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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2022-00041-01

Fecha
21 de abril de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2022-00041-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia impugnada, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 54001-23-33-000-2022-00041-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

21 de abril de 2022

Demandante: Asociación Civil y de Veeduría Ciudadana Cúcuta Ciudad Verde
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Rad: 54001-23-33-000-2022-00041-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 54001-23-33-000-2022-00041-01
Demandante: ASOCIACIÓN CIVIL Y DE VEEDURÍA CIUDADANA
CÚCUTA CIUDAD VERDE
Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Temas: Observancia del término para resolver la apelación en los
procesos disciplinarios

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
de marzo 18 del presente año, mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Javier
García Quiñones, en condición ciudadano y director ejecutivo de la Asociación
Civil y de Veeduría Ciudadana Cúcuta Ciudad Verde, presentó demanda contra
la procuradora general de la Nación en la cual formuló las siguientes
pretensiones:

“PRIMERA: Que se dé cumplimiento del art. 180 de la ley 734 de 2002,
modificado con la ley 1474 de 2011 art. 59 que las apelaciones deben resolverse
en el término de diez (10) días hábiles así (sic):

“El ad quem dispone de diez (10) días para proferir el fallo de segunda instancia”.

Dentro del proceso IUS-E-2018-013637 IUS – D – 2018-1062528 en el cual se
destituyó por veinte (20) años al Alcalde de VILLA DEL ROSARIO Señor
CARLOS JULIO SOCHA HERNANDEZ (sic) durante el periodo 2012-2015
contra la decisión de fecha 18 de mayo de 2021 expedida por la
PROCURADORA PROVINCIAL DE CUCUTA (sic).

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Demandante: Asociación Civil y de Veeduría Ciudadana Cúcuta Ciudad Verde
Demandado: Procuraduría General de la Nación
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SEGUNDA: Se digne proferir decisión de segunda instancia dentro del proceso
disciplinario IUS-E-2018-013637 IUS – D – 2018-1062528 […]”.

2. Hechos

En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:

La parte actora sostuvo que en el proceso disciplinario IUS-E-2018-013637 IUS–
D–2018-1062528 adelantado por la Procuraduría Provincial de Cúcuta, el 18 de
mayo de 2021 fue dictado, en audiencia pública, fallo de primera instancia que
ordenó la destitución del alcalde del municipio de Villa del Rosario, Carlos Julio
Socha Hernández.

Explicó que por tratarse de diligencia pública, en la citada fecha la decisión fue
notificada en estrados y los abogados e investigados interpusieron los recursos
de apelación, los cuales fueron sustentados posteriormente el 31 del mismo mes
y año.

Agregó que las apelaciones tenían que ser resueltas por el procurador regional
de Norte de Santander en el término de diez días según las normas procesales
disciplinarias, como el artículo 180 de la Ley 734 de 2002 modificado por el
artículo 59 de la Ley 1474 de 20111.

Reveló que por órdenes de la máxima autoridad del Ministerio Público, el
expediente fue remitido a la ciudad de Bogotá sin que haya decisión de segunda
instancia y a pesar del transcurso de más de nueve meses, que calificó como un
tiempo exagerado.

Indicó que el siete de febrero del año en curso, la asociación demandante solicitó
a la procuradora general pronunciamiento sobre el recurso, en aplicación de la
norma legal antes citada, sin que haya observado actuación, ni resolución del
asunto.

3. Razones del posible incumplimiento

La parte actora estimó que la disposición legal invocada está siendo incumplida
por cuanto la procuradora general no ha adoptado decisión de segunda instancia
en el proceso disciplinario que ordenó la destitución del alcalde de Villa del
Rosario.

4. Trámite de la solicitud en primera instancia

Mediante auto de febrero 23 del presente año, el magistrado sustanciador del
Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió la demanda, ordenó las
notificaciones a la procuradora general de la Nación y al agente del Ministerio

1 A través de esta ley, el Congreso de la República dictó normas orientadas a fortalecer los

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública.

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Público y dispuso tener como pruebas los documentos acompañados con la
demanda.

5. Contestación de la demanda

Por intermedio de apoderado, la Procuraduría General advirtió que el Consejo
de Estado ha seguido consistentemente la línea jurisprudencial según la cual la
acción de cumplimiento puede ser interpuesta por cualquier persona, pero
tratándose de derechos particulares solo el interesado está legitimado para
ejercerla.

Basado en este criterio, subrayó que la acción es improcedente porque es clara
la falta de legitimación en la causa por activa de la parte actora, dado que no
tiene condición procesal alguna para generar consecuencias jurídicas que
afecten el desarrollo del proceso disciplinario.

Explicó que tampoco podía ni tenía la facultad para poner en renuencia al
organismo respecto de sus funciones en el trámite de una actuación específica,
toda vez que lo pretendido corresponde a situaciones de carácter subjetivo del
resorte exclusivo de los intervinientes.

Destacó que el proceso disciplinario tiene regulación especial y que sus etapas
no son extensivas a terceros que no tienen la calidad de partes, según el artículo
89 de la Ley 734 de 2002, como en el caso del señor García Quiñones quien no
es quejoso ni sujeto pasivo de la investigación.

Advirtió que el Consejo de Estado tiene reconocido que en los casos de mora
administrativa, para la adopción de las decisiones por parte de la autoridad, la
situación debe ser resuelta acudiendo a los mismos criterios decantados por la
Corte Constitucional en materia de mora judicial.

Precisó que en virtud de la jurisprudencia constitucional, dicha circunstancia
configura la eventual vulneración de los derechos fundamentales, lo que hace
que la acción sea improcedente porque la vía adecuada, en esos eventos, es la
acción de tutela.

Resaltó que no puede predicarse el incumplimiento alegado por la parte
demandante, ya que existen algunas razones que justifican la duración del
trámite de la segunda instancia en la causa disciplinaria a la cual hace referencia
la acción.

Explicó que el proceso fue recibido el 1º de junio de 2021 en la Procuraduría
Regional de Norte de Santander y dos días después ordenó el traslado para
alegar de conclusión, pero luego mediante auto de julio 9 dispuso la remisión de
la actuación a Bogotá.

Añadió que el expediente correspondió por reparto a la Procuraduría Sexta
Delegada ante el Consejo de Estado con funciones de Juzgamiento Disciplinario,

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a la cual fue asignada en octubre de 2021, dado que el 30 de junio del mismo
año entraron en vigencia algunas normas de la Ley 2094 de 20212, como el
artículo 3º que modificó el artículo 12 de la Ley 1952 de 2019 (Código General
Disciplinario).

Señaló que esta norma ordenó separar en cabeza de distintos funcionarios las
atribuciones de investigación y juzgamiento dentro de los procesos, como
garantía de rango convencional a los disciplinados, al igual que atribuyó
funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General.

Explicó que en virtud de lo anterior, el organismo adoptó medidas para
reorganizar las funciones, distribuir y asignar competencias en el interior de la
entidad, como ocurrió concretamente mediante la Resolución 207 de julio 7 de
20213.

Manifestó que dicha gestión involucra la remisión de expedientes físicos de todas
las regionales de la Procuraduría General, a pesar de tener solo tres delegadas
de juzgamiento disciplinario con competencia para todo el país, por lo cual el
tránsito normativo no podía materializarse en pocos días.

Reveló que la Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado inició
funciones a mediados de julio de 2021, llevó a cabo el proceso de entrega de las
funciones de intervención ante la Sección Cuarta el 27 del mismo mes y año, ha
recibido más de 450 expedientes por reparto que debe conducir personalmente
en audiencia y dentro de la actuación referida en la acción tiene pendiente una
solicitud de nulidad respecto del curso surtido en la Procuraduría Provincial, que
debe evacuar previamente a resolver la apelación.

Explicó que para preservar la acción disciplinaria y ante el riesgo de prescripción
de los procesos para fallo, el citado despacho procedió a avocar conocimiento
prioritario de las actuaciones con mayor riesgo, luego los recursos de apelación
contra decisiones de primera instancia y además los temas sensibles como
infracciones contra los derechos humanos, salud, educación, víctimas y
alimentación escolar.

Aseguró que la actuación será proferida a la mayor brevedad posible y en todo
caso en la presente vigencia, teniendo en cuenta los factores de riesgo ya
descritos que son de obligatorio cumplimiento para la entidad y que el expediente
tiene siete cuadernos, 1524 folios, 25 discos compactos (CD) y tres sujetos
sancionados cada uno con promedio de dos cargos.

Concluyó que no existe omisión enmarcada dentro de un deber actual generador
de imposibilidad decisoria disciplinaria, ya que el plazo para fallar en segunda

2 A través de esta norma, el Congreso de la República reformó la Ley 1952 de 2019 que contiene

el Código General Disciplinario y dictó otras disposiciones sobre la materia.
3 Mediante este acto administrativo, la procuradora general de la Nación delegó y distribuyó

transitoriamente funciones en el organismo para garantizar la separación de la instrucción y el
juzgamiento, la doble instancia y la doble conformidad en las actuaciones disciplinarias a cargo
de la entidad.

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instancia en un proceso verbal no es preclusivo, dado que “[…] si en algún caso
se vencen los términos dentro de una etapa cualquiera de la actuación esto no
genera que la misma se dé por concluida y que resulte favorable al sancionado
como sutilmente lo pretende justificar la solicitud para constituir la renuencia
[…]”.

6. Sentencia de primera instancia4

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander indicó que en las providencias
referidas por el actor, el Consejo de Estado sostuvo la tesis según la cual el titular
de los derechos era quien estaba legitimado para ejercer la acción para el
cumplimiento de normas y actos administrativos relacionados con derechos
subjetivos.

No obstante, precisó que en sentencia de agosto 12 de 2021, la Sección Quinta
al resolver un caso similar, adoptó una tesis diferente y señaló que existía
legitimación en la causa del ciudadano accionante para solicitar el cumplimiento
de la respectiva norma de carácter disciplinario, ante el interés manifestado en
la protección del Estado de Derecho5.

Al acoger este criterio por considerar que está ajustado a la naturaleza y alcance
de la acción, según lo establecido en el artículo 87 de la Constitución, declaró no
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa propuesta
por la Procuraduría General6.

Explicó que lo que busca hacer cumplir el actor es el último inciso del artículo
180 de la Ley 734 de 2002, el cual contiene un mandato claro, expreso y exigible
que, en caso de ser omitido, sería susceptible de generar una orden de
cumplimiento.

Sin embargo, precisó que al contestar la demanda, la Procuraduría General puso
de presente varias razones que permiten justificar el incumplimiento del precepto
legal por parte de la autoridad que recibió el proceso por reparto para el trámite
de segunda instancia.

Hizo referencia a la remisión del expediente a Bogotá, el reparto hecho a la
Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado para su conocimiento,
la vigencia de algunas disposiciones de la Ley 2094 de 2021, la separación de

4 En la sentencia, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander aceptó el impedimento
manifestado por el magistrado Edgar Enrique Bernal Jáuregui con base en la causal prevista en
el numeral 7 del artículo 141 del Código General del Proceso, por lo cual lo excluyó de la sala de
decisión.
5 La decisión citada por el a quo corresponde a Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta, sentencia de agosto 12 de 2021, expediente 25000-23-41-000-
2021-00200-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
6 El Tribunal Administrativo de Norte de Santander sostuvo, además, que en los procesos

disciplinarios contra autoridades elegidas por voto popular no solo están en controversia
derechos subjetivos del servidor investigado sino que también está presente el interés público
de la comunidad que eligió al funcionario, lo que refuerza la legitimación que les asiste a los
ciudadanos en la protección del principio de legalidad y del estado de derecho.

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las funciones de instrucción y juzgamiento en los procesos disciplinarios, la carga
de más de 450 procesos que tiene la respectiva delegada, la prioridad dada por
el organismo a los casos que están en riesgo de prescripción y la nulidad que
está pendiente de resolver previamente a decidir la apelación contra la
determinación inicial descrita en la demanda.

Consideró que en esas condiciones, la autoridad demandada expuso unos
motivos que desde el punto de vista fáctico y jurídico justifican el tiempo
transcurrido sin que el recurso haya sido resuelto en segunda instancia en el
proceso disciplinario.

Resaltó que en la sentencia de agosto 12 de 2021 dictada al resolver un caso
similar, esta corporación ordenó el cumplimiento del artículo 171 de la Ley 734
de 2002 debido a que la Procuraduría General no señaló razones que
sustentaran el extenso lapso sin resolver la apelación, lo que no ocurrió en este
caso.

Por lo anterior, negó las pretensiones de la demanda.

7. La impugnación

El actor indicó que el a quo acompañó la manifestación de la Procuraduría sobre
los más de 450 procesos que tiene a cargo el delegado ante el Consejo de
Estado y el contenido del expediente en folios, apelaciones y cargos, sin que
haya determinado la fecha precisa de la vigencia del año 2022 en que el recurso
será resuelto.

Agregó que también justificó que en el mes de octubre de 2021 el citado
funcionario delegado asumió el caso, por lo cual los diez días vencían en
noviembre de 2021.

Estimó que hubo una falacia argumentativa probatoria porque el Tribunal
Administrativo aceptó la manifestación del despacho sobre la carga de
expedientes y el acta de la reunión de análisis estratégico de diciembre nueve
de 2021 que dio prioridad a los procesos con prescripción, sin mencionar cuántos
hay.

Subrayó que la exposición hecha por el procurador sexto delegado no tiene
justificación y recordó que la Corte Constitucional, en la sentencia T-292 de
1999, anotó que la Carta consagra el debido proceso sin dilaciones y que la
inobservancia de los términos judiciales configura la vulneración de dicha
garantía.

Transcribió apartes de otro fallo de tutela sobre carga laboral en los despachos
judiciales y añadió que el funcionario tampoco indicó cuántos procesos están
para segunda instancia, el orden de prelación, en qué turno está el proceso IUS-
E-2018-013637 IUS–D– 2018-1062528, ni cuántos autos profiere el despacho
en un mes.

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Expresó que el caso al cual hace alusión esta acción no requiere situación
diferente a resolver los argumentos de la apelación, por lo cual afirmó que debe
revocarse la sentencia impugnada y ordenar el cumplimiento de la normatividad
vigente.

Señaló que en el evento de ser aceptados los argumentos del procurador
delegado, subsidiariamente sea concedida la acción en el entendido de que el
funcionario tiene hasta el 31 de diciembre de 2022 para pronunciarse sobre la
apelación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, según lo
dispuesto en los artículos 150 y 152 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo trece del Acuerdo
080 de 2019 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado7.

2. Cuestión previa: alcance de la adición de la impugnación

Posteriormente a la impugnación, el actor presentó un memorial de adición en el
que reiteró su desacuerdo con los argumentos sobre la carga laboral alegada
por la entidad como justificación en el trámite del proceso disciplinario y la
manifestación según la cual la apelación será resuelta en la presente vigencia.

Adicionalmente, cuestionó el desorden institucional en la Procuraduría General
por la falta de aplicación de las recomendaciones emitidas en el caso Petro
contra el Estado y la ausencia de compromiso del gobierno nacional y de la jefe
del Ministerio Público en la solución de dicha problemática, que a su juicio no
debe ser óbice para el cumplimiento de la norma cuya eficacia solicitó en este
proceso.

Advierte la Sala que sobre este último aspecto no hará pronunciamiento, pues
se trata de un hecho nuevo que no fue planteado en el curso de la primera
instancia y, por lo mismo, no pudo ser objeto de controversia por parte de la
entidad demandada en ejercicio de su derecho de defensa a través de la
contestación.

3. Problema jurídico

7 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las

apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.

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Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada corporación judicial en la sentencia de marzo 18 del año
en curso, que negó las pretensiones de la demanda.

4. Generalidades de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.

Con base en la regulación establecida en el artículo 87 de la Constitución y el
desarrollo previsto en la Ley 393 de 1997, dicha posibilidad opera a partir de la
orden que imparte el juez de lo contencioso administrativo a la autoridad
renuente.

Este mecanismo procesal tiene carácter subsidiario, puesto que no procede
cuando el demandante tenga a su alcance otro instrumento judicial para lograr
la efectividad de la norma legal o del acto que estima incumplidos.

Tampoco procede cuando el ejercicio del medio de control pretenda el
cumplimiento de normas legales y de actos administrativos que establezcan
gastos.

De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta corporación, la prosperidad
de esta acción está sujeta a la observancia de los siguientes presupuestos: (i)
que el deber jurídico cuya observancia se exige esté consignado en normas con
fuerza de ley o en actos administrativos; (ii) que el mandato, la orden, el deber,
la obligatoriedad o la imposición esté contemplada en forma precisa, clara y
actual; (iii) que la norma esté vigente; (iv) que el deber jurídico esté en cabeza
del accionado; (v) que se acredite que la autoridad o el particular en ejercicio de
funciones públicas fue constituido en renuencia frente al cumplimiento de la
norma o acto administrativo cuyo acatamiento pretende la demanda y (vi) que
tratándose de actos administrativos no haya otro instrumento judicial para lograr
su efectivo cumplimiento, ni persiga el cumplimiento de normas que establezcan
gastos.

5. La constitución de la renuencia

En el artículo 8º, la Ley 393 de 1997 señaló que “Con el propósito de constituir
la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud
[…]”. (Negrillas fuera del texto).

Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado según
el cual “[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino

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una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”8.

Esta corporación también ha considerado que no puede tenerse por demostrado
el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que la solicitud
“[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia”9.

Es importante que la solicitud permita determinar que lo pretendido por el
interesado es el cumplimiento de un deber legal o administrativo, cuyo objetivo
es la constitución en renuencia de la parte demandada.

Como quedó establecido en el numeral 5º del artículo 10º de la Ley 393 de 1997,
la constitución de la renuencia de la parte accionada deberá acreditarse con la
demanda, so pena de ser rechazada de plano la solicitud.

La parte demandante allegó el derecho de petición radicado el siete de febrero
del año en curso y dirigido a la procuradora general de la Nación, en el cual
reclamó un pronunciamiento en el proceso disciplinario IUS-E-2018-013637
IUS–D–2018-1062528, para que fuera resuelta la apelación en el término de diez
días, en aplicación del artículo 180 de la Ley 734 de 2002, modificado por el
artículo 59 de la Ley 1474 de 2011.

Al contestar la demanda, el apoderado del organismo aportó copia del oficio 324-
22 de marzo 2 del año en curso10, mediante la cual el procurador sexto delegado
ante el Consejo de Estado explicó al actor las diferentes razones por las cuales
la apelación no ha sido resuelta, señaló que el concepto de dilación no es
aplicable en la actuación y aseguró que la decisión será proferida en la presente
vigencia.

Así, está acreditado el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción.

6. El caso concreto

Como quedó expuesto, la parte demandante pretende el cumplimiento del
artículo 180 de la Ley 734 de 2002, por la cual fue expedido el Código
Disciplinario Único, modificado posteriormente por el artículo 59 de la Ley 1474
de 2011.

Lo anterior para que la Procuraduría General resuelva el recurso de apelación
interpuesto contra el fallo dictado por la Procuraduría Provincial de Cúcuta, en
primera instancia, en el proceso disciplinario acumulado IUS-E-2018-013637
IUS– D–2018-1062528.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de

octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
9 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del

expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
10 La respuesta a la cual aludió el organismo fue dada al demandante por fuera de los diez días

que establece el artículo 8º de la Ley 393 de 1997.

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Observa la Sala que estando en curso la acción, el 29 de marzo del presente
año entró en vigencia la Ley 1952 de 2019 mediante la cual fue expedido el
nuevo Código General Disciplinario, parcialmente modificada por la Ley 2094 de
2021.

La vigencia del Código General Disciplinario, como regulación general aplicable
en esta importante materia, implica necesariamente la derogatoria de la Ley 734
de 2002 que contiene el precepto normativo cuya eficacia material persigue el
actor.

No obstante, subraya la Sala que en el título XII referente a los aspectos
relacionados con la transitoriedad, vigencia y derogatoria, la Ley 1952 de 2019
incluyó el artículo transitorio 263 que sobre el particular dispuso expresamente
lo siguiente:

“ARTÍCULO 263. ARTÍCULO TRANSITORIO. <Modificado por el artículo 71 de
la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente>: A la entrada en vigencia de
esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de
cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite
hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002 […]”. (Negrillas
fuera del texto).

La actuación que ocupa la atención en este proceso fue adecuada por la
Procuraduría Provincial de Cúcuta al procedimiento verbal e incluso ya superó
la audiencia respectiva, pues está en trámite de segunda instancia, lo que hace
que la norma del anterior Código Disciplinario Único sea aplicable a lo que resta
de su curso.

Hecha esta precisión, puede verse que al regular los recursos en desarrollo del
proceso disciplinario, el inciso final del artículo 180 de la Ley 734 de 2002,
invocado como norma incumplida por la parte actora, dispuso:

“ARTÍCULO 180. RECURSOS. <Modificado por el artículo 59 de la Ley 1474 de
2011. El nuevo texto es el siguiente>: […]

El ad quem dispone de diez (10) días para proferir el fallo de segunda instancia.
Este se ampliará en otro tanto si debe ordenar y practicar pruebas”.

La disposición es clara y expresa al establecer que el respectivo funcionario
cuenta con un término de diez días para adoptar la decisión que corresponda en
la segunda instancia, salvo la posibilidad de ampliarlo cuando deba practicar
pruebas.

En este caso, es indiscutible que la apelación no ha sido resuelta por la
Procuraduría General en el trámite del proceso disciplinario, pues así lo admitió
al contestar la demanda con base en algunas razones a partir de las cuales
justificó la situación.

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Entiende la Sala que la actuación que siguió al fallo de primera instancia fue
afectada por algunas circunstancias especiales que incidieron notablemente en
la prolongación de su curso, como insistentemente lo expuso el organismo al
intervenir en este proceso.

Entre tales hechos pueden mencionarse la remisión del expediente a Bogotá, el
tránsito normativo generado por la vigencia de la Ley 2094 de 2021, la
separación de las funciones de instrucción y juzgamiento en la Procuraduría
General, la carga laboral que tiene el despacho asignado para el trámite de la
segunda instancia y la priorización fijada por la misma entidad para la evacuación
de los asuntos propios de su conocimiento.

Sobre el particular, advierte la Sala que el organismo demandado puso de
presente que en el proceso disciplinario está pendiente por decidir una solicitud
de nulidad que involucra la actuación adelantada por la Procuraduría Provincial
de Cúcuta.

Dicha petición está relacionada directamente con el trámite llevado a cabo en la
primera instancia, lo que necesariamente deberá ser resuelto por el organismo
antes de la determinación que pueda adoptar con motivo de la apelación del fallo
inicial.

Lo anterior significa que actualmente no es posible decidir el recurso, ya que la
Procuraduría Sexta Delegada tiene la obligación de pronunciarse previamente
sobre aquella solicitud que busca dejar sin efectos parte de la actuación de
primer grado.

Los reparos formulados en la petición tienen incidencia en el curso de la segunda
instancia, dado que el fallo no puede adoptarse mientras esté pendiente por
evacuar la nulidad propuesta en la actuación, cuyo trámite no es objeto de
discusión en este proceso.

Esta especial circunstancia hace que el estado actual del procedimiento
disciplinario no esté adecuado al supuesto establecido en la norma legal
invocada por la parte actora, pues realmente se encuentra para resolver la
nulidad procesal.

En tales condiciones, precisa la Sala que no resulta posible ordenar el
cumplimiento del artículo 180 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo
59 de la Ley 1474 de 2011, en la medida en que no es viable dictar fallo mientras
esté pendiente la cuestión incidental promovida contra la actuación de primera
instancia.

En este sentido, subraya la Sala que tampoco es procedente acoger la
pretensión subsidiaria formulada por el actor en la impugnación, según la cual
en caso de aceptar los argumentos del procurador delegado sea concedida la
acción en el entendido de que tiene hasta el 31 de diciembre de 2022 para
pronunciarse sobre la apelación, por cuanto no puede esta corporación

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determinar cuál podría ser el sentido en el cual será decidida la nulidad procesal
y los efectos que tendría en la actuación.

Así, la sentencia impugnada será confirmada por las razones señaladas en la
parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia impugnada, según lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

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“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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