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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-23-33-000-2018-00221-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-23-33-000-2018-00221-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de octubre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 63001-23-33-000-2018-00221-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

3 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 63001233300020180022101
Demandante: Constructora Ingeza S.A.S
Demandada: Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ

Asunto: Autorización de aprovechamiento forestal único: suelo de protección –
Reiteración Jurisprudencial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 27 de octubre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES
La demanda

1. Constructora Ingeza S.A.S1, en adelante la parte demandante, presentó
demanda2 contra la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en adelante la
parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.

1 Actuando por apoderado judicial.
2 Cfr. Índice núm.002 de SAMAI, carpeta denominada “[…]PROCESODIGITALIZADO.(.zip)) NroActua.2.
archivo denominado “001DemandaConstructoraIngeza.pdf”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Núm. único de radicación: 63001233300020180022101
Demandante: Constructora Ingeza S.A.S.

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA. LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, es
administrativamente responsables de los perjuicios materiales y morales causados
sobre la SOCIEDAD COMERCIAL INGENZA LIMITADA, con ocasión de la decisión
tomada en el marco del proceso ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO, el cual fue negado mediante acto
definitivo mediante resolución No 000001552 de fecha 28 de mayo de 2018,
notificada el 7 de junio de 2018 como acto de respuesta del recurso de apelación
interpuesto en subsidio ante la entidad ambiental.

SEGUNDA. Que es nulo el acto definitivo mediante resolución No 000001552 de
fecha 28 de mayo de 2018, notificado el 7 de junio de 2018 como acto de respuesta
del recurso de apelación interpuesto en subsidio ante la entidad ambiental y la
resolución repuesta y apelada número 00002352 del septiembre 15 de 2017.

TERCERA. Que la declarase la nulidad de estos actos se restablezca el derecho de
mi cliente y en consecuencia se le otorgue el APROVECHAMIENTO FORESTAL
ÚNICO, sobre un lote urbano denominado 1) Avenida 19. Calle 19 Norte Lote No. 5,
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 280-122014

CUARTA. El pago por parte de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
QUINDÍO, como restablecimiento del derecho, a INGEZA SAS., por los perjuicios
de orden material y moral, los cuales se estiman en la suma de DIEZ Y SIETE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS PESOS ($17.332.033.200). Los cuales se demostrarán a lo largo del
escrito y con los soportes que se adjuntan.

QUINTA. El pago será actualizado de conformidad con lo previsto en el artículo 187
del C.P.A.C.A., aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice
de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia del hecho, hasta la fecha del
pago definitivo.

SEXTA. El pago será adicionado en el valor correspondiente a las costas judiciales
incluidas las agencias en derecho […].”3

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

3.1. Constructora Ingeza Ltda4 presentó el Formulario Único Nacional de Solicitud
de Aprovechamiento Forestal Bosque Natural o plantados no Registrados en el
predio “[…] 1) AVENIDA 19 CALLE 19 NORTE LOTE #5 EN ARMENIA Q.
identificado con el número de matrícula inmobiliaria 280122014 y la ficha catastral

3 Transcripción literal del texto.
4 Actuando por apoderado judicial.

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3

Núm. único de radicación: 63001233300020180022101
Demandante: Constructora Ingeza S.A.S.

número:630010107016900221000, radicado bajo el número 5243-17 […]” ante la
Corporación Autónoma Regional del Quindío.

3.2. La Subdirección de Regulación y Control Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío, mediante Auto de inicio núm. SRCA-AIF 682 de 29
de junio de 2017, avocó conocimiento de la solicitud y, mediante Resolución núm.
00002352 de 15 de septiembre de 2017, negó la solicitud de aprovechamiento
forestal único sobre el lote urbano.

3.3. Constructora Ingeza S.AS.5 interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de
apelación contra la Resolución núm. 00002352 de 15 de septiembre de 2017 “[…]
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL ÚNICO […]”.

3.4. La Corporación Autónoma Regional del Quindío, mediante Resolución núm.
000001552 de 28 de mayo de 2018, confirmó la Resolución núm. 00002352 de 15
de septiembre de 2017 que negó la solicitud de aprovechamiento forestal único y el
7 de junio de 2018 se le notificó la decisión a la parte demandante.

Normas violadas

4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Decreto 2811 de 18 de diciembre de 19746.
• Ley 153 de 15 de agosto de 18877.
• Ley 2 de 16 de diciembre de 19598.
• Ley 79 de 30 de diciembre 19869.
• Ley 388 de 18 de julio de 199710.
• Decreto 111 de enero de 195911.
• Decreto 1076 de 26 de mayo de 201512.

5 Actuando por apoderado judicial.
6 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”.
7 “Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1996 y la 57 de 1887”
8 “Por la cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales

renovables”
9 “Por la cual se prevee a la conservación de agua y se dictan otras disposiciones”
10 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
11 “Por el cual se establece una reserva forestal”
12 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”

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Demandante: Constructora Ingeza S.A.S.

• Decreto 1449 de 27 de junio de 199713.
• Decreto 1791 de 4 de octubre de 199614.
• Acuerdo 019 02 de diciembre de 200915.
• Sentencia SU-400 de 1997, T- 497 de 1999 y C- 079 de 1999 de la Corte
Constitucional.

Concepto de violación

5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación así:

5.1. Indicó que el Plan de Ordenamiento Territorial, el Documento Técnico de
Soporte y los demás anexos fueron estudiados de forma aislada, incompleta y
descontextualizada lo que llevó a realizar juicios de valor subjetivos que no
corresponden a la interpretación de la normativa.

5.2. Manifestó que el personal técnico de la Oficina Asesora de Planeación era
quienes realizaban los descernimientos respecto a la solicitud de aprovechamiento
forestal estos no tenían experiencia en la valoración legal de los contenidos
normativos. Dicho esto, dividió el análisis así: i) la porción del predio sobre el que
se pretende el aprovechamiento forestal no es suelo de protección; ii) al ser suelo
de protección, el desarrollo en urbanización o construcción no demostraba que la
aptitud del uso diferente al forestal fuera la mejor opción; y iii) el estudio presentado
era insuficiente en temas de condiciones biológicas y de las ciencias forestales.

“[…] La porción del predio solicitado no es suelo de protección […]”

5.3. Señaló que se debía hacer una interpretación sistemática de las normas
contenidas en el Decreto 1076 de 2015, el Decreto 1791 de 1996 y el Acuerdo 19
de 2009 para concluir que la porción del predio en cuestión no es suelo protegido,
porque se encuentra ubicado en el suelo urbano.

13 “Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley número 135 de

1961 y el Decreto- Ley número 2811 de 1974”
14 “Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal”.
15 “por medio del cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del municipio de Armenia, para el periodo

2009-2023, Armenia ciudad de oportunidades para la vida”

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Demandante: Constructora Ingeza S.A.S.

5.4. Afirmó que, de la cartografía contenida en el POT, se observaba la “[…] claridad
ABSOLUTA en cuanto que la PORCIÓN del predio NO ESTÁ INVOLUCRADO en
SUELO DE PROTECCIÓN, ni siquiera cuando se aplica el RETIRO por MODELO
DE OCUPACIÓN […]” (mayúsculas del texto original).

5.5. Adujo que era razonable que el Curador Urbano 2 otorgara la procedencia de
la licencia de construcción núm. 1-1620168 de 2 de noviembre de 2016 si se tenía
en cuenta que la cartografía sobre usos del suelo, aprovechamiento y las fichas
normativas permitían el uso del suelo.

5.6. Indicó que la porción solicitada no está calificada como suelo de protección por
la norma nacional o por el Plan de Ordenamiento Territorial y de la cartografía se
observaba que la porción del predio solicitado en aprovechamiento forestal no
correspondía al suelo de protección.

5.7. Refirió que las licencias urbanísticas son situaciones jurídicas de carácter
particular que otorgan derechos de construcción y desarrollo y que el
desconocimiento de estos derechos produce perjuicios que se deben resarcir.

“[…] al ser suelo de protección el desarrollo en urbanización o construcción
no demuestra que las aptitudes del uso diferente al forestal sea la mejor
opción […]”

5.8. Indicó que tal afirmación “[…] se cae por su propio peso […]”, en virtud a que:
i) el suelo solicitado no es suelo de protección y ii) la aptitud del uso del suelo lo
define el POT y dicha norma encuentra como mejor opción los usos y
aprovechamientos que casualmente son licenciados urbanísticamente.

“[…] el estudio presentado es insuficiente porque no acredita un uso con
aptitud mejor que el forestal […]”

5.9. Por último, afirmó que el estudio de aprovechamiento forestal era suficiente,
contundente y legítimo y, por ende, los requisitos de ley se cumplían a cabalidad
con la solicitud presentada. Adujo que, no se desconoce la argumentación técnica
ni científica de la Corporación Autónoma Regional del Quindío respecto a que la
mayoría del predio privado está categorizado como suelo de protección; sin

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Demandante: Constructora Ingeza S.A.S.

embargo, refirió que sobre este la solicitud no pretende realizar ninguna intervención
así la función ecosistémica no se afectaría.

Contestación de la demanda

6. La Corporación Autónoma Regional del Quindío16 contestó la demanda17 y
se opuso a las pretensiones formuladas, así:

6.1. Se opuso a todas las pretensiones pues consideró que las resoluciones
demandadas estaban “[…] debidamente sustentadas jurídica y técnicamente […] ”
y, por ende, no era posible acceder a las pretensiones. Manifestó como excepciones
de fondo la ausencia de motivos para declarar la nulidad de las resoluciones
demandadas y la culpa exclusiva del demandante.

6.2. Indicó que la decisión de negar la solicitud de aprovechamiento forestal se dio
por el concepto técnico y la motivación del acto fue de conformidad a la normativa
ambiental y citó que:

“[…] la solicitud adolece de la justificación técnica – ambiental y normativa, con la
cual se argumente y justifique el reemplazo de la cobertura forestal protectora
existente por un uso urbanístico en suelo de protección urbano. Esta consideración
por ser suelos donde están comprometidos las áreas forestales protectoras y tener
coberturas naturales de bosque y en proceso de regeneración natural avanzadas,
entre otras. No se encuentra un estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso
del forestal, a partir del cual se demuestre una mejor opción al desarrollo propuesto
en el Plan de Ordenamiento Territorial- POT de Armenia, para esta porción de la
ciudad […]”.

6.3. Adujo que la entidad demandante debió agotar, primero, el procedimiento de
solicitud de aprovechamiento forestal, antes de incurrir en gastos de modo que ante
el caso de negarle la solicitud el mismo debía soportar las cargas económicas.

6.6. Manifestó que, de acuerdo con el POT de Armenia, se estableció que de los
usos incompatibles estaba el de urbanización por lo que era improcedente la
solicitud de aprovechamiento forestal, en virtud de que el área donde se pretendía
realizar dicho aprovechamiento era un área de suelo de protección ambiental,
sumado a que “[…] el predio correspondía a un área de protección agrupada en el

16 Actuando por apoderado judicial.
17 Cfr. Índice núm.002 de SAMAI, carpeta denominada “[…]PROCESODIGITALIZADO.(.zip)) NroActua.2.
archivo denominado “022ContestacionDemandaCRQ.pdf”.

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Núm. único de radicación: 63001233300020180022101
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corredor No. 1 correspondiente a las Microcuencas Rio Quindío- Florida: Paujil-
Aldana- Hojas Anchas […]”.

6.7. Precisó que, de la cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio
de Armenia, se identificó que el predio objeto de la solicitud de aprovechamiento
forestal se encontraba en una zona de fragilidad ecológica como constaba del
estudio técnico realizado por los profesionales de la corporación.

6.8. Indicó que, el bosque en estudio se encontraba localizado en suelo de
protección por lo que no podía ser utilizado a un uso diferente al forestal, así no se
acreditaron los requisitos previstos en el Decreto 1791 de 1996.

6.9. Afirmó que, la tensión no se podía resolver en favor del desarrollo constructivo
de la ciudad, ya que no obedecía al desarrollo sostenible que recoge el equilibrio
entre el crecimiento económico, el bienestar social y la preservación de los recursos
contenido en el artículo 80 de la Constitución Política y en la sentencia C-035 de
2016.

6.10. Manifestó que, permitir un aprovechamiento sería un desconocimiento del
ordenamiento jurídico, descompensación de los elementos del desarrollo
sostenible, poniendo en riesgo los recursos hídricos de las quebradas adyacentes
que fueron reconocidas en 2009 como un área de importancia estratégica en
materia ambiental.

6.11. Adujo que, a pesar de que no era necesario hacer el análisis de los requisitos
descritos en el artículo 16 del Decreto 1791 de 1996, la solicitud presentada no
contaba con un estudio técnico que demostrara una mejor aptitud de uso del suelo
que fuera diferente al forestal. Asimismo, citó la sentencia C-703 de 2003 de la Corte
Constitucional que trata sobre el principio de precaución y de prevención ambiental,
entre otros temas.

Sentencia proferida, en primera instancia

7. El Tribunal Administrativo del Quindío, en sentencia proferida el 27 de octubre
de 202218, resolvió:

18 Cfr. Índice núm.002 de SAMAI, carpeta denominada “[…]PROCESODIGITALIZADO.(.zip)) NroActua.2.
archivo denominado “074Sentencia1Inst.pdf”.

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Núm. único de radicación: 63001233300020180022101
Demandante: Constructora Ingeza S.A.S.

“[…] PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda incoada por la
Constructora INGEZA S.A.S., en contra de la Corporación Autónoma Regional del
Quindío CRQ, conforme lo expuesto […]”.

Consideraciones del Tribunal

8. Consideró que, la parte demandante no desvirtuó la presunción de legalidad
de los actos acusados en virtud de las características ecosistémicas ambientales de
la zona y la ausencia de un estudio completo de uso del suelo en aptitud diferente
a la forestal, como requisito exigido para el otorgamiento de licencia de
aprovechamiento forestal.

9. Precisó que, la solicitud de aprovechamiento forestal correspondía respecto
a “[…] un suelo de protección urbano limitado a actividades económicas diferentes
a la constructiva, y si el bosque en estudio se encuentra localizado en suelo que por
su aptitud de protección no puede ser destinado a uso forestal […]” y, en esa medida,
eran determinantes las conclusiones de la autoridad ambiental. Para el efecto,
transcribió lo siguiente:

“[…] En cuanto a la condición del área solicitada para aprovechamiento forestal,
según la imagen del Sistema de Información Geográfico – SIG Quindío, donde se
puede ver la localización de los predios y el área a intervenir, ver imagen 1, es
evidente que corresponde a un fragmento de bosque nativo y al proceso de
regeneración natural de más de treinta años, que tiene elementos tanto del
bosque consolidado como de regeneración avanzadas (rastrojos altos).
Situación ésta que es corroborada con el estudio presentado, donde se identifican
las coberturas del predio y en las cuales se observa y se describen las
correspondientes a los bosques de galería de guadua, al bosque de galería mixto y
espacios naturales; lo cual es ratificado con los inventarios forestales, pág. 19 a 29:
Inventario forestal y registro fotográfico, del estudio denominado Plan de
aprovechamiento forestal único

En lo procedimental administrativo, se entiende por aprovechamiento forestal único,
el que se realiza por una sola vez, en áreas que de acuerdo con estudios técnicos,
demuestran mejor aptitud de uso diferente al forestal o el que se realiza por razones
de utilidad pública e interés social; acorde con la norma aplicable Decreto 1791 de
1996. En la documentación revisada no se encontró el “Estudio técnico que
demuestre mejor aptitud de uso diferente al forestal”. Lo más aproximado que se
menciona está en el numeral “3. Compatibilidad del uso con el POT de Armenia”,
del Plan de Aprovechamiento Forestal, numeral en el cual se limita a mencionar la
ubicación del lote-predio en zona urbana y al cumplimiento que se le dará al ubicar
las cuatro (4) torres proyectadas de edificios de 15 pisos cada una en relación con
las Áreas Forestales Protectoras, enunciando el Plano 25 del POT de Armenia y las
distancias de Fajas paralela a los cauces, indicando que no será menor a 30 metros.
Lo cual no se corresponde con la necesidad de demostrar que la aptitud de uso
diferente al forestal es la mejor para el área en cuestión […]”” (negrillas y
subrayado del texto original)

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Núm. único de radicación: 63001233300020180022101
Demandante: Constructora Ingeza S.A.S.

10. Indicó que, del concepto emitido por el profesional técnico de la oficina
Asesora de Planeación se estableció que el requisito relacionado a demostrar que
la aptitud del suelo, diferente al forestal, era mejor “[…] no se consideraba
adecuadamente superado […]”” ya que la parte demandante no dimensionó la
realidad de la zona sobre la que recaía la solicitud de lo que concluyó el
incumplimiento del requisito contenido en el artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1076 de
2015 con relación a los artículos 2.2.1.1.5.1., artículo 2.2.1.1.5.2. y artículo
2.2.1.1.5.5.

11. Destacó que, dicha normativa, era enfática al referir que la verificación para
el otorgamiento de una licencia para aprovechamiento forestal estaba limitado a que
los bosques estuvieran localizados en suelos con aptitud diferente al forestal, o que
no se encontraran dentro del sistema de parques nacionales o naturales de áreas
forestales protectoras, o que se trataran de áreas de manejo especial como cuencas
hidrográficas o bosques que no se encuentren en sectores que deban conservarse.
Al respecto, enfatizó que el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.1.5.1 del Decreto 1076 de
2015 prevé que “[…] En las zonas señaladas en los literales c) y d) del presente
artículo no se pueden otorgar aprovechamientos únicos […]”.

12. Indicó que, la Resolución núm. 00002352 de 15 de septiembre de 2017 fue
precisa al indicar que el área a intervenir presentaba cobertura forestal compuesta
por especies arbóreas del bosque subandino húmedo, ecosistema amenazado y en
vía de extinción en Colombia. Precisó que el fragmento de bosque solicitado para
aprovechamiento forestal tenía condiciones de reserva forestal protectora de
acuerdo con el artículo 2.2.2.1.2.3 del Decreto 1076 de 2015.

13. Manifestó que, sobre el asunto, el Consejo de Estado, mediante sentencia de
9 de junio de 202219, consideró:

“[…] Conforme al artículo 16 del Decreto 1791 de 1966, siempre que se pretenda
realizar un aprovechamiento forestal único de bosque natural- en zonas que no
hagan parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap)-, es necesario que
el solicitante elabore un estudio en el que se precisen las razones técnicas, de
utilidad pública e interés social por las cuales se justifica el cambio definitivo
de uso del suelo donde se sitúan los recursos forestales:
(…)
Las autoridades ambientales competentes están en la obligación de evaluar, de
manera preliminar, si la solicitud de autorización de aprovechamiento forestal está
acompañada del referido estudio que demuestre por qué resulta más beneficioso
para la colectividad transformar el uso del suelo forestal donde se ubican los

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 09 de junio de 2022.

C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés. Núm. único de radicado: 66001233300020210012101.

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Núm. único de radicación: 63001233300020180022101
Demandante: Constructora Ingeza S.A.S.

bosques objeto de la solicitud, en lugar de mantenerlo.
(…)
Pues bien, vistas las disposiciones jurídicas aplicables al asunto en cuestión, la Sala
observa que el documento de “concepto de norma urbanística y uso del suelo”, que
a juicio de la abogada de la Carder coincide con el estudio de aptitud del suelo, no
detalla las actividades que se pretenden desarrollar en el predio Montelibano con
ocasión del aprovechamiento forestal, y mucho menos describe las razones técnicas
por las cuales se amerita cambiar definitivamente el uso del suelo forestal.
(…)
Sin embargo, más allá del referido concepto, la solicitud de autorización de
aprovechamiento forestal no fue allegada junto con el estudio para cambio definitivo
de uso del suelo que exige la ley.

Tal y como lo ordenan las disposiciones de los órdenes Nacional y territorial, este
estudio debe contener las razones de utilidad pública e interés social que evidencian
una mejor aptitud en el uso del suelo que el forestal; la caracterización físico-biótica
del predio; los antecedentes de aprovechamiento en el predio; la descripción de la
vegetación y la fauna existente en el predio; la caracterización socio económica del
predio y las comunidades que habitan las áreas colindantes, entre otros aspectos
[…]” (negrillas del texto original)

14. Destacó que el Tribunal, en otras oportunidades, se había pronunciado
respecto a la normativa que regulaba la intervención sobre reservas forestales o
áreas de protección ambiental del municipio de Armenia de las que destaca que los
planes de Ordenamiento Territorial contaban con un componente ambiental.

15. Afirmó que una de las tensiones que se podía presentar era la limitación a la
propiedad privada cuando las autoridades ambientales estudian las solicitudes de
aprovechamiento forestal en zonas donde existen individuos arbóreos y confluyen
fuentes hídricas.

16. Manifestó que, no procedía el restablecimiento del derecho por la simple
existencia de la licencia urbanística pues no era un derecho adquirido para el inicio
del proyecto urbanístico.

17. Indicó que, el acto administrativo fue claro en referir sobre la categorización
en el Plan de Ordenamiento Territorial de Armenia, respecto a zonas de protección,
de conformidad con el numeral 3.3 del POT y el acto administrativo fue concluyente
en referir que el bosque en estudio se encuentra localizado en suelo que por su
aptitud de protección no podía ser destinado a usos diferentes al forestal, así no se
cumplía con los requisitos del Decreto 1791 de 1966 compilado en el Decreto 1076
de 2015 e indicó que la solicitud no contaba con el Estudio técnico que demostrara
mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal.

18. Afirmó que, del concepto técnico de 3 de enero de 2018, se observaba en el

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Núm. único de radicación: 63001233300020180022101
Demandante: Constructora Ingeza S.A.S.

acápite de antecedentes que “[…] no se encontraba en el expediente el Plan de
Aprovechamiento Forestal ni planos […]” y se reitera que el suelo que se pretende
desarrollar “[…] el proyecto constructivo corresponde a suelos de protección
establecidos en el POT […]” y “[…] el proyecto sería un elemento de fragmentación
y de barrera física artificial para la conectividad de los fragmentos y relictos
boscosos adyacentes o del área de influencia […]”.

19. Indicó que, la Corporación logró precisar el tipo de suelo del área sobre la
que se solicitó el aprovechamiento forestal en consonancia con el numeral 3° del
artículo 33 del Acuerdo 019 de 2009, el numeral 9° del artículo 84 y el artículo 93,
que concuerdan con las conclusiones del concepto técnico, la Resolución núm.
000001552 del 28 de mayo de 2018 y las normas, con fundamento en lo siguiente:

“[…] De acuerdo con la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, de aspectos
normativos y de los resultados de la visita realizada al predio se concluye lo
siguiente:

El predio cuenta con la mayor parte de su área en el polígono de suelo de
protección establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con la
presencia de fuentes hídricas y altas pendientes, así como relictos boscosos.

El predio cuenta con coberturas forestales protectoras provenientes, en parte de
procesos de restauración natural por un periodo de tiempo representativo y de
conservación de bosques que acompañan el drenaje urbano que lo atraviesa. En el
predio, se presentan altas pendientes que limitan el desarrollo de actividades
humanas diversas, ya que representan un factor de riesgo natural.

La obligatoriedad que determina la Norma, el POT y por tanto las determinantes
ambientales, de dejar para protección las franjas forestales protectoras asociadas a
corrientes hídricas y a presencia de fuertes pendientes, sumado a las franjas de
retiro por Modelo de Ocupación, hace que el área aprovechable del predio sea baja.

Según la Ley 388 de 1997, los suelos de protección por sus valores
ambientales y por los objetivos definidos de conservación, no tienen la
posibilidad de urbanizarse.

Dada la presencia de especies vegetales leñosas en el predio, debe realizarse el
análisis de características individuales y del ecosistema, para establecer
restricciones de aprovechamiento por endemismo, amenaza, etc.

El plan de aprovechamiento y manejo forestal que se presenta para las áreas en
donde ubica el relicto de bosque que reconoce el documento, debía realizarse por
medio de una evaluación de la estructura, composición y funcionamiento; que difiere
del simple inventario de los individuos a aprovechar.

No se evidencia en ninguna forma la importancia de los estados sucesionales
de las especies de regeneración natural, latizal y fustal de las coberturas
vegetales existentes.

Finalmente, no es viable la cosecha del bosque en el predio, porque cuenta con
coberturas forestales protectoras provenientes, en parte de procesos de
restauración natural por un periodo de tiempo representativo y de conservación de

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bosques que acompañan el drenaje urbano que lo atraviesa, que son suelos de
protección por sus valores ambientales y por los objetivos definidos de
conservación, que de acuerdo a la Ley 388 de 1997, los suelos no tienen la
posibilidad de urbanizarse.

Del mismo modo, se evidencia que el área del predio que en teoría podría llegar a
ser aprovechable existen individuos forestales de vital importancia y en grado de
amenaza, como es el caso del AGUACATILLO y de la PALMA DE CERA.
(…)
Sumado a lo anterior, no se realizó el inventario de especies menores a 10
centímetros de diámetro y allí se pudo evidenciar la existencia de individuos de la
especie CEXYLON ALPINUM (Palma de Cera), situación que refuerza
técnicamente la prohibición de otorgar el aprovechamiento solicitado […]” (negrillas
y subrayado del texto original)

20. Adujo que, se sustentó la decisión por la que no podía otorgarse el
aprovechamiento forestal, en virtud de las características del área solicitada dado
que correspondía a un suelo de su aptitud de protección no puede ser destinado a
un uso diferente al forestal, lo cual no logró probar la parte demandante ni en sede
administrativa ni en sede judicial, así no se cumplió con los requisitos del Decreto
1076 de 2015.

Recurso de apelación

21. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente el recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, con base en los
siguientes argumentos20:

22. Indicó que, la inconformidad y el reparo se concretaban en que la sentencia
no decidió de fondo el asunto, ya que, aun cuando el Tribunal se pronunció sobre la
solicitud de aprovechamiento forestal en concordancia con el Plan de Ordenamiento
Territorial, el concepto emitido por la autoridad, la Resolución núm. 000001552 de
28 de mayo de 2018 y las normas del caso, no estableció la diferencia entre la
totalidad del predio y la porción del que se solicitó el aprovechamiento forestal.

Indebida valoración probatoria

23. Manifestó que, existía indebida valoración probatoria, dado que lo que
pretendía la solicitud era pedir el aprovechamiento forestal respecto a la “[…]

20Cfr. Índice núm.002 de SAMAI, carpeta denominada “[…]PIEZAS PROCESALES DESCARGADAS
APLICATIVO SAMAI.(.zip) NroActua.2. archivo denominado “002 RECURSO DE APELACION PARTE
DEMANDADA.pdf”.

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FRANJA DE TERRENO QUE NO SE ENCUENTRA EN ZONA PROTEGIDA, ES
DECIR, NO SE PRETENDE APROVECHAR TODO EL LOTE SINO LA FRANJA DE
TERRENO APROVECHABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA […]”
(negrillas, subrayado y mayúsculas del texto original).

24. Afirmó que, una era la decisión que se debía tomar si el aprovechamiento
forestal era respecto de la totalidad del predio y otra sobre la solicitud que se limitaba
a una porción de terreno, según lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial
que era la disposición que establecía los suelos de protección ambiental, de
conformidad con el artículo 35 de la Ley 388 de 1997.

25. Precisó que, el Tribunal desconoció el análisis técnico realizado por el
Curador Urbano núm.2 de Armenia y no valoró siquiera la existencia de licencia de
construcción sobre la franja de terreno solicitada para el aprovechamiento forestal
que, en su criterio, no estaba declarada ni afectada por decisión administrativa de
protección de suelo de conformidad con el POT.

26. Indicó que, el Tribunal tampoco valoró la cartografía legal y vinculante del
POT, que daba cuenta de la condición jurídica, urbanística y ambiental favorable
para el proyecto. Precisó que el POT otorga a la porción de predio solicitado
diversos usos como vivienda, comercio, servicios, entre otras, y aprovechamientos
edificables como así se concedió en la licencia urbanística.

27. Manifestó que, el estudio presentado a la Corporación Autónoma Regional
del Quindío no fue desvirtuado ni fue valorado adecuadamente por el Tribunal.
Afirmó que el estudio demostraba la mejor aptitud de uso del suelo diferente al
forestal pues era un estudio completo y suficiente, pero fue “descartado de plano”
por la Corporación al partir equívocamente de la premisa que el proyecto se
desarrolla sobre un predio que el suelo era de protección ambiental. Sumado a lo
anterior, indicó que el artículo 2.2.1.1.5.4 en su literal a) permitía el aprovechamiento
forestal único en bosques naturales así, refirió que, la mejor aptitud del suelo cuando
se trata de suelos urbanos es la que está definida en el POT.

28. Afirmó que, el Tribunal no advirtió que la sustentación de la denegación se
fundamentaba en la equívoca conclusión contenida a “[…] folio 138 del expediente
(página 45 de la resolución 1552 que resuelve el recurso de reposición), numeral

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4.3 sobre “CONCLUSIÓN ACERCA DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL”) […]”
que trataba sobre una valoración respecto del POT, asumiendo que ese instrumento
determinaba el suelo comprometido con el proyecto de construcción como suelo de
protección cuando, por el contrario, el POT dispone la posibilidad de desarrollo en
construcción y usos urbanos sobre el terreno solicitado que además contaba con
licencia de urbanización.

29. Indicó que, el Tribunal desconoció que el suelo solicitado era urbano y que la
discusión sobre la demostración de mejor aptitud del suelo se configuraba diferente
si era suelo urbano o rural. Así, la aptitud del suelo urbano la otorgaba el Plan de
Ordenamiento Territorial que determina los usos del suelo en el territorio municipal.

30. Manifestó que, el predio donde se pretendía construir no hacía parte de
corredor biológico alguno y aportó el plano 31 del POT, que indica:

31. Precisó que, los operados jurídicos de instrumentos legales técnicos debían
asumir que la especialización de las decisiones jurídicas sobre el territorio se debía
realizar a través de planos que constituyen parte esencial de la decisión jurídica al
ser parte integral de la decisión, ser vinculantes y producir efectos jurídicos.

32. Afirmó que, el corredor biológico era una decisión especializada en el POT y
del mismo se extraía la existencia de una parte determinada como suelo de
protección y otra como área urbanizable. Concluyó que, el Plan de Ordenamiento
Territorial al ser una decisión legal territorial también estaba compuesto por la
cartografía, la cual, era vinculante.

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Indebida valoración de la norma

33. Adujo que, la decisión adoptada era arbitraria, en los siguientes términos:

“[…] Ahora bien, frente a la discusión traída en la demanda atinente a que ya se
contaba con la licencia urbanística proferida por la Curaduría Urbana 2 de Armenia
lo cual, como se evidenció, en efecto ocurrió; sin embargo, precisamente dicho acto
fue enfático en aludir que la misma no suplía la autorización exigida cuando en la
zona a construir se percatase la existencia de reservas forestales ambientales,
siendo precisamente esa la razón por la cual la demandante radicó la solicitud ante
la Corporación Autónoma Regional del Quindío, razón por la cual, no es admisible
el argumento consistente en que el restablecimiento del derecho debe proceder por
la sola existencia de dicha licencia, al no tratarse de un derecho adquirido para el
inicio del proyecto urbanístico, cuando a sabiendas la constructora conocía que
debía surtir el trámite propio ante la autoridad ambiental, el cual resultó infructuoso,
pero pese a ello, adelantó el desarrollo, construcción y ejecución de la obra
inmobiliaria, de lo cual dio cuenta el dictamen pericial ordenado en el proceso, en el
que se detalló que, durante el año 201539, iniciaron los trámites para sacar avante
el proyecto, siendo la solicitud de aprovechamiento forestal, presentada el 20 de
junio de 2017 […]”21.

34. Manifestó que, el Tribunal desconoció el alcance de la decisión contenidas
en la licencia en virtud de que el curador es quien, en primera medida, estudia la
aptitud del suelo para construir. En su criterio, el Tribunal desconoció las funciones
y competencias legales de las curadurías y corporaciones regionales al afirmar que
“la solicitud de aprovechamiento forestal se realizó en razón a la advertencia
otorgada por el Procurador Segundo”.

De la existencia de un defecto material

35. Indicó que, existía una incongruencia y contradicción respecto a que, el
Tribunal refirió que en el concepto técnico de 3 de enero de 2018 OAP núm. 00742
“no se cuenta en el expediente Plan de Aprovechamiento Forestal” pero dicho
concepto estudia a detalle las particularidades del predio y hace alusión a las
mismas.

36. Afirmó que, era grave que el A Quo le trasladó la competencia de definir el
uso y alcance del suelo a la Corporación Autónoma Regional del Quindío y no al
Concejo Municipal. De modo que, aduce la indebida valoración de las disposiciones
normativas en relación con el artículo 313 de la Constitución Política.

21 Transcripción textual del texto original.

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Actuación en segunda instancia

37. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de junio de 202322, admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de
27 de octubre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío.

Alegatos de conclusión

38. La parte demandante y la parte demandada no presentaron alegatos de
conclusión.

Concepto del Ministerio Público

39. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

40. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo del permiso de
aprovechamiento forestal; v) el marco normativo del trámite, procedimiento y
decisión de la solicitud del aprovechamiento forestal; vi) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial sobre el suelo de protección; vii) el Acuerdo núm. 019 de
2009 - Plan de Ordenamiento Territorial de Armenia; viii) el marco normativo de la
protección de la palma de cera; y ix) el análisis del caso en concreto.

Competencia de la Sala

41. Vistos el artículo 150 de la Ley 1437 modificado por el artículo 2623 de la Ley
2080 de 2021, sobre la competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia,

22 Cfr. Índice núm.005 de SAMAI, archivo denominado “[…]AUTOADMITERECURSODEAPELACION.(.pdf).
pdf. NroActua.5.
23 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que
se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.

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aplicable en los términos del artículo 30824 de la Ley 1437 de 201125, sobre el
régimen de transición y vigencia; y el artículo 1326 del Acuerdo núm. 80 del 12 de
marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera
del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en segunda
instancia.

42. Agotados los trámites inherentes al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho27, sin que se observe causal de nulidad que pueda
invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante.

43. Vistos los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 28, sobre
los fines de la apelación y la competencia del superior, la Sala procederá a examinar
únicamente los argumentos expuestas por la parte demandante en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío el 27 de octubre de 2022, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda.

Actos acusados

44. Los actos acusados son los siguientes:

50.1. La Resolución núm. 00002352 del 15 de septiembre de 201729 […]"Por medio
de la cual se niega una solicitud de aprovechamiento forestal único […]." expedida

24 “[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el

dos (2) de julio del año 2012. […] Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la
entrada en vigencia. […] Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el
régimen jurídico anterior […]”.
25 “Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
26 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 2024, ”por medio del cual se modifican los artículos

13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90”.
27
“[…] Artículo 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada
en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le
repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo
anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general,
el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”.
28 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
29
Cfr. Índice núm.002 de SAMAI, carpeta denominada “[…]PROCESODIGITALIZADO.(.zip)
NroActua.2. archivo denominado “003AnexoDemanda.pdf”. Folio 5.

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por la Subdirectora de Regulación y Control Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío que resolvió lo siguiente:

50.2. La Resolución núm. 000001552 del 28 de mayo de 201830 […]" Por medio de
la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 2352
de 2017 […]." expedida por la Subdirectora de Regulación y Control Ambiental de
la Corporación Autónoma Regional del Quindío que resolvió lo siguiente:

30 Cfr. Índice núm.002 de SAMAI, carpeta denominada “[…]PROCESODIGITALIZADO.(.zip) NroActua.2.
archivo denominado “003AnexoDemanda.pdf”. Folio 66.

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Problema Jurídico

45. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 27
de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Quindío determinar si:

46. Se debía otorgar aprovechamiento forestal respecto del área solicitada por la
Constructora Ingeza S.A.S para la tala de 54 árboles vivos, uno muerto y 383
guaduas. En consecuencia, la Sala determinará si hay lugar a confirmar, modificar
o revocar la sentencia proferida, en primera instancia.

47. El problema jurídico planteado se desarrollará infra, de la siguiente manera:

Marco normativo del permiso de aprovechamiento forestal

48. Visto el artículo 2.2.1.1.1. del Decreto 1076 de 2015 que dispone:

“[…] Aprovechamiento. Es el uso, por parte del hombre, de los recursos
maderables y no maderables provenientes de la flora silvestre y de las plantaciones
forestales.
Aprovechamiento forestal. Es la extracción de productos de un bosque y
comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación […]”.

49. Visto el artículo 2.2.1.1.2.2. ibidem prescribe los principios que sirven de
base para la aplicación e interpretación de la norma así:

“[…] a) Los bosques, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biológica,
étnica y de la oferta ambiental, son un recurso estratégico de la Nación y, por lo
tanto, su conocimiento y manejo son tarea esencial del Estado con apoyo de la

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sociedad civil.

b) Por su carácter de recurso estratégico, su utilización y manejo debe enmarcarse
dentro de los principios de sostenibilidad consagrados por la Constitución Política
como base del desarrollo nacional;

c) Las acciones para el desarrollo sostenible de los bosques son una tarea conjunta
y coordinada el Estado, la comunidad y el sector privado, quienes propenderán para
que se optimicen los beneficios de los servicios ambientales, sociales y económicos
de los bosques;

d) El aprovechamiento sostenible de la flora silvestre y de los bosques es una
estrategia de conservación y manejo del recurso. Por lo tanto, el Estado debe crear
un ambiente propicio para las inversiones en materia ambiental y para el desarrollo
del sector forestal.

e) Gran parte de las áreas boscosas naturales del país se encuentran habitadas.
Por lo tanto, se apoyará la satisfacción de las necesidades vitales, la conservación
de sus valores tradicionales y el ejercicio de los derechos de sus moradores, dentro
de los límites del bien común;

f) Las plantaciones forestales cumplen una función fundamental como fuentes de
energía renovable y abastecimiento de materia prima, mantienen los procesos
ecológicos, generan empleo y contribuyen al desarrollo socioeconómico nacional,
por lo cual se deben fomentar y estimular su implantación;

g) El presente reglamento se desarrollará por las entidades administradores del
recurso atendiendo las particularidades ambientales, sociales, culturales y
económicas de las diferentes regiones […]”.

50. Visto el artículo 2.2.1.3.1. que trata sobre las clases de aprovechamiento
forestal así:

“[…] a) Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en
estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o
cuando existan razones de utilidad pública e interés social. Los aprovechamientos
forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término
del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque; […]”.

51. Visto el artículo 2.2.1.1.5.4. establece que, para el otorgamiento de
aprovechamientos forestal únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de
propiedad privada, la Corporación debe verificar los siguientes:

“[…] a) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de
uso puedan ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de
las Reservas Forestales creadas por la Ley 2 y el Decreto 0111 de 1959;

b) Que el área no se encuentra al interior del Sistema de Parques Nacionales
Naturales de las áreas forestales protectoras, productoras o protectoras productoras
ni al interior de las reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959;

c) Que tanto en las áreas de manejo especial como en las cuencas hidrográficas en
ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo
integrado o en otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores

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donde deban conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados
para dichas áreas

PARÁGRAFO .- En las zonas señaladas en los literales b) y c) del presente artículo
no se pueden otorgar aprovechamientos únicos. Si, en un área de reserva forestal
o de manejo especial por razones de utilidad pública e interés social definidas por el
legislador, es necesario realizar actividades que impliquen remoción de bosque o
cambio de uso del suelo, la zona afectada deberá ser precisamente sustraída de la
reserva o del área de manejo especial de que se trate […]”.

Marco normativo del trámite, procedimiento y decisión de la solicitud del
aprovechamiento forestal

52. Visto el artículo 2.2.1.1.5.5. refiere que para tramitar aprovechamientos
forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada
se requiere los siguientes:
“[…] a) Solicitud formal;
b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal;
c) Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición que no tenga
más de dos meses de expedido que lo acredite como propietario;
d) Plan de aprovechamiento forestal […]”.

53. Visto el artículo 2.2.1.1.5.6. en el que se establece que por medio de
autorización se adquieren los aprovechamientos forestales únicos de bosques
naturales.

54. Visto el artículo 2.2.1.1.5.7. respecto a que, en los casos de aprovechamiento
forestal único de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, el
solicitante debe presentar en el plan de aprovechamiento un “[…] inventario
estadístico con error de muestreo no superior al quince por ciento (15%) y una
probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%) […]”.

55. Visto el artículo 2.2.1.1.7.1. que establece que quien pretenda realizar
aprovechamiento de bosques naturales o productos de flora silvestre ubicados en
terrenos de dominio público o privado deberá presentar una solicitud que contenga
los siguientes:

“[…] a) Nombre del solicitante;
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
c) Régimen de propiedad del área;
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende
aprovechar y uso que se pretende dar a los productos;
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se
exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.

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PARÁGRAFO.- Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal
serán establecidos con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía temática
del Ideam o por la adoptada por las Corporaciones, siempre y cuando sea
compatible con las anteriores, determinando las coordenadas planas y geográficas.
En los casos donde no sea posible obtener la cartografía a escala confiable, las
Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas
con la utilización del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será
obligatorio […]”.

56. Visto el artículo 2.2.1.1.7.5. que establece que los planes de
aprovechamiento forestal y de manejo forestal son conceptos técnicos que sirven
de base para la decisión que debe adoptar la autoridad ambiental competente. Así,
los planes no son instrumentos vinculantes ni hacen parte del acto administrativo
que otorga o niega el aprovechamiento.

57. Visto el artículo 2.2.1.1.7.6. prescribe que cuando se trate de
aprovechamiento forestales únicos, luego de recibir el plan de manejo forestal o el
plan de aprovechamiento, las Corporaciones procederán a: i) evaluar el contenido,
ii) efectuar las visitas de campo, iii) emitir concepto y iv) expedir las resoluciones
motivadas.

58. Visto el artículo 2.2.1.1.7.8. precisó que, mediante decisión motivada, la
Resolución que decida sobre un aprovechamiento forestal debe contar como
mínimo con los siguientes:

“[…] a) Nombre e identificación del usuario;
b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites
arcífinios o mediante azimutes y distancias;
e) Extensión de la superficie a aprovechar;
d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y
diámetros de cortas establecidos;
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados
y aprobados;
f) Obligaciones a las cuales queda sujeto el titular del aprovechamiento forestal;
g) Medidas de mitigación, compensación y restauración de los impactos y efectos
ambientales;
h) Derechos y tasas;
i) Vigencia del aprovechamiento;
j) Informes semestrales […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el suelo de protección

59. Visto el artículo 5° de la Ley 388 de 1997 establece que:

“[…] El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de

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acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas
por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función
pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes,
en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del
territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del
espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía
con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales […]”.

60. Visto el artículo 9° ibidem establece que:

“[…] El plan de ordenamiento territorial que los municipios y distritos deberán
adoptar en aplicación de la presente Ley, al cual se refiere el artículo 41 de la Ley
152 de 1994, es el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento
del territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas,
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y
administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Los planes de
ordenamiento del territorio se denominarán:
a) Planes de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades
de los distritos y municipios con población superior a los 100.000 habitantes;
b) Planes básicos de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las
autoridades de los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes;
c) Esquemas de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las
autoridades de los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes.

PARÁGRAFO.- Cuando la presente Ley se refiera a planes de ordenamiento
territorial se entenderá que comprende todos los tipos de planes previstos en el
presente artículo, salvo cuando se haga su señalamiento específico como el plan
señalado en el literal a) del presente artículo […]”.

61. Visto el artículo 10° refiere las determinaciones del ordenamiento territorial y
su orden de prevalencia así:

“[…] En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial, los
municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que
constituyen normas de superior jerarquía en sus propios ámbitos de competencia,
de acuerdo con la Constitución y las leyes.
1. Nivel 1. Las determinantes relacionadas con la conservación, la protección del
ambiente y los ecosistemas, el ciclo del agua, los recursos naturales, la prevención
de amenazas y riesgos de desastres, la gestión del cambio climático y la soberanía
alimentaria.
a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas
facultades legales por las entidades del Sistema Nacional Ambiental en los aspectos
relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de
1993 y el Código de Recursos Naturales y demás normativa concordante, tales
como las limitaciones derivadas de estatuto de zonificación de uso adecuado del
territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente
exclusivamente a sus aspectos ambientales.
b) Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que
integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales
nacionales.
c) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del ambiente y
de los recursos naturales renovables, en especial en las zonas marinas y costeras
y los ecosistemas estratégicos; las disposiciones producidas por la Corporación
Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción en cuanto
a la reserva, alindamiento, administración o sustracción de los distritos de manejo
integrado, los distritos de conservación de suelos, y las reservas forestales; a la

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reserva, alindamiento y administración de los parques naturales de carácter
regional; las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas
expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la
respectiva jurisdicción, y las directrices y normas expedidas por las autoridades
ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia
ecosistémica.
d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos
de desastres, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para
asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a
amenazas y riesgos naturales, y las relacionadas con la gestión del cambio
climático.
e) <Literal INEXEQUIBLE con efectos inmediatos> […]”.

62. Visto el artículo 13 que establece que el componente urbano del plan de
ordenamiento es un “[…] instrumento para la administración del desarrollo y la
ocupación del espacio físico clasificado como suelo urbano y suelo de expansión
urbana, que integra políticas de mediano y corto plazo, procedimientos e
instrumentos de gestión y normas urbanísticas. […] 3. La delimitación, en suelo
urbano y de expansión urbana, de las áreas de conservación y protección de los
recursos naturales, paisajísticos y de conjuntos urbanos, históricos y culturales, de
conformidad con la legislación general aplicable a cada caso y las normas
específicas que los complementan en la presente ley; así como de las áreas
expuestas a amenazas y riesgos naturales […]”.

63. Visto el artículo 30 establece la clasificación de suelos así:

“[…] Los planes de ordenamiento territorial clasificarán el territorio de los municipios
y distritos en suelo urbano, rural y de expansión urbana. Al interior de estas clases
podrán establecerse las categorías de suburbano y de protección, de conformidad
con los criterios generales establecidos en los artículos siguientes […]”.

64. Visto el artículo 31 establece el suelo urbano así:
“[…] Constituyen el suelo urbano, las áreas del territorio distrital o municipal
destinadas a usos urbanos por el plan de ordenamiento, que cuenten con
infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado,
posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. Podrán pertenecer
a esta categoría aquellas zonas con procesos de urbanización incompletos,
comprendidos en áreas consolidadas con edificación, que se definan como áreas
de mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial. Las áreas que
conforman el suelo urbano serán delimitadas por perímetros y podrán incluir los
centros poblados de los corregimientos. En ningún caso el perímetro urbano podrá
ser mayor que el denominado perímetro de servicios públicos o sanitarios […].

65. Visto el artículo 2.2.2.1.2.11. del Decreto 1076 de 2015 establece que el suelo
de protección:
“[…] Está constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de
cualquiera de las clases de suelo de que trata la Ley 388 de 1997 y que tiene
restringida la posibilidad de urbanizarse debido a la importancia estratégica para la

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designación o ampliación de áreas protegidas públicas o privadas, que permitan la
preservación, restauración o uso sostenible de la biodiversidad, de importancia
municipal, regional o nacional.

Si bien los suelos de protección no son categorías de manejo de áreas protegidas,
pueden aportar al cumplimiento de los objetivos específicos de conservación, en
cuyo caso las autoridades con competencias en la declaración de las áreas
protegidas señaladas en el presente decreto, deberán acompañar al municipio y
brindar la asesoría necesaria para las labores de conservación del área, lo cual
podrá conllevar incluso su designación como áreas protegidas, en el marco de lo
previsto en el presente decreto.

PARÁGRAFO . Las autoridades ambientales urbanas deberán asesorar y/o apoyar
los procesos de identificación de suelos de protección por parte de los respectivos
municipios o distritos, así como la designación por parte de las Corporaciones
Autónomas Regionales, de las áreas protegidas bajo las categorías de manejo
previstas en el presente decreto […]”.

66. Visto el artículo 35 define el suelo de protección como el que está “[…]
Constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de
las anteriores clases, que por sus características geográficas, paisajísticas o
ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación
de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las
áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos
humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse […]”.

67. La Sección Primera del Consejo de Estado 31 en un asunto sobre
competencia de la autoridad encargada de fijar los usos del suelo y determinar
afectaciones ambientales precisó que:

“[…] 79. La Sala destaca, acorde con las conclusiones que se enumeraron supra,
que no se puede desconocer que constitucional y legalmente los concejos
municipales y distritales, por medio de los planes de ordenamiento territorial, tienen
la competencia para establecer los usos del suelo dentro de su territorio; para tal
efecto, razonablemente pueden fijar afectaciones sobre los inmuebles; entre otras
circunstancias, por razones de protección ambiental y atendiendo la primacía del
interés general sobre el particular en esta materia.
[…]
123. La Sala recuerda a la parte demandante que los planos U4 y U8 hacen parte
integral del plan de ordenamiento territorial de Ibagué; es decir, junto con el texto del
Acuerdo núm. 116 de 2000 constituyen un solo acto administrativo; por tanto, los
planos no se pueden escindir del acto general por constituir un solo cuerpo
normativo; en consecuencia, si dentro de los planos citados supra, el predio de la
parte demandante aparecía relacionado como parte del Bosque Ñancahuazú, no se
puede afirmar que la afectación ambiental que se impuso en su momento era
irregular […]”.

31 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia del 29 de junio de

2023; C.P: Hernando Sánchez Sánchez número único de radicado: 73001233100020100026503.

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Acuerdo núm. 019 de 2009 – Plan de Ordenamiento Territorial de Armenia

68. Visto el artículo 313 de la Constitución Política establece la competencia del
Concejo Municipal así:

“ 1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del
municipio.
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y
social y de obras públicas.
3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas
funciones de las que corresponden al Concejo.
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.
5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto
de rentas y gastos.
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas
categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y
empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de
economía mixta.
7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y
controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de
inmuebles destinados a vivienda.
8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta
determine.
9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del
patrimonio ecológico y cultural del municipio.
10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.
11. <Numeral adicionado por el artículo 6 del Acto Legislativo 1 de 2007. El nuevo
texto es el siguiente:> En las capitales de los departamentos y los municipios con
población mayor de veinticinco mil habitantes, citar y requerir a los secretarios del
despacho del alcalde para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán
hacerse con una anticipación no menor de cinco (5) días y formularse en
cuestionario escrito. En caso de que los Secretarios no concurran, sin excusa
aceptada por el Concejo Distrital o Municipal, este podrá proponer moción de
censura. Los Secretarios deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron citados,
sin perjuicio de que el debate continúe en las sesiones posteriores por decisión del
concejo. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá
encabezar el orden del día de la sesión.
Los concejos de los demás municipios, podrán citar y requerir a los Secretarios del
Despacho del Alcalde para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán
hacerse con una anticipación no menor de cinco (5) días y formularse en
cuestionario escrito. En caso de que los Secretarios no concurran, sin excusa
aceptada por el Concejo Distrital o Municipal, cualquiera de sus miembros podrá
proponer moción de observaciones que no conlleva al retiro del funcionario
correspondiente. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de las dos terceras
partes de los miembros que integran la corporación.
12. <Numeral adicionado por el artículo 6 del Acto Legislativo 1 de 2007. El nuevo
texto es el siguiente:> Proponer moción de censura respecto de los Secretarios del
Despacho del Alcalde por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o
por desatención a los requerimientos y citaciones del Concejo Distrital o Municipal.
La moción de censura deberá ser propuesta por la mitad más uno de los miembros
que componen el Concejo Distrital o Municipal. La votación se hará entre el tercero
y el décimo día siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del
funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de las dos terceras
partes de los miembros que integran la Corporación. Una vez aprobada, el
funcionario quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá
presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos.
La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de censura

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no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo”.

69. Visto el artículo 13 del Acuerdo 019 de 2009 establece los elementos
constitutivos de ocupación del Municipio así:
“[…] 1. Clasificación del territorio y forma de crecimiento.
2. Tipología de ocupación y protección de la plataforma ambiental.
3. Factores ambientales desde las cuencas.
4. Porcentaje de ocupación y destinación de suelo y áreas mínimas de vivienda.
5. Parámetros de uso del suelo, productividad y aprovechamiento del paisaje.
6. Sistemas estructurantes de ciudad y territorio […]”.

70. Visto el artículo 25 ibidem que establece el suelo de protección ambiental
como “[…] Está constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados en Suelo
Urbano, Suelo Rural, o Suelo de Expansión Urbana, que por sus características
geográficas, paisajísticas o ambientales; o por formar parte de las zonas de utilidad
pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos
domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización
de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse […]”.

71. Visto el artículo 29 estable la Estructura Ecológica Principal como eje
estructural del Ordenamiento Territorial Municipal pues contienen un sistema
espacial, estructural y funcional interrelacionado definido por corredores
ambientales de sustentación para mantener el equilibrio ecosistémico del territorio
en el que se consolida los elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los
procesos ecológicos esenciales y cuya finalidad es la preservación, conservación,
restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovable.

72. Visto el artículo 36 establece los elementos que conforman la estructura
ecológica principal así:
“[…] 1. El Sistema Municipal de Áreas Protegidas SIMAP y sus Componentes.
(Plano No. 25).
2. La red de parques y áreas verdes constituidas como espacio Público. (Plano No.
33).
3. La red de microcuencas, drenajes urbanos y rurales que comprenden las U.M.C.
(Planos No. 25, 26, 27, 30, 31, 32).
4. La Red Municipal de Parques de la Vida (Plano No. 33).
5. Las áreas comprendidas como Suelo de Protección Ambiental urbanas y rurales.
(Planos No. 28 y 29).
6. Las áreas de especial significación ambiental. (Plano No. 30).
7. Las áreas definidas en el P.O.M.C.H. como de importancia ambiental. (Plano No.
101).
8. Las áreas de vulnerabilidad y riesgo. (Planos No. 34 y 35).
9. Las áreas de consolidación ambiental. (Plano No. 31).
10. Ecosistemas estratégicos para el aprovechamiento sostenible. (Plano No.
28,31).
11. Ecosistemas estratégicos para el abastecimiento de agua (D.M.I. cuenca alta

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del río Quindío) (Plano No. 28).
12. Cuenca alta del Rio Verde como abastecedora de agua del sector rural del
municipio. (Plano No. 101) […]”.

73. Visto el artículo 84 establece que aplican a la estructura ecológica principal
los siguiente:

“[…] 5. Áreas Forestales Protectoras: Son aquellas que deben ser conservadas
permanentemente con bosques naturales o plantados; su finalidad exclusiva es la
protección de suelos, agua, fauna, flora, diversidad biológica, recursos genéticos u
otros recursos naturales renovables.

6. Áreas para la Protección y Conservación del Recurso Hídrico: Son aquellas áreas
cuya finalidad fundamental es manejar en forma sostenible la oferta del agua, para
atender a los requerimientos de las actividades naturales y de desarrollo
socioeconómico en términos de cantidad, calidad y distribución espacial y temporal
seguido del mantenimiento de procesos ecológicos y funciones ecosistémicas.

9. Corredores Biológicos: Porciones de bosques que se comunican o conectan con
zonas forestales protectoras, áreas naturales protegidas, otros bosques, humedales
y otros ecosistemas estratégicos […]”.

74. Visto el artículo 88 indica las estrategias de intervención para la U.M.C así:

“[…] 1.17. Además delimitar a través de la metodología empleada, tres propuestas
de corredores de conservación: (Ver Plano 31)

1.17.1. CORREDOR UNO: Microcuencas Quindío- Florida- Paujil- Aldana-Hojas
Anchas.

1.17.2. CORREDOR DOS: Microcuencas San Nicolás – Yeguas Santander-
Armenia.
1.17.3. CORREDOR TRES: Se propone un corredor que conecte los nodos Florida-
Pinares, a través de dos fragmentos que actuarían como conectores: Aldana- San
Nicolás y Río Quindío […]”.

75. Visto el artículo 90 establece como definición del suelo de protección lo
siguiente:

“[…] conjunto de áreas con diferentes categorías, que por su localización,
funcionalidad ecológica, composición, biodiversidad y generación de bienes y
servicios ambientales, constituyen un patrimonio natural municipal, por tal razón
merecen ser conservadas; orientando políticas de conocimiento, conservación y
recuperación por la relevancia de su naturaleza dentro del sistema territorial.

De acuerdo con el Artículo 35 de la Ley 388 de 1997, el suelo de protección está
constituido por las zonas y áreas de terreno, localizadas dentro de cualquiera de las
clases de suelo, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales,
o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de
infraestructura para servicios públicos, o de las áreas de amenaza y riesgos no
mitigables para la localización de vivienda, tiene prohibida la posibilidad de
urbanizarse.

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Corresponden a las zonas de protección de los recursos naturales las siguientes
áreas:
1. Afloramientos, Humedales y cuerpos de agua.
2. Ríos.
3. Quebradas.
4. Drenajes con cauces permanentes o no permanentes.
5. Microcuencas.
6. Zonas de fragilidad ecológica.
7. Bosques (relictos y fragmentos).
8. Corredores biológicos.
9. Ecosistemas estratégicos.
10. Áreas naturales protegidas.
11. Áreas de valor Paisajístico.

En el caso de Ríos y Quebradas, la delimitación se fundamenta en condiciones
naturales, que determinan el suelo de protección, de acuerdo a lo definido en el
Decreto-Ley 2811 de 1974 estipulando la delimitación por distancias horizontales de
15 m al lado y lado de quebradas y 30m al lado y lado de ríos, medidos a partir del
borde del cauce, consolidando franjas y rondas de protección de 30m y 60m
respectivamente.

Las áreas con pendientes superiores a 46,66% o 25°, en las zonas que no posean
alguno de los valores ambientales definidos anteriormente, que se encuentren por
fuera de los suelos categorizados en los planos No. 28 y 29, no serán consideradas
suelo de protección ambiental por recursos naturales. No obstante, en las áreas con
las pendientes mencionadas, se tendrán en cuenta, para la aprobación de las
licencias de urbanismo y construcción, las restricciones y condiciones para la
edificabilidad en materia de ocupación, retiros, cálculo estructural, y obras
ingenieriles y bioingenieriles de mitigación de riesgo natural, de acuerdo con los
estudios particulares de estabilidad de taludes.

Durante el primer año de vigencia del P.O.T. el Municipio de Armenia, con la
participación y validación de la C.R.Q., realizará el estudio técnico de actualización
de suelos de protección ambiental urbano, el cual será formulado, acogiendo las
variables establecidas en el Modelo de Ocupación Territorial de Armenia bajo
criterios técnicos multidisciplinares, que será adoptado por la Administración como
norma de carácter estructural.

PARÁGRAFO 1. El estudio técnico de actualización de suelos a realizarse durante
el primer año, se distribuirá en trimestres para facilitar el desarrollo socio-económico
de la ciudad […]”.

76. Visto el artículo 91 refiere que los usos permitidos en suelo de protección
ambiental son: educación ambiental, recreación pasiva, investigación, ecoturismo
urbano sostenible, conectividad, espacio público natural y precisa además que:

“[…] Las zonas de protección se consolidarán con un área mínima de 30 m en zonas
de rondas de quebradas. Las áreas que se encuentran en el sector de influencia
como bosques (relictos, fragmentos, corredores,) se conservarán como suelo de
protección y se agruparán a través de los 3 corredores de conservación, definidos
en el plan de ordenación y manejo de las microcuencas urbanas, y adoptado por la
Estructura Ecológica Principal del componente urbano del P.O.T.

En los dos primeros años posteriores a la adopción del presente P.O.T., el municipio
expedirá previa concertación con la C.R.Q., la Norma Ambiental Urbana, la cual será
el instrumento de regulación fundamental en materia de vocaciones, usos,

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tratamientos y tipos de intervenciones, sobre las microcuencas urbanas y su área
de influencia, la cual garantizará la consolidación del suelo de protección,
reglamentando su uso y aprovechamiento sostenible, y además, definirá los
proyectos estratégicos ambientales a ejecutarse en éstas áreas y la implementación
del modelo de ocupación. Se adoptarán los Planos de corredores biológicos de
conservación, retiro de borde ambiental por modelo de ocupación y la zonificación
de microcuencas urbanas, como soporte y determinantes para el posterior proceso
reglamentario […]”.

77. Visto el artículo 94 establece las categorías de uso como permitido, limitado
e incompatible y el manejo de las áreas que conforman el suelo de protección así:

“[…] Áreas forestales protectoras. Estas áreas deben ser conservadas, como
bosques naturales o plantados; su principal finalidad es la conservación y protección
de los recursos naturales existentes, la diversidad biológica y otros recursos
genéticos existentes.
2.1.Uso permitido: Recuperación de los recursos naturales existentes,
investigación, recreación pasiva, educación ambiental, infraestructura ambiental
liviana.
2.2. Usos limitados: Aprovechamiento sostenible del recurso forestal, ecoturismo,
infraestructura para la educación ambiental, extracción de material genético.
2.3. Usos incompatibles: Actividades agropecuarias, industriales, desarrollos
urbanísticos, minería, y otras actividades como la tala, quema, caza, pesca y vías
carreteables […]”.

78. Visto el artículo 99 trae la zonificación ambiental en el suelo urbano de
armenia de la que se extrae:

Zonas de Fragilidad Ecológica. Se identificaron en el área urbana, 1.033
fragmentos mayores de 25 x 25 m. (625 m2) que ocupan 600 Ha del área urbana,
zonas que estarían enmarcadas por la política ambiental general de restricción hacia
su intervención, potenciación, mejoramiento y mantenimiento de sus condiciones
ecológicas.

El P.O.T. acoge las áreas caracterizadas e identificadas como zonas de fragilidad
ecológica, y recomienda aquellas que pudieran ser declaradas como Áreas
Naturales Protegidas de la Sociedad Civil en el corto y mediano plazo. Dentro de
estas áreas de fragilidad ecológica, se encuentran los bosques:

1. Mesopotamia (rural - urbano).
2. Mesones (urbano).
3. Coomeva (urbano).
4. Universidad del Quindío (urbano).
5. Colegio Nacional (urbano).
6. Escuela Ciudad Milagro (urbano).
7. Yulima

El bosque de mayor fragilidad ecológica de los caracterizados es el de Mesopotamia
(3 islas de hábitat). Lo anterior, así mismo, significa que los 1.028 fragmentos o
relictos de bosques no caracterizados, también son considerados en el P.O.T., como
de fragilidad ecológica, y por lo tanto, sobre ellos sólo se podrán efectuar actividades
de conservación, recreación, educación e investigación, y para su intervención debe
existir un pronunciamiento técnico de la C.R.Q.

En el mediano plazo, este Plan de Ordenamiento Territorial, consolidará las áreas

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de protección en unidades potenciales de equipamiento público para la
conservación, propagación, investigación, recreación y turismo sostenible. Esta
agrupación, involucra algunos fragmentos de bosques caracterizados y otros que no
lo han sido, pero lo que se tratará, es de potenciar los fragmentos caracterizados y
ampliar su cobertura.

[…]
Zona de Fragilidad Ecológica Universidad del Quindío. Debe considerarse este
bosque como una Unidad de Tratamiento de Conservación Ambiental y se debe
desarrollar su correspondiente Plan de manejo en el corto plazo.
Coomeva y la Universidad del Quindío, y las áreas entre ellos, que conforman gran
parte de la microcuenca de la Quebrada La Aldana, deben configurarse y
potenciarse como parte del corredor de conservación número uno, en donde haya
combinación de usos conservación, educativos y recreativos […]”

79. Visto el artículo 247 establece que se adopta de manera integral el soporte
cartográfico del POT detallado en el volumen núm. 5 como parte constitutiva del
Acuerdo.

Marco normativo sobre la Protección de la Palma de Cera

80. Visto el artículo 1º de la Ley 61 de 1985 declaró Árbol Nacional y Símbolo
Patrio de Colombia la especie de Palma Ceroxylom Quindiuense, denominado
comúnmente como Palma de Cera. Por su parte, el artículo 3º prescribe que se
prohíbe su tala y que será sancionada penalmente en forma de multa, o arresto, en
beneficio del municipio donde se realizará la infracción de conformidad con el
Decreto 2811 de 1974.

81. Visto el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015 que establece la
protección y conservación de los bosques y la obligación a los propietarios a:

“[…] 1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales
protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:
a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100
metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas
máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua;
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45).
2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan
dentro del predio.
3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas
forestales y con el control de quemas […]”.

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Acervo probatorio

82. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub
examine son las siguientes32:

• Formulario Único Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal Bosque
Natural o Plantados no Registrados.
• Formato de información costos de proyecto, obra o actividad, para la
liquidación de tarifa por servicios de evaluación y seguimiento ambiental-
permiso de aprovechamiento forestal.
• Acta de Reunión- Uso General. Alcaldía de Armenia, Sistema de Gestión
Integrado CALIDAD-MERCI.
• Resolución núm. 191 de 25 de julio de 2016 “POR MEDIO DE LA CUAL SE
LIQUIDA EL APROVECHAMIENTO URBANISTICO ADICIONAL AL
PROYECTO RESIDENCIAL ALTOS DE BAMBU UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE ARMENIA AVENIDA 19 CALLE 19N LOTE NRO. 5, BAJO
LOS PARÁMETROS DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO MUNICIPAL
064 DE 2013”.
• Licencia de Construcción núm. 1-1620168 expedida por la Curaduría Urbana
núm. 2 de Armenia.
• Certificado de Tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria núm. 280-
122014 de 20 de junio de 2017.
• Concepto técnico OAP núm. 356 de 29 de agosto de 2017 realizado por el
profesional especializado de la Oficina Asesora de Planeación Orlando
Martínez Arenas de la Corporación Autónoma Regional del Quindío.
• Resolución núm. 00002352 de 15 de septiembre de 2017 “POR MEDIO DE
LA CUAL SE NIEGA UNA SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL ÚNICO”.
• Recurso de Reposición de 02 de octubre de 2017 contra la Resolución núm.
00002352 de 15 de septiembre de 2017.
• Resolución núm. 000001552 de 28 de mayo de 2018 “POR MEDIO DE LA
CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO
CONTRA LA RESOLUCIÓN 2352 DE 2017”.

32Cfr. Índice núm.002 de SAMAI, carpeta denominada “[…]PROCESODIGITALIZADO.(.zip) NroActua.2. carpeta

denominada “024.ExxpedienteAdministrativof”.

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• Evaluación de aspectos de ordenamiento territorial y forestales relacionados
con el proyecto urbanístico de Altos de Bambú Armenia de 03 de enero de
2018.
• Concepto técnico OPA núm. 013 de 12 de enero de 2018 realizado por el
profesional especializado Oficina Asesora de Planeación Orlando Martínez
Arenas de la Corporación Autónoma Regional del Quindío.
• Las demás pruebas documentales que obran dentro del expediente.

83. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas obrantes en el expediente,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
de la Ley 156433, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación el problema jurídico planteados en el caso sub examine.

Análisis del caso concreto

84. De conformidad con los marcos normativos indicados supra, la Sala procede
a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del
silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

Indebida valoración probatoria

85. La Sala considera que el motivo de inconformidad de la parte demandante
es que no se estudió la solicitud de aprovechamiento forestal respecto del área
pedida, sino que, el estudio se efectuó sobre la totalidad del predio Avenida 19 Calle
19 norte lote núm. 5 lo que, a su juicio, conllevó a concluir que el área era suelo de
protección ambiental y bajo tal aspecto tanto la Corporación como el Tribunal
incurrieron en una indebida valoración probatoria.

86. Al respecto, la Sala considera que del “formulario único nacional de solicitud
de aprovechamiento forestal bosque natural o plantados no registrados”, del
“formato de información costos de proyecto, obra o actividad, para la liquidación de
tarifa por servicios de evaluación y seguimiento ambiental-permiso de
aprovechamiento forestal” y del Certificado de tradición del predio con matrícula
inmobiliaria núm. 280122014 se concluye que la solicitud de aprovechamiento
forestal corresponde a los individuos arbóreos ubicados en el predio Avenida 19

33 Artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.

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Calle 19 Norte Lote núm.5 con coordenadas Latitud Norte 4º33´28.00” y Latitud
Oeste 75º39´45.00” de modo que es clara la porción del suelo respecto de la cual
se solicitó el aprovechamiento forestal. En concordancia con esto, el Sistema de
Información Geográfica del Quindío, identifica el predio así34:

87. Si bien el recurrente afirma de forma reiterada que la solicitud de
aprovechamiento forestal corresponde a una porción de dicho predio, este no indicó
cual era esa porción, no precisó las coordenadas o elemento que permitiera
individualizar la porción de terreno sobre la totalidad del predio Avenida 19 Calle 19
Norte Lote núm.5 del que se pretendía realizar el aprovechamiento forestal.

88. Igualmente, a pesar de que, en el recurso de apelación se refirió al plano 31
del Plan de Ordenamiento Territorial, la Sala encuentra que dicha imagen
corresponde a un fragmento del plano del que no se puede determinar si: i)
corresponde al predio Avenida 19 Calle 19 Norte Lote núm.5.; y ii) la porción
resaltada en amarillo corresponde a la parte solicitada dentro del trámite del permiso
de aprovechamiento forestal. Sumado al hecho que, visto el plano 31 del POT35 no
se puede localizar el área solicitada así:

34 Cfr. Índice núm.002 de SAMAI, carpeta denominada “[…]PROCESODIGITALIZADO.(.zip) NroActua.2.
carpeta denominada “024.ExxpedienteAdministrativo”.
35 Cfr. Índice núm.002 de SAMAI, carpeta denominada “[…]PROCESODIGITALIZADO.(.zip)) NroActua.2.

archivo denominado “003AnexosDemanda.pdf”.

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89. La Sala considera que el área solicitada para aprovechamiento forestal
corresponde a la totalidad del terreno Avenida 19 Calle 19 Norte Lote núm.5 toda
vez que de las pruebas antes relacionadas se puede extraer la ubicación y las
coordenadas en contraste con la documentación de la solicitud de aprovechamiento
forestal.

90. Para la Sala el suelo solicitado en aprovechamiento forestal corresponde a
un suelo de protección ambiental así:

91. El artículo 35 de la Ley 388 de 1997 establece que el suelo de protección
está constituido por las zonas y áreas de terreno que, por sus características
geográficas, paisajistas o ambientales, o por hacer parte de las zonas de utilidad
pública, tienen restricción de urbanizarse.

92. En concordancia con esto, el artículo 2.2.2.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015
establece que el suelo de protección tiene restringida la posibilidad de urbanizarse
debido a la importancia estratégica para la designación o ampliación de áreas
públicas o privadas protegidas, que permitan la preservación, restauración o uso
sostenible de la biodiversidad, de importancia municipal, regional o nacional. Dicha
norma aclara que, si bien los suelos de protección no son áreas protegidas, pueden
aportar al cumplimiento de los objetivos específicos de conservación.

93. Por su parte, del artículo 90 de la Resolución 019 de 2009, que contiene el

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Plan de Ordenamiento Territorial de Armenia, establece que el suelo de protección
es un conjunto de áreas de diferentes categorías que, por factores como su
localización, funcionalidad ecológica, composición y por sus características deben
ser conservadas.

94. Con relación a esto, de las pruebas que obran en el expediente se observa
que del concepto técnico OAP núm. 356 de 29 de agosto de 2017 precisó que
verificado el Sistema de Información geográfico- SIG Quindío la solicitud de
aprovechamiento se trataba de un “[…] fragmento de bosque nativo y al proceso de
regeneración natural de más de 30 años, con elementos de bosque consolidado
como de regeneración avanzada (rastrojos altos) […]” el cual fue corroborado con
el estudio presentado por el solicitante en el que se describió la presencia de “ “[…]
bosque de galería de guadua, bosque de galería mixto y espacios naturales, “[…]
contrastado por los inventarios forestales consignados en el folio 19 al 29, el registro
fotográfico y el estudio denominado plan de aprovechamiento forestal único […]”.

95. Igualmente, la Resolución núm. 00002352 de 15 de septiembre de 2017
estableció que del estudio técnico allegado con la solicitud de aprovechamiento
forestal se extraía que “[…] el área a intervenir presenta cobertura forestal
compuesta por especies arbóreas que son propias del bosque subandino húmedo
y muy húmedo, uno de los ecosistemas más amenazadas y en vía de extinción de
Colombia […]”.

96. En concordancia con esto, la Evaluación de aspectos de ordenamiento
territorial y forestales del proyecto urbanístico Altos de Bambú Armenia precisó que
el predio presentaba “[…] pendientes suaves a medianas, la cual cambia y se hace
más fuerte cuando se acerca hacia la quebrada Laureles, fuente hídrica que divide
el predio, según la imagen del Sistema de Información Geográfica […]”.

97. Por su parte, de la Resolución 1552 de 28 de mayo de 2018 se extrae que
“[…] el predio cuenta con coberturas forestales protectoras provenientes, en parte
de procesos de restauración natural por un periodo de tiempo representativo y de
conservación de bosques que acompañan el drenaje urbano que lo atraviesa […]”.

98. Conforme al marco normativo y las pruebas aportadas supra, la Sala observa
que la solicitud de aprovechamiento forestal era respecto al bosque subandino con
presencia de regeneración natural avanzado ubicado en el predio Avenida 19 Calle

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19 Norte Lote núm. 5 que, según el Acuerdo 019 de 2009 corresponde a un suelo
de protección de los recursos naturales por tratarse de un bosque.

99. En consonancia con esto, la Sala recuerda que el artículo 93 del Acuerdo 029
de 2009 establece que:

“[…]Las áreas que se encuentran en el sector de influencia como bosques (relictos,
fragmentos, corredores,) se conservarán como suelo de protección y se agruparán
a través de los 3 corredores de conservación, definidos en el plan de ordenación y
manejo de las microcuencas urbanas, y adoptado por la Estructura Ecológica
Principal del componente urbano del P.O.T.[…].

100. Visto el artículo 84 ibidem se establece que los corredores biológicos
corresponden a “[…] porciones de bosques que se comunican o conectan con zonas
forestales protectoras, áreas naturales protegidas, otros bosques, humedales y
otros ecosistemas estratégicos […]”. Así, el Plan de Ordenamiento Territorial
establece en su artículo 88 tres corredores de conservación así:

“[…] 1.17.1. CORREDOR UNO: Microcuencas Quindío- Florida- Paujil- Aldana-
Hojas Anchas.

1.17.2. CORREDOR DOS: Microcuencas San Nicolás – Yeguas Santander-
Armenia.

1.17.3. CORREDOR TRES: Se propone un corredor que conecte los nodos Florida-
Pinares, a través de dos fragmentos que actuarían como conectores: Aldana- San
Nicolás y Río Quindío […]”.

101. Contrastada la normativa de referencia y verificada las pruebas se tiene que,
del documento de evaluación de aspectos de ordenamiento territorial y forestal
relacionados con el proyecto urbanístico altos de bambú Armenia se lee que “[…] el
predio donde se pretende desarrollar el proyecto constructivo se localiza en la
margen derecha de la vía que permite el ingreso al barrio Mercedes del Norte sobre
la calle 19 Norte. En la parte adyacente a la vía presenta pendientes suaves, la cual
cambia y se hace más fuerte cuando se acerca hacia la quebrada Laureles, fuente
hídrica que divide el predio, según la imagen del Sistema de Información
Geográfica. De acuerdo con la imagen, en la margen izquierda de la quebrada
Laureles la vegetación que cubre alrededor del 40% del suelo es guadua. En el otro
60% se encuentra una mezcla de vegetación arbórea, arbustiva con vegetación
herbácea […]”. Igualmente, se consignó de la visita técnica los siguientes aspectos:

“[…]
• Terreno irregular con zonas plenamente definidas en cuanto a pendientes, una

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zona con pendientes suaves adyacentes a la vía que comunica la carrera 19 con
el barrio Mercedes del Norte. La otra con cambio fuerte de pendiente hacia la
quebrada Laureles.
• Terreno con coberturas forestales protectoras en un gran porcentaje con algún
sector despejado por perturbación más o menos reciente. Se encuentra en la
parte alta (sector oriental del lote) la presencia de un guadual.
• Presencia cercana de corriente hídrica que atraviesa el predio, haciendo parte,
según el SIG Quindío de la microcuenca de la quebrada Hojas Anchas […]”.

102. Para la Sala el área solicitada en aprovechamiento forestal corresponde a un
suelo de protección en virtud de que hace parte del corredor biológico núm. 1 dado
que el predio Avenida 19 Calle 19 Norte lote núm. 5 tiene presencia la quebrada
Laureles y Hojas Anchas. De modo que, el predio solicitado en aprovechamiento
forestal contaba con la presencia de microcuencas que según el artículo 99 del POT
hacen parte de zonas de fragilidad ecológica y por lo tanto su uso debía ser
destinado a la conservación, a aspectos educativos o recreativos.

103. Por otra parte, la Sala recuerda que el recurrente afirmó que el Tribunal no
valoró la cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial del que se extraía la
situación jurídica, urbanística y ambiental favorable para la viabilidad en la
realización del proyecto de construcción. Indicó que, el predio tenía permitido
diversos usos como vivienda, comercio, aprovechamientos edificables, entre otras.
Para la Sala tal afirmación no tiene fundamento pues el análisis que realizó el A Quo
fue un desarrollo integral de las disposiciones relacionados con la clasificación del
suelo y las disposiciones contenidas en el POT.

104. Como quedó visto, el artículo 247 del Acuerdo 019 de 2009 adopta de manera
integral el soporte cartográfico del POT, detallado en el volumen núm. 5, como parte
constitutiva del referido Acuerdo. Al respecto, la Sección Primera del Consejo de
Estado consideró que los planos hacen parte integral de los planes de ordenamiento
territorial pues constituyen un solo acto administrativo.

105. Dicho esto, la Sala considera que, si bien el Tribunal no se pronunció de
forma directa sobre los planos, dicha cartografía corresponde a la representación
de las normas ambientales y urbanísticas contenidas en el POT, así, al constituir el
POT y la cartografía un mismo acto administrativo, el contenido era el mismo.

106. Con todo, la Sala observa que la sentencia hace un recuento de la normativa
aplicable al caso y una recopilación de las pruebas que reposaban en el expediente
de la que se extrae el estudio del concepto técnico OAP-365 respecto al plano 25
del POT que trataba sobre las áreas forestales protectoras.

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107. Ahora bien, la Sala encuentra que respecto a los planos que integran el POT
y se relacionan en el expediente no resultan esclarecedores para ubicar el predio ni
para determinar las características del suelo. Esto se considera, así pues del plano
31 sobre corredores biológicos36 resulta imposible precisar las coordenadas en las
que se ubica el predio sobre el que se solicitó el aprovechamiento forestal.

108. Si bien la normativa establece que los planos hacen parte integral de los
Planes de Ordenamiento Territorial, en el caso sub examine estos resultan
ininteligibles pues no se puede precisar la ubicación del predio. Dicho esto, la Sala
considera que, para verificar los asuntos relacionados con la gestión del territorio se
deben analizar los aspectos contemplados en el POT.

109. Siguiendo con los razonamientos del recurrente, se indicó que la Corporación
no valoró el estudio presentado junto con la solicitud de aprovechamiento forestal
de la que se podía extraer la mejor aptitud del suelo diferente al forestal.

110. Al respecto, del concepto técnico OAP-356 del 29 de agosto de 2017 y la
Resolución 00002352 del 15 de septiembre de 2017 se observa que dichas pruebas
son coincidentes en afirmar que del estudio presentado por el solicitante se pudo
corroborar las coberturas del predio y los aspectos del predio con relación a los
“bosques de galería de guadua, bosques de galería mixto y espacios naturales”.

36
Cfr. Índice núm.002 de SAMAI, carpeta denominada “[…]PROCESODIGITALIZADO.(.zip)) NroActua.2.
archivo denominado “003AnexosDemanda.pdf”.

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111. Igualmente, trae el estudio presentado por el solicitante “cuando hace
referencia al uso actual del suelo, en el primer párrafo de la página 14, que el predio
tiene cobertura natural en el 100% de su área, perimetral al área de reserva forestal
protectora”. Así, se observa que la Corporación realizó el análisis respecto de la
solicitud realizada para el aprovechamiento forestal de la que consignó en
Resolución 00002352 del 15 de septiembre de 2017 que “[…] la solicitud adolece de
la justificación técnica- ambiental y normativa, con la cual se argumente y justifique el
reemplazo de la cobertura forestal protectora existente por un uso urbanístico en suelo de
protección urbano […]”. De modo que se observa el análisis efectuado sobre la norma.

De la indebida valoración normativa

112. Establecido lo anterior, la parte demandante en el recurso de apelación
manifestó su inconformidad respecto a que el Tribunal desconoció el análisis técnico
realizado por el Curador Urbano núm. 2, que incluía las normas ambientales, y la
existencia de la licencia de construcción del predio. Para la Sala este argumento no
tiene vocación para prosperar en virtud de que es distinto el análisis que pueda
realizar un curador urbano a la Corporación Autónoma Regional como máxima
autoridad ambiental encargada de autorizar el aprovechamiento de los recursos
naturales renovables de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

113. Al respecto, la licencia urbanística núm. 1-1620168 establece que las
obligaciones del titular de la licencia son: “[…] esta licencia no autoriza la tala de
árboles, ni excavaciones similares en el espacio público para lo cual se debe
consultar a la autoridad competente […]” y “[…] la presente licencia no autoriza la
afectación o intervención de especies vegetales presentes en el área objeto de
autorización, especialmente en el suelo protegido ambientalmente de conformidad
con el plano adoptado a través del Decreto Municipal Nro. 094 del 1 de diciembre
de 2010. Por lo anterior, de requerirse la intervención forestal en dicha franja de 30
mts o en otra parte de los predios involucrados en la presente autorización, los
titulares de la presente licencia deberán tramitar las respectivas autorizaciones de
aprovechamiento forestal ante la autoridad ambiental departamental […].

114. De la lectura de estas dos obligaciones se observa la diferenciación que la
Licencia Urbanística hace respecto a su competencia ya que refiere que para
asuntos relacionados a la afectación ambiental corresponde conocer el asunto a la
autoridad ambiental del departamento. De modo que, el estudio que hace el curador

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urbano corresponde a la aptitud del suelo para construir y no para estudiar la
viabilidad de un aprovechamiento forestal de un bosque. Así, para la Sala el
recurrente confunde las funciones del curador urbano con las de la Corporación
Autónoma Regional.

115. Sumado a esto, se observa que, si bien el recurrente reprocha que la licencia
urbanística concede permiso para la construcción del proyecto de vivienda, la Sala
destaca que la licencia urbanística es clara y precisa en indicar que, “[…] la presente
licencia no autoriza la afectación o intervención de especies vegetales presentes en
el área objeto de autorización […]”. Con todo, la Sala considera que el recurrente
debió prever dichos aspectos con relación a la viabilidad del proyecto urbanístico si
se tenía en observancia que el predio urbano tenía presencia de especies arbóreas
y por lo tanto se debía acudir a la Corporación para tramitar el permiso de
aprovechamiento forestal.

116. Ahora bien, en el caso bajo estudio y de conformidad con el Plan de
Ordenamiento Territorial de Armenia se observa que según el artículo 94, los suelos
de protección tienen uso incompatible para parcelación de vivienda campestre, uso
industrial, urbanización, servicios comerciales, vías carreteables, actividades
agropecuarias, vertimientos de aguas residuales y extracción de materiales de
arrastre. Como se indicó supra el suelo solicitado en aprovechamiento forestal
corresponde a suelo de protección por hacer parte del corredor biológico núm. 1 así
el área solicitada por la parte demandante tenía restringido su uso para los fines de
urbanización pretendidos, lo que hace inviable la construcción del proyecto Altos de
Bambú.

117. De otra parte, la Sala considera que de la lectura de la licencia de
construcción núm. 1-1620168 y de las pruebas que obran en el plenario no se
observa el análisis técnico realizado por el curador del cual aduce el recurrente, el
Tribunal desconoció con relación a aspectos del suelo.

118. Recuerda la Sala que, el recurrente manifestó que la decisión era arbitraria
pues desconoció que el curador era quien, en primera medida, estudiaba la aptitud
del suelo para construir. Afirmó que en su criterio el Tribunal desconoció las
funciones y competencias de las Curadurías y de las Corporaciones Autónomas
Regionales.

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119. La Sala no comparte tal apreciación pues el estudio urbanístico y la licencia
urbanística corresponde a un trámite administrativo diferente a la solicitud de
aprovechamiento forestal de competencia de la Corporación Autónoma Regional
como autoridad ambiental.

120. Por un lado, según el artículo 9º de la Ley 810 de 2003 el curador urbano es
un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias urbanísticas a
petición de un solicitante. En concordancia con esto, el artículo 2.2.6.1.1.1. del
Decreto 1203 de 2017 establece que la licencia urbanística es el acto administrativo
de carácter particular y concreto, expedido por el curador urbano o la autoridad
municipal o distrital competente con la que se autoriza a adelantar obras de
construcción, entre otros.

121. Por el otro lado, el numeral 2º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece
que las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales es “ejercer la
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados
por el Ministerio del Medio Ambiente” y el numeral 9º precisó como función “Otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridos por la ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables
o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente,
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas paras la caza
y pesca deportiva”, entre otras.

122. En concordancia con esto, el artículo 2.2.1.1.5.4. del Decreto 1076 de 2015
establece que corresponde a la Corporación, una vez recibido la solicitud de
aprovechamiento forestal, estudiar si: “a) los bosques se encuentren localizados en
suelos que por su aptitud de uso puedan ser destinados a usos diferentes al forestal
o en áreas sustraídas de las Reservas Forestales creadas por la Ley 2 el Decreto
0111 de 1959”.

123. Así, es clara la diferenciación respecto al estudio que debe realizar el curador
urbano por ser el encargado de estudiar si otorga o no una licencia urbanística en
atención a una solicitud. Mientras que, a la Corporación Autónoma Regional, como
máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, le corresponde estudiar si es
procedente o no otorgar un permiso de aprovechamiento forestal en consonancia

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con las disposiciones ambientales pertinentes.

124. Con todo, la Sala reitera que la parte demandante tenía el deber de verificar
la viabilidad del proyecto Altos del Bambú no sólo respecto a la concesión de la
licencia urbanística sino al permiso de aprovechamiento forestal y los demás
aspectos que fueran previstos para así evaluar los riesgos antes de iniciar el
proyecto.

De la presencia de un defecto material

125. El recurrente considera que la sentencia es incongruente y contradictoria
pues se afirma que no se contaba con el Plan de Aprovechamiento Forestal, pero
se analizaba a detalle las particularidades del predio que se solicitaba en
aprovechamiento forestal.

126. Al respecto, si bien dentro del expediente administrativo no se observa el Plan
de Aprovechamiento Forestal, las particularidades del terreno se establecieron a
partir de los estudios técnicos y conceptos rendidos por los funcionarios de la
Corporación de las que se concluyó que el predio hace parte de suelo de protección,
que contaba con pendientes leves, presencia de cuencas hidrográficas, entre otros
aspectos.

127. Contrario a lo que se consideró en el recurso de apelación, para la Sala el
estudio del aprovechamiento forestal se ajusta a la normativa aplicable y a los
conceptos técnicos del expediente.

128. Así del concepto técnico OAP núm. 356 del 29 de agosto de 2017 se extrae
dentro de las conclusiones que: “la solicitud adolece de la justificación técnica-
ambiental y normativa, con la cual se argumente y justifique el reemplazo de la
cobertura forestal protectora existente por un uso urbanístico en suelo de protección
urbano” concepto que fue reiterado en la Resolución núm. 00002352 del 15 de
septiembre de 2017.

129. Por su parte el concepto técnico OAP núm. 013 del 12 de enero de 2018 se
consignó que en el área solicitada para aprovechamiento forestal contaba con la
presencia de la especie conocida como aguacatillo “árbol escaso para el
departamento del Quindío”, igualmente se indicó que el predio tenía la presencia de

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individuos de palma de cera. Al respecto, la Sala precisa que el artículo 3º de la Ley
61 de 1985 prohíbe la tala de la Palma de Cera bajo sanción penal que puede ser
aplicable en forma de multa o puede convertirse en arresto, así este fue otro
argumento considerado por la Corporación para negar la solicitud de
aprovechamiento forestal del predio.

130. Con todo, la Sala observa que fueron varios aspectos los que llevaron a que
la Corporación decidiera negar la solicitud de aprovechamiento forestal además del
aspecto relacionado al suelo de protección. Dicho esto, la decisión negativa está en
función de la viabilidad ambiental para otorgar el aprovechamiento forestal pues las
autoridades ambientales eran las competentes para evaluar la procedencia de dicha
autorización.

131. Por otra parte, el recurrente afirmó que el Tribunal le transfirió la competencia
de definir los usos del suelo a la Corporación Autónoma Regional del Quindío y no
al Concejo Municipal. Al respecto, la Sala no comparte esa apreciación pues el
fundamento para negar la solicitud de aprovechamiento forestal fue en virtud del
Acuerdo 019 de 2009, Plan de Ordenamiento Territorial, por lo que no se transgredió
el artículo 313 de la Constitución Política.

Conclusiones

132. Se concluye que, el área respecto a la que se presentó la solicitud de
aprovechamiento forestal corresponde a suelo de protección por ser un bosque
subandino con presencia de un proceso regenerativo natural que hace parte del
corredor biológico núm. 1 establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial de
Armenia por la cercanía a las cuencas Aldana y Hojas Anchas. Así, de las pruebas
aportadas al plenario y de la normativa aplicable, la negativa de la Corporación para
otorgar el aprovechamiento forestal se encuentra ajustada a derecho.

Condena en costas

133. Vistos los artículos 18837 de la Ley 1437 y 365 de la Ley 1564, la Sala

37 Artículo 38 “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá

sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil. <Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es
el siguiente:> En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.

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Núm. único de radicación: 63001233300020180022101
Demandante: Constructora Ingeza S.A.S.

considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que
no se condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de octubre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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