República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2014-00820-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2014-00820-02 (0927-2025)
Demandante: Iván Augusto Gómez Celis
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Tema: bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998. Subtema 1:
bonificación de gestión judicial —Decreto 4040 de 2004—. Subtema 2: efectos de
la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces, el 21 de
febrero de 2025, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El accionante, quien ejerció como fiscal delegado ante tribunal, solicitó la nulidad
del acto administrativo expedido por la Fiscalía General de la Nación que le negó el
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación que iguale el 80 % de
lo devengado por los magistrados de alta corte. El juez de primera instancia accedió
a las pretensiones de la demanda. Se confirmará parcialmente la sentencia
impugnada, por cuanto a la parte actora le asiste el derecho al reconocimiento y
pago de las diferencias derivadas de la aplicación del Decreto 610 de 1998 y no del
Decreto 4040 de 2004, por ser este último menos favorable y haber sido anulado
con efectos ex tunc, lo que habilita la revisión de situaciones no consolidadas como
la suya. Se modificará la decisión en cuanto a los extremos temporales del
restablecimiento y se adicionará lo relativo a efectuar el pago de aportes a pensión.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Iván Augusto Gómez Celis, mediante apoderado judicial, presentó
Radicación: 68001-23-33-000-2014-00820-02 (0927-2025)
Demandante: Iván Augusto Gómez Celis
Demandado: Fiscalía General de la Nación
demanda, el 22 de septiembre de 20141, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de la Nación, con las
siguientes pretensiones:
2. Se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio
núm. DSAF-0120 del 27 de enero de 2014 y la Resolución núm. 2-0098 del 21 de
abril de 2014, que negaron el reajuste y pago de la diferencia causada por no
haberle reconocido la bonificación por compensación, en los términos del Decreto
610 de 1998, teniendo en cuenta «el porcentaje del 80 % de los ingresos que por
todo concepto perciben los magistrados del Consejo de Estado, de la Corte
Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la
Judicatura».
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad
a pagar las diferencias salariales y prestacionales que resulten de aplicar el Decreto
610 de 1998, es decir, entre el salario cancelado y el 80 % de lo que por todo
concepto devengue los magistrados de las altas cortes, desde el 1 de abril de 2008
al 14 de enero de 2014.
4. Adicionalmente, solicitó que los valores adeudados sean actualizados, y se
ordene dar cumplimiento a la decisión en los términos del artículo 192 del CPACA.
5. Que se condene en costas a la entidad demandada.
2.1.1. Hechos
6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
7. El señor Iván Augusto Gómez Celis prestó sus servicios en la Fiscalía
General de la Nación en el cargo de fiscal delegado ante Tribunal Superior de
Distrito Judicial para Justicia y Paz, desde el 1 de abril de 2008.
8. Indicó que, mediante el Decreto 610 de 1998 el Gobierno nacional, creó para
los magistrados de tribunal y cargos equivalentes una bonificación como incremento
progresivo de los ingresos laborales hasta alcanzar el 80 % de lo devengado por los
magistrados de las altas cortes; precisando que, si bien dicha disposición fue
derogada por el Decreto 2668 de 1998, este último fue anulado por el Consejo de
Estado en sentencia del 25 de septiembre de 2001.
9. Precisó que, mediante Decreto 4040 de 2004, el Gobierno Nacional creó la
denominada bonificación de gestión judicial equivalente al 70 % de los ingresos,
condicionando su reconocimiento a que los funcionarios desistieran de las acciones
judiciales que hubieren promovido en relación con dicha prestación. En ese marco,
1 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 22, actuación «Expediente Digital», documento
« 13ED_LINKDEACCESOALEXPEDI(.pdf) NroActua 52», archivo «003ActaReparto».
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Demandante: Iván Augusto Gómez Celis
Demandado: Fiscalía General de la Nación
el demandante, al igual que otros funcionarios, se acogió a dicho régimen,
cumpliendo los requisitos exigidos para acceder al beneficio.
10. No obstante, advirtió que el Consejo de Estado a través de sentencia del 14
de diciembre de 2011, declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, decisión que
produjo la pérdida de validez de los desistimientos efectuados y ratificó el derecho
de los funcionarios llamados a percibir el porcentaje del 80 % consagrado en el
Decreto 610 de 1998. Con ello, se consolidó la obligación de reconocer a la parte
actora las sumas correspondientes en igualdad de condiciones con los magistrados
de las altas cortes.
11. Pese a lo anterior, manifestó que desde el 1.º de abril de 2008 hasta el 14 de
enero de 2014, fecha de presentación de la petición, se le pagó, en aplicación del
Decreto 4040 de 2004, la bonificación por gestión judicial en un monto equivalente
al 70 % de lo devengado por los magistrados de las altas cortes, cuando lo
procedente era reconocerle el 80 %, conforme al Decreto 610 de 1998.
12. El 14 de enero de 2014, el demandante solicitó ante la Fiscalía General de la
Nación la reliquidación de su salario para que se ajustara al 80 % de lo devengado
por concepto del Decreto 610 de 1998. Dicha petición fue negada mediante Oficio
núm. DSAF-0120 del 27 de enero de 2014.
13. Frente a dicha negativa interpuso el recurso de apelación, que fue negado a
través de la Resolución núm. 2-0098 del 21 de abril de 2014.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
14. En la demanda se citan las siguientes normas como vulneradas:
• De la Constitución Política, los artículos 13, 25, 53 y 122.
• Ley 4 de 1992.
• Decreto 1950 de 1973
• El Decreto 610 de 1998.
• Decreto 1239 de 1998.
15. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que el
Decreto 610 de 1998 creó una bonificación por compensación para determinados
servidores de la Rama Judicial, entre ellos el fiscal delegado ante tribunal de distrito
judicial para justicia y paz, y fijaron su monto a fin de alcanzar el 80 % de lo
devengado por los magistrados de las altas cortes para el año 2001 y siguientes.
Sin embargo, indicó que mediante el Decreto 4040 de 2004 redujo ilegalmente ese
porcentaje al 70 % bajo la denominación de bonificación de gestión judicial.
16. Sostuvo que el Consejo de Estado anuló el Decreto 4040 de 2004 mediante
sentencia de 14 de diciembre de 2011, por contrariar principios constitucionales y
por ello recobraron plena vigencia los decretos 610 y 1239 de 1998. En
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consecuencia, al actor, quien se desempeñó como fiscal delegado para justicia y
paz, debía reconocérsele desde el 1 de abril de 2008 hasta el 14 de enero de 2014
la bonificación por compensación equivalente al 80 % de lo percibido por los
magistrados de las altas cortes, y no el 70 % que efectivamente se le ha pagado.
Por ello, reclamó el reajuste del 10 % faltante, con incidencia en las prestaciones.
17. Finalmente, el actor adujo que la negativa de la Fiscalía General de la Nación
vulneró los principios de progresividad, favorabilidad y remuneración mínima, vital y
móvil. Rechazó el argumento según el cual la nulidad del Decreto 4040 no generaba
efectos retroactivos, así como la tesis de incompatibilidad entre la bonificación por
gestión judicial y la bonificación por compensación, porque no se pretende el pago
concurrente de ambas, sino ajustar la primera al valor legalmente debido tras la
declaratoria de nulidad. También indicó que no respetaron sus derechos adquiridos
y que se invocaran razones presupuestales o administrativas para justificar el
desconocimiento del derecho reclamado.
2.2. Contestación de la demanda
18. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda,
al señalar que viene liquidando las bonificaciones establecidas por el Gobierno
nacional conforme con los decretos expedidos para cada vigencia fiscal y con lo
dispuesto en la Ley 4 de 1992.
19. Expuso que el Decreto 610 de 1998 creó la bonificación por compensación
en favor de determinados funcionarios, entre ellos, los fiscales delegados ante
tribunales, con el propósito de equiparar progresivamente sus ingresos a un
porcentaje de lo devengado por los magistrados de las altas cortes. Agregó que,
tras la expedición de varios decretos anuales de ajuste, el Gobierno nacional profirió
el Decreto 4040 de 2004, por medio del cual creó la bonificación de gestión judicial,
de pago mensual y que persigue alcanzar el 70 % de lo que devengaran
mensualmente los magistrados de las altas cortes. Señaló, además, que dicho
beneficio sustituyó en la práctica el esquema anterior y fue declarado expresamente
incompatible con la bonificación por compensación.
20. Sostuvo que, para la época reclamada por el demandante, no podía reconocer
simultáneamente ambas bonificaciones ni liquidar diferencias salariales con base
en el Decreto 610 de 1998, porque el régimen vigente era el de la bonificación de
gestión judicial establecido en el Decreto 4040 de 2004. Añadió que, aunque este
último fue anulado por el Consejo de Estado, esa nulidad no producía efectos
retroactivos frente a situaciones jurídicas consolidadas ni desvirtuaba los pagos
efectuados mientras el acto gozó de presunción de legalidad. En esa línea, afirmó
que solo a partir del Decreto 1102 de 2012 se reguló nuevamente la bonificación
por compensación para quienes venían percibiendo la bonificación de gestión
judicial, pero desde el 27 de enero de 2012 y sin que procediera extender sus
efectos hacia atrás para reliquidar salarios ya pagados.
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21. Argumentó que tampoco procedía acceder a las demás pretensiones
económicas, incluidas las relacionadas con las cesantías, porque la bonificación por
compensación no tenía naturaleza salarial para todos los efectos ni integraba
automáticamente los factores de liquidación prestacional. Propuso, además, la
excepción de «falta de integración del litisconsorcio necesario pasivo»2, al
considerar que la definición del régimen salarial y prestacional dependía del
Gobierno nacional y de otras entidades con competencia normativa, y no
exclusivamente de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, las que denominó
«cumplimiento de un deber legal» y «genérica»3.
2.3. Sentencia de primera instancia
22. El Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces, mediante
sentencia dictada el 21 de febrero de 20254, resolvió lo siguiente:
PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No.
DSAF-0120 del 27 enero de 2014 expedido por el Director Administrativo y Financiero
de la Fiscalía General de la Nación seccional Bucaramanga; así como de la
Resolución No. 2-0098 del 21 de abril de 2014 proferida por el Director Nacional
Administrativo y Financiero de la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con
las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: CONDÉNASE a título de restablecimiento del derecho a la NACION –
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN si aún no lo ha hecho, a reconocer y pagar a
favor de IVÁN AUGUSTO GÓMEZ CELIS la bonificación por compensación en los
términos del Decreto 610 de 1998, esto es, en cuantía que sumada a los demás
ingresos laborales, corresponda al 80% de los ingresos laborales que por todo
concepto percibe un magistrado de Alta Corte, desde el 01 de abril de 2008 hasta el
14 de enero de 2014.
En consecuencia, se CONDENA a la NACION – FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN a liquidar y pagar a favor de IVÁN AUGUSTO GÓMEZ CELIS las diferencias
que existan entre el valor resultante del reconocimiento hecho en esta sentencia y lo
efectivamente pagado.
TERCERO: DECLÁRARSE no probada la excepción de prescripción, de conformidad
con lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia.
CUARTO: CONDÉNASE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a
pagar de forma indexada las condenas dispuestas en esta sentencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 187 del CPACA y la fórmula señalada en la parte
motiva.
2 La aludida excepción fue resuelta en audiencia inicial del 11 de abril de 2019, la cual fue negada. Ver Samai,
expediente digital, gestión en otros despachos, índice 22, actuación «Expediente Digital», documento
«13ED_LINKDEACCESOALEXPEDI(.pdf) NroActua 52», archivo «025ActaAudienciaInicial».
3 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 22, actuación «Expediente Digital», documento
«13ED_LINKDEACCESOALEXPEDI(.pdf) NroActua 52», archivo «018EscritoContestacion».
4 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 57, actuación «Sentencia de Primera Instancia».
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QUINTO: ORDÉNASE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dar
cumplimiento a este fallo, en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.
SEXTO: SIN CONDENA en costas de conformidad con la parte motiva.
SÉPTIMO: ejecutoriada esta providencia archívese las diligencias previas las
anotaciones del caso en el sistema.
23. Como fundamento de la decisión el Tribunal expuso los siguientes
argumentos:
24. A partir de la fijación del litigio, el Tribunal planteó tres cuestiones centrales:
establecer si debían anularse el Oficio DSAF-0120 del 27 de enero de 2014 y la
Resolución 2-0098 del 21 de abril de 2014; definir si el demandante tenía derecho
al reconocimiento y pago de la bonificación por compensación prevista en el Decreto
610 de 1998, equivalente al 80 % de lo que por todo concepto devenga un
magistrado de alta corte, por el período comprendido entre el 1.º de abril de 2008 y
el 14 de enero de 2014; y, de ser procedente ese reconocimiento, determinar si
operaba la prescripción de los derechos reclamados.
25. Para resolver esos interrogantes, esa corporación reconstruyó el marco
normativo y jurisprudencial de la bonificación por compensación. Explicó que los
decretos 610 y 1239 de 1998 establecieron una nivelación gradual hasta alcanzar,
de manera permanente, el 80 % de los ingresos de los magistrados de altas cortes.
Señaló también que, aunque esas normas fueron derogadas por el Decreto 2668
de 1998, este último fue anulado por el Consejo de Estado, lo que produjo la
recuperación de vigencia de los aludidos decretos 610 y 1239, con efectos
retroactivos, bajo la ficción de que el decreto anulado nunca existió.
26. Precisó que el Decreto 4040 de 2004, que creó la bonificación por gestión
judicial con el porcentaje del 70 %, fue anulado por el Consejo de Estado por
introducir un régimen regresivo e inequitativo frente a funcionarios que se
encontraban en igual situación. Asimismo, destacó que los desistimientos y
transacciones exigidos para acceder a esa bonificación eran ineficaces, por recaer
sobre derechos laborales ciertos, irrenunciables e indisponibles. Con base en ello,
concluyó que el Decreto 4040 no podía producir efectos válidos para desmejorar el
derecho reconocido en el Decreto 610 de 1998.
27. Al descender al caso concreto, el Tribunal tuvo por acreditado que el señor
Iván Augusto Gómez Celis laboró como fiscal delegado ante un tribunal superior de
distrito judicial para justicia y paz entre el 1.º de abril de 2008 y el 14 de enero de
2014, y que durante ese lapso se le pagó el 70 % de lo devengado por los
magistrados de altas cortes, en aplicación del Decreto 4040 de 2004. A partir de
esos supuestos probados y del marco jurídico previamente expuesto, concluyó que
el actor sí era titular del derecho a la bonificación por compensación en los términos
del Decreto 610 de 1998, esto es, hasta completar el 80 % de los ingresos laborales
de referencia.
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28. En materia de prescripción, la sentencia acogió el criterio del Consejo de
Estado según el cual, tratándose de la bonificación por compensación, el término
trienal solo empieza a correr desde que el derecho se torna exigible, lo que situó en
la fecha de ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 4040 de 2004, esto es,
el 28 de enero de 2012. Como la reclamación administrativa fue presentada el 14
de enero de 2014, el Tribunal determinó que no habían transcurrido los tres años
exigidos por la ley y, por tanto, declaró no probada la excepción de prescripción.
29. Con fundamento en todo lo anterior, el Tribunal declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, condenó a
la Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar al demandante la bonificación
por compensación en los términos del Decreto 610 de 1998 entre el 1.º de abril de
2008 y el 14 de enero de 2014. En consecuencia, ordenó liquidar y pagar las
diferencias entre lo efectivamente cancelado y lo debido, con la correspondiente
indexación mes a mes hasta la ejecutoria de la sentencia, dispuso el cumplimiento
del fallo conforme al artículo 192 del CPACA y se abstuvo de imponer condena en
costas.
2.4. Recurso de apelación
30. La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, para lo cual sostuvo que el Tribunal no tuvo en
cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre los efectos de la declaratoria
de nulidad del Decreto 4040 de 2004, en relación con los servidores a los que se
les venía pagando la prestación reconocida en este decreto.
31. Indicó que el Tribunal erró al afirmar que la nulidad de un acto administrativo
produce efectos ex tunc, pues, tratándose de actos demandados mediante la acción
de simple nulidad —como ocurrió con el Decreto 4040 de 2004—, los efectos son
hacia el futuro (ex nunc), máxime cuando se trata de situaciones jurídicas no
consolidadas.
32. Concluyó que la norma aplicable al período reclamado por el demandante era
el Decreto 4040 de 2004, que fijaba la bonificación por gestión judicial en un valor
equivalente al 70 % de lo devengado por los magistrados de las altas cortes, que
es incompatible con la bonificación por compensación5.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
33. Asignado por reparto el proceso de la referencia, esta corporación dictó auto
el 8 de julio de 20256, en el que admitió el recurso de apelación de la demandada y
5 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 60, actuación «RECIBE MEMORIALES
ONLINE», documento «19_MemorialWeb_Recurso-APELACIONIVANAUGUS(.pdf) NroActua 60».
6 Samai, índice 6.
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prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo con el numeral
5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
34. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
35. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, que accedió a las pretensiones de la demanda,
corresponde a la Sala definir si:
36. ¿Es procedente el reconocimiento y pago de las diferencias por concepto de la
bonificación por compensación causadas con anterioridad a la sentencia del 14 de
diciembre de 20117, pese a que la parte demandada alegó que la nulidad del
Decreto 4040 de 2004 no produce efectos frente a situaciones jurídicas individuales
consolidadas y que los pagos efectuados se realizaron conforme a lo dispuesto en
dicho decreto mientras estuvo vigente?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Bonificación por compensación
37. La bonificación por compensación fue creada por el Gobierno nacional dentro
de una política de nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios
del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues esta había sido insuficiente y se requería
una nueva política salarial. Por ello, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos
de los magistrados8 de segundo nivel —y otros cargos equivalentes— tomando
como referencia cierto porcentaje de lo percibido por los magistrados de alta corte.
Esto se realizó a través de un mecanismo de anclaje, frente a lo devengado por todo
concepto, por los magistrados del primer nivel del artículo 15 de la citada Ley 4 de
1992. Dicho contexto fue explicado por la Corte Constitucional, en la sentencia C-
244 de 20139, en los siguientes términos:
En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política
salarial del sector justicia: mediante un Decreto reglamentario de la Ley 4a, el
7 Que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004.
8 Y autoridades equivalentes.
9 M.P. Diego López Medina. En esta providencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la sentencia
C-681 de 2003, que declaró inexequible la expresión "sin carácter salarial", contenida en el artículo 15 de la Ley
4a de 1992, pero sólo para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación.
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Decreto 610 de 1998, el Gobierno reaccionó a la protesta organizada de los jueces
para considerar que la prima especial concedida en 1992 al segundo nivel funcional
de funcionarios judiciales (definido en el artículo 14 y que sólo había sido del 30%
de sus ingresos salariales hasta ese entonces reconocidos) había sido insuficiente
y que se requería una nueva política salarial. Para responder a este reclamo, el
Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos de los magistrados de segundo nivel
como un cierto porcentaje del de los Magistrados de alta Corte (que, a su vez, habían
sido igualados a los de los Congresistas en el artículo 15 de la Ley 4a). Esta fijación
o anclaje entre niveles jerárquicos de la Rama Judicial ya había sido intentado, de
hecho, en Leyes de finales de los ochentas (Ley 10/1987 y Ley 63/88), que, sin
embargo, no habían sido debidamente ejecutadas. El nuevo Decreto 610/98
buscaba crear un mecanismo gradual de cumplimiento de tales esquemas de
anclaje para generar, ahora sí, una política de "nivelación salarial". Para el año de
1998, el segundo nivel de la jerarquía ganaba el 46% de los ingresos de los
magistrados del primer nivel. Según el Decreto, esto constituía una "desigualdad
económica entre los dos niveles" y, para superarla, propuso un sistema escalonado
de nivelación a tres años en el que en el primero recibirían el 60% de lo percibido,
por todo concepto, por los Magistrados del primer nivel del artículo 15; para el
segundo y tercer año tales porcentajes serían aumentados al 70 y luego al 80%.
Con ello se adoptaba un mecanismo de anclaje proporcional del salario idéntico al
que ya se había intentado en la Ley 4a entre funcionarios del primer nivel y los
propios congresistas. Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación salarial, la
"prima especial" de la Ley 4a pasó a denominarse "Bonificación por compensación"
y se aclaró en el artículo 1º del Decreto 610 que sólo constituía factor salarial para
las pensiones, tal y como ya se había afirmado en la Ley 332/96.
38.En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas
generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 1998 10, que creó la
bonificación por compensación, así:
ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a
la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al
sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional
y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá
factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes.
39.El reconocimiento de esta bonificación se extendió para los secretarios
generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte
Constitucional, y al secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a
10 Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros
funcionarios. Los Decretos 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo,
este último fue declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de
septiembre de 2001, ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, actor:
Pablo Julio Cáceres Corrales.
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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00820-02 (0927-2025)
Demandante: Iván Augusto Gómez Celis
Demandado: Fiscalía General de la Nación
través del Decreto 1239 de 199811 dictado por el presidente de la República.
40. En este orden de ideas, la bonificación por compensación tiene las
características que a continuación se enuncian:
a) Carácter permanente;
b) solo constituye factor salarial para efectos pensionales en los mismos
términos que la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes;
c) desde el Decreto 1102 de 2012 constituye base de cotización para los aportes
a salud;
d) los beneficiarios son los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los
magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados auxiliares del Consejo
de Estado; a los fiscales y jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los
fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante el Tribunal de Distrito, y
los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito; los secretarios
generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte
Constitucional, y al secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura;
e) se paga mensualmente;
f) con efectos fiscales desde el 1 de enero de 1999;
g) inicialmente correspondía al 60% de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los magistrados de alta corte (1999). Para la vigencia fiscal
siguiente aumentó al 70% (2000);
h) en la tercera vigencia fiscal aumentó al 80% (2001), de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte;
i) la bonificación «sumada a la prima especial de servicios y a los demás
ingresos laborales actuales» debe igualar el 80% de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados de alta corte.
41. Ahora bien, la sentencia del 18 de mayo de 201612, dictada por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda, consideró que la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 «tiene clara incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran
sujetos al Decreto 610 de 1998, pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º
11 Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, proceso con
radicado 25000-23-25-000-2010-00246-02(0845-15), actor: Jorge Luis Quiroz Alemán y otros.
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del Decreto 10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo
que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado” (subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y
siguientes, respectivamente».
42. A renglón seguido, señaló que las cesantías de los magistrados de alta corte
también son un emolumento que se incluye en «todo lo devengado», comoquiera
que «el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente
por los jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que
resultaría violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la
Constitución Política de Colombia el señalar que esta prestación social carece de
tal naturaleza únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la
bonificación por compensación de la que son acreedores los funcionarios
mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998».
43. En la misma línea, señaló que para calcular la diferencia entre lo devengado por
los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener en
cuenta las cesantías de los parlamentarios, «para, así, determinar el valor de la
prima especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de
alta corte]».
44. A modo de conclusión, cabe precisar entonces que el valor de la bonificación
por compensación «es el resultado de la diferencia entre lo proyectado como
ingresos anuales que “por todo concepto” reciban los magistrados de Alta Corte
y los ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás cargos equivalentes, para
fijar el ingreso laboral de éstos últimos en un 80% a partir del año 2001»13.
45. Con posterioridad, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, en la sentencia
del 2 de septiembre de 201914, reiteró que la bonificación por compensación hace
parte de un sistema de anclaje diseñado de forma escalonada, tal como lo explicó
la Corte Constitucional en la sentencia C-244 de 2013. La referida providencia
también señaló que, en virtud de Decreto 610 de 1998, los ingresos laborales de
sus destinatarios, a partir del año 2001, serían iguales al ochenta por ciento (80 %)
de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte.
Ciertamente, resaltó que «el 80% de la bonificación por compensación para los
magistrados y cargos homologados es un límite que no puede ser superado con el
reconocimiento de la prima especial de servicios y de ningún otro beneficio
económico laboral».
46. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, en
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 8 de octubre de 2024, proceso con
radicado 25000-23-42-000-2015-05188-02 (3217-2022), M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, proceso
con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18), actor: Joaquín Vega Pérez. Aclarada en auto del 7 de
octubre de 2019.
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consecuencia, cada año el Gobierno Nacional expidió los decretos para regular la
bonificación por compensación15. En efecto, el Gobierno nacional dictó los Decretos
664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001, 663 de 2002 y 3570 de
2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por
ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los
siguientes montos: $2.030.717 (1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001),
2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
47. Ahora bien, el Decreto 2668 de 1998 fue anulado por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001, expediente
395-99, con efectos «ex tunc». Por consiguiente, volvió a ser aplicable el Decreto
610 de 1998.
3.3.2. Bonificación de gestión judicial
48. El Decreto 4040 de 200416, en el artículo 1, creó la bonificación de gestión
judicial; determinó que era incompatible con la bonificación por compensación, y
que el valor correspondía a un porcentaje del 70% del valor integrado por la
asignación básica y los demás ingresos laborales de lo que por todo concepto
devengaran los magistrados de las altas cortes, cuyos destinatarios eran los
funcionarios de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de
Defensa.
49. La norma indicaba que la bonificación solo era factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y era parte integral
del ingreso base de liquidación debiendo cotizarse mensualmente sobre lo
devengado.
50. Los destinatarios eran los magistrados de Tribunal y Consejo
Seccional, magistrados auxiliares de las altas cortes, abogados asistentes y
abogados auxiliares del Consejo de Estado, fiscales delegados ante Tribunales de
Distrito, fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, directores ejecutivos
seccionales de Administración Judicial, y secretarios generales de la Corte Suprema
de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente, tenían derecho a ella quienes
ingresaron, con posterioridad a la publicación de este decreto, a la Procuraduría
General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera permanente como
agentes del Ministerio Público ante los magistrados de Tribunal a que se refiere el
presente artículo.
51. En el artículo 2 se indicó que los destinatarios «podrán optar al reconocimiento
y pago de la Bonificación de Gestión Judicial, […] siempre y cuando se encuentren
15 En efecto, el Gobierno nacional expidió los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de
2001, 663 de 2002 y 3570 de 2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales,
por ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos: $2.030.717
(1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
16 Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
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en una de las siguientes situaciones: a) Quienes han iniciado acciones judiciales
relacionadas con la Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones,
renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los
términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; b) Los que no han
efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para precaver
litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación».
52. Sin embargo, la Sección Segunda, Sala de Conjueces, en sentencia del 14 de
diciembre de 201117 declaró la nulidad del citado Decreto 4040 de 2004, en atención
a que para tener derecho a la bonificación de gestión judicial, los destinatarios
debían desistir de las demandas para obtener el pago de la bonificación por
compensación del Decreto 610 de 1998 o celebrar contratos de transacción. Se
estimó que el Decreto 4040 de 2004 otorgó validez a la transacción sobre el pago
de la bonificación por compensación del 80%, pese a que los derechos laborales no
pueden ser objeto de negociación por las partes, dada su naturaleza de derecho
adquirido y porque se violó el principio de progresividad. Insistió entonces en que
constitucionalmente está prohibido renunciar a los derechos adquiridos o transar
sobre derechos ciertos e indiscutibles.
53. La Sala de Conjueces precisó que, para una misma categoría de servidores
judiciales, con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y requisitos,
coexistían dos regímenes vigentes, el Decreto 610 de 1998 que fijaba la asignación
mensual en el 80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras
que el Decreto 4040 de 2004 la establecía en el 70%, con lo cual se materializó un
trato diferenciado injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.
54. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó los
derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles.
55. Luego de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el presidente de
la República dictó el Decreto 1102 de 201218, según el cual a partir del 27 de enero
de 2012, la bonificación por compensación que venían percibiendo los
beneficiarios19 equivaldría al 80% de lo que por todo concepto devengaran los
magistrados de alta corte, con la connotación de ser «factor salarial para efecto del
ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General
de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003».
56. El artículo segundo del referido Decreto 1102 de 2012 indicó «como
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05),
M.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
18 Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
19 Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior
Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de
Estado, Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia,
Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y
los funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación.
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consecuencia de la declaratoria de nulidad del decreto 4040 de 2004, los servidores
que venían percibiendo la Bonificación de Gestión Judicial percibirán, a partir de la
fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación en los
mismos términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el artículo 1°
del presente decreto».
3.3.3. Sobre la prescripción
57. La Sección Segunda analizó el tema de la prescripción de los derechos
laborales en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020 dictada por la
Sección Segunda20, en la cual se identificaron los elementos de la citada figura, así:
«i) […] se predica de manera general respecto aquellos de contenido patrimonial,
con excepción de aquellos en los que el legislador ha establecido que de acuerdo
con su naturaleza no pueden extinguirse, verbigracia, el derecho a la pensión, dado
que solo son objeto de ella, las mesadas pensionales no reclamadas
oportunamente; ii) la inactividad prolongada del titular, denota que no tiene interés
en el servicio o la prestación debida, salvo que sea forzada por encontrarse
imposibilitado para actuar; y iii) el transcurso del tiempo, que de manera concreta
será el plazo legal dentro del cual se debe exigir el cumplimiento de la obligación,
so pena de que se extinga».
58. En el citado fallo, la Sección Segunda explicó que el término de prescripción
empieza a correr desde cuando la obligación es exigible, y adujo que el efecto es la
«extinción de la pretensión y del derecho subjetivo mismo, que se producen en
razón de la sentencia judicial que acoge la correspondiente excepción propuesta
por el demandado o la declaratoria de oficio por el juez».
59. En el campo de lo contencioso-administrativo, la prescripción protege el
patrimonio público, el interés general, la seguridad jurídica, al impedir que se
reconozcan derechos reclamados de forma tardía. Así pues, el juez «como director
del proceso, [tiene la obligación] de analizar de manera oficiosa si en el asunto
sometido a su conocimiento ha operado o no este fenómeno extintivo, sin perjuicio,
claro está, de la no reformatio in pejus (art. 187 del CPACA). De manera que la
prescripción extintiva puede invocarse por vía de excepción o declararse de
oficio»21.
60. Ahora bien, cabe destacar que el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 regula
la prescripción al indicar que:
Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán
en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El
simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre
un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ-SII-022-2020, proceso con radicado 08001-23-33-
000-2013-00666-01 (0833-2016).
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de 2023,
proceso con radicado 080012333000201200200-02 (2459-2014).
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sólo por un lapso igual.
61. Este precepto fue reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, que en el artículo
102 señala:
Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y
en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado
oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
62. Sobre este aspecto, en el fallo del 15 de mayo de 2016, la Sala de Conjueces
analizó el estudio de la prescripción del derecho al pago de la bonificación por
compensación. Para el efecto, sostuvo que el derecho debe ser exigible, pero que
para los destinatarios «existía la disyuntiva», entre el Decreto 610 de 1998 y el
Decreto 4040 de 2004, de modo que «resultaba imposible referirse a la exigibilidad
del derecho». En este contexto, la providencia determinó que «solo puede hablarse
de exigibilidad de la bonificación por compensación, a partir de la fecha de ejecutoria
del fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012»,
cuando quedó ejecutoriada la sentencia del 14 de diciembre de 2011 22, que declaró
la nulidad del Decreto 4040 de 2004.
63. No obstante, en el fallo del 2 de septiembre de 201923, la Sala de Conjueces
abordó nuevamente el tema del derecho al pago de la bonificación por
compensación para lo cual precisó que la sentencia de 2016 «no fijó ninguna regla
respecto de la prescripción del derecho a percibir la bonificación por compensación
de que trata el Decreto 610 de 1998 antes de la expedición del Decreto 4040 de
2004», por ello, consideró que previo al Decreto 4040 de 2004 «el único régimen
vigente respecto de la bonificación por compensación era el Decreto 610 de 1998 y
el derecho era plenamente exigible».
64. Adujo que del «período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que
anuló el Decreto 2668 de 1998 [5 de octubre de 2001]24 y la fecha de expedición del
Decreto 4040 de 2004, procede decretar la prescripción. Durante este lapso no hubo
dualidad de normas y por lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2° del
Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de interrumpirla». En consecuencia, el
fallo estableció que por regla general operó la prescripción del derecho al pago de
la bonificación por compensación entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre
de 2004, salvo que la persona demuestre que reclamó antes de esta última fecha.
65. Nótese que el auto del 7 de octubre de 2019, que aclaró la providencia del 2 de
septiembre de 2019, expuso las siguientes consideraciones sobre la prescripción:
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05),
C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 395-99, C.P. Álvaro Lecompte Luna, sentencia
del 25 de septiembre de 2001.
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[…] no existe prescripción de la bonificación por compensación entre el 2 de
diciembre de 2004 y el 27 de enero de 2012 -vigencia del Decreto 4040 de 2004-
porque durante dicho periodo, como es ampliamente conocido, hubo coexistencia
de regímenes. Al salir de la vida jurídica, el 27 de enero de 2012 dicho decreto, los
destinatarios podían efectuar reclamaciones hasta el 27 de enero de 2015, sin que
los afectara la prescripción; por fuera de ese término hacia atrás, se cuenta la
prescripción desde el 3 de diciembre de 2004 -fecha de entrada en vigencia del D.
4040- hasta el 5 de octubre de 2001 -fecha en la que cobró ejecutoria la sentencia
que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998-, con la excepción de quienes
hayan interrumpido la prescripción por haber presentado reclamación durante el
tiempo que no hubo coexistencia de regímenes -5 de octubre de 2001 al 2 de
diciembre 2004.
66.En síntesis, acorde con las providencias previamente citadas de la Sala de
Conjueces, se extrae que:
a) Entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004 operó por regla
general la prescripción de la bonificación por compensación, si no se interpuso
reclamación;
b) entre el 3 de diciembre de 2004 (fecha de vigencia del Decreto 4040 de 2004)
y el 28 de enero de 2012 no operó la prescripción, pues el derecho no era
exigible dada la coexistencia de los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004,
c) a partir del 28 de enero de 2012, empezó a correr el término de prescripción
trienal sin excepciones.
67. Ahora bien, esta Subsección precisa que la prescripción se interrumpe con la
reclamación administrativa ante la administración, por el término de tres años. Esta
interrupción solo es efectiva si se acude a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo en el mismo plazo; sin perjuicio de los términos para interponer el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 164 CPACA).
3.4. Hechos probados relevantes
68. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:
69. Se allegó constancia de servicios prestados expedida el 15 de junio de 2017,
en la que consta que el señor Iván Augusto Gómez Celis presta sus servicios como
fiscal delegado ante tribunal de distrito desde el 1 de abril de 2008 hasta la fecha de
emisión de dicho documento. En esa certificación también consta que el último
cargo desempeñado fue el de fiscal delegado ante tribunal de distrito, código
396004, adscrito a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia
Transicional25.
25 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 22, actuación «Expediente Digital», documento
«13ED_LINKDEACCESOALEXPEDI(.pdf) NroActua 52», archivo «018EscritoContestacion», imagen 102.
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70. Obra certificado del 23 de mayo de 201926 expedido por el pagador tesorero de
la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación,
Seccional Santander, en el que hace constar que desde febrero de 2012 se le ha
pagado al señor Iván Augusto Gómez Celis la bonificación por compensación, así:
Que el funcionario IVÁN AUGUSTO GÓMEZ CELIS, con cédula de ciudadanía (…)
Fiscal delgado ante Tribunal del Distrito, se le canceló la bonificación por
compensación, desde febrero de 2012, a la fecha, así:
AÑO TOTAL
2012 $112.976.208
2013 $138.645.266
2014 $142.721.514
2015 $144.938.464
2016 $169.260.312
2017 $169.260.312
2018 $189.914.221
Enero – mayo 2019 $81.519.665
71. En escrito del 14 de enero de 201427, la parte actora solicitó a la Fiscalía General
de la Nación el reconocimiento de la bonificación por compensación, dado que,
desde el 1 de abril de 2008 hasta la fecha de presentación de dicho escrito,
desempeña el cargo de fiscal delegado ante tribunal. Pidió que se liquidara teniendo
en cuenta el 80% del valor de lo percibido por un magistrado de alta corte.
72. A través del Oficio núm. DSAF-0120 del 27 de enero de 201428, el director
seccional administrativo y financiero de la Fiscalía General de la Nación indicó que
«en el caso del peticionario doctor GOMEZ CELIS, la administración dio aplicación
estricta a lo establecido en el Decreto 4040 de 2004, cumpliéndose con el pago de
los valores indicados por el Gobierno Nacional por concepto de Bonificación por
Gestión Judicial de acuerdo con el decreto en referencia, el cual establece que la
Bonificación por Gestión Judicial es incompatible con el pago de la Bonificación por
Compensación, acorde con el parágrafo del artículo 1 del Decreto 4040 de 2004,
norma posterior que prevalece en virtud del principio de temporalidad».
73. En contra de la decisión anterior, se interpuso recurso de apelación 29, el cual
fue resuelto en la Resolución núm. 2-0098 del 21 de abril de 201430, a través de la
26 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 22, actuación «Expediente Digital», documento
«13ED_LINKDEACCESOALEXPEDI(.pdf) NroActua 52», archivo «030Poder», imagen 5.
27 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 22, actuación «Expediente Digital», documento
«13ED_LINKDEACCESOALEXPEDI(.pdf) NroActua 52», archivo «002Demanda», imagen 3.
28 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 22, actuación «Expediente Digital», documento
«13ED_LINKDEACCESOALEXPEDI(.pdf) NroActua 52», archivo «002Demanda», imagen 8.
29 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 22, actuación «Expediente Digital», documento
«13ED_LINKDEACCESOALEXPEDI(.pdf) NroActua 52», archivo «002Demanda», imagen 11.
30 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 22, actuación «Expediente Digital», documento
«13ED_LINKDEACCESOALEXPEDI(.pdf) NroActua 52», archivo «002Demanda», imagen 17.
17
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cual se confirmó en todas sus partes el Oficio núm. DSAF-0120 del 27 de enero de
2014.
3.5. Caso concreto
74. En el asunto bajo análisis, el accionante solicitó el reconocimiento y pago de la
bonificación por compensación que igualara el 80 % de lo devengado por los
magistrados de alta corte. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda y
ordenó pagar «las diferencias salariales existentes entre el 70 % y el 80 % de lo que
fue cancelado como fiscal delegado ante Tribunal de Distrito, desde 1 de abril de
2008 hasta el 14 de enero de 2014, teniendo en cuenta el 80 % de los ingresos
laborales que por todo concepto perciben los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la
Judicatura».
75. Inconforme con esta decisión, la Fiscalía interpuso recurso de apelación con
fundamento en que la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004 no conlleva
para la entidad la obligación de modificar las situaciones particulares consolidadas
durante su vigencia, al considerar que los efectos de la sentencia que declaró la
nulidad del mencionado decreto son hacia futuro.
76. Con el propósito de resolver el recurso de apelación, se destaca que en el
proceso se acreditó que el señor Iván Augusto Gómez Celis se desempeña como
fiscal delegado ante tribunal de distrito desde el 1 de abril de 2008 hasta el 23 de
mayo de 2019 [fecha de la última certificación de servicios expedida]; devengó la
bonificación por compensación desde el mes de febrero de 2012; el 14 de enero de
2014 presentó la reclamación administrativa, para obtener el reconocimiento de la
anterior acreencia en el porcentaje en los términos del Decreto 610 de 1998; petición
que fue negada por la entidad en los actos demandados, previamente
referenciados.
77. En este orden de ideas, en primera medida la Subsección precisa que el
demandante, quien ejerció el cargo de fiscal delegado ante tribunal es beneficiario
de la bonificación por compensación, acorde con el Decreto 610 de 1998. Asimismo,
se destaca que percibió la bonificación de gestión judicial del Decreto 4040 de 2004
(hecho que no es discutido por las partes), y que la entidad considera que no
procede el pago de la diferencia del 10 %. Esto, al estimar que la declaratoria de
nulidad del Decreto 4040 de 2004 no implica el desconocimiento de situaciones
jurídicas consolidadas, pues durante su vigencia los pagos realizados se fundaron
en la normativa vigente.
78. En cuanto a la bonificación por compensación se destaca que debe atender lo
dispuesto en el Decreto 610 de 1998, el cual indica que «sumada a la prima especial
de servicios» debe igualar el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura.
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79. Frente al planteamiento principal expuesto en el recurso de apelación, la Sala
debe reiterar que por regla general la sentencia que declara la nulidad de un acto
administrativo tiene efectos ex tunc, es decir, desde su expedición. En este sentido,
la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que la declaratoria de nulidad
conlleva una consecuencia restitutoria, por la cual, las partes tienen derecho «para
ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o
contrato nulo», como lo señala el artículo 1746 del Código Civil, por ello, el acto
ilegal es retirado del ordenamiento jurídico y las situaciones particulares deberían
retrotraerse31.
80. Sobre el particular, resultan ilustrativas las siguientes consideraciones de la
providencia del 13 de agosto de 202132 de esta corporación:
44. Respecto de las sentencias que declaran la nulidad de un acto administrativo de
carácter general, demandado a través del medio de control previsto en el artículo 137
del Código [de] Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), el artículo 189 ibidem no señala ningún efecto en el tiempo que deba
dársele a esa decisión; tema que ha sido abordado por la jurisprudencia de esta
Corporación, a partir de las diferencias que existen entre declaración de nulidad y de
inexequibilidad33.
45. Concretamente, la declaración de nulidad conlleva una consecuencia restitutoria,
como lo señala el artículo 1746 del Código Civil:
La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las
partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no
hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto
o causa ilícita.
46. Esta consecuencia resarcitoria implica, en materia contenciosa administrativa,
que los efectos de los fallos que declaran la nulidad sean hacía el pasado, esto es ex
tunc34, ya que no basta que el acto ilegal sea retirado del ordenamiento jurídico a
partir de la decisión judicial, sino que es necesario que las situaciones particulares
que surgieron en su vigencia queden como estaban ab initio, ya que no de otra
manera podrían restituirse las cosas a su estado anterior.
47. Sin embargo, estos efectos ex tunc solo pueden predicarse de situaciones
jurídicas particulares que no están consolidadas, es decir, de aquellas que surgieron
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Segunda Especial de Decisión,
sentencia del 5 de mayo de 2020, proceso con radicado 08001-33-31-006-2007-00010-01(AP)REV. En el
mismo sentido, ver fallo del 13 de agosto de 2021, Sala Novena Especial de Decisión, proceso con radicado
66001-33-33-001-2012-00141-01 (AG) REV.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión,
sentencia del 13 de agosto de 2021, rad. núm. 66001-33-33-001-2012-00141-01 (AG) REV, M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
33 De interés resulta el auto de 10 de mayo de 1974, en el que la Sección Primera de esta Corporación explica
que, la primera figura, «parte del supuesto de que la norma viciada no ha tenido existencia jamás, por lo cual
todo debe ser retrotraído al estado anterior a su vigencia» y, la segunda, «no desconoce a realidad de la vigencia
anterior de la norma inexequible», lo que conlleva a que no se desconozcan las situaciones jurídicas
constituidas.
34 «desde el origen» o «desde siempre».
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en virtud del acto declarado nulo, pero que aún no se han definido, porque se
encuentran cuestionadas en sede administrativa o judicial.
48. No ocurre lo mismo respecto de las situaciones consolidadas que ya no son
susceptibles de ser discutidas en vía administrativa y/o judicial, por cuanto los
fallos de nulidad no las pueden afectar, porque sus efectos son ex nunc35.
49. Respecto de lo anterior, la Sala Especial de Decisión No. 4, en sentencia de 4 de
diciembre de 2018, puntualizó
En esas condiciones, se considera que la unificación más adecuada, de cara a lo
expuesto, es indicar que ambas tesis son complementarias, como lo ha esbozado
la Sección Cuarta desde la siguiente consideración: "El fallo de nulidad de un acto
de carácter general no afecta situaciones consolidadas, esto quiere decir, que sus
efectos ex nunc, pero sí afecta las no consolidadas, lo que significa que en este
caso sus efectos son ex tunc, por ello la sentencia de nulidad en relación con estos
últimos actos produce efectos retroactivos".
El alcance de dicho predicado jurisprudencial no es otro que los efectos de un fallo
de nulidad del acto general son ex nunc, respecto de las situaciones jurídicas
consolidadas debido a su connotación de certeza, firmeza y de imposibilidad de
ser discutidas. En contraste, las situaciones jurídicas no consolidadas, esto es,
aquellas que se debaten ante las autoridades administrativas o ante la autoridad
jurisdiccional, que son sub júdice y, por ende, pasibles de ser judicializadas,
debatidas, analizadas y decididas, el efecto de la nulidad es inmediato, lo que
quiere decir que para el momento en que se define la situación particular debe
tenerse en cuenta que el juez ya no puede aplicar la norma o el acto administrativo
anulado dada su inexistencia derivada de la declaratoria de nulidad con efectos ab
initio.
81. Por esto, la Sala debe advertir que, la nulidad de actos administrativos de
carácter general tiene efectos retroactivos desde su expedición. Sin embargo, la
jurisprudencia precisa que las situaciones jurídicas consolidadas debían
mantenerse por seguridad jurídica, y solo podían afectarse aquellas no definidas,
entendidas como las que no se habían consolidado o estaban en controversia
administrativa o judicial, como ocurre en el caso de autos frente a las acreencias
reclamadas por el señor Iván Augusto Gómez Celis, en consideración al debate que
se ha desarrollado durante su relación laboral sobre la forma de liquidar y pagar la
bonificación por compensación y su incidencia en otras prestaciones.
82. Por ello, respecto de la situación del peticionario, la declaratoria de nulidad del
Decreto 4040 de 2004 en el que la demandada justifica la forma de cancelar sus
acreencias laborales, sí tiene efectos en cuanto al debate existente; constituye una
razón válida y significativa para ilustrar el desconocimiento de las normas superiores
y reclamar el restablecimiento respectivo dentro de los límites establecidos por el
ordenamiento jurídico, por ejemplo, la configuración de la prescripción.
35 «en adelante» o «desde ahora».
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83. En ese orden de ideas, en primer lugar, se concluye que la sentencia que
declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 expedido por el Gobierno nacional
produjo efectos ex tunc, lo que habilita la revisión de aquellas situaciones jurídicas
que no se encontraban consolidadas, como ocurre en el caso de la parte
demandante.
84. La Sala estima pertinente precisar que la sentencia de primera instancia ordenó
el pago de la diferencia entre lo efectivamente percibido y lo que debió reconocerse
por concepto de salarios y prestaciones derivados de la bonificación por
compensación. Ello significa que no dispuso un reconocimiento adicional a la
bonificación prevista en el Decreto 610 de 1998. En consecuencia, no es de recibo
invocar la coexistencia de regímenes como fundamento para negar el
restablecimiento del derecho respecto de las diferencias reclamadas y reconocidas,
dentro de los límites previstos en el ordenamiento jurídico aplicable, máxime si se
consideran los efectos jurídicos ya precisados de la sentencia que declaró la nulidad
del Decreto 4040 de 2004, ya que se reitera, lo reconocido en la presente decisión
son las diferencias entre lo percibido y lo que debió devengar por concepto de la
referida bonificación.
85. En el caso bajo estudio, el demandante tiene derecho al reconocimiento de la
diferencia derivada de la aplicación del Decreto 610 de 1998 y no del Decreto 4040
de 2004, por resultar este último menos favorable y contrario al principio de
igualdad, razón por la cual fue declarado nulo; aspecto que será precisado en la
resolutiva. En consecuencia, debe recordarse que la parte actora al ser beneficiario
del régimen previsto en el Decreto 610 de 1998, la liquidación de la bonificación por
compensación debe ajustarse a los parámetros allí señalados.
86. También se adicionará la decisión apelada, en el sentido de aclarar que lo
reconocido con ocasión del proceso de la referencia, será procedente siempre y
cuando la suma a pagar por concepto de la reliquidación ordenada no se haya
sufragado por la entidad accionada previamente. Por lo que concierne a esta hacer
la verificación correspondiente. Lo anterior, debido a que, según el certificado
expedido el 23 de mayo de 201936 por el pagador tesorero de la Subdirección
Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación, al demandante
se le viene pagando la bonificación por compensación desde febrero de 2012. Por
lo tanto, al momento de dar cumplimiento de la presente decisión, deberá constatar
que corresponda a los parámetros ordenados en esta sentencia.
3.6. Consideraciones adicionales
87. Finalmente, al ser el derecho a la seguridad social irrenunciable37 e
36 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 22, actuación «Expediente Digital», documento
«13ED_LINKDEACCESOALEXPEDI(.pdf) NroActua 52», archivo «030Poder», imagen 5.
37 Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los
principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales».
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imprescriptible38 , se adicionará la sentencia para disponer que la entidad reliquide
y pague los aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
en favor del demandante por las diferencias dejadas de pagar por la bonificación
por compensación desde el 1 de abril de 2008 hasta el 14 de enero de 2014 los
aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, por las
diferencias dejadas de pagar por la bonificación por compensación durante la
dualidad normativa de los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004, siempre y cuando
las sumas a pagar, que fueron reconocidas, no se hayan cancelado por la entidad
previamente, para ello ténganse en cuenta la entrada en vigor el Decreto 1102 de
2012.
3.7. Conclusión de la decisión
88. Frente al problema jurídico, se concluye que el señor Iván Augusto Gómez
Celis, en su calidad de fiscal delegado ante tribunal, tiene derecho al reconocimiento
de la diferencia derivada de la aplicación del Decreto 610 de 1998 y no del Decreto
4040 de 2004, por ser este último menos favorable y haber sido anulado con
efectos ex tunc, lo que habilita la revisión de situaciones no consolidadas como la
suya.
89. Así las cosas, se confirmará parcialmente la decisión de primera instancia. Lo
anterior, se adicionará la orden consistente en que lo reconocido con ocasión del
presente proceso solo será procedente en la medida en que las sumas
correspondientes no hayan sido previamente pagadas por la entidad, verificación
que le corresponderá efectuar, y se ordenará el pago de los aportes al sistema
pensional.
4. Costas
90. En lo atinente a las costas, la presente providencia acoge el criterio de
interpretación mayoritario39 de la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-
00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente
a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
39 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del
artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto está en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito
del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el
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de 2011, por razones de seguridad jurídica e igualdad, consistente en que para
decretar la condena debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe.
91. Por lo tanto, no hay lugar en esta instancia a imponer dicha condena, en
atención a que no se advierte que la entidad demandada haya incurrido en las
anteriores conductas.
4. Otras decisiones.
92. La Sala advierte que, mediante auto del 8 de julio de 2025, por el cual se admitió
el recurso de apelación, también se aceptó la renuncia del doctor Héctor Alfonso
Carvajal Londoño como apoderado de la parte demandante. En consecuencia, en
el ordinal sexto de dicha providencia se requirió al señor Iván Augusto Gómez Celis
para que designara nuevo apoderado.
93. Luego, mediante memorial allegado el 22 de julio de 2025, el abogado Juan
Camilo Sánchez Carvajal aportó poder con el fin de representar los intereses de los
señores Jaime Andrés Ramírez Pascuas y Juan David Gómez Díaz, quienes
manifestaron actuar en calidad de herederos del causante Iván Augusto Gómez
Celis. Sin embargo, junto con dicho escrito no se allegó el registro civil de defunción
que acreditara el fallecimiento del demandante, ni los documentos para demostrar
la calidad en la que comparecen. En consecuencia, por auto del 6 de abril de 2026,
se les requirió para que allegaran la documental pertinente.
94. Como consecuencia de lo anterior, a través de memorial del 22 de abril de
202640 , el profesional del derecho aportó varios documentos, como el registro civil
de defunción del señor Iván Augusto Gómez Celis y la escritura 0762 del 20 de
febrero de 2026, que registra el acto de «liquidación de sociedad patrimonial y
sucesión intestada», en los que actúan los señores Jaime Andrés Ramírez Pascuas,
en calidad de compañero permanente del causante —según escritura pública 3641
de 2021— y Juan David Gómez Díaz como hijo del fallecido señor Gómez Celis.
95. En estos términos, se tiene que la sucesión procesal tiene como finalidad
permitir la continuidad del proceso judicial cuando una de las partes iniciales
(demandante o demandado) sufre un cambio en su calidad jurídica o en su
existencia41. Es importante precisar que no es una forma de intervención de
juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas,
sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo
sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
14).
40 Samai, expediente digital, índice 18, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE».
41 Tal como lo ha expuesto la Sección Tercera de esta corporación, la sucesión procesal tiene su fundamento
en los principios de economía y celeridad que rigen la actuación procesal, pues busca evitar el inicio de un
nuevo proceso. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 28 de junio de 2019, exp. 05001-23-31-000-2006-03163-01(45559), M.P. Jaime Enrique
Rodríguez Navas.
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terceros42, pues no altera la relación jurídico-sustancial debatida en el proceso43. En
consecuencia, el sucesor adquiere el derecho litigioso y pasa a ser el nuevo
legitimado para obtener una sentencia de mérito, pues asume la misma posición
procesal de su antecesor44, sin que ello genere la suspensión o interrupción del
proceso45.
96. Tal como lo ha advertido esta Sección en ocasiones anteriores46, la Ley 1437
de 2011 guardó silencio sobre la figura de la sucesión procesal. Por tal razón, en
virtud de la remisión normativa del artículo 306 de la norma aludida47, debe acudirse
al artículo 68 de la Ley 1564 de 201248. Si se observa con detenimiento la
disposición jurídica aludida, se pueden identificar los siguientes tipos de sucesión
procesal49: a) por muerte, ausencia o interdicción; b) de la persona jurídica extinta
o fusionada; y c) por el cesionario derivado de acto entre vivos (venta, donación,
permuta, dación de pago, entre otros)50.
97. En el presente caso, se observa que el apoderado Juan Camilo Sánchez
Carvajal informó del fallecimiento del señor Iván Augusto Gómez Celis, por lo que
los señores Jaime Andrés Ramírez Pascuas y Juan David Gómez Díaz,
concurrieron el presente proceso como herederos. Por lo anterior, se procede a
pronunciarse sobre este particular.
98. Al respecto, cabe precisar que, como sustento de su solicitud, se aportaron los
siguientes documentos: a) registro civil de defunción del señor Iván Augusto Gómez
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de noviembre
de 2001, exp. 73001-23-31-000-1994-05016-01(13644), M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto del 10 de
octubre de 2016, exp. 52001-23-31-000-2011-00462-01(57308), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 26 de
febrero de 2024, exp. 63001-23-33-000-2019-00157-01 (1996-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto del 12 de
mayo de 2021, exp. 41001-23-31-000-2011-00479-01(59263), M.P. Nicolás Yepes Corrales.
46 Op. cit. Radicado 63001-23-33-000-2019-00157-01 (1996-2021).
47 El mencionado artículo establece que «[e]n los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el
Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
48 «Artículo 68. Sucesión procesal. Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso
continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador […]
Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como
parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo
caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran […] El adquirente a cualquier título
de la cosa o del derecho litigioso podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo
en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente […] Las controversias que se susciten
con ocasión del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 1971 del Código Civil se decidirán como
incidente».
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, auto del 4 de
agosto de 2020, exp. 20001-23-31-000-2009-00068-01(45405), M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
50 Sobre este último tipo de sucesión procesal, la jurisprudencia ha sostenido «para que la cesión de derechos
litigiosos produzca efectos jurídicos procesales, resulta necesario que el cesionario comparezca ante el juez de
la causa con el fin de que reconozca dicho negocio jurídico y dé traslado del mismo a la parte cedida». Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 15 de julio de 2024,
exp. 68001-23-33-000-2018-00574-01(68224), M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Celis 51; b) escritura 0762, que registra el acto de liquidación de sociedad patrimonial
y sucesión intestada; y c) copia de las cédulas de ciudadanía.
99. Teniendo en cuenta lo anterior, el despacho tiene por acreditado el fallecimiento
del demandado, conforme al registro civil de defunción con el indicativo serial
11277241, en el que consta su muerte el 10 de enero de 2025. También se constata
que los señores Jaime Andrés Ramírez Pascuas y Juan David Gómez Díaz
concurren en calidad de compañero permanente e hijo del causante,
respectivamente, de acuerdo con lo registrado en la escritura 0762, aportada al
proceso.
100.En virtud de lo anterior, se reconocerá a los aludidos ciudadanos la calidad de
sucesores procesales del demandante, sin perjuicio de los derechos de otros
herederos que pudieren concurrir al proceso. En consecuencia, la orden de
restablecimiento, atinente al reconocimiento y pago de las diferencias reclamadas
por concepto de bonificación por compensación, se impartirá en favor de la masa
sucesoral del señor Iván Augusto Gómez Celis.
En consonancia con lo anterior, también se reconocerá personería al doctor
101.
Juan Camilo Sánchez Carvajal para actuar como apoderado de aquellos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Santander, Sala de Conjueces, del 21 de febrero de 2025, que accedió a las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Segundo. Modificar y adicionar el ordinal segundo de la parte resolutiva de la
anterior sentencia, el cual quedará así:
SEGUNDO: CONDÉNASE a título de restablecimiento del derecho a la NACIÓN –
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN si aún no lo ha hecho, a reconocer y pagar a
favor de la masa sucesoral del señor IVÁN AUGUSTO GÓMEZ CELIS la diferencia
entre lo percibido y lo que debió devengar por concepto de bonificación por
compensación en los términos del Decreto 610 de 1998, esto es, en cuantía que
sumada a los demás ingresos laborales, corresponda al 80% de los ingresos laborales
que por todo concepto percibe un magistrado de Alta Corte, desde el 01 de abril de
2008 hasta el 14 de enero de 2014.
En consecuencia, se CONDENA a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN a liquidar y pagar a favor de IVÁN AUGUSTO GÓMEZ CELIS las diferencias
51 Samai, expediente digital, índice 18, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«17_MemorialWeb_Constanciaenviomemorial-REQUERIMIENTOPREVIO(.pdf) NroActua 18», imagen 3.
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que existan entre el valor resultante del reconocimiento hecho en esta sentencia y lo
efectivamente pagado.
La entidad deberá reliquidar y pagar los aportes hechos al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones en favor del causante con ocasión de las
diferencias surgidas a causa del reajuste ordenado a título de bonificación por
compensación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
decisión.
Lo reconocido con ocasión del proceso en referencia, será procedente siempre
y cuando las sumas a pagar, que fueron reconocidas en esta providencia, no se
hayan cancelado por la entidad previamente, por lo que corresponde a esta
hacer la verificación correspondiente.
Tercero. No condenar en costas en segunda instancia.
Cuarto. Reconocer a los señores Jaime Andrés Ramírez Pascuas y Juan David
Gómez Díaz como sucesores procesales del señor Iván Augusto Gómez Celis,
conforme a lo dispuesto en la parte considerativa de esta providencia.
Quinto. Reconocer personería al doctor Juan Camilo Sánchez Carvajal como
apoderado judicial de los señores Jaime Andrés Ramírez Pascuas y Juan David
Gómez Díaz, en los términos y para los fines del mandato conferido.
Sexto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme con lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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