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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2026-00058-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2026-00058-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 24 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Radicado núm.: 76001 23-33-000 2025-00648-01. C.P.: Myriam Stella Gutiérrez Argüello; 4 de diciembre de 2025. 11 Radicación: 54001-23-33-000-2026-00058-01 Accionante: Miguel Ángel Páez Espinosa TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 54001-23-33-000-2026-00058-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 54001-23-33-000-2026-00058-01
Accionante: MIGUEL ÁNGEL PÁEZ ESPINOSA
Accionados: JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
CÚCUTA Y OTRO
Tema: CONFIRMA FALLO IMPUGNADO. Argumentos nuevos propuestos
en el escrito de impugnación.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia
de 24 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Miguel Ángel Páez Espinosa, en nombre propio, solicitó la protección
de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a: i) una presunta mora
judicial respecto al trámite del recurso de apelación dentro del medio de control
de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos
con número de radicación 54001-33-33-012-2026-00012-00; y ii) la negativa frente
al cumplimiento de la Resolución núm. 48322 de 27 de febrero de 1991 por parte
del municipio de San José de Cúcuta – Secretaría de Educación.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que el 5 de diciembre de 2025 presentó petición ante el municipio de
San José de Cúcuta – Secretaría de Educación con el propósito de obtener el
cumplimiento de la Resolución núm. 48322 de 27 de febrero de 1991, mediante la
cual el Ministerio de Educación Nacional dispuso su inscripción en el Escalafón
Nacional Docente; sin embargo, precisó que el 4 de enero de 2026 la entidad no
accedió a lo pretendido.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 54001-23-33-000-2026-00058-01
Accionante: Miguel Ángel Páez Espinosa

2.2. Manifestó que promovió el medio de control de cumplimiento de normas con
fuerza material de ley o de actos administrativos, en el cual solicitó que se le
ordenara a la Secretaría de Educación Municipal de San José de Cúcuta el
cumplimiento de la Resolución núm. 48322 mencionada anteriormente y en
consecuencia se realizara su inscripción en el Escalafón Nacional al Grado 7º.

2.3. Afirmóque el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Cúcuta, autoridad que, mediante providencia de 23
de febrero de 2026, declaró improcedente la acción de cumplimiento.

2.4. Indicó que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y señaló que
el Juzgado, “[…] no me ha notificado sobre el respectivo tramite (sic), al día de hoy,
a efectos de garantizar mi derecho a la contradicción y defensa vulnerando mi
derecho al debido proceso […]”.

2.5. Sostuvo que “[…] La Secretaría de Educación Municipal de San José de Cúcuta
no puede menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos adquiridos
por el docente MIGUEL ANGEL PAEZ ESPINOSA, quien está inscrito en el
Escalafón Nacional Docente grado Séptimo, Régimen 2277 de 1979 mediante
RESOLUCION (sic) No. 48322 proferida por el Ministerio de Educación Nacional
Junta Seccional de Escalafón Nacional ante Bogotá D.E., el 27 de febrero de 1991.
Esta Resolución surte efectos fiscales a partir de 28 febrero de 1991 y fecha tenida
en cuenta para el ascenso 4 de febrero de 1991. Y lo más importante permite al
docente pensionarse bajo el régimen 2277 de 1979, con tiempo de servicio mínimo
mil (1.000) semanas y en este caso concreto la edad suficiente setenta (70) años,
retiro forzoso el 26 de abril de 2026 […]”.

2.6. Expuso que “[…] La Resolución 48322 de 1991 es un acto de carácter particular
y concreto […] el acto se presupone valido (sic) y obligatorio hasta que se
demuestre lo contrario. Firmeza: por haber sido proferida por la Junta Seccional
de Escalafón Nacional “órgano competente en esa época”, su ejecución es un
deber para la entidad territorial certificada, en este Secretaría Municipal de Cúcuta
[…]”.

2.7. Indicó que en su caso aplica la figura de los “[…] Derechos Adquiridos: si la
Resolución reconoce un grado de escalafón este es un derecho que no caduca
con el tiempo mientras el docente este en servicio activo o para efectos
pensionales. De acuerdo a la Resolución 48322 proferida por el Ministerio de
Educación Nacional Junta Seccional de Escalafón Nacional ante Bogotá D.E. , el
día 27 de 1991, copia de la cual se anexa a la presente demanda, el docente
MIGUAL (sic) ANGEL PAEZ ESPINOSA identificado con la cédula 5435094 de
Chinácota, está inscrito en el Escalafón Nacional Docente, y en consecuencia
pertenece al Régimen 2277, el cual me permite recibir pensión, al momento de
retirarme en razón de tener acumulado tiempo de servicio mil (1000) semanas, y
la edad setenta (70) años […]”.

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Accionante: Miguel Ángel Páez Espinosa

III. PRETENSIONES

3. El accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: DECLARAR que el JUZGADO DOCE ADMINISTRTIVO
DE CUCUTA al no CONCEDER el recurso de apelación presentado por el
ciudadano MIGUEL ANGEL PAEZ ESPINOSA, dentro de los términos
legales contra el fallo de primera instancia, proferido el 23 de febrero de
2026, Expediente: 54-001-33-33-012-2026-00012-00, Medio de Control:
CUMPLIMIENTO DE NORMAS CON FUERZA MATERIAL DE LEY DE
ACTOS ADMINISTRATIVOS, está vulnerando el derecho fundamental,
constitucional al debido proceso, Carta Magna en su artículo 29 preceptúa
que es nula, de pleno de derecho, la prueba obtenida con violación al
debido proceso en razón a que el Superior o Segunda instancia, deja en
firme la decisión de primera instancia o la revoca, dando lugar al debido
proceso en el sentido de ejercer mi derecho constitucional fundamental a
la contradicción y defensa ; de igual forma al estar vigente el Decreto 2277
de 1979, se está vulnerando el derecho a la igualdad del docente, al tener
el derecho adquirido de estar inscrito en el escalafón nacional docente en
año 1991, razón por la cual se deja sin efecto la decisión de primera
instancia. proferida por el Juzgado aludido.

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta
de manera inmediata a partir de la notificación de la presente providencia,
el trámite tendiente al grado de ascenso correspondiente, teniendo en
cuenta estudio, experiencia, publicaciones y demás requisitos exigidos por
Régimen 2277 de 1979, de conformidad con la Resolución No. 48322 de
1991 proferida por el Ministerio de Educación Nacional teniendo en cuenta
la fecha 4 febrero de 1991.

TERCERO: RECONOCER el derecho a la pensión por reunir los requisitos
exigidos por el Régimen 2277 de edad y tiempo de servicio antes del retiro
forzoso del día 26 de abril de 2026, o en su defecto continuar activo como
docente hasta que este derecho sea otorgado, en razón al debido proceso,
la igualdad, a la dignidad, de los que trato (sic) los artículos 53, 29 y 13 de
la Constitución Nacional.

CUARTO: para efectos fiscales a partir de la fecha fijar el sueldo con el
grado escalafón a que tiene derecho una vez ascendido el docente tenga
derecho una vez ascendido […]”. [Negrilla del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 10 de marzo de 2026, el magistrado del Tribunal Administrativo
de Norte de Santander a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente
acción de tutela.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se allegaron
los siguientes informes:

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Radicación: 54001-23-33-000-2026-00058-01
Accionante: Miguel Ángel Páez Espinosa

5.1. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta solicitó negar las
pretensiones de la acción de tutela al considerar que “[…] resulta evidente que
este Despacho Judicial no ha incumplido la normatividad aplicable para el estudio
y trámite del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o de actos administrativos, garantizando en todo momento el derecho de
defensa y contradicción que asiste a las partes […]”.

5.2. Señaló que “[…] si bien se notificó el auto mediante el cual se concedió la
impugnación al correo electrónico aportado por el accionante —dirección a la cual
se realizaron todas las notificaciones dentro del trámite del proceso—, la
notificación efectuada a través del aplicativo SAMAI presentó fallas en el envío.
Dicha situación no fue advertida oportunamente por la Secretaría del Despacho,
en razón a que los acuses de recibo de las notificaciones efectuadas mediante
dicho aplicativo no se reciben de manera inmediata, sino generalmente al día
siguiente […] No obstante, una vez advertida tal situación, el Despacho procedió
a comunicar al accionante, el señor Miguel Ángel Páez Espinosa, la concesión de
la impugnación presentada y el reparto realizado por la Oficina de Apoyo Judicial
[…]”.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante sentencia de tutela de 24 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo
de Norte Santander negó el amparo de los derechos fundamentales del
accionante.

7. Al respecto consideró:

“[…] En el asunto sometido a consideración de la Sala, el accionante
atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad y al acceso a la administración de justicia al hecho de que, según
afirma, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta no concedió
ni le notificó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
el veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026), dentro del proceso
de acción de cumplimiento radicado No. 54001-33-33-012- 2026-00012-00,
lo que, en su criterio, le ha impedido ejercer su derecho de contradicción y
defensa.

A partir de ello, el actor formula, en esencia, tres pretensiones orientadas,
por un lado, a que se declare la vulneración de sus derechos fundamentales
por la supuesta falta de concesión del recurso de apelación y, por otro, a
que se ordene a la Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta adelantar
el trámite de ascenso en el escalafón docente, así como el reconocimiento
de su derecho a la pensión o, en su defecto, su permanencia en el cargo
hasta tanto se consolide dicho derecho.

Bajo ese entendido, la Sala encuentra necesario advertir que el objeto de la
presente acción de tutela se contrae exclusivamente a verificar la eventual
vulneración de derechos fundamentales en el trámite del recurso de
apelación dentro del proceso de acción de cumplimiento, particularmente en
lo relacionado con su concesión y notificación, de modo que no resulta
procedente, en esta instancia, emitir pronunciamiento alguno sobre las
pretensiones de fondo relacionadas con el reconocimiento de derechos

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Accionante: Miguel Ángel Páez Espinosa

laborales o prestacionales invocados por el accionante, en tanto se trata de
un debate sustancial que debe ser resuelto en los escenarios judiciales
ordinarios correspondientes y que, además, actualmente se encuentra
sometido a consideración del juez competente dentro del referido proceso.

Así las cosas, el análisis debe circunscribirse a establecer si existió una
omisión, mora o irregularidad en el trámite del recurso de apelación que
pueda comprometer el derecho fundamental al debido proceso del
accionante, en ese marco se advierte que, conforme a lo acreditado en el
expediente, la sentencia de primera instancia fue proferida el veintitrés (23)
de febrero de dos mil veintiséis (2026) y notificada en esa misma fecha
mediante mensaje de datos, circunstancia frente a la cual resulta aplicable
lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022, según la cual la notificación personal
se entiende surtida una vez transcurridos dos (02) días hábiles siguientes al
envío del mensaje, momento a partir del cual comienzan a correr los
términos procesales.

[…]

Se advierte que el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta,
mediante auto del tres (03) de marzo de dos mil veintiséis (2026), concedió
el recurso de apelación para ante el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, actuación que resulta acorde con el trámite legalmente previsto,
en la medida en que fue adoptada inmediatamente después de vencido el
término de impugnación.

Seguidamente, obra en el expediente constancia de que dicha providencia
fue debidamente notificada al accionante el mismo tres (03) de marzo de
dos mil veintiséis (2026), a través del envío de comunicación electrónica a
la dirección de correo suministrada por este, en la que se le informó
expresamente la emisión del auto que concede la impugnación, lo que
desvirtúa la afirmación relativa a la falta de notificación del trámite del
recurso; en concordancia con lo anterior, se encuentra acreditado que, en
cumplimiento de lo ordenado en el referido proveído, el expediente fue
remitido en esa misma fecha a la Oficina de Apoyo Judicial para efectos de
su reparto en segunda instancia, lo que pone de presente que el trámite del
recurso continuó su curso normal hacia el superior funcional.

En desarrollo de lo anterior, el cinco (05) de marzo de dos mil veintiséis
(2026), el proceso fue efectivamente repartido al Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, asignándose su conocimiento al despacho de la
Magistrada correspondiente.

Bajo este panorama, resulta determinante precisar que la acción de tutela
fue presentada el diez (10) de marzo de dos mil veintiséis (2026), esto es,
cuando el recurso de apelación ya había sido debidamente interpuesto,
concedido, notificado, remitido y repartido para su conocimiento en segunda
instancia, de manera que no existía actuación pendiente atribuible al juzgado
accionado, razón por la cual no se configura la vulneración alegada, en tanto
no se evidencia la existencia de mora, omisión o irregularidad alguna en el
trámite del recurso, sino, por el contrario, un actuar diligente y ajustado a las
disposiciones legales aplicables.

En armonía con lo expuesto, tampoco se advierte afectación del derecho de
acceso a la administración de justicia, en la medida en que el actor pudo
ejercer los mecanismos procesales previstos en el ordenamiento jurídico,
como en efecto lo hizo al interponer el recurso de apelación, el cual fue
debidamente tramitado, de modo que, al no encontrarse acreditada la

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Accionante: Miguel Ángel Páez Espinosa

vulneración de los derechos fundamentales invocados, la Sala concluye que
se impone negar el amparo solicitado […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia. Al respecto señaló:

“[…] El fallo impugnado yerra al considerar que no existe vulneración de
derechos fundamentales, ignorando que la decisión judicial atacada (del
Juzgado 12 Administrativo) incurrió en un defecto sustantivo al aplicar
erróneamente el fenómeno de la "pérdida de fuerza ejecutoria" a un acto
administrativo que define un estatus jurídico permanente y prestacional.

1. El estatus en el Escalafón Docente (Dec. 2277/79) como Derecho
Adquirido

Mi inscripción en el Escalafón Nacional Docente mediante la Resolución
No. 48322 de 1991 no es un acto de ejecución instantánea sujeto a
caducidad de su fuerza ejecutoria por el simple paso de 5 años. Es un acto
que consolidó un estatus profesional que, bajo el principio de
favorabilidad laboral (Art. 53 C.P.), debe regir mi retiro y posterior pensión.

-la jurisprudencia del Consejo de Estado (Sección Segunda) ha sido
clara en que para los docentes vinculados o inscritos con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se les debe respetar el
régimen prestacional del Magisterio vigente al momento de su primera
vinculación o inscripción.

2. Inaplicabilidad de la Pérdida de Fuerza Ejecutoria en Materia
Pensional

El Juzgado 12 Administrativo y el Tribunal en primera instancia de tutela
fallan al avalar la tesis del Art. 91 del CPACA. La "pérdida de fuerza
ejecutoria" opera cuando desaparecen los fundamentos de hecho o
derecho, pero en este caso, mi calidad de docente inscrito en el Escalafón
2277 es una situación jurídica consolidada.

-negar la vigencia de la Resolución de 1991 para efectos pensionales
equivale a desconocer el Principio Pro Homine y la imprescriptibilidad
del derecho a la seguridad social en cuanto al régimen aplicable.

3. Violación al Derecho a la Igualdad y Confianza Legítima

Al habérseme reconocido un estatus en 1991, el Estado generó una
Confianza Legítima de que mi vida laboral y prestacional se regiría por
dicho estatuto. Obligarme a pensionarme bajo el Decreto 1278 de 2002
—norma posterior y menos favorable— vulnera la igualdad frente a otros
docentes que, estando en mi misma situación de inscripción previa a
2003, sí gozan de los beneficios del Decreto 2277 (como la
compatibilidad de salario y pensión hasta los 70 años).

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIALES

Solicito que se tengan en cuenta las siguientes subreglas:

1. Sentencia SU-040 de 2018 y Unificación del Consejo de Estado:
Definen que el régimen pensional docente se fija por la fecha de

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Accionante: Miguel Ángel Páez Espinosa

vinculación o inscripción, siendo el 27 de junio de 2003 el límite divisorio.
Mi inscripción en 1991 me ubica indiscutiblemente en el régimen anterior.

2. Principio de Favorabilidad: Según la Corte Constitucional (C-
316/07), aunque el nuevo régimen (1278) regule la carrera, los aspectos
prestacionales de quienes ya traían una vinculación o escalafón previo
deben ser respetados bajo la norma más favorable […]”. [Negrilla del
texto]

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.

VIII.2. Problemas jurídicos

10. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:

b) Determinar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector
Justicia y del Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan
los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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VIII.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela

12. De acuerdo con el artículo 5° del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:

“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto
jurídico escrito […]”.

13. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:

“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto,
en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior
no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del
derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.

14. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con
las normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o
vulnerado un derecho fundamental puede acudir ante un juez de la
República para obtener la protección judicial de las garantías
constitucionales conculcadas o amenazadas. Así las cosas, se han
establecido como requisitos de procedencia de la acción de tutela: la
legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiaridad.

VIII.4. El caso concreto

15. El señor Miguel Ángel Páez Espinosa, en nombre propio, solicitó la protección
de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a: i) una presunta mora
judicial respecto al trámite del recurso de apelación dentro del medio de control
de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos

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Radicación: 54001-23-33-000-2026-00058-01
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con número de radicación 54001-33-33-012-2026-00012-00; y ii) la negativa frente
al cumplimiento de la Resolución núm. 48322 de 27 de febrero de 1991 por parte
del municipio de San José de Cúcuta – Secretaría de Educación.

16. Precisado lo anterior, la Sala advierte que de conformidad con lo expuesto en
el escrito de tutela y lo allí pretendido, el accionante presentó pretensiones
orientadas a que i) se declarara la vulneración de sus derechos fundamentales por
la presunta falta de concesión del recurso de apelación dentro del medio de control
de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos
con número de radicación 54001-33-33-012-2026-00012-00; y ii) se ordenara al
municipio de San José de Cúcuta – Secretaría de Educación dar cumplimiento a
la Resolución núm. 48322 de 27 de febrero de 1991 por parte del municipio de
San José de Cúcuta – Secretaría de Educación y en esa medida adelantar el
trámite de ascenso en el escalafón docente, así como el reconocimiento de su
derecho a la pensión o, en su defecto, su permanencia en el cargo hasta tanto se
consolide dicho derecho.

17. Alrespecto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante
sentencia de tutela de 24 de marzo de 2026 consideró que la “[…] tutela se contrae
exclusivamente a verificar la eventual vulneración de derechos fundamentales en
el trámite del recurso de apelación dentro del proceso de acción de cumplimiento,
particularmente en lo relacionado con su concesión y notificación, de modo que
no resulta procedente, en esta instancia, emitir pronunciamiento alguno sobre las
pretensiones de fondo relacionadas con el reconocimiento de derechos laborales
o prestacionales invocados por el accionante, en tanto se trata de un debate
sustancial que debe ser resuelto en los escenarios judiciales ordinarios
correspondientes y que, además, actualmente se encuentra sometido a
consideración del juez competente dentro del referido proceso […]”.

18. El Tribunal advirtió que i) mediante auto de 3 de marzo de 2026 el Juzgado
accionado concedió el recurso de apelación para ante el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander; ii) dicha providencia fue debidamente notificada al accionante
el mismo día, a través del envío de comunicación electrónica a la dirección de correo
suministrada por este; y iii) el 5 de marzo de 2026 el proceso fue efectivamente
repartido al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, asignándose su
conocimiento al despacho de la magistrada correspondiente. Por consiguiente,
concluyó que no se configura vulneración alguna a los derechos del accionante “[…]
en la medida en que el actor pudo ejercer los mecanismos procesales previstos en
el ordenamiento jurídico, como en efecto lo hizo al interponer el recurso de apelación,
el cual fue debidamente tramitado, de modo que, al no encontrarse acreditada la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, la Sala concluye que se
impone negar el amparo solicitado […]”.

19. Revisado el escrito de impugnación, la Sala observa que el accionante propuso
reparos concretos contra la sentencia proferida el 23 de febrero de 2026 por el
Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta, a saber, la configuración de

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Accionante: Miguel Ángel Páez Espinosa

un defecto sustantivo a lo cual agregó unos precedentes judiciales que a su juicio no
fueron tenidos en cuenta por la autoridad judicial accionada.

20. De conformidad con lo expuesto, la Sala delimitará su objeto de estudio a los
reparos propuestos en el escrito de impugnación, respecto de lo cual se advierte que
corresponden a argumentos nuevos que no fueron propuestos en el escrito de tutela,
en la medida en que en dicho escrito nada se dijo contra la sentencia de 23 de
febrero de 2026 por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta.

21. La Sala observa que la impugnación en sí misma se fundamentó en argumentos
distintos a los expuestos inicialmente, los cuales permiten evidenciar que la presunta
transgresión de derechos deviene de una causa diferente a la expuesta en el escrito
de tutela.

22. Esta Corporación ha considerado que “[…] la impugnación en las acciones de
tutela no está concebida como un mecanismo que permita al impugnante adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejó de plantear en el escrito de tutela
inicial8”.

23. En ese orden de ideas, el escrito de impugnación no puede ser utilizado para
incluir argumentos nuevos que se dejaron de plantear en el escrito de tutela, en la
medida en que fue frente a esos planteamientos iniciales que las autoridades
accionadas se pronunciaron y ejercieron su derecho de defensa y contradicción.

24. La Sala se abstendrá de estudiar los cuestionamientos presentados en el escrito
de impugnación contra la providencia mencionada supra, so pena de vulnerar el
derecho al debido proceso de la contraparte, puesto que, se insiste, corresponden a
argumentos nuevos, incluso, a un problema jurídico no planteado desde el inicio por
el accionante.

25. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará el fallo impugnado, como
dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 24 de marzo de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

8
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Radicado núm.: 76001 23-33-000 2025-00648-01.
C.P.: Myriam Stella Gutiérrez Argüello; 4 de diciembre de 2025.

11

Radicación: 54001-23-33-000-2026-00058-01
Accionante: Miguel Ángel Páez Espinosa

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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