Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-31-000-2010-00265-03
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-31-000-2010-00265-03
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 73001-23-31-000-2010-00265-03
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
29 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Núm. único de radicación: 730012331000201000265 03
Demandantes: Diana Mireya Arjona de Paris y Gloria Consuelo Arjona de las
Casas
Demandado: Municipio de Ibagué
Asunto: Plan de ordenamiento territorial – Competencia de los concejos
municipales para fijar los usos del suelo y determinar afectaciones ambientales -
Procedimiento de inscripción de afectación ambiental - Efectos de no cumplir con
la etapa de inscripción
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte
demandante contra la sentencia proferida el 25 de julio de 2016 por el Tribunal
Administrativo del Tolima.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Las señoras Diana Mireya Arjona de París y Gloria Consuelo Arjona de las
Casas, en adelante la parte demandante, en ejercicio de la acción de nulidad y
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Demandante: Diana Mireya Arjona de Paris y otra
restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 851 del Código Contencioso
Administrativo, en adelante C.C.A., presentaron demanda2 ante el Tribunal
Administrativo del Tolima contra el Municipio de Ibagué, en adelante la parte
demandada.
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA. Que se declare la nulidad del artículo 3° de la Resolución
No. 0146 del 28 de agosto de 2008, por medio de la cual se aprueba un plano
topográfico dentro del perímetro urbano del Municipio de Ibagué, expedida
por el Director del Grupo de Ordenamiento Territorial del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal.
SEGUNDA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 0025 del 19 de
febrero de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de
Reposición”, expedida por el Director del Grupo de Ordenamiento Territorial
del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, mediante la cual
se confirma la Resolución 0146 del 28 de agosto de 2008.
TERCERA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 1.0117 expedida
por el Sr. Alcalde del Municipio de Ibagué, “Por medio de la cual se resuelve
un recurso de apelación interpuesto contra la resolución No. 2.3 - 0146 del
26 de agosto de 2008, proferida por la Secretaría de Planeación Municipal”.
CUARTA. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, en
calidad de restablecimiento del derecho, se condene al Municipio de Ibagué,
a pagar a mis mandantes los perjuicios de orden material, daño emergente
y lucro cesante que les fueron ocasionados, como consecuencia de los actos
administrativos cuya anulación se impetra.
QUINTA. Que la condena respectiva, sea actualizada de conformidad con lo
previsto en el artículo 178 del C.C.A.
SEXTA. Que se dé cabal cumplimiento a la sentencia, de conformidad con
los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
SÉPTIMA. Que se condene a la entidad demandada a cancelar las costas
procesales y las agencias en derecho que se originen como consecuencia
del presente proceso […]”.
1 “[…] ARTÍCULO 85. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que
se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del
acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La
misma acción tendrá quien pretenda que se le modifique una obligación fiscal, o la devolución de lo que
pagó indebidamente […]”.
2 Por intermedio de apoderado (Folio 3 del cuaderno núm. 1 del expediente).
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Presupuestos fácticos
3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
3.1 Informó que la parte demandante es propietaria del predio conocido como
“TORCARA”; identificado con matrícula inmobiliaria núm. 350-49262; ficha
catastral núm. 01-08-0931-0052-000 y ubicado en la Carrera 20 núm. 66-274,
Avenida Ambalá, entre la Calle 69 y la Urbanización Yuruparí de Ibagué.
3.2 Expresó que la parte demandante, para explotar económicamente el
inmueble, firmó “[…] una alianza […]” con una sociedad constructora reconocida;
la que al momento de estudiar los títulos y el folio de matrícula inmobiliaria no
encontró afectaciones al predio.
3.3 Sostuvo que la parte demandada, mediante dos oficios que expidió los
días 12 de marzo de 2007 y 16 de mayo de 2007, certificó que el inmueble citado
supra se encontraba: i) ubicado en zona urbana residencial primaria; y ii)
legalizado y con disponibilidad real y efectiva de servicios públicos domiciliarios;
es decir, se podía iniciar un desarrollo urbano.
3.4 Comunicó que, además de lo anterior, la parte demandada, mediante el
oficio núm. 0849 de 27 de febrero de 2008, contestó una petición que le había
presentado la parte demandante; esta se relacionaba con las acciones de manejo
y tratamiento por uso y desarrollo urbano de su inmueble; en la respuesta se
indicó que en el Acuerdo núm. 0116 de 2000, plan de ordenamiento territorial de
Ibagué, para el predio de la parte demandante se determinó como uso del suelo,
el “[…] de Conservación Ambiental, Reforestación y Recreación Pasiva […]”.
3.5 Adujo que como en el folio de matrícula inmobiliaria no existía afectación,
y se tenían las dos certificaciones que expidió la parte demandada en 2007, la
parte demandante inició el levantamiento topográfico del predio; para tal efecto,
el gerente de proyectos de la sociedad Construcciones y Urbanizaciones Ltda.,
socia de la parte demandante, le solicitó al Departamento Administrativo de
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Planeación del Municipio de Ibagué que procediera a aprobar el plano topográfico
del inmueble.
3.6 Indicó que el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de
Ibagué, mediante la Resolución núm. 2.3-0146 de 26 de agosto de 2008, aprobó
el plano; sin embargo, en el artículo 3.° del acto administrativo señaló que el
inmueble aparecía en los planos de usos del suelo urbano U4 y de tratamientos
U-8, que hacían parte integral del plan de ordenamiento territorial de Ibagué,
como zona de protección y conservación ambiental.
3.7 Manifestó que contra el artículo 3.° de la Resolución núm. 2.3-0146 de 26
de agosto de 2008, la parte demandante interpuso el recurso de reposición y en
subsidio el de apelación; lo anterior, porque la parte demandada impuso sobre el
inmueble una afectación y restringió el derecho a la propiedad privada con
fundamento en dos planos que carecían de la entidad jurídica “[…] para crear e
imponer afectaciones a la propiedad privada, las cuales de acuerdo a la
normatividad señalada en el mismo POT, tiene que ser fruto de actos
administrativos de carácter particular, en los que se señalen claramente los
linderos y amojonamiento de la zona establecida como suelos de protección
ambiental, y de forma individualizada, cada uno de los predios afectados, sus
linderos especiales y proceder a su notificación legal y posterior registro en el
folio de matrícula inmobiliaria […]”.
3.8 Expresó que la parte demandada, por medio de las resoluciones núm.
0025 de 19 de febrero de 2009; y 1-117 de 29 de septiembre de 2009, esta última
que no se notificó a la parte demandante personalmente ni por edicto 3, confirmó
el contenido del artículo 3.° de la Resolución núm. 2.3-0146 de 26 de agosto de
20084.
3 La parte demandada, a pesar de que fue requerida en dos oportunidades para que aportara la constancia
de notificación de la Resolución 1-117 de 29 de septiembre de 2009, únicamente allegó copia del acto
administrativo sin las constancias de notificación.
4 Celebrada la audiencia de conciliación se declaró fallida y se expidió constancia el 26 de marzo de 2010
(Folios 51 y 52 del cuaderno núm. 1 del expediente).
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Normas violadas y concepto de violación
4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Artículo 37 de la Ley 9ª de 11 de enero de 19895.
• Artículos 48 y 122 de la Ley 388 de 18 de julio de 19976.
• Artículos 120 y 122 del Acuerdo núm. 0116 de 27 de diciembre de 20007.
• Artículos 18 y 30 del Código Civil.
• Artículo 29 y 83 de la Constitución Política.
5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación así:
Primer cargo: Violación del artículo 37 de la Ley 9ª de 1989
5.1 La parte demandante, expresó:
“[…] De conformidad con la norma, las afectaciones por protección ambiental
como la que nos ocupa, tienen el tratamiento de afectación de obra pública
y requiere de la notificación personal al propietario del inmueble afectado y
su registro en el folio de matrícula inmobiliaria, requisitos que se extrañan en
el presente caso, puesto que no existe el acto que crea la afectación de
manera particular en los predios de las Sras. Arjona, no existe en
consecuencia ninguna clase de notificación a ellas sobre el particular, ni
existe el registro en el folio de matrícula inmobiliaria.
La norma señalada no hace más que recoger el principio Constitucional del
reconocimiento y respeto a la propiedad privada, y cualquier tipo de
afectación por interés general, debe cumplir un debido proceso y debe estar
necesariamente precedida de la indemnización correspondiente […]”.
Segundo cargo: Violación de los artículos 48 y 122 de la Ley 388 de 1997
5 “[p]or la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes
y se dictan otras disposiciones”
6 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”
7 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional,
se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en
los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”
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5.2 La parte demandada para explicar el concepto de violación, manifestó:
“[…] Estas normas establecen de manera clara que es requisito
indispensable para la afectación de inmuebles, que se disponga de la
apropiación presupuestal correspondiente al pago de las
compensaciones debidas a los propietarios de los inmuebles
afectados, requisito que en el caso que nos ocupa, tampoco se ha
cumplido y por ende se puede predicar válidamente que la afectación
marcada sobre los predios de las Sras. Arjona es inexistente por
violación directa de la ley.
De acuerdo con las disposiciones legales, encontramos que además de no
existir la base jurídica necesaria para la afectación marcada en el
topográfico, se está violando la ley al desconocer las exigencias
establecidas por el legislador para estos casos, especialmente en lo
atinente a la notificación de las personas interesadas, el registro en el
folio de matrícula inmobiliaria, el inicio inmediato del proceso de
indemnización o de expropiación a los propietarios cuyos derechos
patrimoniales se ven disminuidos por efecto de la actividad
administrativa, y la disponibilidad presupuestal previa. […] Se insiste
que solamente se tiene la definición ambigua y general de unas áreas
propuestas, que no han sido alinderadas definitivamente, no existen los actos
administrativos que se requieren para afectar derechos particulares
adquiridos con arreglo a las leyes vigentes, ni menos se ha iniciado ningún
trámite tendiente a indemnizar a los propietarios de los predios que resulten
afectados cuando se realice los trabajos de alinderamiento definitivo de las
zonas propuestas en el POT. Solamente se tiene un área marcada sin
respaldo jurídico, afectando una parte de la ciudad como suelos de
protección, sin el cumplimiento de las disposiciones obligatorias en
estos casos […]” (Destacado fuera de texto).
Tercer cargo: Violación de los artículos 120 y 122 del Acuerdo núm. 0116 de
2000, plan de ordenamiento territorial de Ibagué
5.3 La parte demandante sustentó el cargo de la siguiente manera:
“[…] el POT se limitó a enunciar de manera ambigua la clasificación de unos
predios como Bosques Naturales Urbanos, dentro de los cuales,
supuestamente se incluyen los predios cuyo topográfico se solicitó, ya
que no se conoce acto administrativo que haya impuesto la afectación
ambiental ni haya individualizado los predios que comprende el
llamado Bosque Ñancahuazú. En este mismo sentido, la afectación que
se estableció en el POT está condicionada al cumplimiento de unos
requisitos establecidos en la misma norma, los cuales hasta la fecha
extrañamos, siendo ellos los contenidos en el artículo 120 […]”
(Destacado fuera de texto).
Cuarto cargo: Violación de los artículos 18 y 30 del Código Civil
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5.4 La parte demandante, indicó:
“[…] Los actos administrativos acusados violan disposiciones legales
de obligatoria aplicación, como son las disposiciones atrás referidas.
Así mismo los artículos referidos de las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997 se
encuentran vigentes y su aplicación, de conformidad con la pirámide
jerárquica, prevalece sobre las normas del POT local […].
Los funcionarios que expidieron los actos acusados se limitan a la
transcripción literal de una norma del POT, la cual no es susceptible de
aplicar de manera literal e individual, ya que en el mismo POT estableció
su posterior desarrollo determinando el procedimiento para legalizar
las afectaciones ambientales, en estrecha concordancia con lo
expuesto en las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997 […]” (Destacado fuera de
texto).
Quinto cargo: Violación del artículo 29 de la Constitución Política
5.5 La parte demandante, sostuvo lo siguiente:
“[…] En el caso que nos ocupa, la administración Municipal para imponer
una afectación ambiental, simplemente procedió a señalarla mediante
una mancha sobre el plano U4, sin ninguna clase de procedimiento
adicional. Se reitera que el mencionado plano no tiene la aptitud legal
para crear e imponer afectaciones a la propiedad privada, las cuales de
acuerdo con la normatividad vigente y al propio POT, tienen que ser el
fruto de actos administrativos de carácter particular, en los que se
señalen claramente los linderos y amojonamiento de la zona establecida
como suelos de protección ambiental, y de forma individualizada, cada uno
de los predios afectados, sus linderos especiales y proceder a su notificación
legal y posterior registro en el folio de matrícula inmobiliaria respectivo. Es
decir, se requiere agotar todos los pasos inherentes a la actuación
administrativa señalada por la ley, la cual se extraña en el caso que nos
ocupa […]” (Destacado fuera de texto).
Sexto cargo: Violación del artículo 83 de la Constitución Política
5.6 La parte demandante adujo en síntesis que “[…] Las autoridades
administrativas del Municipio de Ibagué que profirieron los actos acusados, se
apartaron del postulado constitucional de la buena fe, al reconocer la
razonabilidad y firmeza de las peticiones y recursos que les fueron elevadas, para
posteriormente mantener sus determinaciones pese a tener la certeza de estar
actuando en contra de claros postulados legales que regulan el tema de las
afectaciones a la propiedad privada […]”.
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Séptimo cargo: Violación del principio a la confianza legítima
5.7 La parte demandante destacó que “[…] Frente a los predios (sic) objeto
del topográfico señalado, se vulnera la confianza de los asociados por cuanto al
momento de una negociación sobre los mismos, la debida diligencia obliga a
estudiar el folio de matrícula inmobiliaria, el cual aparece sin afectaciones de
ninguna clase, existiendo además, las certificaciones de Planeación Municipal en
las que de igual forma, no se registra ninguna afectación sobre el predio y
por el contrario, se clasifica como zona residencial primaria, y solo hasta el
momento en que se tramita la aprobación del plano topográfico, es cuando
aparece la afectación ambiental sobre el inmueble, en el punto de
“información técnica del predio” […]” (Destacado fuera de texto).
Contestación de la demanda
6. La parte demandada8 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:
“[…] EXCEPCIONES
INEXISTENCIA DE ELEMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
Hago consistir la presente excepción en el hecho de que si bien existe la
referida afectación sobre el predio, dicha afectación no proviene del POT de
Ibagué, pues el Municipio no plantó allí las especies que generan tal
condicionante. Esa condicionante ambiental es propia de las características
físicas del mismo y son comparables con la presencia de un río, quebrada,
nacimiento o cualquier fuente de agua que exige una franja de protección y
ella en sí, impide cualquier proceso de urbanización y construcción.
Luego es pertinente manifestar que sus propietarias no han recibido
perjuicios ocasionados por la decisión tomada por la Administración en el
POT de Ibagué, pues en ningún momento se les ha restringido el uso,
usufructo y mucho menos su explotación comercial; máxime si se tiene en
cuenta que la Secretaría de Planeación Municipal aprobó los planos
aportados para adelantar en ese predio un proyecto urbanístico. Además el
artículo 122 del Acuerdo 116 de 2000, a que se hace referencia líneas atrás,
adicional al hecho de señalarlo como zona de conservación, ha indicado el
uso y ocupación que se le puede dar al territorio en cuestión […].
8 Por intermedio de apoderada (Folio 116 del cuaderno núm. 1 del expediente).
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Visto así, sus propietarios podrán ejercer allí actividades de explotación
económica, utilizando el potencial ambiental de su predio y favoreciendo a
su vez la calidad de vida de sus usuarios y vecinos colindantes, dándole
cumplimiento a la función social y ecológica de la propiedad privada,
ofreciendo garantía a la protección de las especies arbóreas allí plantadas.
Lo anterior, con la certeza que un proyecto ecológico en el mediano plazo
puede fácilmente generar mayor proyección económica que uno de
desarrollo urbanístico.
INEPTITUD FORMAL DE LA DEMANDA POR NO DEMANDAR EL ACTO
ADECUADO
Hago consistir la presente excepción en el hecho cierto e indiscutible que la
afectación que se impone al lote en cuestión está contenida en un acto
administrativo proferido por el Concejo Municipal Acuerdo 116 de 2000, Plan
de Ordenamiento Territorial, y que para poder dejar sin efectos el mismo es
necesario que sea derogado por medio de otro Acto Administrativo de la
misma naturaleza (Acuerdo Municipal) o acudir ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo con el fin de que sea declarada la nulidad del
mismo.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Teniendo en cuenta el acervo probatorio allegado al proceso por el
demandante (sic), el análisis planteado en la excepción anterior, y estando
plenamente demostrado por el mismo Apoderado del Actor (sic) que fue el
Acuerdo 116 de 2000, Plan de Ordenamiento Territorial, el acto
administrativo que impuso la referida afectación ambiental al Bosque
ÑANCAHUAZÚ, y que a la fecha de presentación de la presente demanda,
ya transcurrieron 10 años, mucho más del término legal con que contaba el
demandante (sic) para acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativa en Acción de Nulidad y Restablecimiento para demandar la
imposición del mencionado gravamen, por lo tanto la acción se encuentra
caducada9.
RECONOCIMIENTO OFICIOSO DE EXCEPCIÓN
De acuerdo al artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, muy
respetuosamente solicito, a su señoría que, en el evento de encontrar
probado o probados algún o algunos hechos constitutivos de excepción o
excepciones, se sirvan hacer oficiosamente la declaración […]”.
Sentencia de 25 de noviembre de 2011 proferida en primera instancia10
9 La Sala aclara que mediante sentencia de 25 de noviembre de 2011 el Tribunal Administrativo del Tolima
declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda por no haberse demandado el plan de
ordenamiento territorial de Ibagué; en consecuencia, se inhibió para proferir decisión de fondo; sin embargo,
la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 12 de noviembre de 2015, revocó la
decisión de primera instancia y ordenó proferir sentencia de fondo porque “[…] lo que argumentan las actoras
es que la administración municipal no podía rotular la afectación del bien sin el lleno de los requisitos exigidos
para ello por la ley en su sentido amplio, lo cual debe ser verificado por el Tribunal en su análisis […]”.
10 Folios 152 a 164 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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6. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia proferida el 25
de julio de 2016, resolvió:
“[…] Declarar de oficio, probada la ineptitud sustantiva de la demanda y en
consecuencia, inhibirse para proferir fallo de fondo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión […]”.
7. El a quo, respecto de los actos acusados consideró:
“[…] Observa la Sala, que no es posible decidir sobre la nulidad y el
restablecimiento del derecho los (sic) actos de carácter particular, en virtud
de los cuales se aprueba el plano topográfico del predio de las demandantes
que ostenta un tratamiento de zona de conservación ambiental, sin que se
emita el fallo que en derecho corresponda sobre la validez del acto general
Plan de Ordenamiento territorial adoptado mediante Acuerdo Municipal 116
expedido el 27 de diciembre de 2000 […]”.
8. En esa ocasión, el Tribunal Administrativo del Tolima sostuvo que entre el
Acuerdo núm. 116 de 2000 por el cual se aprueba el POT del municipio de Ibagué
y los actos acusados existe “unidad o conexión” que impide proferir una decisión
de fondo.
Recurso de apelación11
9. La parte demandante interpuso, dentro del término legal, recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, y lo sustentó con
base en los siguientes argumentos:
9.1. La declaratoria oficiosa de la excepción carece de soporte fáctico y legal
que niega el derecho de acceso a la administración de justicia de las
demandantes.
9.2. Respecto de las pretensiones contra el Acuerdo núm. 116 de 2000 por el
cual se aprueba el POT del municipio de Ibagué que extraña el tribunal,
adujo que: “[…] El POT del municipio de Ibagué, acuerdo 116 de 2000 no
contiene ninguna disposición que afecte de manera concreta y específica
11 Folios 167 a 178 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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los derechos particulares de mis representadas, y solamente su artículo
122 propuso unas áreas de conservación ambiental […]”. (Subrayado
incluido en el texto)
9.3. Mencionó que: “[…] Lo que genera violación de los derechos de los
accionantes es que el municipio proponga unas áreas en el POT, pero
viola su propia legislación omitiendo el trámite legal para perfeccionar la
afectación y para la compensación a sus propietarios […]”.
9.4. Adujo que: “[…] el POT no contiene ninguna norma de carácter particular
que afecte los legítimos derechos de las accionantes, y la enunciación de
las áreas que se hace en el Art. 122 el POT no es de carácter definitivo ni
se tiene certeza que en ella se incluya el predio de mis poderdantes […]”.
9.5. Y, respecto de la validez del Acuerdo núm. 116 de 2000, sostuvo que: “[…]
Mis representadas tampoco tienen interés alguno en atacar el POT en
acción de simple nulidad por cuanto reconocen su legalidad y
precisamente se apela la legalidad del acto y su obligatoriedad, para
atacar los actos de carácter particular y concreto expedidos por la
administración municipal, violando la Ley y las disposiciones del POT
vigente […]”.
Sentencia de 12 de noviembre de 2015 proferida en segunda instancia por
esta Corporación dentro del expediente del proceso de la referencia12
10. Esta Corporación, mediante sentencia proferida el 12 de noviembre de
2015, resolvió:
“[…] PRIMERO. REVOCASE la sentencia de 25 de noviembre de 2011,
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen, para que defina
la controversia, estudiando la cuestión planteada en la demanda […]”.
12 Folios 11 a 29 del cuaderno núm. 2 del expediente.
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11. Esta Corporación, en la sentencia indica supra sostuvo, entre otras
consideraciones, que no existe unidad inescindible de materia entre los actos de
carácter particular acusados y el acto de carácter general que conduzca a un fallo
inhibitorio, por cuanto “[…] El POT, como ya se indicó, define de manera general
las zonas de conformación ambiental en el suelo Urbano del Municipio de Ibagué,
sin determinar que dentro de esa zona se encuentra la propiedad de las
actoras, como si lo hace el acto particular demandado, según las actoras, sin el
lleno de los requisitos determinados por el propio POT para señalar la afectación
sobre el bien particular […]”.(Negrillas fuera de texto original)
12. Motivó su decisión en el hecho, según el cual:
“[…] Por lo tanto, la eventual declaratoria de nulidad de los actos acusados
no afecta la legalidad del POT por cuanto éste establece de manera general
las zonas de conservación ambiental, sin hacer mención alguna
específicamente sobre el bien propiedad de las accionantes; además, porque
en la demanda no se debate si el bien es susceptible o no de afectación pues,
lo que argumentan las actoras es que la administración municipal no
podía rotular la afectación del bien sin el lleno de los requisitos exigidos
para ello por la ley en su sentido amplio, lo cual debe ser verificado por
el Tribunal en su análisis […]”. (Negrilla fuera de texto)
Sentencia de 25 de julio de 2016 proferida en primera instancia13
13. El Tribunal Administrativo del Tolima, en cumplimiento de la orden
contenida en la sentencia indicada supra, mediante sentencia de 25 de julio de
2016, resolvió:
“[…] NEGAR las pretensiones de la demanda […]”.
14. El a quo, en el marco de la sentencia de 12 de noviembre de 2015 proferida
por esta Corporación, después de hacer referencia a la demanda, a la
contestación de la demanda y a las pruebas legal y oportunamente allegadas al
proceso; concluyó lo siguiente:
“[…] Antes de iniciar el estudio de legalidad de los actos acusados, se
advierte que en el sustento fáctico y el concepto de violación invocados en
13 Folios 152 a 178 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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el texto del libelo, evidencian que los actos demandados, deben estar sujetos
o subordinados, entre otras normas legales vigentes aplicables, al Plan de
Ordenamiento Territorial, por lo que resulta clara la conexión de los
actos acusados con el Acuerdo 116 de 2000, en tanto deben
subordinarse al mismo.
Ha de entenderse, que el Acuerdo 116 de 2000, constituye uno de los
referentes a los que debe acudirse para verificar la legalidad de los
actos acusados, en la medida que éstos últimos deben respetar el
ordenamiento jurídico, dentro del cual se encuentran todas las normas
constitucionales, y legales, así como reglas y reglamentos que
determinan los procedimientos para obtener los permisos y licencias
para explotar y usar el suelo, para obtener las aprobaciones de los
planos y planes constructivos y por ende para para obtener la
aprobación de planos topográficos.
En ese contexto, el Acuerdo 116 de 2000 contiene el Plan de Ordenamiento
Territorial, vigente, de obligatorio cumplimiento en el Municipio de
Ibagué, al que deben sujetarse todas las actuaciones y acciones
urbanísticas, como son las autorizaciones, aprobaciones, permisos y
licencias.
Ha de agregarse a lo anterior, que el citado Acuerdo 116 de 2000, constituye
la norma vigente aplicable en el municipio de Ibagué a las acciones
urbanísticas, por lo cual en el estudio de legalidad se debe verificar su
cumplimiento en las actuaciones surtidas de las cuales se derivaron los
actos administrativos objeto de cuestionamiento, por cuanto es el plan
de ordenamiento del Municipio el que establece, señala y determina las
áreas de reserva para la protección del medio ambiente, situación ésta
que se considera como una afectación por la parte demandante,
susceptible de ser indemnizada
En este orden de ideas, el problema jurídico se concretará en este caso
particular a establecer si los actos administrativos proferidos por el Municipio
de Ibagué (2.3 - 0146 de agosto 28 de 2008 por medio de la cual se aprueba
un plano topográfico dentro del perímetro urbano del municipio de Ibagué,
2.3 0025 del 19 de febrero de 2009, por medio de la cual se resuelve el
recurso de reposición, y 1- 0117 del 29 de septiembre de 2009 proferida por
el Alcalde de Ibagué, por medio de la cual se resuelve el recurso de
apelación), contrarían el ordenamiento jurídico, vigente aplicable.
Como quiera que en el ejercicio de esta acción el estudio de legalidad, no
abarca la totalidad del ordenamiento jurídico, habrá de circunscribirse a las
normas señaladas como violadas a folios 51 al 55 de la demanda y que se
sintetizan a continuación: art. 37 de la Ley 9 de 1989; arts. 48 y 122 Ley 388
de 1997; arts. 120 y 122 del Acuerdo 01 16 de 2000; arts. 18 y 30 del C. Civil;
arts. 29 y 83 de la Constitución Nacional.
Así mismo, se estudiarán los cargos de nulidad, a continuación.
La ley 9 de 1989 dispone en su artículo 37:
"Artículo 370.- Toda afectación por causa de una obra pública tendrá una
duración de tres (3) años renovables, hasta un máximo de seis (6) y deberá
notificarse personalmente al propietario e inscribirse en el respectivo folio de
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matrícula inmobiliaria, so pena de inexistencia. La afectación quedará sin
efecto, de pleno derecho, si el inmueble no fuere adquirido por la entidad
pública que haya impuesto la afectación o en cuyo favor fue impuesta,
durante su vigencia Derogado por el art. 73, Ley 1682 de 2013. El registrador
deberá cancelar las inscripciones correspondientes, a solicitud de cualquier
persona, previa constatación del hecho. Ver: Artículo 19 Decreto Nacional
2400 de 1989
A juicio de la Sala esta disposición, que estaba vigente para la época de la
demanda, fue derogada, y no guarda relación alguna con la actuación surtida
por la Administración Municipal, en la medida que, en primer término se
refiere a la afectación por una obra pública y en el caso sometido a estudio
no existe obra pública, y en segundo lugar, lo que se pretendía por el
peticionario era obtener la aprobación de un plano de un predio urbano y la
resolución inicial, 0146 de 2008, resolvió impartir aprobación al mismo,
señaló la ubicación del predio en una zona de conservación ambiental de
conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, por el término de un
año, prorrogable hasta por dos años más, previa solicitud por escrito antes
de la terminación de la vigencia, advirtiendo que la aprobación otorgada, no
constituye un permiso de construcción, en tanto es una herramienta
necesaria para la implantación y diseño de instalaciones, edificaciones o
construcciones, requerida para tramitar las licencias de urbanismo o
construcción ante las curadurías urbanas, en cumplimiento del acuerdo 009
de febrero 19 de 2002.
Siendo ello así, aún si la norma estuviera vigente, por estar referida a un
asunto distinto y ajeno a la solicitud formulada y a la respuesta otorgada por
la administración, no se encuentra que ésta última la vulnere.
No sobra señalar, que constituye un equívoco considerar como una
afectación del predio el hecho que en el Plan de Ordenamiento Territorial se
haya considerado como zona de protección y conservación ambiental el
sector donde está ubicado.
Las denominadas legalmente afectaciones, se imponen previa actuación
administrativa que concluye mediante actos administrativos que contienen
una clara e inequívoca manifestación de voluntad de la administración
referida a una limitación específica de un determinado predio. En estas
decisiones, se indican las razones que fundamentan esa determinación, y
constituyen el resultado de la negociación, expropiación, o compensación a
que haya lugar, conjuntamente con el registro de tal determinación en la
oficina de Registro de Instrumentos “ARTÍCULO 83. Las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados
de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos
adelanten ante estas”.
De tal manera que, resolver sobre la aprobación de un plano, de conformidad
con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, no puede homologarse
en modo alguno a la denominada afectación por obra pública, por lo cual el
cargo no prospera.
Adicionalmente, y para concluir el examen de éste cargo adviértase que en
el texto de la demanda el hecho número nueve (9) plantea concretamente,
que el predio en cuestión, no tiene ninguna afectación de tipo legal, lo cual
corresponde con la realidad.
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El segundo cargo de nulidad se refiere a la violación de los artículos 48 y 122
de la Ley 388 de 1997.
El artículo 48 determina: "Artículo 48.- Compensación en tratamientos de
conservación. Los propietarios de terrenos e inmuebles determinados en los
planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que los desarrollen
como de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, deberán ser
compensados por esta carga derivada del ordenamiento, mediante la
aplicación de compensaciones económicas, transferencias de derechos de
construcción y desarrollo, beneficios y estímulos tributarios u otros sistemas
que se reglamenten.
Como puede observarse, la compensación está señalada en la Ley como un
mecanismo ante la imposición de una carga, y puede aplicarse bien sea
mediante sumas económicas, transferencias de derechos de construcción y
otros beneficios o estímulos. No obstante no se advierte que en la actuación
surtida ante la administración se hubiera solicitado este beneficio, como
tampoco que el acto administrativo inicial o los que lo confirmaron, hubieran
impuesto carga o medida alguna en relación con el predio; se reitera
simplemente se aprobó un plano sometido a este trámite por parte de un
particular, y de conformidad con las normas vigentes sobre la materia, razón
por la cual esta disposición no se encuentra vulnerada, y el cargo formulado
será despachado adversamente.
Ahora bien, en lo que corresponde al art. 122 de la Ley que dispone: (…)
"Para efectos de garantizar el cumplimiento de las normas legales sobre
compensación de las cargas del desarrollo urbano, será requisito para la
afectación de inmuebles por causa de obra pública, en los términos previstos
por el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, que la entidad pública que imponga la
afectación disponga de la apropiación presupuestal correspondiente al pago
de la compensación debida a su propietario por los perjuicios sufridos
durante el tiempo de la afectación, cuya tasación será realizada por peritos
privados inscritos en lonjas o asociaciones correspondientes. En los casos
de inmuebles declarados como de conservación histórica, arquitectónica o
ambiental, deberá garantizarse igualmente la disponibilidad presupuestal
para el pago de la compensación, de conformidad con lo previsto en el
artículo 48 de la presente Ley”.
En relación con este cargo, ha de reiterarse, que del contenido de los actos
administrativos demandados, así como de la actuación administrativa se
deduce que aquellos no impusieron una afectación del inmueble,
simplemente dieron respuesta a una petición de aprobación de un plano,
sometido a su consideración, sujetándose para ello a las normas vigentes
sobre la materia, razón por la cual este cargo también ha de despacharse
negativamente.
El tercer cargo, está dirigido a señalar como vulnerados los arts. 120 y 122
del Acuerdo 0116 de 2000, el citado acuerdo, por ser una norma de carácter
local, debía aportarse en copia auténtica por el accionante para efectos de
ser cotejado, en cumplimiento de las reglas en materia probatoria.
En este sentido es claro el art. 141 del C.C.A. que determina. “Si el
demandante invoca como violadas normas que no tengan alcance nacional,
deberá acompañar el texto legal que las contenga, debidamente
autenticadas, o solicitar del ponente que obtenga la copia correspondiente”
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Al no haberse satisfecho tal carga procesal, en tanto no se aportó la copia
respectiva del Acuerdo, como tampoco se solicitó obtenerla del ponente,
deviene la imposibilidad de confrontación, para verificar su conformidad con
los actos demandados, por lo que el cargo de nulidad será resuelto
adversamente.
El cuarto cargo de nulidad señala la vulneración de los arts. 18 y 30 del C.
Civil.
El primero de los mismos, señala: "ARTÍCULO 18. OBLIGATORIEDAD DE
LA LEY. La ley es obligatoria tanto a los nacionales como a los extranjeros
residentes en Colombia”.
En la medida que no se demostró la vulneración de ninguna norma legal con
las determinaciones contenidas en los actos administrativos, no puede
concluirse que el precepto contenido en el artículo 18 citado se haya
conculcado.
A su turno, el artículo 30 dispone: "ARTÍCULO 30. INTERPRETACIÓN POR
CONTEXTO. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una
de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida
correspondencia y armonía.”
El cargo que se formula por la vulneración de esta norma no está llamado a
prosperar en la medida que la interpretación que pretende el accionante no
corresponde con el deber de aplicar las normas vigentes en las actuaciones
administrativas.
La administración dando aplicación al principio de legalidad, se ajustó en sus
actuaciones y decisiones al ordenamiento jurídico, haciendo uso de una
interpretación razonable y atendiendo el efecto útil de las normas.
Se insiste, en que la administración no profirió acto alguno de afectación del
predio, lo cual se deduce del análisis de todos los documentos que hacen
parte de los antecedentes administrativos, así como del contenido de los
actos administrativos, en los que con toda claridad se da cuenta del
trámite relativo a la aprobación de un plano, en el cual además de
impartirla, indicar el término de vigencia y determinar en qué tipo de
zona se encuentra ubicado el predio, pero en modo alguno establece
en relación con el mismo una determinada afectación.
Precisamente, en el Plan de Ordenamiento se establecen los trámites
que se deben realizar cuando la Autoridad determine la necesidad,
conveniencia y oportunidad de afectar un predio, y esta no es la
situación que corresponde aplicar al asunto en estudio.
No puede asimilarse ni confundirse un trámite con otro. La imposición de
afectaciones, por regla general inicia de oficio por parte de la administración,
cuando esta considera debe intervenir o limitar el uso y goce de la propiedad,
haciendo uso de las facultades consignadas en la Constitución Política y
fundamentada en que la propiedad tiene una función social y se privilegia el
interés general, de tal manera que por razones de utilidad pública puede
llegar a tomar una decisión de esa naturaleza.
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En el caso sometido a estudio, el Municipio no impuso ninguna medida de
afectación, no dio inicio a una actuación administrativa con este propósito y
no tomó ninguna decisión que pueda catalogarse válidamente como tal, por
lo cual no puede exigirse ningún procedimiento diferente al que correspondía
realizar al resolver la solicitud formulada en la petición: Aprobación de un
plano.
El quinto cargo de vulneración está referido a los arts. 29 y 83 de la
Constitución Nacional.
El artículo 29 dispone: "ARTÍCULO 29, El debido proceso se aplicará a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud
de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a
la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces
por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido
proceso”.
Revisada la actuación administrativa no se evidencia que se haya vulnerado
el debido proceso, en la medida en que, como se ha reiterado, la
Administración, actuó de conformidad con las normas legales aplicables,
dentro de los términos señalados para tal efecto.
A su turno, el art. 83 de la Constitución Política, preceptúa: “Las actuaciones
de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas."
Examinado el texto constitucional en comento, y contrastado con la actuación
administrativa y los actos administrativos objeto de la presente demanda, se
concluye que no existe vulneración alguna. No se demostró que se hubiera
actuado de mala fe por parte de la administración pública o que se hubiera
obviado la presunción en perjuicio de los accionantes, por lo cual se negará
el cargo formulado.
Finalmente, y en lo que corresponde a la presunta vulneración del principio
de confianza legítima (invocado a fol. 55 dda), se ha de señalar que no se
advierte irregularidad alguna en la actuación administrativa que permita
concluir que fue vulnerado o desconocido por las autoridades
administrativas, razón por la cual será despachado adversamente.
En conclusión, no prosperó ninguno de los cargos formulados contra los
actos administrativos objeto de censura, y no habiéndose desvirtuado la
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presunción de legalidad de la que gozan los actos demandados ha de
proferirse fallo adverso a las pretensiones de la demanda […]” (Destacado
fuera de texto).
Recurso de apelación14
15. La parte demandante interpuso, dentro del término legal, recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, y lo sustentó con
base en los siguientes argumentos:
15.1. Precisó que el Tribunal Administrativo del Tolima violó el principio de
interpretación integral del artículo 37 de la Ley 9ª de 1989 porque en el inciso
final señala: “[…] Para los efectos de la presente ley, entiéndase por afectación
toda restricción impuesta por una entidad pública que limite o impida la obtención
de licencias de urbanización, de parcelación, de construcción, o de
funcionamiento, por causa de una obra pública, o por protección ambiental
[…]”; sin embargo, el juez de la primera instancia solamente se detuvo en el
estudio de la afectación por obra pública (Destacado y subrayado del texto).
15.2. Cuestionó que el a quo haya manifestado que la norma citada supra fue
derogada; en concreto, indicó que la Ley 1682 de 22 de noviembre de 2013 15
solamente derogó el inciso segundo del artículo 37 de la Ley 9ª de 1989; en
consecuencia, la derogatoria fue parcial y procedía estudiar el cargo que se
desarrolló en la demanda.
15.3. Destacó que el a quo en la sentencia de primera instancia desconoció la
afectación que pesaba sobre el inmueble de la parte demandante a pesar de que
la parte demandada, en la contestación de la demanda, reconoció su existencia.
15.4. Sostuvo que “[…] es precisamente el acto administrativo atacado,
específicamente su art. 3.°, el que impide la obtención de cualquier licencia
de urbanización sobre el predio de mis representadas, ya que contrario a lo
14 Folios 167 a 178 del cuaderno núm. 1 del expediente.
15 “Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se
conceden facultades extraordinarias”
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expuesto por el Tribunal, este acto administrativo no se limitó a aprobar
simplemente un plano, sino que además materializa, con base en las
disposiciones del POT, una afectación que a pesar de no haber cumplido su
trámite legal, se presume legal hasta tanto no haya un pronunciamiento judicial
que decrete lo contrario […]”.
15.5. Aseguró que el a quo convalidó una actuación que señala, determina y
materializa una afectación ambiental que impide iniciar un trámite para obtener
una licencia de construcción para el inmueble de la parte demandante.
15.6. Insistió que el Acuerdo núm. 116 de 2000 no contiene norma de carácter
particular que afecte los derechos de la parte demandante; solamente enuncia
unas áreas que no son de carácter definitivo ni dan certeza que en ellas esté
incluido el predio objeto de la demanda; en consecuencia, sí es el acto
demandado el que materializa la afectación ambiental a pesar de que no se
cumplió con el procedimiento establecido de manera taxativa en el plan de
ordenamiento territorial de Ibagué; actuación que impide la explotación y
enajenación del predio.
“[…] La situación fáctica y jurídica actual del predio es bien diferente a la
predicada por la Sala del Tribunal, puesto que la Secretaría de Planeación
Municipal continúa marcando la afectación ambiental sobre el inmueble, sin que
el municipio cumpla con los requisitos establecidos en el POT para la legalización
de la afectación, al tiempo que las propietarias no pueden explotarlo, tampoco
venderlo porque en la práctica el inmueble esta fuera del comercio, y como si
fuera poco, tienen que cancelar un cuantioso impuesto predial que se tasa sobre
un supuesto valor comercial del lote. […]”
15.7. Afirmó que la sentencia proferida, en primera instancia, constituye un acto
de denegación de justicia y deja en indefensión a la parte demandante; más aún
cuando dentro del expediente existían las pruebas que demostraban la
configuración de los cargos planteados y que se relacionaban con la violación del
derecho fundamental al debido proceso y de los artículos 37 de la ley 9ª de 1989;
122 de la Ley 388 de 1997; y 120 del Acuerdo núm. 6 de 2000 del Municipio de
Ibagué.
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Actuación en segunda instancia
Admisión del recurso, pruebas y traslado para alegar
16. El Despacho sustanciador, mediante providencia de 25 de enero de
201816, admitió el recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera
instancia; mediante providencia de 11 de mayo de 201817, ordenó que, en el
término de diez (10) días las partes presentaran los alegatos por escrito y vencido
dicho término se surtiera el traslado al Ministerio Público.
Alegatos de conclusión
17. Las partes demandante y demandada, guardaron silencio en este
momento procesal.
Concepto del Ministerio Público
18. El Ministerio Público guardó silencio en este momento procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
19. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo sobre la
competencia de los concejos municipales para reglamentar los usos del suelo en
su territorio por medio de los planes de ordenamiento territorial - Procedimiento
en caso de afectación de inmuebles y compensación; v) el acervo probatorio; y,
vi) análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
16 Folio 4 del cuaderno núm. 2 del expediente.
17 Folio 7 del cuaderno núm. 2 del expediente.
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20. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los
términos del artículo 30813 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201114, sobre el
régimen de transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de
marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto,
en segunda instancia.
21. Agotados los procedimientos inherentes a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin que se observe causal de nulidad que pueda
invalidar lo actuado, la Sala procederá a examinar las argumentaciones
expuestas por la parte demandante en el recurso de apelación, interpuesto contra
la sentencia proferida el 25 de julio de 2016 por el Tribunal Administrativo del
Tolima.
Actos administrativos acusados
22. Los actos administrativos acusados son los siguientes18:
22.1. El artículo Tercero (3.°) de la Resolución núm. 2.3-0146 de 26 de agosto
de 200819, de la cual se destaca, lo siguiente:
“[…] RESOLUCIÓN No. 2.3-0146
(26 AGO 2008)
"Por medio de la cual se aprueba un plano topográfico dentro del
perímetro urbano del Municipio de Ibagué"
EL DIRECTOR DEL GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
En uso de sus facultades y atribuciones legales y en especial las
conferidas por el Acuerdo 129 de 1993, el Decreto No. 1-1-0145 del 22
de Febrero de 2008 y
CONSIDERANDO
18 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar
cada uno de los cargos.
19 Folios 12 a 15 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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Que mediante el Decreto 308 de 2001 se definió el manual específico de
funciones del personal Central del Municipio.
Que es función del Director de Ordenamiento Territorial, adscrito al
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, velar para que se
cumplan los acuerdos, decretos y resoluciones administrativas y órdenes del
alcalde.
Que el señor JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ DE BEDOUT, gerente de
Proyectos de Construcciones y Urbanizaciones Ltda., bajo radicación No.
4032 del 07 de Abril de 2008 solicitó a este Despacho la aprobación del plano
topográfico de los predios ubicados dentro del perímetro urbano, localizados
en la Avenida Ambalá entre calles 69 y la Urbanización Yuruparí, con
nomenclatura urbana Carrera 20 No. 66-274 y Carrera 20 No. 66-350,
identificados con las fichas catastrales No. 01-08-0931-0052-000 y 01-01-
0931-0053-000, matrículas inmobiliarias No. 350-49262 y 350-174609 del
Municipio de Ibagué.
Que presentó la escritura pública No. 1901 del 5 de Noviembre de 2004, de
la Notaría Quinta y escritura pública No. 1669 del 25 de Julio de 1986 de la
Notaría Primera del Círculo de IBAGUÉ.
Que presentaron las carteras topográficas correspondientes al predio
(Planimétricas y Altimétricas) y el plano topográfico realizado por el señor
FREDY LEYTON BERNAL, con L.P. No. 00-1588 C.P.N.P., el cual lo acredita
como topógrafo de profesión.
Que estudiados y revisados los planos y carteras topográficas por el
Arquitecto CARLOS HERNANDO DÍAZ BOTERO profesional universitario
del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, estos cumplen
con los requisitos estipulados en el Acuerdo 129 de 1993 y se ajustan a las
coordenadas, cotas y áreas.
[…]
Que por lo anteriormente expuesto
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- APROBACIÓN.- Conceder aprobación al plano
topográfico de los predios ubicados dentro del perímetro urbano,
localizados en la Avenida Ambalá entre calles 69 y la Urbanización Yuruparí,
con nomenclatura urbana Carrera 20 No. 66-274 y Carrera 20 No. 66-350,
identificados con las fichas catastrales No. 01-08-0931-0052-000 y 01-01-
0931-0053-000, matrículas inmobiliarias No. 350-49262 y 350-174609 del
Municipio de Ibagué.
ARTÍCULO 2.- ÁREA DEL LOTE.
Los trabajos de campo, elaboración de carteras y cálculos de áreas del
referido lote se determinó una extensión total de 19.772,78 Mts2.
ARTÍCULO 3.- INFORMACIÓN TÉCNICA.-
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El lote del cual se aprueba el topográfico se encuentra referenciado en
el plano de usos del suelo urbano (U4) como ZONA DE PROTECCIÓN y
CONSERVACIÓN AMBIENTAL, en el mapa de Tratamientos Urbanos
(U8) con un tratamiento de ZONA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL,
respectivamente de conformidad con el Plan de Ordenamiento
Territorial de Ibagué, según el Acuerdo 0116 de 2000 […]” (Destacado
fuera de texto).
22.2. La Resolución núm. 2.3-0025 de 19 de febrero de 200920, de la cual se
destaca, lo siguiente:
“[…] RESOLUCIÓN No. 2.3-0025
(19 FEB 2009)
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de Reposición”
El Director del Grupo de Ordenamiento Territorial
OBJETO A DECIDIR
Procede este despacho a resolver el recurso de Reposición, interpuesto por
JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ DE BEDOUTH, quien se identifica con la C.C.
[…] contra la Resolución N° 0146 del 26 de Agosto de 2008, proferida por el
Grupo de Ordenamiento Territorial, adscrito al Departamento Administrativo
de Planeación Municipal.
HECHOS QUE MOTIVAN LA DECISIÓN
[…]
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Que teniendo en cuenta las consideraciones hasta aquí expuestas, para el
desarrollo y explotación de los predios en cuestión, los propietarios deben
acatar una reglamentación específica aplicable para las Zonas de
Conservación Ambiental en el Suelo Urbano del Municipio de Ibagué, así:
Uso principal: Conservación Ambiental, reforestación, recreación pasiva
Uso compatible: Usos recreativos de baja densidad
Uso condicionado: Construcción de infraestructura de apoyo al uso
principal
Usos Prohibidos: Cualquiera diferente a enunciados anteriormente
Que con la regulación referida, efectivamente se impone una carga por
afectación al predio, desde el punto de vista de la restricción a su
desarrollo urbanístico.
Que como ya se mencionó, la afectación indicada repetidas veces, se
ha limitado a listar el predio con el nombre asignado por sus
propietarios, en el Artículo 122 del Acuerdo 0116 del 27 de Diciembre
20 Folios 17 a 26 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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de 2000 y se ha especializado en los mapas de la cartografía urbana del
POT, con una mancha de color; sin que para ello medie o haya
precedido trámite de ley alguno, es decir que es cierto lo expuesto a lo
largo de su argumentación por el recurrente, que hasta la fecha, no se
ha dado curso al trámite de que trata el Artículo 37 de la Ley 9 de 1989
en cuanto el señalamiento claro de los linderos y el amojonamiento del
área establecida como de protección ambiental y menos en forma
individualizada de los linderos que debió hacerse de los predios
involucrados así como la notificación legal a sus propietarios y el
registro en el folio de matrícula inmobiliaria respectivo.
Que en términos generales las nomas referenciadas por el recurrente,
esto es lo establecido en los Artículos 120 y 363 del Acuerdo 0116 2000
(POT); así como lo fijado en el Artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, y los
Artículos 48 y 322 de la de Ley 388 de 1997, todos relacionados con la
COMPENSACIÓN EN TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN y los
trámites que la Administración a través del ente que cause la
afectación, debe cumplir, no han sido ejecutados por la Administración
Municipal, a la fecha de la presentación del recurso, estando en
términos de ley para la correspondiente reclamación.
Que efectivamente, a través de oficio 1491 fechado el 12 de marzo de 2007,
la Directora del Grupo de Trámites y Aplicación de Normas, informa que
según el plano de Usos del Suelo U4, que hace parte integral del acuerdo
116 de 2000, el sector donde se ubica el predio identificado con ficha
catastral No 01-000931-0052-000, corresponde a ZONA RESIDENCIAL
PRIMARIA, lo cual a juicio de este despacho y de acuerdo con lo
expuesto por el funcionario que proyectó el oficio, se trata de un yerro
en el que se incurrió involuntariamente, toda vez que con la solicitud
no se allegó la manzana catastral; luego al consultar en el mapa la
ubicación del predio con el número de manzana, es decir la 931, ésta se
localiza de manera global y no predial, involucrando todo el sector, lo que
indujo a certificar equivocadamente el uso del predio. Por lo tanto, no
debe ser tenido en cuenta, toda vez que la realidad del predio en cuestión,
desde el punto de vista de los usos del suelo y de tratamiento, se
mantiene como ZONA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
AMBIENTAL en los mapas respectivos del POT y éstos constituyen un
documento público de libre acceso por la comunidad en general, por lo
que no requiere ser certificado por Planeación.
Que igualmente con feche 16 de mayo de 7.007, en comunicación No 3538
dirigida a la Sra. Mireya Arjona París; la Directora Grupo de Trámites y
Aplicación de Normas, informa que el predio con ficha catastral No. 01-08-
0931-0053-000 NO SE ENCUENTRA EN ZONA DE RIESGO, así mismo se
encuentra en Zona Urbana, estando este sector DEBIDAMENTE
LEGALIZADO, Y CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD REAL Y EFECTIVA
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS lo cual a la fecha no ha
cambiado, pues se mantienen las condiciones técnicas referidas. Por lo
tanto, a juicio de este despacho, no es relevante para los efectos de la
decisión que deba tomarse; toda vez que ello no interfiere en el desarrollo
y/o explotación, que deban darle sus propietarios en cumplimiento de lo
establecido actualmente por el POT o con el desarrollo y/o explotación que
puedan ejecutar de conformidad a lo que eventualmente, en contrario, decida
la Administración Municipal.
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Que no obstante, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal,
reconoce que los argumentos de orden legal, presentados por el recurrente
son ciertos, como en efecto Io establece en el cuerpo del presente acto, no
puede a su vez desconocer que la afectación referida varias veces,
líneas atrás, está contenida en un acto administrativo proferido por el
Honorable Concejo Municipal de Ibagué y es el resultado de la voluntad
del pueblo que representa, siendo entonces necesario que por vía un acto
de igual condición jurídica, se proceda a desafectar o en su defecto se
autorice el procedimiento de afectación legal, conforme a la ley que regula la
materia y en consecuencia se proceda a la apropiación de recursos
necesarios para el pago de la correspondiente compensación.
Que de conformidad con el argumento que precede, considera este
despacho no reponer la Resolución N° 0146 del 26 de Agosto de 2008,
proferida por el Grupo de Ordenamiento Territorial, adscrito al Departamento
Administrativo de Planeación Municipal y en consecuencia no revocar la
decisión plasmada en la misma. Por lo tanto,
RESUELVE
Artículo Primero: No revocar la decisión tomada en el Artículo 3-
INFORMACIÓN TÉCNICA, de la Resolución N° 0146 del 26 de Agosto de
2008, proferida por el Grupo de Ordenamiento Territorial, adscrito al
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en la cual se señala
que “El lote del cual se aprueba el topográfico, se encuentra referenciado en
el plano de usos del suelo urbano (U4) como ZONA DE PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN AMBIENTAL y en mapa de Tratamientos Urbano (U8) con
un tratamiento de ZONA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL,
respectivamente, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial de
Ibagué, según el Acuerdo 0116 de 2000 […]”
Articulo Segundo: Declarar por vía del presente acto administrativo, que no
es posible generar o promover un cambio y/o ajuste a la afectación causada
a los predios localizados en la Avenida Ambalá entre la Calle 69 y la
Urbanización Yurupari, identificados con nomenclatura urbana Carrera 20 N°
66-274 y Carrera 20 N° 66-350 y matrículas inmobiliarias Nos. 350-49262 y
350-174609; fichas catastrales 01-08-0931- 3052-000 y 01-01-0931-0053-
000, respectivamente, de que tratan los Artículos 120 y 363 del Acuerdo 0116
del 27 de Diciembre de 2000, por medio del cual se adoptó el Plan de
Ordenamiento Territorial, que hacen referencia la COMPENSACION EN a
TRATAMIENTOS DE CONSERVACION. […]” (Destacado del texto).
22.3. La Resolución núm. 1-117 de 29 de septiembre de 2009, de la cual se
destaca, lo siguiente:
“[…] Resolución N° 1-0117
29 SEP 2009
"Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación interpuesto
contra la Resolución NO 2.3-0146 del 26 de Agosto de 2008, proferida por
la Secretaría de Planeación Municipal"
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El Alcalde del Municipio de Ibagué, en uso de las facultades que le confieren
los artículos 314 y 315 de la Constitución y los artículos 91 y 93 de la Ley
136 de 1994 y
CONSIDERANDO
Que el Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de
Ibagué profirió la Resolución N° 2.3-0146 del 26 de Agosto de 2008, “Por
medio de la cual se aprueba un plano topográfico dentro del perímetro
urbano del municipio de Ibagué".
Que el acto administrativo referido en el considerando anterior fue notificado
personalmente el día 16 de Agosto de 2008, a JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ
DE BEDOUT Gerente de Proyectos de la Sociedad “Construcciones y
Urbanizaciones", quién el 7 de Abril de 2008, solicitó la aprobación de los
planos topográficos de los predios ubicados dentro del perímetro urbano,
localizados en la Avenida Ambalá entre las Calles 69 y la Urbanización
Yuruparí, con nomenclatura urbana Carrera 20 No. 66-274 y Carrera 20 No.
66-350, identificados con las fichas catastrales No. 01-08-0931-0052-000, y
01-0100310063-000, matrículas inmobiliarias No. 35049262, y 350-174609
del municipio de Ibagué.
Que el Gerente de Proyectos de la Sociedad “Construcciones y
Urbanizaciones” JOSÉ HERNÁNDEZ DE BEDOUT, y ALEXANDER
TORRES CALDERÓN apoderado de DIANA MIREYA ARJONA DE PARÍS,
GLORIA CONSUELO ARJONA DE LAS CASAS Y LAURA MERCEDES
ARJONA VÁSQUEZ, propietarias del referido predio, estando dentro del
término legal, el 01 de Septiembre de 2008 radicó bajo el N° 104 el escrito
contentivo de los recursos de reposición y en subsidio el de apelación contra
la citada resolución.
Que mediante Resolución N° 2.3-0025 del 19 de Febrero de 2009, el
Secretario de Planeación Municipal de Ibagué resolvió el recurso de
reposición confirmando en todas y cada una de sus partes la Resolución N°
2.3-0143 del 26 de Agosto de 2008 y se ordenó dar trámite al recurso de
apelación interpuesto subsidiariamente.
Que el acto administrativo referido en el considerando anterior fue notificado
personalmente a JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ DE BEDOUT Gerente de
proyectos de la Sociedad "Construcciones y Urbanizaciones", el 26 de marzo
de 2009.
Que se encuentra pendiente de decidir el recurso de apelación por medio del
cual se solicita sea revocado el Artículo 3°. de la Resolución N° 23-0146 del
26 de Agosto de 2008, procede a resolverse, previo análisis de los
argumentos de hecho y de derecho presentados por el impugnante.
ARGUMENTOS DEL RECURSO
Los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales sustenta su
inconformidad y la solicitud de revocatoria del Artículo 3° del acto impugnado
que establece: "EL LOTE DEL CUAL SE APRUEBA EL TOPOGRÁFICO SE
ENCUENTRA REFERENCIADO EN EL PLANO DE USOS DEL SUELO
URBANO (U4) COMO ZONA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
AMBIENTAL, EN EL MAPA DE TRATAMIENTOS URBANOS (U8) CON UN
TRATAMIENTO DE ZONA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL,
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RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE IBAGUÉ, SEGÚN EL ACUERDO 0116
DE 2000", son los siguientes:
a. Que la resolución atacada, establece una grave afectación a los
predios cuyo topográfico se aprueba, imponiendo una restricción a la
propiedad privada y una carga que limita la posibilidad de sus propietarias
para explotarlos económicamente.
b. Que la afectación mencionada con anterioridad se aplicó sin cumplir
con los requisitos legales necesarios para su existencia, toda vez que el
plano no tiene la aptitud legal para crear e imponer afectaciones a la
propiedad privada, que según la normatividad establecida por el Plan de
Ordenamiento Territorial, tienen que ser el producto de actos administrativos
de carácter particular, en los que se señalen claramente y de manera
individualizada los linderos y amojonamiento de la zona establecida como
suelos de protección ambiental.
c. Que el Plan de Ordenamiento Territorial se limitó a enunciar de
manera ambigua la clasificación de unos predios como Bosques Naturales
Urbanos, dentro de los cuales se incluyen supuestamente los predios cuyo
plano
d. topográfico se solicitó sin que a la fecha exista acto administrativo
por el cual se haya realizado el alinderamiento y amojonamiento definitivo
del lote afectado, denominado genéricamente Bosque Ñancahuazú, toda vez
que estos constituyen requisitos indispensables exigidos por el Art. 120 del
Plan de Ordenamiento Territorial para tales efectos, así:
"Manejo y reglamentación del sistema general de suelos de protección cada
una de las áreas definidas como suelo de protección deberá contar con un
plan de manejo ambiental que requerirá de la aprobación de la autoridad
ambiental competente. Estos planes de manejo contendrán como mínimo.
1. Alinderamiento y amojonamiento definitivo, a partir de las áreas
propuestas por el plan de ordenamiento territorial.
2. zonificación ecológica
3. acciones de preservación y aprovechamiento sostenible
4 definición de los equipamientos necesarios para la implementación de las
acciones de preservación, restauración y aprovechamiento sostenible.
e.- Que la afectación que se impone al referido predio, no respeta la
normatividad vigente, y vulnera el Art. 37 de la Ley 9ª de 1989, ya que,
establece que toda afectación debe efectuarse mediante acto administrativo
notificado de manera personal al propietario del inmueble y registrada en el
respectivo folio de matrícula inmobiliaria, so pena de inexistencia; actos que
se extrañan en el caso en cuestión.
f.- Que según los artículos 48 y 122 de la Ley 388 de 1997, para que proceda
la afectación de inmuebles, es requisito indispensable, la existencia de la
apropiación presupuestal para el pago de las respectivas compensaciones
que deben realizarse a los propietarios de los inmuebles afectados;
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presupuesto que según el recurrente en el caso de estudio no se ha
cumplido, razón por la cual la afectación sobre los predios de las Señoras
Arjona, es inexistente, pues viola de manera directa la Ley.
g.- Que existen actos administrativos de carácter particular, emanados de
Planeación Municipal, como son el oficio No. 1491 de 12 de Marzo de 2007
y el 3538 del 16 de mayo de 2007, que certifican que sobre los predios en
cuestión no recae ningún tipo de afectación, y que los mismos no pueden ser
revocados ni desconocidos pues no se cumple con el presupuesto exigido
por el Código Contencioso Administrativo, como es la autorización expresa
del particular afectado.
h.- Que mediante oficio No. 4846 del 12 de Julio de 2007, la Administración
manifestó: “Respecto al Bosque Ñancahuazú se llegó a la conclusión que es
necesaria la realización de un plan de manejo ambiental para este sector el
cual definirá en últimas si es viable o no, el desarrollo urbanístico de dicha
área”, que esta comunicación reconoce de manera expresa la inexistencia
de un plan de manejo ambiental exigido por el Art. 120 del Plan de
Ordenamiento Territorial, lo que afecta la aplicación y exigibilidad del mismo.
ANÁLISIS DEL DESPACHO
Observado el escrito que contiene los recursos de reposición y en subsidio
el de apelación, se puede concretar que el objeto de alzada se centra en lo
dispuesto en el artículo 3°, de la parte resolutiva del acto No. 2.3-0146 del 26
de agosto de 2008, proferida por el Director Administrativo de Planeación
Municipal, el cual dispuso:
“EL LOTE DEL CUAL SE APRUEBA EL TOPOGRÁFICO SE ENCUENTRA
REFERENCIADO EN EL PLANO DE USOS DEL SUELO URBANO (U4)
COMO ZONA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL, EN EL
MAPA DE TRATAMIENTOS URBANOS (118) CON UN TRATAMIENTO DE
ZONA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL, RESPECTIVAMENTE DE
CONFORMIDAD CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
IBAGUÉ, SEGÚN EL ACUERDO DE 2000”.
De donde analizados los argumentos expuestos en los recursos, el
interrogante a resolver en este asunto es: ¿La afectación efectuada sobre un
predio particular como ZONA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
AMBIENTAL, es el Plan de Ordenamiento Territorial, establecido en el
Acuerdo 0116 de 2000, debe inaplicarse, por vulnerar normas superiores?.
Debe dejarse consignado, que el Plan de Ordenamiento Territorial, es un
documento elaborado por la Administración Municipal y aprobado por el
Concejo de Municipal el cual determina los usos, alturas, destinación,
reservas y crecimiento de su propio territorio; que si bien la tenencia o
propiedad de la tierra sea un derecho constitucional de carácter privado, es
el Estado el que determina la gama de posibilidades de uso y
aprovechamiento de cada predio. Por ejemplo, es a través del POT como se
determinan o delimitan las áreas comerciales y las zonas residenciales, las
zonas de protección ambiental, arquitectónica, histórica, la densidad
poblacional para un sector o la concentración de usos, de acuerdo a la
vocación del territorio desde el punto de vista histórico pero también
comercial, todo pensado en lo que resulta mejor para el beneficio y disfrute
de todos los ciudadanos y no solo respondiendo a los intereses personales
del propietario de la tierra; en otros términos es la carta fundamental de
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navegación con que cuenta los municipios para reordenar su territorio, sus
actividades, el uso que los ciudadanos le dan al suelo y su tratamiento, así
mismo orientar la inversión pública y privada con miras a mejorar la calidad
de vida de sus habitantes, con la participación activa de la comunidad en
general; el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), debe ser implementado
por los Municipios por mandato del artículo 41 de la Ley 152 de 19941 de ahí
que el Concejo Municipal de Ibagué, mediante el Acuerdo 0116 de diciembre
27 2000, adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial, que rige para el
Municipio de Ibagué, convirtiéndose en Ley para la jurisdicción de la
municipalidad, el cual debe cumplirse en la forma establecida y en
armonía con las normas superiores, y al estar constituido en un
acuerdo municipal, es un acto administrativo de contenido general que
es la expresión soberana del legislador municipal y el cual lleva consigo
una investidura de presunción de legalidad que solo puede ser
suspendido o anulado por la Jurisdicción de Io Contencioso
Administrativo, en control de legalidad, o ser derogado expresa o
tácitamente por el mismo Concejo por otro acto de similar categoría.
Entonces, al encontrarse vigente el artículo 122 del Acuerdo Municipal
0116 de 2000, el cual establece como zona de protección ambiental el
bosque natural urbano denominado Ñancahuazú, que se encuentra
dentro del plano topográfico aprobado por la Secretaría de Planeación,
donde no se puede desconocer su afectación, por la existencia de unos
actos administrativos de contenido particular que relaciona el
recurrente, simplemente, porque quien lo expidió en su momento no
consultó en detalle, la afectación que tenían los predios de los planos
aprobados, además la norma de contenido general prevalece sobre la
particular, por aquello que el interés particular debe ceder al interés
general en beneficio de la comunidad.
Se dirá, que según el artículo 122 del Acuerdo 0116 de 2000, el Bosque
denominado Ñancahuazú se encuentra especificado como una zona de
conservación ambiental en el suelo urbano en el Municipio de Ibagué, toda
vez que el mismo establece: "Área de Bosque Urbano. Se definen como
suelos de protección en el área urbana las siguientes áreas especificadas en
el mapa de clasificación del territorio urbano.
Bosques Urbanos: Naturales
Bosque Ñancahuazu -Bosque Varsovia
Bosque Aldea de Niños SOS
Bosque Liceo Nacional
Donde en el mismo se determinaron sus usos que son:
Uso principal: Conservación ambiental, reforestación, recreación pasiva.
Uso compatible: Usos recreativos de baja densidad.
Uso condicionado: Construcción de infraestructuras de apoyo al uso
principal.
Usos prohibidos: cualquiera diferente a los enunciados anteriormente.
Además de lo mencionado con anterioridad debe manifestarse que
según el Plano de Usos del Suelo Urbano (U4), y el mapa de Tratamiento
Urbano (U8), que hacen parte integral del Acuerdo 116 de 2000, por
medio del cual de adopta el Plan de Ordenamiento Territorial, se le da
un tratamiento al lote denominado ÑANCAHUZU (sic) de "ZONA DE
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL" y "ZONA DE
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CONSERVACIÓN AMBIENTAL" respectivamente y que al encontrarse
vigente el citado artículo del Acuerdo debe acatarse tal y como se
concibió.
Ahora, que contraviene el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, porque no existe
acto que afecte de manera particular los predios privados, y con ella se
vulnera el principio Constitucional de la Propiedad Privada, para contestar
esta inconformidad debe decirse que el artículo en mención preceptúa:
[…]
Si bien la norma establece que la afectación debe darse mediante acto
administrativo de contenido particular y debe notificarse al propietario
de manera personal; en este evento no aplica, porque estamos frente a
un acto de contenido general como lo es el Acuerdo 0116 de 2000, otra
cosa es, que debe reglamentarse su afectación para delimitar el área de
afectación y establecer la compensación o indemnización como se
concibió en el artículo 363 del mismo Acuerdo y conforme lo determina
además del artículo citado de la Ley 9ª, el artículo 48 de la Ley 388 de
1997, asunto que debe ventilarse administrativamente con el
propietario.
De otra parte, considera el despacho que no se está causando ningún
perjuicio, porque el hecho que se haya establecido una reserva natural de
protección ambiental sobre el predio privado, dicha afectación no indica
que se le esté negando la utilización de éste, por el contrario se le
aprobaron los planos topográficos, simplemente, que debe actuar
conforme a los usos definidos en el mismo artículo 122.
Debe concluirse, que la decisión que se tomó en el artículo 3° de la
Resolución 2.3-0146 del 26 de Agosto de 2008, no afecta ni interfiere de
ninguna manera con el desarrollo y explotación del referido predio, toda vez
que se aprobó conforme a lo solicitado el piano topográfico presentado por
JOSE MARTÍN HERNÁNDEZ DE BEDOUT Gerente de Proyectos de
Construcciones y Urbanizaciones Ltda., lo que debe respetar los usos
establecidos en el mismo artículo 122.
En virtud a lo expuesto, es preciso manifestar que la decisión asumida por la
Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué, en la Resolución No. 2.3.-
0146 de 26 de Agosto de 2008, se ajusta a las disposiciones que regulan
los usos, construcciones y urbanizaciones, en especial el Acuerdo 116
del 23 de Diciembre de 2000, por medio del cual se adopta el Plan de
Ordenamiento Territorial.
En mérito de lo anteriormente expuesto se
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Confirmar en todas y cada una de sus partes las
Resoluciones 2.3-0146 del 26 de Agosto de 2008 y la 2.3-0025 del 19 de
febrero de 2009, por las razones expuestas en la parte considerativa […]”.
Problema jurídico
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23. La Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado, con fundamento en
la demanda, la contestación a la demanda, el recurso de apelación y las pruebas
legal y válidamente aportadas al expediente, determinará:
23.1. Si las resoluciones núm. 2.3-0146 de 26 de agosto de 2008 y 2.3-0025 de
19 de febrero de 2009, expedidas por el Director de Grupo de Ordenamiento
Territorial del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Ibagué,
por medio de las cuales se aprueba un plano topográfico y se resuelve un recurso
de reposición; y 1-0117 de 29 de septiembre de 2009, expedida por el Alcalde
del Municipio de Ibagué, por medio de la cual se resuelve un recurso de
apelación; deben ser anuladas parcialmente por haber violado los artículos 37 de
la Ley 9ª de 11 de enero de 1989; 48 y 122 de la Ley 388 de 18 de julio de 1997;
120 y 122 del Acuerdo núm. 0116 de 2000, plan de ordenamiento territorial de
Ibagué; 18 y 30 del Código Civil; y 29 y 83 de la Constitución Política; como
consecuencia de lo anterior,
23.2. Si es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia proferida, en
primera instancia, el 25 de julio de 2016 por el Tribunal Administrativo del Tolima.
23.3. En el caso de prosperar el recurso de apelación, se deberá determinar si
es procedente o no acceder a la pretensión de restablecimiento del derecho
indicada en la demanda.
Marco normativo sobre la competencia de los concejos municipales para
reglamentar el uso del suelo en su territorio por medio de los planes de
ordenamiento territorial - Procedimiento en caso de afectación a inmuebles
24. Visto el numeral 7.° del artículo 313 de la Constitución Política, sobre
competencia de los concejos municipales, a los concejos municipales les
corresponde, en su territorio, “[…] Reglamentar los usos del suelo y, dentro de
los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas como la
construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda […]” (Destacado
fuera de texto).
25. Visto el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 152 de 15 de julio de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Diana Mireya Arjona de Paris y otra
199421, sobre planes de acción en las entidades territoriales, establece que en
los municipios, además de los planes de desarrollo, debe existir “[…] un plan de
ordenamiento que se regirá por las disposiciones especiales sobre la
materia […]” (Destacado fuera de texto).
26. Visto el numeral 2.º del artículo 3.º de la Ley 388 de 1997, sobre función
pública del urbanismo, destaca que el ordenamiento del territorio es una función
pública para que se cumpla, entre otras, la siguiente finalidad: “[…] Atender los
procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés
común, procurando su utilización racional en armonía con la función social
de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el
desarrollo sostenible […]” (Destacado fuera de texto).
27. Visto el artículo 8.º de la Ley citada supra, sobre la acción urbanística,
define esta acción como aquella “[…] referida a las decisiones administrativas
y a las actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas con el
ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo […]”; en
consecuencia, enumera a título enunciativo como acciones urbanísticas que
deben estar contenidas o autorizadas en los planes de ordenamiento territorial,
las siguientes (Destacado fuera de texto):
“[…] Artículo 8º.- Acción urbanística. […]
10. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como
de utilidad pública o interés social, de conformidad con lo previsto en la ley.
11. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención
de desastres, así como las áreas con fines de conservación y
recuperación paisajística.
12. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental
del municipio, de común acuerdo con la autoridad ambiental de la
respectiva jurisdicción, para su protección y manejo adecuados.
13. Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras
urbanas.
14. Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del
ordenamiento del territorio.
15. Adicionado por el art. 192, Ley 1450 de 2011
21 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo”
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Parágrafo.- Las acciones urbanísticas aquí previstas deberán estar
contenidas o autorizadas en los planes de ordenamiento territorial o en
los instrumentos que los desarrollen o complementen, en los términos
previstos en la presente Ley […]”. (Destacado fuera de texto)
28. Visto el artículo 9.° de la Ley 388 de 1997, sobre plan de ordenamiento
territorial, indica que el plan de ordenamiento territorial “[…] es el instrumento
básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal
[…]”; y lo define “[…] como el conjunto de objetivos, directrices, políticas,
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar
y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo […]”
(Destacado fuera de texto).
29. Visto el artículo 10.° ibidem, sobre determinantes de los planes de
ordenamiento territorial, prevé que las entidades territoriales en la elaboración y
adopción de los planes de ordenamiento territorial deben tener en cuenta, entre
otras circunstancias, las relacionadas con la conservación y protección del medio
ambiente y los recursos naturales; disposiciones que constituyen normas de
superior jerarquía en el ámbito de su competencia. La norma señala:
“[…] Artículo 10. Determinantes de los planes de ordenamiento
territorial. En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento
territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes
determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus
propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las
leyes:
1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio
ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos
naturales, así:
a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus
respectivas facultades legales, por las entidades del Sistema Nacional
Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del
territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos
Naturales, tales como las limitaciones derivadas del estatuto de zonificación
de uso adecuado del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del
suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales;
b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas
marinas y costeras; las disposiciones producidas por la Corporación
Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, en
cuanto a la reserva, alindamiento, administración o sustracción de los
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distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las
reservas forestales y parques naturales de carácter regional; las normas y
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la
Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva
jurisdicción; y las directrices y normas expedidas por las autoridades
ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia
ecosistémica;
c) Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas
que integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas
forestales nacionales;
d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y
riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para
asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas
expuestas a amenazas y riesgos naturales […]” (Destacado fuera de texto).
30. Visto el artículo 11 ibidem, sobre componentes de los planes de
ordenamiento territorial, indica que estos deben contemplar tres componentes: i)
general; ii) urbano; y iii) rural; el primero, constituido por los objetivos, estrategias
y contenidos estructurales de largo plazo.
31. Visto el numeral 2.2 del numeral 2.° del artículo 12 de la Ley 388 de 1997,
sobre contenido del componente general del plan de ordenamiento territorial,
establece que en este, entre otras materias, se deberán señalar “[…] las áreas
de reserva y medidas para la protección del medio ambiente, conservación de
los recursos naturales y defensa del paisaje, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, así como de las áreas de
conservación y protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico […]”
(Destacado fuera de texto).
32. Visto el artículo 20 ibídem, sobre obligatoriedad del plan de ordenamiento
territorial, establece que “[…] Ningún agente público o privado podrá realizar
actuaciones urbanísticas que no se ajusten a las previsiones y contenidos
de los planes de ordenamiento territorial, a su desarrollo en planes parciales
y a las normas estructurales del plan o complementarias del mismo […]”
(Destacado fuera de texto).
33. Visto el artículo 21 ibidem, sobre armonía con el plan de desarrollo del
municipio, destaca que “[…] El plan de ordenamiento territorial define a largo
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y mediano plazo un modelo de ocupación del territorio municipal y distrital,
señalando su estructura básica y las acciones territoriales necesarias para su
adecuada organización, el cual estará vigente mientras no sea modificado o
sustituido […]” (Destacado fuera de texto).
34. Visto el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, establece que toda afectación por
causa de obra pública, tiene una duración de 3 años, hasta un máximo de 6;
afectación que se debe notificar personalmente al propietario del inmueble e
inscribirse en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria so pena de su
inexistencia.
35. La norma prevé además, que la afectación queda sin efecto, de pleno
derecho, cuando el inmueble no es adquirido por la entidad pública que impuso
la afectación y durante su vigencia; en consecuencia, a solicitud de cualquier
persona, corresponderá al registrador de instrumentos públicos cancelar la
anotación de la afectación una vez constate la configuración del hecho; además,
dispone que se debe entender por afectación, entre otras, la restricción que
impone una entidad pública que limite o impida obtener licencias de urbanización,
de parcelación, de construcción o de funcionamiento por causa de protección
ambiental. La disposición establece:
“[…] ARTÍCULO 37. Toda afectación por causa de una obra pública
tendrá una duración de tres (3) años renovables, hasta un máximo de
seis (6) y deberá notificarse personalmente al propietario e inscribirse
en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, so pena de inexistencia.
La afectación quedará sin efecto, de pleno derecho, si el inmueble no
fuere adquirido por la entidad pública que haya impuesto la afectación
o en cuyo favor fue impuesta, durante su vigencia. El Registrador
deberá cancelar las inscripciones correspondientes, a solicitud de
cualquier persona, previa constatación del hecho.
En el caso de las vías públicas, las afectaciones podrán tener una duración
máxima de nueve (9) años.
La entidad que imponga la afectación o en cuyo favor fue impuesta
celebrará un contrato con el propietario afectado en el cual se pactará
el valor y la forma de pago de la compensación debida al mismo por los
perjuicios sufridos durante el tiempo de la afectación. La estimación de
los perjuicios será efectuada por el Instituto Geográfico "Agustín
Codazzi" o la entidad que cumpla sus funciones, en los términos
previstos en la presente ley.
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Para los efectos de la presente ley, entiéndese por afectación toda
restricción impuesta por una entidad pública que limite o impida la
obtención de licencias de urbanización, de parcelación, de
construcción, o de funcionamiento, por causa de una obra pública, o por
protección ambiental […]” (Destacado fuera de texto).
36. Visto el artículo 48 de la Ley 388 de 1997, sobre compensación en
tratamientos de conservación, indica que “[…] Los propietarios de terrenos e
inmuebles determinados en los planes de ordenamiento territorial o en los
instrumentos que los desarrollen como de conservación histórica,
arquitectónica o ambiental, deberán ser compensados por esta carga
derivada del ordenamiento, mediante la aplicación de compensaciones
económicas, transferencias de derechos de construcción y desarrollo,
beneficios y estímulos tributarios u otros sistemas que se reglamenten […]”
(Destacado fuera de texto).
37. Visto el artículo 122 ibidem, inserto en el capítulo sobre disposiciones
generales, señala lo siguiente:
“[…] Artículo 122. Para efectos de garantizar el cumplimiento de las normas
legales sobre compensación de las cargas del desarrollo urbano, será
requisito para la afectación de inmuebles por causa de obra pública, en
los términos previstos por el artículo 37 de la Ley 9º de 1989, que la entidad
pública que imponga la afectación disponga de la apropiación
presupuestal correspondiente al pago de la compensación debida a su
propietario por los perjuicios sufridos durante el tiempo de la
afectación, cuya tasación será realizada por peritos privados inscritos
en lonjas o asociaciones correspondientes.
En los casos de inmuebles declarados como de conservación histórica,
arquitectónica o ambiental, deberá garantizarse igualmente la
disponibilidad presupuestal para el pago de la compensación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la presente ley […]”
(Destacado fuera de texto).
Acuerdo núm. 116 de 2000 - Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué
38. Visto el artículo 1.° del Acuerdo núm. 116 de 27 de diciembre de 2000,
sobre adopción del plan de ordenamiento territorial, por medio de este se adopta
el plan de ordenamiento territorial del Municipio de Ibagué, como “[…] principal
instrumento de planificación del territorio que regirá en el municipio […]”.
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39. Visto el artículo 4.° ibídem, sobre glosario, señala que para interpretar el
Acuerdo núm. 116 de 2000, se debe entender por afectación toda “[…] Acción
urbanística por la cual se destina un terreno para proyectos estructurantes de
servicios públicos y vías, y/o áreas de protección por razones ambientales de
conformidad con la autoridad ambiental y lo previsto en la ley 388/97 […]”
(Destacado fuera de texto).
40. Visto el artículo 110 ibidem, sobre clasificación del suelo, determina que
en “[…] El territorio del Municipio de Ibagué, conforme a lo definido en la Ley 388
de 1.997 y por sus características propias, se clasifica en suelo urbano, rural y de
expansión urbana. Al interior de estas clases, podrán establecerse las
categorías de suburbano y de protección […]” (Destacado fuera de texto).
41. Visto el artículo 120 del Acuerdo núm. 116 de 2000, sobre manejo y
reglamentación del sistema municipal de suelos de protección, determina:
“[…] Cada una de las áreas definidas como Suelo de Protección deberá
contar con un Plan de Manejo Ambiental que requerirá de la aprobación
de la autoridad ambiental competente. Estos planes de manejo
contendrán como mínimo:
1. Alinderamiento y amojonamiento definitivo, a partir de las áreas
propuestas por el Plan de Ordenamiento Territorial.
2. Zonificación Ecológica.
3. Acciones de preservación y aprovechamiento sostenible.
4. Definición de los equipamientos necesarios para la implementación de las
acciones de preservación, restauración y aprovechamiento sostenible […]”
(Destacado fuera de texto).
42. Visto el artículo 122 ibidem, sobre señalamiento y reglamentación
específica para las zonas de conservación ambiental en el suelo urbano del
Municipio de Ibagué, definió como suelo de protección, especializada en el mapa
de clasificación del territorio urbano de Ibagué, el bosque natural urbano
“Ñancahuazú”, para el cual estableció los siguientes usos:
“[…] Uso principal: Conservación ambiental, reforestación, recreación
pasiva
Uso compatible: Usos recreativos de baja densidad
Uso condicionado: Construcción de infraestructuras de apoyo al uso
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principal
Usos Prohibidos: Cualquiera diferente a los enunciados anteriormente […]”
43. Visto el artículo 190 ibidem, sobre disposiciones generales y alcance de
las normas sobre usos, indica que “[…] El presente Acuerdo define las normas
generales sobre usos del suelo en áreas urbanas y rurales, mediante la
delimitación de zonas y áreas de actividades a las cuales se les asignan
usos de acuerdo a la actividad predominante y a los objetivos del Plan […]”
(Destacado fuera de texto).
44. Visto el artículo 195 ibidem, sobre clasificación de tratamientos, señala con
claridad que “[…] La delimitación y diferenciación de las zonas a las cuales
se les asignan estos tipos de tratamientos aparecen consignadas en el plano
“tratamientos urbanísticos” que hace parte integral del presente Acuerdo
[…]” (Destacado fuera de texto).
45. Visto el artículo 363 ibídem, sobre compensación en tratamientos de
conservación, prevé: “[…] Los propietarios de terrenos e inmuebles
determinados en los planes de ordenamiento territorial o en los
instrumentos que los desarrollen como de conservación histórica,
arquitectónica o ambiental, deberán ser compensados por esta carga
derivada del ordenamiento, mediante la aplicación de compensaciones
económicas, transferencias de derechos de construcción y desarrollo,
beneficios y estímulos tributarios u otros sistemas que se reglamenten […]”
(Destacado fuera de texto).
46. Visto el artículo 364 ibidem, sobre fondos de compensación, indica: “[…]
Como mecanismo para asegurar el reparto equitativo de las cargas y beneficios
generados en el ordenamiento urbano, y para garantizar el pago de
compensaciones en razón de cargas urbanísticas de conservación, la
Administración Municipal constituirá el respectivo Fondo de
Compensación que podrá ser administrado mediante encargo fiduciario
[…]” (Destacado fuera de texto).
El caso concreto
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47. Esta Sala, en atención a los marcos normativos citados supra; de las
pruebas aportadas al expediente; de los hechos narrados en la demanda y de los
argumentos que se desarrollaron en la contestación de la demanda y los alegatos
de conclusión; procede a decidir el recurso de apelación que la parte demandante
interpuso contra la sentencia proferida, en primera instancia, el 25 de julio de
2016 por el Tribunal Administrativo del Tolima.
48. La Sala aclara que, además, de conformidad con los artículos 32031 y
32832 de la Ley 156433, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 34, el juez se limitará a
conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso, pues
el mismo, en el caso del apelante único, define el marco de la decisión que ha de
adoptarse en esta instancia, por lo que en el asunto sub examine se decidirá
respecto de los argumentos que la parte demandante desarrolló en su recurso de
apelación; cuyo propósito es que el Consejo de Estado revoque la sentencia
citada supra.
49. Atendiendo al marco normativo referido supra, la Sala procede a realizar
el análisis del material probatorio para, posteriormente, en aplicación del
silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Acervo probatorio
50. La Sala procederá a apreciar y valorar, en conjunto, las pruebas aportadas
por las partes, de conformidad con las reglas de la sana crítica en los términos
del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil; en concordancia con el
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado, en los siguientes términos:
Pruebas documentales
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51. Copia del certificado de tradición y libertad del inmueble con matrícula
inmobiliaria núm. 350-4926222, sin número de cédula o ficha catastral y dirección
de ubicación del predio; expedido el 12 de mayo de 2010 y en el que figura como
propietaria la parte demandante, donde no se registra anotación sobre
afectaciones impuestas al inmueble.
52. Copia de una declaración extrajuicio que rindió la señora Gehisa Juliett
Cardozo Barrios ente la Notaría Sexta del Círculo de Ibagué23, en la que
manifiesta que las demandantes son personas pertenecientes a la población de
la tercera edad, carentes de ingresos y que su único bien patrimonial es el lote
“[…] localizado sobre la Avenida Ambalá entre Calle 69 y Urbanización
Yuirapurí […]”, denominado Tarcará (Destacado fuera de texto).
53. Copia del oficio núm. 1491 de 12 de marzo de 2007 24, expedido por la
Directora Grupo de Trámites y Aplicación de Normas del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal de Ibagué y dirigido a la señora Liliana
del Pilar Mogollón Barros, por medio del cual manifiesta, lo siguiente: “[…] En
atención a la solicitud del asunto, referente al uso del suelo del predio ubicado
en la Cra. 20 No. 66-274 con ficha catastral No. 01-08-0931-0052-000, este
Departamento Administrativo le informa, que según el Plano de Usos del Suelo
U4, que hace parte integral del Acuerdo 116 de 2000 “Por medio del cual se
adopta el POT para el Municipio de Ibagué y se dictan otras disposiciones”, el
sector donde se ubica el predio de la referencia, corresponde a ZONA
RESIDENCIA PRIMARIA […]” (Destacado fuera de texto).
54. Copia del oficio núm. 3558 de 16 de mayo de 200725, expedido por la
Directora Grupo de Trámites y Aplicación de Normas del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal de Ibagué y dirigido a la parte
22
Folio 4 del cuaderno núm. 1 del expediente.
23
Folio 7 del cuaderno núm. 1 del expediente.
24
Folio 8 del cuaderno núm. 1 del expediente.
25
Folio 9 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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demandante, por medio del cual manifiesta, lo siguiente: “[…] En atención al oficio
del asunto, este Departamento le informa que según visita realizada por
funcionarios del Grupo de Trámites y Aplicación de Normas, determina que según
estudio de Actualización Geológica, Geotécnica y Aptitud Urbanística de la
ciudad de Ibagué, con cartografía a escala 1:2000, elaborado por […], adoptado
mediante Decreto No. 0726 del 2 de Noviembre de 2005 promulgado por el
Municipio de Ibagué, determina que el predio identificado con ficha catastral No.
01-08-0931-0053-000, ubicado en la Carrera 20 No. 66-350, se clasifica que
NO SE ENCUENTRA EN ZONA DE RIESGO, asimismo se encuentra en zona
urbana, estando este sector DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y CUENTA CON LA
DISPONIBILIDAD REAL Y EFECTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS […]” (Destacado fuera de texto).
55. Copia de oficio de 22 de febrero de 200826, expedido por el Grupo de
Ordenamiento Territorial del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal de Ibagué y dirigido al señor Alexander Torres Calderón, apoderado de
la parte demandante, por medio del cual dio respuesta a una petición de
reorientación del uso del suelo del bosque “Nancahuazú”, en el siguiente sentido:
“[…] Al respecto, es procedente indicar que no obstante haberse
determinado, por medio del POT – Acuerdo 0116 de 2000, para el predio en
mención como uso principal de Conservación Ambiental, Reforestación y
Recreación Pasiva. La afectación de que trata tal definición se hizo con
base en la denominación asignada por sus propietarios, sin tener en
cuenta la ficha catastral correspondiente y sin definir el alinderamiento que
permita reconocer especialmente y con precisión el área de terreno a la
que le corresponde tal uso, dejando abierta la posibilidad de desplegar
acciones de concertación con el Municipio de Ibagué, de tal forma que se
puedan equilibrar las cargas para beneficio de las partes.
En desarrollo de lo anterior, en caso de ser necesario, se analizará la
propuesta presentada por sus poderdantes, en el marco de la revisión que la
presente Administración se prepara para adelantar en la vigencia que cursa,
al POT, dado que se observa en sus propietarios, un interés positivo por
conservar los elementos de vegetación relevantes del predio en cuestión,
pero con la posibilidad de una mejor explotación por ellos, lo que en últimas
beneficia a las partes […]” (Destacado fuera de texto).
26
Folio 10 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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56. Copia de un escrito de 7 de abril de 200827, por medio del cual el Gerente
de Proyectos de la sociedad Construcciones y Urbanizaciones Ltda., le solicitó al
Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Ibagué,
“[…] ordenar a quien corresponde dar el trámite correspondiente a la aprobación
del Plano Topográfico del predio urbano identificado con las Fichas Catastrales
números 01-08-0931-0052-000 y 01-08-0931-0053-000, localizados sobre la
Avenida Ambalá, entre calles 69 y la Urbanización Yuruparí, con nomenclaturas
urbanas Cr. 20 No. 66-274 y Cr. 20 No. 66-350, de la ciudad de Ibagué […]”;
para lo cual adujo que aportaba, entre otros documentos, fotocopia del oficio núm.
1491 de 12 de marzo de 2007, por medio del cual la parte demandada certificó
el uso del suelo de los lotes.
Dictamen pericial
57. Dictamen pericial decretado dentro del proceso a petición de la parte
demandante y cuyas finalidades principales eran las de establecer la
caracterización de la zona en que está ubicado el inmueble; vías de acceso;
infraestructura urbanística; valor del metro cuadrado; valor comercial del predio y
valor con la afectación impuesta; estratificación socioeconómica; y daño
emergente y lucro cesante28.
Normativa aplicable al caso sub exámine
58. La parte demandante sostuvo en el recurso de apelación que el a quo violó
el principio de interpretación integral del artículo 37 de la Ley 9ª de 1989 por
cuanto el fallo proferido en primera instancia consideró que; “[…] A juicio de la
Sala esta disposición, que estaba vigente para la época de la demanda, fue
derogada, y no guarda relación alguna con la actuación surtida por la
Administración Municipal, en la medida que, en primer término se refiere a la
afectación por una obra pública y en el caso sometido a estudio no existe obra
pública […]”
27 Folio 11 del cuaderno núm. 1 del expediente.
28 Dictamen aportado al expediente en un cuaderno.
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59. La Sala considera, conforme la normativa citada supra que, si bien la Ley
9 de 1989 reguló supuestos anteriores a la Constitución Política de 1991, con la
expedición de la Ley 388 se reformó la reglamentación contenida en aquella con
el fin de armonizar el ordenamiento del territorio con los nuevos postulados
constitucionales29, sin que ello signifique su derogatoria en bloque.
60. En efecto, el artículo 1.° de la Ley 388 dispone como uno de sus objetivos
el de armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1989
con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica
del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la ley por la
que se crea el Sistema Nacional Ambiental.
61. En este sentido, el artículo 138 de la Ley 388 sobre vigencia, dispuso
aquellas normas de la Ley 9 de 1989 que serían objeto de derogación expresa 30,
sustitución31, modificación32 y adición33, sin que en ellas se haga referencia al
artículo 37 de la norma mencionada.
62. Posteriormente, con la expedición de la Ley 1682 de 22 de noviembre de
201334, se hace derogatoria del artículo 3, pero únicamente en su inciso segundo
como se advierte del artículo 73:
“[…] Artículo 73. La presente ley rige a partir de su sanción y publicación en
el Diario Oficial y deroga el inciso 2° del artículo 37 de la Ley 9ª de 1989;
artículo 32 de la Ley 105 de 1993; el artículo 83 de la Ley 1450 de 2011;
29
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia de 22 de
octubre de 2020. Número único de radicación: 05001-23-31-000-2002-02031-01. Actor: JOSÉ VICENTE
BLANCO RESTREPO. C.P. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS.
30
Deroga expresamente las disposiciones contenidas en los siguientes artículos de la Ley 9º de 1989:
incisos 2º, 3º y 4º del artículo 13; incisos 2º y 3º del artículo 21; incisos 5º y 6º del artículo 25; inciso 2º del
artículo 26; el 2º inciso del articulo 39, y los artículos 1º, 2º, 3º, 18, 19, 27, 31, 35, 40, 41, 42, 44, 47, 63, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 106, 107, 108, 109, 110 y 111.
31
Sustituye expresamente las disposiciones contenidas en los siguientes artículos de la Ley 9º de 1989:
inciso 1º del artículo 15, incisos 2º y 4º del artículo 32, inciso 3º del artículo 78, y los artículos 4º, 10,11,12,
52, 57 y 66.
32
Modifica expresamente el contenido de los siguientes artículos de la Ley 9º de 1989: incisos 1º y 4º del
artículo 21; inciso 1º del artículo 22, los incisos 1º y 3º del artículo 26; los artículos 70 y 71.
33
Adiciona el contenido de los siguientes artículos de la Ley 9º de 1989: 5º, 53 y 77.
34 “[p]or la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se
conceden facultades extraordinarias.
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parágrafos 1° y 2° del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011; y las demás
disposiciones que le sean contrarias. […]” (Resaltado fuera de texto)
Alcance de las afectaciones contenidas en el artículo 37 de la ley 9 de 1989.
63. De conformidad con el marco normativo anterior, el artículo 37 de la Ley 9
de 1989 previó, respecto de las afectaciones, una regulación de las mismas por
causa de obra pública para lo cual dispuso: i) término de duración; ii) requisitos
para su existencia; iii) consecuencias por el incumplimiento a los requisitos; y iv)
beneficio de compensación para el afectado.
64. En lo que al problema jurídico del asunto sub examine se refiere, y
conforme lo expuesto por el a quo, y los fundamentos del recurso de apelación,
si bien el artículo indicado supra se regula a partir de las afectaciones por causa
de obra pública, la norma también regula dos supuestos adicionales a los que les
aplica las reglas sobre afectación a saber: i) obra pública por vías públicas; y ii)
afectación por protección ambiental, siendo esta última la que concierne al asunto
sub examine.
65. Al respecto el tercer inciso indicó: “[…] Para los efectos de la presente ley,
entiéndase por afectación toda restricción impuesta por una entidad pública que
limite o impida la obtención de licencias de urbanización, de parcelación, de
construcción, o de funcionamiento, por causa de una obra pública, o por
protección ambiental […]”, (Destacado y subrayado del texto), sin embargo, el
a quo solamente se detuvo en el estudio de la afectación por obra pública.
66. Ahora bien, con la expedición de la Ley 388, que como ya se dijo, reformó
y armonizó los textos constitucionales sin derogar in integrum todas las
disposiciones de la Ley 9 de 1989, previó una reglamentación que debe ser
interpretada sistemática y armónicamente entre sí.
67. En efecto, en primer lugar el artículo 35 de la Ley 388, regula el contenido
del concepto “suelo de protección”, definiéndolo como aquel “[…] constituido por
las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores
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clases, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o
por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de
infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas
de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos
humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse[…]”, (Destacado
fuera del texto).
68. En segundo lugar, el artículo 48 ibidem sobre compensación en
tratamientos de conservación, dispone que los propietarios de inmuebles
determinados en los planes de ordenamiento territorial como de conservación,
entre ellas la conservación ambiental, “[…] deberán ser compensados por esta
carga derivada del ordenamiento, mediante la aplicación de compensaciones
económicas, transferencias de derechos de construcción y desarrollo, beneficios
y estímulos tributarios u otros sistemas que se reglamenten. […]”
69. Y, en tercer lugar, el artículo 122 de la Ley 388 para efectos de garantizar
el cumplimiento de las normas legales sobre compensación, hace remisión a la
afectación por causa de obra pública de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de
1989, para lo cual exige como requisito obligatorio, “[…] que la entidad pública
que imponga la afectación disponga de la apropiación presupuestal
correspondiente al pago de la compensación debida a su propietario por los
perjuicios sufridos durante el tiempo de la afectación, cuya tasación será
realizada por peritos privados inscritos en lonjas o asociaciones
correspondientes. […]”
70. De la lectura integral de las normas citadas, se advierte que dicho
procedimiento no es exclusivo de la afectación por causa de obra pública, sino
que la misma norma indicada supra, a efectos de exigir disponibilidad
presupuestal con fines de compensación, integra a los inmuebles declarados
como de conservación ambiental:
“[…] En los casos de inmuebles declarados como de conservación histórica,
arquitectónica o ambiental, deberá garantizarse igualmente la disponibilidad
presupuestal para el pago de la compensación, de conformidad con lo previsto
en el artículo 48 de la presente ley. […]”
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71. Por último, la administración municipal, en sede administrativa, no
cuestionó la vigencia del artículo 37 de la Ley 9 de 1989, cuando al momento
de resolver el recurso de apelación sostuvo:
“[…] Si bien la norma establece que la afectación debe darse mediante acto
administrativo de contenido particular y debe notificarse al propietario de
manera personal; en este evento no aplica, porque estamos frente a un acto
de contenido general como lo es el Acuerdo 0116 de 2000, otra cosa es,
que debe reglamentarse su afectación para delimitar el área de
afectación y establecer la compensación o indemnización como se
concibió en el artículo 363 del mismo Acuerdo y conforme lo determina
además del artículo citado de la Ley 9ª, el artículo 48 de la Ley 388 de
1997, asunto que debe ventilarse administrativamente con el propietario. […]”
(Destacado fiera de texto)
72. La Sala concluye, respecto de la normativa vigente aplicable en el caso
sub examine, que:
72.1. La afectación por causa de obra pública, conforme al artículo 37 de la
Ley 9 de 1989 requiere del pronunciamiento expreso de la entidad pública
que permita imponer las restricciones que limiten o impidan la obtención de
licencias de urbanización, de parcelación, de construcción, o de
funcionamiento, el cual deberá notificarse personalmente al propietario del
predio e inscribirse en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, so pena
de inexistencia.
72.2. Esta afectación quedará sin efecto, ope legis, si no se cumplen las
condiciones legales, tales como que el inmueble no es adquirido por la
entidad pública que haya impuesto la afectación o en cuyo favor le sea
impuesta, durante su vigencia.
72.3. Los suelos de protección definidos e identificados en los planes de
ordenamiento territorial, conformados por aquellas áreas o zonas que
cumplan con las características señaladas en el artículo 35 de la Ley 388,
constituyen normas urbanísticas estructurales, tienen restringida la posibilidad
de urbanizarse y únicamente podrán tener destinaciones afines a sus
características de acuerdo con lo dispuesto por la entidad territorial.
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72.4. La afectación por causa de obra pública, conforme al artículo 37 de la
Ley 9 de 1989 se extiende a toda restricción impuesta por una entidad pública
que limite o impida la obtención de licencias, no solo por causa de una obra
pública, sino que incluye afectaciones cuyo propósito sea la conservación o
protección ambiental.
Solución del caso concreto
73. Aclarada la normativa aplicable al asunto sub examine, esta Sala, para
decidir el caso concreto, empieza por indicar que de la normativa transcrita supra,
se llega a las siguientes conclusiones:
i) Constitucionalmente se otorgó a los concejos municipales la facultad de
reglamentar el uso del suelo dentro de su territorio; para tal finalidad, mediante
los planes de ordenamiento territorial, las entidades territoriales determinarán las
áreas de protección, reserva y conservación ambiental; esto, porque para cumplir
con la función pública de organizar el territorio, entre otras circunstancias, los
entes territoriales deben adecuar el uso del suelo como mecanismo de protección
del interés común al cual le es inherente una función ecológica; es decir, en
materia de protección ambiental, prima el interés general sobre el particular.
ii) En la ley se determinó que, dentro de las funciones relacionadas con el
ordenamiento del territorio, se encuentran las denominadas acciones
urbanísticas, siendo su característica principal la de “[…] intervención en los usos
del suelo […]”; en consecuencia, enunció dentro de estas acciones, que deben
estar contenidas en los planes de ordenamiento territorial, la de: identificar y
caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del municipio para su
protección y manejo adecuados.
iii) Por ley, las disposiciones relacionadas con la conservación y protección
del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y
riesgos naturales contenidas en los planes de ordenamiento territorial,
constituyen normas de superior jerarquía en el ámbito territorial y hacen parte del
componente general que solo se puede modificar mediante el trámite previsto en
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la ley; es decir, no es posible modificar los usos del suelo previstos en un plan de
ordenamiento territorial sino por medio de un acto administrativo de igual
categoría; no obstante, las afectaciones originadas en los planes de
ordenamiento territorial no son perennes por el hecho de encontrarse en la norma
de carácter general; esto, porque si un predio es afectado con la declaratoria de
protección ambiental, la no inscripción de esa medida en el folio de matrícula
inmobiliaria asignado al inmueble, dentro del plazo previsto en la misma ley, tiene
unos efectos de pleno derecho sobre la afectación, como se explicará más
adelante.
iv) Las reglamentaciones del uso del suelo previstas en el plan de
ordenamiento territorial son de obligatorio acatamiento, tanto que en la ley se
prevé que “[…] Ningún agente público o privado podrá realizar actuaciones
urbanísticas que no se ajusten a las previsiones y contenidos de los planes
de ordenamiento territorial, a su desarrollo en planes parciales y a las normas
estructurales del plan o complementarias del mismo […]”; sin embargo, la
vigencia de la normativa sobre usos del suelo que implique afectación a la
propiedad privada está sujeta al acatamiento de un procedimiento plenamente
determinado en la ley.
v) La ley prevé que una afectación es la restricción que impone una entidad
pública que limita o impide obtener licencias de urbanización, de parcelación, de
construcción o de funcionamiento; entre otras circunstancias, por motivos de
protección ambiental.
vi) El procedimiento que exige la ley cuando se impongan, entre otras,
afectaciones ambientales y las consecuencias de su desconocimiento, es el
previsto en el artículo 37 de la Ley 9 de 1989 citado en los párrafos 34 y 35 supra,
según el cual: i) toda afectación tendrá una duración mínima de 3 años hasta un
máximo de 6 años; ii) en estos 6 años que concede la ley, las autoridades deben
notificar personalmente al propietario del inmueble la existencia de la afectación
y proceder a inscribir el gravamen en el folio de matrícula inmobiliaria pertinente;
y, iii) la consecuencia jurídica de no cumplir con el trámite de notificación e
inscripción en el plazo citado supra será la inexistencia de la afectación; es decir,
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la ley no deja dudas sobre cuál es el efecto que se cierne sobre una afectación
que no se ha inscrito: su inexistencia; consecuencia que por ningún motivo
puede ser desconocida por las administraciones municipales.
vii) La ley determina, además de lo anterior que, si el inmueble no es adquirido
dentro del término de vigencia de la afectación, por la autoridad que la impuso o
en cuyo favor se impuso, aquella quedará sin efecto de pleno derecho; en este
evento, “[…] El Registrador deberá cancelar las inscripciones correspondientes,
a solicitud de cualquier persona, previa constatación del hecho […]”.
viii) La ley es explicita en que los propietarios de terrenos e inmuebles
afectados en los planes de ordenamiento territorial como de conservación
ambiental, deben ser compensados por esta carga; para tal efecto, las
autoridades territoriales deben efectuar la apropiación presupuestal que
corresponda y los perjuicios se deberán tasar por peritos inscritos en lonjas o
asociaciones de propiedad raíz.
ix) En el Acuerdo núm. 116 de 200035, se señaló que las áreas definidas como
suelo de protección debían contar con un plan de manejo ambiental en el que se
debía realizar el alinderamiento y amojonamiento definitivo de los inmuebles a
partir de las áreas que se hubieran propuesto en el plan de ordenamiento
territorial; de ahí que en este plan únicamente se establecieran “[…] las normas
generales sobre usos del suelo en áreas urbanas y rurales, mediante la
delimitación de zonas y áreas de actividades a las cuales se les asignan
usos de acuerdo a la actividad predominante y a los objetivos del Plan […]”;
en el acto administrativo se aclara que “[…] La delimitación y diferenciación de
las zonas a las cuales se les asignan estos tipos de tratamientos aparecen
consignadas en el plano “tratamientos urbanísticos” que hace parte
integral del presente Acuerdo […]” (Destacado fuera de texto).
74. Esta Sala, conforme al marco normativo y las conclusiones citadas supra;
las pruebas aportadas al expediente; los hechos narrados en la demanda y de
35
Artículo 120 citado párrafo 33
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los argumentos que se desarrollaron en la contestación de la demanda; procede
a decidir el recurso de apelación que la parte demandante interpuso contra la
sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo del
Tolima.
75. Lo anterior dentro del marco del problema jurídico planteado en el numeral
23 supra de esta providencia, y lo dispuesto en la sentencia proferida por esta
Corporación el 12 de noviembre de 2015, oportunidad en la que se sostuvo; “[…]
Por lo tanto, la eventual declaratoria de nulidad de los actos acusados no afecta
la legalidad del POT por cuanto éste establece de manera general las zonas de
conservación ambiental, sin hacer mención alguna específicamente sobre el bien
propiedad de las accionantes; además, porque en la demanda no se debate si el
bien es susceptible o no de afectación pues, lo que argumentan las actoras es
que la administración municipal no podía rotular la afectación del bien sin el
lleno de los requisitos exigidos para ello por la ley en su sentido amplio, lo
cual debe ser verificado por el Tribunal en su análisis […]”. (Negrilla fuera de
texto)
Primer cargo: Violación del artículo 37 de la Ley 9ª de 1989
76. La Sala empieza por indicar que la censura de la parte demandante se
dirige a cuestionar el hecho de que la parte demandada, en el artículo 3° de la
Resolución núm. 2.3.0146 de 2006, señaló que el inmueble con ficha catastral
núm. 01-01-0931-0053-000 y matrícula inmobiliaria núm. 350-49262, de acuerdo
con los planos de uso del suelo U4 y el mapa de tratamiento urbano U8, se
encontraba identificado como zona de protección y conservación ambiental con
tratamiento de zona de conservación ambiental, no obstante que no cumplió con
el procedimiento que de manera expresa fija la ley y el plan de ordenamiento
territorial de Ibagué para que resultara procedente esa afectación; esto es: i)
inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria,; ii) notificación al particular
afectado; y iii) apropiación presupuestal con fines de compensación.
77. Para la parte demandante debe anularse parcialmente la Resolución núm.
2.3.0146 de 2006 y la totalidad de los actos que la confirmaron; toda vez que la
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afectación ambiental que se impuso y se mantuvo al predio citado supra, por
medio de los actos demandados, nunca cumplió con el procedimiento previsto en
la ley y tampoco se determinó el monto de la compensación; además, porque el
hecho de que el predio de la parte demandante esté identificado en los planos
U4 y U8 “con una mancha”, los que no constituyen actos administrativos, no
significa que el inmueble está debidamente individualizado.
78. La parte demandante insistió que con los actos demandados se violó el
artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, porque para que las afectaciones por protección
ambiental sean válidas, deben notificarse personalmente al propietario del
inmueble, registrarse en el folio de matrícula inmobiliaria, y en los términos de la
Ley 388 disponer de la apropiación presupuestal, lo que no ocurrió en el presente
caso.
79. La Sala destaca, acorde con las conclusiones que se enumeraron supra,
que no se puede desconocer que constitucional y legalmente los concejos
municipales y distritales, por medio de los planes de ordenamiento territorial,
tienen la competencia para establecer los usos del suelo dentro de su territorio;
para tal efecto, razonablemente pueden fijar afectaciones sobre los inmuebles;
entre otras circunstancias, por razones de protección ambiental y atendiendo la
primacía del interés general sobre el particular en esta materia.
80. Por esta razón, en el asunto sub examine, la parte demandante antes que
cuestionar la validez del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de
Ibagué, por cuanto como lo advirtió esta Sección en sentencia de 12 de
noviembre de 2015 “[…] éste establece de manera general las zonas de
conservación ambiental, sin hacer mención alguna específicamente sobre el bien
propiedad de las accionantes […]”, lo que procede resolverse como problema
jurídico, conforme los cargos, la sentencia proferida en primera instancia y el
recurso de apelación, “[…] es que la administración municipal no podía
rotular la afectación del bien sin el lleno de los requisitos exigidos para ello
por la ley en su sentido amplio, lo cual debe ser verificado por el Tribunal
en su análisis […]”.
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81. Para dar respuesta al problema jurídico que se deriva del cargo, en este
apartado se analizará: i) la naturaleza del artículo 3 del acto acusado, así como
los actos que, en vía gubernativa resolvieron los recursos de reposición y
apelación; y ii) la naturaleza de las afectaciones previstas en la Ley 9 de 1989.
Naturaleza del artículo 3 del acto acusado, y des que en vía gubernativa
resolvieron los recursos de reposición y apelación
Marco normativo de los actos administrativos susceptibles de control en la
jurisdicción contenciosa administrativa vigente cuando se expidieron los actos
acusados
82. Visto el último inciso del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo
dispone que son: “[…] actos definitivos, que ponen fin a una actuación
administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los
actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla
[…]”.
83. Visto el artículo 135 ibidem dispone que la “[…] demanda para que se declare
la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo,
y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa
mediante acto expreso o presunto por silencio negativo […]”.
84. Visto el artículo 138 ibidem que prevé que cuando se demande la nulidad
del acto administrativo, la parte demandante debe individualizarlo con toda
precisión y si este fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberá
demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado,
sólo procede demandar la última decisión.
85. Visto el artículo 45 del Decreto núm. 564 de 200636, sobre otras
actuaciones relacionadas con la expedición de licencias, dispone, de forma
enunciativa, otras actuaciones relacionadas con la expedición de las licencias
36
“[…] Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento
de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de
asentamientos humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones […]”
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vinculadas con el desarrollo de proyectos urbanísticos o arquitectónicos, que se
pueden ejecutar independientemente o con ocasión de la expedición de una
licencia.
86. De conformidad con lo expuesto, los actos administrativos susceptibles de
control judicial son aquellos que ponen término al proceso administrativo o que
impiden continuarlo y deben contener una manifestación de la voluntad de la
administración que cree, modifique o extinga una situación jurídica o un derecho.
87. En el caso sub examine, la actuación administrativa se inició el 7 de abril
de 2008, cuando por parte de la sociedad Construcciones y Urbanizaciones se
solicitó al Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, la
aprobación de un plano topográfico que corresponden al predio propiedad de la
parte demandante37.
88. La parte demanda, mediante la Resolución núm. 2.3-0146 de 26 de agosto
de 2008, aprueba el plano topográfico que fuera objeto de solicitud. No obstante,
y pese al cumplimiento de los requisitos para impartir la aprobación, la parte
demandada incluye un artículo38 que da cuenta de la naturaleza del inmueble al
resolver que: “[…] El lote del cual se aprueba el topográfico se encuentra referenciado
en el plano de usos del suelo urbano (U4) como ZONA DE PROTECCIÓN y
CONSERVACIÓN AMBIENTAL, en el mapa de Tratamientos Urbanos (U8) con un
tratamiento de ZONA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL, respectivamente de
conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué, según el Acuerdo 0116
de 2000 […]”.
89. El artículo 3.° acusado: i) no cuenta con fundamento en el “[…]
CONSIDERANDO […]” de la parte motiva de la Resolución núm. 2.3-0146 de 26
de agosto de 2008; ii) no fue planteado por la parte demandante en su solicitud
inicial; iii) es ajeno al trámite de aprobación de un plano topográfico; y iv) impide
continuar con los demás trámites de cara a la obtención de licencias urbanísticas
37
Cfr. Folio 11 cuaderno principal
38
Disposición acusada.
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o arquitectónicas, como en efecto lo manifestó la parte demandante39.
90. El artículo Tercero (3.°) de la Resolución núm. 2.3-0146 de 26 de agosto
de 2008, fue objeto de los recursos obligatorios en vía gubernativa 40, frente a los
cuales,el Secretario de Planeación del municipio de Ibagué resolvió, mediante
Resolución núm. 2.3-0025 de 19 de febrero de 2009, “[…] No revocar la decisión
tomada en el Artículo 3- INFORMACIÓN TÉCNICA, de la Resolución N° 0146 del
26 de Agosto de 2008, proferida por el Grupo de Ordenamiento Territorial,
adscrito al Departamento Administrativo de Planeación Municipal […]”
91. Adicional a lo anterior, el acto acusado que resuelve el recurso de
reposición dispone, a título declarativo:
“[…] Articulo Segundo: Declarar por vía del presente acto
administrativo, que no es posible generar o promover un cambio y/o
ajuste a la afectación causada a los predios localizados en la Avenida
Ambalá entre la Calle 69 y la Urbanización Yurupari, identificados con
nomenclatura urbana Carrera 20 N° 66-274 y Carrera 20 N° 66-350 y
matrículas inmobiliarias Nos. 350-49262 y 350-174609; fichas
catastrales 01-08-0931- 3052-000 y 01-01-0931-0053-000,
respectivamente, de que tratan los Artículos 120 y 363 del Acuerdo
0116 del 27 de Diciembre de 2000, por medio del cual se adoptó el
Plan de Ordenamiento Territorial, que hacen referencia la
COMPENSACION EN a TRATAMIENTOS DE CONSERVACION. […]”
92. Y, para concluir la actuación administrativa, el Alcalde Municipal, mediante
Resolución núm. 1-0117 de 29 de septiembre de 2009 confirma en todas y cada una de
sus partes las Resoluciones 2.3-0146 de 26 de Agosto de 2008 y la Resolución núm.
2.3-0025 del 19 de febrero de 2009,
93. Esta Sala, conforme con lo anterior, considera que los actos acusados no
son meramente informativos o ilustrativos de la existencia de una afectación
39
Como apoyo de su afirmación, el dictamen practicado en primera instancia indica: “[…] Así
entonces, no obstante que el fin dado al bien inmueble es de gran importancia para toda la
comunidad, perdió interés para los particulares y solo es interesante para el Municipio quien tiene la
obligación de conservar estos espacios, de ahí que, si no puede ser explotado económicamente,
tampoco tendrá valor comercial […]”. (Cfr. Folio 10 a 17 cuaderno núm. 2 del dictamen pericial). Las
demás características del dictámen será analizadas en acápite posterior.
40 El artículo 8 de la Resolución núm. 2.3-0146 de 26 de agosto de 2008, dispuso: “ARTÍCULO 8.- Contra la
presente resolución proceden los recursos de la vía Gubernativa, artículos 50 y 51 del Código Contencioso
Administrativo, si fueren interpuestos dentro los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación”.
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impuesta a la parte demandante mediante el Plan de Ordenamiento Territorial, ni
corresponde a actos de trámite; esto, porque como se señaló supra, si bien su
objeto principal fue el de obtener la aprobación de unos planos topográficos, la
parte demandada, adopta una decisión, ajena a la solicitud inicial que impide
continuar con el trámite de licencias urbanísticas destinadas a la construcción de
unidades residenciales, en tanto que declara, respecto del predio propiedad de
la demandante, que no es posible “[…] promover un cambio y/o ajuste a la
afectación causada. […]”
Naturaleza de las afectaciones previstas en la Ley 9 de 1989
94. Como quedó visto en el marco normativo citado en el numeral 27 de esta
providencia, la Ley 9 de 1989 entiende por afectación “toda restricción impuesta
por una entidad pública que limite o impida la obtención de licencias de
urbanización, de parcelación, de construcción, o de funcionamiento”
Causas legales de las afectaciones
95. De conformidad con la normativa indicada supra, y para efectos de la Ley
9 de 1989, el origen de las afectaciones tiene su fuente, además de las
restricciones por causa de una obra pública, cuando se limite o impida la
obtención de licencias de urbanización, de parcelación, de construcción, o de
funcionamiento, por protección ambiental.
96. Lo anterior guarda relación con en el artículo 35 de la Ley 388, al
definir lo que se entiende por suelos de protección, los cuales deben ser
identificados en el plan de ordenamiento territorial, y que corresponden a
aquellas zonas conformados por áreas que cumplan con las siguientes
características: i) restringe la posibilidad de urbanizarse y; ii) únicamente
podrán tener destinaciones afines a sus características de acuerdo con lo
dispuesto por el municipio en el respecto Plan de Ordenamiento Territorial
o los instrumentos que lo desarrollen o complementen.
Obligaciones legales que surgen de la afectación
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97. Ahora bien, cuando las administraciones municipales o distritales
determinan que una o varias zonas de su territorio deben ser objeto de protección
ambiental, así lo establecerán en sus planes de ordenamiento territorial, para lo
cual tienen que señalar en sus planos cartográficos a qué franja de territorio se
está haciendo referencia; es decir, el señalamiento de los predios objeto de la
afectación se realiza por medio de un acto de carácter general que
posteriormente servirá a las autoridades territoriales para: i) amojonar
individualmente cada uno de los inmuebles; ii) expedir el acto de carácter
particular a que haya lugar; iii) solicitar la inscripción de la afectación en el folio
de matrícula inmobiliaria pertinente; y iv) proceder a las compensaciones previa
disponibilidad presupuestal y a solicitud de parte, conforme al artículo 122 de la
Ley 388 en lo que a inmuebles de conservación ambiental se refiere, y al artículo
12 del Decreto 151 de 199841.
Consecuencias por el incumplimiento de las obligaciones legales que surgen de
la afectación
98. En tanto que la Ley 9 de 1989 dispuso como un deber las actividades
descritas en el párrafo supra, la misma norma le asigna las siguientes
consecuencias de su incumplimiento:
98.1. Inexistencia: derivada de la omisión en: i) notificar personalmente al
propietario; y ii) inscribir en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.
98.2. Pérdida de los efectos: derivada de la omisión en adquirir el inmueble
por la entidad pública que impone la afectación durante la vigencia de la
afectación.
99. En suma, para la Sala este procedimiento debe adelantarse en el plazo
41 El artículo 2.2.5.2.1 del Decreto 1077 de 2015, en concordancia con estas normas dispuso que el
reconocimiento y pago de las compensaciones previstas en la Ley 388 y en el Decreto 151 de 1998 por la
aplicación del tratamiento de conservación que se defina en los Planes de Ordenamiento Territorial o en los
instrumentos que lo desarrollen, procederá exclusivamente cuando se limiten derechos de edificabilidad de
determinados predios o inmuebles ubicados en el suelo urbano o de expansión urbana, conforme a la
clasificación del suelo que haya establecido el respectivo municipio o distrito y, corresponde a estos, definir
en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen, los mecanismos a través
de los cuales se garantizará el respectivo pago de la compensación.
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que de forma expresa señala la Ley 9ª de 1989: máximo 6 años, 42 so pena de
unas consecuencias jurídicas que expresamente fija la ley citada supra, a saber:
i) la inexistencia de la afectación en el caso de su no inscripción en el folio de
matrícula inmobiliaria; y ii) pérdida de pleno derecho de los efectos de la
inscripción de la afectación ambiental realizada en el folio de matrícula
inmobiliaria, cuando el inmueble no fuere adquirido por la entidad pública que
haya impuesto la afectación, durante su vigencia.
100. La Sala observa que las dos conclusiones anotadas en precedencia son
incuestionables y de obligatorio acatamiento por las autoridades, toda vez que el
artículo 37 de la Ley 9ª de 1989 es claro en indicar lo siguiente: “[…] Toda
afectación por causa de una obra pública tendrá una duración de tres (3) años
renovables, hasta un máximo de seis (6) y deberá notificarse personalmente
al propietario e inscribirse en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria,
so pena de inexistencia. La afectación quedará sin efecto, de pleno derecho,
si el inmueble no fuere adquirido por la entidad pública que haya impuesto
la afectación o en cuyo favor fue impuesta, durante su vigencia […]”,
(Destacado fuera de texto), el cual incluye también la afectación por protección
ambiental.
101. Además de las exigencias de las que dispone la norma, esto es,
notificación personal al propietario e inscripción en el folio de matrícula
inmobiliaria, so pena de inexistencia, la norma en comento establece una
consecuencia adicional en aquel evento en el que la entidad territorial no adquiera
el inmueble objeto de afectación, consistente en dejarla sin efecto de pleno
derecho.
Compensaciones previstas en la Ley 9 de 1989 derivadas de la afectación.
102. La Ley 9 de 1989 dispone además que, una vez se imponga la afectación,
la entidad “[…] celebrará un contrato con el propietario afectado en el cual se
pactará el valor y la forma de pago de la compensación debida al mismo por los
42
En el caso de afectaciones por causa de vías públicas, el término puede extenderse hasta 9 años.
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perjuicios sufridos durante el tiempo de la afectación […]”.
103. Por lo anterior, además de las obligaciones que se derivan de la
afectación, el inciso final del artículo 37 ejusdem, prevé que para efectos de la
compensación se debe celebrar un contrato con el propietario afectado, el cual
es reglamentado por el artículo 19 del Decreto 2400 de 198943.
104. Para la Sala, aunque la ley establece que los planes de ordenamiento
territorial son normas de superior jerarquía en el ámbito territorial, que lo señalado
para usos del suelo no puede desconocerse por las autoridades territoriales; y
que la modificación de los planes de ordenamiento territorial solamente
procederá mediante un acto de igual jerarquía; la Ley 9ª de 1989, vigente para la
época de los hechos en concordancia con la Ley 388, dispuso cuáles eran los
efectos jurídicos que el incumplimiento de las obligaciones de inscripción en el
folio de matrícula inmobiliaria, de omisión en la notificación al interesado, de no
adquirir el inmueble en el término previsto y de no contar con disponibilidad
presupuestal para el pago de la compensación, se irradiaban sobre las
afectaciones establecidas por las autoridades territoriales en los planes de
ordenamiento territorial; normas de orden público44 que, en consecuencia, se
deben acatar y aplicar por las autoridades territoriales al momento de estudiar y
decidir peticiones de carácter particular que se relacionen con los usos del suelo
permitidos a un determinado inmueble afectado por un plan de ordenamiento
territorial. Desconocer la existencia de esta normativa implicaría desatender el
principio de interpretación armónica y conllevaría la vulneración del derecho al
debido proceso administrativo.
Compensaciones previstas en la Ley 388 por cargas del desarrollo urbano.
105. Como quedó visto en el numeral 36 de esta providencia, el artículo 48 de
43
“[p]or el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1989”
44 Las normas de orden público constituyen “[…] el conjunto de condiciones fundamentales de vida social
instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente a la organización de ésta, no
pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos ni, en su caso, por la aplicación de normas
extranjeras; así mismo, constituye el primero y más importante requisito de validez de la actuación
administrativa […]” (Destacado fuera de texto). Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Expediente con número único de radicado 13414. C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
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la Ley 388 también se encarga de regular la compensación que corresponden a
inmuebles en tratamientos de conservación, para lo cual dispone que los
propietarios de inmuebles determinados en los planes de ordenamiento territorial
como de conservación, entre ellas la conservación ambiental, “[…] deberán ser
compensados por esta carga derivada del ordenamiento, mediante la aplicación
de compensaciones económicas, transferencias de derechos de construcción y
desarrollo, beneficios y estímulos tributarios u otros sistemas que se
reglamenten. […]”
106. Y, para efectos de garantizar el cumplimiento sobre compensación de
cargas previsto desde el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 122 de la Ley
388 hace remisión a la afectación de que trata la mencionada norma, la cual,
como ha quedado visto, abarca afectación por protección ambiental, para lo cual
exige como requisito obligatorio, “[…] que la entidad pública que imponga la
afectación disponga de la apropiación presupuestal correspondiente al pago de
la compensación debida a su propietario por los perjuicios sufridos durante el
tiempo de la afectación, cuya tasación será realizada por peritos privados
inscritos en lonjas o asociaciones correspondientes. […]”
107. De esta manera, las administraciones municipales o distritales, una vez
definidas las zonas de su territorio objeto de afectación, incluyendo por protección
ambiental, deberán: i) incorporarlos en sus planes de ordenamiento territorial; ii)
amojonar individualmente cada uno de los inmuebles; iii) expedir el acto de
carácter particular a que haya lugar; iv) solicitar la inscripción de la afectación en
el folio de matrícula inmobiliaria pertinente; y v) proceder a las compensaciones
previa disponibilidad presupuestal, esta última conforme al artículo 122 de la Ley
388 en lo que a inmuebles de conservación ambiental se refiere, y en
concordancia con el artículo 12 del Decreto 151 de 199845.
108. Debe advertirse que ese trámite de la compensación, en los términos de
las normas indicadas supra, procede a solicitud de parte, y una vez se hayan
cumplido las condiciones previas a que hacen referencia las normas analizadas,
45 “Por el cual se dictan reglas relativas a los mecanismos que hacen viable la compensación en tratamiento
de conservación mediante la transferencia de derechos de construcción y desarrollo”.
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por lo que no es necesario que el acto que imponga la afectación, y en este caso
los actos acusados, dispongan en favor del propietario, la compensación que se
derive de la afectación.
109. La Sala, atendiendo lo anterior, observa que en el expediente del proceso
de la referencia se aportó el certificado de tradición y libertad del predio de
propiedad de la parte demandada con matrícula inmobiliaria núm. 350-49262 y
ficha catastral núm. 01-08-0931-0053-000; este solamente consta de una
anotación en la que se verifica que la parte demandante es la titular del derecho
de dominio; es decir, la parte demandada, no obstante que desde el año 2000,
por medio del Acuerdo núm. 0116, impuso al inmueble objeto de este proceso
una afectación de carácter ambiental, transcurridos 8 años no había cumplido
con las normas que le imponían la obligación de inscribir la afectación en el plazo
previsto en la ley, suscrito el contrato para el pago de la compensación, o contar
con disponibilidad presupuestal para ello en los términos de los artículos 48 y 122
de la ley 388; circunstancia que generaba, por disposición legal, que el gravamen
se debía y se debe tener por inexistente.
110. No obstante, pese al transcurrir del tiempo sin que el ente territorial
cumpliera los requisitos legales anteriormente citados, y una vez cumplida la
condición resolutoria por inejecución a cargo de la entidad territorial, mediante la
expedición de los actos administrativos acusados, la parte demandada dispuso
mantener vigente la afectación ambiental que per se había dejado de existir y ope
legis había perdido efectos jurídicos al indicar: “[…] al encontrarse vigente el
artículo 122 del Acuerdo Municipal 0116 de 2000, el cual establece como zona
de protección ambiental el bosque natural urbano denominado Ñancahuazú, que
se encuentra dentro del plano topográfico aprobado por la Secretaría de
Planeación, donde no se puede desconocer su afectación, […] simplemente,
porque quien lo expidió en su momento no consultó en detalle, la afectación
que tenían los predios de los planos aprobados […]”46 (Destacado fuera de
texto).
46 Resolución núm. 1-0117 de 29 de septiembre de 2009 "Por medio de la cual se resuelve un recurso
de apelación interpuesto contra la Resolución NO 2.3-0146 del 26 de Agosto de 2008, proferida por
la Secretaría de Planeación Municipal"
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111. La Sala advierte que la parte demandada acepta que no cumplió las
exigencias legales de inscripción de la afectación ni los demás requisitos legales
tratándose de la afectación de inmuebles por conservación ambiental, toda vez
que mediante los actos administrativos acusados le manifestó a la parte
demandante que “[…] es cierto lo expuesto a lo largo de su argumentación
por el recurrente, que hasta la fecha, no se ha dado curso al trámite de que
trata el Artículo 37 de la Ley 9 de 1989 en cuanto el señalamiento claro de
los linderos y el amojonamiento del área establecida como de protección
ambiental y menos en forma individualizada de los linderos que debió
hacerse de los predios involucrados así como la notificación legal a sus
propietarios y el registro en el folio de matrícula inmobiliaria respectivo
[…]”.
112. Además, sin mayor consideración jurídica aseguró que: “[…] Si bien la
norma establece que la afectación debe darse mediante acto administrativo de
contenido particular y debe notificarse al propietario de manera personal; en este
evento no aplica porque estamos frente a un acto de contenido general […]”;
es decir, la parte demandada se sustrajo de aplicar las consecuencias jurídicas
que innegablemente prevé la normativa que, de manera especial, reglamenta lo
relacionado con las afectaciones originadas en los actos de carácter general
denominados planes de ordenamiento territorial.
113. Finalmente y en lo que a los requisitos de la afectación se refiere, en
especial la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria, la Sala precisa que,
como lo ha considerado esta Corporación47, la omisión en la inscripción en los
respectivos folios de matrícula inmobiliaria de la Oficina de Instrumentos Públicos
de la ciudad de Ibagué, “[…] no afecta la situación registral de los demandantes
por falta de publicidad registral, como quiera que ésta no se agotó por parte de
la administración […]”48
47
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera. Sentencia de 10 de marzo
de 2011. Número único de radicación: 17001-23-31-000-1995-09052-01. Actor: Rodrigo Marín Verano y
otros. C.P. STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO.
48
Ibidem
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114. Con todo, la afectación impuesta en el Plan de Ordenamiento Territorial
produce plenos efectos y se presume su validez, bajo la condición resolutoria de
dar cumplimiento a los requisitos legales y en el plazo allí dispuesto, so pena de
quedar sin efecto, de pleno derecho, si el inmueble no fuere adquirido por la
entidad pública que haya impuesto la afectación o en cuyo favor fue impuesta.
115. En efecto, los actos acusados, aún con la inexistencia que por virtud de la
ley operó sobre la afectación declarada en el POT, consideraron que: i) la
circunstancia de que la parte demandada haya manifestado que se encontraba
vigente una afectación que por ministerio de la ley no solo era inexistente sino
que había perdido sus efectos, afectó los derechos particulares de la parte
demandante al mantener el gravamen ambiental impuesto a su inmueble; y ii)
mediante la decisión contenida en el artículo 3 del acto acusado, le impiden a la
parte demandante continuar con los trámites de obtención de licencias de
urbanización, de parcelación, de construcción, o de funcionamiento, toda
vez que en el predio sólo podrán llevar se a cabo actividades de recreación
pasiva, conservación ambiental y reforestación, circunstancias que, en
consecuencia, hacen posible su control ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
116. El acto acusado por medio del cual se resuelve el recurso de reposición
contenido en le Resolución núm. 0025 de 19 de febrero de 2009, y aun cuando
para el año 200649 se habían cumplido los supuestos fácticos de la Ley 9 de 1989,
esto es la “inexistencia” y la pérdida de los efectos de la misma, dispuso,
además de “[…] No revocar la decisión tomada en el Artículo 3 […]”, en su
ordinal tercero: “[…]Declarar por vía del presente acto administrativo, que no es
posible generar o promover un cambio y/o ajuste a la afectación causada a los
predios […]”.
117. La Sala, a diferencia de lo que concluyó el A quo, considera que en el
asunto bajo examen, lo que se manifestó en los actos administrativos acusados,
49
Acuerdo 116 de 27 de febrero de 2000
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en el sentido de indicar que “[…] El lote del cual se aprueba el topográfico se
encuentra referenciado en el plano de usos del suelo urbano (U4) como ZONA
DE PROTECCIÓN y CONSERVACIÓN AMBIENTAL, en el mapa de
Tratamientos Urbanos (U8) con un tratamiento de ZONA DE CONSERVACIÓN
AMBIENTAL, respectivamente de conformidad con el Plan de Ordenamiento
Territorial de Ibagué, según el Acuerdo 0116 de 2000 […]”; aspecto que la parte
demandada aceptó en la contestación de la demanda que se trataba de una
afectación ambiental originada en el plan de ordenamiento territorial de Ibagué,
sí constituye una decisión contraria a la ley; lo anterior, porque como se viene
explicando, la vigencia de ese gravamen estaba supeditado, entre otras
circunstancias, al cumplimiento del procedimiento de inscripción en el folio de
matrícula inmobiliaria que, como se acabó de ver, se obvió por las autoridades
territoriales de Ibagué y que, en consecuencia, tenía como efecto que la
afectación se entendiera como inexistente; razón por la cual se revocará la
sentencia de primera instancia y se accederá a las pretensiones de la demanda.
Segundo cargo: Violación de los artículos 48 y 122 de la Ley 388 de 1997
118. Expresó la parte demandante que la normativa es clara en indicar que para
la afectación de inmuebles, es requisito indispensable que las autoridades
dispongan de la apropiación presupuestal para pagar las compensaciones a los
propietarios de los inmuebles afectados; sin embargo, el Municipio de Ibagué,
como lo reconoce al momento de resolver los recursos, no ha cumplido con esta
obligación, motivo por el cual es válido predicar que la afectación es inexistente.
119. La parte demandante reiteró que, además, la parte demandada no ha
notificado a la parte demandada la existencia de la afectación; tampoco ha
procedido a su registro en el folio de matrícula inmobiliaria; ni ha iniciado el
procedimiento expropiación e indemnización, ni mucho menos la apropiación
presupuestal con dicho propósito; por el contrario, en el plan de ordenamiento
territorial de Ibagué solamente existe una definición ambigua y general de las
áreas que se propusieron para afectación porque en los planos U4 y U8
únicamente se marcó sin respaldo jurídico un área de la ciudad como suelos de
protección, pero sin el cumplimiento de las disposiciones obligatorias en estos
casos.
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120. Esta Sala advierte que el cargo está sustentado en similares argumentos
expuestos y resueltos supra que se relacionan con la ausencia de notificación de
un acto de afectación; inexistencia de registro de la afectación en el folio de
matrícula inmobiliaria; y ausencia de disponibilidad presupuestal para el pago de
compensaciones; en consecuencia, la Sala en estos aspectos se remite a lo que
explicó en precedencia para despachar favorablemente los cuestionamientos
contra los actos administrativos acusados, aclarando que no es la ausencia de
notificación la que provoca la nulidad de los actos administrativos acusados ni la
falta de pago de la compensación, que entre otras procede a solicitud de parte,
sino la ausencia de cumplimiento del procedimiento previsto en la ley cuando se
establecen afectaciones, incluyendo contar con la disponibilidad presupuestal.
121. La Sala, en relación con el argumento, según el cual en el plan de
ordenamiento territorial de Ibagué solamente existe una definición ambigua y
general de las áreas que se propusieron para afectación porque en los planos U4
y U8 únicamente se marcó sin respaldo jurídico un área de la ciudad como suelos
de protección, debe indicar que al expediente no se aportó prueba que acredite
que las autoridades del Municipio de Ibagué, para el año 2000, impusieron al
predio de la parte demandante una afectación sin justificación; distinto es que el
procedimiento para que esa afectación siguiera vigente, no se haya cumplido,
materia que la Sala estudió en los párrafos precedentes.
122. Para la Sala, el hecho de que los predios que se consideraron como parte
del Bosque Ñancahuzú, se hayan determinado “con una mancha” en los planos
U4 (planos de uso del suelo) y U8 (mapa de tratamientos urbanos), no demuestra
la existencia de irregularidad que se irradie en la actuación demandada; esto,
porque dentro de las competencias del concejo municipal de Ibagué, lo que se
hizo fue señalar de manera general cuáles inmuebles quedaban inmersos en la
afectación.
123. La Sala recuerda a la parte demandante que los planos U4 y U8 hacen
parte integral del plan de ordenamiento territorial de Ibagué; es decir, junto con
el texto del Acuerdo núm. 116 de 2000 constituyen un solo acto administrativo;
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por tanto, los planos no se pueden escindir del acto general por constituir un solo
cuerpo normativo; en consecuencia, si dentro de los planos citados supra, el
predio de la parte demandante aparecía relacionado como parte del Bosque
Ñancahuazú, no se puede afirmar que la afectación ambiental que se impuso en
su momento era irregular.
Tercer cargo: Violación de los artículos 120 y 122 del Acuerdo núm. 0116 de
2000, Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué
124. Insistió la parte demandante, que la parte demandada, en el plan de
ordenamiento territorial se limitó a enunciar la clasificación de unos predios como
bosques naturales urbanos, entre los cuales, presuntamente está incluido el de
la parte demandante; sin embargo, a la fecha no se ha expedido el acto
administrativo de carácter particular que imponga la afectación ambiental ni se
han individualizado los predios que comprenden el llamado Bosque Ñancahuazú;
además, que es evidente que la afectación establecida en el Acuerdo núm. 116
de 2000, debía cumplir uno procedimiento que no se cumplió.
125. La Sala reitera lo expuesto supra, en el sentido de que está demostrado
que la parte demandada, incluso para la fecha en que se presentó la demanda,
no había iniciado el procedimiento administrativo para inscribir la afectación
ambiental en el folio de matrícula inmobiliaria asignado al inmueble de propiedad
de la parte demandante y que daba lugar al pago de las compensaciones a las
que hubiera lugar, previa disponibilidad presupuestal; y es por esta razón que se
afectó la validez de los actos administrativos acusados.
Cuarto cargo: Violación de los artículos 18 y 30 del Código Civil
126. Expresó la parte demandante que la parte demandada violó los artículos
18 y 39 del Código Civil, sobre obligatoriedad de le ley e interpretación por
contexto; así como los artículos citados supra de las leyes 9ª de 1989 y 388 de
1997, que prevalecen sobre las normas del plan de ordenamiento territorial; esto,
por cuanto los funcionarios que expidieron los actos acusados se limitaron a la
transcripción literal de la norma del Acuerdo núm. 116 de 2000, la cual no se
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podía aplicar sin acudir el procedimiento para legalizar las afectaciones
ambientales.
127. Esta Sala reitera que la normativa, estudiada de manera integral, es clara
en señalar cuáles son los efectos del no cumplimiento del procedimiento
establecido en la ley; de ahí que el hecho de que aquel no se haya respetado en
el término legal, condujera a esta Sala a entender como inexistente la afectación;
ello, por cuanto si bien esta tenía origen en un acto de carácter general que
contiene las zonas y los predios que resultaban afectados; fue incuestionable que
el trámite administrativo que debía culminar con el pago de una compensación
no se inició, incumplimiento que de conformidad con la ley tenía unos efectos
incuestionables.
128. Para la Sala, el estudio de los actos acusados debe estar acorde con lo
que se dispuso en el Acuerdo núm. 116 de 2000 y las leyes que reglamentan los
planes de ordenamiento territorial, sin que por tal motivo pueda entenderse que
está haciendo un pronunciamiento de legalidad del Plan de Ordenamiento
Territorial de Ibagué, más aún cuando no se cuestiona la afectación allí impuesta
sino su vigencia por haberse omitido, entre otros requisitos, su inscripción en el
folio de matrícula inmobiliaria; como se ha expuesto, es incontrovertible el hecho
que la afectación se fijó mediante un acto administrativo de carácter general que
goza de presunción de legalidad; distinto es que la parte demandada no haya
adelantado las actuaciones para inscribirla ni hecho las apropiaciones
presupuestales correspondientes destinadas al pago de la compensación en el
plazo previsto legalmente, circunstancias que conllevaban a dar aplicación a los
efectos jurídicos dispuestos en la ley; en concreto, la inexistencia de la afectación.
Quinto cargo: Violación del artículo 29 de la Constitución Política
129. Explicó la parte demandante, que la parte demandada para imponer la
afectación ambiental, la señaló con una mancha sobre el predio y en el plano U4,
documento que no tiene la aptitud legal para crear e imponer afectaciones a la
propiedad privada porque estas tienen que ser fruto de actos administrativos de
carácter particular en los que se señalen claramente los linderos y
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amojonamiento de la zona establecida como suelos de protección ambiental.
130. La Sala, para dar respuesta al cuestionamiento de la parte demandante,
reitera lo que ya expuso en líneas precedentes en cuanto a que los planos U4 y
U8, junto con el Acuerdo núm. 116 de 2000, constituyen un solo cuerpo
normativo; esto es, sí tienen la característica de acto administrativo; en
consecuencia, el señalamiento de las zonas ambientales que se hicieron en
estos, determinan los inmuebles que quedaban afectados; ahora bien, como se
ha explicado in extenso, el hecho de que la administración del Municipio de
Ibagué no haya adelantado el procedimiento para la inscripción de las
afectaciones en los folios de matrícula inmobiliaria y el pago de las
compensaciones, provocan una consecuencia de ley que se reconoce en esta
providencia precisamente porque las consecuencias de no cumplir ese
procedimiento también lo determina la ley.
131. La Sala advierte que la parte demandante confunde la legalidad de la
afectación mediante la reglamentación de los usos del suelo, cuya
imposición debe hacerse en los planes de ordenamiento territorial, con los
efectos del desconocimiento del procedimiento para que la administración
la haga efectiva; aspectos diametralmente distintos y que se explicaron en
precedencia.
Sexto cargo: Violación del artículo 83 de la Constitución Política
132. Indicó la parte demandante que la parte demandada era responsable por
omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones porque: i) no garantizó
el debido proceso; y ii) se apartó del postulado constitucional a la buena fe porque
reconoció la razonabilidad y firmeza de las peticiones que se presentaron cuando
expidió unos documentos a su favor, y sin embargo, mantuvo su decisión.
133. La Sala, de las pruebas aportadas al proceso y conforme a lo que se ha
expuesto a lo largo de esta providencia, observa que la parte demandada
desconoció el debido proceso de la parte demandante porque mediante los actos
administrativos acusados no observó el principio de interpretación integral; esto,
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porque la afectación al inmueble de la parte demandada nació en el Acuerdo
núm. 116 de 2000 y se mantuvo vigente en los actos administrativos acusados
sin tener en cuenta los efectos de su no inscripción en el plazo previsto en la ley;
en este estado del proceso, no es indispensable que se efectúe un estudio del
principio a la buena fe, cuando está demostrado que los actos administrativos
acusados se expidieron sin respetar el procedimiento previsto en la ley en materia
de afectaciones ambientales y por lo cual la Sección Primera del Consejo de
Estado accederá a las pretensiones de la demanda.
Conclusiones de la Sala
134. En suma, la Sala considera que los argumentos expuestos por la parte
demandante en el recurso de apelación están llamados a prosperar debido a que
lograron desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos
demandados y las consideraciones que expuso el A quo para negar la
prosperidad de las pretensiones de la demanda; en consecuencia, se revocará la
sentencia proferida, en primera instancia, el 25 de julio de 2016 por el Tribunal
Administrativo del Tolima.
Restablecimiento del derecho
135. La parte demandante, en la pretensión cuarta solicitó: “[…] Que como
consecuencia de las anteriores declaraciones, en calidad de restablecimiento del
derecho, se condene al Municipio de Ibagué, a pagar a mis mandantes los
perjuicios de orden material, daño emergente y lucro cesante que les fueron
ocasionados, como consecuencia de los actos administrativos cuya anulación se
impetra […]”.
136. La parte demandante, solicitó que en el curso del proceso se practicara un
dictamen pericial con el objeto de demostrar la cuantía de los perjuicios
ocasionados; las preguntas a contestar por el auxiliar de la justicia, correspondían
a las siguiente: i) ubicación del predio; ii) característica de la zona; iii) valor del
metro cuadrado; iv) valor comercial del predio; v) desarrollos de los predios
aledaños; vi) valor del inmueble de la parte demandante con la afectación
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impuesta; vii) posibilidades reales y viables de explotación económica; viii)
posibilidades de venta con la afectación; ix) daño emergente entre la diferencia
del predio y el valor con la afectación impuesta; y x) lucro cesante consolidado
por la imposibilidad de explotar o vender el predio desde la expedición del POT
de Ibagué.
137. El A quo, mediante providencia proferida el 17 de noviembre de 201050,
accedió a decretar el dictamen citado supra; el cual se entregó en un cuaderno
separado que consta de 6 folios.
138. La Sala observa que en el dictamen el auxiliar de la justicia designado por
el Tribunal de primera instancia, sin cumplir con los parámetros de claridad,
contundencia, razonabilidad y coherencia en sus razonamientos; esto, por cuanto
con el dictamen solamente aportó dos recibos como sustento de sus
afirmaciones: i) acueducto y alcantarillado; y ii) luz; determinó lo siguiente:
“[…] VALOR DEL METRO CUADRADO EN LA ZONA
Toda vez que el predio se encuentra localizado en una zona con mucha
actividad edificatoria en la ciudad de Ibagué, con presencia de buenas rutas
de acceso y de transporte, además de no encontrarse en zona de riesgo y,
por el contrario, ser tierras aptas para la construcción, el valor del metro
cuadrado es de quinientos mil pesos moneda corriente ($500.000.00).
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO
Teniendo en cuenta que el metro cuadrado en el sector donde se encuentra
ubicado el bien de las demandantes es de $500.000.00, el predio objeto del
dictamen tiene un valor comercial de tres mil setecientos cincuenta y cuatro
millones sesenta y cinco mil pesos moneda corriente ($3.754.065.000.oo),
teniendo en cuenta que el bien inmueble tiene un área de 7.508.13 metros
cuadrados.
[…]
VALOR DEL PREDIO CON LA AFECTACIÓN AMBIENTAL IMPUESTA
Teniendo en cuenta que mediante Resolución No. 2.3 – 0146 del 26 de
agosto de 2008. La cual fue confirmada por las Resoluciones 025 del 19 de
febrero de 2009 y 1-117 del 29 de septiembre de 2009, limita la posibilidad
de ejecutar proyectos urbanísticos, como los que existen a su alrededor, el
valor comercial del predio se ve seriamente afectado, pues se dificulta la
venta de un inmueble sometido a zona de protección y conservación
50 Folio 129 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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ambiental, reforestación y recreación pasiva, esto es, usos recreativos de
baja densidad y solamente se podrán construir infraestructuras de apoyo al
uso principal, esto es, construcciones que ayuden a la conservación
ambiental. Reforestación y recreación pasiva, ya que cualquier otra
construcción es prohibida.
Así entonces, no obstante que el fin dado al bien inmueble es de gran
importancia para toda la comunidad, perdió interés para los particulares y
solo es interesante para el Municipio quien tiene la obligación de conservar
estos espacios, de ahí que, si no puede ser explotado económicamente,
tampoco tendrá valor comercial […].
POSIBILIDADES REALES DE VENTA
De acuerdo con lo anterior, a mi humilde criterio, no existen posibilidades
reales y viables de explotación económica del predio debido a la afectación
ambiental impuestas, ni mucho menos, posibilidades de venta.
DAÑO EMERGENTE
Habiéndose tasado el valor comercial del inmueble que nos ocupa en tres
mil setecientos cincuenta y cuatro millones sesenta y cinco mil pesos
moneda corriente ($3.754.065.000.oo) sin la afectación de zona de
protección y conservación ambiental, y sin valor comercial debido a la misma,
el daño emergente, que se tomará de la diferencia entre estos dos valores,
viene a ser el mismo valor comercial dado, esto es, tres mil setecientos
cincuenta y cuatro millones sesenta y cinco mil pesos moneda corriente
($3.754.065.000.oo).
LUCRO CESANTE
El lucro cesante se tomará del interés legal que se deja de percibir sobre el
valor comercial dado al bien inmueble, esto es, el interés dispuesto en el
artículo 1617 del Código Civil, que es del seis por ciento (6%) anual, desde
la fecha de ejecutoria de los actos administrativos atacados, esto es, 29 de
septiembre de 2009, fecha de expedición de la Resolución No. 0117 a través
de la cual se resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución No.
0146 del 26 de agosto de 2008, hasta la fecha.
Así entonces, tenemos:
Valor comercial dado al bien: $$3.754.065.000.oo.
Interés legal: 6%.
Días sobre los cuales se aplica el interés legal: 596.
Lucro cesante: Trecientos setenta y dos millones novecientos tres mil
setecientos noventa pesos moneda corriente.
METODOLOGÍA DEL DICTAMEN Y VALORES ADOPTADOS
Por las características particulares del inmueble motivo del dictamen, se
utilizaron los sistemas de investigación directa y análisis del mercado del
sector, teniendo en cuenta que actualmente en el sector existen proyectos
urbanísticos en curso […]”.
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139. Ahora, aunque la parte demandada no solicitó aclaración o adición, ni
objetó por error grave el dictamen, no obstante que de aquel se le corrió traslado
mediante providencia proferida, en primera instancia, el 31 de mayo de 2011; ello
no impide que, habiéndose accedido a las pretensiones de nulidad, el juez de
instancia se pronuncie sobre su eficacia probatoria para reconocer el
restablecimiento del derecho.
140. La Sala, acorde con lo indicado, advierte de la transcripción efectuada
supra, que las conclusiones del perito carecen de un estudio sustentado y
debidamente fundamentado que permita tenerlas por demostradas; es decir, para
esta Sala el dictamen no se apoya en prueba que permita predicar que los valores
obtenidos por el auxiliar de la justicia se avienen a la realidad; esto, se reitera,
por cuanto junto con el dictamen solamente se aportaron dos recibos: uno de
acueducto y alcantarillado y otro de la luz.
141. Atendiendo lo anterior, para que se cuantifiquen los perjuicios que reclama
la parte demandante a título de daño emergente y lucro cesante, la Sala, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del Código Contencioso
Administrativo51, en concordancia con el artículo 193 de la Ley 1437 de 2011,
proferirá condena en abstracto para que su cuantificación y liquidación se realice
mediante trámite incidental al cual deberá ser convocado el procurador judicial
ante el Tribunal Administrativo del Tolima.
142. Esta Sala, sobre la condena en abstracto y los parámetros que se deben
tener en cuenta por la parte beneficiaria de la condena, al momento de su
liquidación dentro del trámite incidental, en providencias proferidas: i) el 2 de
51 "[…] Artículo 172. Condenas en abstracto. Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios
y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el
proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación
incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del
Código de Procedimiento Civil.
Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado,
mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta
(60) días siguientes a la ejecutoria de aquel o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al
superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el Juez rechazará de plano la
liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación […]”.
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agosto de 201752; ii) el 1° de noviembre de 201953; y iii) el 16 de abril de 202054,
manifestó:
“[…] Ante la certeza de la existencia del perjuicio pero la insuficiencia probatoria
de su cuantía, la Sala con anterioridad ha acudido a la figura de la condena en
abstracto bajo las siguientes consideraciones, que ahora se prohíjan:
“Esta Corporación ha indicado55 que “la reparación integral que opera en
relación con los daños derivados de la lesión a un bien jurídico tutelado,
diferente a un derecho humano, se relaciona específicamente con la posibilidad
de indemnizar plenamente todos los perjuicios que la conducta
vulnerante ha generado, sean éstos del orden material o inmaterial.”.
Y respecto de la reparación del daño esta Sala ha considerado que56: “Del
artículo 172 del C.C.A. se colige que es procedente la condena en
abstracto siempre que esté probada la existencia de los perjuicios, bien
sea que en la demanda se hayan alegado y demostrado o que
necesariamente de la situación fáctica y jurídica ellos se infieran, y que
su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso.” En ese orden de
ideas, los perjuicios materiales sufridos por la sociedad actora pueden inferirse
del sólo hecho de no haber podido continuar con el objeto social de la empresa
y por lo tanto, no pudo producir utilidad alguna a partir de la fecha en que
quedó en firme la decisión contenida en los actos acusados.”57 (Negrillas
y subrayas por fuera de texto).
La Corporación además ha precisado, en cuanto a la condena en abstracto
que deba practicarse para calcular el lucro cesante, lo siguiente:
“242.- Acerca del lucro cesante debe aclararse que este no puede
construirse sobre conceptos hipotéticos, pretensiones fantasiosas o
especulativas que se fundan en posibilidades inciertas de ganancias
ficticias sino que, por el contrario, debe existir una cierta probabilidad
objetiva que resulte del decurso normal de las cosas y de las
circunstancias especiales del caso58, de manera que el mecanismo para
52 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 2 de agosto
de 2017. Expediente con número único de radicación 76001-23-31-000-2012-00419-01. C. P. María
Elizabeth García González.
53Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1° de
noviembre de 2019. Expediente con número de radicación: 25000 2324 000 2011 00184 02. C.P Nubia
Margoth Peña Garzón.
54 Ver sentencia de 16 de abril de 2020. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 25000-
23-24-000-2011-00112 01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
55 Cita es original: Sentencia de 18 de enero de 2012, expediente núm. 54001-23-31-000-1997-02780-
01(19959), Consejero ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
56 Cita es original: Sentencia de 6 de diciembre de 2001, expediente núm. 25000-23-24-000-1995-06469-
01(6186) Consejero ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
57 Cita es original: Sentencia de 18 de febrero de 2016, expediente núm. 13001-23-31-000-2001-00362-01,
Consejero ponente María Claudia Rojas Lasso.
58 Cita es original: TRIGO REPRESAS, Félix A., LOPEZ MESA, Marcelo J., Tratado de la Responsabilidad
Civil – Cuantificación del daño, Edic. FEDYE, edición 2008, pág. 82, con fundamento en la Decisión del
Tribunal supremo de España, Sala 1ª, 30/11/93.
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cuantificar el lucro cesante consiste en un cálculo sobre lo que hubiera
ocurrido de no existir el evento dañoso59, exigencias que evidentemente se
cumplen en el sub judice.
243.- Si bien se demostró la existencia del establecimiento de comercio
“Los Tres Diamantes”, y la actividad comercial que se desplegaba en
materia de joyería y de compra venta de electrodomésticos y maquinaria,
no se tiene prueba alguna para establecer la cuantificación del beneficio
o utilidad dejada de recibir por el demandante LUIS ADALBERTO GÓMEZ
PÉREZ, por lo que la Sala acudirá a la condena en abstracto60, regulada en
el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo [Decreto 01 de 1984],
para que se surta el trámite del incidente de liquidación, tasándose y
liquidándose este perjuicio. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
(1) El dictamen pericial y su aclaración y complementación practicados en
este proceso y que obran a folios 249, 250, 331 y 332 del cuaderno 1 no podrán
ser empleados por ninguno de los sujetos procesales para apoyar la tasación
y liquidación económica de este perjuicio.
(2) Se deberá tener en cuenta los estados financieros y los libros de
contabilidad aportados en este proceso, y entregados en la diligencia de
allanamiento y registro a Noelia Monsalve Ceballos, los cuales deberán ser
cotejados por los funcionarios de la Fiscalía Diecisiete [17] de la Unidad Local
de Tumaco para establecer su veracidad y correspondencia con los hallados
en dicha diligencia.
(3) Deberá designarse un [os] perito [s] que rinda el respectivo
dictamen para la valoración económica del perjuicio consistente en la
pérdida de utilidad del establecimiento de comercio “Los Tres
Diamantes” con base en suficientes presupuestos técnicos, económicos,
y basándose en un amplio y completo conocimiento especializado en el
tipo de actividades comerciales que desarrollaba el establecimiento.
(4) En caso de aducirse documentos contables para la acreditación
del perjuicio estos deben ajustarse a las normas de contaduría pública
usuales y aceptadas de acuerdo a los términos de la legislación.
59Cita es original: Obra ibídem, pág. 83.
60 Cita es original: Sección Tercera, Subsección C, Auto de 27 de enero de 2016, Exp. 55149: “1.1.- El
artículo 172 del Código Contencioso Administrativo establece, por vía de excepción, la disposición normativa
consistente en la condena en abstracto, a la cual puede recurrir el Juez Administrativo en aquellos eventos
en los cuales, pese a conocerse con certeza la causación de un perjuicio –material o inmaterial- a una parte,
se carece de la suficiencia probatoria que lleve a determinar la concreta extensión y repercusión patrimonial
de la misma, para lo cual se deberán señalar los parámetros a seguir a fin de precisar la condena proferida.
1.2.- Dictada una decisión en tal sentido, que supone aun la indefinición de un extremo del litigio, será preciso
que la parte beneficiada adelante el trámite de un incidente ante el a-quo a fin de que sea éste quien
determine, en concreto, la materialización de la condena in genere decretada, para lo cual el legislador ha
establecido un término de caducidad de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria de la decisión
o, en su defecto, de la notificación del auto que da cumplimiento a lo resuelto por el superior, según el caso,
para adelantar el trámite incidental.
1.3.- En este sentido, el incidente de liquidación de la condena se restringirá a concretar la indemnización
de perjuicios decretada con antelación en el proceso judicial; es por ello que supone, únicamente,
una discusión probatoria en torno a la magnitud del perjuicio a indemnizar.” (Negrillas fuera de texto).
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Bajo ninguna consideración el monto de la eventual condena en abstracto
podrá superar la cuantía pedida en el escrito de demanda actualizada a la
fecha en que se dicte el auto liquidatorio.”61 […]” (Destacado original del
texto).
143. Acorde con lo anterior la Sala, acatando lo dispuesto en la ley y siguiendo
su posición jurisprudencial en esta materia62, considera que el dictamen a
realizarse deberá respetar los siguientes parámetros:
i) El daño emergente deberá ser cierto; en consecuencia, deberá provenir
de las sumas debidamente demostradas mediante documento idóneo en las
cuales haya podido incurrir la parte demandante para desarrollar el proyecto
urbanístico en el predio cuyo plano topográfico aprobó la parte demandada; en
consecuencia, no se podrá tener en cuenta para determinar este daño el valor
comercial del inmueble de la parte demandante con y sin afectación, teniendo en
cuenta que se anularon los actos administrativos por medio del cual se impuso la
afectación ambiental y aquel no salió de su patrimonio porque la parte
demandada nunca cumplió con el procedimiento de inscripción del gravamen en
el folio de matrícula inmobiliaria. La suma deberá sustentarse razonadamente y
se indexará de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
ii) El lucro cesante deberá ser cierto, aunque futuro, no del eventual o
hipotético; por lo tanto, estará constituido por la cuantificación debidamente
probada, razonada y sustentada en documentos idóneos - contratos, solicitudes
ante las autoridades competentes, etc. - de la utilidad que hubiera dejado de percibir
la parte demandante con ocasión de que presuntamente no pudo obtener las
licencias para desarrollar el proyecto urbanístico que pretendía y que sirvió para
pedir la aprobación del plano topográfico63; para tal efecto, se deberá tener en
61 Cita es original: Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2017, radicado núm. 52001-23-31-000-
2003-00565-02(33861), Consejero ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
62 Ver sentencia de 16 de abril de 2020. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 25000-
23-24-000-2011-00112 01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
63 El plano o levantamiento topográfico “[…] es un estudio técnico y descriptivo de un terreno, examinando
la superficie terrestre en la cual se tienen en cuenta las características físicas, geográficas y geológicas del
terreno, pero también sus variaciones y alteraciones, se denomina a este acopio de datos o plano que
refleja al detalle y sirve como instrumento de planificación para edificaciones y construcciones […]”
(Fuente Instituto Geográfico Agustín Codazzi (www2.igac.gov.co). Como se aprecia, la aprobación de los
planos topográficos no permiten desarrollos urbanísticos pero sirven de instrumento para la planificación de
aquellos; en consecuencia, para desarrollar un proyecto urbanístico se deben obtener las respectivas
licencias por parte de las autoridades competentes, constituyéndose en un trámite diametralmente diferente
al de aprobación de los planos.
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cuenta el porcentaje de utilidad que le correspondía percibir a la parte
demandante con ocasión de la alianza que contrajo con la sociedad
Construcciones y Urbanizaciones ya que en la demanda se afirmó que “[…] no
encontrando ninguna afectación de tipo legal sobre el predio y contando con el
certificado expedido por Planeación Municipal, se realizaron los trabajos de
levantamiento topográfico, previos a la solicitud y trámite de licencia de
construcción […]”; para lo anterior, también deberán tenerse en cuenta las
pruebas legal y válidamente aportadas al expediente, excepto aquellas que
sirvieron de sustento al dictamen pericial presentado en el curso del proceso; la
estimación del perjuicio debidamente demostrado se deberá indexar conforme al
Índice de Precios al Consumidor.
iii) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172 del Código Contencioso
Administrativo, el incidente deberá promoverse por la parte demandante dentro
de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la condena o de la fecha de la
notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
iii. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida, en primera instancia, el 25 de julio
de 2016 por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) del
artículo 3.° de la Resolución núm. 2.3-0146 de 26 de agosto de 2008; ii) de la
Resolución núm. 0025 del 19 de febrero de 2009, “Por medio de la cual se
resuelve un recurso de Reposición”, expedida por el Director del Grupo de
Ordenamiento Territorial del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal; y iii) de la Resolución núm. 1.0117 de 29 de septiembre de 2009,
expedida por el Alcalde del Municipio de Ibagué, “Por medio de la cual se
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resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la resolución No. 2.3 - 0146
del 26 de agosto de 2008, proferida por la Secretaría de Planeación Municipal”,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: CONDENAR EN ABSTRACTO al Municipio de Ibagué a pagar, a la
parte demandante, el daño emergente y el lucro cesante que mediante trámite
incidental se demuestre con sujeción a los parámetros que se establecieron en
la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado Salvamento de voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Salvamento de voto
ISABEL CRISTINA JARAMILLO SIERRA
Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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