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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2019-00157-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2019-00157-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 16 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Quindío, Sala Tercera de Decisión, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda presentada por Pablo Emilio Díaz Molina contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp). Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024). JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG 24

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-23-33-000-2019-00157-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 63001-23-33-000-2019-00157-01 (1996-2021)
Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Temas: Reconocimiento pensión gracia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 16 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo del
Quindío, Sala Tercera de Decisión, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Pablo Emilio Díaz Molina presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 011148 del 27 de marzo de 2018 y
RDP 0021602 del 13 de junio de 2018, a través del cual la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social2 le negó el reconocimiento de una pensión gracia.

1 En adelante CPACA.
2 En adelante Ugpp

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00157-01 (1996-2021)
Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la prestación solicitada a partir del 22 de
marzo de 2016; ii) el reajuste de la pensión de acuerdo con lo establecido en el
artículo 14 de la Ley 100 de 1993; iii) el ajuste del valor sobre las sumas adeudadas
conforme con el IPC según lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA, así como, el
pago de los intereses moratorios establecido en el artículo 192 ejusdem; y iv) la
condena en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Pablo Emilio Díaz Molina nació el 24 de diciembre de 1958.

3.2. Mediante Resolución 25 del 23 de julio de 1979 suscrita por el rector de la
Institución Educativa Alberto Santofimio Caicedo del municipio de Ibagué (Tolima)
se vinculó a tal institución como docente, tomó posesión del cargo el 27 de julio de
1979 y laboró allí hasta el 27 de agosto de 1979. Tiempo válido para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia por cuanto quedó cubierto por la
nacionalización de la educación prevista en la Ley 43 de 1975.

3.3. A través de Resolución 07037 del 29 de abril de 1980 expedida por el Ministerio
de Educación Nacional se vinculó como docente de educación básica secundaria
desde el 1° de mayo de 1980 hasta el 31 de octubre de 2017 (fecha de expedición
de certificado de historia laboral) en la Escuela Normal Superior del municipio de
Armenia (Quindío).

3.4. El anterior vínculo laboral de carácter nacional mutó a departamental y luego a
municipal en virtud de las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, por lo que el tiempo de
servicio que corrió desde el 22 de abril de 1996 hasta el 28 de diciembre de 1998
es de carácter departamental, y el que transcurrió entre el 29 de diciembre de 1998
y el 31 de octubre de 2017 municipal, por lo tanto, aptos para el reconocimiento de
la pensión gracia.

3.5. Se desempeñó con honradez, consagración y buena conducta.

3.6. El 15 de diciembre de 2017 solicitó a la Ugpp el reconocimiento y pago de una
pensión gracia, la cual fue negada a través de las resoluciones demandadas.

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Radicado: 63001-23-33-000-2019-00157-01 (1996-2021)
Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288,
356 y 357 de la Constitución Política; 3, 4 y 13 de la Ley 39 de 1903; 1, 2, 3 y 4 de
la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 1 de la Ley
24 de 1947; 4 de la Ley 4 de 1966; 1 y 10 de la Ley 43 de 1975; 1 y 15 numeral 2,
literal a) de la Ley 91 de 1989; 2, 3, 4, 6, 14 y 15 de la Ley 60 de 1993; 14 de la Ley
100 de 1993; 5 del Decreto Reglamentario 1743 de 1966; 1, 2, 3, 5 y 6 del Decreto
Ley 2277 de 1979; y 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:

5.1. En los actos administrativos demandados la Ugpp no consideró que la
vinculación de Pablo Emilio Díaz Molina fue del orden territorial a partir del proceso
de descentralización de lo que habría concluido que cumplió con las exigencias
previstas en el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, pues prestó sus servicios como
docente territorial por más de 20 años, tiempo que debe computarse para el
reconocimiento de la pensión gracia.

5.2. Los actos administrativos se expidieron con infracción de las normas en que
deberían fundarse, esto es los artículos 1 al 4 de la Ley 114 de 1993, 3 de la Ley 37
de 1933, y 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989, en tanto acreditó tiempos
de servicio a la educación pública anteriores a 1980 con carácter departamental-
nacionalizado, luego como educador departamental, y posteriormente municipal,
tiempos que le permitían la acumulación de 20 años de servicios, teniendo en
cuenta el proceso de nacionalización de la educación. Asimismo, se desconocieron
normas de carácter constitucional, en especial los principios de favorabilidad y la
garantía a la seguridad social contenidos en el artículo 53 superior.

5.3. Su vinculación de carácter nacional mutó a departamental por mandato de la Ley
60 de 1993, por cuanto el departamento del Quindío mediante Resolución 6001 del
20 de diciembre de 1995 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, fue
certificado en educación, y según acta del 22 de abril de 1996 se le hizo entrega del
servicio, fecha a partir de la cual se entiende perfeccionado el proceso de
descentralización. De tal manera que, de ahí en adelante cambió el carácter
nacional de su vínculo laboral y adquirió por mandato de la ley el de departamental.
Posteriormente, el vínculo de carácter departamental mutó a municipal por mandato
de la Ley 715 de 2001, por cuanto el municipio de Armenia fue certificado según

3 Índice 2 de Samai, archivo
7_630012333000201900157012EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210630150606, carpeta
001Cuadernoprincipal#1, documento 001.1Demanda Pablo Emilio Díaz Molina

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Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

Resolución 2828 del 30 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Educación
Nacional y el departamento, y se le entregó el servicio con el Decreto 1191 del 29
de diciembre de 1998. En esa medida, el tiempo servido con vínculo departamental
y luego municipal debe computarse para el reconocimiento de la pensión gracia.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación4:

6.1. Pablo Emilio Díaz Molina prestó sus servicios como docente con vinculación
nacional, por lo cual no cumple con el requisito de 20 años de servicio de tipo
territorial para acceder a la pensión gracia.

6.2. De acuerdo con la Ley 114 de 1913, no es posible computar los tiempos de
servicio prestados mediante nombramiento del gobierno nacional, pues solo se
prevé la posibilidad de acumular periodos por nombramiento como docente de
carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado.

6.3. Por
lo anterior, los actos administrativos demandados fueron debidamente
motivados y sujetos a derecho.

6.4. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de: i) inexistencia de la
obligación; ii) cobro de lo no debido; y iii) prescripción.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, en sentencia
proferida el 16 de octubre de 2020 negó las pretensiones de la demanda. Para tal
efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales
aplicables al asunto, concluyó lo siguiente5:

7.1. El demandante no cumplió con los requisitos para el reconocimiento de la
pensión gracia, ya que, aunque acreditó el requisito de la edad, un nombramiento
municipal antes de 1980 y buena conducta, no probó 20 años de servicio territorial
o nacionalizado. Lo anterior, porque solo se pudo computar el tiempo laborado en
virtud del nombramiento efectuado a través de la Resolución 25 del 25 de julio de
1979, teniendo en cuenta que fue de carácter municipal según el tipo de

4 Índice 2 de Samai, archivo
8_630012333000201900157013EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210630150609, carpeta
002Cuadernoprincipal#2, documento 002.12ContestacionUnidadUgpp
5 Índice 2 de Samai, archivo 28_ED_ACTUACIONE_022SENTENCIA1ªINSTAN(.PDF) NroActua 2

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Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

nombramiento, la autoridad que lo hizo, la institución educativa en la que prestó sus
servicios y su naturaleza. No obstante, el tiempo laborado desde el 1° de mayo de
1980 hasta el 31 de octubre de 2017 [fecha de expedición de la certificación, que lo
acredita como docente activo al servicio educativo] fue de carácter nacional y como
consecuencia no reunió los presupuestos señalados para obtener el reconocimiento
de la pensión gracia establecida en la Ley 114 de 1913, pues no acreditó tener 20
años de servicio diferentes al de su vinculación de carácter nacional.

7.2. La descentralización educativa no modificó la naturaleza del vínculo, pues este
proceso solo transfirió competencias administrativas sin alterar la clasificación de
los cargos docentes.

7.3. En la sentencia de unificación del 21 de junio de 20018 proferida por el Consejo
de Estado6 lo esencial para el reconocimiento de la pensión gracia es la acreditación
de la plaza ocupada por el docente, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada pues, aunque el pago de sus acreencias proviniera de los recurso del
situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones, ello no los convertía en
docentes nacionales, toda vez que, si bien los recursos tenían origen nacional, una
vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad
exclusiva de los entes territoriales. Lo anterior, no puede interpretarse en el sentido
contrario, es decir, el hecho de que el docente sea remunerado con recursos del
situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones, no lo convierte en territorial,
ya que ello dependerá si la vinculación es o no con nombramiento en una plaza
territorial o nacionalizada.

7.4. No procede la condena en costas en atención a que no se acreditó su causación,
y solo se probó que se pagaron los gastos ordinarios del proceso que fueron
sufragados por la parte vencida.

1.4. Recurso de apelación

8. Pablo Emilio Díaz Molina solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia
y en su lugar se accediera a las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base
en los siguientes argumentos7:

8.1. Contrario a lo señalado por el a quo el tiempo comprendido entre el 1° de mayo
de 1980 y el 31 de octubre de 2017 son válidos para el reconocimiento de la pensión
gracia, pues de conformidad con las disposiciones normativas y los actos

6
Radicado interno 3805-2014, C.P. Carmelo Perdomo Cueter.
7 Índice 2 de Samai, expediente digital «4ED_HIBRIDO_ONEDRIVE18420244ZIP(.zip) NroActua 2»,

documento 20RecursoApelaciónUgpp.

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Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

administrativos que dieron ejecución al proceso de descentralización en el
departamento del Quindío y en el municipio de Armenia no hay duda que su vínculo
laboral mutó de nacional a departamental a partir del 22 de abril de 1996 y de
departamental a municipal a partir del 29 de diciembre de 1998 y, por lo tanto, a
partir de la primera fecha dejó de tener un vínculo nacional, además, los dineros con
que se le pagó no eran de propiedad de la nación sino que desde el 22 de abril de
1996 fueron departamentales y desde el 29 de diciembre de 1998 municipales;
razones para aducir que los mencionados tiempos fueron de carácter territorial.

8.2. En efecto, la descentralización no implicó un nuevo nombramiento, pero sí un
nuevo vínculo laboral, pues no podía descentralizarse la educación, con autonomía
para el manejo de la educación a las entidades territoriales, y tampoco podía
entregarse los colegios que eran nacionales a las entidades territoriales, con título
traslaticio de dominio y asumir que los planteles continuaron con carácter nacional
[artículo 3 de la Ley 60 de 1993]. De otro lado, la ley ordenó que los maestros y los
educadores que eran nacionales y nacionalizados pasarían a plantas distritales,
departamentales, y municipales, entonces tampoco puede afirmarse que los
docentes nacionales continuaron en plantas nacionales y consecuentemente en
plazas nacionales, porque legal y realmente pasaron a plantas y plazas distritales,
departamentales, y municipales.

8.3. Si bien no hubo cambio de régimen prestacional, cumplió con los requisitos de
las leyes especiales de pensión [114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de
1989)] y sus tiempos de servicio están enmarcados en lo exigido en sentencias de
unificación del Consejo de Estado8 y en atención a la descentralización de la
educación, por lo tanto, son válidos para el reconocimiento pensional.

8.4. La descentralización en Colombia provocó una transformación en los vínculos
laborales de los docentes nacionales y nacionalizados, quienes, a medida que se
implementó en cada departamento o municipio, pasaron a ser considerados como
docentes departamentales, municipales o distritales. Se tiene entonces que, la
Constitución de 1991 otorgó autonomía a las entidades territoriales [departamentos,
distritos, municipios y territorios indígenas] para gestionar sus intereses, incluyendo
la administración de la educación. Las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 desarrollaron
este proceso descentralizador y, para ello, establecieron que los departamentos y
municipios, una vez certificados, asumirían la responsabilidad de este servicio. Lo
anterior significó que las instituciones educativas y el personal docente, que antes
eran de carácter nacional, pasaron a ser gestionados por las entidades territoriales,

8 S-699 de 26 de agosto de 1997, Magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda; sentencia proferida

el 22 de enero de 2015, Magistrado ponente Alfonso Vargas Rincón; sentencia proferida el 21 de
junio de 2018, Magistrado ponente Carmelo Perdomo Cuéter

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Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

dejando la nación de ser el empleador directo de los maestros, tal y como se ha
señalado en los conceptos del Consejo de Estado9.

8.5. La Ley 60 de 1993 no descentralizó automáticamente el servicio educativo, sino
que estableció un proceso que requería la certificación de las entidades territoriales
y un acta de entrega. Por su parte, la Ley 715 de 2001 continuó este proceso,
otorgando competencias a los distritos y municipios para gestionar la educación,
consolidando la transición del vínculo laboral de los docentes de nacional a
territorial.

8.6. La sentencia apelada es contraria a la jurisprudencia del Consejo de Estado 10
referida a la mutación de vínculos laborales nacionales y nacionalizados a
territoriales y que ha señalado que Ley 60 de 1993 distribuyó competencias entre la
nación y las entidades territoriales, descentralizando los servicios de educación y
salud a favor de los departamentos y distritos. Además, que los departamentos y
municipios dirigirían y administrarían los servicios educativos, que las instituciones
educativas y el personal docente tendría carácter departamental y que los recursos
del situado fiscal serían administrados por las entidades territoriales que cumplieran
con ciertos requisitos. En cuanto al traspaso de competencias se formalizaría
mediante un acta que definiría los términos y actos administrativos necesarios; y
que la descentralización plena de la educación y la salud ocurriría una vez
completado el proceso de transformación, con la departamentalización como primer
paso, seguida por la municipalización gradual de los servicios. En igual sentido se
profirieron las sentencias del 22 de junio de 200011 y del 20 de febrero de 200312.
En esta última se indicó que algunos docentes siguieron siendo nacionales porque
pertenecían a establecimientos públicos del orden nacional, pero que
posteriormente dejaron de serlo por mandato de la Ley 715 de 2001, y del artículo
9 de la Ley 790 de 2002.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia13

9. Pablo Emilio Díaz Molina reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación y señaló que la sentencia recurrida desconoció la sentencia de unificación

9 Sala de Consulta y Servicio Civil, el 27 de noviembre de 2014, dentro del expediente con radicado:

11001- 03-06-000-2014-00183-00(C), consejero William Zambrano Cetina; del 14 de diciembre de
2016, radicado: 11001-03-06-000-2016-00109-00, consejero Álvaro Namén Vargas
10 sentencia del 24 de agosto de 1994, radicado 8183;
11 Radicado 2630-99, M.P. Ana Margarita Olaya Forero
12 Radicado 08001-23-31-000-1994-9207- 01(3762-01), M.P. Tarsicio Cáceres Toro
13 De conformidad con el auto del 28 de junio de 2024, visible a índice 27 de Samai, el recurso de

apelación fue interpuesto el 29 de octubre de 2020 y admitido el 19 de julio de 2021, por lo que,
su trámite correspondió a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, pues las modificaciones de la Ley
2080 de 2021 entraron en vigencia el 25 de enero de esa anualidad.

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Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

del 11 de agosto de 202214 en la que se indicó que se debía acreditar el
cumplimiento de tiempo de servicio en plazas territoriales o nacionalizadas; y que
en atención al proceso de descentralización él ocupo una plaza departamental y
posteriormente una municipal. Asimismo, la sentencia del 20 de septiembre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F15, que accedió a las pretensiones de la demanda de un caso similar,
en razón a que se tuvo en cuenta tiempos de servicio que en virtud de la
descentralización de la educación mutaron a territoriales.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio16.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

11. Se circunscribe a resolver ¿si Pablo Emilio Díaz Molina acreditó los requisitos
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de conformidad con
las normas que la regulan?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. En torno a la pensión gracia

12. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.

13. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de

14 radicado: SUJ-030-CE-S2-2021
15 Radicado: 25000-23-42-000-2019-00607-00, M.P. Beatriz Helena Escobar Rojas
16 Obra notificación a índice 7 de Samai.

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Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 191317 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.

14. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.

15. Con posterioridad, las leyes 116 de 192818 y 37 de 193319, en sus artículos 6 y
3, respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.

16. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo

Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones

Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes

17 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
18 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
19 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos

empleados».

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Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).

Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

17. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.

18. En efecto, la Ley 60 de 199320 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los
provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado
fondo.

20 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con

los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».

10

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00157-01 (1996-2021)
Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

19. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja21, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 196822, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos23 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199424 (artículo 179, literal d).

20. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.

21. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199525, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:

21.1. Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego del
situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su afiliación.

21.2. Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:

22. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así
como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa
de las entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan
efectuado los correspondientes aportes.

21 Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.

Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
22 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo

de la Nación»
23 Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
24 «Por la cual se expide la ley general de educación»
25 «Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo

176 de la Ley 115 de 1994»

11

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00157-01 (1996-2021)
Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

23. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio
de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.
Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad
territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio
de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos
convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado
fiscal.

24. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.

26
25. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
, en la sentencia
27
SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar las expectativas de
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».

28
26. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 2000 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.

27. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala29 ha señalado:

«Sobre los tiempos nacionales.

La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.

26 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
27 Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
28 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
29 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

12

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00157-01 (1996-2021)
Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198930 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» [Se resalta]

28. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201831, así:

«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;

30 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
31 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

13

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00157-01 (1996-2021)
Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o del -situado
fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».

29. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202232 indicó:

«[L]a línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».33

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.

32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado

15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
33 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-

03-15-000-2019-02219-01 (AC).

14

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00157-01 (1996-2021)
Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989». [Se resalta]

30. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicio en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.

2.3. Caso concreto

31. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

31.1. Pablo Emilio Díaz Molina nació el 24 de diciembre de 195834.

31.2. A través de la Resolución 25 del 23 de julio de 1979 el rector de la Institución
Educativa Técnica Alberto Santofimio Caicedo de Ibagué lo nombró como profesor
en interinidad y tomó posesión según consta en el acta 62 del 27 de julio de 197935.

31.3. El 2 de julio de 2009, el rector de la Institución Educativa Técnica Alberto
Santofimio Caicedo certificó que «desempeño las funciones de docente en esta
Institución Educativa durante el tiempo comprendido del 27 de julio al 27 de agosto de
1.979» (sic)36.

34 Índice 2 de Samai, archivo
7_630012333000201900157012EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210630150606, carpeta
001Cuadernoprincipal#1, documento 001.3 AnexosDemanda, registro civil página 11 y cédula
página 15.
35 Índice 2 de Samai, archivo
7_630012333000201900157012EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210630150606, carpeta
001Cuadernoprincipal#2 subcarpeta 002.15DocumentosContestacionDeDemanda, documento
002.15.2.1CC14225614, página 96
36 Índice 2 de Samai, archivo
7_630012333000201900157012EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210630150606, carpeta
001Cuadernoprincipal#2, subcarpeta 002.15DocumentosContestacionDeDemanda, documento 04
Certificado información laboral

15

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00157-01 (1996-2021)
Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

31.4. Por medio de la Resolución 07037 del 29 de abril de 1980 el Ministerio de
Educación Nacional lo nombró «en el cargo de [instructor] IV del Departamento de
Educación Estética en el Instituto Nacional de Educación Media cada INEM José Celestino
Mutis de Armenia» (sic) y a través de acta de posesión del 1 de mayo de 1980, el
secretario general del Ministerio de Educación Nacional lo posesionó37.

31.5. El 8 de junio de 2009 la Secretaría de Educación municipal de la Alcaldía de
Armenia emitió certificado de tiempo de servicio en el que consta que «presta sus
servicios en el nivel básica secundaria, con vinculación en propiedad como nacional en
forma continua» y se reportan las siguientes novedades38:

NOVEDAD ACTO FECHA HASTA
POSESIÓN

Inem José Resolución 7037 1 mayo 1980 12 julio 1992
Celestino Mutis del 29 de abril de
Armenia 1980

Inem José Resolución 0997 13 jul 1992 22 ene 2002
Celestino Mutis del 05 de agosto
Armenia 1992

Escuela Normal Resolución 0078 22 ene 2002 -
Superior Armenia del 22 de enero de
2002

31.6. Según el formato único para expedición de certificado de historia laboral,
consecutivo 2323, expedido el 31 de octubre de 2017 por la Secretaría de
Educación Municipal de Armenia, prestó sus servicios como docente del nivel
secundaria, con tipo de vinculación nacional así39:

Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Nombramiento Resolución 7037
1° de mayo
Secretaria de Educación del 1° de mayo de -
de 1980
Municipal de Armenia 1980
Traslado Resolución 78 del
22 de enero
Escuela Normal Superior 22 de enero de -
de 2002
(Armenia) 2002

37
Índice 2 de Samai, archivo
21_6300123330002019001570116EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210630150614 ONE DRIVE,
carpeta 009RespuestaRequerimientoArmenia
38 Índice 2 de Samai, archivo
7_630012333000201900157012EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210630150606, carpeta
001Cuadernoprincipal#1, documento 001.3 AnexosDemanda, página 9
39 Índice 2 de Samai, archivo
7_630012333000201900157012EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210630150606, carpeta
001Cuadernoprincipal#1, carpeta 001.4CdAnexosDemanda, páginas 201 y 202

16

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00157-01 (1996-2021)
Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

Ascenso
Resolución 113 del 26 de junio
Escuela Normal Superior -
26 de junio de 2007 de 2007
(Armenia)

Total 37 años y 6 meses

31.7. Con el formato único para la expedición de certificado de salarios, consecutivo
2323, expedido el 31 de octubre de 2017 por la Secretaría Municipal de Educación
de Armenia, se certificaron los factores salariales devengados entre el 1° de enero
de 2015 y el 31 de diciembre de 2015; desde el 1° de enero de 2016 hasta el 31 de
diciembre de 2016; y del 1° de enero de 2017 al 30 de septiembre de 201740.

31.8. Ante la Notaría Primera de Armenia rindió declaración juramentada en la que
manifestó que se desempeñó como docente con honradez, consagración e
idoneidad y buena conducta41. Asimismo, obra el certificado de antecedentes
disciplinarios42 y declaración de buena conducta43.

31.9. El 15 de diciembre de 2017 solicitó el reconocimiento de la pensión gracia44 . A
través de la Resolución RDP 011148 del 27 de marzo de 2018, la Ugpp negó la
anterior petición, toda vez que, la vinculación comprendida entre el 1° de mayo de
1980 y el 30 de octubre de 2017 era de carácter nacional, luego, no se podían tener
en cuenta a efectos de reconocer la prestación solicitada45.

31.10. Contra la anterior decisión presentó el recurso de apelación46, el cual fue
resuelto por medio de la Resolución RDP 021602 del 13 de junio de 2018 en el
sentido de confirmar la decisión inicial47.

31.11. En Resolución 6001 del 20 de diciembre de 1995 proferida por el Ministerio de
Educación Nacional, se certificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 14 de la Ley 60 de 1993 por parte del departamento de Quindío para asumir
la administración directa de los recursos del situado fiscal y la prestación de los
servicios educativos y, en consecuencia, se ordenó suscribir el acta de entrega de

40 Ibidem, página 170 y 171
41 Ibidem, página 14
42 Ibidem, página 13
43 Ibidem, página 16
44 Índice 2 de Samai, archivo
7_630012333000201900157012EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210630150606, carpeta
001Cuadernoprincipal#1, subcarpeta 001.4 CdDemandaAnexos, páginas 168 y 169.
45 Ibidem, Páginas 67 a la 71.
46 Ibidem, Páginas 96 a la 103.
47 Ibidem, Páginas 72 a la 76.

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Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

bienes, personal y establecimientos que le permitan cumplir con las funciones al
ente territorial48.

31.12. El Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 2828 del 30 de julio
de 1997 en el que se resolvió «[a]probar el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 14 de la Ley 60 de 1993 para que el alcalde Municipal de Armenia proceda a
solicitar al respectivo Concejo Municipal el estudio de la propuesta de certificación, que una
vez aprobada, deberá ser elevada a la Asamblea Departamental del Quindío, para que ésta
decida lo pertinente. sobre la certificación que permita al municipio de Armenia asumir las
competencias de que trato el artículo 27 del Decreto 2886 de 1994» (sic)49.

31.13. Mediante Ordenanza 008 del 6 de julio de 1998 la Asamblea Departamental
del Quindío le reconoció autonomía al municipio de Armenia para asumir la
dirección, la prestación del servicio educativo y el manejo autónomo del situado
fiscal. En ese sentido, certificó el cumplimiento por parte del municipio de los
requisitos previstos en los artículos 14 y 16 de la Ley 60 de 1993 y de los decretos
2886 de 1994, 4060 de 199550.

31.14. Por medio del Decreto 1101 del 29 de diciembre de 1998, la gobernación del
Quindío hizo entrega, para su administración, al alcalde del municipio de Armenia
de la planta de personal, directivos docentes y docentes de los centros educativos
del municipio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 60 de 1993 y los decretos
2886 de 1994, 1140 de 1995 y 1000 de 1995, en el cual se encuentra el
demandante51.

2.4. Análisis sustancial

32. El Tribunal Administrativo de Quindío negó las pretensiones de la demanda al
considerar que el demandante no cumplió con los requisitos para la pensión gracia,
ya que, aunque acreditó la edad, una vinculación de carácter municipal antes de
1980 y buena conducta, no probó 20 años de servicio territorial o nacionalizado.
Para tal efecto, solo computó el tiempo laborado con fundamento en el
nombramiento realizado a través de la Resolución 25 de 1979 de carácter municipal,
puesto que el trabajado desde 1980, a su juicio, fue de carácter nacional y, por lo
tanto, no viable para el reconocimiento de la prestación. Además, adujo que la

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001Cuadernoprincipal#1, documento 001.3 AnexosDemanda, páginas 138 a la 140
49 Índice 2 de Samai, archivo
7_630012333000201900157012EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210630150606, carpeta
001Cuadernoprincipal#1, subcarpeta 001.4 CdDemandaAnexos, páginas 122 y 123
50 Ibidem, Páginas 120 y 121.
51 Ibidem, Páginas 110 y 111.

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Radicado: 63001-23-33-000-2019-00157-01 (1996-2021)
Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

descentralización educativa no cambió la naturaleza del vínculo laboral, pues solo
transfirió competencias administrativas sin modificar la clasificación de los cargos
docentes.

33. Pablo Emilio Díaz Molina presentó recurso de apelación con el fin de que se
revocara la decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, al considerar que,
contrario a lo concluido en dicho proveído, el tiempo laborado entre 1980 y 2017 era
válido para la pensión gracia, ya que su vínculo laboral cambió de nacional a
departamental en 1996 y, luego a municipal en 1998, razón para considerar dichos
periodos de carácter territorial.

34. En virtud de lo anterior, la Sala deberá verificar si como lo afirma el apelante, se
acreditaron los 20 años de servicio en ejercicio de vinculaciones de orden municipal,
territorial, distrital o nacionalizado en las condiciones previstas en la ley para
acceder a la prestación.

35. De la valoración probatoria, la Sala encuentra acreditado que Pablo Emilio Díaz
Molina prestó sus servicios como docente i) territorial del 27 de julio al 27 de agosto
de 1979 por virtud del nombramiento en interinidad como docente en la Institución
Educativa Técnica Alberto Santofimio Caicedo, y ii) nacional desde el 1° de mayo
de 1980 hasta el 31 de octubre de 2017 (fecha de expedición del certificado de
historia laboral y factores salariales devengados expedido por el Fomag).

36. Pues bien, esta Corporación ha señalado que, si bien en el ordenamiento jurídico
colombiano no se define expresamente la naturaleza de la interinidad, como una
forma de proveer cargos docentes, aquella debe entenderse como el mecanismo
mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de
carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la
referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva
prestación del servicio educativo52.

ha establecido en forma reiterada53 que quienes se hayan
37. Igualmente,
desempeñado antes del 31 de diciembre de 1980, en calidad de educadores

52 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

B, sentencia del 27 de enero de 2017, radicado 76001-23-33-000-2013-00406-01 (4259-15).
Igualmente ver la sentencia del 22 de marzo de 2018, radicación número: 25000-23-42-000-2014-
03024-01(1999-17).
53 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B: sentencias del 27 de enero de 2017.

Expediente No. 76001-23-33-000-2013-00406-01(4259-2015), 18 de septiembre de 2020.
Expediente No. 25000-23-42-000-2016-05162-01(0402-19), 10 de julio de 2020. Expediente No.
15001-23-33-000-2016-00168-01(1520-18), 10 de octubre de 2020. Expediente No. 19001-23-33-
000-2013-00102-01(1665-14), y 19 de julio de 2018. Expediente No. 25000-23-42-000-2014-02885-
01(3254-15); Subsección A: fallos del 27 de septiembre de 2018. Expediente No. 25000-23-42-000-

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Radicado: 63001-23-33-000-2019-00157-01 (1996-2021)
Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

territoriales o nacionalizados, aunque hubieran laborado en calidad de interinos,
tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, siempre que
acreditaran el cumplimiento de la edad de 50 años y el tiempo de servicios de 20
años en esos niveles. Esto, en atención a que la normatividad que regula la materia
no exigió para efectos del acceso a ese tipo de beneficio pensional, haber sido
vinculado bajo una forma específica de provisión de empleo (de carrera o transitoria)
o, incluso, que su relación laboral sea continua y discontinua54.

38. Además, el periodo laborado en interinidad es plenamente computable para el
reconocimiento de la pensión gracia, comoquiera que, además, constituye una
forma de vinculación a la administración, en cumplimiento de las formalidades
previstas en la ley, esto es a través de la toma de posesión de un cargo docente,
que daba lugar a la configuración de una relación legal y reglamentaria con carácter
autónomo55.

39. Por ende, tal y como lo tuvo en cuenta a quo, con el período en interinidad
completó un tiempo de servicio de 1 mes, con el que acreditó una experiencia
docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa territorial o
nacionalizada y debe tenerse en cuenta para efectos de la pensión gracia, pues
fungió como docente con vinculación municipal.

40. Posteriormente, el 1° de mayo de 1980 fue vinculado con carácter nacional en el
cargo de instructor IV del Departamento de Educación Estética en el Instituto
Nacional de Educación Media INEM José Celestino Mutis de Armenia.

41. Ahora bien, en el recurso de apelación el demandante señaló que el vínculo mutó
a departamental por mandato de la Ley 60 de 1993, por cuanto el departamento del
Quindío, mediante Resolución 6001 del 20 de diciembre de 1995 proferida por el
Ministerio de Educación Nacional, fue certificado en educación, y en acta del 22 de
abril de 1996 se le entregó el servicio; y que, como consecuencia, desde el 22 de
abril de 1996 hasta el 28 de diciembre de 1998 tuvo una vinculación de carácter
departamental. Asimismo, que el anterior vínculo [de carácter departamental] mutó
a municipal por mandato de la Ley 715 de 2001, pues el municipio de Armenia fue
certificado según Resolución 2828 del 30 de julio de 1997, proferida por el Ministerio
de Educación Nacional, con lo que le entregó la educación al municipio según

2014-00012-01(3050-15), 5 de julio de 2018. Expediente No. 15001-23-33-000-2014-00468-
01(3406-15), 27 de junio de 2018. Expediente No. 68001-23-33-000-2014-00812-01(3597-15), 21 de
junio de 2018. Expediente No. 25000-23-42-000-2012-01016-01(0774-14), y 12 de julio de 2017.
Expediente No. 25000-23-25-000-2012-01224-01(3659-14).
54 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 19 de julio de 2018.

Expediente No. 25000-23-42-000-2014-02885-01(3254-15).
55 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 21 de junio de 2018.

Expediente No. 25000-23-42-000-2012-01016-01(0774-14).

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Radicado: 63001-23-33-000-2019-00157-01 (1996-2021)
Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

Decreto 1191 del 29 de diciembre de 1998, por consiguiente, desde esa fecha [29
de diciembre de 1998] hasta el 31 de octubre de 2017 [fecha en la que aun consta
como docente activo en el servicio] producto del proceso de descentralización, su
vinculación fue territorial, y por lo tanto, los anteriores períodos son útiles para el
reconocimiento de la pensión gracia.

42. En relación con lo anterior se tiene que, en virtud de las disposiciones contenidas
en la Ley 60 de 1993, el Ministerio de Educación Nacional certificó el cumplimiento
de los requisitos establecidos por el legislador para efectos de asumir la
administración de la prestación de los servicios educativos por parte del
departamento de Quindío a partir del año 1996, cuando aquel ente territorial asumió
el servicio público educativo y, posteriormente, el municipio de Armenia desde el
año 1998.

43. Sin embargo, esta Subsección evidenció que el mencionado proceso de
certificación en educación no modificó la naturaleza nacional con la que nació el
vínculo de Pablo Emilio Díaz Molina el 1° de mayo de 1980. En ese sentido, la Ley
60 de 1993, de manera expresa señaló «[e]l régimen prestacional aplicable a los
actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será
el reconocido por la Ley 91 de 1989».

44. En efecto, se advierte que la voluntad del legislador no fue modificar la naturaleza
del vínculo de los docentes que con ocasión del proceso de descentralización fueron
incorporados en las plantas territoriales. Lo anterior se sustenta en el hecho de que
en las disposiciones que regularon el mencionado proceso, se mantuvo la distinción
entre docentes nacionales, nacionalizados y territoriales. En esa línea el Decreto
195 de 199556, en su artículo 2, reiteró dicha clasificación y definió a los docentes
nacionales y nacionalizados como «aquellos que han venido siendo financiados con
recursos de la Nación y que se financian con recursos del situado fiscal, a partir de la
entrada en vigor de la Ley 60 de 1993».

45. En ese sentido, resulta claro que la vinculación del demandante entre el 1° de
mayo de 1980 y el 31 de octubre de 2017 [fecha en la que aún se encontraba activo]
es de carácter nacional, sin que se haya demostrado a través de acto administrativo
de nombramiento o una certificación en forma inequívoca que la plaza en la que se
vinculó inicialmente era de aquellas previstas por el legislador como territorial, como
lo exigió la regla de unificación jurisprudencial fijada por la Sección Segunda del

56 «por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo

176 de la Ley 115 de 1994, relacionados con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»

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Radicado: 63001-23-33-000-2019-00157-01 (1996-2021)
Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

Consejo de Estado57.

46. Así las cosas, aunque el demandante alude a que fue incorporado a una planta
departamental y luego municipal, se mantuvo incólume la vinculación de naturaleza
nacional, configurada desde el primer momento en que fue nombrado y
posesionado, pues esta no mutó.

47. En línea con lo expuesto, las condiciones de vinculación docente del demandante
no cambiaron, aunque se presentaron diferentes situaciones administrativas
(incorporación). De manera que le asiste razón al tribunal de primera instancia al no
encontrarse acreditada la prestación del servicio docente durante 20 años con
vinculación de carácter territorial, municipal o distrital. Esto por cuanto solo el
periodo laborado entre el 27 de julio y el 27 de agosto de 1979 resulta válido para
el cómputo correspondiente al reconocimiento de la pensión gracia, al estar
vinculado como docente municipal. Sin embargo, no es suficiente para el
cumplimiento del requisito temporal exigido por la normativa.

48. Así las cosas, esta Sala concluye que si bien el demandante prestó sus servicios
como docente municipal con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, lo cierto es
que la vinculación comprendida desde el 1° de mayo de 1980 no es válida para
acceder al reconocimiento de la prestación por su carácter de nacional, en tanto es
incompatible con la naturaleza de la pensión gracia concebida exclusivamente para
los docentes territoriales y nacionalizados, en virtud de las condiciones salariales
desfavorables que aquellos enfrentaban para la época de la promulgación de las
leyes 114 de 1913 y 116 de 1928.

49. De lo anterior se colige que en virtud de la Ley 91 de 1989 los docentes que
prestaron su servicio en instituciones educativas del orden territorial o
nacionalizadas vinculados antes del 31 de diciembre de 1980 tendrían derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia, siempre que acreditaran todos los
requisitos previstos por el legislador; sin embargo, en el presente asunto no fue
cumplido el relacionado con el tiempo de servicios de 20 años en una plaza
territorial.

50. En consecuencia, para la Sala resulta evidente que la parte demandante no logró
desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre el acto administrativo
demandado, motivo por el cual, confirmará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, que negó las pretensiones de
la demanda.

57 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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Radicado: 63001-23-33-000-2019-00157-01 (1996-2021)
Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

2.5. Costas

51. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

52. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

53. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma58.

54. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

55. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá condenar en costas en esta instancia.

3. Conclusión

56. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que, pese a que Pablo Emilio
Díaz Molina cumplió la edad y ostentó una vinculación antes del 31 de diciembre de
1980 útil para el reconocimiento de la pensión gracia, no prestó su servicio por 20
años en virtud de vinculaciones del orden territorial o nacionalizado que lo hicieran
acreedor de esa prestación. En esas condiciones, se confirmará la sentencia

58En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 63001-23-33-000-2019-00157-01 (1996-2021)
Demandante: Pablo Emilio Díaz Molina

proferida el 16 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala
Tercera de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 16 de octubre de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Quindío, Sala Tercera de Decisión, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda presentada por Pablo Emilio Díaz Molina contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (Ugpp).

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.
05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024).

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MAG

24

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