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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 73001-23-33-000-2024-00119-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 73001-23-33-000-2024-00119-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima del 13 de febrero de 2025, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 73001-23-33-000-2024-00119-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

5 de junio de 2025

Demandante: Carlos Andrés Mendoza Olaya
Demandada: Daniela Forero Vargas
Rad: 73001-23-33-000-2024-00119-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 73001-23-33-000-2024-00119-01
Demandante: CARLOS ANDRÉS MENDOZA OLAYA
Demandada: DANIELA FORERO VARGAS – DECANA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES, SALUD Y EDUCACIÓN DEL INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL «ITFIP»

Tema: Experiencia profesional relacionada en cargo directivo de institución de
educación superior

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 13 de febrero de 2025, mediante la
cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda

El demandante, en nombre propio, instauró demanda en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener la nulidad de la
Resolución 0123 del 29 de febrero de 2024, proferida por el rector del Instituto Tolimense
de Formación Técnica Profesional (ITFIP), por medio de la cual se nombró a la demandada
como decana, código 0160, grado 06 del nivel directivo.

1.2 Hechos

La parte actora consideró que el acto de designación vulneró el ordenamiento jurídico y fue
expedido con falsa motivación pues, en su criterio, hubo una serie de irregularidades en el
proceso meritocrático para la escogencia de la persona que ocuparía este cargo.

Al respecto, comentó que no hubo socialización de la convocatoria, del nombramiento y de
la hoja de vida con sus antecedentes en la página web del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República (DAPRE), tampoco se hizo publicación en las redes oficiales
del ITFIP y, con ello, los potenciales aspirantes a este empleo y la ciudadanía, no pudieron
candidatarse ni presentar observaciones al respecto, en especial, en lo relacionado con la
falta de experiencia de la posesionada.

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1

Demandante: Carlos Andrés Mendoza Olaya
Demandada: Daniela Forero Vargas
Rad: 73001-23-33-000-2024-00119-01

Frente a esta última aseveración, comentó que se evaluaron los requisitos de Daniela
Forero, de forma errónea, comoquiera que presentó como soporte de su currículum,
experiencia como docente de hora cátedra y ocasional; sin embargo, para el cargo de
decano – nivel directivo – se exige el desempeño de funciones de dirección general,
formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos,
por ende, ser profesor no daba cumplimiento a las exigencias del manual de funciones de
la entidad el cual se encuentra contemplado en la Resolución 385 de junio 30 de 20231.

Para el demandante, no era posible contabilizarse como «relacionada» esa experticia de la
accionada, pues al acudir al artículo 2.2.2.3.7 2 del Decreto 1083 de 2015, se extrae que,
para esa clase de dignidades, solo se puede aceptar la adquirida en el ejercicio de
actividades que tengan funciones «similares» a las del cargo a proveer y, sobre este punto,
los (32) meses de experiencia que exigen las normas internas no se acreditaron.

En línea con lo anterior, dijo que en la hoja de vida aportada al concurso se informó que la
demandada había fungido como coordinadora de la Corporación para la Creación de
Equidad Bienestar y Vida Saludable de la Población en Estado de Vulnerabilidad (en
adelante CORPCREAR3); pero, afirma que esa certificación no es «válida4», «no responde
a la verdad» y es «falsa en su contenido5», debido a que hay serios indicios que de
manera grave afectan la legalidad del acto.

A este respecto dijo lo siguiente:

i) la corporación la dirigen dos esposos y estos a su vez son los que desarrollan todas las
labores de esa entidad, por lo cual no se requiere de los servicios profesionales de otra
persona, mucho menos, el pago de un salario 6 como coordinadora, ii) humanamente es
imposible que la demandada hubiera ejercido ese empleo a la par, del de docente de hora
cátedra y ocasional de tiempo completo y, iii) Daniela es hija de René Forero, funcionario
de larga trayectoria en el ITFIP y amigo cercano del rector lo que desvirtúa la objetividad
del nombramiento y, iv) el presidente y vicepresidente de CORPCREAR vienen
contratando con la institución educativa desde el año 2016, restándose así objetividad a la
convocatoria.

A pesar de todo lo dicho, agregó que al revisar las funciones de esa «supuesta»
coordinación no se logra acreditar que estas sean «similares» a las del decano, pues allí
solo se habló de actividades «lúdicas o culturales», aspectos que no tienen afinidad
temática con lo académico.

1
Que modificó la Resolución 291 del 5 de agosto de 2020.
2
Artículo 2.2.2.3.7 Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o
desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en
profesional, relacionada, laboral y docente. (…) Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que
tengan funciones similares a las del cargo a proveer.
3
Entidad sin ánimo de lucro, micro empresa con matrícula en la Cámara de Comercio del Tolima, bajo el número S0502838 del 18 de
marzo de 2018, ubicada en la Manzana A casa 49 del barro Villa del Prado del municipio del Espinal, Tolima.
4
Afirmó que: «la certificación presentada no relaciona las funciones que como coordinadora desempeñ[ó] la demandada, ni mucho
menos refiere que la coordinación, la ejerció con grupos específicos de la planta de persona de la Cooperativa».
5
Dijo que: «la nombrada, al parecer, presuntamente, nunca trabajó para la empresa, pero el gerente hace constar que sí».
6
Manifestó que: «registra únicamente para efectos financieros y contables un empleado».

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Demandante: Carlos Andrés Mendoza Olaya
Demandada: Daniela Forero Vargas
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1.3 Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora, consideró que la designación es nula por haberse expedido con falsa
motivación y por infringir normas superiores7, en especial los artículos 2.2.13.2.1 8 y
2.2.13.2.29 del Decreto 1083 de 2015, al evidenciar que no hubo transparencia en la
designación y se evaluaron requisitos de la demandada de forma errónea 10.

2. Actuaciones procesales relevantes de primera instancia

El accionante solicitó la suspensión provisional del acto de elección con fundamento en
que «se está haciendo una erogación o gasto del erario público (sic), derivado de una
irregularidad que afecta sustancialmente el patrimonio de la entidad».

Al respecto, la demandada se opuso11 aduciendo que estaban acreditados los elementos
para dar por válida la experiencia allegada ante la oficina de talento humano del ITFIP;
asimismo, dijo que no se demostró que el proceso hubiera sido oculto a la ciudadanía e
insistió en que lo relatado por la parte actora son simples apreciaciones sin prueba alguna.

2.1 Niega medida cautelar y admite demanda

Este escrito fue admitido mediante auto del 13 de junio de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Tolima. Allí, aparte de ordenar las notificaciones de rigor, negó la
solicitud de medida cautelar, en atención a que «al no tenerse la hoja de vida completa de
DANIELA FORERO GARCIA se hace imposible cotejar que documentos presentados por
la señora Forero García para participar en la convocatoria que culminó con su
nombramiento, e igualmente, cuales de esos documentos fueron tenidos en cuenta para
demostrar la experiencia requerida12».

2.2. Contestaciones

2.2.1. La demandada

Por intermedio de apoderado13, controvirtió las pretensiones formuladas y afirmó en primer
lugar, que el acto administrativo cuestionado satisfizo el principio de publicidad que echa

7
En este punto si bien adujo que se habían vulnerado las siguientes normas: «1, 2, 6, 29, 40 (numerales 1 y 2), articulo 69 (inciso 1),
artículos 121, 122 (inciso 1 y 2) y articulo 209 de la Constitución Política de Colombia; 1, 3 (numerales 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9), de la Ley
1437 de 2011, (artículo 35, numeral 5»; no es menos cierto que, el reparo puntual giró en relación con la infracción de los preceptos del
Decreto 1083 de 2015.
8
Artículo 2.2.13.2.1 Transparencia en los procesos de vinculación de servidores. En la provisión de los empleos de libre nombramiento y
remoción de la Rama Ejecutiva del orden nacional y de los niveles diferentes al técnico y al asistencial, sin perjuicio de la
discrecionalidad propia de la naturaleza del empleo, se tendrán en cuenta la transparencia en los procesos de vinculación de servidores,
las competencias laborales, el mérito, la capacidad y experiencia, las calidades personales y su capacidad en relación con las funciones
y responsabilidades del empleo.
9
Artículo 2.2.13.2.2 Evaluación de las competencias. La evaluación de las competencias de los candidatos podrá ser realizada por: 1.
Un órgano técnico designado por la entidad para el efecto y conformado por los directivos de la entidad nominadora y/o consultores
externos. 2. Universidades públicas o privadas. 3. Empresas consultoras externas especializadas en selección de personal. 4. A través
de contratos o convenios interadministrativos celebrados con el Departamento Administrativo de la Función Pública o con entidades de la
administración pública con experiencia en selección de personal. Parágrafo. La revisión y certificación de cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Constitución, la ley y el reglamento es de competencia exclusiva del jefe de recursos humanos o de quien haga sus
veces.
10
Propuso, sin realizar una justificación a fondo, la violación de la «Ley 30 de 1992, el Decreto 1330 de 2019, el estatuto general y
docente del ITFIP».
11
La institución educativa presentó memorial en el que controvirtió los fundamentos de la petición; sin embargo, no allegó los
documentos y poder para actuar en el proceso.
12
Sic a toda la cita.
13
Andrés Felipe Barrero Franco.

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de menos la parte actora, debido a que «en la página web oficial de la Institución
Tolimense de Formación Técnica Profesional -ITFIP- https://itfip.edu.co/.», está socializada
la convocatoria y la Resolución 048 del 26 de enero de 2024, por medio de la cual se dio
apertura al citado proceso para proveer el cargo de decano.

A este respecto, afirmó que su participación fue libre en esa invitación pública y que no hay
argumento ni prueba que demuestre, que fue una actividad a espaldas de la ciudadanía.

Como segundo planteamiento, la accionada indicó que la certificación suscrita por el
representante legal de CORPCREAR es válida y las actividades desplegadas no fueron
desvirtuadas por el dicho del demandante. Dijo, que la premisa de la cual parte el
accionante es que los dueños de esta compañía no pueden contratar a ninguna persona,
so pretexto que, al ser una microempresa, ellos tienen vedada esa posibilidad, argumento
que considera no tiene asidero legal, pues no existe ninguna prohibición normativa que
permita llegar a esa conclusión.

En este punto, recordó que fue el mismo accionante quien allegó el certificado de
existencia emitido por la Cámara de Comercio y, bajo esa lógica, se acreditó que el
representante legal de la compañía tiene capacidad para contratar a quien necesite.

Insistió en que los maestros, – ocasionales y de hora cátedra – no son empleados de
régimen especial ni pertenecen a la carrera profesoral por virtud de los artículos 3 y 4 del
Decreto 1279 de 2002, el 74 de la Ley 30 de 1992 y la sentencia C – 006 de 1996, por el
contrario, su vinculación contractual depende de lo que establezcan los estatutos
generales de la institución educativa y, por ende: «dada la naturaleza del vínculo profesoral
con el ITFIP14 es perfectamente compatible que desempeñe labores para una sociedad del
sector privado (esto es, que tenga tiempo suficiente - sin considerar que puede delegar
tareas en el otro empleo)».

Como tercer argumento de oposición, afirmó que conforme a la hoja de vida aportada al
proceso de convocatoria, quedó demostrado que la demandada: i) cuenta con (58) meses
de experiencia, contados desde el 14 de enero de 2019 al 29 de noviembre de 2023, ii)
cumplió con el requisito de estudio al ser trabajadora social y, iii) sus actividades laborales
están relacionadas con las funciones del cargo de decano, atendiendo a que, por un lado,
el haber sido docente, le da calidades para acceder a dicho cargo y, por otro, el objeto
social de CORPCREAR está dirigido a desarrollar cualquier actividad educativa, entre esas
la de desplegar todo tipo de proyectos, procurar y promover su cobertura, posibilitar la
investigación, impulsar programas, organizar conferencias, foros, simposios, seminarios,
conversatorios, publicaciones e investigaciones.

Frente a este último empleo, dijo que la certificación da cuenta de estas y demás
actividades,15 las cuales están íntimamente relacionadas con el cargo que se juzga.

Derivado de lo anterior, afirmó que la presunta falsedad, construida a partir de indicios, no
14
Dijo que el periodo certificado por CORPCREAR va desde el 1 de enero de 2019 hasta el 29 de noviembre de 2023, fechas que, al
compararse con las desplegadas como profesora ocasional, (1 de febrero del 2021 al 30 de diciembre de ese año, 1º de febrero del 2022
a diciembre de ese año) y hora cátedra (14 de febrero al 13 de junio de 2022, 20 de febrero al 13 de junio de 2023 y 14 de agosto al 9 de
diciembre de 2023).
15
Páginas 19 y 20 de la contestación de la demanda.

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Demandada: Daniela Forero Vargas
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está acreditada, en primer lugar porque si bien se dijo que en términos financieros y
contables no está registrado un solo empleado, no se allegó documento que pruebe esa
conclusión; en segundo momento, la compañía tuvo ingresos por valor superior a los
doscientos sesenta millones de pesos, por lo cual, es razonable que se contrate a otra
persona para ayudar administrativamente a la empresa y, finalmente, no quedó
demostrado que hubiese existido omisión del pago de seguridad social de Daniela Forero,
pero que de llegar a ser cierto, eso no deriva en la falsedad que se propone, pues a lo
mucho habría una investigación de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales.

2.2.2. El ITFIP

Por intermedio de apoderada16, presentó argumentos similares a los esbozados por la
demandada y, al respecto, dijo que no hay duda de que se garantizó la publicidad de la
convocatoria – Resolución 048 del 26 de enero de 2024 – que ordenó la apertura del
proceso meritocrático y estableció las diversas etapas. Comentó que, una vez agotadas
estas fases, se publicó una lista de admitidos y se calificaron los requisitos, los cuales
también fueron puestos en la página web de la entidad educativa.

En línea con lo descrito, puso de presente que, el 7 de febrero de 2024 el ITFIP remitió la
hoja de vida, antecedentes y la calificación hecha a la demandada al DAPRE, para lo de su
competencia, al ser un cargo del orden nacional. En este punto, dijo que fueron cargados
los anteriores documentos a la página web de esta entidad el 22 de dicho mes y año. Con
base en lo anterior, esgrimió que el accionante no desvirtuó la legalidad de la actuación
realizada por el órgano público.

De otro lado, comentó que Daniela Forero Vargas, acreditó el cumplimiento de los
requisitos exigidos para ser decana; esto es, tener título profesional y contar con (32)
meses de experiencia relacionada. Para soportar ello, agregó que, si bien en algunos
meses la demandada tuvo dos empleos, conforme al artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de
2015, solo se tuvo en cuenta uno de ellos.

2.3. Auto que acoge el trámite de sentencia anticipada

Con providencia del 3 de diciembre de 2024, el magistrado sustanciador a quo, se soportó
en lo establecido por el numeral 1º del artículo 182-A del CPACA para dictar esta decisión,
al tratarse de un asunto de puro derecho y a que no era necesario decretar otras pruebas,
pues con las documentales allegadas al plenario era suficiente desatar la controversia.

Esta decisión cobró ejecutoria sin que fueran presentados recursos por parte de los sujetos
procesales y, en ella, se dispuso incorporar los escritos allegados en la contestación de la
demanda; se negó la petición del accionante para oficiar a diversas entidades dada su
inutilidad17 e innecesaridad18, asimismo, fijó el litigio en los siguientes términos:

16
Amparo Sánchez Perdomo.
17
«3.- Oficiar a la NUEVA EPS, a fin de que se certifique, si la Corporación CORPOCREAR, le hizo el correspondiente pago de aportes
en salud, a DANIELA FORERO GARCIA, en virtud de la certificación aportada como soporte, para acceder al cargo de DECANA, o si en
su defecto, ella hizo aportes por esa contratación con esa entidad, toda vez que se conoce con certeza, que el ITFIP, si le venía
realizando a pagos a DANIELA FORERO GARCIA, por concepto de aportes en salud pensión y riesgos, pero en virtud de la vinculación
que esta, tenía con el ITFIP, como docente ocasional. 5.- Oficiar a COLPENSIONES y a la NUEVA EPS, a fin de que se certifique si la
Corporación CORPOCREAR le hizo aportes en salud o ella hizo aportes por esa contratación toda vez que se conoce con certeza que el
ITFIP si le venía realizando aportes en salud pensión y riesgos, pero como docente ocasional».

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Demandada: Daniela Forero Vargas
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Establecer si el acto de nombramiento de la señora DANIELA FORERO GARCÍA como
decana de la facultad de ciencias sociales, salud y educación del Instituto Tolimense de
Formación Técnica Profesional “ITFIP”, se encuentra afectado por las causales de nulidad
general establecidas en el artículo 137 del CPACA, por infracción a la norma en que debió
fundarse y falsa motivación.

3. La sentencia apelada

A través de fallo del 13 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima desestimó
las pretensiones formuladas por la parte actora.

Sobre el particular, analizó la Resolución 385 del 30 de junio de 2023 (manual de funciones
y competencias laborales del ITFIP), para concluir que la accionada tiene un título
profesional que está contemplado dentro de la exigencia reglamentaria; esto es, ser
trabajadora social.

En lo relativo a la experiencia, dijo que los (32) meses relacionados, se cumplieron en la
medida en que: i) hay un acta de revisión efectuada por un órgano conformado por los
vicerrectores académico y administrativo y el decano de la facultad de ingeniería, quienes,
una vez revisaron los documentos presentados por la demandada, dieron su concepto
positivo y, ii) al compararse las funciones del cargo de decano con las desplegadas en el
ITFIP como docente hora cátedra y ocasional, comprendió que había similitud de esos
empleos en la medida que, revisadas las actividades en la institución educativa y el rol que
ejercería como decana no se observa que no fueron cercanas o próximas, por lo que la
vulneración a norma superior o falsedad en la motivación del acto cuestionado no fue
demostrada.

Sobre esta base argumentativa, acotó el juzgador de instancia que, si bien se había
insistido en la falsedad de la certificación de CORPCREAR, la cual se tuvo en cuenta como
experiencia, el interesado solo presentó ese reproche a través de meras afirmaciones sin
sustento alguno.

Finalmente, encontró probado que la hoja de vida, sus soportes y en general los actos que
dieron origen y materialización a la convocatoria fueron efectivamente cargados tanto en la
página web del DAPRE como en el portal electrónico del ITFIP, sin que se allegara al
plenario prueba que desvirtuara lo acontecido.

4. El recurso de apelación

Dentro del término legal la parte actora presentó dos escritos19 con los cuales controvirtió
la decisión de instancia.

18
1.- Se oficie al ITFIP para que alleguen a su honorable Despacho, la hoja de vida completa, junto con sus anexos, que reposa en la
oficina de talento humano del ITFIP, de la profesional DANIELA FORERO GARCIA y al igual, copia del acta de la revisión de requisitos
por parte de la oficina de personal. 2.- Oficiar al ITFIP, a fin de que alleguen a su honorable Despacho, el acto administrativo de
nombramiento y acta de posesión; así como toda la documentación soporte, incluyendo la certificación expedida por el representante
legal de CORPOCREAR, relacionada con el proceso de meritocracia, que dio lugar a la designación de la profesional DANIELA
FORERO GARCIA como DECANO de INSTITUCION UNIVERSITARIO CODIGO 0160 GRADO 06, adscrita a la Facultad de Ciencias
Sociales Salud y Educación del ITFIP. 4.- Oficiar a la Oficina de talento Humano y al área financiera del ITFIP, para que certifiquen el
periodo de tiempo (días, meses y años) y los pagos que recibió, DANIELA FORERO GARCIA, mientras laboró con esa entidad, como
docente hora catedra y docente Tiempo Completo de la institución ITFIP.
19
Índices Samai números 58 y 61. Presentados, respectivamente el 21 y 28 de febrero de 2025.

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Un primer reparo, se basó en insistir en que la certificación aportada por CORPCREAR es
falsa y, en consecuencia:

[N]o se le podía tener como válida para cuantificar la experiencia profesional relacionada que
exige el empleo de DECANO de INSTITUCION UNIVERSITARIO, empleo del nivel directivo y
que hace parte de los cargos de la Gerencia Publica acorde con la ley 909 de 2024 ley de
carrera administrativa, gerencia publica y otras disposiciones.

[E]s físicamente imposible, para una persona natural, que desarrolla una jornada laboral de 8
horas al día, y que inclusive bajo el supuesto, de que ella logro (sic) extender esa jornada
laboral, después de las 6pm, no le dan los tiempos (…) lo cual permite deducir claramente,
QUE EL CONTENIDO DE LA CERTIFICACION DE CORPOCREAR, ES CONTRARIO A LA
REALIDAD, lo que a nivel jurídico no es posible ni a nivel humano, si yo ya estoy
comprometida en toda una jornada de 8 horas al día, como puedo resultar laborando en dos
empleos más, en jornada de tiempo completo, era tan fácil hacer la trazabilidad con los
horarios reportados en las certificaciones20.

Comentó como segundo argumento, en que el manual de funciones del ITFIP precisó
como experiencia la de ser «profesional relacionada y de treinta y dos meses», supuestos
jurídicos que excluyen la desplegada como docente.

Al respecto dijo:

La única forma en que la experiencia docente pueda ser considerada, como experiencia
profesional relacionada, es si el manual de funciones lo menciona explícitamente, como una
opción válida y ello no está plasmado ni en el acápite de equivalencias, pues se puede
observar que se dice “NA” (no aplica).

Dado que el manual de funciones del ITFIP, es el documento normativo que regula el perfil y
requisitos de los empleos, su interpretación debe ser estricta y conforme a lo allí dispuesto.
Aceptar la experiencia docente como equivalente a la experiencia profesional relacionada
implicaría una modificación arbitraria e indebida de los requisitos establecidos, lo cual iría en
contra del principio de legalidad y el respeto al mérito y al principio de igualdad.

Reiteró una tercera réplica contra la sentencia de primera instancia, afirmando que la
publicación del proceso convocatorio no fue trasparente pues, si bien se destaca que, al
plenario, el ITFIP corroboró con unas capturas de pantalla las etapas comunicadas a la
ciudadanía, estas se hicieron al interior de otros procesos dentro de la página web, no en
la ventana principal de la plataforma de la institución educativa.

Su comentario fue el siguiente:

[D]e tal modo que tan pronto se ingresa a la página web del ITFIP, me salen los anuncios
actuales y entre ellos los de las convocatorias, es tan cierto que en este momento termino de
publicar y recepcionar inscripciones para dos empleos, uno de vicerrector y otro de asesor y
nadie diferente al que él ya tiene seleccionado, pudo aplicar, pues nadie logró conocer de la
publicidad y si se demanda, el rector y el asesor de planeación, simplemente demostraran
con pantallazos que si lo hicieron, pero lo hacen de forma escondida, subrepticiamente, para
que nadie externo (…)21

20
Sic a toda la cita.
21
Sic a toda la cita.

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Presentó como reparo que la demandada, al ser hija de René Forero, funcionario de larga
data dentro del instituto educativo, la recomendó en ese empleo con lo cual se afectó la
objetividad de la convocatoria. En similar sentido, cuestionó que no se tuvo en cuenta su
solicitud de compulsar copias por la presunta falsedad en la que se incurrió.

Finaliza su argumento22, trayendo a colación el salvamento de voto de uno de los
magistrados del tribunal de instancia para insistir en que no es lo mismo experiencia
profesional relacionada con aquella de docente. Al respecto, citó un extracto de la
disidencia del juzgador a quo para indicar que la certificación aportada por CORPCREAR,
no reúne las condiciones para acreditar las funciones del cargo para el que fue elegida.

5. Actuaciones en segunda instancia

Inconforme con la sentencia, el demandante interpuso recurso de apelación en
oportunidad, el cual fue admitido mediante proveído 23 del 22 de abril de 202524.

Con auto del 8 de mayo de dicha anualidad25 el despacho sustanciador negó el decreto
oficioso de medios de convicción en segunda instancia y la incorporación de varios
documentos26, entre otras razones, por ser una petición extemporánea y porque no es
posible instrumentalizar a solicitud de parte la facultad que tiene el juez sobre esta materia,
de igual modo, acotó que el auto que acogió el trámite de sentencia anticipada quedó
ejecutoriado en silencio de las partes, con lo cual los reproches presentados a la actividad
probatoria quedaron zanjados en instancia.

En esta decisión, también se rechazó una nulidad procesal, habida cuenta de que su
justificación no encajó en los supuestos de los artículos 133 del Código General del
Proceso ni en el 29 de la Constitución Política.

6. Alegatos de conclusión27

6.1 El demandante28

Repitió los argumentos de su posición jurídica.

6.2 La accionada29

Reiteró los planteamientos expuestos en su defensa.

22
Denominado escrito complementario de la primera apelación.
23
Índice Samai número 6.
24
Comoquiera que se presentaron solicitudes de pruebas en segunda instancia y una nulidad procesal, no se corrió traslado para alegar.
25
Índice Samai número 11.
26
i) certificación emitida por COMFATOLIMA que da cuenta de vinculación de tiempo completo de la demandada del periodo que le
certifica CORPOCREAR, de fechas 29 de abril de 2024 26 y del 17 de mayo de dicho año 26, ii) constancia emitida por el ITFIP del 5 de
julio de 202426 que acredita las vinculaciones de la accionada y, iii) Resolución 322 emitida por el ITFIP de 28 de agosto de 2020 26.
27
Una vez ejecutoriado el auto mediante el cual el despacho sustanciador negó las pruebas en segunda instancia, se corrió traslado
para alegar.
28
Índices Samai números 15 y 16.
29
Índice Samai número 18.

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8

Demandante: Carlos Andrés Mendoza Olaya
Demandada: Daniela Forero Vargas
Rad: 73001-23-33-000-2024-00119-01

6.3 El ITFIP30

Insistió en las aseveraciones hechas en la contestación del escrito inicial.

7. Concepto del Ministerio Público31

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado pidió confirmar la denegatoria
de las pretensiones, habida cuenta que de la revisión del contenido de la certificación dada
por CORPOCREAR, se concluye que en ella se indicó el desempeño de funciones de
planeación, diseño, dirección y organización de proyectos de dicha corporación, labores
que, al confrontarlas con las funciones del cargo de decana, encuentran similitud con el de
decano. De igual forma, indicó que pese a que en dicha constancia no se indicó cuál era el
rango jerárquico del cargo de coordinadora social y de proyectos – nivel directivo –, nada
indica que no lo sea, y no está probado en el expediente lo contrario.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de
primera instancia, en atención a los artículos 150 32 y 152.7.c)33 de la Ley 1437 del 201134,
en concordancia35 con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación, modificado por el artículo 1.º del Acuerdo 434 de 202436.

2.2 Cuestión previa

Como bien se relató en precedencia, la parte actora justificó la imposibilidad que la
demandada hubiera laborado en el mismo periodo en más de un sitio de trabajo y, en
soporte de lo anterior, allegó con el recurso de apelación, una certificación emitida por
COMFATOLIMA que da cuenta de vinculación de tiempo completo en otra entidad.

A este respecto, si bien el magistrado sustanciador negó la incorporación de este medio
demostrativo y otros más37, no es menos cierto que este razonamiento al mantenerse
como réplica contra la sentencia de primera instancia, no puede ser atendido por este
juzgador, habida cuenta de que se trata de un argumento nuevo.

30
Índice Samai número 17.
31
Índice Samai número 23.
32
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. (…)».
33
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la
nulidad electoral: (…) c) […] de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel
directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital […]».
34
Se considera del nivel directivo el empleo de decano, por virtud de la Resolución 0385 del 30 de junio de 2023 emitida por el rector del
ITFIP que modificó la Resolución 0291 del 05 de agosto de 2020 – Manual de Funciones y Competencias Laborales de esta institución
educativa –.
35
Mediante auto del 23 de abril de 2024, el despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil remitió por competencia el asunto al
Tribunal Administrativo del Tolima.
36
«Artículo 13. Distribución de los Procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo
Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
(…) Sección Quinta: (…) 3. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos».
37
Conforme a la decisión del 8 de mayo de 2025.

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La Sala a este respecto ha manifestado lo siguiente38:
En este punto, la Sala39 reitera que uno de los varios fundamentos del debido proceso es el
respeto por el principio de congruencia40, conforme al cual, la decisión de fondo que se
adopte debe ser concordante con lo pedido en la demanda, los fundamentos que delimitaron
la controversia y el recurso de apelación.

Así las cosas, dicho asunto no será resuelto en la presente decisión.

Igual suerte se aplicará al argumento propuesto en la alzada, relacionado con la presunta
falta de objetividad del nombramiento de la demandada por el parentesco que tiene con su
padre, de quien se aduce es «uno de los amigos más cercanos al rector del ITFIP, (…)
funcionario de esa misma institución desde hace aproximadamente 10 años».

Revisada la sentencia apelada, se observa que, en efecto, el a quo fijó el litigio y lo
desarrolló en la providencia cuestionada, sin incluir la réplica enrostrada por el recurrente;
en consecuencia, la Sala no estudiará este reparo, habida cuenta de que, dicha censura
quedó excluida del problema judicial, decisión que cobró firmeza ante la ausencia de
cuestionamiento por parte del accionante.

A este respecto, la Sección Electoral se ha pronunciado en los siguientes términos 41:

(…) [La parte actora no puede], amparado en su recurso, intentar modificar la fijación del
litigio que él consintió en la audiencia inicial, para ahora si poner de presente que se eliminó
del análisis dicha censura.

Lo anterior se explica, debido a que la etapa de fijación del litigio es la que determina los
temas que serán estudiados en la sentencia; de hecho, es tal su importancia que aquélla
condiciona las pruebas y la postura procesal que en adelante adoptarán las partes como
estrategia de defensa, y ello, de suyo, implica que los sujetos procesales tienen la carga y el
deber de velar para que dentro del problema jurídico queden incluidos todos los temas objeto
de debate.

2.3 El acto acusado

Se trata de la Resolución 0123 del 29 de febrero de 2024 por medio de la cual el rector del
ITFIP nombró a la demandada como decana, código 0160, grado 06 del nivel directivo.

2.4 Problema jurídico

Conforme al fallo de primera instancia y a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la
sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima del 13 de febrero de 2025, que negó las
pretensiones de la demanda.

38
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 18 de mayo
de 2023. Rad.52001-23-33-000-2021-00092-01. Decano (E) de la facultad de ciencias exactas y naturales de la Universidad de Nariño.
39
Consejo de Estado, Sección Quinta C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, radicación 15001-23-33-000-2020-01662-03 (ppal.) del 17 de
marzo de 2022.
40
Artículos 55 de la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de la Administración de Justicia –, 280 y 281 del Código General del Proceso, en
virtud de los cuales las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos
procesales y comprender todos los extremos de la Litis.
41
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 8 de junio de 2017, Rad. 76001-23-33-000-2016-00233-
01; MP Gloria María Gómez Montoya, sentencia de 8 de mayo de 2025, Rad. 13001-23-33-000-2024-00057-01.

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Para tal efecto, se determinará:

i) si la certificación emitida por el representante legal de CORPCREAR es falsa y no debía
tenérsele como medio demostrativo en favor de la demandada y, conforme a ello, verificar
si procede la compulsa de copias a las autoridades judiciales para lo de su competencia, ii)
si hubo una indebida valoración probatoria, relacionada con la experiencia acreditada por
Daniela Forero Vargas, comoquiera que se insiste en que su actividad laboral (docente y
de coordinadora) no satisfizo la exigencia dispuesta en el manual de funciones del ITFIP y,
iii) si hubo una afectación a la publicidad de la convocatoria de empleo de decano por parte
del centro educativo.

Conforme a lo anterior, la metodología que utilizará la Sala para resolver el asunto inicia
con el estudio del concepto de experiencia profesional relacionada y el empleo de decano
para luego, desatar el caso conceto.

2.5 La experiencia «profesional relacionada» y el empleo de decano

Tanto el legislador como el ejecutivo se han preocupado desde antes de la Constitución
Política de 1991 por regular todos y cada uno de los elementos que hacen parte del
ascenso e ingreso a los empleos de la administración pública. Al respecto, varias han sido
las disposiciones jurídicas que se han expedido sobre la materia que, sin adentrarse la
Sala en un estudio histórico sobre la materia, se remonta a los Decretos Ley 2400 y 3074
de 1968, parámetros que en forma sintética reglamentaban varios asuntos del quehacer de
la cosa estatal.

Estas normas desde el principio se ocuparon en no más de veinte artículos de reglamentar
las condiciones salariales, los permisos, las calidades de ciertos empleos, su retiro y todo
lo relacionado a la función pública; sin embargo, fue a partir de las Leyes 61 de 1987, 10
de 1990, 27 de 1992 y los Decretos 1222 de 1993, 1034 de 1991 y 2169 de 1992 que se
reguló con mayor precisión y exigencia ciertos elementos de la relación laboral
administrativa.

En línea con lo anterior, el legislador a través de la Ley 443 de 1998 precisó varias
instituciones jurídicas de vinculación con la administración; no obstante, fue con la Ley 909
de 2004 y los Decretos 2272 de 2005 y 1785 de 2014, que se modernizaron aspectos
trasversales de la función pública, los cuales abrieron camino para precisar los conceptos
de experiencia y la forma en que se debía acreditar.

En estas disposiciones, se establecieron a grandes rasgos las funciones y requisitos
generales para los diferentes empleos públicos de los organismos y entidades de los
distintos órdenes, se precisaron los requisitos generales exigidos para el ingreso a la
carrera administrativa y a los demás niveles, entre esos: i) la educación formal, ii) la
educación no formal y, iii) la experiencia.

En el año 2015, el ejecutivo, en aras de racionalizar y simplificar la consulta de normas
sobre ciertos asuntos de la sociedad, expidió el Decreto 1083, único reglamentario del

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sector de la función pública, en el cual, se precisaron, entre otras cosas, los tipos de
experiencia, la forma de acreditación, el ámbito de aplicación y los destinatarios de esta.

A este respecto, esta normativa precisó en el artículo 2.2.2.1.1. como reproducción del
artículo 1° del Decreto 1785 de 2014, que a los entes universitarios autónomos del orden
nacional se les aplican estos derroteros legales.

Por su parte, el artículo 2.2.2.3.7 ibidem definió la experiencia como factor para determinar
los requisitos de acceso a empleos, entre esos, los conocimientos, habilidades y destrezas
adquiridas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio, además, clasificó la
experiencia en profesional, relacionada, laboral, y docente, así:

Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o
desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. Para los efectos del
presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, relacionada, laboral y docente.

Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pénsum
académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias
de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo. En el caso de
las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en
Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro
profesional. La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las
modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia
profesional.

Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan
funciones similares a las del cargo a proveer.

Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u
oficio.

Experiencia Docente. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del
conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas.

Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y
Profesional se exija experiencia, ésta será profesional o docente, según el caso y, determinar
además cuando se requiera, si debe ser relacionada. En el evento de empleos comprendidos
en el nivel Profesional y niveles superiores a éste, la experiencia docente deberá acreditarse
en instituciones educativas debidamente reconocidas y con posterioridad a la obtención del
correspondiente título profesional.

De la lectura de las normas trascritas, se colige que la experiencia requerida para acceder
a esta clase de empleos o cargos, será profesional o docente y en los casos en que así se
determine, será también «relacionada».

Ahora bien, estas definiciones deben leerse de manera sistemática, con la naturaleza
general de las funciones y los requisitos para acceder a los empleos de cada nivel
jerárquico, aspecto que para lo que interesa al presente asunto, quedó consagrado de la
siguiente manera:

Artículo 2.2.2.2.1. Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden
funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de
planes, programas y proyectos.

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De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las siguientes
funciones:

1. Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la institución o el sector
al que pertenecen y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para
su ejecución. 2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución,
en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas. 3. Organizar el
funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a la organización interna y demás
disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos. 4. Nombrar,
remover y administrar el personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 5.
Representar al país, por delegación del Gobierno, en reuniones nacionales e internacionales,
relacionadas con asuntos de competencia de la entidad o del sector. 6. Adelantar las
gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y
proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la ejecución y seguimiento de los
planes del sector. 7. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos
en que tenga asiento la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes. 8. Establecer,
mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe ser adecuado a la
naturaleza, estructura y misión de la organización. 9. Las demás señaladas en la
Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la organización de la
entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del empleo.

Artículo 2.2.2.4.2 Requisitos del nivel directivo. Serán requisitos para los empleos del nivel
directivo, los siguientes: (…)

Título profesional y treinta y dos (32) meses de
06
experiencia profesional relacionada.

Artículo 2.2.21.3.3. Dirección. El Nivel Directivo define las políticas, objetivos y metas
corporativas a alcanzar durante los períodos constitucionales y legales correspondientes,
como marco de referencia para la definición de los planes indicativos y de acción.

Artículo 2.2.21.3.4. Planeación. (…) Parágrafo. - Los responsables de este proceso son:

a) El Nivel Directivo: tiene la responsabilidad de establecer las políticas y objetivos a alcanzar
en el cuatrienio y dar los lineamientos y orientaciones para la definición de los planes de
acción anuales.

Como se puede ver, y sin realizar una exhaustiva búsqueda de todas aquellas precisiones
que el decreto en cita previó para esta clase de cargos, hay variadas características que lo
diferencian de otra clase de empleos.

Bajo esta línea argumentativa, en lo que refiere a la experiencia «profesional relacionada»,
la Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 18 de
marzo de 201042, explicó al respecto lo siguiente:

[La] experiencia profesional específica o relacionada, esto es, la adquirida a partir de la
terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pensum académico de la
respectiva formación universitaria en el ejercicio de las actividades propias de la profesión
realizadas en un empleo o actividad de igual naturaleza, a la del cargo por proveer, o la
adquirida en el ejercicio de los empleos que tengan funciones similares al mismo y ii)
experiencia específica o relacionada con las funciones del cargo, cual es la adquirida en
el ejercicio de las funciones de un empleo en particular o en una determinada área de trabajo
o área de la profesión, ocupación, arte u oficio, de igual naturaleza a la del cargo por proveer,
o la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares al mismo.

42
MP. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Rad. 52001-23-31-000-2010-00013-01.

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Por su parte, esta Sala Electoral43 comentó que:

En lo atinente a la definición de “Experiencia Relacionada”, el Decreto 1083 de 2015, en su
artículo 2.2.2.3.7 establece que esta es “la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades
que tengan funciones similares a las del cargo a proveer”. En este sentido, la locución
“similares”, otorga un amplio espectro a la definición, en tanto, supone que las funciones
pueden ser parecidas, semejantes o análogas con las funciones propias del cargo. En otros
términos, no se requiere que sean idénticas, a las propias del cargo a proveer. (…). Es decir,
basta que la experiencia se inscriba en ese conjunto amplio de funciones similares, de
manera que se advierta afinidad, conexidad o parecido con las funciones propias del cargo al
que se aspira. (…). Por lo tanto, no se necesita que las funciones sean exactas o encajen,
rigurosamente, en las mismas funciones propias del cargo a proveer, pues, esto implicaría
que la única manera de acreditar experiencia relacionada, sería con el desempeño del
empleo al que se aspira, por lo que lo “relacionado” terminaría por convertirse en idéntico,
desdibujando, de esta manera, estos conceptos jurídicos fundamentales. (…).

La Corte Constitucional44 por su parte, ha razonado sobre la materia al tratarse de asuntos
en los que se encuentran en tensión, por un lado, el acceso al empleo público y, de otro, el
derecho de escoger profesión u oficio:

[S]e debe tener en cuenta que toda decisión que limita el acceso de ciertos profesionales a
un cargo público debe ser proporcional, lógica y ante todo debe orientarse a garantizar a la
persona que ocupa un empleo en una entidad tenga condiciones que le garanticen idoneidad
académica para desempeñarse en éste, situación que permite determinar si un profesional
cumple o no los requisitos para ocupar un empleo público debe obedecer a un análisis
objetivo.

Del recuento normativo y jurisprudencial efectuado, la Sala concluye que la experiencia
profesional relacionada comprende los siguientes elementos: i) es aquella adquirida con
posterioridad a la terminación y aprobación de materias que conforman el pénsum
académico del respectivo programa universitario de formación profesional; ii) se obtiene en
ejercicio de las funciones o actividades propias de la profesión, y iii) en los empleos
desempeñados, se deben haber cumplido funciones similares a las del cargo a proveer,
para lo cual, se debe tener en cuenta, además, el nivel jerárquico de este, la
responsabilidad, y haber desarrollado funciones afines, semejantes, equivalentes,
análogas o complementarias en determinada profesión, es decir, que no es necesario
haber cumplido exactamente las mismas funciones del puesto al cual se aspira.

Dicho lo anterior, la Sala ve oportuno hacer algunas reflexiones respecto al empleo de
decano, precisando que el legislador no fue muy prolijo en desarrollar esta dignidad; de
hecho, la Ley 30 de 1992 lo enuncia en pocas oportunidades 45 sin profundizar sobre cuáles
son los elementos esenciales que lo caracterizan, con todo, la Corte Constitucional 46 ha
dicho que es:

43
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 4 de
noviembre de 2021. Rad. 11001-03-28-000-2019-00059-00.
44
Sentencia C - 149 de 2009. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
45
Artículo 42. El director general del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, es agente del presidente de
la República de su libre nombramiento y remoción. Para ser director del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior,
Icfes, se requiere: poseer título universitario, haber sido rector, vicerrector o decano en propiedad o haber estado vinculado al cuerpo
académico de una institución de educación superior al menos durante cinco (5) años consecutivos. ARTÍCULO 68. El consejo académico
es la máxima autoridad académica de la institución, estará integrado por el rector, quien lo presidirá, por una representación de los
decanos de facultades, de los directores de programa, de los profesores y de los estudiantes. Su composición será determinada por los
estatutos de cada institución.
46
Sentencia T – 235 de 1998. MP. Fabio Morón Díaz

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[Una] auténtica autoridad pública, en vista de que es un servidor público con poder de
decisión sobre la prestación de un servicio público, el de educación, y, en tal circunstancia,
quienes acuden al proceso de su elección, evidentemente lo hacen en ejercicio del derecho
de participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, por dos razones
fundamentales: primera, porque inciden en la toma de las decisiones que les interesan; y
segunda, porque las autoridades públicas ejercen poder político.

Bajo esta precisión, el diccionario de la lengua española47 indica que decano «es la
persona nombrada para presidir una facultad universitaria, aunque no sea el miembro más
antiguo» y a pesar de esta aproximación, la norma ibidem48 indicó que serán los estatutos
de las instituciones de educación superior los que podrán desarrollar, en virtud de su
autonomía, lo relativo a sus autoridades y bajo dicha acotación, estos empleos se erigen
como pieza angular del desarrollo universitario.

Para la Sala, el empleo de decano tiene una serie de atributos que pueden ser entendidos
desde la importancia de su actividad, entre esas, la de ser un cargo que debe: i) planear,
es decir, trazar proyectos ejecutables en el tiempo, ii) dirigir, lo que significa encaminar
hacia algún término o lugar señalado a la institución y, iii) controlar, lo que equivale a estar
vigilante de que lo propuesto por la organización educativa, tenga una suerte de
verificación y medición en aras de llegar a un objetivo corporativo.

Teniendo en cuenta los anteriores conceptos, la Sala resolverá los reproches de la
apelación.

2.6 Caso concreto

2.6.1. La presunta falsedad de la certificación emitida por CORPCREAR

La Sala comenzará por desatar el reparo planteado sobre la certificación emitida por el
representante legal de esta corporación, comoquiera que se propuso que esta era falsa y
como consecuencia de ello, no debía tenérsele como medio demostrativo en favor de la
demandada.

Al respecto, la Sección al hacer un repaso de los argumentos de la demanda y las pruebas
allegadas en instancia, no restan mérito a esta documental a partir de los siguientes
razonamientos:

En primer lugar, se tiene que la parte actora insistió en que era físicamente imposible que
una persona llevara a cabo más de una actividad laboral, so pretexto de que una vez
suscrita una vinculación, el obligado queda atado a un horario difícil de incumplir; sin
embargo, esa apreciación subjetiva no tiene respaldo probatorio, que permita contrastar la
afirmación efectuada, de modo que no es posible restarle el valor de convicción que tiene
la certificación y al contrario del dicho del recurrente, sí se demostró que podía

47
https://dle.rae.es/decano
48
Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente ley,
reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas,
crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y
culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes
regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de función institucional. Artículo 29. La
autonomía de las instituciones universitarias, o, escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada
por su campo de acción y de acuerdo con la presente ley, en los siguientes aspectos: (…) b. Designar sus autoridades académicas y
administrativas (…).

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desempeñar su cargo como docente ocasional y de hora cátedra.

Un segundo argumento que comprende la Sala es que si bien el recurrente propone una
falsedad ideológica por el contenido del documento, tal reparo no prospera en la medida
que los argumentos en que se soportaron la demanda y la alzada sobre el documento que
tantas veces fue tildado de falso, solo se basa en acotaciones subjetivas y, por lo tanto, al
no ver un presupuesto sólido que lleve a pensar que el apelante tiene razón en este punto,
la Sala no hará mayores consideraciones y no accederá al reparo.

2.6.2. Indebida valoración probatoria

Como se comentó, el apelante sustentó su réplica en que el juez de instancia tuvo por
acreditada la experiencia profesional relacionada de (32) meses, en las labores
desempeñadas como docente del ITFIP y coordinador en CORPCREAR, lo cual, en su
criterio, no satisface la exigencia dispuesta en el manual de funciones.

Para resolver el asunto, la Sala ve oportuno recordar que en este último documento –
Resolución 385 del 30 de junio de 2023 –, el cargo de decano fue caracterizado de la
siguiente manera:

Sobre esta base, el ITFIP tuvo en cuenta:

i) Hoja de vida49 de la demandada en la que se precisa los empleos ocupados por ella50.

49
Formato de la función pública.
50
Están el cargo desempeñado como trabajadora social de la comisaria de familia del municipio de Espinal, Tolima del 1 de febrero de
2019 al 6 de diciembre de dicho año. Aportó las constancias de dichos contratos de prestación de servicios. (páginas 82 y subsiguientes
de la contestación de la demanda hecha por el ITFIP).

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ii) Constancia suscrita por la gerente de CORPCREAR 51:

iii) Certificado de existencia y representación y legal de la Cámara de Comercio del
Tolima52 en la que se describe el objeto social de la citada corporación y se resaltan los
objetivos que esta compañía puede materializar, a saber:

e- Promover el proceso de culturización, construcción social que garantice los derechos de
los seres humanos a una vida sana y la educación. h- Procurar mayor y mejor cobertura en
salud, educación, utilización del tiempo libre, atención especializada a la población en
general. j- La investigación de cultura y lenguas donde su principio sea el sentido de
pertenencia, la gestión de proyectos y procesos de inclusión social. q- Impulsar, coordinar y
desarrollar proyectos con programas tendientes a brindar oportunidades a la población en
áreas de nutrición, salud y educación. r- Organizar conferencias, foros, simposios,
seminarios, conversatorios, publicaciones, investigaciones y encuentros regionales,
nacionales e internacionales y participar en ellos.

iv) Certificaciones53 emitidas por el coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Talento
Humano del ITFIP:

51
Allegada por el ITFIP en la oposición a la medida cautelar.
52
Expedido el 21 de mayo de 2024.
53
Aportadas en la contestación de la demanda que hizo el ITFIP (página 80 y subsiguientes).

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Demandante: Carlos Andrés Mendoza Olaya
Demandada: Daniela Forero Vargas
Rad: 73001-23-33-000-2024-00119-01

La Sección ante los argumentos presentados por la parte actora y los medios de prueba,
encuentra que, contrario al dicho del demandante ve cumplidos y acreditados un total de
58 meses y 15 días de experiencia, como da cuenta la certificación trascrita a folio 17 de
esta providencia, según la cual la demandada laboró en CORPOCREAR, desempeñando
el cargo de coordinadora social y de proyectos desde el 14 de enero de 2019 al 29 de
noviembre de 2023.

Adicional a ello, en primer lugar, es dable precisar que dicha experiencia para acreditarse
como profesional relacionada, es válida y demuestra que el desempeño de esas funciones,
son cercanas a las que desempeña el decano.

A esta precisión se llega, habida cuenta de que cuando la demandada ejerció el cargo de
coordinadora, sus funciones fueron, entre otras, la de promocionar, desarrollar, coordinar,
planear y trabajar con otras áreas, las cuales tienen proximidad con las que despliega el
decano del ITFIP.

En segundo lugar, tal como se explicó en la parte considerativa de la presente providencia
el desempeño de funciones directivas se compone, entre otras, de las actividades de
adopción de programas y proyectos, lo que contrario al dicho del actor, no solo se
sustentaron en «actividades «lúdicas o culturales», pues de la constancia se pueden
observar que estas funciones fueron realizadas tal como se precisará más adelante en
cuadro comparativo de tales situaciones.

Sobre esta base, la demandada en su contestación resaltó que, no solo del análisis del
objeto social de CORPCREAR se desprenden las labores que esta desempeñó, sino que
adicional a ello, la accionada desplegar todo tipo de proyectos, procurar y promover su
cobertura, posibilitar la investigación, impulsar programas, organizar conferencias, foros,
simposios, seminarios, conversatorios, publicaciones e investigaciones, elementos que
considera tienen relación no solo temática sino práctica con el cargo de decano.

En tercer lugar, no puede perder de vista la Sala que el concepto de experiencia a la luz
del artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015 es definida como aquellos conocimientos,
habilidades y destrezas que una persona tiene para ocupar un empleo, con la precisión de

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que al hablarse de aquella relacionada se está haciendo alusión, no a que sea idéntica 54,
pues por el contrario supone que estas pueden ser parecidas, semejantes o análogas con
las funciones propias del cargo.
Por lo tanto, no se necesita que ese despliegue intelectual y experiencial sea exacto o
encaje, rigurosamente, en las mismas funciones propias del cargo a proveer, pues, esto
implicaría que la única manera de acreditar experiencia relacionada, sería con el
desempeño del empleo al que se aspira, convirtiéndose en idéntico, desdibujando, de
esta manera, estos conceptos jurídicos fundamentales.

En cuarto lugar, la Sala al realizar un análisis comparativo entre estas exigencias con
aquellas que la demandada desplegó en dichos empleos, colige que esa experiencia sí es
próxima con la del cargo de decano, en especial las siguientes:

FUNCIONES DEL DECANO FUNCIONES DESARROLLADAS EN CORPCREAR
3. Presidir el Consejo de Facultad en la elaboración análisis y reforma 12.Coordinar las acciones para el desarrollo de los
a la organización académica de la facultad, planes de estudio al igual programas según sea requerido.
que la formulación del plan de desarrollo académico institucional,
buscando satisfacer los requerimientos científicos, tecnológicos,
sociales, culturales y económicos de la región y del país y asistir a las
reuniones del Consejo Académico, juntas, comités y demás cuerpos
en que tenga asiento la institución, por delegación o designación.
4. Participar en la programación y organización de las actividades, 1. Planear, diseñar, dirigir y organizar los proyectos
programas y proyectos de docencia, investigación, extensión y sociales de la Corporación.
servicio a la comunidad que sean trazados por la institución.
6. Gestionar dentro del marco de sus funciones el establecimiento de 10. Gestionar acciones con otras organizaciones o aliados
convenios y alianzas interinstitucionales para el desarrollo de para la implementación de estrategias que propicien el
prácticas, pasantías y trabajos de grado de los estudiantes que desarrollo de la Corporación y sus beneficiarios.
contribuyan con la buena imagen de la institución y de los programas
académicos a su cargo.
7. Participar en los procesos de selección, contratación y promoción 5. Participar activamente de los procesos de selección del
del personal docente que labore por contrato o a término fijo para personal a trabajar en cada uno de los programas.
lograr que su perfil corresponda a las necesidades generadas en la
facultad e igualmente para el proceso de vinculación del personal hora
catedra.
8. Desarrollar procesos de auto evaluación, orientados a la 6. Desarrollar procesos de autoevaluación de cada una de
acreditación de los programas académicos de la facultad, al igual que sus actividades y programas ejecutados.
participar activamente en el sistema de gestión de calidad que
implemente la institución.
10. Direccionar el seguimiento a los coordinadores de los programas, 3.Programar y organizar las diferentes actividades de
revisando conjuntamente los resultados de su desempeño con el fin cada uno de los programas ejecutados.
de determinar el mantener la coordinación en cabeza de cada uno de
los coordinadores.
12. Direccionar, dirigir a los coordinadores de programa en todas 4.Presentar informes generales y específicos de ejecución
aquellas funciones académicas que se les asigne, buscando que los y seguimiento de programas.
informes enviados a la oficina de personal correspondan a la realidad
académica desarrollada.
13. Evaluar al personal administrativo a su cargo enviando los 6. Desarrollar procesos de autoevaluación de cada una de
resultados a la oficina de personal. sus actividades y programas ejecutados.
16. Participar en las capacitaciones a que se le invite y desarrollar los 7. Participar de las capacitaciones y proceso de
proyectos de aprendizaje que sean aprobados para el área misional. aprendizaje dirigidos al personal profesional de la
corporación.
17. Las demás que demande el empleo y el área de desempeño. 9. Atender oportunamente solicitudes y peticiones
requeridas por las poblaciones objeto de intervención.

No resulta incompatible afirmar que la demandada tiene experiencia relacionada con las
labores a desplegar en la decanatura, pues estas le daban conocimientos, habilidades y
destrezas sobre las funciones para las que fue elegida, pues su desempeño como
coordinadora, se asemeja a las exigencias que fijadas en el manual de funciones del ITFIP.

54
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 4 de
noviembre de 2021. Rad. 11001-03-28-000-2019-00059-00.

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Nótese que la figura de la decanatura según la concepción que tuvieron sus autoridades
internas tiene un doble rol; esto es, académico y administrativo, aspectos que cumple la
demandada pues el haber sido coordinadora de una compañía le llevaban a dirigir
diferentes actividades de la persona jurídica y le permitieron desarrollar esas materias con
control y supervisión de las metas trazadas por sus superiores y contribuir con la
consecución de los logros.

Al respecto del plano académico, no se puede dejar de lado que al plenario se allegó el
certificado de existencia y representación legal de la empresa, destacándose una serie de
ámbitos en los que el objeto social tiene cercanía con aquellas funciones que aquí le valen
para mantenerse en su cargo, desatendiéndose la aseveración hecha por la parte actora,
de que sus actividades solo se materializaron sobre aspectos «lúdicos o culturales».

De otro lado, en lo relacionado con la experiencia desplegada en los cargos de docente
hora cátedra y ocasional, la prueba allegada (certificación del ITFIP) por la parte
demandada no cumple con los requisitos que fijó el multicitado Decreto 1083 de 2015, el
cual, precisó lo siguiente:

ARTÍCULO 2.2.2.3.8 Certificación de la experiencia. La experiencia se acreditará mediante la
presentación de constancias expedidas por la autoridad competente de las respectivas
instituciones oficiales o privadas.
Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente, la
experiencia se acreditará mediante declaración del mismo.
Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, la
siguiente información:
1. Nombre o razón social de la entidad o empresa.
2. Tiempo de servicio.
3. Relación de funciones desempeñadas.
Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya
prestado sus servicios en el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de
experiencia se contabilizará por una sola vez.
Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el
tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado
por ocho (8). (Subrayado por la Sala)

Para la Sala, las certificaciones aportadas por ITFIP no traen consigo las funciones que
desarrolló la accionada en dicha entidad, pues solo se detalla que laboró en varios
semestres, en unos periodos definidos, que percibió un dinero por esa actividad y que está
adscrita a la decanatura de ciencias sociales de salud y educación.

En este sentido, el reparo presentado por la parte actora de que la única forma en que la
experiencia docente pueda ser considerada, como profesional relacionada, es si el manual
de funciones lo hubiese mencionado explícitamente, para lo cual la Sala no hará mayores
reflexiones en la medida que como se dijo en precedencia esta certificación no cumple con
las exigencias del Decreto 1083 de 2015 para considerársele como tal.

Por tales razonamientos, el segundo argumento de la apelación no prospera.

Siguiendo con el análisis de la apelación, la parte actora propuso desde la demanda y
reitera en su recurso que, si bien se publicó la convocatoria de empleo de decano por parte

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del centro educativo, esta no se fijó en un lugar mucho más visible para la comunidad
educativa55. Para desatar este asunto, nuevamente la corporación judicial acude a los
medios de prueba decretados e incorporados en instancia:

i) El ITFIP allegó capturas de pantalla y varios enlaces web56 de la plataforma en la que
este instituto publicó la Resolución 048 del 30 de enero de 2024 por medio de la cual se
ordenó la apertura del proceso de convocatoria para la designación del empleo de libre
nombramiento y remoción de decano de institución universitario código 0160 grado 06
adscrito a la facultad de ciencias sociales, salud y educación del ITFIP”.

Adicional al acto de apertura, el centro educativo demostró, sin prueba en contrario, que
las etapas que constituyeron el cronograma de la convocatoria se dieron con la misma
publicidad que echa de menos la parte actora, según links57 de la plataforma tecnológica
del ITFIP, así como que la hoja de vida fue publicada en los medios digitales que aquí se
cuestionan.

De lo acontecido, el ente educativo que intervino en la expedición del acto cuestionado
allegó certificación58 en la que se comentó lo siguiente:

Que de acuerdo a los lineamientos institucionales y utilizando las mediaciones tecnológicas
para la publicación de información en el portal WEB: www.itfip.edu.co, y de conformidad con
lo dispuesto en la Resolución 048 del 26 de enero de 2024, expedido por el rector y
representante legal de la institución. “Por la cual se ordena la apertura del proceso de
convocatoria para la designación del empleo de Libre Nombramiento y Remoción de decano
de Institución Universitario Código 0160 Grado 06 adscrito a la Facultad de Ciencias
Sociales, Salud y Educación del ITFIP”.

Los días 26, 27, 28 y 29 de enero de 2024, se realizó la publicación en el portal, utilizando el
enlace:

https://itfip.edu.co/normativa/?eeSFLF_ListFolder=4-Normatividad/Resoluciones/2024

https://itfip.edu.co/wp-content/uploads/Transparencia/4-
Normatividad/Resoluciones/2024/Resolucion-No_048-26-Enero-2024.pdf

Considerado lo anterior, la Sala no observa que el demandante hubiese presentado algún
medio demostrativo que demuestre que se privó de publicidad el proceso meritocrático,
contrario sensu, la entidad educativa accionada, acreditó que su actuación fue de cara al
público general; por lo tanto, este juzgador comprende que la réplica del recurso se refiere
más a una controversia sobre la forma y el sitio en que se socializó que a una vulneración
contra el principio de publicidad que se exige de las entidades públicas.

55
En el escrito introductorio: «NO se publican, los actos administrativos de designación y/o nombramiento, en un lugar visible dentro de
la institución, visible tanto para el público, como para los interesados, por lo tanto, se puede afirmar, que el proceso meritocrático que se
agotó, para nombrar a la profesional DANIELA FORERO GARCIA, se llevó en total secretismo, a tal punto, que, ante la faltad de
publicidad interna de la institución, no se pudo agotar, la oportunidad de presentarse a concurso para el cargo, personas de afuera, y así
mismo, no se tuvo oportunidad de ejercer oposición, al publicarse la hoja de vida de la profesional, en la Página web de la Presidencia.»
56
Disponibles en la oposición a la medida cautelar presentada por el ITFIP, enlaces:
https://itfip.edu.co/normativa/?eeSFLF_ListFolder=4-Normatividad/Resoluciones/2024
y https://itfip.edu.co/wp-content/uploads/Transparencia/4-Normatividad/Resoluciones/2024/Resolucion-No_048-26-Enero-2024.pdf
57
https://itfip.edu.co/wp-content/uploads/Transparencia/4-Normatividad/Actas/2024/Lista-De-Admitidos-Y-No-Admitidos-Proceso-Empleo-
Decano-De-Institucion-Universitario-Facultad-De-Educacion.pdf y https://itfip.edu.co/wp-content/uploads/Transparencia/3-Estructura-
organico-y-Talento-Humano/3-9-Planes-e-informes-de-talento-Humano/Hojas-de-vida-para-empleos-de-libre-nombramiento-y-
remoci%C3%B3n-del-nivel-directivo-en-el-itfip/Hojas-de-vida/Hoja-de-Vida-Funcion-Publica-Daniela-Forero-Vargas.pdf
enlace https://itfip.edu.co/gestion-de-talento-humano/
58
Página 49 de la oposición a la medida cautelar.

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Demandada: Daniela Forero Vargas
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Finalmente, el recurrente insiste en que se debían compulsar copias a la Fiscalía y
Procuraduría General de la Nación, con el fin de que investiguen si la conducta del rector
del ITFIP, del representante legal de CORPOCREAR, y demás funcionarios que
intervinieron directa o indirectamente en el nombramiento de la demandada, fueron
constitutivas de tipos penales y de faltas disciplinarias.

Frente a este punto, la Sala con fundamento en las razones expuestas que llevan a
confirmar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, no advierte la necesidad de
remitir las copias que se requieren pues, no se acreditó dentro del proceso alguna
irregularidad en el trámite de la designación de la demandada como tampoco alguna
conducta que sugiera adelantar investigación penal o disciplinaria por parte de las
autoridades competentes.

Por tanto, no se accederá a los argumentos del recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima
del 13 de febrero de 2025, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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