Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2016-00476-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2016-00476-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 63001-23-33-000-2016-00476-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
20 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 20 de mayo de 2024
Radicación: 63001-23-33-000-2016-00476-01 (61973)
Demandante: María Isabel Hernández de Cardona y otro
Demandado: Municipio de Salento
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Licencia de urbanismo – Humedales –
Confianza legitima – Ordenación del territorio
Síntesis del caso: se demandó en acción de reparación directa al municipio, por la
imposibilidad de continuar la ejecución de un proyecto urbanístico que contaba con
licencia para su desarrollo. Los demandantes pidieron la devolución de las inversiones
realizadas.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la Sentencia de 7 de junio de 2018, proferida por la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Quindío, que declaró la ineptitud de
la demanda respecto de Henry Cardona Gutiérrez y negó las pretensiones
de la demanda respecto de la demandante.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada, 1.3.
Sentencia de primera instancia, y, 1.4. Recurso de apelación y trámites de segunda
instancia.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 2 de diciembre de 2016, María Isabel Hernández de Cardona y Henry
Cardona presentaron demanda, en ejercicio de la acción de reparación
directa contra el municipio de Salento (Quindío), para que se hicieran las
siguientes declaraciones (se trascribe)
“Primera. La alcaldía de Salento es administrativamente responsable de los perjuicios
materiales y morales causados a la señora María Isabel Hernández de Cardona, por
falla o falta del servicio, al otorgar una licencia de urbanismo que condujo a hacer
inversiones cuantiosas en un lote de su propiedad donde posteriormente se prohibió
la ejecución de cualquier clase de obra, por considerarse que el terreno hace parte
de un humedal que debe ser protegido de acuerdo con las normas ambientales
vigentes.
Segundo. Condenar, en consecuencia, a la alcaldía de Salento como reparación
del daño ocasionado, a pagar a [la demandante] los perjuicios de orden material y
moral actuales y futuros, los cuales se estiman en principio en la suma de dos mil
noventa y nueve millones noventa y cinco mil ciento setenta y seis pesos.
Tercero. Condena a la alcaldía de Salento a pagar al señor Henry el equivalente a
cien salarios mínimos (…) como reparación del daño a la vida de relación, causado
por el daño a su esposa.
Cuarto. Que se condene en abstracto a la alcaldía del municipio de Salento como
reparación del daño a pagar a [la demandante] lo que a ella corresponda, como
parte de la condena impuesta en la acción popular interpuesta por la Fundación
Bahareque, radicada con el número 63-001-2331-000-2012-00032-00”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación número: 63001-23-33-000-2016-00476-01 (61973)
Demandado: María Isabel Hernández de Cardona y
otro
Demandado: Municipio de Salento
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma– niega
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2. Los hechos que fundamentan las pretensiones se resumen así: María Isabel
Hernández de Cardona solicitó ante la oficina de planeación del municipio
una licencia de urbanismo, con el objetivo de ejecutar el proyecto
urbanístico Montearroyo en un lote de su propiedad, ubicado en la calle 2
entre carrera 6 y 7 del municipio de Salento (Quindío).
3. El municipio de Salento mediante la Resolución 43 de 4 de junio de 2009
concedió la licencia de urbanismo por 24 meses, razón por la cual, la parte
demandante inició obras de infraestructura.
4. Vencido el término de la licencia y ejecutadas las obras de adecuación,
Jaime Hernán Arias García, representante legal de la Fundación Bahareque
Salento, presentó una acción popular contra el municipio de Salento y en la
que fue vinculada María Isabel Hernández por desarrollar el proyecto en una
zona de protección ambiental y alto riesgo.
5. Ambas instancias del proceso de acción popular fallaron en contra de
María Isabel Hernández de Cardona. Esto produjo una parálisis de la
ejecución del proyecto, porque le impusieron la prohibición al municipio de
prorrogar o expedir licencias de urbanismo y/o construcción en los lotes de
la urbanización Montearroyo. “No fue posible entonces obtener la utilidad
que se pretendía con el proyecto, tampoco seguir recibiendo los ingresos
que este lote generaba antes de hacer las obras de adecuación para el
proyecto, como parador de ganado y como si fuera poco el lote perdió
todo valor económico, porque, aunque sin declaración legal como zona de
protección ambiental por parte de la autoridad competente, la CRQ ha
procedido a hacer la reforestación en casi todo el terreno”.
6. Los accionantes señalaron que el acto administrativo reconoció el
cumplimiento de los requisitos del Esquema de Ordenamiento Territorial
(EOT), por lo que al conceder la licencia la demandante ejecutó las obras
con base en las limitaciones impuestas y bajo las recomendaciones de la
Corporación Autónoma Regional de Quindío (CRQ).
7. El municipio no realizó reparos sobre los trabajos durante los dos años de
vigencia de la licencia y tampoco la CRQ, a pesar de las múltiples visitas
que realizaron al predio y las funciones de vigilancia, seguimiento y control
que tenía la entidad territorial, de conformidad con el artículo 9 de la
licencia de urbanismo.
8. María Isabel Hernández con base en “la Resolución 43 de 2009 y
amparada en los principios de seguridad jurídica y confianza legitima
procedió a realizar el correspondiente loteo, desenglobe, reglamento de
propiedad horizontal y su inscripción en la oficina de Registro de Instrumento
Públicos del Círculo de Armenia en donde obtuvo folios de matrícula
inmobiliaria para cada lote, inició acciones tendientes a urbanizar el predio
de su propiedad con las adecuaciones necesarias para los servicios públicos
de acueducto y alcantarillado, con estricta sujeción a la licencia otorgada”.
9. La parálisis del proyecto causó un grave impacto económico en la familia
y afectó la salud de Henry Cardona.
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Decisión: Confirma– niega
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10. A juicio de los demandantes, la falla del servicio del municipio se
concretó al permitir la realización de inversiones cuantiosas sobre un terreno
con fundamento en una licencia urbanística que no contrastó los planos y
demás documentos antes de su expedición, pues seguramente “no se
hubiera dado el permiso para la urbanización del terreno”. También, porque
la entidad territorial incumplió su deber de vigilancia en el desarrollo de las
obras. Manifestó que se afectó su buen nombre porque las personas los
catalogaban como urbanizadores piratas.
11. Destacó que el Tribunal en el proceso de acción popular ordenó
compulsar copias para investigar la decisión municipal, al considerar que no
debía expedir licencia para adelantar el proyecto urbanístico en una zona
de protección y conservación ambiental. Resaltó que el municipio en la
contestación de la demanda manifestó que la licencia no violaba el
ordenamiento jurídico y contó con todos los estudios necesarios, aspecto
que garantizaba que no se afectaría el medio ambiente.
12. Concluyó que era “clara la falla en el servicio por parte del municipio de
Salento al expedir la licencia de urbanismo (…) porque es de su
conocimiento lo estipulado en el Acuerdo 020 de 2001 EOT, el sector en
mención presenta conflicto de uso, pues el proceso de urbanización no es
acorde con lo estipulado en citado Acuerdo, dijo también el Tribunal que el
municipio de Salento no observó el Esquema de Ordenamiento Territorial”.
1.2. Posición de la parte demandada
13. La entidad demandada contestó de manera extemporánea1. No
obstante, en sus alegatos de conclusión, señaló que la demandante olvidó
las exigencias previstas por la autoridad ambiental. Destacó que el fallo de
segunda instancia del proceso de acción popular concluyó que la
demandante no cumplió las restricciones del uso del suelo. Expresó que la
entidad territorial le advirtió a la demandante sobre la presencia de
humedales y la necesidad de respetar los pronunciamientos de la autoridad
ambiental. Sostuvo que “mal se haría conciliar respecto a hechos con los
cuales existe una responsabilidad de parte de quien hoy pretende accionar
en contra de esta entidad (…) no puede un particular pretender obtener
reconocimientos indemnizatorios respecto de situaciones irregulares en las
cuales ha participado y eran de su conocimiento” como lo señaló el juez
popular. Adicionalmente, no probó el daño a la vida de relación, ni los
perjuicios reclamados, y señaló que la acción estaba caducada.
1.3. Sentencia de primera instancia
14. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Quindío profirió
Sentencia el 7 de junio de 2018. Declaró de oficio la ineptitud de la
demanda respecto de Henry Cardona Gutiérrez por no agotar el requisito
formal de conciliación extrajudicial del numeral 1 del artículo 161 del
CPACA. Negó las pretensiones en relación con la demandante María Isabel
1 Constancia de 11 de julio de 2017 y escrito de contestación de 12 de septiembre de 2017. Folios 374, 387 a 394
del CP2.
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Hernández Cardona porque no se acreditó el daño antijurídico alegado y
condenó en costas a la parte demandante.
15. Precisó que la demandante no alegó la validez de la licencia de
construcción, principalmente, porque dicho acto administrativo sirvió como
fundamento para el desarrollo de las obras, ni fue cuestionado en ningún
momento por la demandante.
16. Concluyó que “no se probó que [el daño sufrido] constituyera un
desequilibrio de las cargas públicas que la mencionada no tuviera que
soportar. Lo anterior teniendo en cuenta que no cumple con una
característica esencial que se puede sintetizar en la siguiente afirmación
<<solamente resultan antijurídicas las lesiones causadas por el Estado a los
derechos de las personas que no surgen de su anuencia, aceptación o que
son propiciados por ellos mismos”.
17. Encontró que “se probó que el municipio de Salento otorgó en virtud de
petición de la aquí codemandante licencia de urbanismo mediante la
Resolución No. 043 de 2009 para desarrollar un proyecto que denominó
Montearroyo; prerrogativa que en su numeral 3 y 4 señaló claramente que
en el predio existían humedales, por lo que, debía tener en cuenta los
pronunciamientos de autoridades ambientales, así como tomar las medidas
necesarias para no afectar o hacerlos desaparecer, restringiendo o no
aprobando algunos lotes solicitados por su ubicación con el humedal,
teniendo en cuenta para ellos conceptos técnicos Nos. 6841 de 16
diciembre de 2008 y 3097 del 18 de febrero de 2009 // No obstante lo
anterior, se acreditó dentro de este proceso que la señora María Isabel
Hernández Cardona contrario a las restricciones de las que era conocedora
por el acto administrativo, desarrolló obras que afectaron de forma grave
los humedales que se pretendía proteger, así lo señaló este Tribunal en
primera y el Consejo de Estado en segunda [instancia]”.
18. A pesar de las recomendaciones de la CRQ para desarrollar el proyecto
en el perímetro urbano y a treinta metros de los nacimientos y corredores de
la quebrada el Mudo, la beneficiaria de la licencia en ejecución de las obras
“produjo un deterioro de un 80% de los diferentes nacederos de agua que
hacen parte de la cuenca hídrica de la quebrada el Mudo, incumpliendo
con los límites en metrajes impuestos por la ley y el acto administrativo”,
según el proceso de acción popular.
19. El Tribunal fue enfático en señalar que para la accionante “no resultaba
extraño o prohibido desarrollar las obras dentro de los espacios temporales
restringidos”, aspecto que también fue advertido por el Consejo de Estado
dentro del proceso de acción popular. Adicionalmente, resaltó que la
demandante a pesar de que la licencia había perdido vigencia para junio
de 2011 continuó trabajando en el inmueble de forma ilegal, puesto que no
hay prueba de una prórroga o nueva licencia otorgada.
20. En ese sentido, “el daño causado a la señora María Isabel Hernández de
Cardona no resulta antijurídico, porque fue propiciado, auspiciado o
avalado con la actuación de la aquí reclamante (…) lo que impide su
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indemnización”. Al no encontrar probado el daño antijurídico, no fue
necesario hacer un análisis de los demás elementos de responsabilidad.
1.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia
21. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra el fallo de
primera instancia, porque la accionante no propició, auspicio o avaló el
daño antijurídico alegado.
22. Pidió la declaratoria de responsabilidad del municipio de Salento por
“expedir una licencia de urbanismo sin conocimiento pleno y acatamiento
a lo dispuesto en el EOT y sin tener en cuenta que la totalidad del terreno
donde se pretendía ejecutar el proyecto Montearroyo era un bien protegido
ambientalmente, hecho que desconocía mi defendida, quien actuando de
buena fe y fundamentada en un acto administrativo legalmente expedido,
procedió a hacer una inversión cuantiosa en el predio de su propiedad, el
cual nunca tuvo reparos por parte de ninguna autoridad a pesar de haber
tenido un uso que también afectaba su carácter de reserva natural”.
Manifestó que ninguna autoridad demandó la protección del humedal
cuando se utilizaba para albergar reses.
23. Resaltó que el predio estaba en una zona urbana, por lo que procedió a
desarrollar el proyecto, que fue autorizado mediante la licencia de
urbanismo después de verificar que cumplía con los requisitos del EOT.
24. Señaló que las recomendaciones sobre el proyecto fueron elaboradas
por la CRQ, pero no se dieron a conocer a la demandante, pues solo se hizo
referencia a ellas para limitar las construcciones de ciertos lotes que estaban
contiguos al humedal.
25. Expresó que desconocía las recomendaciones y que si las obras
contrariaban la normativa aplicable las autoridades debieron suspenderlas
después de las múltiples visitas que realizaron. El comportamiento de la
autoridad afianzó el entendimiento de la accionante, quien actuó de
buena fe y bajo la autorización de la autoridad competente. Manifestó que
observó de manera correcta la licencia, porque no utilizó los lotes 22 al 26
por su cercanía con el humedal.
26. Afirmó que el municipio en la contestación de la demanda del proceso
de acción popular reconoció que la licencia tenía los estudios requeridos
para evitar un perjuicio al medio ambiente y la comunidad.
27. La entidad demandada vulneró el principio de confianza legítima y con
ello ocasionó un daño patrimonial, puesto que le autorizó la licencia de
urbanismo sobre un inmueble que no tenía condiciones para desarrollar
proyectos de urbanización, según el concepto técnico de 8 de octubre de
2012, que fue expedido con posterioridad a la licencia. Al momento de
expedir la licencia solo se hicieron recomendaciones, según los conceptos
6841 de 16 de diciembre de 2008 y 3097 de 18 de febrero de 2009, que no
indicaban que el lote no era apto para urbanizarlo, pues de haberse
advertido ese hecho, el municipio no habría expedido licencia de
urbanismo.
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28. La demandante “desconocía que [en] su gran mayoría el terreno
comprometido en el proyecto Montearroyo pertenecía a zona de
protección, y de saberlo no hubiese aventurado su reputación y su
estabilidad económica, adecuándolo para desarrollar un proyecto
habitacional, que hasta donde se ejecutó, tuvo costos bastante altos”.
29. Afirmó que no era cierto que el daño se causó por desarrollar trabajos
con posterioridad al vencimiento de la licencia, pues estos se suspendieron
cuando se cumplió el término otorgado. Reprochó que la autoridad
desconociera la necesidad de realizar las adecuaciones hidráulicas dentro
de la obra y cuestionó la apreciación del juez de segunda instancia de la
acción popular, al concluir que dichas adecuaciones afectaron la dinámica
hidrológica del nacimiento del cuerpo de agua, a partir de conceptos
técnicos expedidos después del inicio de las obras.
30. Indicó que el humedal no estaba dentro de su propiedad, sino en un lote
colindante en el que se realizó la construcción de una casa para la misma
fecha, “pero el Tribunal no mencionó para nada este hecho cuando se
presentó la acción popular, además en el predio denominado Montearroyo
no podían existir humedales, pues el lote tiene una pendiente que
imposibilita su formación”.
31. Cuestionó que el municipio expidiera la licencia de urbanismo sin tener
en cuenta los fundamentos legales que “permitirían determinar si era viable
o no tal autorización”. Resaltó que entregó los planos de las obras, “en ellos
aparecen identificados 15 metros a lado y lado de la quebrada El Mudo,
hecho que no tuvo ninguna objeción por parte del funcionario encargado
de expedir la licencia, en este caso, si bien el desconocimiento de la ley no
exonera de la responsabilidad, también es cierto que es mucha más la
responsabilidad del funcionario público, pues actúa en nombre del Estado”.
32. Por último, solicitó la realización de una inspección del terreno por un
perito para verificar los hechos. No obstante, por medio del Auto de 22 de
octubre de 2018, el Tribunal negó la solicitud probatoria, porque la prueba
debía solicitarse en la demanda. No se desprendía ningún hecho nuevo o
posterior a la presentación de la demanda, sino que se pretendía corroborar
aspectos que dieron origen al litigio. Por lo tanto, no era aceptable que con
el recurso de apelación se quisieron incorporar pruebas que no se solicitaron
en la etapa adecuada. La petición probatoria no se ajustaba al artículo 212
del CPACA. Contra la decisión no se interpuso ningún recurso.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán, 2.2. Análisis
sustantivo, y 2.3. Costas.
2.1. Síntesis de la controversia
33. La Sala se pronunciará sobre el fondo de este asunto porque encuentra
que la acción procedente es la reparación directa. El demandante no
cuestionó la legalidad de la licencia de urbanismo, sino que reprochó la
prohibición de ejecutar obras en su predio por restricciones de carácter
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ambiental, a pesar de que con antelación la administración municipal le
había autorizado la ejecución del proyecto urbanístico.
34. No podría exigírsele al demandante ejercer la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, porque resultaría paradójico esperar que un
ciudadano demande un acto administrativo favorable a sus intereses, ya
que precisamente de éste proviene el derecho cuya vulneración se reclama
en este proceso. Considerar algo diferente implicaría someter al beneficiario
del acto administrativo a demandarlo, aunque carezca de motivo de
reproche2 solamente para acceder a la administración de justicia.
35. La acción se ejerció en tiempo, porque la decisión judicial que de forma
definitiva le ordenó al municipio de Salento abstenerse de expedir o
prorrogar licencias de urbanismo y construcción quedó ejecutoriada el 15
de julio de 2015. Solo hasta ese momento los demandantes tuvieron certeza
sobre la imposibilidad definitiva para desarrollar el proyecto urbanístico
Montearroyo. En consecuencia, como la demanda de reparación directa
se presentó el 2 de diciembre de 2016, la Sala encuentra que se interpuso
dentro del término de los 2 años del literal I del artículo 164 del CPACA.
36. La Sala confirmará el fallo de primera instancia, porque las restricciones
al derecho de propiedad se derivaron de la conducta ilegitima y abusiva
de la accionante, quien afectó de manera gravosa el medio ambiente al
realizar las obras hidráulicas de adecuación sobre una zona de protección
ambiental reforzada de la cual tenía conocimiento. Por lo tanto, el daño
alegado no merece protección jurídica, pues su comportamiento
contradice los fines perseguidos por el ordenamiento jurídico en materia
ambiental y urbanística. Adicionalmente, no estudiará la ineptitud
sustantiva de la demanda en relación con Henry Cardona, porque el recurso
de apelación no cuestionó dicha determinación.
2.2. Análisis sustantivo
37. Está demostrado que el municipio de Salento (Quindío) le otorgó licencia
de urbanismo a María Isabel Hernández de Cardona mediante la Resolución
43 de 4 de junio de 20093, para desarrollar el proyecto Montearroyo sobre el
predio ubicado en la zona urbana de la calle 2 entre carrera 6 y 7,
identificado con ficha catastral 01-00-0007-0004-000 y matrícula inmobiliaria
280-1763144. Contra esta decisión no se presentó ningún recurso. Se
destacan los siguientes apartados (se trascribe):
“Considerando
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 5 de diciembre de
2005, Radicado 12158. “La sociedad actora carecía de interés para demandar los actos mediante los cuales
obtuvo la licencia de construcción, ya que precisamente de ellos provenía el derecho cuya vulneración reclama,
dado que fue su suspensión la que originó el supuesto daño reclamado en la demanda. Otro tipo de consideración
llevaría a la paradoja de que quien es beneficiario de un acto, fruto de propia solicitud, queda, sin embargo,
abocado a demandarlo, así carezca de todo motivo de reproche. Así lo entendió el Tribunal y, por eso, no reclamó
de la actora, respecto de estos actos, el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como
si lo hizo respecto del acto de suspensión”.
3 Resolución 43 de 4 de junio de 2009 folio 3 a 6 del cuaderno principal 1. Adicionalmente, ver Constancia de
ejecutoria del acto administrativo de 21 de septiembre de 2009, folio 7 del cuaderno principal 1
4 Escritura pública 923 de 1 de octubre de 2009 que contiene el acto jurídico de loteo de la urbanización
Montearroyo, constancia de inscripción y orden de inscripción en la Oficina de Catastro. Folios 145 a 164 del
cuaderno principal 1.
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(…) 2. Que el interesado adjuntó a la solicitud los planos y documentos
requeridos a satisfacción de conformidad con lo establecido en el Esquema
de Ordenamiento Territorial y el Decreto Nacional 1052 de 1998 y 564 de
2006.
3. Que al solicitante se le suministró claramente la información sobre las
normas urbanísticas aplicables al proyecto objeto de la licencia, así como
las limitantes que existen en una parte del terreno por haber presencia de
humedales los cuales se deben respetar y proteger.
4. Que los planos y demás documentos técnicos estén acordes con la
solicitud y con las normas urbanísticas vigentes en el municipio.
(…) Resuelve
(…) Artículo segundo: Las características básicas del proyecto a efectuar son
las siguientes (según plano adjunto): Lotes para viviendas identificados del
01 al 21 y del 27 al 45. Locales identificados del 1 al 4. Vías y parqueaderos
en un área de 3622 m2 aproximándote zonas verdes de reserva y de plaza.
Artículo tercero: Los lotes identificados del 22 al 25 y los locales anexos al lote
26 no se aprueban por estar ubicados contiguo a los humedales existentes
en el terreno y de esta manera acatar las recomendaciones hechas por
parte de la Corporación Autónoma Regional del Quindío – Control y
Seguimiento Ambiental, según conceptos técnicos No. 6841 de 16 de
diciembre de 2008 y 3097 de 18 de febrero de 2009. Parágrafo. Estos lotes se
los reserva la propietaria del terreno para una futura construcción o
utilización en un proyecto específico.
Artículo cuarto: la titular de la presente licencia ha sido notificada sobre los
pronunciamientos hechos por la entidad ambiental sobre la presencia de
humedales en el lote, por lo tanto, debe respetar dichos pronunciamientos,
a su vez tomar las medidas necesarias para que el proyecto a desarrollar en
los predios no ocasione afectación o desaparición de los mismos.
Artículo quinto: la licencia de urbanismo No. 001 tendrá una vigencia de
veinticuatro (24) meses”.
(…) Artículo noveno: la Alcaldía Municipal a través de la Subsecretaria de
Obras Públicas, Vivienda y Alumbrado Público se reserva el derecho de
ejercer la vigilancia, seguimiento y control no solo al cumplimiento del
proyecto de construcción presentado ante esta dependencia, sino también
durante el proceso de ejecución de las obras, con el propósito de velar por
que se cumplan las disposiciones legales vigentes sobre la materia (…)”
38. El 15 de febrero de 2011, la Fundación Bahareque presentó acción
popular contra el municipio de Salento e invocó la vulneración de los
derechos colectivos a la existencia del equilibrio ecológico, el patrimonio
público, la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles y
la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, por la expedición de la licencia de
urbanismo en favor de María Isabel Hernández de Cardona.
39. El actor popular manifestó que las acciones urbanísticas que se estaban
desarrollando en el predio Montearroyo afectaban la quebrada el Mudo de
manera negativa, pues perjudicaba el recurso hídrico y el humedal. A este
proceso también vincularon a María Isabel Hernández de Cardona, Nelson
Bedoya, CRQ, al departamento de Quindío y la Procuraduría General de la
Nación.
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40. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Quindío profirió
Sentencia de 18 de diciembre de 20135, por medio de la cual, declaró que
el municipio de Salento y María Isabel Hernández vulneraron los derechos e
intereses colectivos invocados. Respecto del municipio concluyó que no
tuvo en cuenta las restricciones del EOT vigente y no vigiló el desarrollo de
las obras. En relación con la propietaria, señaló que las obras de
adecuación, y especialmente, las hidráulicas con fines de urbanismo
perturbaron de manera severa el nacimiento de agua de la microcuenca
de la quebrada el Mudo. Encontró que las obras adelantadas afectaron en
un 80% la zona boscosa de la quebrada El Mudo y el humedal.
41. Encontró que el comportamiento de la propietaria respecto de las obras
autorizadas no estuvo dentro de los términos de la buena fe y confianza
legítima, porque no cumplió “las restricciones de uso de suelo que se
establecen en la ley para proteger este tipo de suelos, por lo que, con el
desarrollo de las obras por ella adelantadas, se ha causado un grave daño
al ecosistema del lugar, sin justificación alguna”. Resaltó que no podía
desconocerse que la licencia de urbanismo le advertía a la propietaria
sobre “la presencia de humedales en el lote y la obligación de respetar los
pronunciamientos efectuados por la autoridad ambiental del
Departamento del Quindío CRQ”.
42. Por estas razones, el Tribunal le ordenó al municipio “abstenerse de
prorrogar o expedir licencias de urbanismo y construcción en el lote
denominado Montearroyo, mientras subsistan las condiciones de protección
ambiental en la zona y se encuentren vigentes las restricciones consagradas
en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio Acuerdo 020 de
2001”. También, ordenó que el municipio en asocio con María Isabel
Hernández destinara e invirtiera “los recursos necesarios tendientes a la
recuperación del humedal afectado y la protección de la quebrada El
Mudo, con el objeto de mitigar y restaurar el daño ecológico causado en el
predio denominado Montearroyo”.
43. En segunda instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante la Sentencia de 28 de mayo de 2015 confirmó de forma integral
las órdenes del fallo impugnado, con base en los siguientes argumentos (se
trascribe):
“En este orden de ideas, la Sala comparte el criterio del Tribunal en el sentido
que teniendo en cuenta esta prueba y las pruebas técnicas practicadas por
la CRQ que acreditan que el predio Montearroyo está conformado por
laderas o pendientes entre los 22 y 38 grados lo cual constituye una zona de
protección según el artículo 25 del EOT, no entiende esta Sala cómo el
Municipio de Salento otorgó una licencia de construcción en tales
condiciones.
(…) el hecho de que el Municipio de Salento le haya otorgado una licencia
ilegal a la señora María Isabel Hernández para la construcción del proyecto
denominado Montearroyo en el terreno donde se encuentra ubicado el
Humedal y la quebrada el Mudo objeto de protección, no la exime por los
daños ocasionados al medio ambiente debido a las actividades ejecutadas
para el desarrollo del mentado proyecto. Si bien es cierto que el Municipio
5 Tribunal Administrativo de Quindío, Sentencia de 18 de diciembre de 2013, radicado 63-001-2331-000-2012-00032-
00. Folios 10 a 42 del cuaderno principal 1.
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Radicación número: 63001-23-33-000-2016-00476-01 (61973)
Demandado: María Isabel Hernández de Cardona y
otro
Demandado: Municipio de Salento
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma– niega
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de Salento erró gravemente al conceder una licencia de construcción en
un terreno protegido por el plan de ordenamiento territorial, vicio que
invalida la autorización otorgada por la autoridad y que justifica que
también se le haya declarado responsable por la vulneración de los
derechos colectivos, esto no es óbice para que los particulares no deban
responder en esta sede por los daños ocasionados en áreas protegidas
legalmente. Como se mencionó en líneas anteriores, cuando de la
protección al derecho al medio ambiente se trata, el Estado tiene la
potestad de imponer cargas y limitaciones a la propiedad privada y a las
facultades que ésta envuelve en aras de garantizar la primacía del interés
público o social.
(…) Como se lee, las adecuaciones realizadas por la apelante en el terreno
lo que hicieron fue afectar la dinámica hidrológica del nacimiento de la
quebrada El Mudo.
(…) Como se lee en las pruebas expuestas con anterioridad, sí se encuentra
acreditada la vulneración de los derechos colectivos invocados en la
acción popular y dicha violación ha sido ocasionada entre otras razones por
el desarrollo de una urbanización denominada MONTEARROYO, de
propiedad de la señora MARÍA ISABEL HERNANDEZ DE CARDONA, con la cual
se han adelantado obras, adecuaciones e instalaciones de equipos
hidráulicos, los cuales han perturbado de manera severa el funcionamiento
del ecosistema en dicho sector.
No sobra advertir que en esta sede no se enjuicia la legalidad del acto
administrativo que contiene la licencia urbanística, sino la vulneración de los
derechos colectivos invocados, y de acuerdo con las pruebas relacionadas
anteriormente, se vulneraron”.
44. El 18 de marzo de 2016, la demandante le solicitó al municipio
indemnización por daños materiales y morales causados con el
otorgamiento irregular de la licencia de urbanismo6. El municipio de Salento
respondió que no debía indemnizar a la propietaria, porque si bien la
administración local le había otorgado licencia de urbanismo, “la secretaria
de planeación no cuenta con solicitud expresa de licencia de construcción
(…) porque el proyecto adolece de las formas de licencia de construcción
para la ejecución de las obras7”.
45. El 28 de abril de 2016, la parte demandante presentó recurso de
reposición contra la respuesta anterior. Señaló que, según el Decreto 1459
de 2010, la licencia de urbanismo comportaba la ejecución de obras de
infraestructura de servicios públicos y de adecuación para la construcción
de las futuras edificaciones. En consecuencia, sí estaba facultado para
acondicionar el terreno8. En el expediente no obra ningún documento de
respuesta frente a la interposición del recurso, por lo que se desconoce si la
administración se pronunció o no frente a esa inconformidad.
46. El 8 de julio de 2016, el Comité de Verificación de la acción popular visitó
el lugar, lo delimitó y realizó el cerramiento del humedal9. Posteriormente, el
22 de julio 2016, la CRQ entregó el plan de restauración económico y
ambiental de la microcuenca “en dicho plan se hace referencia a las
diferentes actividades de restauración. Se anota que se deben retirar las
caballerizas, así como también la infraestructura asociada a dicha
6 Folios 121 a 123 del cuaderno principal 1.
7 Folios 124 a 126 del cuaderno principal 1.
8 Folios 129 a 133 del cuaderno principal 1.
9 Acta 1 de 8 de julio de 2016, elaborada por la alcaldía de Salento. Folios 108 a 109 del cuaderno principal 1.
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Radicación número: 63001-23-33-000-2016-00476-01 (61973)
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caballeriza. De igual manera debe hacerse demolición y retiro de
escombros. // También se manifiesta que será necesario realizar la medida
de franja de protección del humedal para efectos de realizar las actividades
tendientes a garantizar y proteger el humedal10”.
47. El 5 de septiembre de 2016, el Comité de Verificación dejó constancia de
que el propietario del predio Montearroyo no le permitió continuar con la
demolición de las obras. El municipio manifestó que los caballistas hicieron
una solicitud de prórroga de un mes para retirar las pesebreras y los caballos.
Por su parte, la CRQ indicó que encontró tres descoles de aguas residuales
domésticas, de las cuales dos se descargan directamente en la quebrada.
Asimismo, entregó un concepto técnico que señaló que debían respetarse
los 30 metros a lado y lado del cauce de la quebrada e indicó que las
actividades que se realizaran en la zona no debían afectar el proceso de
restauración del humedal11.
48. Posteriormente, la Procuraduría General de la Nación verificó el
cumplimiento de los compromisos adquiridos. Encontró que la CRQ cumplió
al delimitar la ronda de protección del humedal y que el municipio certificó
el uso del suelo de protección. No obstante, resaltó que el municipio no
había cumplido el cronograma para la recuperación del humedal12.
49. El 20 de septiembre de 2016, la Procuraduría General de la Nación resaltó
los compromisos para establecer las áreas objeto de demolición y avanzar
en la reubicación de las caballerizas.
50. De conformidad con los elementos probatorios, la Sala encuentra que las
restricciones al derecho de propiedad de la demandante fueron
propiciadas por su conducta ilegítima y abusiva, razón por la cual, no son
objeto de protección jurídica, pues a pesar de que conocía las limitaciones
ambientales sobre los usos del suelo para la ejecución del proyecto
urbanístico decidió actuar de manera lesiva contra el medio ambiente, al
realizar obras hidráulicas que afectaron de manera gravosa el humedal y el
nacimiento de la quebrada El Mudo. Su comportamiento provocó la
expedición de la orden judicial que prohibió la realización de construcciones
en el predio y la expedición de licencias para la ejecución de proyectos en
la zona.
51. El Consejo de Estado ha manifestado que, con independencia de que el
Estado haya contribuido en la causación del daño, las actuaciones
ilegítimas y contrarias a derecho no merecen protección jurídica (se
trascribe):
“La segunda característica del daño indemnizable se encuentra en el hecho
de establecer que solamente resultan antijurídicas las lesiones causadas por
el Estado a los derechos de las personas que no surgen de su anuencia,
aceptación o que son propiciadas por ellos mismos. No se trata de identificar
el concepto de daño antijurídico con la causal de exoneración de
responsabilidad que rompe la imputación por el hecho o culpa exclusiva de
10 Acta 2 de 22 de julio de 2016. Folios 110 a 111 del cuaderno principal.
11 Acta de 5 de septiembre de 2016, folios 112 a 114 del cuaderno principal.
12 Acta de proceso preventivo de la Procuraduría General de Nación. El documento no se establece la fecha
específica de esta reunión, pero se puede inferir que fue posterior al segundo comité de verificación por los
compromisos mencionados. Folios 115 a 116 del cuaderno principal 1.
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la víctima; se trata de entender que el Estado no puede indemnizar los daños
cuya fuente de indemnización no es objeto de protección jurídica, en tanto
que su origen es inconstitucional, ilegal o contrario al principio de buena fe
que debe regular todas las actuaciones de los particulares y del Estado
(artículo 83 de la Constitución). En otras palabras, así el daño cuya
reparación se pretende pudiese ser causado de manera directa y eficiente
por el Estado, no puede ser indemnizado si fue propiciado, auspiciado,
avalado u originado con la actuación u omisión de quien lo reclama, en
tanto que el ordenamiento jurídico solamente protege las actuaciones
leales y legítimas de los particulares13”.
52. En el caso bajo estudio, la demandante alegó la defraudación de la
confianza legítima porque desconocía las limitaciones ambientales y la
existencia del humedal, afirmación que carece de veracidad, porque
desde la expedición de la licencia urbanística la demandante tenía
conocimiento del humedal y de las condiciones de protección que debía
adoptar.
53. La Sala advierte que el desconocimiento de la ley no sirve de excusa, y
en materia urbanística y ambiental este postulado adquiere una proyección
superior, porque son normas de orden público que todos los ciudadanos
tienen el deber de conocer. Las normas de ordenación del territorio
contenidas en los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos
ambientales se presumen de obligatorio cumplimiento a partir de su
expedición. Por lo tanto, las personas que ejercen el derecho de propiedad
tienen el deber de conocer los usos del suelo de sus predios y respetar la
función ecológica de la propiedad14.
54. La apelante afirmó que desconocía las recomendaciones que la CRQ
realizó sobre su predio. No obstante, esta afirmación también carece de
sustento porque desde la expedición de la licencia de urbanismo se dejó
constancia del conocimiento de la demandante sobre los
pronunciamientos elaborados por la autoridad ambiental.
55. Al respecto, el Consejo de Estado en casos de derecho urbano ha
sostenido que no toda actuación de la administración tiene la
potencialidad de crear confianza en el ciudadano, porque “en materia de
relaciones entre la administración pública y los particulares, no basta para
reconocer la buena fe del administrado, que el sujeto privado manifieste
que en su esfera íntima estaba convencido de estar obrando conforme a
derecho; por el contrario, se hace necesario que haya parámetros objetivos
exteriores que acrediten esa buena fe15”.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 5 de diciembre de
2005, Radicado 12158.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 26 de
agosto de 2015, Radicado 33113 “El derecho a la propiedad inmobiliaria –en particular la urbana, pero en buena
medida la rural también- sólo puede ejercerse bajo los específicos parámetros establecidos por el ordenamiento
jurídico, en otras palabras en el modelo de Estado y de propiedad acogido por la Constitución Política, la libertad
del propietario en el ejercicio de su derecho de propiedad se encuentra regulada de manera intensa y perfilada
para el cumplimiento de las necesidades colectivas, sin que ello implique que el interés privado desaparezca 14,
por el contrario, se busca que esos dos intereses en lugar de colidir confluyan”.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 10 de
septiembre de 2014, Radicado 30988. “Así las cosas, es evidente que si bien existió un daño antijurídico para la
demandante, consistente en que no pudo realizar lo que en principio le había autorizado la administración; no es
menos cierto que dicho daño no puede ser atribuible a la Alcaldía del municipio de Pasto, comoquiera que fue el
particular quien de manera imprudente y negligente inició una construcción, sin verificar si la autorización que se
le había expedido para el efecto, contaba con una licencia de construcción otorgada conforme a los mandatos
del plan de ordenamiento territorial, máxime teniendo en cuenta que tal normatividad advertía a los particulares
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56. En ese sentido, si la demandante tenía preocupaciones por el contenido
de las recomendaciones de la autoridad ambiental, ella estaba facultada
para solicitar dicha información y verificar su alcance. Nada impedía que
ella saliera de ese presunto desconocimiento. La demandante no fue
sorprendida por las obligaciones y los deberes que debía cumplir para evitar
la afectación del área de protección ambiental.
57. Por otra parte, la apelante señaló que, a pesar de que las autoridades
locales y ambientales realizaron visitas al proyecto, no ejercieron sus
funciones de inspección, control y vigilancia para tomar medidas
adecuadas, situación que, según ella, afianzó su entendimiento sobre la
forma en que debía ejecutarse el proyecto urbanístico.
58. La Sala no tiene elementos probatorios para corroborar la afirmación
anterior, puesto que, no obran en el expediente las actas de las visitas
realizadas durante la ejecución del proyecto. Por lo tanto, no puede
afirmarse que la actuación de la administración generó un convencimiento
erróneo e insuperable para la demandante, y en todo caso, debe reiterarse
que la accionante actuó de manera desproporcionada e injustificada
teniendo en consideración los posibles impactos ambientales que podía
ocasionar sobre un área de protección ambiental reforzada.
59. La Corte Constitucional ha sostenido que los humedales son bienes de
especial importancia ecológica, por sus características ecosistémicas (se
trascribe):
“Dentro de las áreas de especial importancia ecológica se encuentran los
humedales, precisamente por las funciones regenerativas, de preservación
y equilibrio ambiental que cumplen, a nivel de flora, fauna y sistemas
hídricos, con miras a lograr mejores condiciones naturales de vida
digna. Son definidos por la Convención de Ramsar, aprobada mediante la
Ley 357 de 1997, como “Las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o
superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural y artificial,
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o
saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en
marea baja no exceda de seis metros”. Los humedales no solo están
conformados por el cuerpo de agua o zona de inundación, sino por áreas
de transición tales como la ronda hidráulica y la zona de manejo y
preservación ambiental16”.
60. En igual sentido, el Consejo de Estado ha sido enfático en que los
humedales son objetos de especial protección, por lo que su tratamiento le
impone a los ciudadanos y a las autoridades deberes y obligaciones más
exigentes para su protección (se trascribe):
“Los humedales son objetos de especial protección Constitucional y legal no
sólo en materia ambiental; sino porque, conforme con la ley y la
jurisprudencia pueden ser bienes de uso público y, en consecuencia,
que cualquier autorización emitida sin el lleno de los requisitos establecidos por ésta, vincularía unicamente la
responsabilidad del funcionario. // En efecto, lo anterior obligaba a la demandante a haber constatado la
existencia de la licencia; como no lo hizo, su obrar fue imprudente, y su pretendida convicción intima de estar
obrando conforme a a la ley no es suficiente para generar derechos en su favor; se requería que hubiese
adelantado actividades que objetivaran su buena fe, como haber indagado por la existencia de la tan mentada
licencia de construcción (…) Frente a un mandato de este talante, que se presume conocido por la demandante,
y que aún en el evento en que lo desconozca, su ignorancia no la releva de ser vinculada por el mismo; es claro
que la señora Osejo Cabrera, con su actividad negligente provocó el daño patrimonial cuya indemnización
pretendió en esta demanda, y por tanto, esa lesión no le resulta imputable al la entidad territorial demandada”.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-842 de 2013.
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Radicación número: 63001-23-33-000-2016-00476-01 (61973)
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elementos constitutivos del espacio público. Al respecto, es preciso resaltar
que los humedales no solo están conformados por los cuerpos de agua o
inundación sino por las áreas de transición, tales como la ronda hídrica y la
zona de manejo ambiental, las cuales gozan, a su vez, de la misma
protección constitucional, por cuanto aseguran la existencia, conservación
y protección de estos cuerpos hídricos.
Dicho carácter permite a las autoridades correspondientes imponer una
serie de limitaciones a los propietarios de los predios donde existan
humedales por razones de interés general y para salvaguardarlos como
bienes de importancia ambiental y pública 17”.
61. En concordancia, el estándar de valoración de las obligaciones en
cabeza de los particulares y las autoridades estatales es superior respecto
de los humedales, por lo que el desconocimiento no puede servir como
eximente de responsabilidad frente a comportamientos ilegítimos y
abusivos.
62. Adicionalmente, la accionante no actuó de manera cautelosa y
preventiva porque, a pesar de que sabía de la presencia del humedal y el
nacimiento de la quebrada, ejecutó obras hidráulicas que modificaron la
dinámica hidrológica del área de protección ambiental.
63. La Sala encontró que la accionante amparada en una licencia
urbanística abusó de su derecho, pues destruyó las condiciones
ecosistémicas de una zona de protección especial, razón por la cual, el
proceso de acción popular concluyó que vulneró los derechos e intereses
colectivos por los daños causados al ambiente durante la ejecución del
proyecto urbanístico.
64. El incumplimiento de las obligaciones y el desconocimiento de los límites
impuestos en la licencia de urbanismo fueron trasgredidos de manera
grosera, pues la actuación de la demandante produjo la contaminación de
las fuentes hídricas, circunstancia que impidió de manera definitiva la
ejecución de cualquier proyecto urbanístico en todo el terreno de la
demandante.
65. La extralimitación de la conducta de la accionante no merece
protección jurídica, pues obró de manera ilegítima y contraria a las
condiciones ambientales del humedal. Resulta inadmisible que en este
proceso se exija la reparación de un comportamiento que contrarió los fines
perseguidos por el ordenamiento jurídico a través de las normas ambientales
y urbanísticas.
66. Por otra parte, la apelante pretende que el municipio responda por la
condena que le impusieron a ella en el proceso de acción popular. Al
respecto, la Sala aclara que la acción de reparación directa no es un
mecanismo procesal que sirva como tercera instancia para cuestionar las
órdenes emitidas en el proceso de acción popular. Los reproches contra esa
decisión se escapan de la competencia del juez de la reparación directa.
No puede reabrirse el debate con la intención de redefinir la atribución de
responsabilidad por la vulneración de los derechos e intereses colectivos
17Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 21 de junio de 2018,
Radicado 25000-23-24-000-2013-00008-01(AP).
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Radicación número: 63001-23-33-000-2016-00476-01 (61973)
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protegidos. Por lo tanto, no puede instrumentalizarse la reparación directa
para eximirse del cumplimiento de las ordenes emitidas en el proceso de
acción popular.
67. De igual forma, la Sala no puede estudiar los argumentos esbozados por
la apelante en el sentido de que en la acción popular no se tuvo en cuenta
que el municipio expidió la licencia de urbanismo sin considerar los
fundamentos legales, que permitían determinar la inviabilidad de la
autorización. Lo anterior, porque se reitera que este es un proceso judicial
diferente, y adicionalmente, se debe precisar que ni el juez popular, ni el juez
de la reparación directa tienen competencia para estudiar la legalidad de
los actos administrativos. Por esta razón, la Sala se encargó de estudiar
únicamente los reproches que corresponden al proceso de reparación
directa, aspecto que quedó explicado en la procedencia de la acción.
68. Así las cosas, la Sala encuentra que el daño alegado por la demandante
no puede atribuirse al municipio de Salento, pues el comportamiento
ilegítimo y abusivo de la accionante provocó la prohibición definitiva de la
ejecución del proyecto urbanístico Montearroyo.
2.3. Costas
69. De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, y el artículo 365.1 del CGP, se
condenará en costas a la parte demandante, pues su recurso no prosperó.
Sin embargo, no fijará agencias en derecho porque la parte demandada
no nombró apoderado para la defensa de sus intereses en el desarrollo de
la segunda instancia.
3. DECISIÓN
70. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 7 de junio de 2018, proferida por la
Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Quindío, que declaró
la ineptitud de la demanda respecto de Henry Cardona Gutiérrez y negó las
pretensiones de la demanda en relación con los demás demandantes.
SEGUNDA: CONDENAR EN COSTAS a la parte demandante, que deberán ser
liquidadas de manera concentrada en el Tribunal de primera instancia, sin incluir
agencias en derecho, debido a que en esta instancia no se causaron.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal
de origen para su cumplimiento y expedir a la parte actora las copias
auténticas con las constancias.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Salvamento de voto Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
15 de 15
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