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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2016-00055-02

Fecha
13 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2016-00055-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Silvia Liliana Ruiz Cala. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de enero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: CONDENAR en costas a la parte accionante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el a quo. 20 29 de febrero de 2016. 21 $1.893.872.495 34 Radicación: 85001233300020160005502 (68301) Demandante: Ramiro Ruiz González y otros Demandados: Municipio de Yopal y otro Referencia: Medio de control de reparación directa Se fijan como agencias en derecho el monto equivalente a dieciocho millones novecientos treinta y ocho mil setecientos veinticuatro pesos con noventa y cinco centavos ($18.938.724,95), a cargo de la parte actora y en favor de las entidades demandadas en proporciones iguales. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría se dispondrá DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen. Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 85001-23-33-000-2016-00055-02

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

13 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

RADICACIÓN: 85001233300020160005502 (68301)
DEMANDANTE: RAMIRO RUIZ GONZÁLEZ Y OTROS
DEMANDADO: MUNICIPIO DE YOPAL Y OTRO
REFERENCIA: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

TEMAS: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR AFECTACIÓN
A LA PROPIEDAD PRIVADA: regulación de usos de suelo / DAÑO ANTIJURÍDICO:
La víctima debe acreditar una afectación cierta y personal en su derecho de
propiedad y que su situación está protegida por el ordenamiento jurídico / RÉGIMEN
APLICABLE: Daño especial por modificación en los usos del suelo / MEDIOS DE
PRUEBA: Diferencia entre dictamen pericial e informe técnico.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia proferida el 27 de enero de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.
I.SÍNTESIS DEL CASO

Los demandantes desarrollaron un proyecto piscícola en el predio La Esperanza
ubicado en zona rural del municipio de Yopal, el cual resultó afectado por la
expedición del acuerdo municipal No. 024 del 29 de diciembre de 2013-Plan de
Ordenamiento Territorial, que modificó el uso del suelo y prohibió la actividad
realizada por los demandantes.

II.ANTECEDENTES
2.1. Demanda

El 29 de febrero de 2016, los señores Ramiro Ruiz González, Silvia Liliana Ruiz
Cala y Manuel Francisco Coronado Osorio, por intermedio de apoderado judicial
(fls. 1-2 C.1), presentaron demanda de reparación directa en contra del municipio
de Yopal y la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (CORPORINOQUIA),

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Radicación: 85001233300020160005502 (68301)
Demandante: Ramiro Ruiz González y otros
Demandados: Municipio de Yopal y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa

con el fin de que se declaren las siguientes pretensiones, según la reforma aceptada
mediante providencia del 8 de septiembre de 2016:

PRINCIPALES

PRIMERA: Que se declare que el municipio de Yopal y Corporinoquia son
solidariamente responsables por daño especial por los perjuicios que se causen
y/o se hayan causado, a Ramiro Ruiz González, Silvia Liliana Ruiz Cala y Manuel
Francisco Coronado Osorio, por las consecuencias de haber modificado el Plan
de Ordenamiento Territorial el 29 de diciembre de 2013, afectando la actividad
comercial piscícola que ellos desarrollan de buena fe en la vereda la Esperanza
de ese Municipio.

SEGUNDA: Que como consecuencia de esa responsabilidad el municipio de
Yopal y Corporinoquia indemnicen de manera solidaria a los señores Ramiro Ruiz
González, Silvia Liliana Ruiz Cala y Manuel Francisco Coronado Osorio, por los
perjuicios que se les generan por la modificación referida en el numeral anterior,
en los siguientes conceptos y valores:

a) Daño emergente

● Inversiones en infraestructura construidas en el predio La Esperanza: Por la
suma de trescientos diecinueve millones doscientos treinta y cuatro mil
ochocientos sesenta y tres ($319.234.873).

● Inventario de alevinos y peces: Doscientos once millones ($211.000.000) de
pesos.

● Costos de traslado de la piscícola que se acrediten en la medida de su
causación.

● Gastos de alojamiento del grupo familiar Coronado Osorio por el periodo de cinco
años que requeriría para volver a tener sus ingresos mensuales productos de su
actividad comercial: Cuarenta y ocho millones ($48.000.000) además de los
costos de traslado de su menaje doméstico.

b) Lucro cesante:

● Utilidad esperada del negocio por el periodo de cinco (5) años que requeriría su
reubicación y puesta en funcionamiento, partiendo del beneficio actual que se
estima en ciento veinte millones ($120.000.000) de pesos con un inventario actual
de 277.280 especies acuícolas, al momento de presentación de esta solicitud de
conciliación, y que se incrementaría progresivamente teniendo en cuenta que para
el año 2020 se contaría con un crecimiento hasta 3.040.000 especies, conforme
se especifica en el peritazgo respectivo que se adjunta, para un total de utilidad
esperada de mil trescientos quince millones seiscientos treinta y siete mil
seiscientos veintidós ($1.315.637.622) pesos.

● Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los artículos
187 inciso 4 y 192 del C.P.A.C.A. tanto en relación con los plazos como con la
actualización por IPC.

● Que se expida primera copia que presta mérito ejecutivo con constancia de
notificación y ejecutoria del respectivo fallo.

SUBSIDIARIAS:

Primera: Que se ordene al municipio de Yopal suspender los efectos del P.O.T.
en la actividad que desarrollan los señores Ramiro Ruiz González, Silvia Liliana
Ruiz Cala y Manuel Francisco Coronado Osorio, por un plazo de cinco (5) años,
permitiendo la continuidad normal del funcionamiento del negocio, que les permita
ubicar un nuevo sitio para la realización de dicha actividad que desarrollan en el

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Radicación: 85001233300020160005502 (68301)
Demandante: Ramiro Ruiz González y otros
Demandados: Municipio de Yopal y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa

predio La Esperanza de la vereda Palomas del municipio de Yopal (Casanare) y
para hacer las adecuaciones pertinentes para que el negocio siga funcionando en
las mismas condiciones a las actuales.

Segunda: Que como consecuencia de esa orden se ordene al municipio de Yopal
la expedición de acto administrativo permita a señores Ramiro Ruiz González,
Silvia Liliana Ruiz Cala y Manuel Francisco Coronado Osorio la continuidad del
desarrollo de la actividad comercial piscícola a que se refiere el numeral anterior,
hasta tanto los mencionados cuenten con el predio de las características
necesarias para poder continuar con la actividad mencionada en la piscícola La
Esperanza ubicada en la vereda Palomas y hayan realizado las adecuaciones
para el funcionamiento en condiciones similares a las actuales.

Tercera: Que como consecuencia de las órdenes anteriores Corporinoquia
renueve la concesión de agua y licencia ambiental con que cuentan los señores
Ramiro Ruiz González, Silvia Liliana Ruiz Cala y Manuel Francisco Coronado
Osorio, por el término de cinco años, en las mismas condiciones en que fue
otorgada mediante la Resolución 200 41 091543 de 16 de diciembre de 2009 para
poder realizar la actividad comercial mencionada en la piscícola La Esperanza
ubicada en la vereda Palomas.

Cuarta: Que se ordene que el municipio de Yopal y a Corporinoquia reconocer de
manera solidaria a los señores Ramiro Ruiz González, Silvia Liliana Ruiz Cala y
Manuel Francisco Coronad Osorio, todos los gastos en que tengan que incurrir
por razón de la reubicación de la piscícola La Esperanza una vez se acredite ante
la entidad por los mencionados, que se cuenta con el lugar para el traslado
respectivo y se alleguen los respectivos soportes de gastos en que se incurra con
ocasión de dicho traslado.

Quinta: Que el municipio de Yopal y Corporinoquia indemnizarán a los señores
Ramiro Ruiz González, Silvia Liliana Ruiz Cala y Manuel Francisco Coronado
Osorio, en el valor que se establezca al momento de su ocurrencia, las pérdidas
de material acuícola que se produzcan como consecuencia del traslado del mismo
al lugar donde los mencionados hayan ubicado para la continuidad de su actividad
comercial.

Como fundamentos fácticos se expuso que los señores Ramiro Ruiz González,
Manuel Francisco Coronado Osorio y Silvia Liliana Ruiz Cala se asociaron desde el
año 2003 con el fin de ejercer la actividad comercial de producción, cría y levante
de peces para su posterior comercialización en el predio de su propiedad
denominado La Esperanza, identificado con matrícula inmobiliaria No. 470-77503,
ubicado en la vereda Palomas del municipio de Yopal.

La actividad en este sitio estaba autorizada por el P.O.T. vigente para la época, se
contaba con los permisos ambientales y se había construido una infraestructura
destinada para tal finalidad (casa de habitación, laboratorio para peces, canales,
tuberías de conducción, estanques, entre otros).

Con ocasión de la expedición del acuerdo municipal No. 024 del 29 de diciembre de
2013 -Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Yopal- se modificó el uso
del suelo, estableciendo que la actividad piscícola es incompatible en la zona donde
está ubicado el predio de los demandantes, por ello Corporinoquia negó la
renovación del permiso de concesión de aguas superficiales.

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Radicación: 85001233300020160005502 (68301)
Demandante: Ramiro Ruiz González y otros
Demandados: Municipio de Yopal y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa

Esta modificación fue confirmada mediante oficio del 27 de julio de 2015, en el cual
la alcaldía del municipio de Yopal informó que la actividad piscícola es incompatible
con el uso del suelo del predio. A pesar de que, hasta la presentación de la
demanda, no se les ha impedido a los demandantes ejercer dicha actividad
comercial, ello puede ocurrir en cualquier momento debido a la modificación del
P.O.T., lo que implica una serie de perjuicios económicos al no poder continuar con
el negocio establecido de forma legítima y de buena fe.

2.2. La demanda fue admitida el 14 de abril de 2016 (fls. 232-234 C.1) y el auto
admisorio fue debidamente notificado a los sujetos procesales (fls. 238-246 C.1).

2.3. Las entidades demandadas presentaron contestación en los siguientes
términos:

2.3.1. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía-CORPORINOQUIA
alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que fue el municipio
de Yopal quien expidió el Plan de Ordenamiento Territorial del cual se desprenden
las pretensiones por daño especial incoadas en la demanda.

Explicó que los permisos ambientales, como la concesión de aguas superficiales y
el vertimiento de aguas residuales, se encuentran condicionados al cumplimiento
de lo reglamentado por el Decreto 1076 de 2015, en especial, se requiere de un
concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente
para dar continuidad a dicho trámite, el cual no puede estar en contravía de lo
establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial (fls.261-263 C.2).

2.3.2. El municipio de Yopal confirmó que respecto al predio La Esperanza es cierta
la prohibición de ejercer actividades piscícolas según el POT, que clasificó la zona
como reserva forestal protectora-productora y en la zona B de vivienda campestre.

Formuló como excepción la ausencia del daño antijurídico, toda vez que este no se
ha producido y las pretensiones se fundamentaron en supuestos fácticos que
podrían ocurrir al impedirse la continuidad de la actividad económica, ello se
demuestra con la narración en futuro realizada en el escrito inicial (fls.375-405 C.2).

2.4. Por auto del 8 de septiembre de 2016 se admitió la reforma a la demanda en lo
relacionado con la modificación de la pretensión principal segunda y las
pretensiones cuarta y quinta subsidiarias (fls. 2394 C.8).

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Radicación: 85001233300020160005502 (68301)
Demandante: Ramiro Ruiz González y otros
Demandados: Municipio de Yopal y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa

2.5. Oportunamente la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (fl.2396
C.8) y el municipio de Yopal (fls. 2397-2399 C.8) ratificaron los escritos de
contestación a la demanda presentados previamente.

2.6. La audiencia inicial se desarrolló en sesiones del 14 de septiembre de 2017
(fls. 2420-2423 C.9) y 12 de julio de 2019 (fls. 2445-2449 C.9).

2.7. La audiencia de pruebas se realizó el 4 de octubre de 2019, durante la cual se
incorporaron al expediente algunas pruebas y se requirió a la parte demandante
para remitir un nuevo dictamen pericial de avalúo comercial del predio, debido al
fallecimiento del perito Gilberto Antonio Gutiérrez Holguín (fls. 2482-2485 C.9.).

2.8. En razón a lo anterior, la parte demandante desistió del dictamen pericial
(fls.2486-2487 C.9), petición que fue aceptada por auto del 28 de julio de 2020
(Documento 21 C.9).

2.9. Por auto del 30 de agosto de 2021 se concedió el traslado para alegar de
conclusión (Documento 26 C.9), término dentro del cual la parte demandante, la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía y el municipio de Yopal
presentaron alegatos conclusivos (Documentos 28-31 C.9).

3. Sentencia de primera instancia

El 27 de enero de 2022 el Tribunal Administrativo de Casanare emitió sentencia
denegatoria de las pretensiones. Consideró que si bien la modificación al
reglamento de ordenamiento territorial abarcó el predio de los demandantes, dicha
actuación no generó un daño a la actividad comercial, ya que para la fecha del
Acuerdo 024 de 2013-POT del municipio de Yopal, los accionantes contaban con
licencia ambiental, mediante Resolución 200 41 09 1543 del 16 de diciembre de
2009, que les permitía desarrollar su actividad piscícola en el predio La Esperanza,
encontrándose cobijados por el régimen de transición para la expedición de
licencias.

Destacó que la suspensión de la actividad piscícola ordenada por Corporinoquia a
través del auto No. 500.57-15-2707 del 16 de diciembre de 2015, no obedeció a la
modificación del uso del suelo en la vereda Palomas por el POT del municipio de
Yopal, sino al vencimiento de los permisos ambientales y al incumplimiento de
ciertas obligaciones, como la falta de instalación de un sistema de medición de
caudal.

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Radicación: 85001233300020160005502 (68301)
Demandante: Ramiro Ruiz González y otros
Demandados: Municipio de Yopal y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa

La concesión de aguas podía prorrogarse en el último año de su vigencia, esto es,
en el año 2014, pero la solicitud de los actores se efectuó el 14 de abril de 2016
cuando el permiso ambiental estaba vencido y no era posible otorgar una prórroga,
sino que se debía iniciar un procedimiento para una nueva licencia.

Luego del vencimiento del permiso para uso de aguas superficiales, los actores
efectivamente iniciaron un nuevo trámite, a cuyo término se les otorgó nueva
licencia mediante Resolución 500.36.19.2142 del 28 de noviembre de 2019, sin que
se haya probado que desde la expedición del POT y hasta la fecha de la última
concesión el proyecto piscícola se dejó de desarrollar, suspendió o terminó por
causa de la modificación del uso del suelo.

Resaltó que en el informe técnico presentado por Corporinoquia el 24 de mayo de
2019 sobre la visita realizada al predio La Esperanza, se observó que la piscícola
se encontraba en funcionamiento, aunque no se evidenció captación del recurso
hídrico de caño Palomero, los estanques se encontraban llenos.

Bajo tales consideraciones, el Tribunal Administrativo de Casanare concluyó que a
pesar de la modificación del uso del suelo del predio de propiedad de los actores a
través del Acuerdo 023 del 29 de diciembre de 2013 -Plan de Ordenamiento
Territorial del municipio de Yopal-, que establecía la prohibición de la piscicultura en
la zona, no se probó el daño alegado en la demanda, pues no se estableció que el
proyecto piscícola La Esperanza se hubiera suspendido, terminado o trasladado;
tampoco que las entidades demandadas hubieran ordenado su cierre definitivo.

Por el contrario, a la fecha en que se efectuó la visita, el proyecto piscícola se
encontraba en funcionamiento, pese a no contar con los permisos ambientales. No
obstante, el 13 de septiembre de 2017, el municipio de Yopal emitió concepto
favorable para la construcción de lagos y pesca; aunado a ello, mediante la
Resolución 500.36.19.2142 del 28 de noviembre de 2019 Corporinoquia otorgó a
los señores Ramiro Ruiz González y Manuel Francisco Coronado concesión de
aguas en beneficio del proyecto denominado laboratorio de producción y estanques
de levantes de alevinos.

En esta medida, no se advierte una carga excepcional en perjuicio de la parte
demandante que haya implicado cerrar el proyecto o que impidiera la explotación
del bien inmueble La Esperanza, razón por la cual se negaron las pretensiones
(Documento 34 C.9).

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Radicación: 85001233300020160005502 (68301)
Demandante: Ramiro Ruiz González y otros
Demandados: Municipio de Yopal y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa

4. Recurso de apelación

La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, consideró que
mediante el acuerdo No. 024 del 29 de diciembre de 2013 el municipio de Yopal
modificó el uso del suelo para el ejercicio de la actividad piscícola en el predio La
Esperanza de propiedad de los demandantes, lo que motivó a Corporinoquia a
negar la renovación de los permisos de concesión de aguas.

Mediante el oficio 102.44.5 del 27 de julio de 2015, la oficina de planeación informó
que en el predio La Esperanza estaba prohibida la actividad piscícola, lo que no
impidió continuar con la realización de la actividad comercial, pero sí constituyó un
riesgo que a la postre es la causa directa del daño especial, pues los demandantes
tuvieron que sufrir congoja, temor y pérdidas económicas por la determinación de
las autoridades municipal y ambiental, entidades que posteriormente expidieron
tanto el certificado de viabilidad de uso del suelo el 13 de septiembre de 2017, como
los permisos ambientales en el año 2019.

Por su parte, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía a través del auto
No. 500.57-152707 del 16 de diciembre de 2015 ordenó la suspensión de la
producción piscícola mientras no se cumpliera con una serie de obligaciones de
carácter técnico ambiental y obtuvieran los permisos que se encontraban vencidos,
gestiones que se cumplieron por los demandantes, pero que solo tuvo resultados
en el año 2019. En esta decisión influyó notablemente el concepto emitido por
planeación municipal denominado “uso de suelo” que solo se obtuvo en septiembre
de 2017.

La gestión de renovación de los permisos ambientales inició en el año 2015 en
vigencia del POT de 2013, cuando no se tenía viabilidad del uso del suelo, ello
motivó a los demandantes a iniciar los trámites en abril de 2016, destacando que el
uso del suelo es uno de los requisitos exigidos por la autoridad ambiental para
otorgar los permisos.

Ahora, mediante la Resolución 500.36.19.2142 del 28 de noviembre de 2019
Corporinoquia otorgó un permiso de “concesión de aguas en beneficio del proyecto
productivo denominado laboratorio de producción y estanques de levante de
alevinos, ubicado en el predio La Esperanza vereda Palmas del municipio de Yopal,
cuya fuente a captar es el caño Palomero por un término de 5 años”, decisión que
obliga a los demandantes a dejar a un lado la actividad de levante para engorde y
posterior comercialización de peces, situación que demuestra la responsabilidad de
la autoridad ambiental.

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Radicación: 85001233300020160005502 (68301)
Demandante: Ramiro Ruiz González y otros
Demandados: Municipio de Yopal y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa

Sostuvo que existe nexo de causalidad entre las decisiones de las entidades
demandadas y la afectación sufrida por los demandantes, ello se evidencia con el
trámite adelantado por más de 3 años para obtener una retractación de la decisión
de uso del suelo prevista en el POT del año 2013, de manera que no acepta la tesis
del tribunal cuando considera la actuación de la administración como legítima y que
al contar con licencia ambiental no se causó un daño, decisión contraria a la
realidad, porque los accionantes no tenían que soportar la congoja, aflicción y la
incertidumbre a la que fueron sometidos.

Señaló que si desde el mes de julio del año 2015, se hubiera emitido concepto
favorable del uso del suelo y se hubiesen otorgado los permisos ambientales, los
demandantes no habrían generado un cambio en el negocio de la piscicultura, pues
pasaron de redituar un producto terminado (cachamas, Yamu, Bagre, Mojarras
adultas de engorde para comercialización) que generaba renta, a la simple
producción de alevinos, lo que es ajeno a la infraestructura desarrollada en el predio
para toda la cadena de producción, hecho que no fue posible demostrar ante la
orfandad probatoria, en tanto la decisión de fondo solo está sustentada en un
informe técnico que rinde la autoridad ambiental.

Expuso que mediante el concepto No. 09194 del 27 de marzo de 2015 se informó
que el predio La Esperanza se encuentra en “suelo de protección en zona de
reserva forestal protectora productora y en la zona B de vivienda Campestre”, lo que
generaba prohibición expresa de desarrollar la actividad piscícola; luego, dos años
después, a través del concepto No. 3611 del 13 de septiembre de 2017, la
administración informó que el inmueble de los demandantes se encuentra en área
de zonificación ambiental, suelo de protección de reserva forestal protectora
productora, en área de relictos de bosque, y en área de inundación alta, además se
encuentra dentro del área de vivienda campestre en zona B.

Evidenciada la contradicción en los conceptos de uso del suelo, insistió en que
aquellos eventos derivados de la pérdida de la propiedad o de las restricciones que
se impongan sobre la misma, para que el daño sea indemnizable se requiere: i) que
las lesiones ya se hayan causado, o que ii) exista una alta probabilidad sobre su
ocurrencia.

El daño se concretó de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, por tanto,
el régimen aplicable es el de daño especial fundamentado en el principio de igualdad
frente a las cargas públicas, que no estaban obligados a soportar los demandantes,
quienes siempre actuaron amparados en la buena fe y en el principio de confianza

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Radicación: 85001233300020160005502 (68301)
Demandante: Ramiro Ruiz González y otros
Demandados: Municipio de Yopal y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa

legítima, que se erigen como la base fundamental de la responsabilidad de las
entidades demandadas.

En cuanto al aspecto probatorio, explicó que la actividad comercial ejercida por los
demandantes consistía en la siembra progresiva de la materia prima, levante para
engorde y producción de alevinos, circunstancia que contó con un dictamen pericial
que no pudo ajustarse a los requerimientos del a quo por el fallecimiento del perito
y tampoco se pudo aportar un nuevo dictamen debido a las afectaciones
económicas de los demandantes.

Por lo anterior, solicitó que el documento rechazado como pericia sea considerado
como un verdadero informe técnico que cuenta con un anexo denominado “Informe
técnico de la producción del 2016 al 2020, en la producción de alevinos de la
piscícola La Esperanza”, ya que las cifras, valores, cálculos de producción
corresponden a un verdadero informe sobre “hechos o actuaciones de archivos o
registros de quien rinde el informe dentro de su pericia”, cumpliendo así con lo
regulado en el artículo 275 del Código General del Proceso, que si bien no contó
con ratificación, sí surge de archivos y registros oficiales de la Piscícola La
Esperanza (Documento 37 C.9).

El recurso de apelación fue concedido el 9 de marzo de 2022 (Documento 39 C.9).

5. Trámite en segunda instancia

Mediante proveído del 22 de junio de 2022 esta Corporación admitió el recurso de
apelación (Índice 4 SAMAI), y ante la falta de decreto de pruebas, el expediente
ingresó al despacho para dictar sentencia, conforme lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de
2021.
CONSIDERACIONES
1. Competencia

La Sala es competente para conocer el presente asunto por tratarse de un recurso
de apelación en contra de una sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Casanare, conforme a lo previsto en el artículo 150 del CPACA.

Igualmente, en razón a la cuantía, porque la pretensión mayor1 superó el límite de
quinientos (500) SMLMV contemplado en la disposición vigente para el momento

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Demandante: Ramiro Ruiz González y otros
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de presentación de la demanda, esto es, el numeral 6 del artículo 152 de la Ley
1437 de 2011.

2. Legitimación en la causa

Los señores Ramiro Ruiz González y Manuel Francisco Coronado Osorio se
encuentran legitimados en la causa por activa, toda vez que ostentan la propiedad
del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 470-77503 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Yopal, donde se desarrollaba el proyecto
piscícola La Esperanza, siendo ellos los encargados de adelantar los diferentes
trámites ante la administración municipal y Corporinoquia.

No ocurre lo mismo con la señora Silvia Liliana Ruiz Cala, de quien se afirma se
unió al proyecto productivo con posterioridad a su inicio. La única prueba orientada
a esclarecer su relación con el presente asunto es un certificado expedido por la
Cámara de Comercio de Casanare, en el cual se indica que la matrícula mercantil
de esta persona natural data del 27 de noviembre de 2015 y dentro de las
actividades se destaca la acuicultura de agua dulce junto con la cría de otros
animales (fl. 45 C.1); no obstante, este documento no demuestra que dichas
actividades fueran desarrolladas en la piscícola La Esperanza ni tampoco su
relación con los demás accionantes; entonces, dada la ausencia de algún elemento
probatorio que permita esclarecer la participación de la señora Ruiz Cala en los
hechos objeto de litigio, se declarará su falta de legitimación en la causa por activa.

Por otro lado, el municipio de Yopal y la Corporación Autónoma Regional de la
Orinoquía se encuentran legitimados en la causa por pasiva de hecho, por cuanto
en el libelo inicial se adujo que el primero expidió el Acuerdo municipal No. 024 del
29 de diciembre de 2013 -Plan de Ordenamiento Territorial-, mientras que la
segunda negó las autorizaciones ambientales para continuar con el proyecto
piscícola La Esperanza, actuaciones que generaron el daño supuestamente
irrogado a los demandantes.

3. Procedencia del medio de control

A las luces del artículo 140 del CPACA, el medio de control de reparación directa
resulta procedente cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una
operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por
causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa imputable a una entidad
pública.

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Demandante: Ramiro Ruiz González y otros
Demandados: Municipio de Yopal y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa

La reparación directa es improcedente para ventilar aquellas controversias donde la
fuente del daño sea un acto administrativo ilegal, pues se comprende que la vía
procesal idónea para desvirtuar la presunción de legalidad y obtener la consecuente
indemnización de perjuicios es el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, en definitiva, el derrotero con el fin de establecer el medio de control
procedente radica en la fuente del daño.

Paralelamente, la jurisprudencia de esta Corporación ha conceptuado que el medio
de control de reparación directa es procedente cuando la fuente del daño sea un
acto administrativo cuya legalidad no se cuestiona, en el entendido que el ejercicio
de la función administrativa, aun respetando el marco jurídico aplicable y sin incurrir
en alguna causal de nulidad, puede generar daños antijurídicos a los particulares
por el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas2. Esta pauta será aplicable
siempre y cuando en la demanda no se haya formulado algún cargo de nulidad o
reproche en contra de la legalidad del acto administrativo generador de la lesión
reclamada.

En el asunto bajo examen, la parte demandante no cuestiona la legalidad del
Acuerdo municipal No. 024 del 29 de diciembre de 2013 “por el cual se adopta el
plan de ordenamiento territorial del municipio de Yopal”, acto administrativo de
carácter programático que supuestamente modificó el uso de suelo permitido y
prohibió la actividad piscícola en el inmueble de propiedad de los actores; en
consecuencia, el medio de control de reparación directa resulta procedente para
analizar esta imputación en contra del municipio de Yopal.

En lo referido a las imputaciones en contra de la Corporación Autónoma Regional
de la Orinoquía por ordenar en el año 2015 la suspensión de la actividad piscícola
en el predio La Esperanza, sumado a la negativa a renovar los permisos
ambientales de concesión de aguas superficiales, ocupación de cauce y vertimiento
de aguas residuales, debe precisarse que en la demanda el único reproche aducido
es que estas decisiones se basaron en la modificación al uso del suelo propiciada
por el Acuerdo municipal No. 024 del 29 de diciembre de 2013 del municipio de
Yopal, de modo que tampoco existe un cuestionamiento preciso sobre la legalidad
del acto administrativo y el medio de control de reparación directa también resulta
procedente para evaluar esta imputación.

2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 3 de abril de 2013, radicación No. 52001-23-31-000-1999-00959-01(26437), C.P.
Mauricio Fajardo Gómez; Subsección B, sentencia del 14 de febrero de 2018, radicación No. 25000-
23-26-000-2004-01810-01(41329), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

11

Radicación: 85001233300020160005502 (68301)
Demandante: Ramiro Ruiz González y otros
Demandados: Municipio de Yopal y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa

Ahora bien, como se expondrá en acápites posteriores, en el proceso se comprobó
que la motivación de Corporinoquia para ordenar en el año 2015 la suspensión de
la actividad piscícola radicó en el incumplimiento de exigencias técnico-ambientales,
y no en la modificación del POT del municipio de Yopal; en consecuencia, si los
demandantes consideraban que esa orden de suspensión era ilegal, debieron
acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para desvirtuar
la presunción de legalidad del acto administrativo y solicitar la indemnización de los
perjuicios causados.

Así mismo, se advierte que las pretensiones subsidiarias de suspensión de los
efectos del POT del municipio de Yopal, junto con las solicitudes para ordenar a las
entidades demandadas para expedir las resoluciones que les permita a los
demandantes continuar con la actividad piscícola, encarnan un reproche de
legalidad en contra de esos actos administrativos, aspecto que no puede ser
ventilado dentro del medio de control de reparación directa, si no que debía optarse
por el de nulidad y restablecimiento del derecho.

4. Ejercicio oportuno del medio de control

En consonancia con lo regulado por el literal i) del numeral 2° del artículo 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el
término de caducidad del medio de control de reparación directa es de dos años
contados a partir del día siguiente de la ocurrencia de la acción u omisión causante
del daño, o cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue
en fecha posterior.

En el presente caso se aduce que el Acuerdo municipal No. 024 del 29 de diciembre
de 2013 del municipio de Yopal modificó el uso del suelo y prohibió la actividad de
la piscicultura que se desarrollaba en el inmueble de propiedad de los demandantes,
de modo que al ser la fuente del daño un acto administrativo de carácter general, el
hito para iniciar el conteo de la caducidad es el día siguiente a la fecha de su
publicación3, salvo que el actor demuestre la imposibilidad de haberlo conocido en
dicho momento, lo que no ocurrió en el proceso.

El Acuerdo municipal No. 024 del 2013 fue publicado el 14 de enero de 2014 (fl. 152
vto C.1), de ahí que, en principio, la demanda debía presentarse a más tardar el 15
de enero de 2016. El término fue suspendido el 16 de diciembre de 2015 con la

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 4 de diciembre de 2020, radicación No. 05001-23-33-000-2013-00393-01(53410), C.P.
Marta Nubia Velásquez Rico.

12

Radicación: 85001233300020160005502 (68301)
Demandante: Ramiro Ruiz González y otros
Demandados: Municipio de Yopal y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa

radicación de la solicitud de conciliación extrajudicial, cuando faltaba 1 mes para
operar el fenómeno de la caducidad. La constancia de no acuerdo conciliatorio fue
expedida el 26 de febrero de 2016 (fls.35-37 C.1), de modo que el plazo se extendió
hasta el día 26 de marzo siguiente, y como la demanda se radicó el 29 de febrero
de la misma anualidad, se impone concluir que el medio de control fue ejercido
oportunamente.

5. Alcance del recurso de apelación

En el recurso de apelación se afirmó que en el año 2017 el municipio de Yopal se
retractó de la decisión del uso del suelo y autorizó la actividad piscícola en el predio
La Esperanza; en el mismo sentido se manifestó que los permisos ambientales
inicialmente negados fueron concedidos finalmente por Corporinoquia en el año
2019, por tal motivo, se alega que de haberse otorgado la autorización del uso del
suelo y los permisos ambientales desde el año 2015, los demandantes no hubieran
sufrido las afectaciones económicas en su negocio.

Al margen de si las anteriores premisas fáctica sean ciertas o no, la Sala advierte
que estos reproches significan una variación de la causa petendi, nótese que en la
demanda se solicitó la declaratoria de responsabilidad del municipio de Yopal por la
modificación del uso del suelo del predio donde funcionaba la piscícola La
Esperanza a través del Acuerdo municipal No. 024 del 29 de diciembre de 2013 y
respecto de Corporinoquia por la negativa a renovar los permisos ambientales para
dicha actividad económica.

Lo anterior difiere sustancialmente de lo aducido en el recurso de apelación, en el
cual se agregaron hechos no discutidos en primera instancia y se dedujo una nueva
imputación a partir de la cual se pretende derivar responsabilidad consistente en
que las entidades incurrieron en errores en el año 2015 al expedir el concepto del
uso del suelo y denegar los permisos ambientales para desarrollar la actividad
piscícola, estos reproches no serán objeto de estudio por significar una variación de
la causa petendi en segunda instancia, cuya aceptación implicaría una vulneración
del derecho al debido proceso de las entidades demandadas.

6. Responsabilidad patrimonial del Estado por la modificación en los usos del
suelo a través de instrumentos de ordenamiento del territorio

Actualmente el derecho de propiedad no puede ser comprendido como uno de
carácter absoluto e ilimitado que concede a su titular la posibilidad de ejercerlo como
bien le plazca, en tanto el artículo 58 de la Constitución Política, modificado por el

13

Radicación: 85001233300020160005502 (68301)
Demandante: Ramiro Ruiz González y otros
Demandados: Municipio de Yopal y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa

acto legislativo No. 1 de 1999, establece que la propiedad es una función social que
implica obligaciones y además le es inherente una función ecológica. Así lo ha
explicado la Corte Constitucional en diferentes oportunidades:

(..)en la época actual, se ha producido una “ecologización” de la propiedad privada,
lo cual tiene notables consecuencias, ya que el propietario individual no sólo debe
respetar los derechos de los miembros de la sociedad de la cual hace parte
(función social de la propiedad) sino que incluso sus facultades se ven limitadas
por los derechos de quienes aún no han nacido, esto es, de las generaciones
futuras, conforme a la función ecológica de la propiedad y a la idea del desarrollo
sostenible. Por ello el ordenamiento puede imponer incluso mayores restricciones
a la apropiación de los recursos naturales o a las facultades de los propietarios de
los mismos, con lo cual la noción misma de propiedad privada sufre importantes
cambios.4

Ese reconocimiento de unos intereses generales prevalentes implica para el Estado
la obligación de reglamentar distintos aspectos atinentes a la propiedad privada que
indudablemente delimitan y definen la forma como puede ejercerse ese derecho.
Dentro de estas regulaciones se destacan aquellos instrumentos encaminados a la
ordenación del territorio en función a la ocupación y utilización racional del suelo, el
desarrollo organizado de las urbes, la proyección socioeconómica, la protección del
medio ambiente, la explotación de los recursos naturales, el acceso a servicios
públicos, la garantía de una movilidad vial adecuada, así como el respeto por las
tradiciones históricas y culturales.5

La potestad de ordenar el territorio se encuentra radicada en los concejos
municipales de acuerdo con lo contemplado en el artículo 313 de la Constitución
Política y fue desarrollada legalmente a través de la Ley 388 de 1997. Sobre el
particular, la Corte Constitucional ha precisado:

La función de ordenamiento del territorio comprende una serie de acciones,
decisiones y regulaciones, que definen de manera democrática, participativa,
racional y planificada, el uso y desarrollo de un determinado espacio físico
territorial con arreglo a parámetros y orientaciones de orden demográfico,
urbanístico, rural, ecológico, biofísico, sociológico, económico y cultural. Se
trata, ni más ni menos, de definir uno de los aspectos más trascendentales de
la vida comunitaria como es su dimensión y proyección espacial. Pocas
materias como esta involucra un mayor número de relaciones y articulaciones
entre los miembros de la sociedad y su entorno cultural y natural; también, por
esta misma razón, son innumerables y delicadas las tensiones que subyacen a
su regulación y los extremos que deben ponderarse y resolverse justa y
equilibradamente.6

La expedición de estos instrumentos de ordenamiento del territorio,
específicamente, el componente de regulación de los usos del suelo supone para el

4
Corte Constitucional, sentencia C-126 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
5
Artículo 5 de la Ley 388 de 1997.
6
Corte Constitucional, sentencia C-795 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

14

Radicación: 85001233300020160005502 (68301)
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Referencia: Medio de control de reparación directa

administrado una limitación del derecho de propiedad, toda vez que deberá aceptar
la imposición de un uso del suelo específico y abstenerse de emprender cualquier
actividad urbanística o económica que origine alguna incompatibilidad.

Las mencionadas restricciones pueden significar para el particular ciertas
afectaciones tanto en su ámbito patrimonial como extrapatrimonial, siendo evidente
que el derecho de propiedad no puede ser ejercido de la misma manera a como se
hacía antes de la imposición o modificación de un uso del suelo específico, lo que
en algunos supuestos puede llevar a la depreciación del bien o al truncamiento de
ciertas actividades económicas.

Por regla general, frente a este tipo de limitaciones al derecho de propiedad no se
predica su carácter antijurídico, en vista de que cuentan con un fundamento
normativo que debe estar contenido en el instrumento de ordenamiento territorial,
también encuentra sustento en la función social y ecológica de la propiedad, así
como en la prevalencia del interés general sobre el particular, máxime cuando en el
ordenamiento jurídico colombiano no existe un derecho adquirido a que se
mantengan las condiciones de desarrollo urbanístico de un predio 7 o a conservar
determinada clasificación de usos del suelo8. En esta materia la administración debe
contar con un amplio margen de discrecionalidad con el objetivo de garantizar los
diferentes intereses generales que se encuentran en juego. Sobre este punto, la
doctrina ha planteado:

La regla general, entonces, es que, en este tipo de casos, los daños que
produzca la variación del uso del suelo serán jurídicos, por cuanto desde un
punto de vista normativo, no existe un derecho consolidado a determinado uso
del suelo o a la posibilidad de determinado aprovechamiento. Ello, por cuanto,
“desde el punto de vista del derecho de propiedad, el ejercicio de ordenación y
regulación del territorio, envuelto en la expedición y revisión de estos
instrumentos, no sea nada distinto a una delimitación más del derecho de
propiedad.
Las administraciones locales pueden, entonces, variar de manera discrecional-
aunque técnicamente- los usos del suelo y las condiciones de aprovechamiento
de los predios urbanos, razón por la cual promover una limitación amplia de esta
competencia a través del instituto de la responsabilidad extracontractual sería
contrario al interés general.9

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 9 de abril de 2021, radicación No. 25000-23-26-000-2010-00334-01(51239), C.P. José
Roberto Sáchica Méndez.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 26 de agosto de 2015, radicación No. 66001-23-31-000-1999-00671-02(33113), C.P.
Hernán Andrade Rincón.
9
Julián Andrés Pimiento Echeverri. (2021). Responsabilidad del Estado por (de)limitación de la
propiedad privada. Bogotá, D.C. Tirant lo blanch. (Págs. 337-342).

15

Radicación: 85001233300020160005502 (68301)
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Demandados: Municipio de Yopal y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa

Las anteriores consideraciones no se traducen en que todas las afectaciones
concretadas por el ejercicio de la función de ordenamiento territorial escapen de la
cláusula general de responsabilidad del Estado (Art. 90 C.P), porque si bien,
preliminarmente las modificaciones en el uso del suelo son cargas públicas que
todos los administrados deben soportar en términos de igualdad por el hecho de
conformar el Estado Social de Derecho; en algunos eventos, la afectación se torna
intolerable por su gravedad, especialidad y anormalidad, escenario en el que se
origina la obligación para la Administración de compensar esos daños con el fin de
equilibrar esa imposición de cargas públicas. Así lo ha explicado esta Corporación
en jurisprudencia reciente:

33. Por decisión constituyente, para la consecución de sus fines, el Estado se
encuentra habilitado para alterar, modificar o impactar el alcance del derecho de
propiedad, por manera que la delimitación que se derive de su accionar no causa,
por regla general, un daño especial, anormal, considerable, superior al que
normalmente deben estar dispuestos los ciudadanos a soportar en razón de la
especial naturaleza del derecho referido y los fines del Estado. Así cuando se
adoptan definiciones sobre los usos del suelo, se cambian los índices de
edificabilidad, se clasifica un bien como de interés cultural, o se establecen cesiones
obligatorias gratuitas, tales hipótesis -entre otras- no se proyectan como una
afectación antijurídica, de ahí que no comprometen la responsabilidad del Estado.
34. Sin embargo, lo anterior no implica que la afectación al derecho de propiedad
quede excluido del ámbito de aplicación del artículo 90 de la Constitución Política,
comoquiera que en el evento de que se demuestre no solo la generación de un daño
sino también su antijuridicidad, que en este caso se expresa en una afectación
superior a la que por regla general deben soportar quienes viven en comunidad o que
colocados en condiciones jurídicas iguales merecen un trato de igual geometría,
surge el deber de indemnizar el detrimento causado por la limitación al derecho de
propiedad.10

El punto de inflexión para la configuración de la responsabilidad del Estado está
marcado por el grado de afectación a la propiedad, de tal modo que a mayor
restricción del núcleo esencial de este derecho al punto que lo vacíe de contenido,
la antijuridicidad del daño será más evidente porque la decisión desplegó efectos
expropiatorios; mientras que, si la intervención es menor y no ataca ese reducto
infranqueable de la propiedad, se deduce que el daño debe ser soportado por el
administrado por contar con un sustento jurídico.

En este último evento, cuando no se vulnera el núcleo esencial de la propiedad y el
particular conserve la posibilidad de explotar jurídica y económicamente el bien, el
juez debe tomar en consideración las medidas compensatorias establecidas en el
ordenamiento jurídico con el fin de determinar si estas resultan suficientes para

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 5 de febrero de 2024, radicación No. 15001-23-33-000-2014-00369-02 (65.625), C.P.
José Roberto Sáchica Méndez.

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Referencia: Medio de control de reparación directa

cubrir los perjuicios generados; sin embargo, puede ocurrir que no se contemple
ninguna compensación, circunstancia en la que el juez deberá adoptar las medidas
dirigidas a reparar integralmente el daño causado.11

En cuanto al régimen aplicable a estos supuestos, se colige que el juicio de
imputación no puede efectuarse desde la óptica de la falla del servicio, al ser
evidente que el medio de control de reparación directa se tornaría improcedente
porque la fuente del daño es un acto administrativo (Instrumento de ordenamiento
territorial) calificado como ilegal.

Se descarta igualmente el riesgo excepcional como título de imputación aplicable
en razón a que la expedición de los actos administrativos de ordenación del
territorio no supone una actividad peligrosa que entrañe riesgos para la vida y
bienes de los administrados.

Así las cosas, el régimen aplicable a los daños generados por la regulación de los
usos del suelo es el daño especial, en el entendido que el Estado al expedir los
instrumentos de ordenamiento territorial ejerce una actividad legítima en beneficio
del interés general con la capacidad de afectar el derecho de propiedad de los
particulares, pero la obligación indemnizatoria surge cuando esa afectación
anormal y grave recae sobre uno o algunos administrados a quienes se les impone
una carga pública mayor que la soportada por el resto de los asociados ubicados
en la misma situación jurídica, rompiendo así el principio de igualdad que debe regir
en este ámbito.

Sobre este tema, cabe reiterar la posición jurisprudencial plasmada en sentencia
del 26 de agosto de 2015 a modo de síntesis:

Ahora bien, el análisis que se realizó de la jurisprudencia contencioso administrativa
en la materia permite afirmar que el daño especial es el régimen que, aunque de
excepción, ha sido generalmente aplicado en este tipo de eventos12-, el cual debe
consistir en la producción de un desequilibrio en las cargas públicas excepcional y
anormal como consecuencia de una actividad legítima de la Administración Pública
y que, por ello, la responsabilidad “no proviene de la naturaleza del hecho, sino del
carácter singular o excepcional del daño causado”13, pues bien, se reitera que ésta
determinación sólo puede proceder del análisis concreto de las condiciones de

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 9 de mayo de 2012, radicación No. 25000-23-26-000-1993-04137-01(21906), C.P.
Mauricio Fajardo Gómez.
12
No se debe perder de vista, en todo caso, lo afirmado por la Sala Plena de la Sección Tercera en
torno al lugar que ocupan los regímenes de responsabilidad en el marco de los juicios de
responsabilidad patrimonial del Estado, en sentencia de unificación del 19 de abril de 2012, Exp.
21515.
13
Consejo de Estado, Sentencia del 30 de septiembre de 1949, C.P. Pedro Gómez Parra.

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Radicación: 85001233300020160005502 (68301)
Demandante: Ramiro Ruiz González y otros
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Referencia: Medio de control de reparación directa

ejercicio del derecho de propiedad antes y después de la intervención de la autoridad
administrativa.
(…) En conclusión, la Sala debe reiterar que en casos como el sub lite, la regla
general es que la modificación por vía reglamentaria de los usos del suelo no genera
daños antijurídicos, siendo ésta una carga que de ordinario deben soportar los
propietarios por el contenido que del derecho determina el ordenamiento jurídico bajo
el prisma de la función social y ecológica de la propiedad, en este orden de ideas en
el sistema jurídico nacional no existe un derecho adquirido a que se mantengan las
condiciones de desarrollo urbanístico de un predio; solo cuando la regulación excede
el ámbito de esas funciones, cuando suprime el contenido del derecho de propiedad,
cuando borra o suprime de manera intolerable la posibilidad de ejercer una
explotación económica –esto es, en desmedro de proyectos concretos de explotación
o de una expectativa razonable y legítima de ella- y, aún en esta hipótesis, se deberá
establecer por parte del juez si el ordenamiento jurídico garantizó otras posibilidades
de explotación, un sistema adecuado de transición y/o incorporó los instrumentos de
compensación suficientes para aligerar o reequilibrar la carga impuesta por las
autoridades administrativas.14

Bajo tales premisas normativas, procede la Sala a valorar racionalmente los medios
probatorios obrantes en el proceso relevantes para esclarecer las circunstancias
fácticas que rodearon el presente caso.

7. Valoración probatoria

7.1. Cuestión previa

La parte demandante solicitó en el recurso de apelación que el dictamen pericial de
avalúo comercial rendido por Gilberto Gutiérrez Holguín sea valorado como un
informe técnico. Cabe recordar que en el proceso no pudo materializarse la
contradicción de esta pericia por el fallecimiento del experto, luego el a quo
concedió otra oportunidad para allegar un nuevo dictamen pericial, ante lo cual la
parte demandante desistió de la prueba, solicitud aceptada mediante auto del 28
de julio de 2020 (Documento 21 C.9).

La anterior decisión sería suficiente para denegar la solicitud elevada por el
apelante, puesto que existió un desistimiento expreso de este medio probatorio y
ante la falta de contradicción carece de cualquier valor en los términos del artículo
228 del Código General del Proceso.

Los sujetos procesales no pueden pretender modificar argumentativamente la
naturaleza de un medio probatorio con el fin de que sea valorado, máxime cuando
existen diferencias sustanciales entre el dictamen pericial y la prueba por informe

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 26 de agosto de 2015, radicación No. 66001-23-31-000-1999-00671-02(33113), C.P.
Hernán Andrade Rincón.

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Radicación: 85001233300020160005502 (68301)
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Referencia: Medio de control de reparación directa

en lo referido a su objeto, sujetos y el ejercicio de la contradicción, que no permiten
aceptarlos como equivalentes o intercambiables.

En efecto, el dictamen pericial es procedente cuando el proceso gira en torno a
hechos que para su verificación requieren conocimientos técnicos, científicos o
artísticos (Art. 226 CGP), por tal motivo se acude a un tercero ajeno al proceso que
posea los conocimientos especializados en la materia con el objetivo de suplir la
carencia de estos saberes por parte del juzgador. Principalmente, la contradicción
se ejerce con la convocatoria del perito a la audiencia de pruebas o con la
presentación de un dictamen de refutación (Art. 228 CGP).

Por su parte, la prueba por informe es un medio probatorio mediante el cual
entidades públicas o privadas, sus representantes o cualquier otra persona,
informan sobre hechos, actuaciones, cifras o demás datos que resulten de los
archivos o registros de quien rinde el informe (Art. 275 CGP). En cuanto a su
contradicción, el artículo 277 del CGP establece que deberá dársele traslado a las
partes del informe rendido por el término de tres días durante los cuales se puede
solicitar la aclaración, complementación o ajuste al temario solicitado.

Sobre el particular la doctrina ha considerado:

Si bien la prueba por informe puede guardar similitudes con otros medios de
prueba regulados en el ordenamiento jurídico, como lo sería la prueba pericial
(por las calidades y especialidad de la información que se busca presentar) o la
documental (por instrumento del que se vale quien realiza el informe aportado,
los documentos), ninguno de estos medios de prueba garantiza que esta
información pueda ser acreditada y controvertida de forma adecuada dentro del
proceso, pues, por una parte, con el dictamen pericial los hechos se abordan
en el marco de un concepto de un experto que deviene del conocimiento
especializado en temas científicos, técnicos o artísticos , mas no simplemente
en la presentación de información que reposa en una entidad o registros de
quien rinde un informe- hechos exentos de cualquier criterio subjetivo
especializado- y, por otra parte, con la prueba documental la forma de
contradicción es mediante la tacha de falsedad o el desconocimiento, lo que no
permite, en todo caso, entrar a discutir sobre el contenido de la información.15

Siguiendo estas pautas, es palmario que el dictamen pericial rendido por Gilberto
Gutiérrez Holguín no puede valorarse como una prueba por informe, por cuanto sus
conclusiones están fundamentadas en su área de experticia y no corresponden a
un informe sobre hechos, actuaciones, cifras o datos derivados de archivos o
registros que el perito posea. A su vez, aceptarlo como un informe implicaría una

15
Mónica Alejandra León Gil. (2020). La prueba por informe. (Págs.273-298) En: Derecho probatorio:
desafíos y perspectivas. Editores: Fredy Hernando Toscano López, Juan Carlos Naizir Sistac, Luis
Guillermo Acero Gallego, Ramiro Bejarano Guzmán. Universidad Externado de Colombia.

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vulneración del debido proceso de la contraparte, dado que cercenaría la
posibilidad de ejercer la contradicción.

Por último, tampoco se valorará el informe técnico de “proyección del 2016 al 2020
en la producción de alevinos de la piscícola La Esperanza” (fls. 182-196 C.1), en
razón a que no se trata de un anexo al dictamen pericial previamente aludido, sino
de un medio probatorio presentado de forma independiente con la demanda, pero
cuyo decreto fue negado expresamente en la audiencia inicial celebrada el 12 de
julio de 2019.

7.2. Hechos probados

Está acreditado que los señores Manuel Francisco Coronado Osorio y Ramiro Ruiz
González ejercían la actividad de la piscicultura en el terreno de su propiedad
denominado La Esperanza, ubicado en la vereda Palomas del municipio de Yopal,
negocio que les reportaba utilidades económicas anuales (fls. 44, 46, 197-214 C.1).

El 29 de julio de 2009, los señores Manuel Francisco Coronado Osorio y Ramiro
Ruiz González presentaron ante Corporinoquia solicitud de concesión de aguas
superficiales del caño Palomero destinado al uso domiciliario y al abastecimiento
de agua para el laboratorio de reproducción de peces en el predio La Esperanza (fl.
264 C.2).

En el marco de este procedimiento, el 9 de octubre de 2009, Corporinoquia expidió
el Concepto técnico No. 500.10.1.11.09-1397, dentro de la síntesis de la
documentación presentada por los solicitantes no se observa algún concepto sobre
uso del suelo expedido por el municipio de Yopal; no obstante, también se señala
lo siguiente:

COBERTURA Y USO DEL SUELO
Según el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Yopal, el predio
La Esperanza, ubicado en la vereda Sirivana, presenta una vocación de uso
agropecuario, lo cual evidencia que no se presentan conflicto con la vocación y
uso que se le dará al suelo en el predio La Esperanza.
5. CONCEPTO TÉCNICO
Realizada la inspección técnica ocular al predio La Esperanza, ubicado en la
vereda Palomas, jurisdicción del municipio de Yopal, coordenadas geográficas
N: 5° 20” 640 W: 72° 18” 133, 272 m.s.n.m., en la que se observó que las áreas
donde se realizó la construcción y establecimiento de los estanques piscícolas,
son áreas que no se encuentran dentro de la ronda protectora de caños,
quebradas, ríos, esteros, morichales, bosques nativos o ecosistemas
estratégicos y que no presentan conflicto con la vocación y uso que se le dará
al suelo según lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial del
municipio de Yopal, por lo que se considera “Ambientalmente y Técnicamente

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Demandante: Ramiro Ruiz González y otros
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Viable”, otorgar permiso de ocupación de cauce, concesión de aguas
superficiales y permiso de vertimiento a los señores Ramiro Ruiz González (…)
y Manuel Francisco Coronado Osorio (fls. 292-306 C.2).

Posteriormente, el 16 de diciembre de 2009, Corporinoquia profirió la resolución
No. 200.41.09.1543 mediante la cual otorgó concesión de aguas superficiales,
permisos de ocupación de cauce y de vertimiento de aguas residuales a los señores
Ramiro Ruiz González y Manuel Francisco Coronado Osorio para el proyecto
piscícola La Esperanza. Estos permisos tenían vigencia de 5 años contados a partir
de la notificación del acto administrativo y solo podía prorrogarse durante el último
año de su vigencia (fls. 309-319 C.2).

El 16 de mayo de 2011, Corporinoquia profirió el auto No. 500.57-11.0722 por
medio del cual se efectuaron unos requerimientos a los señores Manuel Francisco
Coronado Osorio y Ramiro Ruiz González, relacionados con el proyecto piscícola
La Esperanza, concretamente, se concedió un término de treinta días para
presentar las especificaciones y memorias técnicas para implementar mecanismos
de control y sistemas de medición de caudal, así como los diseños de los sistemas
de tratamiento para el manejo de aguas servidas provenientes de los estanques
(fls. 336- 339 C.2).

El 29 de diciembre de 2013 se expidió el acuerdo municipal No. 024 “por el cual se
adopta el plan de ordenamiento territorial del municipio de Yopal” (fls. 49-152 C.1),
de este instrumento se resaltan las siguientes disposiciones:

(…) CAPÍTULO 3. ZONIFICACIÓN DEL SUELO RURAL

Artículo 112: Suelos de protección. El suelo rural de protección, corresponde a
las áreas de conservación y protección ambiental. De acuerdo a la Ley 388 de
19997 y el decreto 879 de 1998, estas áreas, tienen por objeto la conservación
y protección de los recursos naturales y paisajísticos, geográficos y
ambientales; de las zonas de amenaza y riesgo y de las que forman parte del
sistema de provisión de servicios públicos domiciliarios.

(…) Artículo 115. Las reservas forestales protectoras productoras. En el
municipio de Yopal, están conformadas por:

Las áreas de uso potencial protector productor (RFPPD). Área de aptitud
forestal en la que se debe mantener la cobertura de bosque natural o plantado
y se permite el aprovechamiento del bosque siempre y cuando se mantenga su
función protectora.

(…) Artículo 120. Suelos de desarrollo productivo (…)

Áreas de vivienda campestre. Se establece un área comprendida entre la vía
Tacarimena y la vía Mata de pantano. El área se regirá de acuerdo a lo
dispuesto en el decreto 097 de 2006, y demás normas que lo adicionen,
modifiquen y/o sustituyan. El área de parcelación reglamentada para esta zona
es de: cuatro (4) viviendas por hectárea en la zona A, seis (6) viviendas por

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hectárea en la zona V y ocho (8) viviendas por hectárea en la zona C, acorde
con el mapa R16-Reglamentación Rural.
(…) Artículo 122. Normas para la protección ambiental. Adóptese el 7.1. Normas
para el suelo rural de protección del tomo II del DTS, en lo concerniente a las
normas para la protección ambiental de que trata el componente rural.
Reserva forestal protectora productora:

(…) Usos prohibidos:

Usos agropecuarios (establecimiento de cultivos y pastoreo); piscícolas,
extracción incontrolada y caza indiscriminada de especies silvestres en presión
y en vía de extinción; tala, rocería; vertimiento de residuos líquidos; disposición
de residuos sólidos; utilización de productos químicos de efectos residuales;
fertilizantes o pesticidas; establecimiento plantaciones forestales productoras;
usos industriales, agroindustriales, exploración y explotación minero energética;
usos urbanos, loteos; suburbanos; construcción de vivienda rural o campestre.

(…) Artículo 145. Régimen de transición para la expedición de licencias: Las
solicitudes de licencias, y otras actuaciones asociadas a la Licencia y prórrogas
que hubieren sido radicadas en legal y debida forma antes de la adopción del
presente acuerdo, continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes al
momento de su radicación.
(…) Artículo 147.Derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en
especial las contenidas en el acuerdo 012 de 2007, sin perjuicio de lo dispuesto
sobre el régimen de transición y las remisiones expresas que se hagan en este
Plan a tales disposiciones.

De lo anterior debe resaltarse que efectivamente el Plan de Ordenamiento
Territorial del año 2013 establecía que para la clasificación del suelo denominado
“reserva forestal protectora-productora”, se encontraban prohibidos los usos
piscícolas.

Lo anterior se vio reflejado en el certificado de uso del suelo No. 09194 del 27 de
marzo de 2015, expedido por la oficina asesora de planeación municipal de Yopal
al señor Manuel Francisco Coronado Osorio sobre el predio ubicado en la vereda
Palomas acerca de la actividad piscícola (fl. 21 C.1):

El predio enmarcado en las coordenadas indicadas se incluye en Suelo de
Protección en Área de Reserva Forestal Protectora Productora, y en Zona B de
vivienda Campestre; la norma de uso de suelo establecida para el sector
permite los usos que se indican como principales, compatibles y restringidos en
la definición anterior. La actividad propuesta (Piscícola), NO se contempla
dentro de las actividades permitidas en la zona, por lo que se considera
prohibido.

El 28 de abril de 2015 los señores Manuel Francisco Coronado Osorio y Ramiro
Ruiz González elevaron derecho de petición ante la oficina asesora de planeación
municipal de Yopal, para que se reconsiderara el concepto del uso del suelo del 27
de marzo de 2015 que definía como prohibida la actividad piscícola en el predio La
Esperanza, solicitud que fue acompañada de un análisis comparativo de la revisión
y ajuste del PBOT del año 2007 y el POT del año 2013, del cual se destaca:

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“Respecto al uso potencial, con fundamento en las figuras 3 y 4, se observa total
coincidencia entre la revisión y ajuste al PBOT del año 2007 y el POT del año 2013,
donde se determina como bosque protector-productor”; a continuación se indica:
“Con relación a los mapas temáticos de reglamentación para la revisión y ajuste del
PBOT del año 2007, se contempla como una zona de reserva forestal protectora-
productora. El POT del año 2013, mantiene la zona de reglamentación como reserva
forestal protectora productora, e introduce el eje regional de área de vivienda
campestre ZONA B (…)” (fls. 27-33 C.1).

El 27 de julio de 2015, el jefe de la oficina asesora de planeación del municipio de
Yopal reiteró al señor Manuel Francisco Coronado Osorio que el predio puesto en
estudio se clasifica como reserva forestal protectora-productora, además de
encontrarse en suelo suburbano propuesto para desarrollo de vivienda campestre
(Zona B). En esa medida, las actividades piscícolas se encuentran dentro de los
usos prohibidos del sector, por lo que el concepto de uso de suelo para el predio
era negativo. Igualmente se indica:

Dado que los conceptos de uso de suelo no otorgan derechos ni obligaciones a
su peticionario y no modifican los derechos conferidos mediante licencias que
estén vigentes o que hayan sido ejecutadas, se indica que para el predio
piscícola La Esperanza el dictamen continúa siendo prohibido, pues no se
muestra evidencia de disponer de licencias vigentes o que hayan sido
ejecutadas a favor de la actividad de interés, y la norma adoptada para el sector
no favorece la actividad (fls. 22-26 C.1).

El 18 de diciembre de 2015, Corporinoquia expidió el auto 500-57-15-2707 “por
medio del cual se efectúan unos requerimientos”. Se indica que en la visita técnica
realizada el 29 de septiembre de 2014 al proyecto piscícola La Esperanza se halló
que se estaba captando más caudal de lo concedido en la Resolución No.
200.41.09.1543 del 16 de diciembre de 2009. Además, no se evidenció método para
controlar y medir el caudal. Con base en lo anterior, la autoridad ambiental decidió:

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a los señores Ramiro Ruiz González,
identificado con cédula de ciudadanía No. 5.541.105 de Bucaramanga
(Santander), y Manuel Francisco Coronado Osorio cédula de ciudadanía No.
78.692.552, para que cumpla con las siguientes obligaciones de carácter
técnico ambiental, respecto de los actos administrativos mencionados en las
consideraciones, y de conformidad con lo establecido en el Concepto Técnico
No. 500.10.1.14.1966 del 22 de diciembre de 2014, DEBERÁ suspender la
producción piscícola.
1.Instalar el sistema de medición de caudal (reglilla aforadora, compuerta) a la
estructura de captación, con el fin de conocer en cualquier momento el caudal
derivado en beneficio del proyecto piscícola ubicado en el predio La Esperanza,
localizado en la vereda Palomas, jurisdicción del municipio de Yopal
departamento de Casanare.

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2.Para el caso de la captación mediante tubería de 6”, la cual se encuentra
descubierta dentro del cauce del caño Palomero, deberá modificarse su trazado
el cual debe ser fuera del cauce del caño.
3. Tramitar de manera inmediata los permisos ambientales debido a que se
encuentran vencidos, so pena de iniciar proceso sancionatorio de conformidad
con la Ley 1333 de 2009 (fls.216-217 C.1).

Se advierte que, tanto en la parte considerativa como en la resolutiva, la autoridad
ambiental no esgrime como motivo para la suspensión de la actividad piscícola
alguna incompatibilidad con el uso del suelo del predio; su fundamento radicó
exclusivamente en el incumplimiento de ciertas condiciones técnico-ambientales
previstas desde los permisos ambientales iniciales.

El 17 de febrero de 2016 la subdirectora de control y calidad ambiental de
Corporinoquia comunicó a la jefe de la oficina asesora jurídica, que la vigencia de
la concesión de aguas superficiales en favor de los señores Manuel Francisco
Coronado Osorio y Ramiro Ruiz González había expirado el 25 de marzo de 2015
y según la resolución No. 200.41.09-1543 del 16 de diciembre de 2009, su prórroga
debía realizarse durante el último año de su vigencia, es decir, en el 2014 (fls. 370
C.2).

El 13 de septiembre de 2017, el municipio de Yopal expidió un nuevo concepto de
uso del suelo sobre el predio La Esperanza, esta vez la solicitud elevada por el
señor Manuel Francisco Coronado Osorio era para la actividad de “construcción de
lagos, pesca”. El concepto es del siguiente tenor (fls. 2488-2489 C.9):

El predio indicado se incluye en Suelo de Protección en Área de Reserva
forestal Protectora Productora, parte del predio den Área de Relictos de Bosque,
y en Área de inundación Alta y se encuentra dentro de la zona B de vivienda
campestre, como se indica en la imagen No. 01; la norma de uso de suelo
establecida para el sector permite los usos que se indican como principales,
compatibles y restringidos en la definición anterior. Las actividades puestas en
consideración (Construcción de Lagos, Pesca) se contemplan como actividades
compatibles dentro de los usos recreativos de la zona, por lo que se considera
VIABLE su desarrollo, teniendo en cuenta las consideraciones de la autoridad
ambiental competente, que debe conservar y proteger los recursos naturales y
paisajísticos.

Es importante destacar que en este concepto se relacionan los usos prohibidos
para las zonas de reserva forestal protectora productora, área de relictos de bosque
y área de vivienda campestre, en todos ellos aparece como proscrito el uso
piscícola.

El 5 de agosto de 2019, Corporinoquia profirió el auto No. 500.6-19.1978 mediante
el cual inició el trámite administrativo para evaluar la solicitud presentada por

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Radicación: 85001233300020160005502 (68301)
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Ramiro Ruiz González y Manuel Francisco Coronado tendiente a otorgar los
permisos ambientales (concesión de aguas superficiales, autorización para la
ocupación del cauce y permiso de vertimiento de aguas residuales no domésticas
ARnD) en desarrollo del proyecto piscícola “Laboratorio de producción y estanques
de levante de alevinos”, ubicado en el predio La Esperanza, vereda Palomas del
municipio de Yopal (fls. 2476-2479 C.9).

Al momento de decretar las pruebas, el tribunal de primera instancia ordenó a
Corporinoquia la realización de una visita al predio La Esperanza, la cual fue
realizada el 24 de mayo de 2019, según consta en el informe técnico de verificación
No. 500.20.7.19-0184 del 22 de agosto de 2019.

En este concepto se concluye que el punto de captación de agua no cuenta “con
sistemas de regulación y medición de caudal, permitiendo libremente el ingreso de
agua; sin embargo, durante la inspección realizada a los estanques piscícolas, se
observó que la piscícola se encuentra en funcionamiento”. Se evidenciaron llenos
los estanques en los que se encuentran las hembras de reproducción, que debían
mantenerse en niveles considerables durante todas las épocas del año.

En cuanto a la zonificación ambiental respecto al POT se definió que el predio se
encontraba en “suelo rural en las áreas para el desarrollo productivo sostenible en
la categoría de áreas de conservación y protección de recursos naturales y
paisajismo”, por tanto, los usos piscícolas se encontraban prohibidos.

Se estableció que a la fecha el proyecto no contaba con la respectiva resolución
para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico superficial, pero el mismo se
estaba tramitando; no obstante, se indica que el expediente iba a ser remitido para
iniciar el respectivo proceso sancionatorio ambiental por la captación ilegal del
recurso hídrico desde el caño Palomero y el vertimiento de aguas residuales no
domiciliarias a esta fuente hídrica.

Por último, el informe determina que, para la fecha de la visita, el proyecto Piscícola
La Esperanza se encontraba en funcionamiento (fls. 2465-2472 C.9).

8. Resolución al caso concreto: daño antijurídico

Bajo el anterior panorama probatorio y siguiendo los lineamientos jurídicos
expuestos, la Sala concluye que no se reúnen los presupuestos para declarar la
responsabilidad patrimonial del Estado por la modificación en los usos del suelo.

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En efecto, uno de los presupuestos necesarios para comprometer la
responsabilidad del Estado en este tipo de eventos consiste precisamente en la
verificación de una modificación específica en el uso del suelo que implique una
restricción o delimitación mayor a la que soportaba el predio con anterioridad al
instrumento de ordenamiento del territorio.

En el caso concreto, existen dudas acerca de la clasificación del uso del suelo del
predio La Esperanza con anterioridad al acuerdo municipal No. 024 del 29 de
diciembre de 2013-Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Yopal, ya que
no se aportó un concepto del uso del suelo expedido por la autoridad competente
con base en el instrumento de ordenamiento del territorio anterior- Acuerdo
Municipal No. 012 de 2007- indicativo de que en el inmueble se permitía la actividad
piscícola.

Sobre este aspecto, las pruebas recaudadas son contradictorias. Por un lado,
durante el trámite inicial adelantado ante Corporinoquia para obtener los permisos
ambientales para el proyecto piscícola La Esperanza, se expidió el concepto técnico
No. 500.10.1.11.09-1397 del 9 de octubre de 2009, cuya síntesis de documentación
allegada permite deducir que los solicitantes no aportaron un concepto del uso del
suelo expedido por el municipio de Yopal; no obstante, la autoridad ambiental
consideró que la vocación del terreno era agropecuaria y que no se presentaba
algún conflicto con el uso del suelo. Con base en lo anterior, se profirió la resolución
No. 200.41.09.1543 del 16 de diciembre de 2019 mediante la cual se otorgó
concesión de aguas superficiales, permisos de ocupación de cauce y vertimiento
de aguas residuales en favor de los señores Ramiro Ruiz González y Manuel
Francisco Coronado Osorio.

Por el otro, se cuenta con el escrito elevado el 28 de abril de 2015 por los
demandantes ante el municipio de Yopal, con la finalidad de que se reconsiderara
el concepto del uso del suelo No. 09194 del 27 de marzo de 2015 que definía como
prohibida la actividad piscícola en el predio La Esperanza, solicitud que estuvo
acompañada de un análisis comparativo de los usos del suelo establecidos en el
PBOT del año 2007 y en el POT del año 2013, señalando que existía coincidencia
entre ambos instrumentos en lo concerniente a que el inmueble hacía parte de la
zona de reserva forestal protectora-productora, convergencia que sugiere que entre
el PBOT del año 2007 y el POT del año 2013 no existió una modificación del uso
del suelo del bien de propiedad de los accionantes.

El Consejo de Estado en sentencia del 10 de noviembre de 2016 negó las
pretensiones de la demanda justamente porque no se había acreditado la

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calificación anterior del predio que supuestamente había sufrido una restricción con
la expedición de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial:

Ahora bien, aunque las limitaciones contenidas en el Acuerdo 007 de 2000
pueden, a priori, considerarse como una lesión al derecho de propiedad que la
demandante tiene y ejerce sobre sus predios, e incluso de su derecho a
urbanizar, no puede pasarse por alto que la configuración del daño derivado de
la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial exige que dicho daño se haya
originado con la entrada en vigencia del Acuerdo Municipal, de manera que éste
no puede ser prexistente, y además debe tenerse en cuenta que la relevancia
del daño está dada por su elemento de antijuridicidad, según el cual, la
demandante no debe estar en el deber legal de soportar el daño.

(…) Así las cosas, no obra prueba que permita corroborar que la situación
anterior de los bienes era diferente a la que corresponde en vigencia del
Acuerdo 007 de 2000. O en otras palabras, no hay nada que demuestre que en
vigencia del acuerdo 007 de 2000 la afectación de los inmuebles es mayor a la
anterior, pues nótese que su afectación está dada por su condición de predios
ribereños.16

En ese orden de ideas, debido a la falta de claridad acerca de los usos de suelos
del predio La Esperanza con anterioridad al POT del año 2013, específicamente, a
la habilitación para desarrollar la actividad piscícola, no podría continuarse con el
estudio de responsabilidad; sin embargo, la Sala resalta que la afirmación de que
para el año 2009 el terreno poseía una vocación agropecuaria proviene de la
autoridad ambiental de la zona, quien para otorgar los permisos ambientales debía
verificar la compatibilidad del uso del suelo, de hecho, con base en dicho concepto
técnico se profirió la Resolución No. 200.41.09.1543 del 16 de diciembre de 2009,
que otorgó las autorizaciones ambientales para la ejecución del proyecto
productivo.

Incluso aceptando la hipótesis de que el predio contaba con una vocación
agropecuaria con anterioridad al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de
Yopal del año 2013, siendo este instrumento el que modificó su clasificación a una
zona de reserva forestal protectora-productora y prohibiendo así la actividad
piscícola en el bien, tampoco se estructura la responsabilidad patrimonial de las
entidades demandadas por falta de concreción de un daño en cabeza de los
demandantes.

En cualquier supuesto en el que se pretenda la declaratoria de responsabilidad
extracontractual del Estado, debe partirse de la verificación de un daño cierto y
personal sufrido por los accionantes. Cabe recordar que, tratándose de la
responsabilidad derivada de la reglamentación de los usos del suelo, los

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 10 de noviembre de 2016, radicación No. 52001-23-31-000-2002-01194-01(35295),
C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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demandantes deben acreditar que la expedición del Plan de Ordenamiento
Territorial modificó el uso del suelo previo con el que contaba el inmueble y que tal
restricción se tradujo en una aminoración de su ámbito patrimonial o
extrapatrimonial.

En esa medida, no es cierto lo afirmado por la apelante, en el sentido de que, en
aquellos eventos de daños derivados por las restricciones a la propiedad privada,
para su indemnización “se requiere i) que las lesiones deben haber sido causadas
ya, o que ii) exista una alta probabilidad sobre su ocurrencia”, tesis que no
encuentra sustento legal o jurisprudencial porque este tipo de supuestos sigue la
regla general frente el daño: el demandante debe acreditar una lesión efectiva y
cierta de sus intereses, bienes o derechos.

Ahora bien, como la fuente del daño es la expedición de un acto administrativo de
carácter general-Plan de Ordenamiento Territorial- que se considera legal, el
administrado debe allanarse a su cumplimiento, es decir, acatar íntegramente su
contenido, incluyendo aquellas prohibiciones que lo afecten; en caso contrario,
sería incoherente y contrario a la buena fe predicar la existencia de un daño
generado por un acto administrativo legal, pero al mismo tiempo incumplir las
disposiciones que supuestamente causan la afectación.

Presupuestos que no se encuentran verificados en el sub examine, comoquiera que
los medios probatorios demostraron que los demandantes continuaron ejerciendo
la actividad piscícola con posterioridad a la expedición en el año 2013 del Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio de Yopal. Nótese que en el hecho noveno
de la demanda se afirmó:

(…) mediante oficio 102.44.5 de 27 de julio de 2015 dado en respuesta a
solicitud formulada por el demandante Manuel Francisco Coronado Osorio el 28
de abril de 2015 radicado en la oficina de planeación bajo el número
2015/13032, se le informó al demandante que el uso del suelo en el predio del
negocio piscícola es prohibido para la realización de dicha actividad, si bien
hasta la fecha de presentación de esta demanda no se les ha impedidos a mis
representados la realización de la actividad comercial de piscicultura que han
venido desarrollando desde el año 2003, es de alto riesgo que ocurra en
cualquier momento, por razón de la modificación del POT. (Subrayado propio).

Estas manifestaciones, reiteradas incluso en el recurso de apelación, constituyen
una confesión por apoderado judicial en los términos del artículo 193 del Código
General del Proceso por tratarse de una aceptación de un hecho desfavorable para
la parte accionante contenida en el escrito inicial, a saber, que la actividad piscícola
no se suspendió a pesar del cambio del uso del suelo.

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Confesión reforzada con otros medios probatorios, específicamente, con las visitas
realizadas por Corporinoquia con ocasión de los trámites para obtener las licencias
ambientales. Es así como en el auto No. 500-57-15-2707 del 18 de diciembre de
2015 se relaciona una visita al predio La Esperanza del 29 de septiembre de 2014,
en la cual se constató que: “el proyecto está compuesto actualmente por dieciséis
(16) estanques excavados en tierra para producción piscícola, de los cuales tres (3)
no están en uso” (fls. 359-362 C.2), además de la corroboración de que para esa
fecha se seguía captando el recurso hídrico del caño Palomero.

Frente a la visita del 29 de septiembre de 2014, podría esgrimirse que los
demandantes continuaban amparados por los permisos ambientales concedidos a
través de la Resolución No. 200.41.09.1543 del 16 de diciembre de 2009,
autorizaciones respetadas por el régimen de transición contemplado en el artículo
145 del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Yopal del año 2013;
empero, la vigencia de estas habilitaciones ambientales expiró el 25 de marzo de
2015, de manera que a partir de la fecha no se podía continuar con la actividad
económica, lo que fue desconocido por los accionantes, pues en la visita realizada
el 24 de mayo de 2019, Corporinoquia determinó que el proyecto piscícola La
Esperanza se encontraba en funcionamiento.

Por otro lado, las declaraciones anuales del impuesto de industria y comercio
presentadas ante la alcaldía del municipio de Yopal presentadas por Manuel
Francisco Coronado Osorio y Ramiro Ruiz González dejan entrever que entre los
años gravables 2013 y 2014, anualidad en la que empezó a regir del Plan de
Ordenamiento Territorial, no se presentó una disminución en los ingresos, de
hecho, los mismos se mantuvieron en la cifra de $40.000.000 (fls.199-204 C.1).

También se allegaron dos certificaciones expedidas por Comercipez el 10 de junio
de 2015 (fl. 198 C.1) y por el representante legal de la asociación de pescadores
artesanales y/o agropecuarios de Cabuyaro el 20 de noviembre de 2015 (fl.197
C.1), que buscaban acreditar la venta del producto acuícola proveniente del predio
La Esperanza, pero que al mismo tiempo, demuestran que para el año 2015 los
demandantes continuaban ejerciendo su actividad económica, inclusive
conociendo el concepto del uso del suelo No. 09194 del 27 de marzo de 2015 que
expresamente informaba sobre la prohibición de realizar dicho negocio.

En el recurso de apelación se argumentó que los demandantes tuvieron que
adecuar su actividad económica, dejando a un lado el negocio de levante para
engorde de los peces y posterior comercialización; no obstante, esta afirmación
quedó desprovista de prueba, pues no se demostraron las modificaciones

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realizadas a las instalaciones del proyecto piscícola con el fin de acatar la
regulación del uso del suelo, aunado a la falta de relación de causalidad con las
actividades desplegadas por las entidades demandadas.

De igual modo, en el escrito de apelación se expuso que estas situaciones
generaron en los demandantes congoja, temor, aflicción e incertidumbre,
circunstancias fácticas que debían ser acreditadas por la parte actora en virtud de
la carga de la prueba, ya que sobre este punto no opera alguna presunción con la
capacidad de revelar a la parte de dicha regla. En el proceso no se practicaron
medios probatorios orientados a verificar la supuesta perturbación anímica
padecida por los señores Ramiro Ruiz González y Manuel Francisco Coronado
Osorio, por tanto, no es posible asumir su existencia.

Bajo ese contexto, en el plenario no se verificó que los accionantes se allanaran al
cumplimiento de la regulación del uso del suelo contenida en el Plan de
Ordenamiento Territorial del año 2013, bien sea con la suspensión de la actividad
piscícola o con su traslado a otro predio donde el uso del suelo sí fuera compatible;
en contraposición, el acervo probatorio demuestra que continuaron con el ejercicio
de esta empresa en el predio La Esperanza, desconociendo así el acto
administrativo del cual predican la generación de una afectación económica; en
consecuencia, no es posible entender que los demandantes sufrieron un daño
antijurídico.

En la misma línea de pensamiento, es menester recordar que el daño debe recaer
sobre un interés, bien o derecho que goce de protección por el ordenamiento
jurídico, aquellas actuaciones ilegítimas y contrarias a derecho se encuentran por
fuera de ese amparo normativo, por ende, no merecen protección jurídica y mucho
menos catalogarse como daños antijurídicos. Al respecto, esta Corporación ha
explicado:

La segunda característica del daño indemnizable se encuentra en el hecho de
establecer que solamente resultan antijurídicas las lesiones causadas por el
Estado a los derechos de las personas que no surgen de su anuencia,
aceptación o que son propiciadas por ellos mismos. No se trata de identificar el
concepto de daño antijurídico con la causal de exoneración de responsabilidad
que rompe la imputación por el hecho o culpa exclusiva de la víctima; se trata
de entender que el Estado no puede indemnizar los daños cuya fuente de
indemnización no es objeto de protección jurídica, en tanto que su origen es
inconstitucional, ilegal o contrario al principio de buena fe que debe regular
todas las actuaciones de los particulares y del Estado (artículo 83 de la
Constitución). En otras palabras, así el daño cuya reparación se pretende
pudiese ser causado de manera directa y eficiente por el Estado, no puede ser
indemnizado si fue propiciado, auspiciado, avalado u originado con la actuación

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u omisión de quien lo reclama, en tanto que el ordenamiento jurídico solamente
protege las actuaciones leales y legítimas de los particulares.17

En el presente asunto se comprobó que los demandantes continuaron con el
proyecto piscícola en el predio La Esperanza pese al conocimiento de la prohibición
establecida a partir de los cambios de los usos del suelo propiciados por el Plan de
Ordenamiento Territorial del año 2013.

Conclusión que no se altera con el concepto del uso del suelo expedido el 13 de
septiembre de 2017 por el municipio de Yopal, considerado por la parte
demandante como una retractación del emitido el 27 de marzo de 2015; no
obstante, si se observa con detenimiento, ambos conceptos coinciden en que el
predio se encuentra en área de reserva forestal protectora productora, dentro de la
cual está proscrito el uso piscícola.

La diferencia de ambos conceptos estriba en que, para el año 2015, los
demandantes solicitaron la viabilidad de uso del suelo para la actividad piscícola,
de ahí que el municipio de Yopal haya conceptuado su prohibición; mientras que,
en el año 2017, la actividad para la que se solicitó el concepto de uso del suelo es
la de “construcción de lagos, pesca”, lo que difiere sustancialmente de la
piscicultura.

Si bien se desconoce si los señores Ramiro Ruiz González y Manuel Francisco
Coronado Osorio conocieron de estas restricciones con anterioridad al año 2015,
lo cierto es que a partir del concepto del uso del suelo No. 09194 del 27 de marzo
de esa anualidad, era evidente que en el bien inmueble de su propiedad no se podía
desarrollar ninguna actividad piscícola por tratarse de una zona de reserva forestal
protectora-productora; entonces, la decisión de continuar con dicho negocio en
contravía de una prohibición expresa suprimió la protección brindada por el
ordenamiento jurídico y las consecuentes afectaciones económicas no pueden ser
indemnizadas.

Ligado a lo anterior, los demandantes no solo desconocieron la prohibición
establecida por el cambio del uso del suelo, sino que continuaron con la actividad
piscícola incumpliendo la normativa ambiental y los requerimientos efectuados por
Corporinoquia.

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, radicación No. 41001-
23-31-000-1990-05732-01(12158), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, reiterada en sentencia
del 20 de mayo de 2024 de la Subsección B, radicación No. 63001-23-33-000-2016-00476-01
(61973), C.P. Alberto Montaña Plata.

31

Radicación: 85001233300020160005502 (68301)
Demandante: Ramiro Ruiz González y otros
Demandados: Municipio de Yopal y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa

Recuérdese que, desde el 16 de mayo de 2011, Corporinoquia requirió a los
demandantes para presentar las especificaciones y memorias técnicas para
implementar mecanismos de control y sistemas de medición de caudal, así como
los diseños de los sistemas de tratamiento para el manejo de aguas servidas
provenientes de los estanques.

Posteriormente, mediante auto 500-57-15-2707 del 18 de diciembre de 2015 se
ordenó la suspensión de la actividad piscícola en el predio La Esperanza, pero
contrario a lo planteado en el recurso de apelación, esta decisión no obedeció al
cambio del uso del suelo establecido en el POT del año 2013, sino al incumplimiento
de una serie de obligaciones técnico-ambientales, como la captación de un caudal
mayor al aprobado, la falta de un sistema de medición de los litros derivados al
predio, la instalación de tubería dentro del cauce del caño Palomero, y el
vencimiento de los permisos ambientales desde el 25 de marzo de 2015.

En el plenario no obra prueba de que los demandantes hubieran acatado la orden
de suspensión emitida por Corporinoquia; en cambio, en la demanda se afirmó que
continuaron ejerciendo la actividad piscícola y la misma autoridad ambiental verificó
en el año 2019 que el proyecto continuaba en funcionamiento.

Así mismo, en esta última visita se constató que no se contaba con sistema de
regulación y medición de caudal, así como la resolución que autorizaba el uso y
aprovechamiento del recurso hídrico, de hecho, se señala que se iniciaría un
proceso sancionatorio por la captación ilegal y el vertimiento de aguas residuales
no domiciliarias al caño Palomero.

En los alegatos de primera instancia y en el recurso de apelación se esgrimió que
Corporinoquia expidió la Resolución No. 500.36-19-2142 del 28 de noviembre de
2019, por medio de la cual se otorgó a los demandantes concesión de aguas
superficiales en beneficio del proyecto productivo “laboratorio de producción y
estanques de levante de alevinos”; sin embargo, esta prueba no fue aportada en
las oportunidades probatorias dispuestas para ello y, en cualquier caso, no modifica
el hecho de que los accionantes continuaron ejerciendo la actividad piscícola a
pesar de la orden de suspensión emitida por Corporinoquia en el año 2015.

Sobre este punto, es relevante traer a colación lo planteado por esta Subsección
en jurisprudencia reciente:

Ahora bien, debe precisarse que el otorgamiento de una licencia ambiental para
una determinada actividad económica no constituye un derecho adquirido e

32

Radicación: 85001233300020160005502 (68301)
Demandante: Ramiro Ruiz González y otros
Demandados: Municipio de Yopal y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa

inmutable para su titular, ni aunque en el acto de su concesión se hubiere
establecido una posibilidad de prórroga, pues esa ampliación en el término de
la autorización se encuentra supeditada a la plena observancia de las
obligaciones de carácter ambiental impuestas a su titular, lo cual no ocurrió en
el presente asunto.
En concordancia con lo anterior, debe precisarse igualmente que las
variaciones en las condiciones sociales y ambientales que rodean una actividad
económica sometida a licenciamiento ambiental, pueden dar lugar, no
solamente a la no prórroga de la respectiva autorización, sino a que el acto de
otorgamiento sea revocado directamente por la administración sin necesidad de
contar con la anuencia del particular, al tenor de lo previsto en el artículo 62 de
la Ley 99 de 1993.18

Así las cosas, actuar en contravía de una prohibición expresa determinada por el
Plan de Ordenamiento Territorial del año 2013 con la modificación del uso del suelo
del predio La Esperanza y desconocer la orden de suspensión emitida por
Corporinoquia en el año 2015, ubicó a los demandantes en una situación
desprotegida por el ordenamiento jurídico, de ahí que los supuestos daños
concretados no pueden ser indemnizados.

Estas mismas circunstancias impiden entender que se defraudó la confianza
legítima de los demandantes, puesto que no basta con alegar el convencimiento de
actuar conforme a derecho; por el contrario, deben reunirse parámetros objetivos
exteriores que acrediten esa buena fe19, lo que en el asunto bajo estudio no ocurrió,
pues los demandantes actuaron en contravía de la prohibición de ejercer la
actividad piscícola en el predio La Esperanza, tanto por la incompatibilidad en el
uso del suelo, como por el incumplimiento de obligaciones ambientales.

Adicionalmente, no existió una actuación homogénea por parte del Estado que
generara siquiera la expectativa de poder continuar con la actividad piscícola en el
inmueble de los demandantes; en contraposición, tanto el municipio de Yopal como
Corporinoquia oportunamente sentaron su posición en el sentido de que dicho
proyecto era inviable en esa zona.

En síntesis, se negarán las pretensiones principales y subsidiarias de la demanda,
porque no se acreditó el daño antijurídico sufrido por los demandantes, por
consiguiente, se confirmará la sentencia proferida el 27 de enero de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Casanare.

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 12 de septiembre de 2022, radicación No. 81001-23-31-000-2011-10061-01 (54952),
C.P. María Adriana Marín.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 10 de septiembre de 2014, radicación No. 52001-23-31-000-2001-01359-01(30988),
C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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Radicación: 85001233300020160005502 (68301)
Demandante: Ramiro Ruiz González y otros
Demandados: Municipio de Yopal y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa

9. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, en la sentencia debe disponerse sobre la imposición de costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por el estatuto procesal civil. La condena
obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta la conducta subjetiva de las
partes, sino los condicionamientos expresamente consagrados.

En atención a lo regulado por el numeral 1 del artículo 365 del CGP, se condenará
en costas a la parte demandante, a quien se le resolvió desfavorablemente el
recurso de apelación. En cuanto a su liquidación se hará de manera concentrada
por el a quo, según lo previsto por el artículo 366 del estatuto procesal general.

En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, en
aplicación del acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, vigente
para la fecha de presentación de la demanda20, se fijan como agencias en derecho
el 1% del valor de las pretensiones negadas en esta sentencia 21, porcentaje
equivalente a dieciocho millones novecientos treinta y ocho mil setecientos
veinticuatro pesos con noventa y cinco centavos ($18.938.724,95).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de la señora
Silvia Liliana Ruiz Cala.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de enero de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en esta
providencia.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte accionante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el a quo.

20
29 de febrero de 2016.
21
$1.893.872.495

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Radicación: 85001233300020160005502 (68301)
Demandante: Ramiro Ruiz González y otros
Demandados: Municipio de Yopal y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa

Se fijan como agencias en derecho el monto equivalente a dieciocho millones
novecientos treinta y ocho mil setecientos veinticuatro pesos con noventa y cinco
centavos ($18.938.724,95), a cargo de la parte actora y en favor de las entidades
demandadas en proporciones iguales.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría se dispondrá DEVOLVER
el expediente a su Tribunal de origen.

Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

35

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