Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2021-00254-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2021-00254-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 54001-23-33-000-2021-00254-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
25 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de diputado
Número único de radicación: 540012333000202100254-01
Solicitante: Duván Alfonso Contreras Bonilla
Diputado: Jhon Eddison Ortega Jácome
Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de pérdida de investidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor Duván
Alfonso Contreras Bonilla –en adelante el Solicitante– contra la sentencia de 18
de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, en primera instancia.
La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El Solicitante pidió, en ejercicio del respectivo medio de control, que se decrete
la pérdida de investidura del señor Jhon Eddison Ortega Jácome, Diputado de la
Asamblea Departamental de Norte de Santander, para el período 2016 – 2019 –
en adelante el Diputado–, porque, a su juicio, incurrió en las causales de pérdida
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de investidura de “incompatibilidad e inhabilidad” previstas en el numeral 4.° del
artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20001, esto es, por indebida
destinación de dineros públicos.
Pretensión
2. La pretensión que fundamenta la solicitud de pérdida de investidura es la
siguiente:
“[…] 3.1.- DECLÁRESE que el ciudadano, JHON EDDISON ORTEGA JÁCOME
[…], quien fue declarado elegido (sic) el día 5 de noviembre de 2015 Diputado a la
Asamblea por la Comisión Escrutadora Departamental por el Partido Opción
Ciudadana para el periodo Constitucional enero 1 de 2016 al 31 de diciembre de
2019, y posesionado el 2 de enero del año 2016 incurrió en las causales de
incompatibilidad e inhabilidad de que trata el artículo 48 Numeral 4 de la Ley 617
del 2000.
“ARTICULO 48. Perdida de Investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de Miembros de juntas administradoras
locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y
miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:
4. Por indebida destinación de dineros públicos”.
3.2.- DECLÁRESE como consecuencia del pronunciamiento anterior, la Pérdida
de investidura como Diputado a la Asamblea por la Circunscripción Electoral
de Norte de Santander y la cancelación de la credencial que la organización
Electoral Registraduría Nacional del estado Civil le expidió al ciudadano JHON
EDDISON ORTEGA JÁCOME […] electo por lista inscrita el 24 de julio de 2015, y
declarado elegido el 5 de noviembre de 2015, mediante acta emanada de la
Comisión Escrutadora Departamental por el Partido Opción Ciudadana para el
Periodo Constitucional 2016-2019 y posesionado el 2 de enero del año 2016, y se
declare la condigna inhabilidad y/o inelegibilidad permanente para ocupar cargos
de elección popular.
3.3.- ORDÉNESE como consecuencia de las anteriores declaraciones y de la
cancelación de la credencial expedida por la Organización Electoral- Registraduría
Nacional de estado civil, ofíciese a esta última Entidad para que se llame a ocupar
la curul vacante a quien ocupa el renglón siguiente en orden descendente de la lista
del Partido Liberal reemplazando al señor JHON EDDISON ORTEGA JÁCOME
[…].
3.4.- ORDÉNESE la expedición de las comunicaciones respectivas al Consejo
Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Gobernación
del Departamento Norte de Santander y a la Asamblea Departamental de Norte de
Santander, para lo de su competencia. […]”.
1 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”
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Presupuestos fácticos
3. Los hechos que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura son, en
síntesis, los siguientes2:
3.1. El señor Jhon Eddison Ortega Jácome se inscribió como candidato a la
Asamblea por la circunscripción electoral de Norte de Santander para las
elecciones de 25 de octubre de 2015, período constitucional 2016 – 2019; en las
cuales resultó elegido y tomó posesión de su investidura, el 2 de enero de 2016.
3.2. El Diputado participó y votó el proyecto que luego pasaría a convertirse en
la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016, “[p]or el cual se adopta el
presupuesto general de rentas y recursos de capital y gastos del departamento
Norte de Santander para la vigencia del primero de enero al 31 de diciembre de
2017”, como consta con las actas núms. 31 de 18 de octubre de 2016, 42 de 28
de noviembre de 2016 y 43 de 29 de noviembre de 2016; la cual, en su artículo
39, dispuso:
“[…] ARTÍCULO 39. Autorizar al Contralor General del Departamento previa las
disposiciones legales vigentes hacer modificaciones a la planta de personal de la
Contraloría General del Departamento […]”.
3.3. La Secretaría General de la Asamblea Departamental de Norte de
Santander, mediante certificación de 19 de diciembre de 2016, hizo constar que
la ordenanza referida supra se aprobó en tres debates.
3.4. El Contralor General del Departamento de Norte de Santander expidió la
Resolución núm. 093 de 14 de marzo de 2017, “Por la cual se crean unos cargos
de asesores de planeación en la estructura organizacional de la Contraloría
General del Departamento Norte de Santander”, con fundamento en el artículo 39
de la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016; la cual, en su parte resolutiva
señaló:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Créase los siguientes cargos de asesor de planeación
en la planta de personal de la Contraloría General del Departamento Norte de
Santander, los cuales estarán adscritos al Despacho del Contralor.
2 Los supuestos fácticos planteados están contenidos en el escrito de solicitud de pérdida de investidura.
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IDENTIFICACIÓN GENERAL
Nombre del Código Naturaleza del Cargo Números de
cargo cargos en la
entidad
Asesor de 105-11 Libre nombramiento y 5
Planeación Remoción
ARTÍCULO SEGUNDO: Las asignaciones salariales de acuerdo a lo establecido
en la Ordenanza número 023 del 23 de diciembre de 2016, para el cargo en mención
[…]”.
3.5. En vigencia de la Resolución núm. 093 de 14 de marzo de 2017, el
Contralor General del Departamento de Norte de Santander, nombró 7
funcionarios en el cargo de Asesor de Planeación, mediante las resoluciones
núms. 107 de 29 de marzo de 2017, 111 de 3 de abril de 2017, 155 de 10 de mayo
de 2017, 158 de 10 de mayo de 2017, 221 de 12 de julio de 2017, 226 de 14 de
julio de 2017 y 249 de 1 de agosto de 2017.
3.6. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia de 27 de
febrero de 2020 proferida en el proceso identificado con el número único de
radicación 540012333000201900116-00, inaplicó los artículos 4.° y 5.° de la
Ordenanza 15 de 7 de diciembre de 2016 y el artículo 39 de la Ordenanza 17 de
19 de diciembre de 2016, ambas expedidas por la Asamblea Departamental de
Norte de Santander, y declaró la nulidad, con efectos retroactivos o ex tunc, de la
Resolución núm. 093 de 14 de marzo de 2017 expedida por el Contralor General
del Departamento de Norte de Santander. Señala que la sentencia quedó
ejecutoriada el 7 de julio de 2020.
Causal de pérdida de investidura alegada y argumentos que justifican la
solicitud
4. El Solicitante citó el numeral 9.° del artículo 300 de la Constitución Política; el
numeral 4° del artículo 48 de la Ley 617; el artículo 39 de la Ordenanza 17 de 19
de diciembre de 2016; los artículos 6 y 22 de la Ley 1881 de 15 de enero de 20163;
y el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114.
3 Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la
doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones.
4 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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5. Afirmó que, en el caso sub examine, el Diputado incurrió en la conducta descrita
en el numeral 4.º del artículo 48 de la Ley 617, prevista como causal de pérdida
de investidura de los diputados, por indebida destinación de dineros públicos, al
haber participado y votado la aprobación del artículo 39 de la Ordenanza 17 de 19
de diciembre de 2016, mediante el cual se facultó al Contralor General del
Departamento para hacer modificaciones a la planta de personal del respectivo
ente de control fiscal.
Argumentos que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura por la causal
de indebida destinación de dineros públicos
Sobre el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
6. El Solicitante explicó que no es necesaria la condición de nominador u
ordenador del gasto ni que la conducta sea constitutiva o esté tipificada como
hecho punible porque basta con que el miembro de la corporación pública de
elección popular esté obligado a respetar y mantener la tutela y cuidado sobre el
patrimonio público.
7. Señaló que la Asamblea Departamental de Norte de Santander no tenía
competencia para delegar en el Contralor General del Departamento las
facultades que le son inherentes, en particular, la concerniente a realizar las
modificaciones a la estructura de la planta de personal del ente de control fiscal
territorial, debido a que según lo establecido en el numeral 9.° del artículo 300 de
la Constitución Política, es una atribución que solamente es delegable en el
Gobernador del Departamento.
8. Señaló que se configuró la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos, por cuanto el Diputado, en el ejercicio de sus
competencias, traicionó, cambió y distorsionó los fines y cometidos estatales, para
destinar con su actuación dineros públicos a fines no autorizados y diferentes de
los previstos en la Constitución y en la Ley.
9. Indicó que la Resolución núm. 093 de 14 de marzo de 2017 expedida por el
Contralor General del Departamento de Norte de Santander, en cumplimiento del
artículo 39 de la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016, era nula por falta de
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competencia, en la medida que era la Asamblea Departamental de Norte de
Santander y no el Contralor General Departamental, la autoridad facultada para
determinar la estructura de la planta de personal, las funciones por dependencias
y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de
empleos de las contralorías departamentales5.
Sobre el elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura
10. Adujo que la indebida destinación de dineros públicos puede configurarse
de múltiples maneras, debido a que resulta suficiente que el servidor público de
elección popular, en este caso, un diputado, por un comportamiento éticamente
reprochable haya dado lugar al detrimento del patrimonio público.
11. Explicó que las irregularidades cometidas en la delegación al Contralor
Departamental de las modificaciones a la planta de personal del ente de control
fiscal desconocieron lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 300 de la
Constitución Política, por lo que se configuró la indebida destinación de dineros
públicos. Agregó que bastaba con que el diputado omitiera sus responsabilidades
administrativas y que, como consecuencia de su omisión, se hubiere ocasionado
o permitido la incorrecta e ilícita destinación del patrimonio público.
12. Refirió que la institución de pérdida de investidura tiene un carácter
eminentemente ético y, en el caso sub examine, se afectó el patrimonio público,
por cuanto en vigencia de la Resolución 093 de 14 de marzo de 2017, el Contralor
General del Departamento de Norte de Santander nombró 7 funcionarios para el
cargo de asesor de planeación, mediante las Resoluciones 107 de 29 de marzo
de 2017, 111 de 3 de abril de 2017, 155 de 10 de mayo de 2017, 158 de 10 de
mayo de 2017, 221 de 12 de julio de 2017, 226 de 14 de julio de 2017 y 249 de 1
de agosto de 2017. Afirmó que las erogaciones se realizaron, lo que equivale a
afirmar que se configuró esa indebida destinación.
5 Al respecto, afirmó “[…] el acto acusado incurre en el vicio de falta de competencia, toda vez que el Contralor
Departamental no puede ser autorizado por la Asamblea Departamental para determinar la planta de personal
de la referida contraloría. En lo particular, de acuerdo con la Constitución y la ley, a las Contralorías solo les
asiste la potestad, a través del Contralor Departamental de presentar el respectivo proyecto para la
organización del órgano de control fiscal. […]. Así las cosas, prospera el cargo de falta de competencia, lo
que conlleva a la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado, previa inaplicación, por control
por vía de excepción establecido en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011, de los artículos mencionados de
las Ordenanzas 015 del 7 de Diciembre de 2016 y 017 del 19 de diciembre de 2016. […]”.
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13. Expuso que los principios de buena fe y de confianza legítima no resultaban
aplicables al asunto objeto de examen, en la medida que no había conceptos,
sentencias o pronunciamientos judiciales tanto de la Corte Constitucional como
del Consejo de Estado que validaran las irregularidades cometidas en la
aprobación de la Ordenanza 017 de 19 de diciembre de 2016.
14. Señaló que el Diputado conocía plenamente que su comportamiento
resultaba contrario al ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que es una
persona con amplia trayectoria en el sector público, que se ha desempeñado
como diputado en diversos periodos; razón por la cual el grado de culpabilidad de
su conducta era el dolo.
Contestación de la solicitud de pérdida de investidura
15. El Diputado, actuando por conducto de apoderado, dentro de la oportunidad
procesal correspondiente, se refirió a la solicitud de pérdida de investidura6, en el
sentido de solicitar que se nieguen las pretensiones, con fundamento en los
siguientes argumentos:
16. Se pronunció en relación con los hechos de la solicitud de pérdida de
investidura y, en especial, manifestó que: i) el Consejo de Estado ha considerado
que no cualquier conducta implica destinación de dineros públicos; ii) el hecho de
haber otorgado una autorización general que contaba con los estudios
correspondientes no constituye indebida destinación de dineros públicos y que,
en todo caso, no se prueba el elemento subjetivo; iii) que las resoluciones fueron
expedidas por el contralor departamental, sin intervención de los diputados; iv)
que la creación de cargos fue ordenada por resoluciones del contralor
departamental, quien sería el ordenador del gasto, y, en todo caso, se
fundamentaron en los estudios técnicos correspondientes; y v) que la nulidad de
los actos administrativos no es causal de pérdida de investidura.
Sobre el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
17. Indicó que la aprobación de la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016
por parte de la Asamblea Departamental de Norte de Santander, que delegaba en
6 Cfr. Documento denominado “011ContestaciónDemanda 21-00254”. Documento aportado en forma digital.
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el Contralor Departamental la facultad para modificar la planta de personal, no
implicaba una indebida destinación de dineros públicos, debido a que:
17.1. No se destinaron recursos públicos a objetos, actividades o propósitos no
autorizados, en la medida que la creación de cargos se realizó con recursos
correspondientes a los ingresos corrientes de libre destinación, con el fin de llenar
el vacío existente en materia de planeación, como lo indicó el estudio técnico
elaborado para tal efecto.
17.2. No se destinaron recursos públicos a objetos, actividades o propósitos que
sí estuvieran autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los cuales están
previamente asignados, “pues no se utilizó rubro orientado a inversión y otro
aspecto para pagar la creación de estos cargos”.
17.3. No se aplicaron recursos públicos a objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.
17.4 No se pagaron por materias innecesarias o injustificadas ni se destinaron los
dineros públicos con la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o
de terceros; y tampoco la creación de dichos cargos se realizó con la finalidad de
derivar un beneficio, no necesariamente económico, en su favor o en el de
terceros.
18. Señaló que lo único probado era que el autor de la iniciativa de la ordenanza
no advirtió los problemas de constitucionalidad y legalidad que presentaba la
posibilidad de delegar, en el contralor departamental, funciones propias de la
asamblea departamental; asunto que tampoco fue cuestionado por los diputados
y el equipo jurídico durante el trámite normativo y el cual fue objeto de una
investigación disciplinaria.
19. En ese sentido, explicó que la Procuraduría Regional de Norte de
Santander tramitó una investigación disciplinaria contra Jhon Eddison Ortega
Jácome, Carlos Omar Angarita Navarro, José Luis Enrique Duarte Gómez, Rafael
Leonardo Cuellar Sus, Frank Worman García Rolón, Wilmer Yesid Guerrero
Avendaño, Pedro Joanes Leyva Rizzo, Cesar Lindarte Escalante, Pedro Alberto
Mora Jaramillo, Oscar Hernando Ross Pérez, Luis Alfonso Mejía Núñez y Jorge
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Alberto Camilo Silva Mantilla; la cual se identificó con el radicado número IUS–
E2018–504359 / IUC–D-2019-1400791, por estos mismos hechos. Asimismo,
informó que, en dicha investigación disciplinaria, se profirió decisión de 18 de
diciembre de 2020, por medio de la cual se resolvió absolver de responsabilidad
disciplinaria a los servidores públicos, al no constatarse el presupuesto de la
ilicitud sustancial de su conducta.
20. Adujo que, aun cuando el acto administrativo que creó los cargos fue
excluido del ordenamiento jurídico, ello no implicó el decaimiento o la pérdida de
la fuerza ejecutoria de los nombramientos efectuados, en la medida que se trataba
de actos administrativos que conservan su validez, en aplicación del principio de
intangibilidad de las situaciones consolidadas conforme a derecho y de la
seguridad jurídica. En consecuencia, no se configuró el detrimento patrimonial o
la indebida destinación de recursos públicos.
21. Expuso que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia
de 27 de febrero de 2020 proferida en el proceso identificado con el número único
de radicación 540012333000201900116-00, consideró que no se probó, ni
siquiera a manera de indicio, algún elemento que condujera a una posible
desviación de poder, es decir, que se hubiere actuado con algún interés diferente
al buen servicio.
22. Manifestó que “[…] no toda nulidad de un acto administrativo implica por
ese solo hecho la incursión en la causal de pérdida de investidura […]” y que ha
sido el Consejo de Estado el que ha considerado que “[…] no toda irregularidad
que pueda predicarse de la orden que implique gasto, configura esta causal de
pérdida de investidura […]”.
Sobre el elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura
23. Refirió que el proceso de pérdida de investidura es un juicio de carácter
sancionatorio, por lo que el juez debía realizar un análisis integral de la
responsabilidad en el cual se apliquen los principios que gobiernan el debido
proceso, entre ellos, pro homine, in dubio pro reo y favorabilidad y, con
fundamento en ello, determinar si la conducta se subsume en el presupuesto
fáctico de la norma que establece como consecuencia jurídica la pérdida de
investidura y si se configura o no el elemento subjetivo.
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Núm. Único de radicación: 540012333000202100254-01
24. Afirmó que para definir si una conducta era dolosa o gravemente culposa
se debían analizar los elementos que constituían el aspecto subjetivo de la misma,
esto es, analizar el conocimiento de los hechos y la ilicitud de la conducta, con el
fin de determinar si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento
resultaba contrario al ordenamiento jurídico.
25. Al respecto, explicó que para determinar si la conducta del Diputado era
dolosa o gravemente culposa debían tenerse en cuenta: i) las condiciones
personales del sujeto y ii) las circunstancias externas que influyeron en la
conducta.
26. Indicó que junto con el proyecto de ordenanza, se aportó un estudio técnico,
en cuya elaboración participaron los señores Luis Vidal Pitta, Subcontralor
General de Norte de Santander, con especialización y maestría en derecho
administrativo; Wilson de Jesús Quintero Gélvez, Director Financiero de la
Contraloría con postgrado en cuentas contables; y José Antonio Anaya Atalla, con
24 años de experiencia en el órgano de control fiscal; cuyas declaraciones fueron
rendidas en la investigación disciplinaria que se adelantó por parte de la
Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa contra el señor
Silvano Serrano Guerrero, quien se desempeñó como Contralor Departamental,
la cual culminó con una decisión absolutoria. Sobre el particular, afirmó que dicho
respaldo técnico, “[…] tuvo un peso específico en la conciencia de los diputados
que participaron en el trámite de esta iniciativa […]”.
27. Refirió que actuó con la plena convicción de que su conducta estaba
ajustada a la Constitución y a la ley, por lo que no se podía afirmar que había
actuado con dolo, en la medida que la conducta contraria a derecho no se había
realizado con conocimiento y voluntad.
28. Adujo que, en gracia de discusión, su conducta era excusable “[…] si se
tienen en cuenta las indagaciones realizadas con el objeto de verificar la
regularidad de la situación; y, por último, las situaciones externas mencionadas,
entre ellas la verificación de ausencia de dolo o culpa grave tanto del contralor,
conforme la sentencia de la Procuraduría Delegada, como de los diputados,
conforme la sentencia de la Procuraduría Regional y conforme igualmente con la
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decisión de este mismo Tribunal que no encontró afectación de ilicitud sustancial
en el actuar de quien expidió la Resolución 093/2016 […]”.
La audiencia pública establecida por el artículo 12 de la Ley 1881
29. La audiencia pública tuvo lugar el 11 de noviembre de 2021 con la
asistencia y participación del Diputado y su apoderado; y el Ministerio Público7.
La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia
30. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia
proferida el 18 de noviembre de 20218, resolvió “[…] NEGAR las pretensiones de
la demanda de pérdida de investidura interpuesta por Duván Alfonso Contreras
Bonilla en contra del señor Jhon Eddison Ortega Jácome, por las razones
expuestas en la parte motiva […]”.
Consideraciones del Tribunal
31. Indicó que el problema jurídico consistía en “[…] Determinar si el señor
Jhon Eddison Ortega Jácome ha incurrido en causal de pérdida de investidura
por indebida destinación de dineros públicos, quién en su calidad de Diputado del
Departamento Norte de Santander para el periodo 2016-2019, participó y votó en
la aprobación del proyecto que se convirtió en la Ordenanza 017 del 19 de
diciembre de 2016, que determinó en su artículo 39 “… autorizar al contralor
general del Departamento previas las disposiciones legales vigentes hacer
modificaciones a la planta de personal de la Contraloría General del
Departamento.”, con base en la cual el señor Contralor General del Departamento
expidió la Resolución No. 093 del 14 de marzo de 2017, “Por la cual se crean unos
cargos de asesores de planeación en la estructura organizacional de la
Contraloría General del Departamento Norte de Santander […]”.
Sobre el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
32. El Tribunal reiteró las consideraciones contenidas en la sentencia proferida en
el proceso de pérdida de investidura identificado con el número único de
7 Es importante resaltar que el Solicitante no asistió a la audiencia pública; no obstante, remitió el escrito
denominado “028MemorialDte 21-00254”, mediante el cual realiza un pronunciamiento.
8 Cfr. “031. Sentencia 2021-00254”. Documento aportado en forma digital.
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Núm. Único de radicación: 540012333000202100254-01
radicación 540012333000202100211-00, que se adelantó contra otro diputado del
departamento, por los mismos presupuestos fácticos y jurídicos y con fundamento
en la misma causal. Para el efecto, transcribió las consideraciones de la referida
sentencia.
32.1. Para el efecto consideró que la declaratoria de nulidad de un acto
administrativo que fundamenta la expedición de una medida de carácter
administrativo, por medio del cual se generó una erogación, no implicaba por sí
misma la configuración de la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos de quienes aprobaron la decisión, debido a que
además de la declaratoria de nulidad, se debían analizar otros aspectos como lo
era la efectiva aplicación de los recursos, el menoscabo del patrimonio público y
el beneficio económico del Diputado o de un tercero.
32.2. Asimismo, indicó que se probó que el Diputado participó y aprobó la
Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016, en particular, su artículo 39, con
fundamento en la cual se expidió la Resolución núm. 093 de 14 de marzo de 2017;
actos administrativos que fueron objeto de control judicial por parte del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, el cual, decidió inaplicar los artículos 4.º y
5.º de la ordenanza y declarar la nulidad de la resolución, con efectos retroactivos;
no obstante lo anterior, señaló que la conducta del Diputado obedeció a un interés
diferente a la indebida destinación de dineros públicos, por cuanto la expedición
de la ordenanza conllevó a la prestación de un servicio requerido por la entidad y
la gestión de la creación de los cargos estuvo precedida por una serie de estudios
técnicos que evidenciaban la necesidad del servicio.
32.3. Por último, consideró que no se probó el aprovechamiento indebido de
dineros públicos o la falta de necesidad de la creación de los cargos; elemento
ineludible para la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura invocada en la solicitud; y concluyó indicando que “[…] [d]e
conformidad con lo anterior y en integración del contenido normativo relacionado
con el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, puede afirmarse la
ausencia de requisitos probatorios para la configuración de la causal de
destinación indebida de dineros públicos, pues de conformidad con la
jurisprudencia del H. Consejo de Estado […], no toda irregularidad que pueda
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predicarse de la orden que implique gasto, configura esta causal de pérdida de
investidura […]”.
El recurso de apelación presentado por el Solicitante9
33. El Solicitante presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida,
en primera instancia, con el objeto de que se revoque dicha providencia y, en su
lugar, se decrete la pérdida de investidura del Diputado, con fundamento en los
siguientes argumentos:
34. Expuso que el Diputado incurrió en la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617, debido a que participó en
el trámite y la votación del proyecto que pasaría a convertirse en la Ordenanza 17
de 19 de diciembre de 2016, en cuyo artículo 39, se autorizó al Contralor General
del Departamento para hacer las modificaciones a la planta de personal del ente
de control fiscal departamental y, con fundamento en la cual, se expidió la
Resolución núm. 093 de 14 de marzo de 2017, que creó 5 cargos de asesor de
planeación en la planta de personal de la Contraloría Departamental.
35. Señaló que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia
de 27 de febrero de 2020 proferida en el proceso identificado con el número único
de radicación 540012333000201900116-00, inaplicó los artículos 4.° y 5.° de la
Ordenanza 15 de 8 de diciembre de 2016 y el artículo 39 de la Ordenanza 17 de
19 de diciembre de 2016, ambas expedidas por la Asamblea Departamental de
Norte de Santander, y declaró la nulidad, con efectos retroactivos o ex tunc, de la
Resolución núm. 093 del 14 de marzo de 2017 expedida por el Contralor General
del Departamento de Norte de Santander, con fundamento en que correspondía
a las asambleas departamentales determinar la estructura organizativa de las
respectivas contralorías, por lo que delegar atribuciones de reestructuración de la
planta de personal en el Contralor General Departamental resultaba contrario a
los artículos 272 y los numerales 7.° y 9.° del artículo 300 de la Constitución
Política.
36. Indicó que resultaba inconstitucional que la Asamblea Departamental de
Norte de Santander delegara en el Contralor General Departamental funciones
9 Cfr. “033RecursoApelación 21-00254”. Documento aportado en forma digital.
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que le son inherentes, a efectos de determinar la estructura del respectivo ente de
control fiscal, pues tales facultades solo son delegables en el Gobernador, razón
por la cual, el artículo 39 de la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016 resulta
contrario a la Carta Política y lo que se genere, como consecuencia de dicha
autorización que conlleve a gasto público, es una indebida destinación de dineros
públicos.
37. Refirió que la Ordenanza 17 de 19 de noviembre de 2016 no podía tener
como fundamento el estudio técnico de enero de 2017, por cuanto dicho
documento había sido realizado con posterioridad a la expedición de la
ordenanza. En ese sentido, afirmó que el Tribunal no efectuó una debida
valoración de las pruebas que obran en el proceso, al dar por demostrados ciertos
hechos que resultaban “[…] insuficientemente probados por la divergencia de
fechas aplicables […]”.
38. Señaló que no tiene inconveniente con la Ordenanza 015 de 7 de diciembre
de 2016 y que esta se fundamentó en el estudio realizado el 29 de septiembre de
2016 por los señores Pitta Correa, Navarro Picón, Anaya Attalla, Arenas Lizarazo
y Suárez Ordoñez y reiteró que el fundamento de la solicitud está relacionado es
con la aprobación de la Ordenanza 017, la cual, según señala, no se fundamentó
en ningún estudio previo.
39. Manifestó que, con fundamento en la Resolución 093 de 2017, el contralor
del departamento expidió los actos de nombramiento en los cargos creados, que
son las resoluciones 107 de 29 de marzo de 2017, 111 de 3 de abril de 2017, 155
de 10 de mayo de 2017, 158 de 10 de mayo de 2017, 221 de 12 de julio de 2017,
226 de 14 de julio de 2017 y 249 de 1 de agosto de 2017.
40. Señaló que la indebida destinación de dineros públicos se probó, a través
de la Certificación expedida por el Director Financiero de la Contraloría General
del Departamento de Norte de Santander, el 20 de mayo de 2021; en la cual
consta que $363.113.000,oo pesos M/cte fueron pagados a las personas que
ocuparon los 5 cargos asesores de planeación creados en la Resolución núm. 093
de 14 de marzo de 2017, declarada nula por el Tribunal Administrativo del Norte
de Santander.
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41. Refirió que ya se declaró la nulidad de la Resolución 093 de 2017 y que no
es razonable que esa ilegalidad se pretenda desconocer frente a los artículos
puntuales que otorgan facultades que son contrarias a la Constitución y a la ley,
debiendo serle exigible al Diputado la diligencia y el conocimiento de las normas
pues, señala, tiene la condición de abogado titulado y en ejercicio.
42. Manifestó que la competencia constituye el primer y más importante
requisito de validez de la actividad administrativa y que la falta de esta es un vicio
que no puede sanearse. Afirma que la falta de competencia es el vicio más grave
de todas las causales de nulidad en que puede incurrir un acto administrativo por
el carácter de orden público que revisten las reglas de competencia, siendo
posible incluso su examen, de manera oficiosa. También explicó la importancia
que comporta el principio de legalidad y a la connotación que tiene la excepción
de inconstitucionalidad en nuestro sistema jurídico.
43. Por último, solicitó, por un lado, que se tenga en cuenta los razonamientos
expuestos en la solicitud de pérdida de investidura sobre el elemento subjetivo.
44. Solicitó realizar un análisis de las pruebas que reposan en el expediente,
para efectos de determinar si se encuentra demostrado el elemento objetivo y el
subjetivo de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de
dineros públicos prevista en el numeral 4° del artículo 48 de la Ley 617.
Traslado del recurso de apelación
45. Surtido el traslado del recurso de apelación, el Diputado, por conducto de
apoderado, se pronunció en el sentido de solicitar que se confirme la sentencia
proferida por el Tribunal, en primera instancia. El Solicitante y el Ministerio Público
guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
46. Para efectos metodológicos de la decisión, la Sala procederá al estudio de:
i) la competencia de la Sala; ii) el problema jurídico; iii) la calificación habilitante;
iv) el marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la
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causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos; vi)
el análisis del caso concreto; y vii) las conclusiones.
Competencia de la Sala
47. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre perdida de
investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881, en especial su artículo 22, sobre la
aplicación de esa normativa a los procesos de pérdida de investidura de
concejales y diputados; iii) el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de
201910; y iv) el artículo 15011 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de
Estado, en segunda instancia: la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer del presente
asunto.
48. Agotados los trámites inherentes al recurso de apelación de que trata este
asunto y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo
actuado, se procede a decidir el caso sub lite. Asimismo, la Sala limitará su
pronunciamiento a los argumentos planteados en el recurso de apelación
presentado por el Solicitante porque dichos argumentos definen el marco de la
decisión que ha de adoptarse en esta instancia.
49. Vistos los artículos 32812 y 32013 de la Ley 1564, la Sala procederá a
pronunciarse únicamente en relación con los argumentos o reparos formulados
por el apelante.
Problema Jurídico
50. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en el recurso de
apelación, si el Diputado incurrió o no en la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617, por indebida destinación
10 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
11 Artículo modificado por el artículo 26 de la Ley 2080
12 “[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley. […]”.
13 “[…]ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. […]”.
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de dineros públicos, al participar en el trámite y la aprobación del proyecto
normativo que pasaría a convertirse en la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de
2016, en cuyo artículo 39 se delegó en el Contralor General del Departamento la
facultad para hacer modificaciones a la planta de personal del ente de control fiscal
departamental; facultad que se materializó con la expedición de la Resolución
núm. 093 de 14 de marzo de 2017, mediante la cual se crearon 5 cargos de asesor
de planeación en la planta de personal del ente de control departamental. Lo
anterior, con el objeto de establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia proferida en primera instancia.
La calificación habilitante
51. Visto el literal “b” del artículo 5 de la Ley 1881, la Sala encuentra probado
que el señor Jhon Eddison Ortega Jácome tuvo la calidad de Diputado de la
Asamblea Departamental de Norte de Santander, para el período 2016 – 2019,
según consta en el formulario E-26-ASA14 expedido por los miembros de la
Comisión Escrutadora Departamental, de acuerdo con los resultados de las
elecciones que se llevaron a cabo el 25 de octubre de 2015.
52. En ese orden de ideas, la investidura del señor Ortega Jácome se tiene por
cierta en la medida en que el documento anteriormente indicado constituye prueba
de dicha calidad, lo cual la hace sujeto pasivo del medio de control de pérdida de
investidura.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura
Marco normativo
53. Vistos los artículos 18415 de la Constitución Política; 14316 de la Ley 1437
y las leyes 136, 617, 1881 y 2003, en especial, el artículo 1 de la Ley 1881.
14 Cfr. Fl. 12 documento denominado “003AnexosDemanda”. Documento aportado en forma digital.
15 Constitución Política. Artículo 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado
de acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la
solicitud formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.
16 Ley 1437 de 2011. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara
correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá
demandar la pérdida de investidura de congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta
administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados,
concejales y ediles.
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Desarrollos jurisprudenciales
54. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a
un proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio17 de propósito ético, con
consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la
protección y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el
ejercicio del cargo que confiere el voto popular.
55. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del
cargo público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos
sobre sus representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen
servicio, al interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que
comportan la defraudación del principio de representación.
56. La Sala Plena18 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza
de la pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i)
constituye un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción
de carácter jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que
los miembros de las corporaciones públicas de elección popular deben observar
atendiendo la naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una
sanción de carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla es
atribuida exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la
sanción más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en
una corporación pública de elección popular porque implica la separación
inmediata de las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa
corporación y, por expresa disposición de la propia Constitución Política, la
inhabilidad permanente para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de
pérdida de investidura limitan o reducen algunos derechos fundamentales
previstos en la Constitución como el de ser elegido.
17 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-15-
000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017,
Expediente: 110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.
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57. En esa misma orientación, la Corte Constitucional19 consideró que la
pérdida de investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en
la Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.
58. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 2010 20. En ese
orden, las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la
Constitución Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de
arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice
el juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la
literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura,
lo cual constituye una materialización del principio de interpretación restrictiva.
59. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso
de pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, en él se debe
dar plena aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en
particular, en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro
homine, in dubio pro reo, y de legalidad.
60. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza
en el marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna
manera como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, conforme con
la jurisprudencia de las altas cortes21, una vez verificada la configuración del
elemento objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo 22.
61. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que
la pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que
el juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso, en especial, entre
otros, el de favorabilidad, y, con fundamento en ello, determinar si la conducta se
19 Sentencia SU-426 de 2016, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortíz Delgado.
20 Número único de radicación 110010315000200900198-00(PI).
21 Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016.
22 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó
la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad
se enderezó a esa acción u omisión […]”.
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subsume en el supuesto fáctico de la norma que establece como consecuencia
jurídica la pérdida de la investidura y si se configura o no el elemento subjetivo23.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos
62. Vistos el numeral 3.° del artículo 55 de la Ley 136, sobre pérdida de la
investidura de concejal; y el numeral 4.º del artículo 48 de la Ley 617, “[…] [l]os
[…] concejales municipales y distritales […] perderán su investidura: […] [p]or
indebida destinación de dineros públicos […]” (Destacado fuera de texto).
63. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 24,
mediante sentencia de 6 de mayo de 2014, en relación con la causal de pérdida
de investidura de congresistas por indebida destinación de dineros públicos,
aplicable al caso de los concejales, consideró lo siguiente:
“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de pérdida de investidura,
tampoco describen la conducta. No obstante, la jurisprudencia de la Sala Plena
del Consejo de Estado ha delimitado los presupuestos para que se configure.
En este sentido, como su denominación lo indica, se realiza cuando un congresista
destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales
distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos.
Bien puede utilizarlos o dirigirlos a actividades o propósitos no autorizados; o a
aquéllos que estando autorizados no correspondan a la finalidad asignada; o a
cometidos prohibidos, entre otros.
En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de 201225, señaló que
aunque la causal no está definida en el ordenamiento jurídico, se configura cuando
la destinación de los dineros públicos no corresponde a los fines estatales
preestablecidos por la Constitución, la ley o el reglamento: “La causal de
indebida destinación de dineros públicos no está definida en la Constitución ni en
las normas legales que rigen el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. Es,
entonces, pertinente consignar el sentido y alcance con que esta Corporación le ha
definido. La causal de indebida destinación de dineros públicos se configura
cuando el concejal destina los dineros públicos a unas finalidades y
cometidos estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley
o en los reglamentos.”
Respecto a los elementos constitutivos […] la Sala Plena, en sentencia del 6 de
marzo de 200326 también señaló: “ ‘Por consiguiente, el elemento tipificador de la
causal de pérdida de investidura en referencia, está en el hecho de que el
23 La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso
sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca acreditada,
existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena
fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en
general exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de mayo de 2014, número
único de radicación: 11001-03-15-000-2013-00865-00(PI).
25 Rad. 2010-00352, C.P. María Claudia Rojas Lasso.
26 Rad. 2002-1007, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero.
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congresista, en su condición de servidor público, que lo es (art. 123 de la
Constitución), con su conducta funcional, al ejercer las competencias de las que ha
sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales
preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los
dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros
sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran
asignados, o cuando aplica tales recursos a materias expresamente
prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas,
etc. ‘En los eventos como los antes indicados, la conducta del congresista
bien puede ser delictiva o no, ajustada o no a un procedimiento legal de
ordenación del gasto o de contratación, pero, su finalidad es otra muy distinta
a la señalada en la Constitución, la ley o los reglamentos’ ”.
De allí que, para que la causal se configure es necesario que el Congresista, en su
condición de servidor público, distorsione o cambie el cometido estatal consagrado
en la Constitución, la Ley o el Reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o que estando autorizados sean
diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o haya destinado o
utilizado los recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas; o perseguido la finalidad de obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros; o hubiere pretendido derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas.
En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal ostente la
condición de nominador u ordenador del gasto, basta con que deba respetar,
defender y cuidar el patrimonio público, toda vez que es imperativo cuidar los bienes
del Estado para evitar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha señalado
que la causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin. La Sentencia del 1
de noviembre de 200527 señaló: “Para la configuración de la causal de indebida
destinación de dineros públicos prevista en el num. 4º del artículo 183 de la
Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del artículo 298 de la Ley 5ª de
1992) se destacan o requieren dos elementos como son la conducta y el fin.”
En el primero –como se exige para las demás causales por las que se puede
demandar la pérdida de investidura- es necesario, que el sujeto activo que la agota
ostente la calidad de Congresista y precisamente que en esa condición ejerza
competencias para las que fue investido.
El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta, es decir que al ejercer las
competencias propias de su investidura: i) cambie o distorsione los fines y
cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento al
destinar los recursos públicos a materias, actividades o propósitos no autorizados,
o a aquéllos que autorizados son diferentes a los que se encuentran asignados; ii)
aplique tales dineros a objetos prohibidos, no necesarios o injustificados; iii)
obtenga un incremento patrimonial para sí o a favor de terceros, o iv) pretenda
derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de terceras
personas, etc […]” (Destacado fuera de texto).
27 Rad. 2004-01673, C.P. Tarsicio Cáceres Toro.
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Núm. Único de radicación: 540012333000202100254-01
64. Asimismo, esta Sección28, siguiendo los planteamientos de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha expresado, frente a
la configuración de esta causal de pérdida de investidura, lo siguiente:
“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no se encuentra definida
en la Constitución ni en las normas legales que regulan el ejercicio de la acción de
pérdida de investidura. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación se ha
referido en distintas oportunidades al sentido y alcance que esta causal tiene.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia
30 de mayo de 2000 (Expediente núm. AC-9877, Consejero ponente doctor Germán
Rodríguez Villamizar), se pronunció sobre los alcances del concepto de indebida
destinación de dineros públicos, señalando que el elemento tipificador de esta
causal de pérdida de investidura “está en el hecho de que el Congresista, en su
condición de servidor público, con su conducta funcional al ejercer las competencias
de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos
estatales, preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar
los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o
cuando aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal
o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas”.
Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la misma Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo29 y también por la Sección Primera del Consejo de
Estado, entre otras, en sentencias de 1º de julio de 2004 (Expediente núm. 2003-
00194, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), 9 de
noviembre de 2006 (Expediente núm. 2005-01133, Consejero ponente doctor
Camilo Arciniegas Andrade), 16 de julio de 2009 (Expediente núm. 2008-00700,
Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón) 14 de diciembre de 2009
(Expediente núm. 2009-00012 (Expediente núm. 2009-00012, Consejero ponente
doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), 3 de noviembre de 2011 (Expediente
núm. 2011-00009, Consejera ponente María Elizabeth García González) y 1º de
agosto de 2013 (Expediente núm. 2012-00151, Consejera ponente María Elizabeth
García González) […]”.
65. En suma, se puede concluir lo siguiente:
66. Que la indebida destinación de dineros públicos es una norma abierta
porque la normativa Constitucional y legal no establece el alcance de la causal ni
detalla un catálogo de conductas específicas que la configuran, lo cual atiende a
la finalidad de la causal, cual es: censurar cualquier uso de los dineros públicos
para fines no previstos, distintos, prohibidos o no autorizados por la Constitución
28 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA,
Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA, Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce
(2014), Radicación número: 63001-23-33-000-2013-00148-01(PI), Actor: JESUS ANTONI OBANDO ROA,
Demandado: CESAR LONDOÑO VILLEGAS Y OTRO, Referencia: APELACION SENTENCIA – PERDIDA
DE INVESTIDURA.
29 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001 (Expediente núm.
AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).
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Política, las leyes o el reglamento, porque con ello traiciona, cambia o distorsiona
los fines y cometidos estatales preestablecidos en la normativa que regula el
gasto30.
67. Si bien la indebida destinación de dineros públicos se puede configurar a
través de la transgresión de tipos penales, “[…] dada la autonomía e
independencia existente entre las acciones de pérdida de investidura y penal, las
conductas que materializan la indebida destinación de dineros públicos configuran
la causal de pérdida de investidura sin que necesariamente deban estar tipificadas
como delitos […]”31.
68. Para efectos de la causal de pérdida de investidura, la expresión “dinero
público” se debe entender como aquellos recursos públicos que administra el
Estado.
69. La configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura sub examine requiere la prueba de tres supuestos, a saber: i) que se
ostente la condición de miembro de corporación pública de elección popular; ii)
que se esté frente a dineros públicos y iii) que los dineros públicos sean
indebidamente destinados.
70. La indebida destinación de dineros públicos se configura en los siguientes
casos:
70.1. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular destina
los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.
30 Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3 de
diciembre de 2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00 C.P.
doctora Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 6 de mayo de 2014, consejero ponente: Enrique Gil Botero,
expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00. Sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco
Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI).
31 Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3
de diciembre de 2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00
C.P. doctora Rocío Araújo Oñate. En dicha providencia se citan las sentencias: Consejo de Estado. Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 19 de octubre de 1994. MP. Juan de Dios Montes.
Expediente AC-2102. Sentencia del 30 de julio de 2002. MP Jesús María Lemos Bustamante, expediente:
11001-03-15-000-2001-0248-01 y concluye que la autonomía entre las acciones penal y de pérdida de
investidura es congruente con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-319 del 14 de julio
de 1994, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del parágrafo segundo del artículo 296 de la Ley 5
de 1992, que condicionaba la procedencia de la acción de pérdida de investidura de los miembros del
Congreso por indebida destinación de dineros públicos o tráfico de influencias, a la existencia previa de
sentencia penal condenatoria.
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70.2. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular los
destina a objetos, actividades o propósitos autorizados, pero diferentes a los
cuales esos dineros se encuentran asignados.
70.3. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento.
70.4. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros públicos a materias innecesarias o injustificadas.
70.5. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros.
70.6. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros.
Análisis del caso concreto
71. De conformidad con el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617 y el marco
normativo: la Sala procede a realizar el análisis y la valoración probatorios para,
en aplicación de silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
72. Esta Sala procede a apreciar y a valorar en su conjunto todas las pruebas
decretadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando las de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, con el objeto de determinar si el Diputado
incurrió o no en la causal de pérdida de investidura referida supra.
73. Explicado lo anterior y teniendo en cuenta que, de conformidad con el
artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable en virtud del artículo 21 de
la Ley 1881, en los procesos de pérdida de investidura, corresponde al Solicitante
y al miembro de la corporación pública de elección popular, probar los supuestos
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
74. De conformidad con lo anterior, esta Sala procederá al análisis y a la
valoración probatorios, con el fin de estudiar los argumentos presentados en el
recurso de apelación.
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Análisis de los supuestos del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos en el caso
concreto
Que se ostente la condición de miembro de corporación pública de elección
popular
75. Como se indicó supra, en el acápite denominado “[…] la calificación
habilitante […]”, se encuentra probado que el señor Jhon Eddison Ortega Jácome
para la época de los hechos tuvo la calidad de Diputado de la Asamblea
Departamental de Norte de Santander, según consta en el formulario E-26-ASA
expedido por los miembros de la Comisión Escrutadora Departamental, por medio
del cual se declaró electo como Diputado de la Asamblea Departamental de Norte
de Santander, para el período 2016 – 2019.
76. En consecuencia, se encuentra probado el primer supuesto del elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura en el caso sub examine.
Que se esté frente a dineros públicos
77. Sobre el particular, la Sala destaca lo siguiente:
78. La Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016 expedida por la Asamblea
Departamental de Norte de Santander32 adoptó el presupuesto general de rentas
y recursos de capital y gastos del departamento de Norte de Santander para la
vigencia del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2017. En su artículo 39, otorgó
autorización al Contralor General del Departamento para efectuar las
modificaciones a su planta de personal, en los siguientes términos:
“[…] ARTÍCULO 39. Autorizar al Contralor General del Departamento previa las
disposiciones legales vigentes hacer modificaciones a la planta de personal de la
Contraloría General del Departamento. […]”.
32 Cfr. Fls 45 y siguientes del documento denominado “003AnexosDemanda”. Documento aportado en forma
digital.
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79. La Secretaria de la Asamblea Departamental de Norte de Santander,
mediante certificación de 29 de noviembre de 2016, señaló que la Ordenanza 17
de 19 de diciembre de 2016 fue aprobada en sus tres debates reglamentarios33.
80. El Diputado asistió a dichos debates y votó el proyecto normativo que luego
pasaría a convertirse en la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016, como
consta con las actas núms. 31 de 18 de octubre de 201634, 42 de 28 de noviembre
de 201635 y 43 de 29 de noviembre de 201636.
81. El Grupo Ejecutor integrado por los señores Luis Vidal Pitta Correa, José
Antonio Anaya Attalla, Juan Carlos Arenas Lizarazo, Carlos Eduardo Navarro
Picón y Gerson Hugo Suárez Ordónez, elaboraron un estudio técnico para la
modificación de la estructura orgánica de la contraloría general del Departamento
Norte de Santander37, el 29 de septiembre de 2016, en el cual se expuso que “[…]
es pertinente modificar la estructura de la Contraloría General del Norte de
Santander, ya que de esta forma se podrá optimizar y dar cumplimiento a nuestras
funciones constitucionales y legales […]”.
82. El Grupo Ejecutor integrado por los señores Luis Vidal Pitta Correa
(Subcontralor), José Antonio Anaya Attalla (profesional especializado) y Wilson
Quintero Gelvez (jefe financiero), elaboraron un estudio técnico sobre la viabilidad
para la creación de cinco cargos de asesores dentro de la planta de personal de
la Contraloría General del Departamento Norte de Santander38, en enero de 2017,
el cual expuso lo siguiente:
“[…] La Contraloría Departamental de norte de Santander, está enfocada en buscar
alternativas de gerencia que permitan recuperar la credibilidad, ofreciendo
seguridad a sus clientes y convirtiéndose en una organización competitiva, que se
distinga por el conocimiento de su quehacer, el aprendizaje permanente, la actitud
para el cambio y el enfoque sistémico que le permitan la Unión de esfuerzos para
el logro de sus resultados en términos de calidad. Por ello, ha decidido realizar el
presente estudio técnico el cual tiene como objeto fortalecer su desarrollo en
cumplimiento de las acciones Constitucionales con la creación de unos cargos de
33 Cfr. Fl 166 del documento denominado “003AnexosDemanda”. Documento aportado en forma digital..
34
Cfr. Fls 22 y siguientes del documento denominado “003AnexosDemanda”. Documento aportado en forma
digital.
35
Cfr. Fls 36 y siguientes del documento denominado “003AnexosDemanda”. Documento aportado en forma
digital.
36 Cfr. Fls 40 y siguientes del documento denominado “003AnexosDemanda”. Documento aportado en forma
digital.
37 Cfr. Fls 4 y siguientes del documento denominado “023. Prueba Trasladada 2021-00254”. Documento
aportado en forma digital.
38 Cfr. Fls 24 y siguientes del documento denominado “023. Prueba Trasladada 2021-00254”. Documento
aportado en forma digital.
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asesores para las áreas de: Salud, Políticas Públicas y de Gobierno,
Comunicaciones, Servicios Públicos y Apoyo a la Gestión Jurídica de la Contraloría
General del Departamento Norte de Santander, entre otras, teniendo en cuenta su
capacidad económica y organizacional con el objeto de dar cumplimiento a las
competencias y responsabilidades fijadas por la Carta Política y las demás normas
en aras de dar cumplimiento a la labor misional de la entidad, partiendo de un
análisis normativo relacionado con las funciones de la entidad, el plan de gestión
del Contralor y los objetivos propuestos para vigencia, (sic) con el fin de determinar
las necesidades de la actual administración para conseguir las metas propuestas
para el período 2016-2019, establecidas en el Plan Estratégico.
Así mismo se ha establecido que con el apoyo del presente estudio de creación de
cinco cargos de asesores, como derivación del mismo, se medirían los logros de
los nominares en el cumplimiento de su gestión institucional con el propósito de
exaltar su desempeño frente a cada uno de los entes a su cargo.
Finalmente como resultado de viabilidad del presente estudio se presenta un
análisis de conveniencia tanto financiera como de la necesidad de los cargos dentro
de la entidad, desde luego, sin afectar en ningún caso la actual planta de personal,
mostrando con ello que la Contraloría General del departamento norte de Santander
busca la eficiencia, la eficacia y la efectividad del Estado a través de la
modernización y el mejoramiento continuo de la administración pública, la
descentralización y la participación ciudadana, basado en el marco constitucional
de la función administrativa, al promover los cambios institucionales que fueren
necesarios para el cumplimiento de los objetos de (sic) establecidos por este Ente
de Control Fiscal del orden territorial
[…]
4. JUSTIFICACIÓN
Que analizada la actual planta de personal y teniendo en cuenta los diferentes
sectores económicos de los entes sujetos de control, se evidenció que en la
entidad existen deficiencias de personal especializado en las áreas de salud,
las políticas públicas y de gobierno, las comunicaciones, los servicios
públicos, el apoyo a la gestión jurídica, entre otros.
El desarrollo de este enfoque se soporta principalmente en el componente: alto
nivel de especialización de los asuntos a auditar por parte del nivel directivo
y profesional basados en el respeto y cumplimiento de la normatividad que
rige el control fiscal en el país, enfocado principalmente en los resultados de
la gestión fiscal de los entes sujetos de control.
Con la Constitución de 1991, cambiaron las funciones y alcances del control fiscal,
el cual pasó a ser definido como una función pública ejercida por organismos
autónomos llamados Contralorías, a los cuales se les dio herramientas para el
ejercicio de la fiscalización del patrimonio público; las Contralorías Territoriales
tienen a su cargo la identificación como clientes suyos a los ciudadanos del ente
territorial, y para ello deben estructurar un sistema de información para la
actualización de los datos, que les permita registrar y mantener actualizada la
información básica de cada uno de sus clientes. La Comunidad es la razón de ser
de las Contralorías, por ello debe estar debidamente caracterizada y para
detectar necesidades insatisfechas de éstos clientes deben utilizar
herramientas, aplicar procedimientos para conocer necesidades específicas
de cada cliente atendido, generar espacios de comunicación, atender
peticiones, quejas y reclamos formulados por la comunidad y promover
espacios para que en las auditorías haya participación ciudadana. […].
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Núm. Único de radicación: 540012333000202100254-01
Que, las empresas públicas del sector salud (Empresas Sociales del estado e
institutos de salud) representan el 36% de los sujetos de control, y adicionando a
este grupo las Empresas de Servicios Públicos las cuales representan el 24% de
los sujetos de control, nos genera índice total general en estos dos grupos del
setenta por ciento (60%).
Teniendo en cuenta lo anterior y el ordenamiento jurídico vigente, se propone
crear cinco (5) cargos de asesores en las áreas mencionadas con el fin de
contribuir al desarrollo del plan de gestión de la administración y objetivos
institucionales, contribuyendo de esta manera al ejercicio auditor y a la
evaluación de los planes, los programas y los proyectos de inversión, sin que
esto signifique desatender la auditoría a los sujetos de control, establecidas
constitucional y legalmente, enfatizando el ejercicio auditor en el logro de los
resultados de la gestión fiscal y no en los procedimientos administrativos
desarrollados por los sujetos de control, lo cual garantiza un control fiscal
integral, que a partir del concepto de planeación estratégica, fortalece el
concepto de matrices de riesgos por proyectos, procesos o áreas críticas,
focalizando el ejercicio de la vigilancia y control a la gestión fiscal.
Igualmente se pretende con el aporte y la experiencia profesional de este grupo de
asesores, evaluar los diferentes planes de desarrollo, planes de gestión, planes
estratégicos, liderados por cada uno de los representantes legales de los diferentes
entes públicos de los sujetos de control fiscal de esta (sic) Departamental, con el
propósito de determinar no sólo el cumplimiento de los mismos sino la efectividad,
direccionamiento, transparencia, oportunidad y beneficios, entre otros, que los
mismos aportaron a la comunidad en el ámbito de su ejecución para efectos de
exaltar institucionalmente su desempeño.
[…].
8. ESTUDIO FINANCIERO PARA LA VIGENCIA 2017
Así como se enunció en el capítulo 4° Justificación, del presente estudio, se expone
el costo de la creación de cinco (5) cargos de Asesores dentro de la planta de
personal de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, con el
propósito de desempeñar funciones de apoyo en áreas como la salud, las políticas
públicas y de gobierno, las comunicaciones, los servicios públicos, el apoyo la
gestión jurídica, entre otros. Igualmente se manifiesta en el siguiente cuadro
relacionado con el costo de la creación de los asesores en mención, contiene no
sólo las asignaciones civiles de los mismos, sino igualmente el costo de las
correspondientes prestaciones sociales y las transferencias que por ley generan
dichos pagos laborales, teniendo en cuenta que dicho profesional devengaría una
asignación salarial mensual de $4.422.874.
Como anexo integral al presente informe técnico se allega la correspondiente
certificación expedida por el Director Financiero de la Contraloría General del
Departamento Norte de Santander, donde manifiesta: “Que se han apropiado en el
Presupuesto de Gastos de la Vigencia 2017, la suma de cuatrocientos tres millones
setecientos sesenta y un mil doscientos cuarenta y siete pesos M/C ($403.761.247),
en las cuantías y rubros presupuestales que se relacionan a continuación, para la
creación de cinco (05) cargos de Asesor. […]” (Destacado fuera del texto).
83. El Jefe Financiero de la Contraloría Departamental de Norte de Santander,
mediante la certificación financiera de 3 de enero de 2017, indicó “[…] Que se han
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Núm. Único de radicación: 540012333000202100254-01
apropiado en el Presupuesto de Gastos de la Vigencia 2017, la suma de
cuatrocientos tres millones setecientos sesenta y un mil doscientos cuarenta y
siete pesos M/C ($403.761.247), en las cuantías y los rubros presupuestales que
se relacionan a continuación, para la creación de cinco (05) cargos de Asesor
[…]”39.
84. El Contralor General del Departamento de Norte de Santander expidió la
Resolución núm. 093 de 14 de marzo de 2017, “Por la cual se crean unos cargos
de asesores de planeación en la estructura organizacional de la Contraloría
General del Departamento Norte de Santander”, con fundamento en el artículo 39
de la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016, en la cual hizo referencia a lo
dispuesto en los artículos 268 y 272 de la Constitución Política, la Ley 42 de 1993
y el artículo 9 de la Ley 330 de 11 de diciembre de 199640. La parte considerativa
de la resolución dispone:
“[…] Que, mediante la Ordenanza número 015 adiada el 7 de diciembre de 2016, la
Honorable Asamblea del Departamento Norte de Santander modificó el artículo 7
de la Ordenanza 022 del 27 de diciembre de 2000, en cuanto a la estructura
orgánica por Dependencias.
Que, en cumplimiento al artículo 39 de la Ordenanza número 017 del 19 de
diciembre de 2016 se establece “autorizar al Contralor General del Departamento
previa las disposiciones legales vigentes hacer modificaciones a la planta de
personal de la Contraloría General del Departamento”.
Que, mediante estudio técnico de enero de 2017 se estableció la necesidad de
crear e incorporar cinco (5) asesores de planeación, para apoyar las labores
misionales de esta Departamental (sic), en áreas específicas establecidas a
través de dicho documento.
Que, el Jefe Financiero de esta Departamental (sic) mediante certificación
adiada el 3 de enero de 2017, manifiesta la existencia de recursos para el pago
de los asesores de planeación, objeto del presente acto administrativo. La
presente certificación hace parte integral del estudio técnico […]” (Destacado
fuera del texto).
85. Asimismo, la Resolución núm. 093 de 14 de marzo de 2017, en su parte
resolutiva, ordenó:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Créase los siguientes cargos de asesor de planeación
en la planta de personal de la Contraloría General del Departamento Norte de
Santander, los cuales estarán adscritos al Despacho del Contralor.
IDENTIFICACIÓN GENERAL
39 Cfr. Fl. 59 del documento denominado “023. Prueba Trasladada 2021-00254”. Documento aportado en
forma digital.
40 Cfr. Documento denominado “003AnexosDemanda”. Documento aportado en forma digital.
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30
Núm. Único de radicación: 540012333000202100254-01
Nombre del Código Naturaleza del Cargo Números de
cargo cargos en la
entidad
Asesor de 105-11 Libre nombramiento y 5
Planeación Remoción
ARTÍCULO SEGUNDO: Las asignaciones salariales de acuerdo a lo establecido
en la Ordenanza número 023 del 23 de diciembre de 2016, para el cargo en mención
[…]”.
86. El Contralor General del Departamento de Norte de Santander expidió las
resoluciones41 núms. 107 de 29 de marzo de 201742, 111 de 3 de abril de 201743,
155 de 10 de mayo de 201744, 158 de 10 de mayo de 201745, 221 de 12 de julio
de 201746, 226 de 14 de julio de 201747 y 249 de 1 de agosto de 201748, mediante
las cuales se efectuaron los nombramientos de 7 funcionarios en la planta de
personal del ente de control fiscal, en el cargo de asesor de planeación, Código
105, Grado 11.
87. El Director Financiero de la Contraloría General del Departamento de Norte
de Santander, a través de certificación de 20 de mayo de 2021, señaló que el
dinero girado a los funcionarios que ocuparon los 5 cargos de asesores de
planeación correspondió a un valor de $363.113.000,oo de pesos, M/cte49.
88. En consecuencia, la Sala considera que, se encuentra probado el segundo
elemento que integra la causal de pérdida de investidura objeto de análisis, debido
a que el Diputado, participó en la discusión y votación de la Ordenanza 17 de 19
de diciembre de 2016, en especial, su artículo 39, mediante el cual se otorgó la
facultad al Contralor General del Departamento para hacer modificaciones a la
planta de personal del respectivo ente de control fiscal, la cual se materializó con
la expedición de la Resolución núm. 093 de 14 de marzo de 2017, que creó 5
cargos de asesor de planeación en la planta de personal de dicha entidad, los
cuales generaron la inversión de unos dineros públicos.
41
Cfr. Fls 170 y siguientes del documento denominado “003AnexosDemanda”. Documento aportado en forma
digital.
42 “Por la cual se hace un nombramiento”, a favor de Jenny Carolina Guerrero Moncada.
43 “Por la cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento ordinario”, a favor de Óscar Javier Arellano
Sepúlveda.
44 “Por la cual se hace un nombramiento”, a favor de Nelcy Yolima Requiniva Gutiérrez.
45 “Por la cual se hace un nombramiento”, a favor de Jairo Alexander Mora Monroy.
46 “Por la cual se Termina y se hace un nombramiento”, a favor de Martha Paola Correal Ureña.
47 “Por la cual se Termina y se hace un nombramiento”, a favor de Luz Amparo Rodríguez Rodríguez.
48 “Por la cual se hace un nombramiento”, a favor de Edna Carolina Joya Núñez.
49 Cfr. Fls 180 del documento denominado “003AnexosDemanda”. Documento aportado en forma digital.
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31
Núm. Único de radicación: 540012333000202100254-01
Que los dineros públicos sean indebidamente destinados
89. El Solicitante, en el recurso de apelación, argumentó que el Diputado, al
aprobar el artículo 39 de la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016, por medio
del cual se otorgó la facultad al Contralor General del Departamento para hacer
modificaciones a la planta de personal del respectivo ente de control fiscal, actuó
en contravía a los mandatos constitucionales, en la medida que son las asambleas
departamentales las facultadas para determinar la estructura organizativa de las
contralorías departamentales, las funciones de sus dependencias y sus escalas
de remuneración, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.º del artículo
300 de la Constitución Política50. Al respecto, señaló que dicha facultad podía ser
delegada excepcionalmente en el gobernador, pero no en el ente de control fiscal
del orden territorial.
90. En ese sentido, es preciso indicar que Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, mediante sentencia de 27 de febrero de 2020 proferida en el proceso
identificado con el número único de radicación 540012333000201900116-00,
inaplicó los artículos 4.° y 5.° de la Ordenanza 15 de 8 de diciembre de 2016 y el
artículo 39 de la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016, ambas expedidas por
la Asamblea Departamental de Norte de Santander, y declaró la nulidad, con
efectos retroactivos o ex tunc, de la Resolución núm. 093 del 14 de marzo de 2017
expedida por el Contralor General del Departamento de Norte de Santander51,
como se expone a continuación:
“[…] FALLA
PRIMERO: INAPLICAR los artículos 4 y 5 de la Ordenanza 015 del 7 de Diciembre
de 2016 y artículo 39 de la Ordenanza 017 del 19 de diciembre de 2016, ambas
emanadas de la Asamblea del DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
SEGUNDO: DECLARESE la nulidad, con efectos retroactivos o ex tunc, de la
Resolución 093 del 14 de marzo de 2017, el Contralor General del
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, “por la cual se crean unos cargos de
asesores de planeación en la estructura organizacional de la Contraloría General
50 “[…] ARTICULO 300. <Artículo modificado por el artículo 2o. del Acto Legislativo No. 1 de 1996. El nuevo
texto es el siguiente:> Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas:
[…].
7. Determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus dependencias, las
escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los establecimientos
públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades
de economía mixta.[…]”.
51 Decisión judicial que quedó ejecutoriada el día 7 de julio de 2020.
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del Departamento Norte de Santander», de conformidad con los fundamentos
jurídicos y probatorios expuestos en la parte considerativa de esta providencia. […]”.
91. Sobre el particular, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
consideró que la Resolución núm. 093 de 14 de marzo de 2017 es nula por falta
de competencia, porque la Asamblea Departamental de Norte de Santander era
la facultada para determinar la estructura del personal, las funciones por
dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas
categorías de empleo de las contralorías departamentales, según lo establecido
en los artículos 27252 y numeral 7.º del artículo 300 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 3° de la Ley 330 de 11 de diciembre de 199653.
Asimismo, aclaró que, aun cuando dicha facultad es delegable, por mandato del
numeral 9.°54 del artículo 300 de la Constitución Política, aquella delegación solo
puede recaer en el Gobernador del Departamento, en los siguientes términos:
«[…] [E]xiste un universo normativo amplio relacionado con elementos
constitucionales y legales, referidos a las contralorías departamentales, que
permiten concluir ciertamente, que el Contralor Departamental presentó
inicialmente una iniciativa que terminó con una autorización en los términos de la
Ordenanza No. 015 de 2016, que formalmente otorgó la competencia y que fue
refrendada nuevamente por la Ordenanza 017 de 2016, hecho diferente se presenta
cuando el acto que formalizó la competencia contenía elementos que pudieron
desconocer el ámbito constitucional y legal, en los que esta Sala ordena la
aplicación del control por vía de excepción y por tanto inaplicar las ordenanzas en
los artículos referidos para el presente caso, y así poder aclarar el panorama para
declarar la nulidad de la norma expresamente demandada.
[…]
Es importante recabar que, para tomar la decisión final, este Tribunal debió aplicar
inicialmente el Instituto jurídico de control por vía de excepción frente a las
Ordenanzas 015 y 017 de 2016, para que una vez fuera del mundo jurídico respecto
de este proceso, se pudiera estudiar y concretar la ilegalidad del acto demandado,
52 “[…] ARTICULO 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde
haya contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloría General de la República.
[…]
Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías
como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal, y garantizar su sostenibilidad
fiscal.
[…] Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las
funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 en lo que sea pertinente, según
los principios de coordinación, concurrencia, y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría General
de la República será preferente en los términos que defina la ley. […]”.
53 “Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales”.
“[…] ARTÍCULO 3. ESTRUCTURA Y PLANTA DE PERSONAL. Es atribución de las Asambleas
Departamentales, en relación con las respectivas Contralorías, determinar su estructura, planta de personal,
funciones por dependencias y escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de
empleo, a iniciativa de los contralores. […]”.
54 “[…] ARTICULO 300. <Artículo modificado por el artículo 2o. del Acto Legislativo No. 1 de 1996. El nuevo
texto es el siguiente:> Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas:
[…].
9. Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes
y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales. […]”.
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atendiendo a que se dejó efectos la norma que formalmente le otorgó la
competencia al contralor departamental.
[…]
Retomando el análisis del asunto de marras, la Sala debe resaltar que, de
conformidad Con los postulados constitucionales citados en la presente
providencia, la competencia para organizar la estructura de las Contralorías
departamentales corresponde a las Asambleas. Así lo ha sostenido reiteradamente
la jurisprudencia del Consejo de Estado:
“Consecuente con lo anterior, no se genera dudas sobre la competencia de las
asambleas departamentales para la organización de las contralorías
departamentales y que implica la fijación de la planta de personal que a su vez lleva
intrínseca la Facultad de crear y suprimir empleos. Facultad constitucional que
siendo autónoma no requiere iniciativa de ningún funcionario, haciéndose
obligatorio para este evento inaplicar el artículo 3° de la Ley 300 de 1996 “Por la
cual se desarrolla parcialmente el artículo 208 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales”, en cuanto
prescribe la iniciativa del contralor para determinar la estructura de la Contraloría,
fijar la planta de personal, las funciones por dependencias y las escalas de
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo55”.
Ahora bien, dicha facultad para reformar la estructura podrá ser delegada en el
Gobernador, cuando la necesidad o la conveniencia lo ameriten, quien por un
tiempo limitado, el cual es fijado en la norma ordenanzal que efectúa la delegación,
realizará de conformidad con el artículo 305, numeral 15 de la Carta Política, la
respectiva reestructuración o modificación del ente de control. […]
Así las cosas, tales facultades pueden ser delegadas solamente en el gobernador
del departamento, tal como lo expresa el numeral noveno del artículo 300 de la
Constitución “autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar contratos,
negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas funciones
de las que corresponden a las Asambleas Departamentales.
De conformidad con todo lo anterior, pese a que la Facultad de organizar la
estructura de las Contralorías departamentales es delegable, por mandato
constitucional, tal delegación sólo puede recaer en el gobernador del departamento.
Sobre el particular, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:
“Así las cosas, concluye la Sala que i) es competencia de las Asambleas
Departamentales la organización de las respectivas Contralorías, ii) que dicha
competencia no requiere iniciativa de ningún funcionario, y iii) que por expresa
autorización de la Constitución y mediante ordenanza, el Gobernador podrá ejercer
dicha función, en los términos ya indicados. Dichos presupuestos se presentaron
en el caso concreto, por lo que, tanto la Asamblea Departamental como el
Gobernador actuaron con competencia.
[…]
En consecuencia, no se encuentra ajustado a derecho el que la Asamblea del
Departamento Norte de Santander haya delegado en el contralor general del
departamento las facultades que le eran inherentes, concernientes a realizar
modificaciones a la estructura de la planta de personal del ente de control territorial,
55 (cita es original): Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia del 5 de noviembre de
2009, Radicación: 200012331000200101283 02, número interno: 2197-07, MP: Gerardo Arenas Monsalve.
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cómo es la creación de cargos, pues tales atribuciones solamente son delegables
para el gobernador del departamento56.
En ese orden, luego de efectuado un análisis de fondo, extenso y complejo de los
cargos planteados por la parte accionante, la sala llega a la conclusión que,
efectivamente, la Resolución 093 del 14 de marzo de 2017, emanada de la
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, se
encuentra viciada por falta de competencia, comoquiera que es la asamblea y no el
Contralor Departamental, quien ostenta la facultad determinar la estructura. planta
de personal, funciones por dependencias y escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleo de las Contralorías
Departamentales […]» (destacado es original de la providencia).
92. Asimismo, esta Sección, en jurisprudencia pacífica, ha considerado que no
toda irregularidad en la aprobación de una norma que conlleve gasto configura
indebida destinación de dineros públicos ni implica que se decrete la pérdida de
investidura57. Sobre el particular, en sentencia de 24 de noviembre de 201658, esta
Sección arribó a la siguiente conclusión:
“[…] 5.5.6.- En lo relativo a la declaratoria de nulidad del Acuerdo 005 de 2012, se
tiene que esa circunstancia fue determinante para que el tribunal decretara la
pérdida de investidura ya que ese hecho constituyó, en el sentir del a quo, prueba
del carácter indebido del incentivo económico creado a través de dicho acto
administrativo. Sobre el particular la Sala ha reiterado pacíficamente que el hecho
de que un acuerdo sea declarado nulo no conlleva necesariamente a que se decrete
la pérdida de investidura de quienes lo aprobaron, tesis que ha sido prohijada en
los siguientes términos:
“La Sala en sentencia de 11 de diciembre de 201559 al analizar la demanda de
pérdida de investidura de los concejales del municipio de Dosquebradas, precisó
que el hecho de haberse declararse nulo por parte del Tribunal Administrativo de
Risaralda, el Decreto 369 de 200860 por considerar que se crearon obligaciones que
excedían el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto
56 (cita es original): Sobre el tema, consultar Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia de 25 de
enero de 2018, MP: Rafael Francisco Suárez, radicación 47001-23-33-000-2013-90212-01 (4706-16).
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de
2022, número único de radicación: 13001-23-33-000-2021-00252-01 (PI), actor: Duván Alfonso Contreras
Bonilla, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de junio de
2004, número único de radicación: 25000-23-15-000-2002-03005-01(PI), C.P.: Camilo Arciniegas Andrade.
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicado: 05001-2333-000-
2015-01260-01, C.P.: Guillermo Vargas Ayala.
Entre otras consultar las siguientes:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1o. de septiembre
de 2016, número único de radicación: 54001-323-33-000-2016-00069-01, C. P.: María Claudia Rojas Lasso.
Entre otras se pueden consultar las siguientes sentencias:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, sentencia de 10 de noviembre
de 2016, número único de radicación: 54001-23-33-000-2016-00067-01(PI), C.P.: María Elizabeth García
González.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de noviembre
de 2016, número único de radicación: 54001-23-33-000-2016-00068-01(PI), C.P.: Guillermo Vargas Ayala.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de diciembre
de 2016, radicado: 54001-23-33-000-2016-00135-01(PI), C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés (E).
59 (cita es original de la providencia): Expediente: PI 2013-00419, Actor: Veeduría Ciudadana por
Dosquebradas, M.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés
60 (cita es original de la providencia): “POR EL CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES AL
PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1° DE
ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008”
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Núm. Único de radicación: 540012333000202100254-01
inicialmente aprobado; no significa que lo concejales hubieran destinado dineros
públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados
pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados o aplicado tales
recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas o con
la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros o para
derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras
personas. Dijo la Sala:
“Si bien es cierto que el Decreto 369 de 2008, fue declarado nulo por crear
obligaciones que excedían el monto global fijado para gastos de personal en el
presupuesto inicialmente aprobado, también lo es que los concejales no
devengaron sumas de dinero a las que no tuvieran derecho, como se acaba de
exponer, pues el citado decreto intentaba completar la remuneración que conforme
al ordenamiento jurídico debían recibir y, en esa medida, no puede decirse que
incrementaron su patrimonio indebidamente. […]. La Sala, entonces, no evidencia
que los concejales de Dosquebradas (Risaralda), en su condición de servidores
públicos, al ejercer la facultad de entregar funciones que a ellos corresponde al
alcalde municipal, hubieren destinados dineros públicos a objetos, actividades o
propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para
los cuales se encuentran asignados o aplicado tales recursos a materias
expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas o con la finalidad de
obtener un incremento patrimonial personal o de terceros o para derivar un beneficio
no necesariamente económico en su favor o de terceras personas.”
Al margen de lo expuesto, considera la Sala que a pesar de haberse votado el
proyecto de Acuerdo contemplando en su articulado el traslado de los recursos
obtenidos o recaudados del impuesto de alumbrado público a la cuenta bancaria
del fideicomiso de la concesión de alumbrado público y, que posteriormente, el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander lo hubiesen declarado nulo por
considerarlo contrario a lo establecido en los artículos 1º de la Ley 1386 de 2010 y
6 (numeral 6) de la Resolución 122 de 2011 de la CREG, no es dable concluir que
los hechos mencionados, tanto en la demanda como en el recurso de apelación, se
enmarquen dentro de la causal de pérdida de la investidura descrita en el artículo
48 numeral 4 de la Ley 617 de 2000, pues no aparece acreditado en el proceso
que el concejal cuya investidura se cuestiona, haya obrado movido por un
interés dañino. La ilegalidad de los Acuerdos en que intervino el acusado no
constituye en principio perdida de investidura.
En efecto, no obra en el expediente ningún medio de prueba que acredite que su
participación en la discusión y aprobación del Acuerdo No. 023 de 11 de mayo de
2012, haya estado motivada por el deseo de obtener un beneficio en cabeza propia
o de terceras personas y, mucho menos, aplicar o destinar los bienes y rentas
municipales a objetos distintos del servicio público como lo prescribe el artículo 42
numeral 2 de la Ley 136 de 1994 anteriormente transcrito.
La declaratoria de ilegalidad de un Acuerdo en el caso de los concejales o de
una Ordenanza en el caso de los diputados per se no produce la pérdida de
investidura, puesto que no está consagrada como tal dentro de las causales
taxativamente establecidas como de pérdida de investidura.
[…].”61
5.5.7.- La declaratoria de nulidad del acto administrativo no puede entonces servir
como fundamento para decretar la pérdida de investidura dado que el juicio de
legalidad que se realizó del acuerdo municipal no contempla el análisis de la causal de
61 (cita es original de la providencia): Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Primera. Sentencia de 1o. de septiembre de 2016 (Expediente núm. 2016-00069-01, C. P. María Claudia
Rojas Lasso.
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pérdida de investidura prevista en el artículo 48 numeral 4 de la Ley 617 de 2000. Al
amparo de lo dicho, mal podría deducirse que la invalidez de un acto proferido
por una corporación pública comporta la incursión de sus miembros en indebida
destinación de dineros públicos, ya que al margen del resultado en el proceso
ordinario de nulidad están otros aspectos que deben ser dilucidados en el juicio
de pérdida de investidura, tal como la efectiva aplicación de los recursos, el
efectivo menoscabo del erario o el beneficio económico del acusado o de un
tercero” […]” (Destacado fuera del texto).
93. De conformidad con lo anterior, y como lo expuso el a quo, la declaratoria
de invalidez de un acto administrativo y la excepción de inconstitucionalidad con
efectos inter partes no implica por sí misma la declaratoria de pérdida de
investidura, en el caso sub examine, pues la jurisprudencia de esta Corporación62
ha sido uniforme en el sentido de señalar que la declaración de legalidad de un
acuerdo no comporta la pérdida de investidura de los servidores públicos de
elección popular, en este caso, diputados, por no estar prevista de forma taxativa
dentro de las causales establecidas por la Constitución y la ley63.
94. Asimismo, es relevante señalar que no existe prueba en el expediente
referente a que con la conducta del Diputado se hubieren destinado dineros
públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados
o, haya aplicado tales recursos a materias expresamente prohibidas, no
necesarias o injustificadas o, con la finalidad de obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros o, para derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas.
95. De igual forma, es importante poner de presente que, con la expedición del
artículo 39 de la Ordenanza 017 de 19 de diciembre de 2016, el Diputado no actuó
como ordenador del gasto, debido a que con su aprobación se limitó a otorgar una
autorización para que el Contralor Departamental modificara su planta de
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de
2022, número único de radicación: 13001-23-33-000-2021-00252-01 (PI), actor: Duván Alfonso Contreras
Bonilla, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de junio de 2021, número único
de radicación: 05001-23-33-000-2019-02614-01, C.P.: Oswaldo Giraldo López.
63 (cita es original): Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 27 de julio de 2017. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro. 05001-23-33-000-2016-
02241-01(PI). Reiterada en sentencia del 30 de mayo de 2019. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente
radicación nro. 76001-23-33-000-2018-01065-01.
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personal, por lo que este último funcionario sería el encargado de materializar lo
ordenado mediante dicho acto administrativo64.
96. Adicionalmente, en esta sentencia se prohíjan las consideraciones de la
sentencia de 3 de marzo de 202265 , en la cual esta Sección se pronunció respecto
a un caso con presupuestos fácticos similares al objeto de examen, en los
siguientes términos:
“[…] 92. Precisamente, encuentra la Sala que si bien es cierto que de la lectura
armónica de los artículos 272, 300 (numeral 7°) de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 3° de la Ley 330 de 11 de diciembre de 1996, se infiere
claramente que corresponde a las asambleas departamentales, en relación con las
respectivas contralorías, determinar su estructura, planta de personal, funciones por
dependencias y escalas de remuneración correspondientes a las distintas
categorías de empleo, y, que dichas facultades solamente se pueden delegar en el
gobernador del departamento (artículo 300, numeral 9° de la Carta Política),
también es una realidad que no existe prueba en el expediente en torno a que, con
la actuación el acusado, se hubieren destinado dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a
aquellos para los cuales se encuentran asignados o, haya aplicado tales recursos
a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas o, con la
finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros o, para derivar
un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas.
[…].
De hecho, no existen elementos de prueba en el proceso que acrediten que con la
aprobación de la Ordenanza 017 de 19 de diciembre de 2016, el acusado haya
actuado con el ánimo de obtener un beneficio para sí o para el de terceras personas
o de distorsionar las finalidades del gasto, como presupuesto exigido para que se
configure la causal de pérdida de investidura. Al respecto, esta Sección66 ha
señalado que la distorsión del gasto constituye uno de los presupuestos que se
requieren para su configuración, al señalar lo siguiente:
«[…] esta Sección67 ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la causal de
pérdida de investidura sub examine, y, mediante sentencia proferida el 29 de agosto
de 2013, consideró lo siguiente:
“[…] De lo hasta aquí expuesto, resulta evidente que no se configura la causal
endilgada, pues, los demandados, en su condición de Concejales del Municipio de
Dosquebradas (Risaralda), al expedir los Acuerdos 001 de 9 de enero y 006 de 12
de junio de 2008, a través de los cuales se autorizó a la Alcaldesa de dicho
64 En este sentido, se puede consultar la sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 24 de junio de 2021, número único de radicación: 05001-23-33-000-2019-02614-01,
C.P. Oswaldo Giraldo López.
65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de
2022, número único de radicación: 13001-23-33-000-2021-00252-01 (PI), actor: Duván Alfonso Contreras
Bonilla, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
66 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 18 de octubre
de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro. 85001 23 33 000 2017 00223 01. (PI).
67 (cita es original): Sentencia del 29 de Agosto de 2013. M.P.: María Elizabeth García González. Actor: Oscar
Elías Matta Peláez. Rad.: 2012 00027 02.
Fuente tomada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio
de 2021, radicado: 05001-23-33-000-2019-02614-01, solicitante: Jesús Alonso Arroyave Pérez concejales
acusados: concejales del municipio de Santa Rosa de Osos- Antioquia, MP: Oswaldo Giraldo López.
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Municipio para celebrar toda clase de contratos y convenios, hasta por un monto de
veinte mil salarios mínimos legales vigentes, fijando como término el 31 de
diciembre de 2009, no hicieron otra cosa distinta que ejercer las facultades que en
materia de competencia les señala la Constitución y la Ley a dichas Corporaciones
Edilicias, autorización, que, como quedó visto, se otorgó de manera general y no
específica. Cabe resaltar que dicha conducta, como lo precisó la Sala en un asunto
similar, en sentencia de 2 de mayo de 2013 (Expediente núm. 2012-00006-01 (Pl),
Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), que ahora se prohíja, no
constituye por sí sola el supuesto fáctico de la causal de indebida destinación de
dineros públicos, dado que no implica distorsión de las finalidades del gasto, uno
de los presupuestos que se requieren para que se configure la misma […].”
[…]
95. Por otro lado, si bien es cierto que con ocasión de la Resolución 093 de 14
de marzo de 2017, se efectuaron los nombramientos de cinco (5) cargos de
asesores lo cual generó una erogación del gasto público, no es menos cierto
que hasta el momento en que la decisión judicial proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander se produjo (27 de febrero de 2020), la
citada resolución estuvo revestida de la presunción de legalidad la cual solo
se desvirtúa con el pronunciamiento del juez competente.
96. De esta manera, hasta tanto no se produjo el fallo anulatorio, los salarios y
prestaciones sociales estuvieron respaldados por el presupuesto de gastos del
departamento para la vigencia fiscal 2017, tal y como consta con la certificación
financiera de 3 de enero de 2018 que reposa en el plenario y también sustentada
en el concepto técnico elaborado por el Grupo Ejecutor integrado por los señores
Luis Vidal Pitta Correa (Subcontralor), José Antonio Anaya Attalla (profesional
especializado) y Wilson Quintero Gelvez (jefe financiero)68, documento técnico en
el cual se conceptuó sobre la conveniencia financiera y la necesidad de crear cargos
en la planta de personal en la contraloría del departamento de Norte de Santander,
con el objeto de dar cumplimiento a las competencias y responsabilidades fijadas
por la Carta Política y en procura de la consecución de las metas propuestas para
el período 2016-2019, establecidas en el Plan Estratégico.
97. Bajo tal escenario, no existe duda que, en el presente caso, no se
configuró ninguno de los eventos desarrollados por la jurisprudencia para
entender configurado el aspecto objetivo de la conducta endilgada al
acusado, como quiera que no cubrió objetos, actividades o propósitos no
autorizados; no costeó objetos, actividades o propósitos que sí estuvieran
autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los cuales están
previamente asignados; no sufragó objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento; no pagó
por materias innecesarias o injustificadas; no destinó los dineros públicos
con la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros;
y tampoco con la finalidad de derivar un beneficio, no necesariamente
económico, en su favor o en el de terceros. […]”.
97. En atención a todo lo expuesto, la Sala encuentra que no se configuró el
tercer supuesto del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por
indebida destinación de recursos públicos prevista en el numeral 4.° del artículo
48 de la Ley 617 porque la declaratoria de nulidad de un acto administrativo ni la
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excepción de inconstitucionalidad implican por sí mismas su configuración. Lo
anterior, debido a que en este caso el Diputado no actuó como ordenador del
gasto y, en todo caso, no se probó que este, con su actuar, hubiere destinado en
forma indebida los dineros públicos, supuesto que no se acreditó en el caso bajo
examen.
98. Por lo anterior, la Sala concluye que no se reúne los supuestos fácticos
previstos para el elemento objetivo que dé lugar a que se configure la causal de
indebida destinación de dineros públicos, prevista en el numeral 4.° del artículo 48
de la Ley 617, toda vez que no se demostró que el Diputado haya destinado
indebidamente dineros públicos y, consecuencialmente, no es necesario realizar
el estudio del elemento subjetivo.
Conclusiones de la Sala
99. La Sala confirmará la sentencia de 18 de noviembre de 2021 proferida por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en cuanto dispuso negar la
solicitud de pérdida de investidura del Diputado, Jhon Eddison Ortega Jácome.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de noviembre de 2021 proferida por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia,
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la
fecha.
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Núm. Único de radicación: 540012333000202100254-01
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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