Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2014-00232-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 63001-23-33-000-2014-00232-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Contrato realidad: carga de la prueba
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2014-00232-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2014-00232-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
11 de abril de 2019
CONTRATO REALIDAD - Carga de la prueba / RELACION LABORAL - Elementos / SUBORDINACION Y DEPENDENCIA - No demostrada / MATERIAL PROBATORIO - No logró acreditar de forma contundente los elementos del contrato realidad
La carga de demostrar que una relación laboral se encubrió a través de contratos de prestación de servicios corresponde a la parte demandante, a fin de deprecar las prestaciones que se deriven de ella, por lo que en este caso, era al actor a quien correspondía acreditar que se encontraba en situación de continuada subordinación y dependencia, en cuanto tenía que cumplir idénticas funciones que el personal de planta, en horarios fijados unilateralmente por la entidad demandada y bajo las órdenes de sus superiores. El contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se demuestra la concurrencia de los tres elementos constitutivos de la relación laboral, es decir, cuando: i) la prestación de servicio es personal; ii) subordinada de manera continua; y iii) remunerada. La figura del contrato realidad, sostiene la jurisprudencia, se aplica cuando se constata la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación continuada propia de las relaciones laborales. Como en esta clase de asuntos la carga de la prueba corresponde a quien pretende demostrar la existencia de la relación laboral, y en el presente caso, la parte demandante no logró acreditar de forma contundente los elementos del contrato realidad, particularmente la subordinación y dependencia continuada, considera esta Subsección que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 15 de abril de 2016 debe ser confirmada, por las razones aquí expuestas.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCION "A"
Consejero ponente: WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 63001-23-33-000-2014-00232-01(2733-16)
Actor: ALBERTO PADILLA BETTIN
Demandado: RED SALUD ARMENIA ESE
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES. INTERMEDIACIÓN LABORAL. PRESTACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS A UN TERCERO A TRAVÉS DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO E INTERMEDIARIOS LABORALES. CARGA DE LA PRUEBA. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA. LEY 1437 DE 2011.
ASUNTO
La Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de abril de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que negó las pretensiones de la demanda.
LA DEMANDA
El señor Alberto Padilla Bettin, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, demandó a la Empresa Social del Estado Red Salud Armenia.
Pretensiones:
Declarar la nulidad del acto administrativo 220-70 04622 del 12 de agosto de 2013, por medio del cual Red Salud Armenia ESE, negó la existencia la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales solicitadas.
Declarar la existencia de una relación laboral entre Red Salud Armenia ESE y el señor Alberto Padilla Bettin entre el 1.º de septiembre de 2010 y el 30 de mayo de 2012, sin solución de continuidad.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada:
Al reconocimiento y pago de las siguientes acreencias y prestaciones sociales comunes, devengadas por los empleados de Red Salud Armenia ESE: cesantías, primas semestrales, primas de navidad, vacaciones, la sanción moratoria por no consignación oportuna del auxilio de cesantías.
Al pago de los valores correspondientes a los porcentajes de cotización a pensión y salud, que debió trasladar a los fondos correspondientes, durante el período en el que prestó sus servicios a la entidad.
A reconocer, liquidar y pagar las horas extras diurnas y nocturnas, festivos, dominicales, recargos nocturnos y compensatorios en el periodo reclamado.
A título de indemnización, a pagar al señor Alberto Padilla Bettin el valor correspondiente a las cotizaciones a la Caja de Compensación durante el periodo reclamado.
Al pago de la indemnización por no pago oportuno de las prestaciones sociales y salarios a la terminación del vínculo laboral, así como la indemnización por despido injusto.
Ordenar que el tiempo laborado por el demandante sea computado para efectos pensionales.
Ordenar a la entidad demandada a reintegrar al señor Alberto Padilla Bettin a un cargo de igual o superior jerarquía de la planta de personal de la entidad. De igual forma, condenar a la demandada al pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de desvinculación.
Condenar a la demandada al pago en favor del señor Alberto Padilla Bettin de los valores descontados por concepto de retención en la fuente.
Ordenar que los valores que se reconozcan sean indexados con base en la variación del índice de precios al consumidor.
Fundamentos fácticos relevantes:
El señor Alberto Padilla Bettin prestó sus servicios a Red Salud Armenia entre el 1.º de septiembre de 2010 y el 31 de mayo de 2012, como bacteriólogo, con las siguientes funciones a su cargo: recepción y análisis de muestras; entrega de resultados. Todo lo anterior lo desarrolló en las instalaciones de la entidad demandada con equipo suministrado por esta.
En la ESE Red Salud Armenia existía personal de planta que tenía funciones idénticas a las desarrolladas por el demandante, entre ellos, los doctores María Elena Muriel, Martha Lucía Prieto, Sara Rojas Barrantes y César Augusto Torres.
El señor Padilla Bettin fue vinculado a Red Salud Armenia a través de la cooperativa Coosaquin entre el 1.º de septiembre de 2010 y el 31 de diciembre de la misma anualidad; entre el 1.º de enero de 2011 y el 31 de los mismos mes y año, por medio de contrato de prestación de servicios suscrito directamente por las partes demandante y demandada; entre el 1.º de febrero de 2011 y 31 de mayo de 2012 por medio de la empresa de servicios temporales Temporalmente S.A.
A través del Oficio 02134 del 6 de mayo de 2013, Red Salud Armenia aceptó que el señor Alberto Padilla Bettin estuvo vinculado a la entidad entre el 1.º de septiembre de 2010 y el 30 de abril de 2012.
Las labores desarrolladas por el demandante fueron cumplidas en los horarios dispuestos por Red Salud Armenia ESE, en forma continua, permanente y subordinada, con respeto del reglamento de trabajo y las órdenes de sus superiores. Además, señaló que pedía permisos o autorizaciones a la doctora María Elena Muriel.
El 26 de julio de 2013 se radicó ante la entidad demandada la reclamación administrativa tendiente al reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales que, consecuentemente, se adeudaban. No obstante, mediante Oficio 220-70 04622 del 12 de agosto de 2013 la empresa social del Estado negó la petición incoada, dicho acto fue notificado el 13 de agosto de 2013.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
En el marco de la parte oral del proceso bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de precisar el objeto del proceso y de la prueba.
En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.
En el presente caso, a folio 239, anverso y reverso, se indicó lo siguiente respecto a la etapa de excepciones:
«[…] se encuentra que la accionada E.S.E Redsalud Armenia en el escrito de contestación a la acción propuso como excepciones las siguientes: Falta de competencia del Juez Administrativo en razón a la cuantía establecida en la demanda, inepta presentación de la demanda por indebida acumulación de pretensiones y la ecuménica, respecto a las cuales procederá a pronunciarse el Tribunal en esta ocasión en el siguiente sentido:
1. Respecto a la excepción propuesta de Falta de competencia del Juez Administrativo en razón a la cuantía establecida en la demanda, encuentra el Tribunal que la misma al haber sido resuelta y declarada por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Armenia y con la remisión de las diligencias a esta Corporación, termina solventada la excepción.
2. Sobre la presunta excepción rotulada como inepta presentación de la demanda por indebida acumulación de pretensiones, se tiene que la misma no está llamada a prosperar, toda vez que al momento de la admisibilidad del Medio de Control se encontró debidamente cumplidos los requisitos de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 159 a 167 del CPACA. Es decir, las pretensiones todas apuntan al mismo fin. Además, de conformidad con el Nº del Artículo 163 del CPACA en el evento que hubiera acumulación de pretensiones ello no sería óbice para no continuar con el trámite de la demanda.
3. Sin lugar a decretar de oficio excepción alguna por este Tribunal.
Sobre las excepciones anteriormente efectuadas, se RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones antes referidas […]». (Cursiva y negrita del original)
La decisión quedó notificada en estrados. Las partes manifestaron estar de acuerdo.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última.
En el sub lite, a folio 239 reverso, el Tribunal fijó el litigio respecto del problema jurídico, así:
«[…] Cumplido lo anterior, y con fundamento en lo expuesto por las partes de manera escrita en la demanda y contestación se fija el litigio de la siguiente manera:
¿Habrá lugar a declarar la nulidad del acto administrativo Nº 220-70 04622 del 12 de Agosto de 2013 por medio del cual la E.S.E Redsalud Armenia negó la existencia de la relación laboral y el pago de las prestaciones e indemnizaciones solicitadas al señor Alberto Padilla Bettin, declarando en consecuencia la existencia de una relación laboral entre estos desde el 1 de septiembre de 2010 y hasta el 30 de Mayo de 2012? […]». (Cursiva del texto original)
La decisión quedó notificada en estrados. Las partes manifestaron estar de acuerdo con el litigio planteado.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Quindío, en sentencia escrita dictada el 15 de abril de 2016, resolvió:
«[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad a las consideraciones expuestas. SEGUNDO: Condenar en costas en primera instancia a la parte demandante. […]» (Negrita y mayúscula del texto original)
La anterior decisión la profirió con fundamento en las siguientes consideraciones:
El Tribunal hizo referencia al principio de la carga de la prueba, para lo cual delimitó que en el caso de los contratos de prestación de servicios a través de los cuales se alegue el encubrimiento de una verdadera relación laboral, corresponde al contratista demostrar la configuración de los tres elementos propios de esta última, como son: la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación. Ello con sustento en que el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula que en ningún caso, la suscripción de contratos genera relaciones de carácter laboral entre contratante y contratista.
De acuerdo con lo anterior, y con fundamento en el material probatorio allegado y practicado en el proceso, sostuvo que de estos elementos se encontraron acreditados la prestación personal del servicio y la remuneración. Sin embargo, frente a la continuada subordinación y dependencia, consideró que el acervo documental y testimonial no era suficiente para encontrar satisfecha la configuración de este.
En ese sentido, resaltó que no era posible determinar que, mientras se desempeñó como bacteriólogo en Red Salud Armenia ESE, este se encontrara en situación de subordinación por estar sometido a órdenes o al acatamiento de un horario determinado por parte de la contratante. Al respecto, afirmó que ni los cuadros de turnos aportados, ni el testimonio de la señora Marnelly Cardona González tuvieran la fuerza probatoria necesaria para brindar certeza sobre la relación subordinada.
Sobre los cuadros de turnos, afirmó que de ellos no se observaba que se tratara de una imposición por parte de la entidad demandada, sino que era un cronograma con la descripción de turnos, del tiempo a prestar y la jornada, sin que de allí se pudiera predicar quién los fijó o los modificó, por lo que debía presumirse que esto se dio de forma coordinada entre contratante y contratista. Asimismo, advirtió que de tener en cuenta las horas relacionadas en los citados cuadros, se podría evidenciar que estas no superan las 48 horas semanales y 192 mensuales obligatorias por ley, situación indicativa de que el demandante disponía de tiempo para dedicarse a otras actividades.
Frente a la prueba testimonial, señaló que la parte demandante solo procuró la comparecencia de una declarante y que, pese a manifestar que conoció al demandante, sus afirmaciones no fueron claras y diáfanas en describir cómo se desarrollaba la relación del señor Padilla Bettin con Red Salud Armenia, y que se limitó a indicar que el demandante cumplía un horario y que seguía órdenes por parte de la coordinadora del laboratorio, pero que no ilustró sobre el origen de esos conocimientos o las circunstancias de tiempo, modo y lugar de sus aseveraciones.
Por consiguiente, sostuvo que ante la carencia de pruebas, debían negarse las pretensiones de la demanda porque no se logró demostrar cosa distinta a que la parte demandante prestó un servicio en la entidad demandada.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante manifestó su inconformidad con la sentencia de primera instancia, por lo que solicitó revocar la sentencia del 15 de abril de 2016 y, en su lugar, se acceda a las pretensiones.
Sobre el particular, consideró que en el sub examine está plenamente acreditado el elemento de la continuada subordinación y dependencia del señor Alberto Padilla Bettin respecto a Red Salud Armenia ESE, entre el 1.º de septiembre de 2010 y el 31 de mayo de 2012 tal como se desprende, según indicó, del Oficio 112-20-02134 del 6 de mayo de 2013, por medio del cual la demandada dio respuesta a una solicitud de documentación, de los certificados emitidos por Coosaquín CTA y Temporalmente S.A.S, los cuales permiten evidenciar los periodos en que laboró para la entidad demandada.
Asimismo, señaló que de los cuadros de turnos que fueron emitidos por Red Salud Armenia ESE se podía evidenciar que se asignaban turnos tanto a los bacteriólogos de planta como a los vinculados por empresas temporales, entre los que se encuentra el demandante. Además, afirmó que en muchos de los cuadros se asignaron turnos por igual sin hacer salvedades respecto a la naturaleza del vínculo que tuviesen con la entidad demandada, por lo que, afirmó, sus actividades eran iguales a las asignadas al personal de planta, de lo cual se debía concluir que se desempeñó en idénticas condiciones a las de cualquier servidor público.
Frente a la prueba testimonial, sostuvo que la conclusión a la que arribó el Tribunal fue desacertada, porque de la declaración de la señora Marnelly Cardona González se podía determinar que los cuadros de turnos eran elaborados por la coordinadora de laboratorio María Elena Muriel Salazar, quien, agregó, pertenecía a la planta de personal de Red Salud Armenia ESE. De igual forma, adujo que, pese a solo comparecer una testigo, de su declaración podía evidenciarse que ésta siempre consideró al demandante como un trabajador de la entidad y que, aquellos vinculados a través de cooperativas o temporales eran iguales a los empleados de planta, es decir que cumplían horarios conforme a los cuadros de turnos que eran elaborados por los coordinadores de la demandada y que en caso de tener que ausentarse, debían solicitar el correspondiente permiso.
Agregó que durante el término que duró la vinculación no existió interrupción en la prestación del servicio, es decir, se prestó de forma continua y en los horarios determinados por la entidad demandada, en las instalaciones de esta, con sus equipos y, de igual forma, insistió en la existencia de personal de planta que realizaba las mismas funciones que él, por lo que tenía derecho a que se le pagase en igualdad de condiciones a los bacteriólogos de la entidad.
En consecuencia, sostuvo que aun si no adquirió la calidad de empleado público, el demandante sí laboró para la entidad demandada, por lo que debía obrar en su favor la presunción legal de la existencia de una relación laboral.
Por lo anterior, solicitó se revoque la sentencia de primera instancia, se declare la existencia de la relación laboral y se reconozcan las prestaciones.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante, demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal según se indicó en constancia secretarial obrante a folio 311 del expediente.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
De igual forma, acorde con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los planteamientos expuestos en el recurso de apelación.
Problemas jurídicos:
En ese orden, los problemas jurídicos se resumen en las siguientes preguntas:
¿En el caso del señor Alberto Padilla Bettin a quién correspondía demostrar la existencia de los elementos constitutivos de una relación laboral encubierta a través de contratos u órdenes de prestación de servicios?
¿En el sub examine se comprobó el elemento de la continuada subordinación y dependencia para determinar la existencia de una relación laboral entre el señor Alberto Padilla Bettin y Red Salud Armenia ESE, pese a haber prestado sus servicios a través de cooperativas de trabajo asociado y empresas de servicios temporales?
Primer problema jurídico
¿En el caso del señor Alberto Padilla Bettin a quién correspondía demostrar la existencia de los elementos constitutivos de una relación laboral encubierta a través de contratos u órdenes de prestación de servicios?
La Subsección sostendrá la siguiente tesis: quien pretende la declaratoria de la existencia de un contrato realidad tiene la carga de demostrar los elementos constitutivos de la relación laboral, motivo por el cual ésta le correspondía a la parte demandante. Lo anterior se sustenta a continuación.
Carga de la prueba - contrato realidad
La vinculación por contratos de prestación de servicios se rige por el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. El artículo mencionado prevé expresamente que, en ningún caso, dicho tipo de contratos «[…] generan relación laboral ni prestaciones sociales […]»
De acuerdo con el aparte transcrito del artículo 32 ejusdem, debe entenderse que el legislador reglamentó en dicha norma una presunción según la cual, la celebración de contratos de prestación de servicios no genera en ningún caso una relación laboral entre contratante y contratista o el derecho al pago de prestaciones sociales en favor de este último.
En materia de presunciones, el ordenamiento jurídico colombiano permite dos tipos de esta: la presunción iure et de iure o de pleno derecho, y la presunción iuris tantum o de ley.
La primera es excepcional, determinada expresamente por la ley y tiene como principal característica que no admite prueba en contrario. Por su parte, la segunda sí admite prueba en contra, es decir, permite ser controvertida y desvirtuada.
Bajo ese supuesto, el artículo 166 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, regula:
«Artículo 166. Presunciones establecidas por la ley. Las presunciones establecidas por la ley serán procedentes siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados.
El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice.»
En ese sentido, debe entenderse que el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 contiene una presunción iuris tantum o de ley, motivo por el cual el contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado, así como la relación laboral que se oculta a través de este sí puede ser demostrada.
De acuerdo con lo anterior, precisa esta Subsección que, quien pretende la declaratoria de existencia de una relación laboral escondida bajo la modalidad de contratación por prestación de servicios, tiene el deber de demostrar, a través de los medios probatorios a su disposición, la configuración de los elementos esenciales del contrato de trabajo.
Por consiguiente, la Corporación estima que, en el presente asunto, al tener por objeto la declaración de la existencia de una relación laboral encubierta a través de contratos de prestación de servicios, era a la parte demandante a quien le correspondía soportar la carga de demostrar la ocurrencia o configuración de los elementos esenciales del contrato de trabajo contenidos en el artículo 23 del CST, y por tal motivo era el señor Padilla Bettin quien tenía el deber de demostrar que había desempeñado sus funciones en las mismas condiciones a las del personal de planta de la entidad, el sometimiento a las órdenes e instrucciones impartidas por los funcionarios de esta o el deber de acatar un horario de trabajo determinado por la empresa social del Estado para desarrollar sus actividades en el sub examine.
En conclusión: La carga de demostrar que una relación laboral se encubrió a través de contratos de prestación de servicios corresponde a la parte demandante, a fin de deprecar las prestaciones que se deriven de ella, por lo que en este caso, era al señor Alberto Padilla Bettin a quien correspondía acreditar que se encontraba en situación de continuada subordinación y dependencia, en cuanto tenía que cumplir idénticas funciones que el personal de planta, en horarios fijados unilateralmente por la entidad demandada y bajo las órdenes de sus superiores.
Segundo problema jurídico
¿En el sub examine se comprobó el elemento de la continuada subordinación y dependencia para determinar la existencia de una relación laboral entre el señor Alberto Padilla Bettin y Red Salud Armenia ESE, pese a haber prestado sus servicios a través de cooperativas de trabajo asociado y empresas de servicios temporales?
La Subsección sostendrá la siguiente tesis: el demandante no demostró fehacientemente la configuración de la subordinación o dependencia continuada. Lo anterior se sustenta en las razones que se explican a continuación.
Contrato de prestación de servicios vs contrato realidad
El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 consagra el contrato de prestación de servicios:
«Artículo 32. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:
[…]
3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. […]» (Subraya la Sala).
Dicha clase de contrato, de acuerdo con la norma que la regula, tiene como propósito el de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las entidades estatales, o para desarrollar labores especializadas que no pueden ser asumidas por el personal de planta de estas.
Por su parte, como características principales del contrato de prestación de servicios está la prohibición del elemento de subordinación continuada del contratista, en tanto que este debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual, y no pueden versar sobre el ejercicio de funciones permanentes.
De acuerdo con lo anterior, debe advertirse que la vinculación por contrato de prestación de servicios es de carácter excepcional, a través de la cual no pueden desempeñarse funciones públicas de carácter permanente o de aquellas que se encuentren previstas en la ley o el reglamento para un empleo público.
Ello con el fin de evitar el abuso de dicha figura y como medida de protección de la relación laboral, porque a través de la misma, se pueden ocultar verdaderas relaciones laborales y la desnaturalización del contrato estatal.
Frente a este punto, se resalta que el Estado Colombiano ha suscrito convenios internacionales que propugnan por el trabajo en condiciones dignas lo cual hace obligatoria su aplicación en el ordenamiento interno, con el fin de evitar la vulneración del derecho fundamental al trabajo.
Al respecto, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica”, ratificó el “Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales”, adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988; el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el Derecho al Trabajo:
«[…] Artículo 6 Derecho al Trabajo
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.
2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.
Artículo 7 Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo
Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción;
b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva;
c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo, para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;
d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional;
[…]
h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales. […]» (Subraya la Sala)
Las disposiciones citadas, generan el deber del Estado Colombiano de otorgar esas garantías mínimas que deben permear la materialización del derecho al trabajo, por cuanto en los artículos 1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador se consagró la obligación de los Estados partes de adoptar las medidas necesarias en su orden interno y en cooperación con los demás; para efectivizar los derechos que en el citado Protocolo se reconocen, entre ellos, al trabajo.
De allí que en el artículo 53 de la Carta Política elevó a rango constitucional el derecho al trabajo con unos principios mínimos fundamentales, al respecto:
«ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.» (Subraya la Sala).
Dicho canon constitucional, consagra precisamente el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades en materia laboral, que responde a las normas de rango supra y constitucional sobre las condiciones dignas del trabajo, señaladas anteriormente, el cual se desarrolla seguidamente.
Naturalización de la relación laboral
Ahora bien, el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se demuestra la concurrencia de los tres elementos constitutivos de la relación laboral, es decir, cuando: i) la prestación de servicio es personal; ii) subordinada de manera continua; y iii) remunerada.
En dicho caso, el derecho al pago de las prestaciones sociales surge a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades contenido en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, lo que se ha denominado como contrato realidad.
En ese orden de ideas, la figura del contrato realidad, sostiene la jurisprudencia, se aplica cuando se constata la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación continuada propia de las relaciones laborales.
De acuerdo con lo anterior, precisa esta Subsección que quien pretende la declaratoria de existencia de una relación laboral escondida bajo la modalidad de contratación por prestación de servicios, tiene el deber de demostrar, a través de los medios probatorios a su disposición, la configuración de los elementos esenciales del contrato de trabajo.
Por otra parte, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido la posibilidad de que la vinculación no sea directa entre la entidad contratante y la persona contratista, sino que en ella medie un tercero, ya sea por efecto de la tercerización o de la intermediación laboral.
No obstante, tanto la Corte Constitucional como esté órgano colegiado, en su calidad de Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, han sostenido, en el caso de las empresas sociales del Estado, la potestad de contratación a ellas conferida, para operar mediante terceros, sólo puede llevarse a cabo siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, cuando estas no puedan ejecutarse por parte del personal de planta de la entidad o cuando se requieran conocimientos especializados.
Elementos de la relación laboral
Subordinación y dependencia continuada
Este elemento esencial del contrato de trabajo, según el artículo 23 del CST, es considerado como el determinante para distinguir la relación laboral de las demás prestaciones de servicios, y que faculta al empleador para exigir el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al tiempo, modo o cantidad de labores, así como para imponerle reglamentos y el poder disciplinario, teniendo en cuenta para ello, los límites constitucionales que imponen el respeto a la dignidad humana del trabajador y sus derechos mínimos, es decir, bajo criterios de razonabilidad y sin arbitrariedad.
De acuerdo con lo anterior, la subordinación parte del poder de dirección respecto a las actividades de trabajo y como potestad disciplinaria del empleador para conservar el orden en la empresa, pero únicamente en lo atinente al ámbito laboral.
En ese sentido, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo regula:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:
[…]
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; […]» (Subraya la Sala).
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-386 de 2000 indicó:
«[…] La subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo y definidor del contrato de trabajo ha sido entendida, según la concepción más aceptable por la doctrina y la jurisprudencia, como un poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al cumplimiento de los objetivos de la empresa, los cuales son generalmente económicos.
Se destaca dentro del elemento subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador ejerce sobre éste para asegurar un comportamiento y una disciplina acordes con los propósitos de la organización empresarial y el respeto por la dignidad y los derechos de aquél. […]»
Colofón de lo expuesto, como subordinación y dependencia continuada se debe entender el elemento esencial y configurativo de la relación laboral, según el cual el empleador, en ejercicio de su potestad de dirección, puede exigir a sus empleados el acatamiento de órdenes e instrucciones sobre el modo y la cantidad de trabajo, el cumplimiento de horarios para el desarrollo de este, y la imposición de los reglamentos internos, en cualquier momento, con respeto a la dignidad del trabajador y sus derechos mínimos constitucionales y laborales.
Ahora bien, en cuanto a la subordinación y dependencia continuada, se advierte que la inconformidad de la parte apelante consiste en una supuesta interpretación errónea del material probatorio por parte del Tribunal, el cual, en su criterio, debió concluir que el señor Alberto Padilla Bettin desarrolló en forma continua y permanente sus funciones como bacteriólogo en Red Salud Armenia ESE, en idénticas condiciones a las del personal de planta, que recibía órdenes e instrucciones por parte de las directivas del ente hospitalario y acataba los turnos que le imponía este.
Frente a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Subsección advierte lo siguiente:
1. En primer lugar, el señor Alberto Padilla Bettin reclamó la existencia de una relación laboral con Red Salud Armenia ESE, en forma continua e ininterrumpida, entre el 1.º de septiembre de 2010 y el 30 de mayo de 2012. Conforme con los hechos de la demanda, la vinculación del demandante con la entidad demandada fue discriminada así:
Por intermedio de la cooperativa de trabajo asociado Coosaquín entre el 1.º de septiembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2011.
Directamente con la entidad demandada entre el 1.º de enero de 2012 y el 31 de los mismos mes y año.
A través de la empresa temporal de servicios Temporalmente S.A.S. entre el 1.º de febrero de 2012 y el 31 de mayo de 2012.
Ahora bien, en el presente caso se observa, conforme con la documentación obrante en el expediente, que el señor Padilla Bettin se vinculó directamente con Red Salud Armenia ESE para prestar sus servicios como bacteriólogo, de la siguiente forma:
N.º CPS
OBJETO
PERIODO
VALOR
FOLIO
CPS 002/12«[…] PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO BACTERIOLOGO de análisis de laboratorio clínico que apoyen al diagnóstico, pronóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades para contribuir al cumplimiento del objetivo misional de la entidad; servicios que deben ser prestados de acuerdo al plan de beneficios en salud, la normatividad vigente y conforme a los servicios habilitados […]». 01/01/12 a 31/01/12
(1 mes)$ 2.516.80818-22
De acuerdo con lo anterior, la Subsección estima que de las pruebas aportadas al proceso únicamente se acreditó que el señor Alberto Padilla Bettin fue vinculado directamente por la entidad demandada a través de contrato de prestación de servicios entre el 1.º de enero de 2012 y el 31 de enero del mismo año.
De otro lado, frente a la vinculación a través de cooperativas de trabajo asociado y empresas de servicios temporales, en el plenario obran los «contratos de trabajo de duración por la obra o labor contratada» suscritos entre el demandante y la empresa Temporalmente S.A.S, que permiten entrever que el señor Padilla Bettin fue enviado como «trabajador en misión» a Red Salud Armenia, en los siguientes lapsos:
N.º CPS
Cooperativa o empresa temporal
Periodo
Folio
CPS S/N
Temporalmente SAS
01/02/12 a 30/04/12 (2 meses)
85-86
CPS S/N
Temporalmente SAS
01/05/12 a 30/05/12
78-80
Y respecto a la vinculación con la cooperativa de trabajo asociado Coosaquín, únicamente obra en el expediente una certificación emanada de su gerente, Gloria Isabel Ponce Jaramillo, obrante a folio 25, en la cual se indicó lo siguiente:
«[…] El (la) señor(a) PADILLA ABETTIN ALBERTO […] prestó sus servicios a la Cooperativa en calidad de asociado(a) desempeñándose como BACTERIÓLOGO, para la empresa Redsalud Armenia ESE, en el periodo comprendido entre el 01 de Septiembre 2010, hasta el 31 de Diciembre de 2011. […]». (Negrita y mayúscula del original)
Por consiguiente, la Corporación estima que está debidamente acreditado que el señor Alberto Padilla Bettin desarrolló labores como bacteriólogo en el año 2012, es decir, cuando estuvo vinculado directamente con Red Salud Armenia y en el lapso que lo hizo a través de la empresa de servicios temporales Temporalmente SAS. Ello, por cuanto no se allegó la prueba idónea para demostrar que el demandante efectivamente fue asociado de la cooperativa de trabajo asociado Coosaquín en los periodos reclamados, así como tampoco obra elemento de convicción que dé cuenta de la existencia de una relación contractual entre la demandada y la cooperativa Coosaquín.
Sin embargo, como bien lo manifestó el demandante, Red Salud Armenia ESE en respuesta a petición elevada por el demandante, con radicación 112-20 02134 del 6 de mayo de 2013, indicó que el señor Alberto Padilla prestó sus servicios como bacteriólogo en dicha entidad entre el 1.º de septiembre de 2010 y el 30 de abril de 2012. Al respecto se advierte:
«[…] Si bien es cierto, presto (sic) sus servicios como bacteriólogo durante el periodo comprendido entre el 01 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de abril de 2012, tiempo durante el cual, como usted lo menciona en su petición, estuvo laborando a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Salud Quindío COOSAQUIN y La Empresa de Empleo Temporal TEMPORALMENTE S.A.S. […]»
De la citada respuesta se puede inferir que, efectivamente, el señor Alberto Padilla Bettin prestó sus servicios en Red Salud Armenia ESE, por lo que se puede predicar que este desarrolló funciones como bacteriólogo en la entidad demandada entre el 1.º de septiembre de 2010 y el 30 de mayo de 2012. Ello, no obstante, únicamente permite inferir los extremos temporales en los que se desarrolló la vinculación, sin que pueda entenderse por este hecho que existió una relación de carácter laboral entre demandante y demandada.
2. Ahora bien, tal como se indicó al resolver el primer problema jurídico, quien tiene el deber de demostrar la existencia de la relación laboral encubierta es la parte demandante. En ese sentido, era al señor Alberto Padilla Bettin a quien correspondía acreditar que en la planta de personal de la Empresa Social del Estado Red Salud Armenia existía un cargo al que se le hubiera asignado las mismas funciones que él tenía como bacteriólogo, vinculado por prestación de servicios o a través de terceros.
Asimismo, no basta con demostrar que había personal de planta que se desempeñaba en la misma especialidad del aquí demandante, sino que debe probarse que el demandante ejercía las funciones para las cuales fue vinculado contractualmente o a través de intermediación laboral, en idénticas circunstancias de tiempo, modo y lugar con respecto al personal de planta que fungía también como bacteriólogo.
3. En ese sentido, la Subsección echa de menos los medios de convicción que permitieran comprobar la existencia del cargo de bacteriólogo en Red Salud Armenia como el manual de funciones y competencias de la entidad, del cual se pudiera inferir que el señor Alberto Padilla Bettin desempeñaba su oficio en la entidad demandada con otros profesionales en bacteriología y que estos, a diferencia de él, tuvieran una vinculación de carácter legal y reglamentaria con la empresa social del Estado.
Lo anterior, porque lo único que se desprende del acervo documental es que habían otros bacteriólogos que prestaban sus servicios allí, tal como dan cuenta los cuadros de turnos obrantes en folios 26 a 47, pero en momento alguno se puede deducir de estos en qué calidad lo hacían, es decir, no se puede determinar fehacientemente que aquellos fueran parte de la planta de personal de la entidad o que, como el demandante, estuvieran vinculados a través de intermediarios laborales.
Con sustento en lo anterior, para la Corporación no está probado que el señor Alberto Padilla Bettin ejecutara sus labores en idénticas condiciones al personal bacteriólogo de planta pues este no acreditó la existencia del cargo en la entidad o que hubiese personal de Red Salud Armenia ESE que desarrollara las mismas funciones del demandante.
4. De igual forma, en el expediente no obran medios de prueba que permitan corroborar, o al menos inferir, que el demandante recibía órdenes e instrucciones sobre la forma en que debía prestar sus servicios. Para el efecto, no se advierte la existencia de llamados de atención, memorandos, comunicaciones, circulares u otros medios a través de los cuales se hubieren dado dichas órdenes o en las que se informara que estaba obligado a cumplir con un horario laboral impuesto por Red Salud Armenia, o que la prestación del servicio debiera desarrollarse exclusivamente con los elementos e insumos suministrados por esta.
5. Al respecto, la prueba testimonial tampoco brindó elementos suficientes para encontrar acreditado la continuada subordinación y dependencia de la relación laboral. Así, en este caso, se tiene que la señora Marnelly Cardona González, única testigo a la cual se le practicó su testimonio, sostuvo lo siguiente:
«[…] mi ocupación es auxiliar de laboratorio clínico. Soy técnico en auxiliar de laboratorio clínico […] en el laboratorio de salud pública […] de la gobernación. Preguntado: ¿Sírvase decirnos si usted conoce al señor Alberto Padilla Bettin, en caso afirmativo nos dirá hace cuánto tiempo lo conoce, por qué lo conoció y si sabe qué hace actualmente? Contestó: Sí señor, yo lo conozco aproximadamente hace ocho años y lo conocí en el laboratorio de Red Salud. [inaudible] Bacteriólogo. Preguntado: ¿Ya que usted dice conocer al señor Alberto Padilla Bettin sírvase decirnos si por ese conocimiento que de él tiene, sabe dónde ha laborado, por cuánto tiempo ha laborado y qué tipo de relaciones laborales ha tenido con las distintas entidades? Contestó: Yo sé que él trabajó en Red Salud, pues no recuerdo cuánto tiempo porque pues yo trabajé siete años allá y lo recuerdo que él trabajó allá. En otras entidades no sé dónde ha trabajado. [inaudible] la verdad no me acuerdo la época porque yo salí en el 2011 y él trabajó por ahí dos años antes. Preguntado: ¿Él trabajaba directamente con Red Salud o trabajaba con otras cooperativas que a su vez prestaban el servicio de salud? Contestó: Trabajábamos directamente en Red Salud. Las cooperativas… siempre trabajamos directamente en Red Salud. Preguntado: ¿Está usted en capacidad de decirnos qué tipo de vínculo laboral tenía él con Red salud, qué tipo de vinculación o de nombramiento o de contrato, qué era lo que él tenía con Red Salud durante los tiempos que allí laboró, cómo laboró, mediante un nombramiento y una posesión o un contrato o por intermedio de una cooperativa? Contestó: Pues yo me imagino que era por intermedio de cooperativa porque todos trabajábamos por cooperativas, pero siempre prestábamos el servicio en Red Salud, todos, y siempre éramos bajo el mando de la coordinadora, ósea nunca fue por cooperativa. Preguntado: ¿Tuvo usted conocimiento si el señor Alberto Padilla tenía que cumplir unos horarios de trabajo, si tenía un jefe inmediato o lo hacía libremente? Contestó: Pues siempre cumplía el horario, siempre estaba bajo las órdenes de la coordinadora de laboratorio María Elena Muriel Salazar. […] Preguntado: ¿Sírvase indicarle al despacho de acuerdo a las respuestas que usted ha dado anteriormente si usted tiene conocimiento cómo era el horario de trabajo del señor Alberto Padilla, me explicó, si trabajaba de 8 a 12, de 2 a 6, cómo era el horario de trabajo del señor Alberto Padilla? Contestó: Siempre por turnos. Preguntado: ¿Sírvase indicarle al despacho si usted tiene conocimiento, quién elaboraba los turnos, no sé si era por cuadros o como eran esos turnos, explíquele al despacho por favor? Contestó: Siempre los elaboraba la coordinadora de laboratorio María Elena Muriel, ella siempre programaba los turnos. Preguntado: ¿Sírvase indicarle al despacho si la coordinadora del laboratorio era una persona de planta de la entidad o si estaba vinculada, si usted tiene conocimiento, cómo era la forma de vinculación de esta coordinadora? Contestó: La coordinadora es de planta claro. Preguntado: ¿Sírvase indicarle al despacho si usted tiene conocimiento si el señor Alberto Padilla para ausentarse de su lugar de trabajo a una cita médica o cualquier otro permiso lo podía hacer de manera libre o tenían que informar y pedir permiso a esta coordinadora? Contestó: Pues yo creo que era como nosotros, todos los que trabajábamos así teníamos que pedir un permiso. No podíamos ausentarnos libremente y me imagino que él igual estaba como estábamos nosotros, todos estábamos por igual. […] Preguntado: ¿Háganos el favor y nos indica por qué tiene el conocimiento en detalle si la gestión del doctor Alberto Padilla se desarrolló en Red Salud hace más de tres años larguitos? Contestó: Porque yo entré en el 2004 y salí en el 2011, él laboró en el tiempo que yo estuve laborando. […]»
De acuerdo con las manifestaciones de la testigo, para esta Subsección, de la prueba testimonial no se puede acreditar fehacientemente las condiciones en las que el señor Alberto Padilla Bettin prestó sus servicios a Red Salud Armenia ESE. Ello, porque la señora Cardona González no tenía conocimiento directo de la forma en que el demandante estuvo vinculado a la entidad, es decir, no sabía si esto ocurrió con ocasión de un contrato de prestación de servicios, por una vinculación legal y reglamentaria, o a través de intermediación laboral, y únicamente sostuvo que ella «imaginaba» que el demandante trabajaba por medio de una cooperativa con base en que todos, sin especificar quienes, estaban vinculados de aquella forma.
En ese orden de ideas, se infiere que la testigo asumió que el aquí demandante estaba en idénticas condiciones a ella, quien presuntamente, según su manifestación, estaba vinculada a través de una cooperativa, situación de la cual no se puede extraer la condición en la que el señor Alberto Padilla desarrolló sus funciones como bacteriólogo en Red Salud Armenia ESE.
Por su parte, la testigo no hace referencia alguna a la existencia en Red Salud Armenia de otros bacteriólogos, ya fuera directamente por vinculación legal y reglamentaria, contractual o por terceros, como ocurrió en el caso del aquí demandante. De allí que tampoco se pueda encontrar claridad respecto a que este desarrollara las mismas funciones que el personal de planta, en las mismas condiciones de tiempo, modo y lugar, por lo que no es posible discernir si efectivamente el señor Alberto Padilla recibió tratamiento por parte de los funcionarios de la demandada como si de un empleado público de la empresa social del Estado se tratara.
Asimismo, la testigo afirmó que el señor Alberto Padilla Bettin siempre cumplía con los turnos que le asignaba la coordinadora María Elena Muriel, hecho del cual la parte demandante solicitó se tenga como prueba del deber de acatar un horario que era determinado unilateralmente por Red Salud Armenia. Frente a este punto, la Corporación no advierte en el expediente que obren elementos probatorios adicionales que permitan demostrar fehacientemente que al demandante se le hubiese compelido a desarrollar sus funciones como bacteriólogo en un horario o turno definido exclusivamente por el demandado.
En efecto, la Subsección advierte que los cuadros con horarios aportados con la demanda tampoco permiten inferir que la programación de los turnos fuera un hecho unilateral de la entidad demandada y, en gracia de discusión, resulta pertinente advertir que situaciones tales como cumplir con un horario de trabajo, recibir instrucciones sobre la ejecución del contrato o presentar informes respecto a este, no configuran por sí solos una relación de subordinación o dependencia continuada, en la medida que dichas acciones pueden corresponder, precisamente, a la forma en que debe desarrollarse la labor contratada, es decir hacen parte de la necesaria coordinación en la prestación de los servicios. Lo anterior, toda vez que hay actividades que deben, necesariamente, surtirse en determinados horarios o periodos que implican coordinar entre contratante y contratista su ejecución.
En ese orden de ideas, la Subsección considera que en el presente asunto no quedó fehacientemente acreditado el elemento de la continuada subordinación y dependencia, pues no se demostró la permanencia en la labor y la ausencia de temporalidad razonable en la vinculación con las cooperativas y en la ejecución de labores por parte del demandante en Red Salud Armenia ESE, o que el demandante estuviese supeditado a las órdenes e instrucciones de la entidad demandada en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se debían desarrollar las actividades contratadas, que acreditase haber sido sujeto pasivo del poder sancionador del hospital como si de un empleador se tratara o que cumplía sus funciones como bacteriólogo en idénticas condiciones a las del personal de planta de la entidad demandada; carga que le correspondía a la parte demandante, y si bien la parte demandante solicitó la práctica de prueba en segunda instancia, esta fue negada en providencia del 9 de marzo de 2017 por no reunir los requisitos exigidos en el artículo 212 del CPACA.
En conclusión: Como en esta clase de asuntos la carga de la prueba corresponde a quien pretende demostrar la existencia de la relación laboral, y en el presente caso, la parte demandante no logró acreditar de forma contundente los elementos del contrato realidad, particularmente la subordinación y dependencia continuada, considera esta Subsección que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 15 de abril de 2016 debe ser confirmada, por las razones aquí expuestas.
Decisión de segunda instancia
De acuerdo con las razones que anteceden, esta Subsección confirmará la sentencia de primera instancia toda vez que no prosperan los argumentos del recurso de apelación.
De la condena en costas
Esta Subsección en providencia del 7 de abril de 2016 sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA; en aquella oportunidad se señaló como conclusión, lo siguiente:
El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» -CCA- a uno «objetivo valorativo» -CPACA-.
Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso la Corporación se abstendrá de condenar en costas a la parte demandante, de conformidad con el numeral 5.º del artículo 365 del CGP, al no comprobarse su causación porque, si bien no prosperó su recurso de apelación, la entidad demandada no intervino en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 15 de abril de 2016 por el Tribunal Administrativo del Quindío, que negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró el señor Alberto Padilla Bettin en contra de Red Salud Armenia ESE, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen previas las anotaciones pertinentes en el programa Justicia Siglo XXI.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.
Folios 1 a 16. Folios 3 a 4. Folios 1 a 3. Si bien en las pretensiones de la demanda alega la existencia de la relación laboral hasta el 30 de mayo de 2012, en el acápite de hechos afirma que ésta finalizó el 31 de mayo de 2012. Ídem. Folios 239 a 241 y Cd a folio 238. Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015) EJRLB. Ramírez Jorge Octavio, consejero de Estado, Sección Cuarta. Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB. Hernández Gómez William, Consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Folios 263 a 272. Folios 275 a 284. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
«Artículo 32. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:
[…]
3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. […]»
Ver Sentencia de Unificación de Jurisprudencia del 25 de agosto de 2016. Consejo de Estado, Sección Segunda. Consejero Ponente Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001233300020130026001(0088-15) CE-SUJ2-005-16. Lucinda María Cordero Causil contra el Municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba). Ver sentencia C-614 de 2009. Ver sentencia del 10 de julio de 2014. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve. Radicación 05001233100020040039101 (0151-13). Francisco Zúñiga Berrio contra el Municipio de Medellín (Antioquia).
Corte Constitucional C-614 de 2009.
«Artículo 1 Obligación de Adoptar Medidas Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.»
«Artículo 2 Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos.»
Ver Sentencia de Unificación de Jurisprudencia CE-SUJ2-005-16.
La tercerización laboral ha sido definida como la subcontratación de producción de bienes o de prestación de servicios y supone que esta se ejecute en un marco de dirección y control a cargo de la parte contratista, con sus propios medios, trabajadores y patrimonio, a favor del contratante.
La intermediación laboral tiene como fin la prestación de servicios personales por parte de trabajadores de un contratista y a favor, directamente de un contratante. Se trata por lo tanto, del envío de trabajadores en misión para prestar servicios a empresas o instituciones. En Colombia es una actividad propia de las Empresas de Servicios Temporales y puede ser gratuita u onerosa, aunque siempre será gratuita para el trabajador; y se encuentre prohibida su prestación por parte de Cooperativas y Precooperativas, al igual que para Empresas Asociativas de Trabajo y los Fondos Mutuales o similares.
En la sentencia de constitucionalidad C-171 de 2012.
Ver sentencia del 30 de marzo de 2017 de la Sección Segunda, Subsección B, con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicación 25000-23-25-000-2008-00137-01 (0727-13).
Magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell.
Según las pretensiones de la demanda.
Debe reiterarse que si bien en los hechos de la demanda se alegó que la relación laboral finalizó el 31 de mayo de 2012, lo cierto es que en las pretensiones solo se reclamó su existencia hasta el 30 de mayo de 2012.
A folio 78 del expediente obra contrato donde se indica expresamente que el lugar donde desempeñaría el oficio sería en Red Salud Armenia.
De acuerdo con la certificación expedida por la empresa Temporalmente SAS, obrante a folio 24 del expediente.
Ver folios 23 y 24 del expediente.
Testimonio grabado en CD obrante a folio 247 del expediente.
tal como se aprecia a folios 26 a 47.
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.