siguiente año, volviera y se contratara por el

mismo concepto, pero con diferente contratista.

Indicó que el contrato ADFIN núm. 056 de 28 de junio de 2017, por

lo tanto tuvo un propósito espurio porque se ejecutó un objeto sin

estudios previos y que tan solo unos meses atrás ya había sido

ejecutado, incurriendo así, el accionado, en una indebida destinación

de dineros públicos al celebrar un contrato sin los requisitos legales,

-estudios previos-, y autorizar su pago en calidad de supervisor.

Alegó que el accionado, como presidente del Concejo Distrital de

Santa Marta, era a su vez, el representante legal, el ordenador del

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gasto y el supervisor de todos los contratos, y en un ejercicio abusivo

y arbitrario de dicho rol, adjudicó de forma directa a una persona

natural, sin contar con estudios previos, un contrato para la creación

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

que ya había sido contratado y creado en el año inmediatamente

anterior.

Agregó que el accionado no actuó transparentemente y así lo ha

demostrado a lo largo de su vida, incluso desde el momento en el

que se apropió de la pensión de congresista del papá y se quedó

cobrando la misma después de que había cumplido los veinticinco

(25) años, valiéndose para ello de todo tipo de maniobras, como

perder semestres deliberadamente o estudiar dos carreras al tiempo

para perder ambas.

Señaló que, en este caso, no se trató de falta de diligencia del

accionado, sino de conductas cometidas a título de dolo porque

siendo abogado, especialista en derecho probatorio y administrativo,

magíster en Derecho, sabía muy bien cómo es el régimen de

contratación pública y las prohibiciones que el mismo comporta,

entre ellas, se encuentra prohibido contratar sin estudios previos, -

ninguno de los dos contratos los tuvieron-, así como contratar a la

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esposa de un concejal en el propio Concejo Distrital de Santa Marta

y contratar la elaboración e implementación del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), cuando ya se había

hecho en el año 2016.

I.3.- El concejal, por conducto de apoderado judicial, se opuso a la

prosperidad de la pretensión de desinvestidura, para lo cual sostuvo

que no concurre al proceso ninguno de los elementos que dan lugar

a la configuración de las causales invocadas por el solicitante, porque

está demostrado que la contratista no se encontraba incursa en

ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de

intereses; y que durante su presidencia en el Concejo del Distrito

Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, toda la contratación de

la corporación, para el ejercicio de sus funciones y cumplimiento de

sus fines legales y constitucionales, fue realizada con todas las

previsiones del ordenamiento jurídico nacional.

Manifestó que al examinar su conducta desde la perspectiva de

aplicación del principio pro homine, en el sentido de que se debe

hacer la interpretación más razonable y que menos perjudique o

restrinja los intereses y derechos de los ciudadanos, en este caso

claramente se concluye que siempre ha actuado de forma correcta y

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razonable a su condición de ciudadano y servidor público, por lo que

no le es endilgable ningún juicio de reproche, ya que su actuación se

hizo bajo el amparo de la normatividad constitucional y legal que

integra el ordenamiento jurídico, bajo el razonar del hombre

prudente en el ejercicio de su cargo y funciones, sin transgredir de

ninguna forma el ordenamiento jurídico que le era exigible, ni el

deber objetivo de cuidado en su accionar y actuando siempre con la

buena fe que orienta sus actuaciones comunes y de igual manera

ante las autoridades judiciales y administrativas.

Señaló, en cuanto al contrato suscrito con la señora LEDIS

PALOMINO BARRAZA, que desconocía que ella tuviese algún tipo

de vínculo matrimonial o sentimental con algún miembro de la

corporación edilicia en ese momento. Que la contratista tampoco

manifestó o declaró, por ser cierto, y por ser su obligación legal para

los fines de transparencia en materia de contratación estatal,

encontrarse incursa en ninguna causal de inhabilidad,

incompatibilidad o conflicto de intereses, lo cual para él era

plenamente veraz, siguiendo los criterios constitucionales relativos a

los principios de confianza legítima y a la presunción de buena fe.

Indicó que ante esta situación denunciada, ha realizado las

indagaciones pertinentes confirmando así que el señalamiento

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esbozado en la solicitud es contrario a la realidad, debido a que la

señora LEDIS PALOMINO BARRAZA cesó los efectos civiles de su

matrimonio religioso por medio de escritura pública núm. 2714 de 19

de diciembre de 2005, con lo cual se ratifica que dicha contratista no

se encontraba incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad o

conflicto de intereses por los hechos relacionados.

Resaltó que estas conductas, inclusive, fueron objeto de escrutinio

por parte de la PROCURADURÍA REGIONAL DEL MAGDALENA,

quien lo absolvió por los mismos hechos al no encontrar razón alguna

a la queja presentada dentro del proceso disciplinario radicado bajo

el núm. IUS2018-076178/IUC-D-2018-1133813.

Con relación al contrato suscrito con el señor GIOVANNI DIMITRI

HINCAPIÉ QUINTERO, adujo que, de conformidad con lo previsto

en el Decreto 1443 de 31 de julio de 20144, los objetivos generales

del Sistema General de Riesgos Laborales son la promoción de la

seguridad y salud en el trabajo y la prevención de los riesgos

laborales, para evitar accidentes de trabajo y enfermedades

laborales. Que, por lo tanto, este decreto tiene por objeto definir las

4 “[...] Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) [...]”.

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directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que

deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados,

los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil,

comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria

y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y

tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas,

trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.

Mencionó que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo, debe ser liderado e implementado por el empleador o

contratante con la participación de los trabajadores y/o contratistas,

garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas

de seguridad y salud en el trabajo, el mejoramiento del

comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio

ambiente laboral y el control eficaz de los peligros y riesgos en el

lugar de trabajo. Que, para el efecto, el empleador o contratante

debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades

laborales y también la protección y promoción de la salud de los

trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación,

mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos

principios estén basados en el ciclo de Planificar, Hacer, Verificar y

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Actuar de forma continua y permanente durante el ejercicio de la

actividad desplegada en el entorno laboral.

Anotó que lo anterior demuestra, por parte del solicitante, un

desconocimiento de estos temas y, por parte del accionado, un

continuo respeto de las instituciones, de los principios y leyes que en

este caso están orientadas a la protección de los ambientes laborales

seguros, conforme a las normas nacionales e internacionales en

materia de derecho del trabajo. Que es clara la carencia de soporte

legal y fáctico de la causal invocada, debido a que cuando se habla

de un Sistema de Gestión, se refiere al conjunto de etapas integradas

dentro de un proceso continuo, lo cual crea todas las condiciones

necesarias para trabajar de forma ordenada, para buscar una

adecuada ejecución y conseguir ciertas mejoras.

Finalmente, comentó que el Decreto 1443 de 2014 ha sido

reglamentado y ampliado por los decretos 1072 de 26 de mayo de

20155 y 052 de 12 de enero de 20176, las resoluciones núms. 1111

5 “[...] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo [...]”.
6“[...] Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) [...]”.

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de 27 de marzo de 20177 y 0312 de 13 de febrero de 20198,

expedidas por el Ministerio del Trabajo, así como por el Decreto

Legislativo 770 de 3 de junio de 20209.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 14 de diciembre de 2021, denegó

la solicitud de pérdida de investidura formulada contra el señor

CARLOS ALBERTO PINEDO CUELLO, concejal del Distrito

Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para lo cual, respecto

de la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades por

haber contratado a la señora LEDIS PALOMINO BARRAZA, a pesar

de que la misma tenía la condición de esposa del entonces concejal

DANIEL SANCHEZ MAMORLEJO, argumentó que no está llamada

a prosperar pues no corresponde a una actuación del accionado sino

de otro funcionario, de manera que para que resulte procedente la

desinvestidura, el estudio de la incompatibilidad y/o inhabilidad debe

7 “[...] Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes [...]”.
8 “[...] Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de la Gestión de Seguridad

y Salud en el Trabajo SG-SST [...]”.
9 “[...] Por medio del cual se adopta una medida de protección al cesante, se adoptan

medidas alternativas respecto a la jornada de trabajo, se adopta una alternativa para el
primer pago de la prima de servicios, se crea el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima
de Servicios PAP, y se crea el Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión
contractual, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante
el Decreto 637 de 2020 [...]”.

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recaer en el concejal, lo cual evidentemente no aconteció en el caso

concreto.

Manifestó que, amén de lo anterior, se coligió sin mayores

elucubraciones que en el hipotético caso de que se demostrara la

configuración de la prohibición en cabeza de la señora LEDIS

PALOMINO BARRAZA, dicha situación implicaría la eventual

comisión de una falta disciplinaria, la cual debería ser estudiada por

la autoridad competente, teniendo en consideración que el estudio

de la responsabilidad disciplinaria del señor CARLOS ALBERTO

PINEDO CUELLO excede la órbita de competencia de ese Tribunal.

Indicó que, de igual forma, la mencionada contratista no se

encontraba incursa en la prohibición para contratar con el Distrito de

Santa Marta, habida cuenta que los efectos civiles del matrimonio

religioso que había contraído en 1985 con el entonces concejal

DANIEL SANCHEZ MARMOLEJO habían finalizado en el año 2005,

como en efecto se corrobora en la Escritura Pública núm. 2714 de 19

diciembre de 2005, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de

Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, en la cual se

hizo constar la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico

y la liquidación de la sociedad conyugal entre los señores LEDIS

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PALOMINO BARRAZA y DANIEL HERNANDO SANCHEZ

MARMOLEJO.

En cuanto a la causal de indebida destinación de dineros públicos,

dijo que fueron allegados los estudios previos correspondientes al

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales ADFIN núm. 007

de 3 de marzo de 2017, en los cuales se establece la modalidad de

contratación, la descripción de la necesidad, la descripción del objeto

a contratar, el análisis del sector, especificaciones del contrato, plazo

de ejecución, lugar de ejecución, valor del contrato y forma de pago,

supervisión y los fundamentos jurídicos de la modalidad de

contratación.

Aseveró que, por lo tanto, no se vislumbraba que ese contrato

hubiera sido celebrado con la finalidad de ejecutar un objeto,

actividad o propósito no autorizado, pues el objeto del mismo se

circunscribía a la prestación de servicios profesionales como

administradora pública apoyando la gestión de la asesora de control

interno en todas aquellas funciones y labores que le fueran

encomendadas por la misma, necesidad que fue establecida en los

respectivos estudios previos los cuales establecieron que no se

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contaba con el personal de planta necesario para el cumplimiento de

dichas actividades.

Anotó que, asimismo, el pago de los honorarios pactados en ese

Contrato de Prestación de Servicios ADFIN núm. 007 de 3 de marzo

de 2017, fue amparado con el Registro Presupuestal núm. 14-000025

de 3 de marzo de 2017, en el cual se hizo constar que, en el

presupuesto de gastos de funcionamiento del Concejo Distrital de

Santa Marta, vigencia fiscal 2017, se incluyó la suma dineraria

correspondiente a $17.500.000. Que, tampoco se acreditó en la

contención que el objeto de ese contrato estuviese expresamente

prohibido por la Constitución, la ley o el reglamento, que obedeciera

a materias innecesarias o injustificadas, que tuviera como finalidad

obtener un incremento patrimonial personal del accionado o de

terceros y/o de derivar un beneficio no necesariamente económico

en su favor o en el de terceros.

En lo que respecta al Contrato de Prestación de Servicios

Profesionales ADFIN núm. 056 de 28 de junio de 2017, celebrado con

el señor GIOVANNI DIMITRI HINCAPIÉ QUINTERO, resaltó que

tuvo como objeto la elaboración y ejecución del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Concejo Distrital de Santa

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Marta y fue amparado con el Registro Presupuestal núm. 14-000111

de 28 de junio de 2017, en el cual se hizo constar que en el

presupuesto de gastos de funcionamiento del Concejo Distrital de

Santa Marta, vigencia fiscal 2017, se incluyó la suma dineraria

correspondiente a $18.000.000.

Acotó que no obraba ningún elemento de juicio que permitiera

establecer que dicho contrato hubiera sido celebrado con la finalidad

de ejecutar un objeto, actividad o propósito no autorizado, pues el

objeto de este se delimitó a la elaboración y ejecución del Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de esa

corporación, en un plazo de veinte (20) días, y si bien anteriormente

se celebraron los tres contratos aducidos en la solicitud, lo cierto era

que el SG-SST debe ser implementado por todos los empleadores

públicos o privados, y tiene que ser constantemente evaluado,

revisado y mejorado, siendo además necesario que periódicamente

se elabore un Plan de Trabajo Anual en SG-SST y revisar por lo

menos una vez al año la política relacionada con la materia, para lo

cual pueden contratar a personas idóneas en la materia para alcanzar

cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo pertinente efectuar

capacitaciones continuas a los empleados.

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Manifestó que lo anterior no permitía establecer que la contratación

efectuada durante el año 2017 fuere innecesaria, injustificada,

espuria o dirigida a privilegiar los intereses particulares del

contratista GIOVANNI DIMITRI HINCAPIÉ QUINTERO o del

accionado. A su vez, acerca de que en el estudio previo de este

contrato se plasmó la justificación de la contratación para un

abogado, dijo que era una imprecisión aislada que no permitía

evidenciar una indebida destinación de dineros públicos, menos aun

cuando de todo el documento se desprende la necesidad de contratar

servicios profesionales en la actualización, elaboración y ejecución

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Finalizó advirtiendo que la omisión de publicar los estudios previos

en el SECOP I, dentro de los tres (3) días siguientes a su elaboración,

no es demostrativa de la indebida destinación de dineros públicos y,

sólo, eventualmente, podría considerarse una falta disciplinaria

imputable al funcionario encargado de dicha labor.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El solicitante, mediante escrito recibido el 20 de enero de 2022,

interpone recurso de apelación en el cual solicita revocar la sentencia

impugnada y, en su lugar, decretar la pérdida de investidura del

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accionado luego de centrarse, únicamente, en los siguientes

aspectos:

Comenta que los estudios nunca fueron previos sino posteriores,

debido a que el hecho de no estar publicados en el SECOP junto a

todos los antecedentes conductuales del accionado, a quien, entre

otras cosas, lo investiga la Fiscalía General de la Nación por

narcotráfico y enriquecimiento ilícito, era un hecho demostrativo

suficiente de que la contratación que él como ordenador del gasto

efectuó, era espuria.

Aduce que el accionado sí es responsable en su calidad de ordenador

del gasto y representante legal de la entidad; que el Tribunal

desconoce que los funcionarios responden por acción o por omisión

y a título de dolo o culpa, pero creen que el no publicar los estudios

previos en el SECOP es un hecho aislado, el tener unos previos

defectuosos, que no denotan otra cosa sino una elaboración a las

carreras.

Insiste en que los estudios previos elaborados para esos contratos,

en ambos casos son defectuosos, no son verdaderos estudios sino

meras proformas que denotan una simple práctica de ‘copy-paste’, y

el accionado suscribió los contratos a sabiendas que no tenían

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estudios previos serios que avalaran la necesidad de contratar ni

mucho menos el monto.

Agrega que durante la intervención en la audiencia pública se

demostró cómo el apoderado del accionado plagió vulgarmente

escritos de organizaciones internacionales europeas basadas en

España, y sentencias de altas cortes para introducir al juicio

afirmaciones que lo hacen ver como si dominara un tema, cuando en

realidad lo que hizo fue robarse la creación intelectual de terceros; y

que a pesar de la gravedad de esta conducta, en la sentencia no se

dice absolutamente nada sobre el particular, cualquier otro juez por

lo menos hubiera resuelto compulsar copias para que se investigara

esta actuación fraudulenta por medio de la cual se indujo a engaño

a un operador de justicia, pero que eso tampoco ocurrió.

Manifiesta que el Concejo Distrital de Santa Marta es como una

pequeña “famiempresa” de tan solo 16 empleados, todos nombrados

en provisionalidad, donde no existe una estructura administrativa

seria como en las entidades de otro orden. Que si el presidente dice

que hay que darle un contrato a determinada persona, así se hace,

sin mayor observancia de los principios de la contratación estatal y

como se vio en este caso, sin estudios previamente elaborados y que

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técnicamente demostraran la necesidad a satisfacer por parte de la

entidad, el valor y la duración.

Reitera que un proceso contractual que no contó con estudios

previamente elaborados, es lo mismo que un contrato sin estudios

previos y un contrato sin estudios previos es un contrato que desvía

y malgasta los recursos públicos, causal que de contera implica

pérdida de investidura para el accionado.

Señala que como si esto no fuera suficiente, también hubo un

desprecio absoluto por el principio de economía, al contratar lo que

ya había sido contratado, pagar por crear lo que ya estaba creado, -

en el caso del contrato con el señor GIOVANNI DIMITRI

HINCAPIÉ QUINTERO-, ocasionando así unos mayores costos para

la entidad, reflejados en el gasto de papel, impresora, escáner y

energía por mayor utilización de computadores para elaborar los

estudios previos, acta de inicio, acta de liquidación, CDP, RP y

carpeta para contratar lo que ya existía, así como un mayor costo

por el mayor tiempo que tuvieron que dedicarse a atender asuntos

contractuales funcionarios de planta como el contador, el pagador y

el jefe de la Oficina Jurídica.

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Sostiene que el estudio previo aportado por el accionado para el

contrato de GIOVANNI DIMITRI HINCAPIÉ QUINTERO está tan

mal hecho que la justificación de la contratación es para un abogado

en la Oficina Jurídica, como se puede ver en la página 26 del archivo

‘ANEXOS’. Que tan posterior fue el estudio previo, que en el mismo

se hace referencia incluso al número de CDP, el cual solo se asigna

cuando se está elaborando el contrato y éste solo se elabora cuando

ya se tienen los estudios previos; y que el accionado aportó los

estudios elaborados a posteriori, pero no allegó nada que demuestre

que ese contrato realmente se haya ejecutado, o que las labores que

allí se enuncian siquiera se hayan realizado.

IV.- ALEGATOS

El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,

numeral 3, de la Ley 1881, fue descorrido así:

IV.1. El concejal, a través de apoderado, solicita confirmar la

sentencia apelada, para lo cual, de forma preliminar, manifestó que

el solicitante se ha dirigido a los sujetos procesales de manera

calumniosa e injuriosa, cosa que no es de recibo en un proceso

judicial, al acusar al abogado defensor de plagiar la doctrina

internacional y la jurisprudencia, como si el foro judicial fuese un

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trabajo de investigación académica sujeto a las reglas de la citación

de fuentes, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo

32 la Ley 1123 de 22 de enero de 200710, solicita compulsar copias

en su contra debido a los comportamientos inadecuados en el

trascurso del proceso de desinvestidura.

Anota que el recurso de apelación debe rechazarse de plano porque

no cumple con los requisitos mínimos de inconformidad frente a los

argumentos en que está sustentada la sentencia, al limitarse,

únicamente, a repetir lo dicho en la solicitud y alegatos de primera

instancia, sin soporte probatorio alguno, afirmando hechos que son

contrarios a la realidad, los que fueron enervados por la providencia

apelada.

IV.2. El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta

instancia.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

10 “[...] Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado [...]”.

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A partir de los específicos reparos sustentados en el recurso de

apelación, le corresponde a la Sala establecer, únicamente, si el

concejal del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta,

señor CARLOS ALBERTO PINEDO CUELLO, incurrió en la causal

previstas en el artículo 55, numeral 3, de la Ley 136, esto es, por

indebida destinación de dineros públicos, al haber suscrito, en calidad

de presidente del Concejo Distrital de Santa Marta, durante la

vigencia 2017, los contratos de prestación de servicios profesionales

ADFIN núm. 007 de 3 de marzo de 2017, con la señora LEDIS

PALOMINO BARRAZA, y ADFIN núm. 056 de 28 de junio de 2017,

con el señor GIOVANNI DIMITRI HINCAPIÉ QUINTERO, como

quiera que no hubo estudios previos sino posteriores, los que,

además, resultaron defectuosos, no son verdaderos estudios sino

meras proformas que denotan una simple práctica de ‘copy-paste’, y

se contrató lo que ya había sido contratado en el caso del segundo

de los citados contratos.

V.2.- De la indebida destinación de dineros públicos como

causal de pérdida de investidura11

11Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 3 de febrero de 2022, número único de
radicación 50001233300020200092401; 10 de diciembre de 2021, número único de
radicación 50001233300020200008001; de 23 de julio de 2021, número único de radicación
50001233300020200002101; y, de 29 de marzo de 2019, número único de radicación
66001233300020180024601.

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Con relación a la controversia sometida al estudio de la Sala, se

advierte que la causal de pérdida de investidura que se invoca en la

presente solicitud es la prevista en los artículos 55, numeral 3, de la

Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, cuyo tenor es el siguiente:

“[…] Ley 136

Artículo 55. Pérdida de la investidura de Concejal. Los
concejales perderán su investidura por: (…)

3. Por indebida destinación de dineros públicos […]”
(Negrillas y subrayas por fuera de texto).

“[…] Ley 617

Artículo 48. Pérdida de investidura de Diputados,
Concejales Municipales y Distritales y de Miembros de
Juntas Administradoras Locales. Los diputados y concejales
municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:
(…)
4. Por indebida destinación de dineros públicos […]”
(Negrillas y subrayas por fuera de texto).

Como los elementos que estructuran esta causal no se encuentran

desarrollados en la Constitución ni en las normas legales que las

ordenan, resulta pertinente acudir al sentido y alcance con los que

esta Corporación la ha tratado de forma reiterada. En sentencia de 3

de octubre de 2000, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

con relación a los congresistas, pertinente también para los restantes

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miembros de corporaciones públicas de elección popular, como los

concejales, precisó:

“[...] La causal de indebida destinación de dineros públicos se
configura cuando el congresista destina los dineros públicos
a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:

a. Cuando destina los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados;
b. Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos
autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se
encuentran asignados;
c. Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos por la Constitución,
la ley o el reglamento.
d. Cuando esa aplicación se da para materias
innecesarias o injustificadas.
f. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros.
g. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o en
el de terceros […]”12 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De igual forma, ha explicado que:

“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de
pérdida de investidura, tampoco describe la conducta. No
obstante, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado ha delimitado los presupuestos para que se configure.
En este sentido, como su denominación lo indica, se realiza
cuando un congresista destina los dineros públicos a
unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos. Bien puede utilizarlos o dirigirlos a
actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos
que estando autorizados no correspondan a la finalidad
asignada; o a cometidos prohibidos, entre otros.

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de octubre

de 2000, Expedientes AC-10529 y AC-10968, consejero ponente Darío Quiñones Pinilla.

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En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de
2012, señaló que, aunque la causal no está definida en el
ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de
los dineros públicos no corresponde a los fines estatales
preestablecidos por la Constitución, la ley o el reglamento:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros
públicos no está definida en la Constitución ni en las
normas legales que rigen el ejercicio de la acción de
pérdida de investidura. Es, entonces, pertinente
consignar el sentido y alcance con que esta Corporación
le ha definido. La causal de indebida destinación de
dineros públicos se configura cuando el concejal
destina los dineros públicos a unas finalidades y
cometidos estatales distintos a los establecidos en
la Constitución, en la ley o en los reglamentos
[…]”13 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Respecto a los elementos constitutivos de este tipo
disciplinario, la Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo de
200314 también señaló: “[…] Por consiguiente, el elemento
tipificador de la causal de pérdida de investidura en
referencia, está en el hecho de que el congresista, en su
condición de servidor público, que lo es (art. 123 de la
Constitución), con su conducta funcional, al ejercer las
competencias de las que ha sido revestido, traiciona,
cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales
preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas, etc. ‘En
los eventos como los antes indicados, la conducta del
congresista bien puede ser delictiva o no, ajustada o no a un
procedimiento legal de ordenación del gasto o de contratación,
pero, su finalidad es otra muy distinta a la señalada en la

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

7 de junio de 2012, número único de radicación 73001233100020100035201, consejera
ponente María Claudia Rojas Lasso.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia

de 6 de marzo de 2003, número único de radicación 2000123310002002100701, consejera
ponente Olga Inés Navarrete Barrero.

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Constitución, la ley o los reglamentos’ […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

De allí que, para que la causal se configure es necesario que el
Congresista, en su condición de servidor público, distorsione o
cambie el cometido estatal consagrado en la Constitución, la
Ley o el Reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o que estando
autorizados sean diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o haya destinado o utilizado los recursos
a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas; o perseguido la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros; o hubiere
pretendido derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas.

En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal
ostente la condición de nominador u ordenador del gasto, basta
con que deba respetar, defender y cuidar el patrimonio público,
toda vez que es imperativo cuidar los bienes del Estado para
evitar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha
señalado que la causal comporta dos elementos: i) la
conducta y ii) el fin. La Sentencia del 1 de noviembre de
200515 señaló: “[…] Para la configuración de la causal de
indebida destinación de dineros públicos prevista en el
num. 4º del artículo 183 de la Constitución Política
(reproducida en el numeral 4º del artículo 298 de la Ley
5ª de 1992) se destacan o requieren dos elementos
como son la conducta y el fin […]”

En el primero –como se exige para las demás causales por las
que se puede demandar la pérdida de investidura- es
necesario, que el sujeto activo que la agota ostente la calidad
de Congresista y precisamente que en esa condición ejerza
competencias para las que fue investido.

El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta,
es decir que al ejercer las competencias propias de su
investidura: i) cambie o distorsione los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento al destinar los recursos públicos a materias,
actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos que
autorizados son diferentes a los que se encuentran
asignados; ii) aplique tales dineros a objetos prohibidos,

15Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de
noviembre de 2005, número único de radicación 11001031500020040167300, consejero
ponente Tarsicio Cáceres Toro.

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no necesarios o injustificados; iii) obtenga un
incremento patrimonial para sí o a favor de terceros, o
iv) pretenda derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o en el de terceras personas, etc.
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

A su turno, esta Sección, siguiendo los planteamientos de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha

expresado, frente a la configuración de la causal de pérdida de

investidura por indebida destinación de dineros públicos que:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no
se encuentra definida en la Constitución ni en las normas
legales que regulan el ejercicio de la acción de pérdida de
investidura. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación
se ha referido en distintas oportunidades al sentido y alcance
que esta causal tiene.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación, en sentencia 30 de mayo de 2000 (Expediente
núm. AC-9877, Consejero ponente doctor Germán Rodríguez
Villamizar), se pronunció sobre los alcances del concepto de
indebida destinación de dineros públicos, señalando que el
elemento tipificador de esta causal de pérdida de investidura
“[…] está en el hecho de que el Congresista, en su
condición de servidor público, con su conducta funcional
al ejercer las competencias de las que ha sido revestido,
traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos
estatales, preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas […]”.

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Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la
misma Sala Plena de lo Contencioso Administrativo16 y también
por la Sección Primera del Consejo de Estado, entre otras, en
sentencias de 1º de julio de 2004 (Expediente núm. 2003-
00194, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), 9 de noviembre de 2006 (Expediente núm. 2005-
01133, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade),
16 de julio de 2009 (Expediente núm. 2008-00700, Consejera
ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón) 14 de diciembre de
2009 (Expediente núm. 2009-00012 (Expediente núm. 2009-
00012, Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta), 3 de noviembre de 2011 (Expediente núm. 2011-
00009, Consejera ponente María Elizabeth García González) y
1º de agosto de 2013 (Expediente núm. 2012-00151,
Consejera ponente María Elizabeth García González) […]”17
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Con fundamento en el marco normativo y en el desarrollo

jurisprudencial citado anteriormente, se tiene que los dineros

públicos son “[…] todos aquellos que provienen de una actividad

económica del Estado y se integran al ciclo presupuestal con el

propósito de ser redistribuidos para la satisfacción de las

necesidades que demanda el interés general […]” 18, por lo que, en

el mismo sentido, los eventos en que se puede configurar su indebida

16 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001

(Expediente núm. AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias

de 4 de septiembre de 2014, número único de radicación 63001233300020130014801 (PI),
consejero ponente Guillermo Vargas Ayala; de 6 de septiembre de 2018, número único de
radicación 70001233300020180001901(PI), consejera ponente María Elizabeth García
González; de 28 de julio de 2016, número único de radicación
15001233300020150073901(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de marzo

de 2017, número único de radicación 11001031500020150011100, consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas.

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destinación19 son aquellos en los que un miembro de la corporación

pública territorial de elección popular los asigna para:

i) Cubrir objetos, actividades o propósitos no autorizados.

ii) Costear objetos, actividades o propósitos que sí están

autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los cuales

están previamente asignados.

iii) Sufragar objetos, actividades o propósitos expresamente

prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.

iv) Pagar por materias innecesarias o injustificadas.

v) Cuando la destinación de los dineros públicos tiene la

finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de

terceros.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

15 de marzo de 2018, número único de radicación 13001233300020160110701(PI),
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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vi) Y, cuando la destinación de los dineros públicos tiene la

finalidad de derivar un beneficio, no necesariamente

económico, en su favor o en el de terceros.

Para tales efectos, no es indispensable que el miembro de la

corporación pública territorial de elección popular sea ordenador del

gasto, pues lo importante es que adelante actuaciones certeras o

utilice instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los

dineros públicos20.

V.3.- Del caso concreto

Con fundamento en el análisis de la totalidad de las pruebas

aportadas al proceso, la Sala evidencia que el señor CARLOS

ALBERTO PINEDO CUELLO, fue elegido concejal del Distrito

Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para el período

constitucional 2016-2019, según consta en el Formulario E-26 CON

de 25 de octubre de 2015, expedido por la Registraduría Nacional del

Estado Civil; y, de igual forma, está probado que fue elegido

presidente de esa corporación pública territorial, para la vigencia

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de abril

de 2018, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-01062-00, consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter.

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fiscal 2017, según consta en Acta núm. 161 de 25 de noviembre de

2016.

En un aspecto que tampoco fue controvertido, permanece

demostrado que los recursos involucrados en la erogación de los

contratos de prestación de servicios profesionales ADFIN núm. 007

de 3 de marzo de 2017 y ADFIN núm. 056 de 28 de junio de 2017,

corresponden a dineros públicos según consta en los Registros

Presupuestales núm. 14-000025 de 3 de marzo de 2017 y 14-000111

de 28 de junio de 2017, expedidos por el Concejo Distrital de Santa

Marta, por valor de $17.500.000.oo y $18.000.000.oo,

respectivamente.

El Contrato de Prestación de Servicios Profesionales ADFIN núm. 007

de 3 de marzo de 2017, celebrado con la señora LEDIS PALOMINO

BARRAZA, tuvo como objeto:

“[...] PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ADMINISTRADORA PÚBLICA APOYANDO LA GESTIÓN DE LA
ASESORA DE CONTROL INTERNO, EN TODAS AQUELLAS
FUNCIONES Y LABORES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS POR
LA MISMA [...]”.

Por su parte, el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales

ADFIN núm. 056 de 28 de junio de 2017, celebrado con el señor

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GIOVANNI DIMITRI HINCAPIÉ QUINTERO, se pactó como

objeto el siguiente:

“[...] LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTENA
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-
SST), EN EL CONCEJO DISTRITAL DE SANTA MARTA, DECRETO
N.- 052 DE 2017, RESOLUCIÓN 1111 DE 2017, DECRETO 1072
DE 2015, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 2.2.4.6.37 POR EL
DECRETO N.- 052 DE 2017 [...]”.

Lejos de lo sostenido por el apelante, ambos contratos sí contaron,

desde antes de su celebración, con los denominados ‘ESTUDIOS

PREVIOS DE ANÁLISIS DEL SECTOR, CONVENIENCIA Y

OPORTUNIDAD’, de 28 de febrero y 27 de junio de 2017,

respectivamente, los cuales fueron allegados oportunamente al

presente proceso. No se aportó ni hay evidencia alguna que permita

concluir lo contrario, más allá de las acusaciones del solicitante en

cuanto a que su elaboración se dio con posterioridad a la suscripción

de esos actos contractuales, o que son el resultado del

diligenciamiento de modelos proformas, lo cual tampoco resulta

relevante para la configuración de la causal.

La Sala observa que en ambos documentos el Concejo Distrital de

Santa Marta evacuó los aspectos propios del objeto a contratar, tipo

de contratación, descripción de la necesidad, análisis del sector y sus

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condiciones legales, comerciales, financieras, organizacionales,

técnicas y de riesgo, plazo y lugar de ejecución, valor del contrato y

forma de pago, supervisión, identificación del contrato a celebrar,

fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de contratación,

análisis que soporta el valor estimado del contrato, soporte que

permite la tipificación, estimación y asignación de los riesgos

previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato,

análisis de la exigencia del mecanismo de cobertura y acuerdos

comerciales, entre otros aspectos.

Ahora, si bien el accionado no demostró la publicación de rigor de

estas piezas precontractuales en el sitio web habilitado para los

efectos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública,

SECOP, lo cierto es que esta Sección ya ha establecido que las

presuntas irregularidades que hayan surgido en torno al principio de

publicidad y transparencia de los estudios previos que echa de menos

el solicitante21, aunque podrían generar responsabilidad de tipo

21 En este sentido, puede consultarse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2007, número único de
radicación 15001-23-31-000-2006-01178-01, consejera ponente Martha Sofía Sanz Tobón.

El artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015 (Artículo
2.2.1.1.1.7.1), señala: “[…] Artículo 19. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está
obligada a publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del
Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta
que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos
de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el
Secop.

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disciplinario, no dan lugar a que se configure la indebida destinación

de dineros públicos como causal de pérdida de investidura.

Así también discernió la Sala en reciente sentencia, en la que se

resolvió un asunto similar al que ahora convoca su atención:

“[...] De esta manera, esta Sala insiste que los posibles
vicios o irregularidades en torno a la publicidad del
mencionado contrato no encaja en la causal de pérdida
de investidura por indebida destinación de dineros
públicos ni comporta necesariamente que se decrete la
pérdida de investidura, pues existen otros aspectos que
deben ser analizados, tales como el efectivo menoscabo
del erario o el beneficio económico del acusado o de un
tercero, presupuestos que no se encuentran satisfechos.

De igual forma, al Juez de la pérdida de investidura no le
es procedente determinar la validez o invalidez del
referido contrato de prestación de servicios, el cual se
presume válido, y además de ello, los estudios previos
que reposan en el proceso disciplinario adelantado ante la
Procuraduría General de la Nación incorporada oportunamente
a este proceso como prueba trasladada, en cumplimiento de lo
dispuesto mediante el auto de 29 de noviembre de 2021, se
encuentran amparados por el principio de presunción de
autenticidad y veracidad (artículo 185 del Código
General del Proceso), la cual no ha sido desvirtuada en
este proceso [...]”22 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Sin perjuicio de lo considerado, cabe reiterar que el juez de la pérdida

de investidura no lo es de la validez ni del acto contractual ni de sus

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la
invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de
condiciones en el Secop para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan
presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el
artículo 23 del presente decreto [...]”.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

17 de marzo de 2022, número único de radiación 47001-2333-000-2021-00403-01,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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piezas previas, concomitantes o posteriores a la etapa de ejecución

contractual, los que, por demás, gozan de presunción de legalidad

de obligatoria observancia al momento del análisis probatorio del

caso concreto.

Ahora, en tratándose del cargo relacionado con la supuesta

duplicidad de contratación de un objeto, a través del Contrato de

Prestación de Servicios Profesionales ADFIN núm. 056 de 28 de junio

de 2017, celebrado con el señor GIOVANNI DIMITRI HINCAPIÉ

QUINTERO, el cual ya había sido contratado, aparentemente, por el

Concejo Distrital de Santa Marta mediante los contratos ADFIN núm.

028 de 8 de abril, 065 de 9 de agosto y 140 de 15 de diciembre de

2016, la Sala pone de presente que si bien los objetos de todos estos

actos contractuales guardan relación entre sí, lo cierto es que el

objeto de aquel se delimitó a la elaboración y ejecución del Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de esa

corporación, en un plazo de veinte (20) días, el cual tenía que ser

implementado por todos los empleadores públicos o privados,

resultando necesario, además, que periódicamente se elabore un

Plan de Trabajo Anual en SG-SST para alcanzar cada uno de los

objetivos propuestos en dicho sistema, el cual debe identificar

claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de

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actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema

Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos

Laborales.

Incluso, debía revisarse la política relacionada con la materia, para

lo cual pueden contratar a personas idóneas en la materia para

alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el SG-SST, siendo

pertinente efectuar capacitaciones continuas a los empleados.

El artículo 2.2.4.6.8, del Decreto 1072 de 2015, así se lo imponía al

Concejo Distrital de Santa Marta:

“[...] Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores.
El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la
normatividad vigente. Dentro del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa, el
empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones:
1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en
el Trabajo a través de documento escrito, el empleador debe
suscribir la política de seguridad y salud en el trabajo de la
empresa, la cual deberá proporcionar un marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en
el trabajo.
2. Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe
asignar, documentar y comunicar las responsabilidades
específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos
los niveles de la organización, incluida la alta dirección.
3. Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se
les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), tienen la
obligación de rendir cuentas internamente en relación con su
desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través
de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean

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considerados por los responsables. La rendición se hará como
mínimo anualmente y deberá quedar documentada.
4. Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos
financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño,
implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas
de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y
riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los
responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la
empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en
el Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera
satisfactoria con sus funciones.
5. Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables: Debe
garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad
nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en
el trabajo, en armonía con los estándares mínimos del Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de
Riesgos Laborales de que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de
2012.
6. Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar
disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de
identificación de peligros, evaluación y valoración de los
riesgos y establecimiento de controles que prevengan
daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas,
en los equipos e instalaciones.
7. Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y
desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada
uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual
debe identificar claramente metas, responsabilidades,
recursos y cronograma de actividades, en concordancia
con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos
Laborales.
8. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador
debe implementar y desarrollar actividades de prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de
promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la
normatividad vigente.
9. Participación de los Trabajadores: Debe asegurar la adopción
de medidas eficaces que garanticen la participación de todos
los trabajadores y sus representantes ante el Comité Paritario
o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de
la política y también que estos últimos funcionen y cuenten con
el tiempo y demás recursos necesarios, acorde con la
normatividad vigente que les es aplicable. Así mismo, el
empleador debe informar a los trabajadores y/o contratistas, a
sus representantes ante el Comité Paritario o el Vigía de

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Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda de
conformidad con la normatividad vigente, sobre el desarrollo
de todas las etapas del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Salud en el Trabajo SG-SST e igualmente, debe evaluar las
recomendaciones emanadas de estos para el mejoramiento del
SG-SST. El empleador debe garantizar la capacitación de los
trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo
de acuerdo con las características de la empresa, la
identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos
relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones
relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la jornada
laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la
prestación del servicio de los contratistas;
10. Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo–SST en las
Empresas: Debe garantizar la disponibilidad de personal
responsable de la seguridad y la salud en el trabajo, cuyo perfil
deberá ser acorde con lo establecido con la normatividad
vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determine
el Ministerio del Trabajo quienes deberán, entre otras:
10.1 Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y
como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación;
10.2 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los
resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST, y;
10.3 Promover la participación de todos los miembros de la
empresa en la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; y
11. Integración: El empleador debe involucrar los aspectos de
Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto de sistemas de
gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa.
PARÁGRAFO. Por su importancia, el empleador debe identificar
la normatividad nacional aplicable del Sistema General de
Riesgos Laborales, la cual debe quedar plasmada en una matriz
legal que debe actualizarse en la medida que sean emitidas
nuevas disposiciones aplicables a la empresa [...]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Contrario a lo aseverado por el solicitante, la Sala logra constatar

que no se trata de la contratación irregular e innecesaria de un

mismo producto varias veces, sino de la adquisición de servicios

profesionales que le garantizaron a esa corporación pública cubrir la

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necesidad de las tareas propias en la implementación del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, lo cual no se

consumaba en un solo momento, como si se tratara de un bien

fungible, sino que atiende a una actividad funcional de naturaleza

permanente, periódica y continuada en el tiempo.

Al margen de lo anterior, no reposan elementos de prueba tendientes

a demostrar que con la celebración del contrato de prestación de

servicios antes aludido se haya generado una distorsión de las

finalidades del gasto público, como uno de los presupuestos que se

exige para que se configure la causal de pérdida de investidura objeto

de análisis, pues los dineros públicos se destinaron a reconocer los

servicios prestados por los señores LEDIS PALOMINO BARRAZA y

GIOVANNI DIMITRI HINCAPIÉ QUINTERO.

Tampoco existe prueba de que el concejal, en su condición de

presidente y ordenador del gasto, haya actuado con el ánimo de

obtener un beneficio para sí o de terceras personas al destinar los

dineros públicos a objetos distintos a los autorizados o a materias

innecesarias o propósitos no permitidos legalmente, como condición

exigida para que se configure la causal de pérdida de investidura.

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Por último, la Sala se abstendrá de compulsar copias contra el

solicitante, por petición que elevara el apoderado del accionado, por

cuanto no observa la posible comisión de faltas contra el respeto

debido a la administración de justicia ni contra los intervinientes en

el presente proceso de pérdida de investidura, en los precisos

términos del artículo 32 de la Ley 1123.

Al no prosperar los cargos de la apelación, la Sala procederá a

confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 14 de diciembre de 2021,

proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el

expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de abril de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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