Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2024-00180-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2024-00180-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 54001-23-33-000-2024-00180-02
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
30 de octubre de 2025
Demandante: Óscar Mateo Caleño Amado
Demandado: Carlos Alberto Bolívar Corredor,
director regional Norte de Santander DPS
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00180-02
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00180-02
Demandante: ÓSCAR MATEO CALEÑO AMADO
Demandado: CARLOS ALBERTO BOLÍVAR CORREDOR, DIRECTOR
REGIONAL CÓDIGO 0042, GRADO 15, DE LA PLANTA DE
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL, REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Temas: Experiencia profesional relacionada. Decreto 1083 de 2015.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por los señores Óscar
Mateo Caleño Amado, demandante, y Carlos Roberto Mojica Cerquera, coadyuvante,
contra la sentencia de 31 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, a través de la cual denegó las pretensiones.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. El señor Óscar Mateo Caleño Amado, quien actúa en nombre propio, en ejercicio
del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda
contra el acto de nombramiento del señor Carlos Alberto Bolívar Corredor como director
regional código 0042, grado 15, de la planta de personal del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección Regional de Norte de
Santander, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:
Que se declare nula la Resolución No. 00774 del 14 de mayo de 2024 por la cual se
nombró al señor CARLOS ALBERTO BOLÍVAR CORREDOR como Director Regional
Código 0042 Grado 15 de la Dirección Regional Norte de Santander del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
1.2. Hechos
2. El demandante manifestó que el señor Carlos Alberto Bolívar Corredor, quien es
abogado de profesión, postuló su hoja de vida el día 9 de mayo de 2024 para el cargo
de director regional, código 0042, grado 15 de la Dirección Regional Norte de
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Demandante: Óscar Mateo Caleño Amado
Demandado: Carlos Alberto Bolívar Corredor,
director regional Norte de Santander DPS
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Santander, del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, documento en
el que hizo constar un total de siete años y un mes de tiempo de experiencia.
3. Señaló que a través de la Resolución No. 00774 de 14 de mayo de 2024, el
director de la entidad lo designó en el empleo mencionado, el cual a la fecha viene
siendo ejercido por el demandado.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
4. La parte actora invocó la causal de nulidad consagrada en el artículo 275,
numeral 5º, de la Ley 1437 de 2011. De igual manera, sostuvo que el nombramiento
demandado infringió los artículos 2.2.2.3.7 y 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, así
como la Resolución No. 02664 de 29 de diciembre de 2020 -Por la cual se actualiza el
Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales-, artículo 5.º, que
establece el requisito de experiencia profesional relacionada de sesenta y ocho meses
para desempeñar el cargo en el cual fue nombrado el demandado.
5. Al respecto, indicó que, de conformidad con el Manual Específico de Funciones
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el cargo de director
regional, código 0042, grado 15 es del nivel directivo, el cual exige la siguiente
experiencia:
a) Principal: 44 meses de experiencia profesional relacionada cuando se tenga
título profesional clasificado en los niveles básicos de conocimiento establecidos
allí, más título de especialización en áreas relacionadas con las funciones del
empleo y matrícula o tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley.
b) Alternativa No. 1: 68 meses de experiencia profesional relacionada cuando solo
se acredite el título profesional y la matrícula o tarjeta, según casos requeridos.
c) Alternativa No. 2: 44 meses de experiencia profesional relacionada cuando se
tenga título profesional clasificado en los núcleos básicos señalados y, además,
se cuente con título profesional adicional que sea afín con las funciones del
empleo, y matrícula o tarjeta en casos requeridos.
d) Alternativa No. 3. 56 meses de experiencia profesional relacionada cuando se
tenga título profesional clasificado y se acredite terminación y aprobación de
estudios profesionales adicionales con formación afín a las funciones del empleo,
y matrícula o tarjeta en casos requeridos.
6. Advirtió que el demandado aspiró al cargo únicamente acreditando un título de
pregrado en derecho, conforme a los núcleos básicos del conocimiento, junto con la
respectiva tarjeta profesional, evento en el cual debía contar con 68 meses de
experiencia profesional relacionada; sin embargo, no cumplió con el requisito en
mención en tanto no probó que haya desempeñado actividades o empleos que guarden
similitud con el cargo en el que fue designado.
7. Controvirtió las actividades relacionadas como experiencia por el demandado,
con fundamento en que no guardaron relación con el nivel jerárquico, las
responsabilidades y las funciones del cargo de director regional, perteneciente al nivel
directivo, cuyas competencias se ajustan a los verbos rectores de dirigir, definir,
gestionar, representar o administrar. De forma particular, manifestó lo siguiente frente a
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Demandante: Óscar Mateo Caleño Amado
Demandado: Carlos Alberto Bolívar Corredor,
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los certificados de experiencia aportados por el nombrado:
a. Contrato de prestación de servicios 254 de 2023, suscrito con la
Superintendencia de Servicios Públicos, en la modalidad de servicios
profesionales y apoyo a la gestión, ejecutado desde el 5 de junio de 2023 hasta
el 22 de diciembre de ese año. Frente a ello, el demandante indicó que la labor
desplegada en este caso por el demandado fue como enrutador, aun cuando la
ejerció bajo la calidad de abogado, no guarda relación con las funciones del
empleo de director regional.
b. Función de delegado del presidente de la República ante el Consejo Superior de
la Universidad Francisco de Paula Santander, desde el 22 de noviembre de 2022
hasta el 9 de mayo de 2024. Expuso que tal designación no corresponde al
ejercicio de un empleo público; además, los estatutos de la universidad no
incluyeron la calidad de profesional de derecho como requisito para ello y los
miembros del citado consejo desempeñan funciones públicas de forma
transitoria, puesto que se ejerce solo los días en que se realizan las sesiones
respectivas, para lo cual aportó constancia de la asistencia del demandado a
tales reuniones, expedida por la Secretaría General del ente universitario.
c. Desempeño como abogado asesor de la Fundación Progresar del 12 de mayo de
2018 al 7 de enero de 2020 y del 5 de octubre de 2020 al 20 de noviembre de
2022. Sostuvo que tal cargo no permite acreditar la experiencia requerida, dado
que su actividad no era como directivo de la entidad y los documentos aportados
no cumplen con los requisitos señalados por el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto
1083 de 2015.
d. Funciones como abogado asesor del Instituto Distrital para la Protección a la
Niñez y la Juventud (IDIPRON), del 25 de enero de 2018 al 2 de mayo de 2018 y
profesional universitario de la misma entidad, del 14 de febrero de 2017 al 12 de
enero de 2018. Arguyó que las actividades realizadas no guardan relación con el
nivel jerárquico y responsabilidades del cargo de director regional.
8. Solicitó que se excluyan todas esas actividades, salvo el desempeño en el cargo
de subsecretario de despacho ejercido en la Alcaldía de Cúcuta por 8 meses y 20 días,
tiempo que no es suficiente para acreditar el requisito de experiencia requerido para el
cargo designado.
9. Agregó que, para el desempeño del empleo ostentado por el demandado, el cual
es del nivel directivo, se requiere un poder de mando con ocasión de la posición
jerárquica que emplea; no obstante, la experiencia aportada no dio cuenta del ejercicio
de actividades de esa naturaleza.
1.4. Contestaciones de la demanda
1.4.1. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
10. La entidad, actuando por conducto de apoderado judicial, se opuso a las
pretensiones de la demanda con base en lo siguiente:
11. Manifestó que el nombramiento del demandado se ajustó al ordenamiento
jurídico. Además, no se evidenció con claridad que en la demanda se haya
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argumentado el desconocimiento de las normas que regulan la potestad de designación
de los directores regionales.
12. Señaló que el señor Carlos Bolívar sí reunió los requisitos para el desempeño del
cargo, en tanto acreditó un total de 5 años, 8 meses y 1 día de experiencia profesional,
por lo que cumplió con la exigencia mínima en ese sentido.
13. Recalcó que el demandante no hizo alusión a los presupuestos para desempeñar
el empleo de director regional de Prosperidad Social, sino que hizo referencia al
propósito principal del cargo y a algunas funciones, pero cometió una imprecisión al
fundar el concepto de la violación con el contenido funcional del empleo, de lo que
infirió unas exigencias no previstas en las normas.
14. Indicó que el demandado acreditó las funciones comunes de los servidores
públicos, con base en el informe de competencias del nivel directivo y según la
evaluación practicada el 2 de mayo de 2024 por la entidad, por lo que se tiene por
probado que la calificación fue satisfactoria al haberse obtenido un ponderado superior
o igual al 50%.
15. Propuso las siguientes excepciones de fondo:
• Inexistencia de proposición jurídica, por cuanto el cargo relacionado con el
requisito de experiencia profesional no ha sido vulnerado, en tanto el
nombramiento se expidió atendiendo a los requisitos constitucionales y
legales y al manual de funciones y competencias laborales.
• Legalidad del acto cuestionado, ya que el demandante no logró edificar ni
probar la causal de nulidad invocada.
• Inexistencia de elementos probatorios que determinen la ilegalidad del acto,
toda vez que el demandante no se soportó en pruebas que determinen el
acaecimiento de las vulneraciones enunciadas, pese a que le corresponde
dicha carga en los términos del artículo 167 del CGP.
1.4.2. Carlos Alberto Bolívar Corredor, demandado
16. El nombrado se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en lo
siguiente:
17. Adujo que en su hoja de vida se observa claramente que cuenta con siete años y
un mes de experiencia, información que fue verificada con el jefe de talento humano del
Departamento de Prosperidad Social.
18. Expuso que, desde la fecha en que obtuvo su título profesional en derecho -15
de diciembre de 2016-, a la fecha de la posesión en el cargo -mayo de 2024-,
transcurrieron 77 meses.
19. Explicó que la experiencia profesional relacionada debe estar encaminada dentro
del mismo marco de las funciones del cargo a proveer, por lo que pasó a referirse sobre
cada uno de los empleos o actividades frente a los cuales se presentaron las
acusaciones del demandante.
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20. En relación con la función como delegado del presidente de la República ante el
Consejo Superior de la UFPS, puntualizó que sí se cumple con la condición y
experiencia profesional relacionada, según el manual específico de funciones y
competencias laborales para el cargo en mención, previsto por el artículo 65 de la Ley
30 de 1992 y por el Acuerdo 019 de 1994, de lo cual extrajo que las 17 competencias
asignadas a él como director regional, están relacionadas con las contenidas en las
normas citadas.
21. Aclaró que la delegatura mencionada no fue transitoria ni se limitó a las sesiones
en el Consejo Superior, sino que obedeció a una designación por un periodo en el cual
fue permanente y constante el ejercicio de las funciones, ya que tuvo que interactuar
constantemente con el ministro de Educación y en múltiples ocasiones fue convocado a
reuniones virtuales con otros funcionarios.
22. En relación con el contrato de prestación de servicios No. 254 de 2023, suscrito
con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, alegó que las obligaciones
suyas como contratista en ese momento estuvieron relacionadas con el cargo de
director regional del DPS, en tanto la función de identificar los trámites que no sean de
resorte de la entidad y enviarlos por competencia reúne los verbos rectores del ejercicio
de la función pública como son dirigir, definir, gestionar, representar o administrar.
23. Sobre las actividades desarrolladas en la Fundación Progresar, comentó que
participó en escenarios de articulación interinstitucional con autoridades locales,
regionales y nacionales, función que está dentro del marco de las atribuidas al director
regional. Además, hizo parte del Sistema Nacional de Defensa de Derechos Humanos,
dentro del marco de las políticas públicas, y ejerció competencias relacionadas con
coordinación de acciones de promoción de los planes y proyectos de la organización,
en las intervenciones focalizadas en su territorio.
24. Finalmente, en cuanto a los servicios prestados en el Instituto Distrital para la
Protección de la Niñez y la Juventud, IDIPRON, puso de presente que el demandante
no hizo una descripción ni un marco comparativo de ello, sino que se limitó a hacer
alusión a los contratos que no reunían los requisitos, cuando debió probar tal alegato.
1.5. Actuaciones procesales relevantes en primera instancia
25. Por auto de 8 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander admitió la demanda y ordenó su notificación al demandado y al director del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. De igual manera, se denegó la
solicitud de suspensión provisional del acto acusado, elevada por el demandante 1.
26. A través de providencia de 21 de abril de 2025, se tuvo al señor Carlos Roberto
Mojica Cerquera como coadyuvante.
27. En proveído de 30 de mayo de 2025 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada, se incorporaron los documentos aportados por las partes y se denegaron
algunas solicitudes probatorias por impertinentes. Además, se corrió traslado por el
término de diez días para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para
1 Tras considerarse que «[…] para determinarse la presunta infracción alegada se requiere de mayores
elementos probatorios que en la actualidad no reposan en el expediente, por lo que no es posible
ahondar sobre el particular en esta providencia, sino en la sentencia razón por la cual será allí donde se
analice sobre el particular […]».
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rendir concepto. Conforme a lo señalado en dicho auto, se fijó el litigio bajo los
siguientes términos:
Determinar si debe declararse la nulidad de la Resolución No. 00774 del 14 de mayo
de 2024, por la cual se nombró al demandado Carlos Alberto Bolívar Corredor como
Director Regional Código 0042 Grado 15 del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social - Regional Norte de Santander, por incumplimiento del requisito de
experiencia profesional relacionada exigido para el cargo o si, por el contrario, el acto
administrativo de nombramiento se encuentra ajustado a derecho.
1.6. Sentencia de primera instancia
28. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en fallo de 31 de julio de 2025,
denegó las pretensiones de la demanda por las siguientes razones:
29. Precisó que de conformidad con el Decreto 1083 de 2015, y los lineamientos
jurisprudenciales del Consejo de Estado, la experiencia profesional relacionada se
acredita con los siguientes elementos:
*Que haya sido adquirida con posterioridad a la terminación y aprobación de
materias que conforman el pénsum académico del respectivo programa
universitario de formación profesional.
*Que se haya obtenido en ejercicio de las funciones o actividades propias de la
profesión.
*Que en los empleos desempeñados, se hayan cumplido funciones similares a las
del cargo a proveer, para lo cual, se debe tener en cuenta: el nivel jerárquico de
los mismos, la responsabilidad de los cargos, y haber desarrollado competencias
afines, semejantes, equivalentes, análogas o complementarias.
30. Argumentó que se encuentra acreditado que el 23 de abril de 2024, el
subdirector de Talento Humano del Departamento para la Prosperidad Social diligenció
el formato de acreditación de requisitos mínimos, aplicando la alternativa de 68 meses
de experiencia profesional relacionada con el señor Carlos Bolívar, para desempeñar el
cargo de director regional, código 0042, grado 15 de la entidad.
31. Manifestó que, en el mencionado documento, el DPS no tuvo en cuenta la
experiencia del contrato con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ni
la del cargo de representante del presidente ante el Consejo Superior de la Universidad
Francisco de Paula Santander; no obstante, procedió a analizar todos los tiempos
certificados.
32. Señaló que las funciones del director regional del DPS se encuentran
encaminadas a establecer las políticas, planes, programas de la entidad en el territorio
y actividades, representación, coordinación, suministro de información, seguimiento de
respuestas, definición de lineamientos de los planes y las propias del nivel directivo, por
lo que procedió a revisar cada una de las certificaciones de experiencia que el
demandado aportó antes de su nombramiento.
33. En relación con el contrato de servicios suscrito con el Instituto para la Protección
de la Niñez y la Juventud, IDIPRON, sostuvo que la experiencia fue adquirida con
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posterioridad a la terminación y aprobación de materias, tuvo como objeto la prestación
de servicios profesionales y el demandado estaba obligado a realizar actividades de
evaluación y seguimiento al Sistema Integrado de Gestión y al cumplimiento de metas,
planes, programas a través de auditorías, así como al seguimiento al desarrollo de la
política de administración de riesgo, lo cual es similar a la función enlistada en el
numeral 122 del manual de funciones para el cargo de director regional del DPS.
34. Frente a los contratos de prestación de servicios suscritos con la Fundación
Progresar, advirtió que fueron ejecutados con posterioridad a la obtención del título de
abogado, tuvieron como objeto prestar servicios profesionales de asesoría legal y
jurídica integral y se efectuaron funciones de coordinación, participación en escenarios
de articulación institucional y elaboración de lineamientos, las cuales son similares a las
funciones del nivel directivo y del director regional, previstas en los numerales 5 3 y 12
del manual de funciones.
35. Sobre los contratos suscritos con la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, consideró que no se acreditó que las obligaciones previstas allí tengan
relación con las funciones del cargo del demandado. Sin embargo, el DPS no tuvo en
cuenta el periodo de ejecución de los contratos para el cómputo de la experiencia
profesional.
36. En cuanto al cargo de subsecretario de despacho de la Subsecretaría de
Participación Comunitaria de la Alcaldía de San José de Cúcuta, argumentó que el
demandante no cuestiona la experiencia adquirida en ese empleo.
37. Frente a la designación del demandado como representante del presidente de la
República ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Francisco de Paula
Santander, adujo que no se cumple con el requisito de experiencia profesional en tanto
participó en dicha corporación al haber estado vinculado con el sector universitario.
38. Concluyó que la experiencia acreditada por el demandado fue de un total de 5
años, 8 meses y 11 días, por lo que cumplió con el mínimo de tiempo exigido, en la
siguiente forma:
2 Realizar la coordinación, seguimiento y ejecución de actividades administrativas para garantizar el
funcionamiento de la Dirección Regional de acuerdo con las políticas Institucionales.
3 Promover la articulación entre las políticas del Sector y las políticas adoptadas por las entidades
territoriales, conforme a las directrices institucionales.
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1.7. Recursos de apelación
39. Tanto la parte demandante como el señor Carlos Roberto Mojica Cerquera, quien
actúa como coadyuvante, instauraron oportunamente recursos de apelación contra el
fallo de primera instancia, como se relaciona a continuación:
1.7.1. Óscar Mateo Caleño Amado, demandante
40. Manifestó que no comparte los argumentos ni los medios de convicción que tuvo
en cuenta el tribunal para considerar como válida la experiencia relacionada con los
tiempos indebidamente computados al demandado como contratista de IDIPRON y de
la Fundación Progresar, por lo que aclaró que no controvierte lo relacionado con las
demás certificaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, del
Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander y de la Alcaldía de
San José de Cúcuta.
41. Señaló que el empleo de director regional, código 0042, grado 15 del DPS
pertenece al nivel directivo, de manera que las competencias, funciones y experiencia
son más exigentes por expreso mandato de la ley.
42. Sostuvo que el a quo incurrió en un error de hecho al considerar los contratos de
prestación de servicios suscritos con el IDIPRON y con la Fundación Progresar, toda
vez que pasó por alto que la ejecución de estos no puede considerarse como el
ejercicio de funciones del nivel directivo, ni mucho menos que las responsabilidades de
un contratista sean equiparables a un empleo público de esa equivalencia.
43. Arguyó que los contratos de prestación de servicios se caracterizan por la
autonomía técnica y administrativa del contratista, modalidad que resulta incompatible
con el ejercicio de funciones de un empleo del nivel directivo en el que se requiere
subordinación jerárquica permanente, continuidad en la dirección institucional,
responsabilidad administrativa integral, representación institucional ante otros entes y
administración directa de personal y de recursos.
44. Indicó que los contratos de esa naturaleza no comportan la adopción de
responsabilidades de un empleo del nivel directivo, y deben limitarse a las actividades
de apoyo, asesoría o complemento, sin que puedan incluir el ejercicio de funciones
administrativas permanentes de empleos públicos de ese grado.
45. Aseveró que los contratistas no pueden ejercer autoridad administrativa ni tomar
decisiones que comprometen a la entidad, en contraste con los empleados públicos del
nivel directivo que sí cuentan con facultades decisorias, de modo que la experiencia
adquirida en ello solo podrá clasificarse como profesional cuando se adquiera en el
desempeño de un cargo del mismo nivel jerárquico.
46. Frente al contrato de prestación de servicios con IDIPRON, expuso que las
obligaciones de formular estrategias y realizar talleres son tareas operativas de los
niveles técnico o profesional, las cuales no comportan responsabilidades institucionales
permanentes ni otras relacionadas con el nivel directivo, por lo que esas funciones
están desprovistas de aquellas propias de dirección general, de formulación de políticas
institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos en los términos del
artículo 2.2.2.2.1. del Decreto 1083 de 2015.
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47. En relación con los contratos suscritos con la Fundación Progresar, precisó que
las funciones descritas como “coordinar acciones de promoción” y “participar en
escenarios de articulación” corresponden a actividades de asesoría jurídica y apoyo
técnico, mas no de dirección institucional.
48. Observó que la documental aportada no permitió acreditar el ejercicio de
funciones de dirección general, formulación de políticas institucionales ni adopción de
planes, programas y proyectos, además que no demuestran competencias del mismo
nivel jerárquico directivo.
49. Coligió que, conforme a lo anterior, el demandado solo acreditó 8 meses y 22
días de experiencia profesional relacionada válida en la Alcaldía de Cúcuta, por lo que
no cumplió con el requisito para ser designado como director regional, código 0042,
grado 15 de la planta de personal del DPS.
1.7.2. Carlos Roberto Mojica Cerquera, coadyuvante
50. Enunció que, de conformidad con el artículo 2.2.2.2.1. del Decreto 1083 de 2015,
las funciones del cargo para el cual fue designado el demandado están relacionadas
con responsabilidades de dirección general de las entidades, y no con meras tareas de
coordinación o participación como lo interpretó el tribunal.
51. Advirtió que los empleos del nivel directivo se caracterizan por ejercer funciones
de dirección general, formulación de políticas, adopción de planes, programas y
proyectos y expedición de actos administrativos, competencias que exigen un mayor
grado de responsabilidad debido a su capacidad de decisión y el impacto de sus
actuaciones en la administración pública; además de la obligación de supervisar y
controlar las actuaciones de sus subordinados.
52. Afirmó que los contratistas no ocupan un nivel jerárquico en las plantas de
personal, y sus obligaciones no pueden asimilarse a las del nivel directivo, por lo que no
podía concluirse que las funciones como tal son similares a las del cargo de director
regional del DPS.
53. Manifestó que los contratos con IDIPRON y con la Fundación Progresar no
comportaron el desarrollo de actividades equiparables al empleo público del nivel
directivo, pues los contratistas ejecutan sus obligaciones contractuales con sujeción a
los lineamientos que generan los directivos de las entidades.
1.8. Trámite en segunda instancia
54. Por auto de 23 de septiembre de 2025, se admitieron los recursos de apelación
instaurados por el demandante y su coadyuvante, y se pusieron a disposición de la
parte demandada. De igual manera, se ordenó mantener el expediente en la Secretaría
por el término de tres días para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión
por escrito, vencido el cual el agente del Ministerio Público contaría con cinco días para
rendir concepto.
1.9. Alegatos de conclusión
55. Dentro del plazo otorgado para tal efecto, se presentaron las siguientes
intervenciones:
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Demandado: Carlos Alberto Bolívar Corredor,
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1.9.1. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
56. La entidad reiteró que el acto demandado se ajusta al ordenamiento jurídico,
toda vez que el actor no logró probar que se haya presentado un desconocimiento de
las disposiciones constitucionales, legales o administrativas que regulan la potestad de
nombramiento de los directores regionales.
57. Argumentó que los reproches de la apelación no logran desvirtuar lo concluido
por el tribunal, pues el demandado sí cumplió con el requisito de experiencia profesional
relacionada.
58. Afirmó que el demandante incurrió en imprecisiones al fundar el concepto de
violación en el contenido funcional del cargo y en la enunciación de las
responsabilidades asignadas, al inferir unas exigencias para ser nombrado que no
están previstas en la normativa.
1.9.2. Óscar Mateo Caleño Amado, demandante
59. Insistió en la falta de cumplimiento del requisito de experiencia profesional
relacionada para el ejercicio del cargo directivo para el cual fue designado el
demandado, en cuanto a la carencia de similitud entre la labor del contratista vinculado
a una entidad por contrato de prestación de servicios frente a la de un empleo directivo,
pues las responsabilidades y las competencias no son equiparables.
1.9.3. Carlos Alberto Mojica Cerquera, coadyuvante
60. Reiteró la errada interpretación en la valoración de la experiencia profesional
relacionada frente a las actividades desarrolladas por el demandado con IDIPRON y
con la Fundación Progresar como contratista, ante la diferencia de esa labor con la de
los empleados del nivel directivo y la ausencia de nivel jerárquico, facultades decisorias,
distinto régimen de responsabilidades e imposibilidad para expedir actos
administrativos.
61. Concluyó que, conforme al análisis de la experiencia como contratista de esas
dos entidades, no se desprende el desempeño de cargos directivos.
1.10. Concepto del Ministerio Público
62. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó que se
confirme el fallo apelado, con fundamento en lo siguiente:
63. Aclaró que de conformidad con el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015, la
experiencia relacionada debe entenderse como aquella adquirida en empleos o
actividades cuyas funciones sean similares, mas no idénticas, a las del cargo a proveer;
además, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha sostenido que, para acreditarla,
no se requiere exclusividad ni que constituya la actividad principal, sino que basta con
que exista afinidad o semejanza funcional.
64. Luego de analizar la experiencia acreditada por el demandado, concluyó que
cuenta con el mínimo de 68 meses exigidos en el manual específico de funciones, por
lo que cumplió con los requisitos para desempeñar el cargo de director regional, código
0042, grado 15 de la Dirección Regional de Norte de Santander.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
65. La sala es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos por
el demandante y el coadyuvante contra la sentencia de 31 de julio de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través de la cual denegó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1504, 152
numeral 7.c) 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 20246.
2.2. El acto acusado
66. El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto corresponde a la
Resolución No. 00774 del 14 de mayo de 2024, por la cual se nombró al señor Carlos
Alberto Bolívar Corredor como director regional, código 0042, grado 15, de la Dirección
Regional Norte de Santander del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social.
2.3. Problema jurídico
67. Corresponde a la sala determinar, con base en los argumentos esgrimidos en los
recursos de apelación, si en este caso hay lugar a revocar, modificar o confirmar la
sentencia apelada.
68. Para el efecto, se hará referencia, en primer término, al marco jurídico que regula
el caso. Luego se analizará si las labores realizadas por el demandado en desarrollo de
los contratos de prestación de servicios suscritos con IDIPRON y con la Fundación
Progresar pueden ser consideradas como experiencia profesional relacionada para la
designación en el cargo de director regional, Código 0042, Grado 15, de la Dirección
Regional Norte de Santander del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social.
4 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. […]
<inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición
normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación […]».
5 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. <Artículo modificado
por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el
artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Los Tribunales Administrativos conocerán en primera
instancia de los siguientes asuntos: […] 7.c) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a
ocupar curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de
restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los
órdenes nacional, departamental y distrital, así como de los municipios de setenta mil (70.000) habitantes
o más, o que sean capital de departamento, independientemente de la autoridad nominadora.
Igualmente, de los que recaigan en miembros de juntas o consejos directivos de entidades públicas de
los órdenes anteriores, siempre y cuando la competencia no esté atribuida expresamente al Consejo de
Estado; […]».
6 «ARTÍCULO 13. “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre
sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
[…]
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos».
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2.4. Marco jurídico
69. El Decreto 1083 de 2015 reguló, entre otros aspectos, todo lo relacionado con el
empleo público de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y entidades de
orden nacional y territorial, correspondientes a las entidades de la Rama Ejecutiva del
Poder Público.
70. De manera particular, el artículo 2.2.2.1.1. de la precitada norma estableció su
ámbito de aplicación a los empleos públicos pertenecientes a los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades
administrativas especiales, corporaciones autónomas regionales y de desarrollo
sostenible, entes universitarios autónomos, empresas sociales del estado, empresas
industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta sometidas al
régimen de dichas empresas, del orden nacional.
71. Frente a los empleos del nivel directivo, el decreto en mención definió su objetivo
y competencias bajo los siguientes términos:
ARTÍCULO 2.2.2.2.1 Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales
corresponden funciones de dirección general, de formulación de políticas
institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos.
De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las
siguientes funciones:
1. Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la institución o el
sector al que pertenecen y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones
establecidos para su ejecución.
2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en
concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas.
3. Organizar el funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a la organización
interna y demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites
administrativos internos.
4. Nombrar, remover y administrar el personal, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.
5. Representar al país, por delegación del Gobierno, en reuniones nacionales e
internacionales, relacionadas con asuntos de competencia de la entidad o del sector.
6. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la
ejecución y seguimiento de los planes del sector.
7. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que
tenga asiento la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes.
8. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe ser
adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización.
9. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza
del empleo.
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72. En cuanto a los requisitos generales de los cargos, se determinó que estos
corresponden a la educación formal, la formación para el trabajo y desarrollo humano, y
la experiencia.
73. En ese sentido, se definieron los estudios como «[…] los conocimientos
académicos adquiridos en instituciones públicas o privadas, debidamente reconocidas
por el Gobierno Nacional, correspondientes a la educación básica primaria, básica
secundaria, media vocacional; superior en los programas de pregrado en las
modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y profesional, y en
programas de postgrado en las modalidades de especialización, maestría, doctorado y
postdoctorado 7 », y se estableció que estos se acreditarán mediante certificados,
diplomas o títulos otorgados por las instituciones correspondientes, junto con los
registros y autenticaciones para efectos de determinar su validez; además, se impuso la
obligación de acreditar tarjeta o matrícula profesional en los casos requeridos.
74. Frente a la experiencia se definió como «[…] los conocimientos, las habilidades y
las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u
oficio […]», y se clasificó en profesional, relacionada, laboral y docente. De igual forma,
el enunciado decreto indicó que dicho requisito se acreditará con las constancias
expedidas por la autoridad competente.
75. Sobre la experiencia profesional relacionada, esta sala se ha ocupado de
definirla bajo los siguientes términos:
Del recuento normativo y jurisprudencial efectuado, la Sala concluye que la
experiencia profesional relacionada comprende los siguientes elementos: i) es aquella
adquirida con posterioridad a la terminación y aprobación de materias que conforman
el pénsum académico del respectivo programa universitario de formación profesional;
ii) se obtiene en ejercicio de las funciones o actividades propias de la profesión, y iii)
en los empleos desempeñados, se deben haber cumplido funciones similares a las del
cargo a proveer, para lo cual, se debe tener en cuenta, además, el nivel jerárquico de
este, la responsabilidad, y haber desarrollado funciones afines, semejantes,
equivalentes, análogas o complementarias en determinada profesión, es decir, que no
es necesario haber cumplido exactamente las mismas funciones del puesto al cual se
aspira8.
2.5. Caso concreto
76. Como viene de explicarse, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
denegó las pretensiones de nulidad del acto acusado, con fundamento en que la
experiencia acreditada por el demandado para ocupar el cargo de director territorial,
código 0042, grado 15, de la Dirección Regional Norte de Santander del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social sí cumple con los requisitos exigidos por el
Decreto 1083 de 2015 para entenderse como experiencia profesional relacionada, toda
vez que las funciones desempeñadas de forma particular como contratista de IDIPRON
y de la Fundación Progresar comportaron el ejercicio de competencias equiparables al
empleo del nivel directivo para el cual fue designado.
77. Inconformes con la anterior decisión, tanto el demandante como el coadyuvante
7 Artículo 2.2.2.3.2 del Decreto 1083 de 2015.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 5 de junio de
2025, expediente 73001-23-33-000-2024-00119-01, magistrado ponente: Luis Alberto Álvarez Parra.
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instauraron recurso de apelación, bajo similares argumentos que se sintetizan en que la
labor del contratista desarrollada por el demandado en las dos organizaciones
señaladas, no se asemeja a las propias asignadas al cargo de director para el cual fue
nombrado, pues este último exige un nivel jerárquico, de toma de decisiones y de
dirección de subordinados que no es propio del desarrollo de un contrato de prestación
de servicios.
78. Para resolver los argumentos anteriores, la sala únicamente se ocupará de
analizar si los contratos de prestación de servicio ejecutados por el demandado con
IDIPRON y con la Fundación Progresar pueden ser valorados como experiencia
profesional relacionada requerida para el desempeño del cargo de director territorial,
código 0042, grado 15, del Departamento para la Prosperidad Social.
79. Revisados los documentos incorporados como prueba, se advierte que, mediante
la Resolución No. 00774 de 14 de mayo de 2024, acto acusado, el director del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social nombró al señor Carlos Alberto
Bolívar Corredor en el cargo antes señalado, tras considerar que cumplió con los
requisitos previstos en artículo 5.º del Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales de la entidad, contenido en la Resolución No. 02664 de 29 de diciembre de
2020, corregida por la Resolución No. 00843 de 10 de mayo de 2021 y sus
modificatorias.
80. En la reglamentación mencionada se estableció que el propósito principal del
cargo es el de «dirigir la intervención de las políticas, planes, programas y proyectos de
la entidad en el territorio, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos del
sector administrativo de inclusión social y reconciliación y del departamento, de acuerdo
con las políticas institucionales y sectoriales».
81. Conforme al precitado manual, las funciones del empleo son las siguientes
(artículo 5.º):
1. Ejercer la representación del Departamento en los espacios de evaluación y
seguimiento intersectorial referentes a la gestión y la política pública de acuerdo con los
directrices de la Entidad.
2. Dirigir acciones de promoción de las políticas, planes y programas del Sector en el
territorio, de acuerdo con los objetivos y políticas institucionales.
3. Gestionar la realización de comités internos y sectoriales en el territorio, teniendo en
cuenta las directrices del Comité Ejecutivo y las políticas del Sector.
4. Dirigir los procesos de comunicación del Departamento con Entidades adscritas, entes
territoriales y población beneficiara de acuerdo con las políticas institucionales.
5. Promover la articulación entre las políticas del Sector y las políticas adoptadas por las
entidades territoriales, conforme a las directrices institucionales.
6. Gestionar la suscripción de alianzas estratégicas en el territorio para la ejecución de
políticas públicas propias de la Entidad, de acuerdo con las líneas de acción sectoriales.
7. Dirigir la articulación y concurrencia de los planes de desarrollo locales con la política
pública promovida por la Entidad, según los lineamientos institucionales.
8. Definir lineamientos y procedimientos para la difusión de la oferta institucional a nivel
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territorial de acuerdo con las políticas sectoriales y los lineamientos de la Dirección y
Direcciones Técnicas.
9. Establecer las condiciones para la prestación de asistencia técnica a las Entidades
territoriales en materia de políticas de inclusión social y reconciliación de acuerdo con la
normatividad del sector y de la Entidad.
10. Representar a la Entidad en los Consejos de Política Social teniendo en cuenta los
lineamientos de la Entidad.
11. Definir y verificar las acciones y la administración del equipo humano y de los recursos
asignados a la Regional, acorde con los lineamientos de la Entidad.
12. Realizar la coordinación, seguimiento y ejecución de actividades administrativas para
garantizar el funcionamiento de la Dirección Regional de acuerdo con las políticas
Institucionales.
13. Suministrar la información relacionada con la gestión de la Dirección Regional para el
trámite de requerimientos jurídicos, así como realizar el seguimiento a las respuestas
elaboradas, de acuerdo con los procedimientos definidos por la Oficina Asesora Jurídica y
los procedimientos definidos por la Oficina Asesora Jurídica.
14. Definir lineamientos para la formulación del Plan de Acción Anual de la Dirección
Regional teniendo en cuenta las políticas de la Entidad y del Sector de la Inclusión Social
y la Reconciliación.
15. Efectuar recomendaciones sobre los ejercicios de focalización de los programas y
procesos del Departamento a nivel territorial de acuerdo con las líneas de acción
definidas.
16. Dirigir las actividades relacionadas con la atención al ciudadano en la Dirección
Regional de acuerdo con las políticas y los lineamientos institucionales
17. Gestionar procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales en el territorio y
comunidades de acuerdo con las Políticas y objetivos Institucionales de los Programas.
82. En relación con la experiencia requerida, no se efectuará profundización alguna
sobre las alternativas brindadas por el manual de funciones, pues no es objeto de
discusión que el demandado debía acreditar 68 meses de experiencia profesional
relacionada, así como tampoco se ahondará en el cumplimiento de los demás
requisitos, por lo que pasa la sala a analizar las funciones desarrolladas en los
contratos de prestación de servicios suscritos por el demandado con IDIPRON y con la
Fundación Progresar, conforme a los límites establecidos en la apelación.
83. En ese sentido, pasa la sala a hacer el siguiente cuadro comparativo de los dos
contratos suscritos por el demandado con IDIPRON, según la constancia expedida por
el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, la cual obra en el expediente
administrativo aportado.
84. El primero de ellos, identificado con el número 20170093, tuvo como objeto la
prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa de apoyo
a la gestión institucional para la realización de las actividades en el marco de los roles
de la oficina de control interno de valoración de riesgo, acompañamiento y asesorías,
evaluación y seguimiento, fomento a la cultura de control y relación con entes
externos», el cual duró desde el 14 de febrero de 2017 hasta el 12 de enero de 2018, y
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sus funciones cotejadas con aquellas propias del cargo de director territorial, se
equiparan en la siguiente forma:
ACTIVIDADES DEL CONTRATO FUNCIONES DEL DIRECTOR
TERRITORIAL
1. Desarrollar actividades profesionales 12. Realizar la coordinación, seguimiento y
relacionadas con la evaluación y seguimiento ejecución de actividades administrativas para
del Sistema Integrado de Gestión SIGID, el garantizar el funcionamiento de la Dirección
cumplimiento a metas, planes, programas y Regional de acuerdo con las políticas
proyectos, por medio de la realización de Institucionales.
auditorías internas y sus planes de
mejoramiento a los diferentes procesos
Institucionales.
2. Preparar, compilar y rendir los informes a 13. Suministrar la información relacionada con
los organismos de control y entes externos, de la gestión de la Dirección Regional para el
conformidad con la normatividad vigente trámite de requerimientos jurídicos, así como
realizar el seguimiento a las respuestas
elaboradas, de acuerdo con los
procedimientos definidos por la Oficina
Asesora Jurídica y los procedimientos
definidos por la Oficina Asesora Jurídica.
3. Acompañar y hacer seguimiento al 15. Efectuar recomendaciones sobre los
desarrollo de la política de administración del ejercicios de focalización de los programas y
riesgo. procesos del Departamento a nivel territorial
de acuerdo con las líneas de acción definidas.
85. El segundo, identificado con el número 20180263, fue ejecutado desde el 25 de
enero de 2018 hasta el 2 de mayo de ese mismo año, tuvo como objeto la prestación de
servicios profesionales como abogado para el área socio legal:
ACTIVIDADES DEL CONTRATO FUNCIONES DEL DIRECTOR
TERRITORIAL
1. Formular e implementar una estrategia 2. Dirigir acciones de promoción de las
institucional de atención y prevención con políticas, planes y programas del Sector en el
enfoque de Justicia Restaurativa entre los territorio, de acuerdo con los objetivos y
adolescentes y jóvenes beneficiarios del políticas institucionales.
IDIPRON en conflicto con la ley y en riesgo de
estarlo en sus modalidades Internado y
Externado. 6. Gestionar la suscripción de alianzas
estratégicas en el territorio para la ejecución
de políticas públicas propias de la Entidad, de
acuerdo con las líneas de acción sectoriales.
7. Dirigir la articulación y concurrencia de los
planes de desarrollo locales con la política
pública promovida por la Entidad, según los
lineamientos institucionales.
2. En el marco de la estrategia adelantar 12. Realizar la coordinación, seguimiento y
practicas (sic) restaurativas en relación con ejecución de actividades administrativas para
los conflictos presentados al interior del garantizar el funcionamiento de la Dirección
IDIPRON, por medio de los cuales las partes Regional de acuerdo con las políticas
en conflicto lleguen a un acuerdo pacifico
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(sic), mediante procesos de reparación del Institucionales.
daño causado.
3. Realizar talleres de formación en temas de 12. Realizar la coordinación, seguimiento y
Justicia Restaurativa, métodos alternativos de ejecución de actividades administrativas para
solución de conflictos y prevención de la garantizar el funcionamiento de la Dirección
delincuencia a los jóvenes vinculados a los Regional de acuerdo con las políticas
programas de atención del IDIPRON. Institucionales.
16. Dirigir las actividades relacionadas con la
atención al ciudadano en la Dirección
Regional de acuerdo con las políticas y los
lineamientos institucionales
4. Participar en las labores pertinentes para la
ejecución del plan de acción del área
dispuesto para la vigencia actual.
5. Apoyar los procesos de post-medida para
los adolescentes egresados del Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA).
6. Hacer seguimiento y registrar la información 13. Suministrar la información relacionada con
relacionada con Justicia Restaurativa en el la gestión de la Dirección Regional para el
sistema de información institucional Sistema trámite de requerimientos jurídicos, así como
de Información Misional IDIPRON (SIMI). realizar el seguimiento a las respuestas elab
oradas,de acuerdo con los procedimientos
definios por la Oficina Asesora Jurídica y los
procedimientos definidos por la Oficina
Asesora Jurídica.
86. De las obligaciones a cargo del demandado como contratista se desprende que
se asemejan a algunas de las establecidas para el de director territorial, tal y como
quedó en los cuadros comparativos relacionados en precedencia.
87. Ahora bien, frente a los contratos suscritos con la Fundación Progresar, la
directora ejecutiva certificó que el primero de ellos inició el 12 de mayo de 2018 y
culminó el 7 de enero de 2020; y el segundo inició el 5 de octubre de 2020 y culminó el
20 de noviembre de 2022 y ambos tuvieron como objeto la prestación de servicios
profesionales de asesoría legal y jurídica integral, por lo que se efectúa el siguiente
cuadro comparativo entre las funciones de los contratos señalados y las competencias
del director territorial:
ACTIVIDADES DEL CONTRATO FUNCIONES DEL DIRECTOR TERRITORIAL
Participar en escenarios de articulación 16. Dirigir las actividades relacionadas con la
interinstitucional, instancias de participación atención al ciudadano en la Dirección
ciudadana y autoridades locales, regionales y Regional de acuerdo con las políticas y los
nacionales. lineamientos institucionales
Coordinar acciones de promoción de los 2. Dirigir acciones de promoción de las
planes y proyectos de la organización en sus políticas, planes y programas del Sector en el
intervenciones focalizadas en territorio. territorio, de acuerdo con los objetivos y
políticas institucionales.
Soportar gestión en los comités internos de 17. Gestionar procesos de fortalecimiento de
seguimiento a dinámica de búsqueda a capacidades institucionales en el territorio y
desaparición forzada de personas y comunidades de acuerdo con las Políticas y
reparación integral de víctimas de conflicto objetivos Institucionales de los Programas.
armado.
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Participación en la construcción de consignas, 8. Definir lineamientos y procedimientos para
premisas y lineamientos para la producción de la difusión de la oferta institucional a nivel
piezas audiovisuales y comunicativas para territorial de acuerdo con las políticas
difusión de oferta hacia población objetivo y sectoriales y los lineamientos de la Dirección y
entidades relacionadas. Direcciones Técnicas.
Programar espacios de balance y 4. Dirigir los procesos de comunicación del
actualización del Monitoreo y análisis al Departamento con Entidades adscritas, entes
fenómeno de violencia política y social a territoriales y población beneficiara de
través del aplicativo SIVEL del CINEP-PPP. acuerdo con las políticas institucionales.
Coordinar y gestionar articulación y 5. Promover la articulación entre las políticas
suscripción de alianzas con actores del Sector y las políticas adoptadas por las
comunitarios e institucionales. entidades territoriales, conforme a las
directrices institucionales.
6. Gestionar la suscripción de alianzas
estratégicas en el territorio para la ejecución
de políticas públicas propias de la Entidad, de
acuerdo con las líneas de acción sectoriales.
Litigio estratégico en el marco de los
convenios y alianzas estratégicas
suscritas.
88. Verificadas las anteriores funciones se observa que también son afines a algunas
de las estipuladas para el empleo de director territorial, además que la Fundación
Progresar y del DPS tienen objetivos sociales, por lo que en ese sentido comparten
algunas afinidades en cuanto al fin para el cual fueron creadas.
89. De lo estudiado en precedencia se infiere que los contratos suscritos con
IDIPRON y con la Fundación Progresar comportaron el ejercicio de actividades
similares a las consagradas para el cargo en el cual fue designado el demandado,
objeto de esta controversia, de manera que sí podían tenerse en cuenta como
experiencia profesional relacionada pues las competencias fueron afines y semejantes.
90. Se agrega a lo anterior que el principal reparo de los apelantes, el cual estuvo
relacionado con que el contratista, dada la naturaleza del contrato de prestación de
servicios, no tiene el nivel jerárquico que se requiere en el caso del director territorial ni
ostenta las mismas responsabilidades y poder de dirección y mando, no es de recibo
para esta corporación, toda vez que el artículo 2.2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015, al
definir la experiencia relacionada, solo determinó que debe ser la «[…] adquirida en el
ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del cargo a
proveer […]», de manera que sería excesivo exigir requisitos no consagrados en la
norma, pues esta solo hizo referencia a que las funciones hayan sido similares, mas no
a que el cargo en particular haya sido del mismo nivel del empleo a designar.
91. En ese sentido, la norma no exige que las funciones sean las mismas y no
excluye la labor de contratista, por lo que sí pueden tenerse en cuenta para efectos de
la experiencia profesional relacionada en este caso.
92. Cabe resaltar lo señalado por esta corporación en un antecedente similar, en el
cual se tuvo como válida la experiencia como contratista, tras encontrar que las
funciones desempeñadas como tal fueron equiparables a las del cargo designado:
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Al respecto, recuerda la Sala, como quedó visto, que la experiencia
relacionada no implica una exacta y rigurosa conexión con las funciones
propias del cargo de Comisionado, sino toda aquella que, de alguna manera,
por su descripción, tenga algún grado de conexidad con el cargo. Así lo indicó
la jurisprudencia de la Sección al destacar que no puede exigirse exclusividad
o que se constituya en la actividad principal, sino permitiendo que esa relación
atienda el espectro total de la experiencia acreditada”.9 En este orden, cuando
la experiencia supone tener que abordar temáticas aledañas a las del cargo
frente al cual se pretende acreditar el requisito, bien porque el conocimiento
de los asuntos así lo prevea o porque al verificar el rol del servidor, está ínsito
en el objeto de la entidad que se involucra alguna actividad propia del cargo a
proveer, debe tenerse como “experiencia relacionada”.10
93. De igual manera, esta corporación ha puntualizado que «[…] no puede perder de
vista la Sala que el concepto de experiencia a la luz del artículo 2.2.2.3.7 del Decreto
1083 de 2015 es definida como aquellos conocimientos, habilidades y destrezas que
una persona tiene para ocupar un empleo, con la precisión de que al hablarse de
aquella relacionada se está haciendo alusión, no a que sea idéntica, pues por el
contrario, supone que estas pueden ser parecidas, semejantes o análogas con las
funciones propias del cargo. Por lo tanto, no se necesita que ese despliegue intelectual
y experiencial sea exacto o encaje, rigurosamente, en las mismas funciones propias del
cargo a proveer, pues, esto implicaría que la única manera de acreditar experiencia
relacionada sería con el desempeño del empleo al que se aspira, convirtiéndose en
idéntico, desdibujando, de esta manera, estos conceptos jurídicos fundamentales
[…]»11.
94. De lo señalado se concluye que, en efecto, las funciones desempeñadas por el
demandado en ejecución de los contratos de prestación de servicios analizados se
equiparan con algunas de las que fueron previstas para el cargo de director territorial
del DPS, de modo que no prosperan los reparos del demandante y del coadyuvante, al
encontrarse acreditada la experiencia profesional frente a las labores como contratista
del IDIPRON y de la Fundación Progresar.
95. Así las cosas, se confirmará la sentencia apelada, que denegó las pretensiones
de la demanda.
96. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confírmase la sentencia de 31 de julio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, a través de la cual denegó las pretensiones de
nulidad del acto de nombramiento del señor Carlos Alberto Bolívar Corredor como
9 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 1 de febrero de 2018, radicación Nº .11001-03-28-
000-2016-00083-00, M.P. Rocío Araujo Oñate. También en Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto de
20 de febrero de 2020, radicación No. 11001-03-28-000-2020-00028-00, CP. Carlos Enrique Moreno
Rubio.
10 Sentencia de 4 de noviembre de 2021. Expediente 11001-03-28-000-2019-00059-00. Magistrado
ponente Luis Alberto Álvarez Parra.
11 Sentencia de 5 de junio de 2025. Expediente 73001-23-33-000-2024-00119-01. Magistrado ponente
Luis Alberto Álvarez Parra.
19
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Demandante: Óscar Mateo Caleño Amado
Demandado: Carlos Alberto Bolívar Corredor,
director regional Norte de Santander DPS
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00180-02
director regional de Norte de Santander, código 0042, grado 15, de la planta de
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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