Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2023-00076-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2023-00076-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 54001-23-33-000-2023-00076-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
8 de junio de 2023
Demandante: Claudia Isabel Lasprilla Toro
Demandado: Presidencia de la República y otros
Radicado: 54001233300020230007601
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 54001-23-33-000-2023-00076-01
Accionante: CLAUDIA ISABEL LASPRILLA TORO
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y OTROS
Temas: Confirma decisión de primera instancia que ordenó el
cumplimiento del parágrafo 1.º del artículo 52 de la Ley 489 de
1998. Subrogación de obligaciones contractuales de la E.S.E.
Francisco de Paula Santander. Inexistencia de cosa juzgada
respecto de la sentencia del 29 de abril de 2021 de la Sección
Quinta del Consejo de Estado.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por el Ministerio de Salud y Protección
Social contra la sentencia de 4 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, que ordenó el cumplimiento del parágrafo
1.º1 del artículo 52 de la Ley 489 de 19982.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de cumplimiento
1. Mediante correo electrónico del 23 de marzo de 2023, la señora Claudia
Isabel Lasprilla Toro ejerció la acción de cumplimiento contra la Presidencia de la
1
“PARÁGRAFO 1.- El acto que ordene la supresión, disolución y liquidación, dispondrá sobre la
subrogación de obligaciones y derechos de los organismos o entidades suprimidas o disueltas, la
titularidad y destinación de bienes o rentas, los ajustes presupuestales necesarios, el régimen
aplicable a la liquidación y, de conformidad con las normas que rigen la materia, la situación de los
servidores públicos”
2
Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones.
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Demandante: Claudia Isabel Lasprilla Toro
Demandado: Presidencia de la República y otros
Radicado: 54001233300020230007601
República, el Departamento Administrativo de la Función Pública y los Ministerios
del Interior, de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y del Derecho, y de Salud y
Protección Social, con el fin de obtener el acatamiento del parágrafo 1.º del
artículo 52 de la Ley 489 de 1998.
1.2. Pretensiones de la demanda
2. Del escrito de la demanda se deriva que lo pretendido es que se le
ordene a las accionadas que en cumplimiento del parágrafo 1.º del artículo 52 de
la Ley 489 de 1998, se establezca qué entidad subrogaría las obligaciones
contractuales de la E.S.E. Francisco de Paula Santander liquidada.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
3. Mediante el Decreto 810 de 2008 el Gobierno nacional ordenó la supresión
y liquidación de la E.S.E. Francisco de Paula Santander:
no dispuso que entidad subrogaría en sus obligaciones contractuales de la entidad
liquidada, toda vez, que el Patrimonio Autónomo de Remanente de la ESE Francisco de
Paula de Santander ni la Fidupopular S.A., en su condición de vocera y administradora del
citado fideicomiso, no son continuadores del proceso liquidatario de la citada entidad
liquidada, ni subrogatorios a ningún título de la extinta entidad (resaltado de la Sala).
4. Según la ciudadana, el Gobierno nacional lo hizo cuando expidió el Decreto
415 de 20223, que reguló lo relacionado con la subrogación de obligaciones en
materia de condena de sentencias contractuales y extracontractuales, el cual se
emitió en cumplimiento del fallo del 29 de abril de 2021 de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, expediente n.º 54001-23-33-000-2020-00616-01. En concreto,
la demandante puntualizó:
Que en una situación similar el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante
sentencia de 16 de diciembre de 2020, confirmada a través de sentencia de 29 de abril de
2021, proferida por la Sala Contencioso Administrativa- Sección Quinta del Consejo de
Estado, dentro de la acción de cumplimiento No. 54001-23-33-000-2020-00616-01 estableció
que el Gobierno Nacional deberá dar cumplimiento al parágrafo 1 del artículo 52 de la Ley
489 de 1998, en el sentido de disponer sobre la subrogación de las obligaciones de la extinta
ESE Francisco de Paula Santander, en materia de condena de sentencias contractuales y
extracontractuales, al considerar que dicha materia no fue reglamentada dentro del decreto
que ordenó la liquidación de la mencionada empresa social del estado y por ello el Gobierno
Nacional profirio al Decreto 415 del 24 de marzo de 2022 pero se guardó silencio sobre las
obligaciones netamente contractuales las cuales tambien deben ser subrogadas conforme el
Parágrafo 1º del Articulo 52 de la ley 489 de 1998 (el texto transcrito corresponde al original
de la demanda, por lo que puede tener errores).
3
Por el cual se dispone la subrogación de las obligaciones de la extinta ESE Francisco de Paula
Santander en materia de condena de sentencias contractuales y extracontractuales.
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5. El 15 de febrero de 2023, la señora Lasprilla Toro le envió a las accionadas
un requerimiento para que acaten lo dispuesto en el parágrafo 1.º del artículo 52
de la Ley 489 de 1998 en relación con las obligaciones de carácter contractual.
6. Mediante el Oficio n.º 202311700422001 de 2 de marzo de 2023, el
Ministerio de Salud y Protección Social le contestó que aquella obligación se
cumplió con el Decreto 415 de 2022. En igual sentido respondió la cartera de
justicia con el Oficio n.º MJDOF123-0007122GDJ10400 de 1.º de marzo de 2023.
1.4. Actuaciones procesales relevantes
1.4.1. Admisión de la demanda
7. Por auto del 28 de marzo de 2023, el magistrado ponente admitió la acción
de cumplimiento. En consecuencia, ordenó notificar tanto a la demandante como
a las demandadas y al agente del Ministerio Público. Además, vinculó como
tercera con interés a la Fiduciaria Popular S.A. – Patrimonio Autónomo de
Remanentes de la E.S.E. Francisco de Paula Santander.
1.4.2. Contestación de la demanda
8. En la siguiente tabla se incorpora la síntesis de las respuestas recibidas.
Entidad Síntesis de la respuesta
Presidencia de la Se opuso a las pretensiones. En primer lugar, explicó que la entidad
República no es competente para atender los requerimientos de la actora,
tampoco es la destinataria de las normas presuntamente
desacatadas. En ese orden, advirtió que carece de legitimación en
la causa por pasiva porque la Presidencia de la República es un
departamento administrativo diferente del presidente de la república.
Además, conforme a los artículos 115 de la Constitución y 159 del
CPACA, la representación de los actos que expide el Gobierno
nacional está en cabeza del ministro o director correspondiente y no
del primer mandatario.
En segundo lugar, señaló que existe cosa juzgada y, solicitó que se
declare la improcedencia de la acción, porque se expidió el Decreto
415 de 2022, que reguló la subrogación de obligaciones en materia
de condena de sentencias contractuales y extracontractuales, a
partir de la orden del fallo del 29 de abril de 2021 de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, exp. 2020-00616-01.
Ministerio de Afirmó que existe cosa juzgada porque mediante sentencia del 29
Hacienda y de abril de 2021, exp. 2020-00616-01, el Consejo de Estado se
Crédito Público pronunció sobre las mismas pretensiones.
Ministerio de Se opuso a lo pedido en la demanda porque aquello fue satisfecho
Salud y con el Decreto 415 de 2022, a través del cual se dio cumplimiento a
Protección Social la sentencia del 29 de abril de 2021 de la Sección Quinta del
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Consejo de Estado, exp. 2020-00616-01.
Ministerios del En primer lugar, señaló que en el presente caso existe cosa juzgada
Interior y de porque lo pedido ya fue objeto de pronunciamiento en el fallo del 29
justicia y del de abril de 2021 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, exp.
Derecho 2020-00616-01, en virtud del cual se expidió el Decreto 415 de
2022.
En segundo lugar, solicitaron la desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, en tanto que esas carteras no
tienen competencia para adoptar lo pedido en la demanda.
Departamento En primer lugar, afirmó que no existe el incumplimiento denunciado
Administrativo de en la demanda porque las obligaciones y el pago de las
la Función Pública providencias judiciales contractuales y extracontractuales está a
cargo del Ministerio de Salud y Protección Social, autoridad que, en
virtud de la orden judicial del 29 de abril de 2021, exp. 2020-00616-
01 del Consejo de Estado, se expidió el Decreto 415 de 2022.
En segundo lugar, formuló la excepción de inepta demanda por
incumplimiento de los requisitos formales, dado que no se formuló
ninguna pretensión.
Finalmente, solicitó que se declaren probadas las excepciones de
cosa juzgada y de falta de legitimación en la causa por pasiva, bajo
similares argumentos a los que expusieron las entidades
demandadas.
Fiduciaria Popular Se opuso a las pretensiones de la demanda porque no se ha
S.A. – Patrimonio incumplido el parágrafo 1.º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, en
Autónomo de tanto que se expidió el Decreto 415 de 2022. En esa medida,
Remanentes de la propuso la excepción de cosa juzgada porque la misma cuestión fue
E.S.E. Francisco estudiada en la sentencia del 29 de abril de 2021 de la Sección
de Paula Quinta del Consejo de Estado, exp. 2020-00616-01. Finalmente,
Santander adujo que existe carencia actual de objeto por hecho superado
porque lo pedido está incorporado en el Decreto aludido.
1.4.3. Fallo impugnado
9. En la sentencia de 4 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, en primer lugar, declaró no probadas las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva y de cosa juzgada. En segundo lugar, declaró
que las accionadas no han cumplido el parágrafo 1.º del artículo 52 de la Ley 489
de 1998. En tercer lugar, les ordenó a las autoridades que, en el plazo de dos
meses, contados a partir de la ejecutoria de ese proveído, dispongan la
subrogación de obligaciones de la extinta E.S.E. Francisco de Paula Santander
“en materia de obligaciones contractuales”.
10. Frente a la cosa juzgada, el Tribunal explicó que en el proceso n.º 2020-
00616-01 que finalizó con la sentencia del 29 de abril de 2021 y la aclaración del
13 de mayo de 2021, la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió una
cuestión sustancialmente diferente porque en esa oportunidad el órgano de cierre
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se pronunció sobre la subrogación de las obligaciones derivadas de sentencias de
la extinta E.S.E. Francisco de Paula Santander, “lo que excluyó tajantemente otras
formas de obligaciones”. Añadió que lo expuesto se reafirma con el contenido del
Decreto 415 de 2022 que no hace alusión a las obligaciones contractuales.
11. En cuanto a las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
la primera instancia señaló que las entidades accionadas, por mandato del
Decreto 810 de 2008, “tienen indistintamente interés en el proceso de liquidación
de la E.S.E. Francisco de Paula Santander”, de ahí que deban ser llamadas al
presente trámite.
12. Finalmente, el a quo determinó que el parágrafo 1.º del artículo 52 de la Ley
489 de 1998 le impuso al Gobierno nacional el deber de disponer la subrogación
de las obligaciones contractuales de la entidad suprimida, sin embargo, constató
que el Decreto 810 de 2008 no lo previó y tampoco lo hizo el Decreto 415 de 2022,
ya que esta última norma dispuso “la subrogación de las obligaciones de la extinta
ESE Francisco de Paula Santander en materia de condena de sentencias
contractuales y extracontractuales”, es decir, no se dijo nada frente a lo pedido en
esta demanda.
1.4.4. Impugnación
13. La apoderada del Ministerio de Salud y Protección Social impugnó el
anterior proveído y solicitó que se revoque la decisión del a quo porque la entidad
expidió el Decreto 415 de 2022, según el cual es competencia de esa cartera
“asumir el pago de las sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas, derivadas
de las obligaciones contractuales y extracontractuales a cargo de la liquidada
Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander”.
14. De otra parte, explicó que el régimen aplicable a la liquidación de la E.S.E.
Francisco de Paula Santander es el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en
virtud del cual, todos aquellos que consideren que tienen una acreencia, debían
presentar la reclamación y le correspondía al liquidador calificar y graduar la
deuda. En este punto, explicó que las obligaciones contractuales, generalmente
son quirografarias, dependiendo de la prelación de créditos establecida, y su pago
depende de la disponibilidad de recursos.
15. Agregó que todas las obligaciones de la E.S.E. Francisco de Paula
Santander debieron reclamarse en el proceso liquidatorio y “las únicas
obligaciones que a hoy no hacen parte del proceso liquidatorio son las sentencias
contractuales o extracontractuales”, pues ya se “graduaron y calificaron las
acreencias u obligaciones”.
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16. Para finalizar, insistió en que “hoy únicamente pueden ser exigibles a través
de un proceso judicial, que termina con una sentencia judicial de origen
contractual y extracontractual”, lo cual fue resuelto con el Decreto 415 de 2022,
por lo que concluyó que el Gobierno nacional “cumplió con su obligación y en el
presente caso, es claro que existe cosa juzgada”.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
17. Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por el
Ministerio de Salud y Protección Social contra la sentencia de primera instancia
del 4 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, de conformidad con lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de
19974, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 20115, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia
de la Sección Quinta de la corporación para conocer de las “apelaciones contra
las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales
Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento”.
2.2. Problemas jurídicos a resolver en la presente acción de cumplimiento
18. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la
sentencia del 4 de mayo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, que concedió las pretensiones de la acción de cumplimiento, para
lo cual se resolverán los siguientes problemas jurídicos: ¿la parte actora cumplió
con la constitución en renuencia a la Presidencia de la República, al Departamento
Administrativo de la de la Función Pública y los Ministerios del Interior, de
Hacienda y Crédito Público, de Justicia y del Derecho, y de Salud y Protección
Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?
19. De ser afirmativa la respuesta, deben resolverse los siguientes problemas
4
“ARTÍCULO 3o. COMPETENCIA. <Ver Notas del Editor> De las acciones dirigidas al
cumplimiento de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera
instancia los Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda
instancia será competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual
pertenezca el Juzgado Administrativo.
PARÁGRAFO. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán
resueltas por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga
parte el Consejero a quien corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la
correspondiente Secretaría. El reparto se efectuará por el Presidente de la Corporación, entre
todos los Magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en
funcionamiento los Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los
Tribunales Contenciosos Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado tratándose de
acciones dirigidas al cumplimiento de un Acto Administrativo.”.
5
Modificado por la Ley 2080 de 2021.
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jurídicos: ¿se configura el fenómeno de cosa juzgada respecto de la sentencia del
29 de abril de 2021 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, proceso n.º
2020-00616-01? Y, finalmente, ¿hay lugar a ordenar a las autoridades accionadas
el acatamiento del parágrafo 1º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998?
2.3. Razones jurídicas de la decisión
20. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se estudiarán los
siguientes temas: (i) naturaleza de la acción de cumplimiento; (ii) requisito de
procedibilidad; y (iii) análisis del caso concreto.
2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
21. La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la
Constitución Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "acudir
ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo
1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que "[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".
22. Colombia es un Estado social de derecho y dentro de sus fines esenciales
está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las
autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.°
de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este
postulado logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos
expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones
públicas.
23. De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento
adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen
funciones públicas, y ante el inminente incumplimiento la efectividad de las
normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. En la sentencia
C-157 de 1998, la Corte Constitucional señaló,
el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
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asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo 6 (subraya fuera
del texto).
24. Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido
de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes
requisitos mínimos:
24.1 Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1.º)7.
24.2 Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en
cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones
públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de
cumplimiento.
24.3 Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento (artículo 8.º).
24.4 El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de
este requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda.
24.5 Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento
judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo
omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio
grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace
procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la
protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de
tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la
administración (artículo 9.º).
25. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la
Sala precisa que el estudio del fondo del asunto se circunscribe a determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de la autoridad pública
o del particular, en ejercicio de funciones públicas, y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, (artículos 5.º y 6.º). En
6 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell
y Hernando Herrera Vergara.
7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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ese orden, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de las
pretensiones de este mecanismo.
2.3.2. De la renuencia
26. El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia
con el numeral 5.° del artículo 10 ibídem, estableció como requisito de
procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el accionante
aporte la prueba de haber pedido a la entidad accionada en forma directa y con
anterioridad al ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o
administrativo presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad
requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud.
De esta manera quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad
administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.
27. Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga
de probar que constituyó en renuencia a la Presidencia de la República, al
Departamento Administrativo de la Función Pública y los Ministerios del Interior,
de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y del Derecho, y de Salud y Protección
Social, antes de instaurar la demanda.
28. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante
tener en cuenta, como lo ha señalado la Sala, que “el reclamo en tal sentido no es
un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el
propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento”8.
29. Para satisfacer este requisito, el 15 de febrero de 2023 la parte actora
elevó una petición ante las accionadas con el objetivo de constituirlas en
renuencia frente al acatamiento del parágrafo 1.º del artículo 52 de la Ley 489 de
1998.
30. Encontrándose dentro del término legal del artículo 8.º de la Ley 393 de
1997, el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante el Oficio del 1.º de marzo
de 2023, contestó en forma negativa el requerimiento de la señora Lasprilla Toro.
Frente a las demás accionadas, el término venció sin que se hubiere recibido
respuesta, por lo que se entiende agotado el requisito de constitución en
renuencia.
8 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres
Cuervo.
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2.3.3. De la procedencia de la acción de cumplimiento
31. En el presente caso, la demanda está dirigida a que se ordene a las
entidades accionadas cumplir el parágrafo 1.º del artículo 52 de la Ley 489 de
1998, cuyo texto es el siguiente:
“ARTICULO 52. DE LA SUPRESIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES
U ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS NACIONALES. El Presidente de la República
podrá suprimir o disponer la disolución y la consiguiente liquidación de entidades y
organismos administrativos del orden nacional previstos en el artículo 38 de la presente
ley cuando:
(…)
PARÁGRAFO 1o. El acto que ordene la supresión, disolución y liquidación, dispondrá
sobre la subrogación de obligaciones y derechos de los organismos o entidades
suprimidas o disueltas, la titularidad y destinación de bienes o rentas, los ajustes
presupuestales necesarios, el régimen aplicable a la liquidación y, de conformidad con las
normas que rigen la materia, la situación de los servidores públicos.”
32. La norma transcrita se encuentra vigente y surtiendo plenos efectos, ya que
contiene un mandato expreso y exigible. En este punto, es preciso reiterar las
consideraciones de este tribunal en la sentencia del 29 de abril de 2021, en la que
se concluyó:
Frente a la norma que se dice incumplida, la Sección Quinta del Consejo de Estado 9 ha
indicado que todos los elementos antes descritos se encuentran satisfechos, es decir,
determinó que el parágrafo 1º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998 sí contiene un mandato
imperativo e inobjetable.
En efecto, la simple lectura de la norma que se dice incumplida, se desprende que aquella
impone al Gobierno Nacional la obligación de disponer sobre la subrogación de las
obligaciones y derechos de las entidades suprimidas, disueltas y/o liquidadas. Sin embargo,
lo anterior no significa que, de forma automática, deba ordenarse el cumplimiento de la
norma, pues previo a emitir una orden en ese sentido es deber del juez determinar si aquella,
en el caso concreto, se encuentra insatisfecha o si es exigible para las autoridades
demandadas.
33. Además, la actora no cuenta con otro medio de defensa judicial efectivo
para obtener el cumplimiento de la norma aludida. Tampoco se genera algún
gasto, puesto que lo pedido está relacionado con una obligación de hacer que se
concreta con la expedición de un acto administrativo.
2.3.4 Caso concreto
34. Para resolver el asunto bajo examen, la Sala se pronunciará en primer
lugar, sobre la solicitud de declaratoria de cosa juzgada pedida por la entidad en el
escrito de impugnación y, finalmente, se procederá a establecerse si existe un
9 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación Nº 76001-23-33-000-
2015-01089-01 CP. Rocío Araujo Oñate, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de
2016, radicación Nº 25000-23-41-000-2016-01613-01 CP. Alberto Yepes Barreiro, entre otras.
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mandato imperativo e inobjetable que no ha sido satisfecho por el Gobierno
nacional ni con el Decreto 810 de 2008 ni con el Decreto 415 de 2022.
35. En primer lugar, el Ministerio de Salud y Protección Social afirmó que existe
cosa juzgada porque mediante la sentencia del 29 de abril de 2021, la Sección
Quinta del Consejo de Estado se pronunció sobre lo pedido en esta demanda e,
incluso, en cumplimiento de la orden judicial se expidió el Decreto 415 de 2022
que reguló la materia.
36. Frente a lo anterior, lo primero que debe señalar la Sala es que esta
cuestión fue advertida al juez de primera instancia que decidió resolverla en forma
negativa. Lo segundo, es que esta Sección prohija lo señalado por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
37. Esto porque en la sentencia del 29 de abril de 2021, expediente n.º 2020-
00616-01, esta Sala se pronunció sobre una demanda con identidad de la parte
accionada y de causa, sin embargo, perseguía un objeto distinto.
38. Es decir, ambas acciones están dirigidas contra la Presidencia de la
República, el Departamento Administrativo de la Función Pública y los Ministerios
del Interior, de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y del Derecho, y de Salud y
Protección Social. Esto porque tanto en la primera como en la segunda se
consideró que el Decreto 810 de 2008 que ordenó la liquidación de la E.S.E
Francisco de Paula Santander omitió aplicar el parágrafo 1.º del artículo 52 de la
Ley 489 de 1998.
39. Sin embargo, en el primer caso, se solicitaba el acatamiento de la norma
aludida en punto de la subrogación de obligaciones derivadas de sentencias
contractuales y extracontractuales, mientras que en este asunto, se reclama el
cumplimiento de la norma legal en punto de la subrogación de las obligaciones
contractuales.
40. Para la Sala se trata de dos objetos sustancialmente distintos por razón de
su origen, pues la fuente de la primera obligación es una decisión judicial, mientras
que la segunda emana de “las obligaciones contractuales de la entidad
liquidada”. Esto es suficiente para concluir que no existe identidad de objeto, por
lo que mal podría declararse la existencia de cosa juzgada.
41. Por si lo anterior fuera poco, vale traer a colación la decisión del 29 de abril
de 2021 que confirmó la decisión de primera instancia del 16 de diciembre de
2020 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que dispuso lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por Ministerio de Salud y Protección Social y Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
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SEGUNDO: DECLARAR que la Presidencia de la República, los Ministerios de Hacienda y
Crédito Público, Salud y Protección Social, Interior, Justicia y del Derecho y los
Departamentos Administrativos de la Función Pública y de la Presidencia de la República
han incumplido el mandato contenido en el artículo 52 parágrafo 1o de la Ley 489 de 1998.
TERCERO: ORDENAR al Gobierno Nacional conformado en esta oportunidad por la
Presidencia de la República y los Ministros de Hacienda y Crédito Público, Salud y
Protección Social, Interior, Justicia y del Derecho y los Departamentos Administrativos de la
Función Pública y de la Presidencia de la República, el cumplimiento del parágrafo 1o del
artículo 52 de la Ley 489 de 1998, en el sentido de que se disponga sobre la
subrogación de las obligaciones de la extinta ESE Francisco de Paula Santander, en
materia de condena de sentencias contractuales y extracontractuales, dentro de los dos
(2) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, teniendo en cuenta la complejidad del
tema (se resalta)”.
42. Frente al fallo aludido en el ítem anterior, el entonces demandante “solicitó
aclarar que la obligación que se debe cumplir por parte del gobierno nacional no
es solo en relación con las obligaciones judiciales contractuales y
extracontractuales, si no todas las que tenía la ESE ya liquidada”. Tal petición fue
negada, mediante providencia así:
“De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que al confirmar la orden de primera instancia se
ordenó a las accionadas subrogar las obligaciones de acuerdo con lo pretendido y las
razones en que sustentó el incumplimiento el accionante, por lo que la aclaración de la
sentencia no es el escenario para reformar o modificar la demanda de cumplimiento, por tanto
la tesis que expone implica reabrir un debate frente argumentos nuevos y no expuestos. En
consecuencia, se negará la solicitud de aclaración formulada por el señor Juan José Yáñes
García”.
43. En cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social
expidió el Decreto 415 del 24 de marzo de 2022, según el cual:
“Artículo 1. De la competencia para la asunción del pago de las sentencias derivadas de
obligaciones contractuales y extracontractuales. Será competencia del Ministerio de Salud y
Protección Social asumir el pago de las sentencias judiciales debidamente
ejecutoriadas, derivadas de las obligaciones contractuales y extracontractuales a
cargo de la liquidada Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander. Para
estos efectos, el valor de las obligaciones a que hace referencia el presente artículo, será
pagado con cargo a los activos líquidos y no líquidos transferidos por el liquidador al
momento de suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil No. 062 de 2009, por medio del cual
se constituyó el Patrimonio Autónomo de Remanentes de la ESE Francisco de Paula
Santander hasta que se hayan descontado la totalidad de estos recursos, en cumplimiento
de las normas vigentes sobre liquidación de entidades públicas; una vez se agoten estos
recursos, la Nación, por intermedio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizará la
asignación presupuestal en el Presupuesto General de la Nación, respecto a los rubros
correspondientes al Ministerio de Salud y Protección Social.
Parágrafo. Esta asunción excluye cualquier otra obligación de la liquidada Empresa
Social del Estado Francisco de Paula Santander que esté determinada o pueda
determinarse (se resalta).
44. Las transcripciones evidencia que la orden judicial, ya cumplida, apuntaba a
que se expidiera la reglamentación relacionada con la subrogación de las
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obligaciones contractuales y extracontractuales derivadas de sentencias
debidamente ejecutoriadas, situación jurídica diferente de la que reclama la señora
Lasprilla Toro que persigue a que se establezca la entidad qué subrogará las
obligaciones contractuales de la extinta E.S.E. Francisco de Paula
Santander.
45. Por lo anterior, la Sala negará la solicitud de declaratoria del fenómeno de
cosa juzgada, en tanto que lo pretendido en esta acción de cumplimiento no fue
estudiado en la sentencia del 29 de abril de 2021 de esta corporación, ni tampoco
se subsume en el Decreto 415 de 2022.
46. En segundo lugar, el Ministerio de Salud y Protección Social argumentó que
el mandato del parágrafo 1.º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998 se encuentra
cumplido porque la liquidación de la E.S.E. Francisco de Paula Santander se
encuentra enmarcada no solo en el Decreto 810 de 2008 sino en las normas del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por virtud de las cuales, los acreedores
debieron presentar la respectiva reclamación ante la entidad en liquidación para
que su obligación fuese graduada y, posteriromente, cancelada.
47. En este punto, es preciso mencionar que lo discutido no es el trámite de
reclamación y obtención de pago de las acreencias de la extinta empresa social
del Estado, sino que se pretende que se señale la entidad que subrogará las
obligaciones contractuales.
48. De la revisión del Decreto 810 de 2008, “por el cual se suprime la Empresa
Social del Estado Francisco de Paula Santander y se ordena su liquidación”, se
observa que el Gobierno nacional ordenó la supresión y liquidación del centro
asistencial por lo que en ese acto normativo se debió disponer sobre la
subrogación de derechos y obligaciones de tal entidad. Al efecto, se establecieron
las funciones del liquidador, la prohibición de iniciar nuevas actividades, el deber
de realizar los inventarios, la venta de activos, el paso de las obligaciones
laborales y pensionales, así como a la subrogación de los contratos de salud; pero
nada se dijo acerca de la subrogación de las obligaciones contractuales, tal y
como exige el parágrafo 1º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998.
49. Además, como se explicó líneas atrás, tal obligación tampoco se satisfizo
con la sentencia del 29 de abril de 2021 ni con el Decreto 415 de 2022 por medio
del cual el Gobierno nacional dio cumplimiento a la orden judicial de esta Sección.
50. Así las cosas, la Sala encuentra que en el acto que suprimió y ordenó la
liquidación de la ESE Francisco de Paula Santander omitió hacer un
pronunciamiento expreso sobre la subrogación de las obligaciones contractuales,
pese a que el parágrafo 1º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998 así lo exige.
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51. En conclusión, la Sala confirmará la sentencia impugnada, pues los
argumentos del Ministerio de Salud y Protección Social no son suficientes para
modificar o revocar lo decidido por el Tribunal Administrativo de Norte Santander
que determinó incumplido el mandato contenido en el parágrafo 1.º del artículo 52
de la Ley 489 de 1998.
Conclusión
52. Como consecuencia de lo anterior, la Sala de Decisión confirmará la
decisión del 4 de mayo de 2023 del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de mayo de 2023 del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.
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