Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2022-00182-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2022-00182-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 54001-23-33-000-2022-00182-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
3 de noviembre de 2022
Demandante: Asociación Civil y de Veeduría Ciudadana Cúcuta Ciudad Verde
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Radicación: 54001-23-33-000-2022-00182-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: CUMPLIMIENTO
Radicación: 54001-23-33-000-2022-00182-01
Demandante: ASOCIACIÓN CIVIL Y DE VEEDURÍA CIUDADANA
CÚCUTA CIUDAD VERDE
Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Tema: Revoca decisión de primera instancia para, en su lugar,
ordenar el cumplimiento de la disposición invocada.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 3 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Javier
García Quiñones1 presentó demanda contra la Procuraduría General de la Nación
en la cual formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA.: Que se dé cumplimiento al artículo 147 de la Ley 734 de 2002
Término para resolver.
El funcionario competente resolverá la solicitud de nulidad, a más tardar dentro de
los cinco días siguientes a la fecha de su recibo.
Dentro del proceso IUS – E – 2018-013637 IUS – D – 2018 -1062528 en el cual se
destituyó por veinte (20) años al Alcalde de VILLA DE ROSARIO Señor CARLOS
JULIO SOCHA HERNÁNDEZ durante el periodo 2012-2015 contra la decisión de
fecha 18 de mayo de 2021 expedida por la PROCURADORA PROVINCIAL DE
CÚCUTA.
SEGUNDA.: Se digne proferir decisión de segunda instancia presentada dentro del
proceso disciplinario IUS – E – 2018-013637 IUS – D – 2018 -1062528 en el cual se
destituyó por veinte (20) años al Alcalde de VILLA DE ROSARIO Señor CARLOS
JULIO SOCHA HERNÁNDEZ durante el periodo 2012-2015 contra la decisión de
1
El accionante señaló que es el director ejecutivo de la Asociación Civil y de Veeduría Ciudadana
Cúcuta Ciudad Verde.
1
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Asociación Civil y de Veeduría Ciudadana Cúcuta Ciudad Verde
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Radicación: 54001-23-33-000-2022-00182-01
fecha 18 de mayo de 2021 expedida por la PROCURADORA PROVINCIAL DE
CÚCUTA”. [(sic) a toda la cita].
2. Hechos
La Procuraduría Provincial de Cúcuta dictó fallo el 18 de mayo de 2021. La
decisión ordenó la destitución del alcalde del municipio de Villa del Rosario, Carlos
Julio Socha Hernández2. Por tratarse de diligencia pública, lo resuelto fue
notificado en estrados. En consecuencia, los abogados e investigados
interpusieron y sustentaron los recursos de apelación el 31 de mayo de 2021.
El actor indicó que la segunda instancia tenía que ser resuelta por el procurador
regional de Norte de Santander en el término de (10) diez días, según las normas
procesales disciplinarias aplicables al asunto [artículo 180 de la Ley 734 de 2002,
modificado por el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011]. Sin embargo, por orden de
la Procuraduría General de la Nación, el expediente fue remitido a la ciudad de
Bogotá y no se ha proferido decisión definitiva.
El 2 de agosto de 2022, el accionante solicitó la aplicación del artículo 147 de la
Ley 734 de 2002 a la autoridad demandada para que resolviera “la nulidad
deprecada en el proceso disciplinario”. Asimismo, el referido escrito citó las
providencias de 21 de abril y 14 de julio de 20223 que esta Sección profirió en dos
acciones de cumplimiento que el demandante promovió ante esta corporación e
indicó al organismo que “es evidente la negativa para resolver el asunto en los
términos legales”. A su turno, la demandada no dio respuesta al escrito en el
término previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997.
3. Admisión de la demanda
En auto de 5 de septiembre de 2022, el ponente del Tribunal Administrativo de
Norte de Santander admitió la demanda y ordenó su notificación a la Procuraduría
General de la Nación.
En la providencia se requirió a la entidad accionada para que remitiera copia
íntegra del expediente del proceso disciplinario radicado bajo el número: IUS-E-
2018-013637 IUC-D-2018-1062528, adelantado en contra del señor Carlos Julio
Socha Hernández, así como los demás antecedentes administrativos relacionados
con el asunto4.
2
Proceso disciplinario IUS-E-2018-013637 / IUC–D–2018-1062528.
3
Radicaciones n.º 54001-23-33-000-2022-00041-01 (ACU), M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio y
n.º 54001-23-33-000-2022-00094-01(ACU), M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
4
El expediente no fue remitido al proceso judicial. En el correo electrónico por medio del cual se
adjunta la contestación a la demanda en primera instancia, la entidad indica que remite carpeta
“One Drive”. Sin embargo, el enlace digital que insertó no tiene acceso a ninguna documental. Pág.
núm. 1, documento “ED_008 […]” del índice 2 de SAMAI.
En todo caso, el expediente disciplinario no obra en este trámite judicial. Lo anterior, se corrobora
con lo señalado en la contestación sobre el particular [ver píe de página núm. 9 de esta
providencia].
2
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4. Informe
La Procuraduría General de la Nación manifestó que el actor carece de
legitimación en la causa, toda vez que no tiene condición procesal alguna para
generar consecuencias jurídicas que afecten el desarrollo del proceso disciplinario.
Destacó que el proceso disciplinario tiene regulación especial y que sus etapas no
son extensivas a terceros que no tienen la calidad de partes, según el artículo 89
de la Ley 734 de 2002. El señor García Quiñones no es quejoso, ni sujeto pasivo
de la investigación.
En ese mismo sentido, alegó que el accionante no podía constituir en renuencia al
organismo respecto de sus funciones en el trámite sancionatorio porque son
resorte exclusivo de los sujetos procesales. Explicó que la línea jurisprudencial de
esta corporación ha indicado que este medio de control puede ser interpuesto por
cualquier persona, pero solo el interesado está legitimado para ejercerla
tratándose de derechos particulares como, a su juicio, ocurre en el asunto
concreto.
Por otra parte, el organismo advirtió que el Consejo de Estado tiene reconocido
que en los casos de mora administrativa la situación debe ser resuelta acudiendo
a los mismos criterios decantados por la Corte Constitucional en materia de mora
judicial, en donde se ha indicado que el medio procedente es la acción de tutela.
Sostuvo que no puede predicarse el incumplimiento alegado por la parte
demandante, porque existen razones que justifican la duración del trámite de la
segunda instancia en la causa disciplinaria a la cual hace referencia. Al respecto,
informó que:
El 30 de junio de 2021 entraron en vigencia algunas normas de la Ley 2094 de
20215, como el artículo 3.º que modificó el artículo 12 de la Ley 1952 de 2019
[Código General Disciplinario], que separó en cabeza de distintos funcionarios las
atribuciones de investigación y juzgamiento dentro de los procesos, como garantía
de rango convencional a los disciplinados, y atribuyó funciones jurisdiccionales a
la Procuraduría General de la Nación. En consecuencia, el organismo adoptó
medidas para reorganizarse, distribuir y asignar competencias al interior de la
entidad, como ocurrió concretamente mediante la Resolución 207 de julio 7 de
20216.
Manifestó que el tránsito normativo no podía materializarse en pocos días. Explicó
que dicha gestión involucró la remisión de expedientes físicos de todas las
regionales de la entidad. Indicó que solo existen tres procuradurías delegadas de
juzgamiento disciplinario con competencia para todo el país. En todo caso, afirmó
5
A través de esta norma, el Congreso de la República reformó la Ley 1952 de 2019 que contiene
el Código General Disciplinario y dictó otras disposiciones sobre la materia.
6
Mediante este acto administrativo, la procuradora general de la Nación delegó y distribuyó
transitoriamente funciones en el organismo para garantizar la separación de la instrucción y el
juzgamiento, la doble instancia y la doble conformidad en las actuaciones disciplinarias a cargo de
la entidad.
3
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que ha dado prioridad a las actuaciones con mayor riesgo, luego los recursos de
apelación contra decisiones de primera instancia y además los temas sensibles
como infracciones contra los derechos humanos, salud, educación, víctimas y
alimentación escolar, para preservar la acción disciplinaria y ante el riesgo de
prescripción de los procesos para fallo.
En cuanto al trámite disciplinario, informó que la Procuraduría Regional de Norte
de Santander corrió traslado para alegar de conclusión, en auto de 3 de junio de
2021. Recibidos los pronunciamientos de los intervinientes, se envió el expediente
a las delegadas de juzgamiento en Bogotá, mediante auto de 9 de julio de 2021. El
proceso correspondió por reparto, en principio, a la Procuraduría Sexta Delegada
ante el Consejo de Estado que remitió por competencia funcional a la Sala
Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, en
proveído de 23 de mayo de 2022. Precisó que la referida Sala “a partir del 23 de
junio, día en que se realizó el reparto, inició funciones de juzgamiento”7.
Explicó que en el asunto no solo está pendiente la decisión de segunda instancia,
sino también una petición de nulidad en relación con lo actuado por la procuradora
provincial, solicitud que “se debe evacuar antes de resolver la apelación del fallo”.
En ese sentido, argumentó que el volumen del expediente, la complejidad del
caso, la carga laboral y la adecuación a las nuevas previsiones normativas se
considere justificada la tardanza para resolverlo, pero precisó que la decisión se
“proferirá a la mayor brevedad y en todo caso en la presente vigencia”.
Asimismo, en atención al escrito de constitución en renuencia de 2 de agosto de
esta anualidad, la entidad aportó la respuesta de 7 de septiembre de 20228 que en
términos similares le explica al accionante las diversas situaciones que no han
permitido resolver definitivamente el asunto. Finalmente, el organismo señaló “[…]
que si el H. Tribunal Administrativo de Norte de Santander lo estima necesario y
así a bien lo tiene, la PGN está presta a compartir y poner a disposición del señor
Magistrado copia íntegra del expediente disciplinario IUS-E-2018- 013637 IUS-D-
2018-1062528 contentivo de ocho (8) cuadernos y veinticinco (25) CDS, a través
de ONEDRIVE debido a su peso”9 (sic).
5. Sentencia de primera instancia
En decisión de 3 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de Norte de
7
La fecha indicada se señaló en la pág. núm. 10 de la contestación a la demanda de cumplimiento
y coincide con la informada al accionante en la respuesta de 7 de septiembre de 2022, pág. núm.
15. Asimismo, se precisa que en la pág. núm. 6 del escrito de oposición la Procuraduría General de
la Nación indicó que el expediente disciplinario se había asignado a la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular “a la cual fue asignada en el mes de
agosto de 2021” (sic) pág. núm. 9. [ver documento “ED_008 […]” del índice 2 de SAMAI].
8
Págs. núm. 14 a 16 del documento “ED_008 […]” del índice 2 de SAMAI.
9
Debe precisarse que dicha manifestación se realizó pese a que en el auto de admisión la copia
del expediente disciplinario fue requerida. [ver el píe de pág. núm.4 de esta providencia].
4
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Demandado: Procuraduría General de la Nación
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Santander negó las pretensiones de la demanda10. Descartó los argumentos de la
accionada en cuanto a la falta de legitimación por activa. Explicó que el Consejo
de Estado, en principio, sostuvo la tesis según la cual el titular de los derechos era
quien estaba legitimado para ejercer la acción. No obstante, la Sección Quinta
adoptó una postura diferente y señaló que existía legitimación por activa para
solicitar el obedecimiento de las normas procesales del procedimiento disciplinario
ante el interés público de la comunidad que eligió al funcionario, la protección del
principio de legalidad y del Estado de derecho11.
En cuanto al cumplimiento de la disposición invocada, la Sala señaló que la
accionada explicó diversas razones, entre las cuales, resaltó que se encuentran
involucrados "tres sancionados, múltiples cargos, con fallo y apelación de gran
extensión", aunado a las circunstancias especiales propias del tránsito normativo
de la Ley 2094 de 2021, el volumen del expediente de la causa disciplinarla y la
carga laboral12. Por tanto, el a quo estimó que dichos argumentos eran suficientes
para que fáctica y jurídicamente se entendiera justificada la duración prolongada
del proceso disciplinario, así como la imposibilidad de resolver la solicitud de
nulidad allí presentada oportunamente dentro del término de ley.
6. La impugnación del accionante
En el escrito presentado por la parte demandante se manifestó “[…] solicito a
ustedes Consejeros de Estado ordenen al Ministerio Publico que no solamente
cumplan con el art. 147 ley 734 de 2002 en el caso específico solicitado, sino que
cumplan a los requerimientos de los ciudadanos en dar respuesta a sus solicitudes
con base en el art. 87, en este sentido requiero a los Magistrados de la Sección
Quinta que por la importancia jurídica del presente caso se convoque a la sala
plena para loa toma de decisión y así poder revocar la decisión del 3 de octubre
2022.” (sic).
Expuso que la accionada niega constantemente la legitimidad de los ciudadanos
para exigir el obedecimiento de los términos procesales establecidos en el Código
Disciplinario Único, en los trámites de cumplimiento que ha adelantado. Lo
anterior, a juicio del actor, demuestra que el Ministerio Público no permite que se
realicen los diferentes controles de la ciudadanía a las actuaciones disciplinarias.
Indicó que en la sentencia de 21 de abril 2022 esta Sección “estableció” que la
disposición aplicable para el trámite disciplinario es la Ley 734 de 2002 y no las
Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021, porque la expedición del fallo disciplinario de
10
En la providencia impugnada se declaró fundado el impedimento que presentó el magistrado
Edgar Enrique Bernal Jáuregui. También se dispuso no condenar en costas.
11
En un caso similar al presente asunto, sentencia de 12 de agosto de 2021, radicación n.º 25000-
23-41-000-2021-00200-01 (ACU), M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
12
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander citó un aparte de la sentencia de 21 de abril de
2022, radicación n.º 54001-23-33-000-2022-00041-01 (ACU), M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio y
señaló que esta Sección explicó “[…] sobre la justificación de la duración prolongada del mismo
proceso disciplinario aquí estudiado”.
5
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primera instancia ocurrió el 18 de mayo 2021. En ese sentido, el señor García
Quiñones sostuvo que el superior jerárquico del proceso disciplinario debe decidir
la nulidad en el término que ordena la ley, seguidamente; el funcionario concederá
el recurso de reposición y, una vez termina el trámite, también le corresponde
resolver la apelación.
Señaló que la sentencia impugnada determinó que existe la obligación de
pronunciarse sobre la nulidad procesal, conforme al artículo 147 de la Ley 734 de
2002, pero el tribunal encontró justificados los argumentos que expuso la
demandada.
A juicio del accionante, tales consideraciones no tienen en cuenta; que desde el
fallo disciplinario de primera instancia [18 de mayo 2021] ha transcurrido un año y
cinco meses sin decisión, que el problema estructural de redistribución de
competencias y carga laboral es propiciado por la propia accionada desde la
reglamentación que expidió, porque no ha sido diligente en generar los espacios
adecuados para dar cumplimiento a los términos previstos en la ley y que el
proceso disciplinario versa sobre intereses de terceros fijados en la concesión
realizada por la alcaldía Municipal de Villa del Rosario para beneficiar a
particulares.
Asimismo, el actor manifestó que el Tribunal Administrativo Norte de Santander
citó la decisión de 21 de abril 2022 de esta Sección de forma errada, al indicar que
se “aceptaron los argumentos de la procuraduría en cuanto a que el expediente
por tener una nueva norma procesal se permite la complejidad de la carga laboral
y esto no es así”. Alegó que el a quo utilizó el citado fallo para negar las
pretensiones, pero la mencionada sentencia se refirió a “que no se podía aplicar el
art. 180 porque estaba pendiente el art. 147 del Código Disciplinario único, por ello
debe revocarse la decisión de primera instancia”.
En criterio del impugnador no está justificada la morosidad, indicó que en el
proceso disciplinario objeto de la demanda los “términos se reducen y debe
actuarse con celeridad, el Ministerio Público ha evadido su responsabilidad de
responderle a los ciudadanos y considero yo que la Rama Judicial en su integridad
en los tres fallos proferidos ha evadido la responsabilidad que se ha requerido
sobre dar cumplimiento a la ley […]”.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 3
de octubre de 2022 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150
y 243 del CPACA , así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080
del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
6
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establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer
de “las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se
dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento”.
En este punto, la Sala observa que en la impugnación se requirió que “por la
importancia jurídica del presente caso se convoque a la sala plena para loa toma
de decisión y así poder revocar la decisión del 3 de octubre 2022” (sic). Sobre el
particular, debe precisarse que la regulación de las decisiones que puedan
adoptarse por importancia jurídica, trascendencia económica o la necesidad de
sentar jurisprudencia, en los procesos a cargo de esta jurisdicción, está prevista
en el artículo 271 del CPACA.
Esta Sección ha indicado que “[…] la competencia para unificar jurisprudencia,
bien por la importancia jurídica del caso, la trascendencia económica o la
necesidad de sentar jurisprudencia, es tanto de la Sala Plena como de las
Secciones que conforman el Consejo de Estado”. Sin embargo, en materia de
acción de cumplimiento, por importancia jurídica, se ha señalado que “[…]
corresponde a la Sección Quinta la unificación que solicita la accionante, en
cuanto es a esta a la que le está asignada la competencia para resolver en
segunda instancia las apelaciones frente a las decisiones que en materia de
acción de cumplimiento profieran los Tribunales Administrativos del país […]”13.
De acuerdo con lo anterior, la Sala reitera que la unificación de las diferentes
posturas que los tribunales administrativos puedan adoptar respecto del
cumplimiento de las normas legales y de los actos administrativos, en este tipo de
acciones, está a cargo de esta Sección. Por tanto, se negará la solicitud de remitir
el proceso a la Sala Plena.
Igualmente, cabe precisar que, si bien se empleó el término “importancia jurídica”,
no se justifican circunstancias que impongan la necesidad de proferir tal tipo de
providencia porque los reparos del impugnante no devienen de pronunciamientos
disímiles de tribunales, por el contrario, las decisiones judiciales que el accionante
refirió, fueron adversas a sus pedimentos y, en todo caso, cada proceso tuvo por
objeto disposiciones jurídicas diferentes14. En consecuencia, el caso no amerita
13
Al respecto, puede confrontarse [cfr.] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, providencia de 11 de octubre de 2017, radicado n.º 25000-23-41-000-2017-01152-
01 (ACU), M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio [postura en la que se reitera lo indicado en la
sentencia de 5 marzo de 2014, radicado n.º 08001-23-33-000-2013-00310-01 (ACU), M.P. Alberto
Yepes Barreiro]. Como se anotó en este acápite, la Sección Quinta de esta Corporación es la
competente para conocer, en segunda instancia, en materia de acción de cumplimiento y, por
ende, como órgano de cierre la de unificar jurisprudencia.
14
El radicado n.º 54001-23-33-000-2022-00041-01 (ACU), en cuanto al artículo 180 de la Ley 734
de 2002, modificado por el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011. El radicado n.º 54001-23-33-000-
2022-00094-01 (ACU)sobre el artículo 207 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 33 de
la Ley 2094 de 2021. A su turno, el presente asunto versa conforme las pretensiones que se
anotaron al inicio de esta sentencia en el obedecimiento del artículo 147 de la Ley 734 de 2002.
7
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unificar algún criterio divergente, alcance o precisión jurisprudencial, solo el de
resolver los planteamientos contra la decisión adversa a las pretensiones15.
2. Problema jurídico a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 3
de octubre de 2022 del Tribunal Administrativo Norte de Santander, que negó las
pretensiones de la demanda, para lo cual deberá resolver el siguiente problema
jurídico:
¿La parte actora cumplió con el requisito de constitución en renuencia frente a la
Procuraduría General de la Nación respecto de la norma que invocó en las
pretensiones, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de
1997?
De ser afirmativa la respuesta. ¿Debe ordenarse a la Procuraduría General de la
Nación que resuelva la nulidad procesal en el trámite disciplinario expediente IUS-
E-2018-013637 IUC– D–2018-1062528?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad y; (iii) el caso concreto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo16 para que toda persona pueda "[…] acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos […]".
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro
de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios,
15
Además de lo indicado, en estricto sentido, en el presente asunto esta Sala no puede adoptar
una providencia o decisión en la que determine si avoca o no el conocimiento del asunto de la
referencia, en la medida en que el mismo, por ser un asunto de doble instancia, ya es competencia
de la Sección Quinta.
16
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación n.º 20001-23-33-000-2016-
00371-01 (ACU), sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-
00814-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación n.º
11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia
de 23 de junio de 2022, radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
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derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución
Política), el medio de control permite la realización de este postulado para lograr la
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.
La Corte Constitucional señaló “[…] el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad
material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción
de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la
vigencia de un orden jurídico, social y económico justo […]”17.
Sin embargo, para su prosperidad, del contenido de la Ley 393 de 1997, se
desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]18.
(ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido [artículos 5.º y 6.º].
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “[…] cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable […]” caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda [artículo 8.º].
(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
17
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
18
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
9
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perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción. También son causales de
improcedibilidad pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados
a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
administración [artículo 9.º].
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de
aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150-10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política19.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales “[…] pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la
efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión
llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no
procede ésta (sic) acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas
supremas […]”20.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado21.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales. Lo anterior, se explica en:
“[…] garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el
juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido para ello y
evitar la alteración de las competencias que han sido radicadas en las diferentes
19
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce,
providencia de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
20
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación n.º 44001-
23-31-000-2004-0047-01(ACU), M.P. Darío Quiñones Pinilla.
21
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación n.º 76001-
23-31-000-2011-00891-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia (E).
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jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la acción de
cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por
ello la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de
mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la
norma habilita al Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia
de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero
siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad
e inminencia del perjuicio […]”22.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,23 a menos que estén apropiados;24 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior25.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este26 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que “[…] el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento […]”27.
Igualmente, esta Sección28 ha dicho que:
22
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1 de noviembre de 2012, radicación n.º
76001-23-31-000-2012-00499-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
23
Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación n.º 05001-
23-31-000-2000-4673-01(ACU). M.P. Darío Quiñones Pinilla.
24
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación n.º
25000-23-41-000-2015-00493-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
25
Sentencia antes citada.
26
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “[…] La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia. Como el accionante reclamó de la
Superintendencia de Puertos y Transporte el cumplimiento de los artículos 41 del Decreto 101 de
2000; 14 del Decreto 1016 de 2000 y 3, 4 y 10 del Decreto 2741 de 2001, los cuales constan, en su
orden, de 4, 14, 4, 6 y 9 numerales, sin indicar con claridad en cuál de ellos se consagra el
deber legal que pedía cumplir, en criterio de la Sala, atendiendo la ley y la jurisprudencia
que sobre la materia se ha fijado, estima que no se cumplió con el requisito de
procedibilidad de la acción, por lo que así se debió declarar por el Tribunal a quo” (Negrita
fuera de texto).
27
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación n.º
2011-01063 (ACU), M.P. Mauricio Torres Cuervo.
28
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación n.º 47001-
23-31-000-2011-00024-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia.
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“[…] Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la
renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o actos administrativos [29] […]” (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:
“[…] Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción
requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber
legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud
[…]”.
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición “[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia […]”.
Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
29
[En la providencia se citó “Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24
de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla“].
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bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano30.
En el presente asunto, del expediente digital31 se observa que la parte
demandante remitió, electrónicamente, escrito el 2 de agosto de 2022, a la
Procuraduría General de la Nación en el que solicitó el cumplimiento del artículo
147 de la Ley 734 de 2002, con la finalidad que se resolviera la nulidad en el
proceso disciplinario IUS-E-2018-013637 IUC– D–2018-1062528.
Por su parte, la demandada respondió la solicitud de forma adversa a lo requerido
por la parte actora el 7 de septiembre de 202232, lo cual resulta suficiente para
considerar agotado el requisito de procedibilidad en cuanto al acatamiento del
artículo 147 de Ley 734 de 2002.
3.4. De la norma que se pide cumplir
De acuerdo con lo expuesto, en el acápite anterior, la parte accionante alude a la
siguiente disposición como incumplida:
“LEY 734 DE 2002
(febrero 05)
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único
[…]
Artículo 147. Término para resolver. El funcionario competente resolverá la
solicitud de nulidad, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la fecha de
su recibo”.
Sobre la referida disposición debe precisarse que resulta vigente y aplicable al
proceso disciplinario IUS-E-2018-013637 IUC– D–2018-1062528 que ocupa la
atención de esta Sala, en atención a lo dispuesto en el artículo transitorio 263 de la
Ley 1952 de 201933, modificado por el artículo 71 de la Ley 2094 de 202134 [este
último, en cuanto a su parágrafo, fue corregido por el artículo 3.º del Decreto 1656
de 202135].
“[…]
30
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º
15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
31
Págs. núm. 8 a 11 del documento “ED_002 […]” del índice 2 de SAMAI.
32
Págs. núm. 14 a 16 del documento “ED_008 […]” del índice 2 de SAMAI.
33
“Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y
algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”.
34
“Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”.
35
“Por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 2094 de 2021 ´Por medio de la cual se reforma la
Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones´”.
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ARTÍCULO 263. Artículo transitorio. A la entrada en vigencia de esta ley, los
procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o
instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta
finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se
aplicará el procedimiento previsto en esta ley.
PARÁGRAFO. La designación de la primera sala disciplinaria de juzgamiento a
que alude el Artículo 17 de esta ley, deberá ser integrada de forma tal que, a su
entrada en vigencia, asuma inmediatamente sus competencias. El período de
esta primera sala se extenderá hasta el 17 de marzo de 2025, sin perjuicio de su
eventual prórroga” (negrilla de la Sala).
En efecto, la Ley 734 de 2002 resulta vigente y aplicable para el caso particular en
virtud de la disposición transitoria, como lo acepta la propia autoridad accionada36 y
como esta Sección indicó en las sentencias de 21 de abril y 14 de julio de 2022,
toda vez que el trámite disciplinario fue adecuado por la Procuraduría Provincial de
Cúcuta al procedimiento verbal e incluso ya superó la audiencia respectiva, pues
está en trámite de segunda instancia, por tanto, no ha finalizado, lo que hace que la
norma del anterior Código Disciplinario Único sea aplicable a lo que resta de su
curso. Así las cosas, el primer requisito para la procedencia de la acción se
encuentra satisfecho.
3.5. De las demás causales de improcedencia de la acción constitucional
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997, este
mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido
otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo obedecimiento de la
norma o acto administrativo, salvo que se cause un perjuicio grave e inminente
para el accionante. Asimismo, esta Sección en reiterada jurisprudencia37 ha
desarrollado “la existencia de otro mecanismo judicial”, como causal de
improcedencia.
En el presente proceso, la Sala considera que la parte actora no cuenta con otro
medio judicial efectivo para lograr que se ordene el acatamiento de la disposición
antes citada, la cual, a su juicio, se encuentra incumplida por la falta de resolución
de la nulidad procesal y de decisión definitiva en el proceso disciplinario IUS-E-
2018-013637 IUC– D–2018-1062528.
Ahora bien, la Sección precisa que en la solicitud de cumplimiento no se exige el
acatamiento de normas que establezcan gastos, por cuanto la parte accionante
reclama un mandato que entiende previsto de forma imperativa e inobjetable en la
36
En efecto, para aludir a la falta de legitimación por activa en la contestación de la demanda la
accionada ha expresado “Es preciso resaltar que, en el derecho disciplinario, las partes del proceso
son el investigado y el operador disciplinario, tal como lo estableció al momento de sustanciar el
proceso, el artículo 89 de la Ley 734 de 2002”.
37
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 24 de mayo de 2012, radicación n.º
05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro, Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia de 23 de agosto de 2012, radicación n.º 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU).
M.P. Mauricio Torres Cuervo, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de junio de
2012, radicación n.º 05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo.
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norma invocada y que simplemente conlleva obligaciones de hacer. Igualmente,
no se vislumbra que el asunto conlleve a la protección de derechos fundamentales
toda vez que no fueron invocados en la demanda.
Precisado lo anterior, la Sección abordará el estudio de los argumentos de la
impugnación contra la sentencia de 3 de octubre de 2022, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de la
demanda, al concluir que existe una mora justificada en cuanto a los deberes que
se reclaman desatendidos por parte de la accionada.
3.6. El fondo del asunto
La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de una ley o de
un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin
embargo, no es posible ordenar ejecutar toda clase de disposiciones, sino aquellas
que contienen prescripciones que se caracterizan como “deberes”38.
Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las
órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio, claro y
directo a cargo de determinada autoridad, un mandato “imperativo e inobjetable” en
los términos de los artículos 5, 7, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997. Así, por
ejemplo, si la norma prevé una facultad o su ejercicio es discrecional, no se
cumplirá el requisito bajo estudio.
En el presente asunto se invocó el artículo 147 de la Ley 734 de 2002, en las
pretensiones de la demanda y en la renuencia, para que la Procuraduría General
de la Nación resuelva la nulidad procesal y dicte decisión definitiva de segunda
instancia en el proceso disciplinario IUS-E-2018-013637 IUC– D–2018-1062528.
La disposición solo refiere al mandato imperativo e inobjetable de resolver “la
solicitud de nulidad, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la fecha de
su recibo” por parte de la autoridad competente en materia disciplinaría.
En este punto, debe precisarse que es cierto que esta Sección conoció en
segunda instancia los procesos con radicado n.º 54001-23-33-000-2022-00041-01
y n.º 54001-23-33-000-2022-00094-01 promovidos por el mismo accionante, con
similares hechos e inconformidades que actualmente lo motivan para acudir a esta
acción, pero cada caso tuvo por objeto pretensiones y normas diferentes e incluso
escritos de renuencia distintos.
El primero, frente al obedecimiento del artículo 180 de la Ley 734 de 2002,
modificado por el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011. En el asunto se confirmó la
negativa de las pretensiones dirigidas a que se ordenara emitir decisión de
38
Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes
naturales o positivas. (Diccionario de la Real Academia Española).
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segunda instancia en el referido trámite disciplinario. En sentencia de 21 de abril
de 2022, se llegó a esa conclusión porque:
“[…] advierte la Sala que el organismo demandado puso de presente que en el
proceso disciplinario está pendiente por decidir una solicitud de nulidad que
involucra la actuación adelantada por la Procuraduría Provincial de Cúcuta.
Dicha petición está relacionada directamente con el trámite llevado a cabo en la
primera instancia, lo que necesariamente deberá ser resuelto por el organismo
antes de la determinación que pueda adoptar con motivo de la apelación del fallo
inicial.
Lo anterior significa que actualmente no es posible decidir el recurso, ya que la
Procuraduría Sexta Delegada tiene la obligación de pronunciarse previamente sobre
aquella solicitud que busca dejar sin efectos parte de la actuación de primer grado.
Los reparos formulados en la petición tienen incidencia en el curso de la segunda
instancia, dado que el fallo no puede adoptarse mientras esté pendiente por evacuar
la nulidad propuesta en la actuación, cuyo trámite no es objeto de discusión en este
proceso.
Esta especial circunstancia hace que el estado actual del procedimiento disciplinario
no esté adecuado al supuesto establecido en la norma legal invocada por la parte
actora, pues realmente se encuentra para resolver la nulidad procesal.
En tales condiciones, precisa la Sala que no resulta posible ordenar el cumplimiento
del artículo 180 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 59 de la Ley 1474
de 2011, en la medida en que no es viable dictar fallo mientras esté pendiente la
cuestión incidental promovida contra la actuación de primera instancia”.
El segundo proceso que el actor tramitó se circunscribió al análisis del artículo
207 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 33 de la Ley 2094 de 2021.
Se negaron las pretensiones de la demanda que se dirigieron para que se
resolviera la nulidad procesal que se advirtió en la sentencia de 21 de abril de
2022. En decisión de 14 de julio de 2022 se expuso:
“[…] Como acertadamente lo señaló la parte demandante, esta Sección ya tuvo la
oportunidad de pronunciarse sobre el mentado proceso disciplinario, pero bajo el
estudio del artículo 180 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 59 de la
Ley 1474 de 2011, y concluyó que no podía ordenarse a la Procuraduría General de
la Nación proveer en segunda instancia, por cuanto se encontraba pendiente de
resolver una nulidad procesal.
No obstante, en la referida decisión, la Sala también fue enfática en indicar lo
siguiente:
“(…) Observa la Sala que estando en curso la acción, el 29 de marzo del
presente año entró en vigencia la Ley 1952 de 2019 mediante la cual fue
expedido el nuevo Código General Disciplinario, parcialmente modificada por la
Ley 2094 de 2021.
La vigencia del Código General Disciplinario, como regulación general aplicable
en esta importante materia, implica necesariamente la derogatoria de la Ley 734
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de 2002 que contiene el precepto normativo cuya eficacia material persigue el
actor.
No obstante, subraya la Sala que en el título XII referente a los aspectos
relacionados con la transitoriedad, vigencia y derogatoria, la Ley 1952 de 2019
incluyó el artículo transitorio 263 que sobre el particular dispuso expresamente
lo siguiente:
“ARTÍCULO 263. ARTÍCULO TRANSITORIO.: A la entrada en vigencia de esta
ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de
cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta
finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002 […]”. (Negrillas fuera del
texto).
La actuación que ocupa la atención en este proceso fue adecuada por la
Procuraduría Provincial de Cúcuta al procedimiento verbal e incluso ya superó
la audiencia respectiva, pues está en trámite de segunda instancia, lo que hace
que la norma del anterior Código Disciplinario Único sea aplicable a lo que resta
de su curso. (…)”.
De acuerdo con lo anterior, la norma que fue objeto de renuencia y que se pretende
ordenar cumplir no es exigible frente a la autoridad demandada, respecto del
proceso disciplinario IUS-E-2018-013637 IUC– D–2018-1062528, pues como se
precisó dicho trámite se rige por otra normativa, de acuerdo con las previsiones del
artículo 263 de la Ley 1952 de 2019. Por tanto, no le corresponde al juez de
cumplimiento imponer que se resuelva un asunto bajo un régimen jurídico diferente,
esto es, el artículo 207 de la Ley 1952 de 2019. En consecuencia, como la norma
legal invocada no es aplicable al procedimiento en cuestión deben negarse las
pretensiones.”.
De acuerdo con lo anterior, la negativa a las pretensiones en la primera acción de
cumplimiento devino de la existencia de la posible nulidad procesal que advirtió la
Procuraduría General de la Nación, circunstancia que no permitía que el juez
ordenara el obedecimiento del deber de decidir los recursos de apelación hasta
que no se zanjara el trámite incidental, toda vez que esa circunstancia implicaba
que el proceso disciplinario no se encontrara adecuado al supuesto previsto en la
norma legal invocada por la parte actora.
Por su parte, el segundo asunto, tuvo su propia consecuencia porque el
demandante agotó en renuencia y exigió en sede judicial el obedecimiento de una
disposición que no rige y, por ende, no es aplicable al procedimiento disciplinario
IUS-E-2018-013637 IUC– D–2018-1062528, pese a que en la primera decisión se
le advirtió de las normas aplicables al trámite sancionatorio, esto es, la Ley 734 de
2002.
En el presente caso, como se señaló, la norma que fue objeto de renuencia y que
se pretende ordenar acatar es el artículo 147 de la Ley 734 de 2002, el mandato
que contiene es el de resolver la nulidad en los trámites disciplinarios por el
funcionario competente a partir del recibo del asunto en el término de cinco (5)
días. Tal obligación corresponde con la pretensión primera de la demanda y, por
tanto, se analizará sobre la mora justificada que el a quo concluyó.
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El Tribunal determinó como suficientes las razones que expuso la accionada, a
saber: "tres sancionados, múltiples cargos, con fallo y apelación de gran
extensión", aunado a las circunstancias especiales propias del tránsito normativo
de la Ley 2094 de 2021, el volumen del expediente de la causa disciplinarla y la
carga laboral. Sin embargo, esta Sala considera que dicha argumentación es la
misma que la accionada ha expuesto desde el primer proceso que el actor
promovió y que esta corporación conoció en el mes de abril de esta anualidad.
Igualmente, se destaca que el órgano de control ha aceptado que tiene a su cargo
tal deber, así como el de resolver por medio de decisión definitiva el procedimiento
disciplinario.
La disposición objeto de estudio es clara y expresa al establecer que el funcionario
competente del proceso disciplinario cuenta con un término de (5) cinco días para
adoptar la decisión que resuelva la nulidad. En este caso, es indiscutible que la
norma está desatendida por la Procuraduría General de la Nación en el citado
trámite.
Si bien debe entenderse que el deber es exigible a la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, desde el 23 de junio de
2022, por cuanto resultó ser la competente y, a partir de ese momento, empezó a
ejercer sus funciones porque ocurrió el reparto del asunto conforme la accionada
informó. Lo cierto es que tal circunstancia no desdibuja que la actuación que siguió
al fallo de primera instancia pudo ser afectada por nulidad desde el 18 de mayo de
2021 y, actualmente, no tiene un pronunciamiento por parte de la entidad, esto es,
hace más de un año.
En la respuesta de 7 de septiembre de 2022, que la accionada emitió al
accionante informa que al final de este semestre el asunto será resuelto, incluso
se le indica que: “[…] considerando que las solicitudes de nulidad, cuya resolución
pronta se impetró con su petición, están contenidas en los recursos de apelación
contra el fallo sancionatorio de primera instancia, se considera que no es
jurídicamente viable su decisión por separado de los referidos recursos, sino
dentro del trámite de estos, salvo que eventualmente prosperara (la nulidad)” 39.
Al respecto, la Sala considera que la manifestación de la entidad es contraria a lo
que informó en anterior el proceso con radicado 54001-23-33-000-2022-00041-01
e, incluso, en la contestación de este trámite en donde precisó que la solicitud de
nulidad “se debe evacuar antes de resolver la apelación del fallo de primera
instancia”.
Asimismo, la repuesta deja en vilo y sin una herramienta cierta que le permita al
ciudadano concretar el mandato que reclamó en esta oportunidad, aunado a que
señaló que “no es jurídicamente viable su decisión [la de nulidad] por separado”,
pero no sustentó su afirmación conforme al ordenamiento jurídico, pese a que la
39
Págs. núm. 14 a 16 del documento “ED_008 […]” del índice 2 de SAMAI.
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disposición invocada es diáfana en cuanto al término que impuso el legislador, y
se sobreentiende que debe ser resuelta de manera positiva o negativa, toda vez
que es una decisión pasible de recurso conforme los artículos 113 y 180 de la Ley
734 de 2002.
Adicionalmente, esta Sección considera que le asiste razón al impugnante en
tanto el proceso disciplinario fue provisto por el legislador para que se atendiera a
la celeridad y, en el proceso verbal, como lo es el procedimiento disciplinario
multicitado, toda vez que para esos trámites se dispuso la reducción de términos a
la mitad tanto para la salvaguarda del derecho al debido proceso administrativo de
los involucrados como a efectos del ejercicio de las funciones por parte del órgano
de control en nuestro país. En efecto, desde la sentencia C-1076 de 5 de
septiembre de 2002, la Corte Constitucional40 en cuanto al procedimiento
disciplinario verbal ha indicado:
”[…]
1. La voluntad del legislador.
Una lectura atenta de los antecedentes de la Ley 734 de 2002 ponen de presente
que fue la voluntad del Congreso de la República impregnar de una mayor celeridad
los trámites disciplinarios, pero bajo determinadas condiciones:
"En la época actual, en que la celeridad es elemento esencial de la eficacia, es
preciso que los órganos de control cuenten con herramientas legales ágiles y
dinámicas que permitan dar respuestas oportunas, cuando todavía la sociedad
resiente la conducta irregular del funcionario o el daño acusado, y no cinco años
después cuando la sanción ha perdido tanto la pertinencia como sus efectos
reparadores. Este es el criterio que orienta e inspira el procedimiento disciplinario
previsto en el último libro del proyecto. Por esta razón, se creó un procedimiento
verbal simplificado a la realización de una audiencia dentro de los dos días
siguientes a la verificación de la situación de flagrancia o al conocimiento del hecho;
es aplicable por el jefe inmediato cuando la falta sea leve o cuando el servidor
público sea sorprendido en flagrancia o confiese la autoría de una falta grave o
gravísima.[41]”.
Adviértase entonces que el legislador quiso establecer el trámite verbal para casos
muy concretos, en función de la confesión del hecho, la comisión en flagrancia o
cuando se tratase de determinadas faltas disciplinarias […]“.
Ahora bien, el hecho del tránsito normativo generado por la vigencia de la Ley
2094 de 2021 y la separación de las funciones de instrucción y juzgamiento en la
Procuraduría General, son circunstancias que deben entenderse superadas toda
vez que la entidad, en la contestación de la demanda, aseguró que el expediente
40
Cfr. Corte Constitucional, sentencia de 5 de septiembre de 2002, expedientes D-3954 y D-3955
(acumulados), M.P. Clara Inés Vargas Hernández, citada entre otras, como en la sentencia C-763
de 29 de octubre de 2009, expediente D-7675, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
41
[En la providencia se citó: “[47] Gaceta del Congreso núm. 291 del 27 de julio de 2000, Senado de
la República, Proyecto de Ley Número 19 de 2000, p. 24”].
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disciplinario fue entregado a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores
Públicos de Elección Popular desde el 23 de junio de 202242.
Lo anterior hace que actualmente, los inconvenientes surgidos por el tránsito
legislativo, la división de funciones, la redistribución y asignación de labores en el
interior del organismo, con base en la Resolución 207 de 2021, no sean
obstáculos que le impidan observar el término para decidir la nulidad en el
procedimiento disciplinario.
En cuanto a que el expediente se compone de ocho (8) cuadernos, veintisiete (27)
CD43 con más de veinte (20) audios, son tres (3) sujetos los investigados y
comprende varios cargos y extensas apelaciones. La Sala considera que el
legislador no hizo distinción alguna sobre el particular y como se anotó su voluntad
fue enfática para que se resolviera de forma célere. En todo caso, para efectos de
decidir la nulidad la actuación es una sola y, en la respuesta de 7 de septiembre
de 202244, se informó que la sala competente se encuentra en el estudio del caso,
desde el 23 de junio de esta anualidad, pero tampoco ha concretado el
cumplimiento del deber legal y el término establecido para ese fin no se ha
atendido en la actualidad después de cuatro meses.
Igualmente, el asunto disciplinario puesto a su conocimiento se encuentra en el
segundo orden dentro la priorización fijada por la misma entidad y tampoco se ha
evacuado. Se recuerda en materia de acción de cumplimiento, en sentencia C-157
de 1998, la Corte Constitucional indicó que: “[…] el deber de cumplir una norma
legal o un acto administrativo no admite gradaciones, esto es, la autoridad cumple
o no cumple, y naturalmente, no cumple o incumple a medias; el incumplimiento
es algo que debe ser apreciado dentro de la autonomía e independencia del juez
para juzgar en el caso concreto. […]”. (Subraya la Sala).
De acuerdo con todo lo anterior, la Sala considera que no es justificable la mora y
entendiendo que la entidad, luego de la asignación del proceso al funcionario
respectivo, está en el análisis de los documentos del proceso, pero ante el
transcurso de cuatro meses tampoco ha resuelto sobre el asunto, se estima que
se debe revocar la decisión de primera instancia y establecer el término para que
la entidad defina la nulidad en el proceso disciplinario que conoce en segunda
instancia.
En ese orden de ideas, se tiene que: (i) el artículo 147 de la Ley 734 de 2002 fijó
cinco días para resolver la nulidad; (ii) el artículo 21 de la Ley 393 de 1997 prevé
el de 10 días para el cumplimiento del deber legal y; (iii) la accionada indicó que al
finalizar este año adoptará una decisión. En consecuencia, la Sala concederá el
término de diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia
42
Págs. núm. 14 a 16 del documento “ED_008 […]” del índice 2 de SAMAI.
43
“CD. Sigla del inglés compact disc (‘disco compacto’; → (disco) compacto)[…]”.
https://www.rae.es/dpd/CD
44
Págs. núm. 14 a 16 del documento “ED_008 […]” del índice 2 de SAMAI.
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para que la Procuraduría General de la Nación resuelva sobre la nulidad en el
proceso disciplinario IUS-E-2018-013637 IUC– D–2018-106252845.
En cuanto a la pretensión segunda de la demanda, la Sala se negará porque el
actor solo agotó en renuencia a la demandada frente al artículo 147 de la Ley 734
de 2002 y, como se explicó, el deber que contiene la disposición no es el de
proferir la decisión de segunda instancia sino el de resolver la nulidad.
Se aclara que, si bien las sentencias que dictó esta Sección fueron citadas en los
escritos de renuencia y en la demanda, tal circunstancia no implica que las normas
que fueron objeto de estudio en esos procesos hacen parte de este trámite. En
efecto, se entiende la insistencia y protección del interés general que embarga al
ciudadano actor para que sea resuelto el asunto disciplinario, pero tal razón no
conlleva que la Sala deba tener por superada la renuencia46 o implícita la solicitud
de acatamiento respecto de disposiciones no exigidas expresamente como se
planteó en la segunda pretensión.
En suma, la sentencia impugnada será revocada y, en su lugar, se accederá a la
pretensión primera de la demanda, para lo cual la Sala concederá a la
Procuraduría General un término de 10 días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de esta providencia, para que se pronuncie sobre la nulidad del trámite
IUS-E-2018-013637 IUC– D–2018-1062528 y se negará la pretensión segunda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley
III. FALLA:
PRIMERO. Negar el traslado del proceso a la Sala Plena de esta Corporación,
según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Revocar la sentencia de 3 de octubre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
TERCERO. Declarar el incumplimiento del artículo 147 de la Ley 734 de 2002. En
consecuencia, ordenar a la Procuraduría General de la Nación, por conducto de
su Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular,
que resuelva la nulidad en el proceso disciplinario acumulado IUS-E-2018-013637
IUC –D–2018-1062528 en el término de diez (10) días hábiles siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
45
En un caso similar al presente asunto, puede consultarse el radicado n.º 25000-23-41-000-2021-
00200-01 (ACU), M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
46
Como se explicó en el acápite pertinente para la renuencia es necesario “[…] el señalamiento
preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se
funda el incumplimiento.” En este caso, solo ocurrió en cuanto al artículo 147 de la Ley 734 de
2002.
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Demandado: Procuraduría General de la Nación
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CUARTO. Negar la pretensión segunda de la demanda, conforme lo explicado en
esta sentencia.
QUINTO. Notificar a las partes del presente asunto en la forma prevista en el
artículo 22 de la Ley 393 de 1997.
SEXTO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Salva el voto
(firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Login
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