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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00648-01

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00648-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada, dictada el 16 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, amparar los derechos fundamentales de petición y debido proceso administrativo de la señora Eugenia Virginia Albán Luna, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 76001-23-33-000-2025-00648-01 Demandante: Eugenia Virginia Albán Luna 2. En consecuencia, ordenar al Ministerio de Defensa, Secretaría General de la Policía Nacional, Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales que, dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia brinde una respuesta de fondo, clara, precisa, congruente, consecuente con lo solicitado por la peticionaria y sin incurrir en contradicciones ni evasivas, al numeral tercero de la petición del 23 de julio de 2025 y a la petición radicada el 19 de agosto de 2025, conforme a las consideraciones de esta sentencia. La respuesta otorgada deberá ser notificada a la peticionaria en el mismo plazo concedido. 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2025-00648-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 76001-23-33-000-2025-00648-01
Demandante EUGENIA VIRGINIA ALBÁN LUNA
Demandado JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
SANTIAGO DE CALI Y OTROS
Temas Demora de pago en condena a favor. Reparación directa. Corrección
por omisión o cambio de palabra en sentencia. Argumentos nuevos.
Derecho de petición y debido proceso administrativo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide la impugnación 1 interpuesta por la parte actora contra la
sentencia del 16 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la señora
Eugenia Virginia Alban (sic) Luna, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia. […]»

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 25 de septiembre de 20252, la señora Eugenia Virginia Albán Luna, actuando en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Defensa Nacional,
Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales de la Policía Nacional, Oficina Jurídica
del Grupo Contencioso Constitucional, Dirección Logística y Financiera de la Policía
Nacional, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santiago de Cali y la
Procuraduría General de la Nación, por estimar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de petición, a la igualdad y a la protección al
adulto mayor, con ocasión a la falta de pago de la condena reconocida a su favor
en el proceso de reparación directa 76001-33-33-002-2013-00020-00/01 junto con
los correspondientes intereses, como consecuencia del error de digitación de su
nombre en la sentencia del 27 de noviembre de 2014 por parte del Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Santiago de Cali.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones 3:

«a. En ese sentido, hasta la fecha me han vulnerado mis derechos por que se escudan en
posiciones que no debo de cargar, siendo perjudicada por el error del Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Cali, dejaron de reconocerme los intereses y esta
es la fecha que no me pagan.
b. En esta situación tan precaria y la negligencia de esta entidad, su señoría soy una
persona con la edad de 64 años, que tengo una discapacidad en mis miembros inferiores,
teniendo dificultad para poder caminar y dependo de un bastón ortopédico, pido a usted
que me proteja en mis derechos. Y haga cumplir ese pago de inmediato. Pues ha pasado
desde que emitieron la resolución de pago desde el año 2023 hasta la presente fecha
dos años y seis meses (2 años y 6 meses), sin dar solución y realizar el pago que me

1
Samai, índice 29. Expediente 76001-23-33-000-2025-00648-00.
2
Samai, índice 3. Expediente 76001-23-33-000-2025-00648-00.
3
Samai, índice 3. Expediente 76001-23-33-000-2025-00648-00.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 76001-23-33-000-2025-00648-01
Demandante: Eugenia Virginia Albán Luna

corresponde y que me reconozcan todo el tiempo que ha generado de intereses de esos
dineros.
c. Que me sea tutelado los derechos fundamentales al debido proceso, derecho de petición,
igualdad y demás derechos relacionados al derecho al adulto mayor por su calidad de
sujeto de especial protección. Que se le ordene a la entidad DIRECCIÓN LOGISTICA Y
FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL–TESORERIA GENERAL, que profiera el
correspondiente pago que me fue reconocido, la cual cuenta con todos los documentos
pertinentes y se haga efectivo y se me reconozcan los intereses en cuanto a la demora
en el tiempo que ellos tuvieron mi correspondiente indemnización. (El problema no lo
genere yo, lo genero el juzgado segundo administrativo del circuito de Cali. siendo los
responsables de mi afectación.).» (Sic a toda la cita)

2. Hechos

Del escrito de tutela se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Para el año 2013, la señora Eugenia Virginia Albán Luna y otros presentaron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. Proceso al que se
le asignó el radicado 76001-33-33-002-2013-00020-00.

2.2. En primera instancia le correspondió conocer del asunto al Juzgado Segundo
Administrativo de Oralidad de Santiago de Cali, quien con sentencia del 27 de
noviembre de 2014 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Contra esta decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación.

2.3. De la segunda instancia conoció el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca4, el cual dictó sentencia el 12 de diciembre de 2018 confirmando la
decisión del juzgado.

2.4. La accionante manifestó que, una vez cumplidos los requisitos de ley su
apoderado judicial radicó la cuenta de cobró ante el Ministerio de Defensa
Nacional, Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales de la Policía Nacional
para el pago de la correspondiente condena.

2.5. El 24 de marzo de 2020 la entidad demandada remitió al apoderado de los
demandantes un oficio en el que le asignó el «turno de pago Sentencia N°
2020-S-062 Radicado 011627».

En este acto se le informó al apoderado que, si bien la cuenta de cobro cumplió
con todos los requisitos necesarios, se advirtió una novedad respecto del
nombre de la señora Eugenia Albán Luna (identificada así en la sentencia),
dado que los documentos aportados en la cuenta de cobro pertenecían a la
señora Eugenia Virginia Albán Luna. Por lo que, se le requirió que aportara:
(i) documento de identidad, (ii) poder de Eugenia Albán Luna persona
reconocida en la sentencia, y/o (iii) auto por medio del cual se realizara la
corrección aritmética del nombre (art. 268 CGP) «toda vez que los documentos
aportados pertenecen a EUGENIA VIRGINIA ALBAN LUNA, no correspondiendo a la misma
persona». Por lo que, respecto a la actora se suspendió la causación de los
intereses conforme al artículo 60 de la Ley 446 de 1998, hasta que se
subsanara la novedad.

2.6. Con la finalidad de que se realizara la corrección del nombre de la hoy actora,
el apoderado de la parte demandante presentó tres solicitudes ante el Juzgado
Segundo Administrativo de Oralidad de Santiago de Cali, en las siguientes
fechas: (i) 6 de agosto de 2020, (ii) 10 de mayo de 2022, y (iii) 15 de junio de
2023.

4
Para consultar la segunda instancia del medio de control el número de radicado es: 76001 -33-31-002-2013-00020-01.

2

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Radicado: 76001-23-33-000-2025-00648-01
Demandante: Eugenia Virginia Albán Luna

2.7. El 17 de marzo de 2023, el Ministerio de Defensa, Policía Nacional dictó la
resolución 0316, por la cual se dio cumplimiento a la sentencia 166 del 12 de
diciembre de 2018, se dispuso el pago de la suma de $107.191.576,67 a favor
de los señores Jefferson Murillo Albán, Celimo Murillo Rentería y Jenniffer
Murillo Albán. Y respecto de la señora Eugenia Virginia Albán Luna se indicó
que la suma de $16.562.320 le sería cancelada una vez allegara el auto por
medio del cual se realizó la «corrección aritmética».

2.8. Mediante auto del 30 de agosto de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo
de Oralidad de Santiago de Cali indicó que realizaría la corrección a la
sentencia del 27 de noviembre de 2014. Sin embargo, en la parte resolutiva se
incluyeron los dos nombres, pero no los dos apellidos. Así:

«PRIMERO-. CORREGIR la sentencia de primera instancia, la cual fue notificada el 28 de
noviembre de 2014, en el sentido que el nombre de la demandante de dicha providencia es
EUGENIA VIRGINIA ALBAN correspondiente al proceso 76001-33-33-002-2013-00020-00 del
Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Santiago de Cali.».

2.9. El 23 de julio de 2025, la señora Eugenia Virginia Albán Luna presentó petición
al Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales de la Policía Nacional para
solicitar información de su trámite.

2.10. El 24 de julio de 2025, el Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales de la
Secretaría General de la Policía Nacional dio respuesta a la petición de la
señora Albán Luna indicándole que luego de realizar la revisión del turno de
pago [2020-S-062] y de verificar la resolución 0316 del 17 de marzo de 2023
procedió a solicitar el expediente de manera física para poder realizar la
revisión jurídica y dar cumplimiento total al fallo. Así:

«Realizando la revisión del proceso correspondiente al numero (sic) de turno de pago [2020-
S-062] y la verificación de la resolución numero (sic) 0316 del 17 de marzo de 2023, mediante
comunicación oficial numero (sic) GS-2025-021405-SEGEN, se solicitó el expediente de
manera física para hacer la revisión jurídica y dar cumplimiento total al fallo judicial, alineado
a la llegada de los documentos enviados a esta unidad mediante comunicación oficial numero
(sic) GE-2024-018429-DIPON, del 07 de marzo de 2024, así las cosas y en concordancia con
el grupo económico, a la llegada del expediente se realizaran las acciones necesarias con el
fin de dar cumplimiento al fallo de la sentencia judicial que nos ocupa para la actual vigencia».

3. Fundamentos de la acción

La señora Eugenia Virginia Albán Luna acusó la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de petición, a la igualdad y a la protección al
adulto mayor, con ocasión a la falta de pago de la condena reconocida a su favor
en el proceso de reparación directa 76001-33-33-002-2013-00020-00/01 junto con
los correspondientes intereses, como consecuencia del error de digitación de su
nombre en la sentencia del 27 de noviembre de 2014 por parte del Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Santiago de Cali.

Afirmó que a la fecha de la radicación de esta acción de tutela el Grupo de Ejecución
de Decisiones Judiciales de la Policía Nacional no ha realizado el pago de la
condena, a pesar de que en la resolución 0316 del 17 de marzo de 2023 le fue
reconocida la suma de $16.562.320. Explicó que, en el mencionado acto se le indicó
a su apoderado que debía realizar la solicitud de corrección del nombre ante el
Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Santiago de Cali, por lo que
mientras eso ocurriera se suspendía la causación de los intereses. Sin embargo, la
actora afirma que no se ha dado el pago, por lo que procedió a indagar y el Grupo
de Ejecución de Decisiones Judiciales de la Secretaría General de la Policía
Nacional le indicó que se solicitó el expediente de manera física para hacer revisión
jurídica y dar cumplimiento total al fallo.

3

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Radicado: 76001-23-33-000-2025-00648-01
Demandante: Eugenia Virginia Albán Luna

Por último, afirmó que no le corresponde soportar el error en el que incurrió el
Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Santiago de Cali. Como
fundamento citó la sentencia T-131 de 2005 dictada por la Corte Constitucional.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Con providencia del 26 de septiembre de 20255, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca admitió la demanda presentada por la señora Eugenia
Virginia Albán Luna contra el Ministerio de Defensa Nacional, Grupo de
Ejecución de Decisiones Judiciales de la Policía Nacional, Oficina Jurídica del
Grupo Contencioso Constitucional, Dirección Logística y Financiera de la
Policía Nacional y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santiago
de Cali.

Negó la vinculación de la Procuraduría General de la Nación, al no evidenciar
que tuviera interés en las resultas de este trámite, y se ordenó las
notificaciones correspondientes.

4.2. Con auto del 9 de octubre de 2025 6, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca requirió a la parte accionante para que aportara su historia clínica, en
la cual se pudiera determinar la discapacidad que padece. Requerimiento que
fue atendido el 14 de octubre de 2025 7 por la parte actora quien remitió varios
documentos.

4.3. El Grupo Ejecución Decisiones Judiciales de la Policía Nacional 8, con
informe elaborado por la patrullera Laura Vanesa David García, indicó que no
se han vulnerado los derechos fundamentales invocados por la actora, a pesar
de que no ha sido posible efectuar el pago de la obligación judicial reconocida
en el artículo segundo de la resolución 0316 del 17 de marzo de 2023.

Explicó que en la mencionada resolución se dispuso que la suma de
$16.562.320 le sería cancelada a la señora Eugenia Virginia Albán Luna una
vez se allegara el auto con la corrección aritmética o el documento equivalente
que permitiera determinar de forma precisa quién era la persona beneficiaria
en la sentencia, dado que no coincidía con la persona identificada en los
documentos aportados. Por lo que quedó: «claro que el desembolso se efectuará
inmediatamente se allegue el auto de corrección aritmética».

Precisó que la expedición del auto no le corresponde al Grupo Ejecución
Decisiones Judiciales, Área de Defensa Judicial de la Secretaría General de
la Policía Nacional sino al juzgado, de ahí que no le es posible continuar con
el trámite de pago hasta que no se emita la aclaración, pues esta es una
condición previa para garantizar que los recursos públicos se giren al legítimo
titular. Recordó que desde el año 2020 (comunicación S-2020-016410-SEGEN del
24 de marzo de 2020) esa entidad solicitó la remisión del auto o documento
equivalente, «sin que a la fecha se haya recibido lo requerido» , lo que demuestra que
no existe negligencia, omisión o mora de parte de la Policía Nacional, pues «el
pago reconocido se encuentra condicionado a la presentación del auto de corrección
aritmética o del documento equivalente que subsane la inconsistencia advertida, razón por la
cual no es posible efectuarlo sin dicho requisito».

Respecto al reconocimiento de intereses moratorios indicó que esa solicitud
carece de fundamento jurídico, pues la obligación de pago se encuentra
suspendida por la falta del documento judicial indispensable para su ejecución,

5
Samai, índice 5. Expediente 76001-23-33-000-2025-00648-00.
6
Samai, índice 18. Expediente 76001-23-33-000-2025-00648-00.
7
Samai, índice 22. Expediente 76001-23-33-000-2025-00648-00.
8
Samai, índice 10. Expediente 76001-23-33-000-2025-00648-00.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 76001-23-33-000-2025-00648-01
Demandante: Eugenia Virginia Albán Luna

lo que significa que no se puede reconocer intereses respecto de una suma
cuya entrega esté sujeta a una condición que no se ha cumplido.

Añadió que el 29 de septiembre de 2025 esa entidad le dio alcance a la
contestación de esta tutela remitiéndole a la actora, al correo electrónico:
eugvirginlunalban1961@gmail.com, un oficio en donde se exhortó a la señora
Albán Luna a gestionar ante el juzgado la expedición del auto de corrección
aritmética, pues una vez lo aportara se materializaría el reconocimiento del
pago ordenado en la sentencia.

Aseguró que no se vulnera el derecho al debido proceso, dado que la
obligación fue reconocida, pero está supeditada a la presentación del auto de
corrección aritmética o documento equivalente; tampoco existe vulneración del
derecho de petición pues «el accionante ha recibido respuesta de fondo, clara y
congruente a sus solicitudes, explicando de manera detallada las razones por las cuales no
ha sido posible realizar el pago y precisando los documentos faltantes»; no se evidencia
violación al derecho a la igualdad ya que «la exigencia del auto de corrección
aritmética responde a un requisito de orden legal que se aplica en todos los casos en que
existe inconsistencia entre los datos del beneficiario y los documentos allegados», así como
tampoco se afectaron los derechos del adulto mayor pues «se observa que la
entidad ha brindado un trámite diligente, solicitando desde el año 2020 la documentación
necesaria y dejando en claro que el desembolso se efectuará inmediatamente se allegue el
auto de corrección aritmética».

Por último, solicitó que se declarara improcedente la acción frente a la falta de
pago dado que este no obedece a una omisión atribuible a la administración
«sino a la ausencia del auto de corrección aritmética o documento equivalente, cuya
expedición corresponde exclusivamente al despacho judicial competente», y que se
negaran las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de los intereses
moratorios, «toda vez que el trámite se encuentra suspendido por una causa ajena a la
competencia de la Policía Nacional, no siendo posible imputar mora a esta dependencia.» .
Como prueba adjuntó copia del oficio GS-2025-027872-SEGEN del 29 de
septiembre de 2025.

4.4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santiago de Cali 9
manifestó que no se pronunciaría respecto de esta acción y se atiene a lo
dispuesto por los jueces constitucionales. Adjuntó el enlace de consulta del
proceso 76001-33-33-002-2013-00020-00 en el Sistema de Gestión Samai.

4.5. La accionante10 remitió memoriales en los que solicitó copia del expediente
de tutela para su consulta, e indicó que el Grupo Ejecución Decisiones
Judiciales de la Policía Nacional le remitió copia del oficio GS-2025-027872-
SEGEN del 29 de septiembre de 2025, en el cual se le informó que aún no se
ha cumplido con el requerimiento de la corrección del nombre, frente a lo cual
la señora Eugenia Virginia manifestó que su apoderado remitió el auto de
corrección hace ya bastante tiempo y aun así no se ha dado trámite al
correspondiente pago. Como prueba adjuntó documentos que afirma fueron
aportados también como anexos del escrito de tutela.

5. Providencia impugnada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión 11 declaró
improcedente en primera instancia esta acción de tutela al indicar que no se cumplió
con el requisito de la subsidiariedad.

9
Samai, índice 12. Expediente 76001-23-33-000-2025-00648-00.
10
Samai, índice 15 y 16. Expediente 76001-23-33-000-2025-00648-00.
11
Samai, índice 25. Expediente 76001-23-33-000-2025-00648-00.

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Radicado: 76001-23-33-000-2025-00648-01
Demandante: Eugenia Virginia Albán Luna

Precisó que lo pretendido por la accionante es que se le ordenara a la Dirección
Logística y Financiera de la Policía Nacional – Tesorería General a efectuar el pago
que le fue reconocido en sentencia judicial, así como que se le reconozcan los
intereses de mora.

Como recuento de lo probado mencionó que el apoderado de la demandante
presentó solicitud de corrección de sentencia ante el Juzgado Segundo
Administrativo de Santiago de Cali en tres oportunidades (agosto 2020, mayo 2022 y
junio 2023); que mediante auto del 30 de agosto de 2023 el juzgado corrigió, pero
incurrió nuevamente en un error, por lo que debió corregir nuevamente mediante
auto del 15 de noviembre de 2023. Que el pago de la señora Albán Luna
correspondiente a la indemnización se retuvo, hasta que no fuera corregido su
nombre, retención que continúa «pese a presentarse la corrección». Y que, mediante
oficio del 24 de julio de 2025, Nro. GS-2025 SEGEN /ARDEJ - GUDEJ – 13, la Policía
Nacional le dio respuesta a la petición presentada por la actora el 23 de julio de
2025.

Al respecto indicó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, esta
acción de tutela era improcedente en relación con la solicitud de pago de la
indemnización y el reconocimiento de los intereses moratorios, pues no se cumple
con el requisito de la subsidiariedad. Se indicó que la tutela solo procede de manera
excepcional cuando el afectado no dispone de otro medio idóneo, o cuando
existiendo se demuestra la existencia de un perjuicio irremediable. Por lo que, indicó
que la actora cuenta con el proceso ejecutivo (artículo 297 y siguientes del CPACA)
instrumento que le permite lograr el cumplimiento forzoso de la sentencia. De ahí
que la tutela no puede emplearse para perseguir el pago de créditos reconocidos
por la administración.

Frente a la condición de adulto mayor con discapacidad mencionó que, si bien se
probó que tiene 64 años no se acreditó la discapacidad, pues los documentos
aportados dieron cuenta de «registros médicos entre los años 2016 y 2019, en los que consta
una fractura y cirugía de tibia y fémur» antecedentes que no permiten concluir la existencia
de una discapacidad vigente por la cual se pudiera hacer una excepción a la regla
de la subsidiariedad.

6. Impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó 12 el fallo de primera instancia, en los siguientes términos:

Señaló que contrario a lo afirmado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
esta tutela no pretende el pago inmediato de la obligación, pues lo que se busca es
que se ampare el derecho a la igualdad y de petición «requiriendo a la entidad accionada
a realizar los trámites administrativos ante el Tesoro Nacional a fin de cumplir lo dispuesto en la
Resolución de reconocimiento de pago No. 0316 del 17 de marzo de 2023; acto administrativo donde
se dispone remitir al Tesoro Nacional la suma de dinero reconocida a la accionante.», esto en
razón a que fue consignada a órdenes del Tesoro Nacional, de ahí que lo que
corresponde es adelantar el trámite administrativo para la devolución del dinero y
que así sea consignada a la beneficiaria. Lo que demuestra que la actora cumplió
con lo requerido ya que «se aportó la corrección de la decisión judicial».

Consideró que la Policía Nacional cometió un error al consignar el dinero al Tesoro
Nacional, pues lo que correspondía era consignarlo a órdenes del despacho donde
se tramitó el medio de control de reparación directa. Por lo que, solicitó la vinculación
del Tesoro Nacional a esta acción «a fin de que indique si la entidad accionada consignó la
suma de dinero a pagar a la accionante en Resolución de reconocimiento de pago No. 0316 del 17
de marzo de 2023».

12
Samai, índice 29. Expediente 76001-23-33-000-2025-00648-00.

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Radicado: 76001-23-33-000-2025-00648-01
Demandante: Eugenia Virginia Albán Luna

Manifestó que no fue acertada la decisión del tribunal de considerar improcedente
la acción bajo el argumento de que existe un medio de control eficaz, pues «la acción
ejecutiva en el asunto de la referencia ya prescribió», luego este mecanismo constitucional
si es procedente, por ello precisó que en sus pretensiones «no se busca el pago, el pago
ya se dio, leer la resolución de pago. Se busca es la actuación de la administración, en este caso de
la Policía Nacional, entidad obligada a realizar el trámite de la devolución del dinero ante el Tesoro
Nacional».

7. Trámite posterior

El 27 de noviembre de 2025 13, el despacho ponente remitió un correo electrónico a
la señora Eugenia Virginia Albán Luna solicitándole: (i) copia del documento
completo radicado el 7 de marzo de 2024, (ii) copia autentica del auto del 15 de
noviembre de 2023; (iii) que informara si a la fecha ya recibió el pago de la condena;
e (iv) informara si el Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales de la Secretaría
General de la Policía Nacional le ha informado cuales han sido las acciones
desplegadas de la revisión que se mencionó en la respuesta del 24 de julio de 2025.
Requerimiento que fue atendido en la misma fecha 14.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 15, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en los antecedentes del caso, y
concretamente con los argumentos de la impugnación, si hay lugar a revocar la
decisión de tutela del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró
improcedente esta acción al considerar que no se cumplía el requisito de
subsidiariedad en relación con la solicitud de pago de la indemnización y el
reconocimiento de los intereses moratorios a favor de la señora Eugenia Virginia
Albán Luna.

3. Análisis del caso concreto

3.1. Se tiene que la accionante en el escrito de impugnación indicó que en su
escrito de tutela no planteó como pretensión el pago inmediato de la
obligación, pues lo pretendido es que se le ordene a la autoridad accionada
«a realizar los trámites administrativos ante el Tesoro Nacional a fin de cumplir lo dispuesto
en la Resolución de reconocimiento de pago No. 0316 del 17 de marzo de 2023; acto
administrativo donde se dispone remitir al Tesoro Nacional la suma de dinero reconocida a la
accionante», esto en razón a que, asegura, fue consignada a órdenes del Tesoro
Nacional, luego lo que corresponde es adelantar el trámite administrativo para
la devolución del dinero y que así sea consignada a la beneficiaria.

13
Samai, índice 4.
14
Samai, índice 5.
15
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

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Radicado: 76001-23-33-000-2025-00648-01
Demandante: Eugenia Virginia Albán Luna

A su vez, reiteró que la Policía Nacional cometió un error al consignar el dinero
al Tesoro Nacional, pues lo que correspondía era consignarlo a órdenes del
despacho donde se tramitó el medio de control de reparación directa. Por lo
que, solicitó la vinculación del Tesoro Nacional a esta acción «a fin de que indique
si la entidad accionada consignó la suma de dinero a pagar a la accionante en Resolución de
reconocimiento de pago No. 0316 del 17 de marzo de 2023».

Por último, consideró que no fue acertada la decisión del tribunal al declarar
improcedente la acción bajo el argumento de que existe un medio de control
eficaz, pues «la acción ejecutiva en el asunto de la referencia ya prescribió», luego este
mecanismo constitucional si es procedente, pues aseguró que en sus
pretensiones «no se busca el pago, el pago ya se dio, leer la resolución de pago. Se busca
es la actuación de la administración, en este caso de la Policía Nacional, entidad obligada a
realizar el trámite de la devolución del dinero ante el Tesoro Nacional».

3.2. Como primer aspecto, se analizarán los argumentos según los cuales la
señora Eugenia Virginia Albán Luna afirmó no haber solicitado como
pretensión de esta acción el pago inmediato de la obligación, sino que se le
ordenara a la autoridad accionada «a realizar los trámites administrativos ante el
Tesoro Nacional a fin de cumplir lo dispuesto en la Resolución de reconocimiento de pago
No. 0316 del 17 de marzo de 2023; acto administrativo donde se dispone remitir al Tesoro
Nacional la suma de dinero reconocida a la accionante», al considerar que la Policía
Nacional cometió un error al consignar el dinero al Tesoro Nacional y no al
juzgado.

Al respecto se debe indicar que las pretensiones que planteó la señora Albán
Luna en el escrito de tutela se relacionan con: (i) la protección de sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso, a la igualdad y a la protección
al adulto mayor; (ii) solicitó que se protegieran sus derechos «Y haga cumplir ese
pago de inmediato [...] y que me reconozcan todo el tiempo que ha generado de intereses de
esos dineros.» (Énfasis propio); y (iii) «Que se le ordene a la entidad DIRECCIÓN
LOGISTICA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL – TESORERIA GENERAL, que
profiera el correspondiente pago que me fue reconocido, la cual cuenta con todos los
documentos pertinentes y se haga efectivo y se me reconozcan los intereses en cuanto a la
demora en el tiempo que ellos tuvieron mi correspondiente indemnización» (Énfasis propio).

Lo que demuestra que el objeto de esta acción de tutela gira en torno a la
solicitud de pago de la condena reconocida a la señora Eugenia Virginia Albán
Luna en el proceso de reparación directa y de los intereses que se causaron,
junto con las peticiones que se han presentado al respecto. Por lo que se
considera que el escrito de impugnación no puede ser utilizado para incluir
argumentos nuevos que se dejaron de plantear en el escrito de tutela inicial,
dado que fue frente a esos planteamientos iniciales que las autoridades
accionadas se pronunciaron y ejercieron su derecho de defensa y
contradicción.

Tampoco es de recibo que se solicite en segunda instancia la vinculación del
«Tesoro Nacional» con la finalidad de que realice una devolución de un dinero,
pues como se mencionó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no fue
una autoridad accionada, y mal se haría al vincularla a un trámite constitucional
de segunda instancia cuando no pudo ejercer su derecho de defensa en
primera instancia. Se precisa que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca no vinculó a esta autoridad en el auto del 26 de septiembre de 2025,
en razón a que en el escrito de tutela la actora no mencionó que esa autoridad
estuviera o hubiera vulnerado sus derechos fundamentales por acción u
omisión.

En este sentido, la Sala no resolverá de fondo estos planteamientos en
garantía al debido proceso, pues no fue un argumento que se hubiera
propuesto en la acción de tutela, sino que se trata de planteamientos nuevos

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Radicado: 76001-23-33-000-2025-00648-01
Demandante: Eugenia Virginia Albán Luna

que no fueron sujetos de debate en primera instancia, de cara al objeto
principal propuesto inicialmente. En este sentido se recuerda que la
impugnación en las acciones de tutela no está concebida como un mecanismo
que permita al impugnante adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejó de plantear en el escrito de tutela inicial.

3.3. Ahora se procede a realizar el estudio del argumento relacionado con la
decisión del tribunal de declarar improcedente la acción de tutela, por no
cumplir con el requisito de la subsidiariedad. Es necesario que la Sala verifique
la presunta vulneración de los derechos fundamentales, para ello se
establecerán cuáles son los hechos probados en el expediente.

Hechos probados en el trámite de la tutela
• Para el año 2013, la señora Eugenia Virginia Albán Luna y otros presentaron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. Proceso al que se le asignó el
radicado 76001-33-33-002-2013-00020-00.
• En primera instancia le correspondió conocer del asunto al Juzgado Segundo
Administrativo de Oralidad de Santiago de Cali, quien con sentencia del 27 de
noviembre de 2014 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Decisión que fue apelada por la parte demandada. El 12 de diciembre de 2018,
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia confirmando la
decisión del juzgado.
• El 12 de febrero de 202016, el apoderado judicial de la parte demandante radicó
la cuenta de cobró ante la ventanilla de radicación de la Policía Nacional,
asignándole el Nro. 011627.
• El 24 de marzo de 202017, la entidad demandada dirigió el oficio S-2020-
016410/SEGEN-GUDEJ-1.10 al abogado Johny Alexander Bermúdez Monzalve
en el que le asignó el «turno de pago Sentencia N° 2020-S-062 Radicado
011627».
En este acto se le informó que, la documentación radicada el 12 de febrero de
2020 con el Nro. 011627 cumplió con todos los requisitos establecidos y le fue
asignado el turno de pago Nro. 2020-S-062, sin embargo, se advirtió una novedad
respecto del nombre de la señora Eugenia Albán Luna (identificada así en la
sentencia), dado que los documentos aportados en la cuenta de cobro
pertenecían a la señora Eugenia Virginia Albán Luna. Por lo que, se le requirió
que aportara: (i) documento de identidad, (ii) poder de Eugenia Albán Luna
persona reconocida en la sentencia, y/o (iii) auto por medio del cual se realizara
la corrección aritmética del nombre (art. 268 CGP) «toda vez que los documentos
aportados pertenecen a EUGENIA VIRGINIA ALBAN LUNA, no correspondiendo
a la misma persona». Por lo que, respecto a la actora se suspendió la causación
de los intereses conforme al artículo 60 de la Ley 446 de 1998, hasta que se
subsanara la novedad.
• Con la finalidad de que se realizara la corrección del nombre de la hoy actora, el
apoderado de la parte demandante presentó tres solicitudes ante el Juzgado
Segundo Administrativo de Oralidad de Santiago de Cali, en las siguientes
fechas: (i) 6 de agosto de 202018, (ii) 10 de mayo de 202219, y (iii) 15 de junio de
202320.
• El 17 de marzo de 202321, el Ministerio de Defensa, Policía Nacional dictó la
resolución 0316, por la cual se dio cumplimiento a la sentencia 166 del 12 de

16
Samai, índice 3. Anexos. Información tomada del Oficio No. S-2020-016410/SEGEN-GUDEJ-1.10 del 24 de marzo de
2020.
17
Samai, índice 3. Anexos. Información tomada del Oficio No. S-2020-016410/SEGEN-GUDEJ-1.10 del 24 de marzo de
2020.
18
Samai, índice 3. Anexos. Folio 22 y 21.
19
Samai, índice 3. Anexos. Folio 24, 25, 26 y 27.
20
Samai, índice 3. Anexos. Folio 28, 29, 30, 34 y 35.
21
Samai, índice 3. Anexos. Folio 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.

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Radicado: 76001-23-33-000-2025-00648-01
Demandante: Eugenia Virginia Albán Luna

diciembre de 2018, en la que se dispuso el pago de la suma de $107.191.576,67
a favor de los señores Jefferson Murillo Albán, Celimo Murillo Rentería y Jenniffer
Murillo Albán. Y respecto de la señora Eugenia Virginia Albán Luna se indicó
que la suma de $16.562.320 le sería cancelada una vez allegara el auto por
medio del cual se realizó la «corrección aritmética» de su nombre.
• Mediante auto 1020 del 30 de agosto de 202322, el Juzgado Segundo
Administrativo de Oralidad de Santiago de Cali indicó que realizaría la corrección
a la sentencia del 27 de noviembre de 2014, dado que se omitió incluir el segundo
nombre de una de las demandantes «anotándose […] a la señora EUGENIA
ALBAN LUNA, siendo correctamente EUGENIA VIRGINIA ALBAN LUNA». Sin
embargo, en la parte resolutiva se incluyeron los dos nombres, pero no los dos
apellidos. Así:

«PRIMERO-. CORREGIR la sentencia de primera instancia, la cual fue notificada el 28
de noviembre de 2014, en el sentido que el nombre de la demandante de dicha
providencia es EUGENIA VIRGINIA ALBAN correspondiente al proceso 76001-33-33-
002-2013-00020-00 del Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Santiago de
Cali.».

• El 15 de noviembre de 202323, el Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad
de Santiago de Cali dictó el auto Nro. 1206 en que se corrigió el nombre de una
de las demandantes en el medio de control 76001-33-33-002-2013-00020-00,
precisando que «el nombre completo de la demandante es EUGENIA VIRGINIA
ALBAN LUNA». Así:
«PRIMERO-. CORREGIR la sentencia de primera instancia, la cual fue notificada el 28 de
noviembre de 2014, en el sentido de indicar que el nombre de la demandante de dicha providencia
es EUGENIA VIRGINIA ALBAN LUNA correspondiente al proceso 76001-33-33-002-2013-00020-
00 del Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Santiago de Cali».

• El 16 de noviembre de 202324, el apoderado de la señora Eugenia Virginia solicitó
al juzgado copia auténtica del auto 1206 en el que se corrigió la sentencia.
Solicitud que fue reiterada el 19 de febrero de 202425.
• El 7 de marzo de 202426, el apoderado de la parte demandante radicó ante la
Dirección General de la Policía Nacional un memorial en que mencionó que
allegaba «copia autentica (sic) de la certificación y Auto interlocutorio N° 1206 donde se corrige
la sentencia, según ejecutoria dentro del mismo (VER ARCHIVOS ADJUNTOS). Con lo anterior
doy cumplimiento a lo requerido, por lo que solicito (sic) continuar con el desembolso del mismo en
lo relacionado a la señora EUGENIA VIRGINIA ALBÁN LUNA […]». Documento que cuenta
con sello de radicación y con radicado Nro. 018429.
• El 23 de julio de 202527, la señora Eugenia Virginia Albán Luna presentó petición
al Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales de la Policía Nacional, en donde
pidió información del pago de su sentencia y del trámite impartido a la petición
que su apoderado presentó el 7 de marzo de 2024. En los siguientes términos:
«REF: DERECHO DE PETICION (sic) ART 23 C.N
EUGENIA VIRGINA ALBAN LUNA, identificada con C.C. . N° 29.399.864, residente en la ciudad
de Cali, de manera atenta y por medio del presente escrito y en uso del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, y reglamentado por la Ley
1755 de 2015 manifiesto lo siguiente;
A.- HECHOS:
1.- Soy beneficiaria de un fallo judicial, en contra de la entidad POLICIA NACIONAL -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, por unos hechos donde mi hijo resulto herido en una
intervencion de la policia. (JEFFERSON MURILLO ALBAN C.C. N° 1.130.597.394)
2.- Me reconocieron perjuicios por parte del Juzgado donde se encontraba radicada la demanda,
en el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
SANTIAGO DE CALI. Radicado:761473333001201300020001
Demandante: JEFFERSON MURILLO ALBAN Y OTROS.

22
Samai, índice 3. Anexos. Folio 53 y 54.
23
Samai, índice 3. Anexos. Folio 56 y 57.
24
Samai, índice 3. Anexos. Folio 39.
25
Samai, índice 3. Anexos. Folio 59, 60 y 61.
26
Samai, índice 3. Anexos. Folio 80.
27
Samai, índice 3. Anexos. Folio 86 y 87.

10

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Radicado: 76001-23-33-000-2025-00648-01
Demandante: Eugenia Virginia Albán Luna

3.- La entidad, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - SECRETARIA
GENERAL, emitio la resolucion 0316 del 17 MAR 2023 donde procedio a la liquidacion del
pago a cada uno de los beneficiarios.
4.- Solo en referencia del reconocimiento a mi favor, no me fue cancelado o pagado. Como quiera
que el Juzgado en el momento de emitir la sentencia por error, escribio mi nombre incorrecto.
En ese sentido, el apoderado en su momento, presento una peticion donde requeria la
corrección en mención.
B.- PRETENSIONES:
Con base a lo mencionado en los puntos anteriores solicito respetuosamente;
1.- Me cancele el correspondiente pago, el cual me fue reconocido en la sentencia emitida por el
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SANTIAGO
DE CALI, de igual manera me sean reconocidos todos los intereses desde el momento de la
radicacion (sic) de los documentos ante su entidad, teniendo en cuenta que el pago fue
retenido por su entidad, por un error del Juzgado y no mio (sic). No tengo por que (sic) asumir
o cargar con esa responsabilidad.
2.- Me reconozca todos los intereses desde el momento de la radicacion (sic) de los documentos
ante su entidad. Teniendo en cuenta que fui afectada por el Juzgado por su error.
3.- Se me expida copia de la respuesta al radicado de los documentos con fecha: N° 018429 del
07 MAR 2024. (Documentos que fueron radicados por mi apoderado el Dr. Johny
Alexander Bermudez Monsalve C.C. N°16.511.335 y T.P. N° 133.160 del C.S. de la
Judicatura.)
C.- PRUEBAS:
1.- OFICIO N° S-202-016410/SEGEN-GUDELJ-1.10 con fecha del 24 MAR 2020, cuando se
radico la cuenta de cobro y poder debidamente radicado y autenticado, con mis datos
correctos.
2.- RESOLUCION DE PAGO
3.- COPIA DEL RADICADO N° 018429 07 MAR 2024
4.- CORRECCIÓN POR PARTE DEL JUZGADO, EL CUAL FUE RADICADO ANTE SU
ENTIDAD.
5.- COPIA DE MI CEDULA DE CIUDADANIA. […]» (sic a toda la cita)

• El 24 de julio de 202528, el Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales de la
Secretaría General de la Policía Nacional, a través del Intendente Jefe Manuel
Darío Vivas Chitiva, dio respuesta a la petición de la señora Albán Luna
indicándole que luego de realizar la revisión del turno de pago [2020-S-062] y de
verificar la resolución 0316 del 17 de marzo de 2023 procedió a solicitar el
expediente de manera física para poder realizar la revisión jurídica y dar
cumplimiento total al fallo. Así:

«En atención a la solicitud presentada mediante correo electrónico del asunto, y allegada al Grupo
de Ejecución Decisiones Judiciales, de manera respetuosa me permito indicarle lo siguiente:
Realizando la revisión del proceso correspondiente al numero (sic) de turno de pago [2020-S-062]
y la verificación de la resolución numero (sic) 0316 del 17 de marzo de 2023, mediante
comunicación oficial numero (sic) GS-2025-021405-SEGEN, se solicitó el expediente de manera
física para hacer la revisión jurídica y dar cumplimiento total al fallo judicial, alineado a la llegada
de los documentos enviados a esta unidad mediante comunicación oficial numero (sic) GE-2024-
018429-DIPON, del 07 de marzo de 2024, así las cosas y en concordancia con el grupo económico,
a la llegada del expediente se realizaran las acciones necesarias con el fin de dar cumplimiento al
fallo de la sentencia judicial que nos ocupa para la actual vigencia.
De las acciones desplegadas de la revisión, le será informadas por los canales de comunicación
autorizados por las partes».

• El 19 de agosto de 202529, la señora Eugenia Virginia Albán Luna remitió desde
el correo electrónico eugvirginlunalban1961@gmail.com a las direcciones:
segen.gudej@policia.gov.co, segen.gucor-rad@policia.gov.co javier.rodriguez3501@correo.policia.gov.co,
victor.delgado2938@correo.policia.gov.co, una comunicación
eugvirginlunalban1961@gmail.com
dirigida a la Policía Nacional, Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales, señor
Manuel Darío Vivas Chitiva, referenciada como: «repuesta (sic) derecho de petición
correo S/N electrónico 23/07/2025 y comunicación oficial número GE-2024-018429-
DIPON - turno de pago [2020-S-062].», en donde solicitó se le diera una respuesta

28
Samai, índice 3. Anexos. Folio 108.
29
Samai, índice 3. Anexos. Folio 109.

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Demandante: Eugenia Virginia Albán Luna

de fondo a la petición del 23 de julio de 2025, pues consideró que no se le atendió
la pretensión Nro. 3, como se observa a continuación:
«Doctor,
MANUEL DARIO VIVAS CHITIVA
GRUPO EJECUCION OFICINA DE PAGOS.
POLICÍA NACIONAL
Un cordial saludo,
De manera atenta, solicito se me de respuesta de fondo, siendo que su respuesta no tiene
respuesta dentro de mi petición, al punto donde solicito;
> Se me expida copia de la respuesta al radicado de los documentos con fecha: N° 018429
del 07 MAR 2024. <
le informó que según la orientación jurídica que recibi, procederé a poner una tutela.
por que su respuesta no fue clara, porque ustedes nada que me pagan la indemnización a la que
tengo derecho, esta es la fecha que aun no me resuelven nada.
Agradezco dar respuesta a mi solicitud.
Soy una persona de la tercera edad y tengo una discapacidad y necesito ese dinero para poder
pagar mis deudas.
ustedes no saben la necesidad que tengo, por favor paguenme, lo que me corresponde. […]» (sic
a toda la cita)

• El 29 de septiembre de 202530, el Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales
de la Secretaría General de la Policía Nacional, a través de la patrullera Laura
Vanesa David García, mencionó que se atendía la solicitud realizada por la
señora Eugenia Virginia en la acción de tutela de la referencia indicándole que el
pago está supeditado a la presentación del auto de corrección aritmética o
documento judicial equivalente, que la entidad no ha incurrido en negligencia ni
omisión dado que desde el año 2020 se le solicitó la documentación, y que no
procede el reconocimiento de intereses por cuanto el trámite se encontraba
suspendido por la falta del documento judicial. Por lo que, se exhortó a la actora
para que gestionara ante el juzgado la expedición del auto de corrección
aritmética.

3.4. Si bien la señora Eugenia Virginia Albán Luna, actuando en nombre propio,
narró como hechos en su escrito de tutela los mencionados en el punto 2 de
los antecedentes, no es menos cierto que de la revisión de la totalidad de los
anexos que se adjuntaron con el escrito de tutela y de las contestaciones esta
Sala pudo advertir que se habían adelantado distintas actuaciones que no
fueron mencionadas por la actora, como se evidenció en el punto 3.3 de las
consideraciones (hechos probados). Lo cual permite dar una mejor
interpretación a la situación planteada en esta acción.

Tal como lo indicó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al declarar la
improcedencia de la acción por subsidiariedad, la señora Albán Luna cuenta
con el proceso ejecutivo para el cobro de las sumas reconocidas en su favor
en la sentencia y solicitar el pago de los intereses correspondientes.

Sin embargo, se debe precisar que para tal fin, los beneficiarios de una
condena judicial a su favor se encuentran habilitados para (i) adelantar el
proceso ejecutivo (artículo 297 y 298 CPACA), pero de manera previa deben
(ii) surtir el trámite de cobro de la condena ante la administración (artículo 192
CPACA); procedimiento que fue el iniciado por los demandantes en el proceso
de reparación directa 76001-33-33-002-2013-00020-00/01, que justamente dio
lugar a que mediante la resolución 0316 del 7 de marzo de 2023 31, el Ministerio
de Defensa, Policía Nacional diera cumplimiento a la sentencia del 12 de
diciembre de 2018, a favor de los señores Jefferson Murillo Albán, Celimo
Murillo Rentería y Jenniffer Murillo Albán, y que respecto de la señora Eugenia
Virginia Albán Luna indicara que la suma reconocida le sería cancelada una
vez allegara el auto por medio del cual se realizara la «corrección» de su
nombre en la sentencia.

30
Samai, índice 10. Expediente 76001-23-33-000-2025-00648-00.
31
Samai, índice 3. Anexos. Folio 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.

12

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Radicado: 76001-23-33-000-2025-00648-01
Demandante: Eugenia Virginia Albán Luna

Tan es así que, como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad de
la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional se ordenó realizar
el pago de las sumas determinas en la sentencia del 27 de noviembre de 2014.
Por lo que, el abogado Johny Alexander Bermúdez Monsalve, apoderado de
los señores Jefferson Murillo Albán, Celimo Murillo Rentería, Eugenia Virginia
Albán Luna y Jennifer Murillo Albán radicó el 12 de febrero de 2020 la cuenta
de cobro ante la entidad, con el fin de gestionar el pago ante la administración.

Por lo que, el 24 de marzo de 2020, la entidad demandada le informó al
apoderado la asignación del turno de pago y le advirtió de la novedad respecto
del nombre de la señora Eugenia Albán Luna, indicándole que frente a esa
persona se suspendió la causación de los intereses hasta que «sea subsanada
la novedad». En igual sentido, el 17 de marzo de 2023, la entidad dictó la
resolución 0316, en la que se daba cumplimiento a la sentencia a favor de los
señores Jefferson Murillo Albán, Celimo Murillo Rentería y Jenniffer Murillo
Albán y respecto de la señora Eugenia Virginia Albán Luna se indicó que la
suma le sería cancelada una vez allegara el auto por medio del cual se realizó
la «corrección aritmética» de su nombre. Lo que evidencia que el pago de la suma
correspondiente a la señora Eugenia Virginia se daría una vez se cumpliera
la condición establecida.

Sin embargo, pese a las múltiples solicitudes de corrección presentadas por
el apoderado en el año 2020, 2022 y 2023 ante el juzgado, fue solo hasta el
15 de noviembre de 2023 que el juzgado procedió con la debida corrección.
Lo que demuestra que la tardanza en aportar la providencia de corrección ante
el Ministerio, fue atribuible al Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de
Santiago de Cali, pues entre la primera solicitud de corrección (6 de agosto de
2020) y el auto que efectivamente realizó el ajuste (15 de noviembre de 2023)
transcurrió un aproximado de 3 años, 3 meses y 10 días.

De ahí que, respecto de la señora Eugenia Virginia Albán Luna el trámite de
cobro ante la administración no haya culminado. Cosa distinta ocurrió
respecto de los restantes tres beneficiarios de la condena. Así las cosas, el
análisis que debe efectuar la Sala debe estar orientado a verificar si el
Ministerio de Defensa, Policía Nacional ha desconocido los derechos
fundamentales al debido proceso administrativo y de petición de la actora.

4. Derecho de petición y derecho al debido proceso administrativo y su
análisis en el caso concreto

4.1. De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y también ante
organizaciones privadas, por motivos de interés general o particular y a
obtener una pronta resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata
según el artículo 85 de la Carta.

De conformidad con el inciso 2º del artículo 13 del CPACA 32:
«Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea
necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento
de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir
copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer
recursos».

32
Sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

13

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Radicado: 76001-23-33-000-2025-00648-01
Demandante: Eugenia Virginia Albán Luna

La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la
connotación de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales
como el debido proceso, la información, la participación política, la libertad de
expresión, la seguridad social, el acceso a documentos públicos, entre otros.

El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia constitucional 33, que ha
dispuesto que son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho, a
saber: (i) la pronta resolución; (ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo,
es decir que sea clara, precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y
(iii) que la decisión adoptada se le notifique al peticionario 34.

En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto
de protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el
sentido de la respuesta, pues es potestativo de la autoridad que recibe la
solicitud si conceder o no lo pedido. Por ello, se ha aclarado que la respuesta
negativa en ningún caso significa vulneración del derecho fundamental de
petición, ya que «existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener
lo pedido.»35.

En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente
la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si
existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la
solución verse sobre lo pedido 36. Conviene precisar que la respuesta a la
solicitud no exige necesariamente la decisión favorable o positiva a los
intereses de la persona, en razón a que una cosa es el derecho de petición y
otra es el derecho a lo pedido 37.

El derecho de petición, además, se encuentra regulado en los artículos 13,
14, 15 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Allí se disponen las modalidades del derecho de
petición, su objeto y otros aspectos.

Asimismo, se indican los tiempos en que las autoridades deben dar respuesta
a las peticiones, dependiendo del tipo de solicitud. Por regla general, los
derechos de petición deben ser resueltos dentro de los 15 días siguientes a
su recepción. Sin embargo, la ley consagra algunas excepciones. Por
ejemplo, «Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los
diez (10) días siguientes a su recepción» y «Las peticiones mediante las cuales se eleva una
consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro
de los treinta (30) días siguientes a su recepción».

La misma norma precisa que en el evento de que no sea posible resolver la
petición en los plazos establecidos, la autoridad debe informarle al peticionario
tal situación antes del vencimiento del término señalado, caso en el cual se
indicarán los motivos de la demora y el plazo razonable en el que se le
resolverá, el cual, no puede superar el doble del inicialmente previsto.

En lo que respecta a la notificación de la respuesta al derecho de petición, la
Corte Constitucional indicó que corresponde a la administración actuar con
33
Dentro de las providencias recientes se remite a lo dispuesto en la sentencia T-167 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla),
en la que se hace una presentación integral de este derecho y de una de sus especies, el derecho de acceso a los
documentos públicos (consagrado en el Art. 74 CP). Dentro de las providencias iniciales, sin duda, debe tenerse presente
lo dispuesto en la sentencia T-426 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), en la que se hace un estudio preciso acerca
de la determinación del núcleo esencial de los derechos fundamentales y, en especial, del núcleo del derecho de petición.
34
Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
35
Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
36
Sentencia T-587 de 2006, Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería, providencia del 27 de julio de 2006.
37
Corte Constitucional en sentencia T-063 de 2000

14

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diligencia para que la respuesta sea conocida por el interesado, gestión que
denota lealtad y publicidad de las actuaciones de la administración y permite
materializar el derecho al debido proceso del administrado, ya que es
condición necesaria para que el interesado ejerza su derecho de defensa y
contradicción.

Acorde con lo señalado por el artículo 4 del CPACA, las actuaciones
administrativas podrán iniciarse, entre otros: «2. por quienes ejerciten el derecho de
petición en interés particular».

4.2. De otra parte, conforme el artículo 29 de la Constitución Política la garantía
constitucional fundamental al debido proceso aplica a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas. Dispone la norma:
«Articulo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra;
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso»..

De esta disposición se desprende que el derecho fundamental al debido
proceso es una garantía de rango constitucional instituida a favor de las partes
y de los terceros interesados en una actuación judicial o administrativa, que
comprende, a grandes rasgos, tres elementos: (i) el derecho de toda persona
a ser juzgada según las formas propias de cada juicio, es decir, según las
normas procesales propias de cada actuación judicial, administrativa o de
cualquier índole; (ii) el principio del juez natural, que implica el derecho a ser
juzgado por la autoridad competente; y (iii) el derecho de contradicción y
defensa.

Este derecho se encuentra protegido en normas e instrumentos de derecho
internacional, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos
(artículos 10 y 11), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre (art. XVIII y XXVI), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(artículos 14 y 15) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(artículo 8º). Reglas que en virtud del artículo 93 ídem, hacen parte del bloque
de constitucionalidad.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha hecho una serie de
consideraciones del debido proceso administrativo, de donde se desprenden
las siguientes garantías:
«…i) la necesidad que la actuación administrativa se surta sin dilaciones injustificadas, ii) de
conformidad con el procedimiento previamente definido en las normas, iii) ante la autoridad
competente; iv) con pleno respeto de las formas propias de la actuación administrativa
previstas en el ordenamiento jurídico; v) en acatamiento del principio de presunción de
inocencia; vi) de garantía efectiva de los derechos a ser oídos, a disponer de todas las
posibilidades de oposición y defensa en la actuación administrativa, a impugnar las decisiones
que contra ellos se profieran, a presentar y a controvertir las pruebas y a solicitar la nulidad de
aquellas obtenidas con violación del debido proceso. ».38

38
Sentencia T-455-05, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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Se identifican tres aspectos básicos para que se entienda que ha existido un
debido proceso dentro de la actuación administrativa: (i) Que el procedimiento
administrativo debe responder al principio de legalidad y estar establecido en
las normas; (ii) que deben respetarse con absoluta estrictez las formas de
actuación previstas en la normativa, y (iii) que se debe garantizar el derecho a
la defensa en todas sus formas. Esto, sin pasar por alto que, uno de los
elementos esenciales del debido proceso administrativo es el principio de
publicidad, y una de las formas en las que se concreta ese principio es a través
de las notificaciones de las decisiones.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que el derecho fundamental
al debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y
administrativas. Así, al momento de determinar su alcance tal disposición
constitucional prevé que toda persona tiene derecho a «un debido proceso público
sin dilaciones injustificadas».

La Corte Constitucional ha indicado que la vulneración de este elemento del
derecho al debido proceso, trátese de un proceso judicial o administrativo, se
configura cuando: «(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto
de plazo razonable que involucra análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal
del interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global de procedimiento;
(iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora».

Esta jurisprudencia es plenamente aplicable en los casos de mora
administrativa debido a que el artículo 29 constitucional establece la
procedencia de este derecho fundamental en ambos escenarios.

4.3. De los hechos probados en el expediente se advierte que la señora Eugenia
Virginia Albán Luna presentó petición el 23 de julio de 2025, desde su correo
electrónico: eugvirginlunalban1961@gmail.com dirigida a las direcciones: segen.gucor-
rad@policia.gov.co, javier.rodriguez3501@correo.policia.gov.co, segen.gudej@policia.gov.co,
victor.delgado2938@correo.policia.gov.co, jabm755@yahoo.es, eugvirginlunalban1961@gmail.com, en donde
solicitó (i) que se realizara el correspondiente pago junto con los intereses, (ii)
se le reconocieran los intereses desde el momento en el cual se radicó la
documentación en la entidad, y (iii) se le expidiera copia de la respuesta a la
solicitud que radicó su apoderado el 7 de marzo de 2024 (en donde se aportó el
auto de corrección de la sentencia).

Al respecto, el 24 de julio de 2025 el Grupo de Ejecución de Decisiones
Judiciales de la Secretaría General de la Policía Nacional, dio respuesta a la
petición de la señora Albán Luna indicándole que luego de realizar la revisión
del turno de pago [2020-S-062] y de verificar la resolución 0316 del 17 de
marzo de 2023 procedió a solicitar el expediente de manera física para poder
realizar la revisión jurídica y dar cumplimiento total al fallo.

Sin embargo, esta misma autoridad en la contestación de esta acción de tutela
manifestó que la suma de dinero le sería cancelada a la señora Eugenia
Virginia Albán Luna una vez se allegara el auto con la corrección aritmética o
el documento equivalente que permitiera determinar de forma precisa quién
era la persona beneficiaria en la sentencia, pues estaba claro «que el
desembolso se efectuará inmediatamente se allegue el auto de corrección aritmética» .

Tan es así que en respuesta a esta acción de tutela la autoridad expidió el
oficio GS-2025-/ARDEJ-GUDEJ-13 del 29 de septiembre de 2025, notificado
a la accionante y aportado en la contestación, en donde se le informaba que:

• «El pago quedará supeditado a la presentación del auto de corrección aritmética
o documento judicial equivalente que subsane la inconsistencia.

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• La entidad no ha incurrido en negligencia ni omisión, toda vez que desde el año
2020 solicitó la respectiva documentación.
• No procede el reconocimiento de intereses por cuanto el trámite se encuentra
suspendido por la falta de documento judicial, requisito ajeno a la competencia
de esta Dirección.»

Al respecto esta Sala observa que el Grupo de Ejecución de Decisiones
Judiciales de la Secretaría General de la Policía Nacional está brindando a la
accionante una respuesta evasiva y poco clara, pues de un primer momento
se le indica que se revisará el expediente para proceder con el pago, sin
precisar los tiempos en los cuáles le darán respuesta a su solicitud y de otro
lado se le señala que no se procederá con el pago hasta tanto no aporte al
auto que corrige la sentencia.

Cuando lo cierto es que en los anexos del escrito de tutela se aportó
documento que da cuenta que el 7 de marzo de 2024, el apoderado de la
señora Albán Luna radicó a través de la ventanilla única de correspondencia y
radicación de la Dirección General de la Policía Nacional un memorial en que
mencionó que allegaba «copia autentica (sic) de la certificación y Auto interlocutorio
N° 1206 donde se corrige la sentencia, según ejecutoria dentro del mismo (VER
ARCHIVOS ADJUNTOS). Con lo anterior doy cumplimiento a lo requerido, por lo que
solicito continuar con el desembolso del mismo en lo relacionado a la señora EUGENIA
VIRGINIA ALBÁN LUNA». Prueba respecto de la cual el Grupo de Ejecución de
Decisiones Judiciales de la Secretaría General de la Policía Nacional no se
pronunció en su contestación para oponerse, pues de la información que allí
reposa se da a entender que en efecto el auto del 15 de noviembre de 2023
expedido por el Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Santiago de
Cali (en el cual se surtió la corrección de la sentencia) fue aportado en copia
auténtica. Como se observa a continuación:

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Adicionalmente, ante la respuesta del 24 de julio de 2025 la señora Eugenia
Virginia Albán Luna remitió el 19 de agosto de 2025, desde el correo
electrónico eugvirginlunalban1961@gmail.com a las direcciones: segen.gudej@policia.gov.co,
segen.gucor-rad@policia.gov.co javier.rodriguez3501@correo.policia.gov.co,
victor.delgado2938@correo.policia.gov.co, eugvirginlunalban1961@gmail.com, otra petición
dirigida a la
Policía Nacional, Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales, señor Manuel
Darío Vivas Chitiva, referenciada como: «repuesta (sic) derecho de petición correo
S/N electrónico 23/07/2025 y comunicación oficial número GE-2024-018429-DIPON - turno de
pago [2020-S-062].», en la que solicitó que se le diera una respuesta de fondo a
la petición del 23 de julio de 2025, específicamente en lo relacionado con la
solicitud radicada el 7 de marzo de 2024 por su apoderado (solicitud en donde
se adjuntó la corrección de la sentencia), sin que de esta última petición se
advierta respuesta alguna, pues en la contestación de la tutela la entidad
informó de manera general que se había atendido las peticiones presentadas
por la accionante sin identificar cada una de ellas y sin aportar prueba de la
respuesta y correspondiente notificación.

Así las cosas, advierte la Sala que en el presente asunto el Ministerio de
Defensa, Policía Nacional, Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales
vulneró el derecho fundamental de petición de la señora Eugenia Virginia
Albán Luna frente al numeral tercero de la petición del 23 de julio de 2025 y a
la petición radicada el 19 de agosto de 2025, y en consecuencia, desconoció
el derecho al debido proceso administrativo de la actora, considerando que el
procedimiento de cobro de sentencia judicial iniciado ante la administración no
ha culminado, si se tiene en cuenta que mediante la resolución 0316 del 7 de
marzo de 2023 respecto de la obligación reconocida a favor de la señora
Eugenia Virginia Albán Luna, la autoridad administrativa indicó que la suma
reconocida a su favor le sería cancelada una vez allegara el auto por medio
del cual se realizara la «corrección» de su nombre en la sentencia;
requerimiento que, luego de múltiples trámites y solicitudes ante la autoridad
judicial llamada a corregir la providencia, se cumplió el 7 de marzo de 2024,
cuando su apoderado aportó a la entidad el auto de corrección de la sentencia;
sin que a la fecha exista una decisión clara, expresa y de fondo.

5. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, esta Sala revocará la sentencia del 16 de octubre
de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para en su
lugar amparar los derechos fundamentales de petición y debido proceso de la
señora Eugenia Virginia Albán Luna.

En consecuencia, se ordenará al Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales de
la Secretaría General de la Policía Nacional que, dentro del término de diez (10)
días siguientes a la notificación de esta providencia de respuesta de fondo, clara,
precisa, congruente, consecuente con lo solicitado y sin ser evasiva, conforme a
las consideraciones de esta sentencia. La respuesta otorgada deberá ser notificada
a la peticionaria.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada, dictada el 16 de octubre de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, amparar los
derechos fundamentales de petición y debido proceso administrativo de la
señora Eugenia Virginia Albán Luna, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
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2. En consecuencia, ordenar al Ministerio de Defensa, Secretaría General de la
Policía Nacional, Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales que, dentro del
término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia brinde
una respuesta de fondo, clara, precisa, congruente, consecuente con lo
solicitado por la peticionaria y sin incurrir en contradicciones ni evasivas, al
numeral tercero de la petición del 23 de julio de 2025 y a la petición radicada
el 19 de agosto de 2025, conforme a las consideraciones de esta sentencia.

La respuesta otorgada deberá ser notificada a la peticionaria en el mismo
plazo concedido.

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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