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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2021-00140-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2021-00140-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Tercera de Decisión –, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO (con aclaración de voto) (con aclaración de voto) Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. 28

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-23-33-000-2021-00140-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Nueve (9) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 63001-23-33-000-2021-00140-01 (0715-2025)1
Demandante : Ramsés Alvarán Hidalgo
Demandado : Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Acción : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Relaciones laborales encubiertas
(Prohibición constitucional de recibir doble asignación
del tesoro público)
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia de veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025), proferida por
el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Tercera de Decisión –, que negó las
pretensiones de la demanda sin condenar en costas.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda2

1.1.1 Pretensiones

1. El señor Ramsés Alvarán Hidalgo, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de obtener la nulidad del oficio 2021192001689811 MDNCGFM-
COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DTCRE-CENACARM-29 del 13 de agosto de

1
Expediente digital.
2
Samai del tribunal de origen, índice 00018

Número Interno: 0715-2025
Demandante: Ramsés Alvarán Hidalgo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

2021, mediante el cual, se negó la existencia de una relación laboral reglamentaria
y el reconocimiento y pago de prestaciones sociales a favor del demandante

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió (i) el reconocimiento y pago de los
factores salariales, prestaciones y demás conceptos laborales causados entre el 8
de febrero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, con base en la asignación mensual
pactada en los contratos de prestación de servicios; (ii) reconocer las sanciones
derivadas de la falta de consignación de cesantías, el no pago de sus intereses y
se devuelvan las sumas ilegalmente descontadas o retenidas; (iii) Que se compute
el tiempo laborado en dicho período para efectos pensionales y se ordene el pago
de las cotizaciones dejadas de efectuar al fondo de pensiones, en la proporción
legal a cargo de la entidad; (iv) reconocimiento y pago de los intereses moratorios
sobre las sumas adeudadas desde el 1.º de enero de 2019 hasta su pago efectivo
o, subsidiariamente, se ordene su indexación; (v) el cumplimiento de la sentencia
dentro del término previsto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y, (vi) se
condene en costas.

1.1.2 Hechos

3. El señor Ramsés Alvarán Hidalgo prestó sus servicios personales como médico
general en el Dispensario Médico del Batallón de ASPC No. 8 “Cacique Calarcá”
ESM 3026, ubicado en Armenia y adscrito a la entidad demandada. La prestación
del servicio se desarrolló entre el 8 de febrero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018,
mediante sucesivos contratos de prestación de servicios profesionales.

4. El dispensario médico en el que laboró el demandante es un establecimiento de
sanidad militar encargado de prestar servicios de salud a usuarios y beneficiarios
de las Fuerzas Militares.

5. Aunque la vinculación formal del actor se efectuó mediante contratos de
prestación de servicios, las funciones desempeñadas correspondían a actividades
misionales, permanentes y necesarias del servicio médico asistencial de la entidad,
ejecutando sus labores de manera personal, continua y bajo la coordinación,
dirección y organización funcional de la entidad demandada.

6. La modalidad contractual empleada habría encubierto una verdadera relación

2

Número Interno: 0715-2025
Demandante: Ramsés Alvarán Hidalgo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

laboral, al concurrir los elementos de prestación personal del servicio, remuneración
y subordinación. Por lo anterior, el actor solicita que se reconozca la existencia de
la relación laboral encubierta durante el período señalado, con los efectos salariales,
prestacionales y de seguridad social correspondientes.

7. El 26 de julio de 2021, el señor Ramsés Alvarán Hidalgo presentó derecho de
petición ante la entidad demandada, solicitando el reconocimiento de la relación
laboral reglamentaria, así como el pago de las prestaciones, indemnizaciones y
demás acreencias laborales derivadas de los servicios prestados.

8. Mediante Oficio No. 2021192001689811 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-
COADE-DICRE-CENACARM-29 del 13 de agosto de 2021, la entidad negó lo
solicitado, al considerar que la vinculación del actor se dio mediante contratos de
prestación de servicios, los cuales no generan relación laboral.

9. La negativa administrativa desconoció la existencia de la relación laboral alegada
y el reconocimiento de los derechos laborales reclamados, lo que dio lugar al
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación

10. Se invocan en la demanda como normas violadas las siguientes disposiciones:
Artículos 32 de la Ley 80 de 1993; 38, 39, 43, 47, 48, 96 y 97 del Decreto 1214 de
1990; 8, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 38, 53, 54, 55, 56, 66, 67, 68 y 69 del
Decreto 2701 de 1988; 1, 2, 6, 13 y 53 de la Constitución Política; artículo 79 de la
Ley 50 de 1990; artículo 63 de la Ley 1429 de 2010; Inciso 2° del numeral 2º del
artículo 161 del CPACA; el Decreto 1214 de 1990; Decreto 1042 de 1978; Decreto
2701 de l988; Decreto 1795 de 2000 y el Decreto 3074 de 2008.

11. Adujo el libelista, que la entidad demandada desnaturalizó los contratos de
prestación de servicios al utilizarlos de manera sucesiva para encubrir una
verdadera relación laboral. En ese sentido indica que, en la relación material
concurrieron los elementos esenciales del vínculo laboral: prestación personal del
servicio, remuneración y subordinación.

12. Las funciones ejercidas por el actor como médico general eran misionales,

3

Número Interno: 0715-2025
Demandante: Ramsés Alvarán Hidalgo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

permanentes y necesarias para la prestación del servicio de sanidad militar, por lo
que no podían contratarse de forma continua mediante prestación de servicios, de
esa manera, debe prevalecer el principio de primacía de la realidad sobre las
formas, pues las condiciones reales de ejecución demostraron una relación laboral
encubierta, pese a la denominación contractual adoptada por la entidad.

13. La actuación administrativa vulneró el derecho fundamental al trabajo y
desconoció las garantías salariales, prestacionales, indemnizatorias y de seguridad
social del demandante, incurriendo la entidad en uso indebido de modalidades
contractuales que afectan derechos laborales, en contravía de la Ley 1429 de 2010
y el Decreto 2025 de 2011.

14. En consecuencia, procede declarar la existencia del contrato realidad y
reconocer al actor las acreencias salariales, prestacionales, indemnizatorias,
pensionales y de seguridad social derivadas del vínculo laboral realmente existente.

1.2 Contestación de la demanda3

15. Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, tras oponerse a las
pretensiones de la demanda, expuso que, entre las partes no existió relación laboral,
sino vínculos derivados de contratos de prestación de servicios.

16. No se acreditó la calidad de empleado público del demandante, pues para ello
se requiere la existencia de un empleo creado en la planta, con funciones definidas,
disponibilidad presupuestal, nombramiento y posesión, conforme al artículo 122 de
la Constitución Política y al Decreto 1792 de 2000.

17. Afirmó que no se configuró subordinación ni dependencia laboral. Explicó que
la coordinación, el cumplimiento de políticas institucionales, la presentación de
informes, la interacción con personal de planta y la sujeción a reglas internas del
establecimiento de sanidad no transforman el contrato de prestación de servicios en
relación laboral, sino que constituyen condiciones necesarias para la adecuada
ejecución del objeto contractual dentro de una institución organizada.

18. Que tratándose de servicios de salud, la existencia de horarios o turnos puede

3
Ib., 00010.

4

Número Interno: 0715-2025
Demandante: Ramsés Alvarán Hidalgo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

responder a necesidades de coordinación y continuidad del servicio, sin que ello
implique subordinación, salvo que se pruebe control disciplinario, llamados de
atención, exigencia de permisos, vigilancia de permanencia o imposición unilateral
de condiciones, circunstancias que, a su juicio, no fueron demostradas en el
proceso.

19. No resulta procedente equiparar al contratista con los empleados públicos de
planta, porque sus modalidades de vinculación, fuentes de derechos y obligaciones
son distintas, por lo que estimó improcedente reconocer prestaciones sociales
propias de una relación legal y reglamentaria o derivar del contrato de prestación de
servicios la condición de empleado público o trabajador oficial.

20. Formuló las excepciones de, inexistencia de los elementos del contrato de
trabajo, inexistencia de la relación laboral y de la inexistencia de la obligación:

1.3 Sentencia de primera instancia4

21. El Tribunal Administrativo del Quindío -Sala Tercera de Decisión-, mediante
sentencia de veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025), denegó las
pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

22. Como sustento de su decisión, el tribunal indicó que, pese que en el sub judice,
se acreditó la prestación personal del servicio junto con su remuneración, y los
elementos constitutivos de la subordinación, en especial por tratarse de un servicio
médico-asistencial en el dispensario militar, lo cierto es que, el señor Ramsés
Alvarán Hidalgo mientras prestaba sus servicios como contratista para el Ejército
Nacional se encontraba vinculado a través de una relación legal y reglamentaria con
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, configurándose una
situación proscrita por el ordenamiento jurídico: «celebrar, por sí o por interpuesta persona,
o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que
manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales.» (artículo 127 Constitución
Política)

23. Encontró probado que, según la certificación de 25 de noviembre de 2024
suscrita por la Coordinadora del Grupo Nacional de registro y Control de la Oficina
de Personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que el accionante

4
Samai del tribunal de origen, índice 00085

5

Número Interno: 0715-2025
Demandante: Ramsés Alvarán Hidalgo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

desde el 4 de mayo de 2015 hasta la fecha de dicha certificación ha tenido una
relación legal y reglamentaria (nombramiento por resolución) con esa institución, y
a su vez celebró contratos de prestación de servicios con el Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional.

24. Concluyó que, las pretensiones debían negarse, por cuanto los derechos
reclamados se sustentan en una relación contractual celebrada en contravención
de la prohibición constitucional y legal. Además, su reconocimiento implicaría la
simultaneidad de tres asignaciones con cargo al tesoro público por un mismo
periodo laboral. Finalmente, se ordenó compulsar copias a la Procuraduría General
de la Nación para que evalúe la eventual configuración de falta disciplinaria por parte
del demandante.

1.3 Recurso de apelación5

25. La parte demandante interpuso recurso de apelación y sostuvo que, si bien el
artículo 19 de la Ley 4º de 1992 establece una prohibición para desempeñar de
manera simultánea más de un empleo público ni recibir más de una asignación del
erario, la misma norma trae una excepción en el literal e) perfectamente aplicable al
caso, como es la asignación que corresponde a «Los honorarios percibidos por concepto
de servicios profesionales de la salud»

26. El recurrente cuestiona el fallo de primera instancia por la insuficiencia
probatoria de la certificación expedida por el Instituto Nacional de Medicina Legal,
al omitir información relevante sobre la jornada, horarios, intensidad horaria y
funciones del demandante. Sostiene que dicha omisión impide esclarecer
adecuadamente la existencia de subordinación y las condiciones reales de
prestación del servicio, aspectos esenciales para determinar la configuración del
contrato realidad, en aplicación del principio de primacía de la realidad (art. 53 C.P.),
«que impone al juez un deber activo en la búsqueda de la verdad material y la protección de los
derechos laborales irrenunciables.»

27. Se sostiene que, la certificación aportada carece de información esencial sobre
las funciones, jornada y condiciones de prestación del servicio por parte del
demandante, lo que impidió establecer con certeza la eventual simultaneidad en la
vinculación con dos entidades, por lo que, el Tribunal adoptó su decisión con base

5
Ib. índice 00090.

6

Número Interno: 0715-2025
Demandante: Ramsés Alvarán Hidalgo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

en un acervo probatorio incompleto, «sin lograr el esclarecimiento pleno de la verdad
material», a pesar de debatirse la configuración del contrato realidad, cuyos
elementos, según el propio fallo, se encontraban acreditados.

1.4 Trámite de segunda instancia

28. Por medio de auto del Primero (1) de junio de dos mil veintiséis (2026) 6 , el
consejero ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo
247 del CPACA; denegó la prueba documental solicitada con la alzada, por no cumplir
con lo preceptuado por el artículo 212 ibidem. El proceso ingresó a Despacho para
proferir fallo7.

1.5 Concepto del Ministerio Público.8

29. En su concepto, la agente del Ministerio Público indicó que se debe confirmar la
sentencia de primera instancia, por cuanto, « Así las cosas, aun cuando se encuentran
demostrados los elementos esenciales de la relación laboral entre el señor Ramsés Alvarán Hidalgo
y la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dirección de Sanidad Militar, el
reconocimiento del contrato realidad se encuentra constitucionalmente vedado por la prohibición de
doble asignación del tesoro público prevista en los artículos 127 y 128 de la Constitución Política, sin
que resulte aplicable al caso la excepción del literal e) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 y de la
Ley 269 de 1996, comoquiera que el cargo desempeñado por el actor en el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses no reúne las condiciones subjetiva ni objetiva exigidas por la
jurisprudencia del Consejo de Estado para su procedencia. Como lo ha sostenido la Corte
Constitucional, los derechos cuyo reconocimiento se reclama con fundamento en una situación
contraria al ordenamiento jurídico no merecen protección, pues lo ilícito no genera derechos.»

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

30. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo9, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto, de igual forma, según el artículo 328

6
Samai - índice 0004.
7
Samai - índice 0009
8
Samai - índice 00014
9
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales,
o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia.

7

Número Interno: 0715-2025
Demandante: Ramsés Alvarán Hidalgo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

del Código General del Proceso (CGP)10, se precisa que el juez de
segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
en el recurso de apelación.

2.2 Problema jurídico

31. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:

i) ¿ El reconocimiento de la relación laboral encubierta se encuentra vedada por la
prohibición constitucional de recibir más de una asignación del tesoro público, sin que en
sub judice resulte aplicable la excepción prevista en el literal e) del artículo 19 de la Ley 4ª
de 1992, desarrollada por la Ley 269 de 1996 (honorarios derivados de servicios
profesionales de salud)?

ii) En caso negativo, ¿Debe revocarse la sentencia Tribunal Administrativo del
Quindío, Sala Tercera de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda y
declarar la existencia de la relación laboral reglamentaria?

32. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se abordarán los siguientes
aspectos: (2.2.1.) Marco normativo y jurisprudencial; (2.2.6) Pruebas recaudadas;
y 2.3 Caso concreto

2.2.2 Marco normativo y jurisprudencial

2.2.3. De la prohibición de percibir dos asignaciones del tesoro público y el
sector salud

33. La Constitución Nacional de 1986, establecía en su artículo 64 que:

«Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para casos especiales
determinen las leyes.»

34. Como se observa desde la Constitución Nacional de 1886 existe la prohibición

10
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.»

8

Número Interno: 0715-2025
Demandante: Ramsés Alvarán Hidalgo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

de recibir dos asignaciones del tesoro público, salvo algunas las excepciones o
casos especiales regulados por la Ley.

35. La anterior disposición fue reglamentada por el Decreto 1713 de 1960, que
dispuso en sus artículos 1° y 3° que:

«Artículo 1°. Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o
de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo las excepciones
que se determinan a continuación:
a) Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial,
siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo;
b) Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario, hasta
por dos cargos públicos, siempre que el horario normal permita el ejercicio regular de tales
cargos.
c) Las que provengan de pensión de jubilación y del servicio de cargos públicos, siempre
que el valor conjunto de la pensión y del sueldo que disfruten por el cargo, no exceda de mil
doscientos pesos ($1.200.oo) mensuales.
d) Las que con carácter de pensión o sueldo de retiro disfruten los miembros de las Fuerzas
Armadas.
Parágrafo- Para los efectos previstos en los ordinales a) y b) del presente Decreto, se
entiende por horario normal de trabajo la jornada de ocho (8) horas.»

36. En el caso particular de los profesionales médicos se señaló:

«Artículo 3° Los médicos graduados que desempeñen cargos públicos relacionados con su
profesión, y que tengan como residencia permanente un Municipio, en donde no ejerzan esa
misma profesión otros facultativos, no estarán sujetos a las limitaciones establecidas por el
artículo 64 de la Constitución Nacional.»

37. Así mismo en el artículo 77 del Decreto 1848 de 1969 se estableció:

“Artículo 77.- El disfrute de la pensión de jubilación es incompatible con la percepción de
toda asignación proveniente de entidades de derecho público, establecimientos públicos,
empresas oficiales y sociedades de economía mixta, cualesquiera sea la denominación que
se adopte para el pago de la contraprestación del servicio, salvo lo que para casos especiales
establecen las leyes y en particular el Decreto 1713 de 1960 y la Ley 1a. de 1963.”

38. Posteriormente el 32 del Decreto 1042 de 1978. Así:

«Artículo 32.- De la prohibición de recibir más de una asignación. De conformidad con el
artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado público podrá recibir más de una
asignación que provenga del tesoro, o de empresas o instituciones en que tenga parte
principal el Estado, ya sea en razón de contrato, de comisión o de honorarios.
Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las asignaciones que a
continuación se determinan:
a) Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los
establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de tiempo
completo.
b) Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario hasta
por dos cargos públicos, siempre que el horario normal de trabajo permita el ejercicio regular
de tales cargos y que el valor conjunto de lo percibido en uno y otro no exceda la
remuneración total de los ministros del despacho.
c) Las que provengan de pensión de jubilación y del ejercicio de los cargos de ministro del
despacho, jefe de departamento administrativo, viceministro, subjefe de departamento
administrativo, superintendente, secretario general de ministerio, departamento

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Número Interno: 0715-2025
Demandante: Ramsés Alvarán Hidalgo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

administrativo o superintendencia, director general de establecimiento público o de empresa
industrial o comercial del Estado, secretario general de establecimiento público, miembro de
misiones diplomáticas no comprendidas en la respectiva carrera y secretario privado de los
despachos de los funcionarios de que trata este ordinal, siempre que el valor conjunto de la
pensión y del sueldo percibido en el cargo no exceda la remuneración fijada por la ley para
los ministros del despacho.»

39. Ahora bien, la Constitución Política de 1991 en el artículo 128 también
contempló la mencionada prohibición de percibir doble asignación con cargo al
tesoro público, al señalar lo siguiente:

«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que
tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas.»

40. De acuerdo con lo anterior, se tiene que la prohibición constitucional de percibir
doble asignación proveniente del tesoro público viene desde la constitución de 1886,
siendo reiterada en la Carta Política de 1991 que explícitamente impide: i)
desempeñar más de un empleo en forma simultánea, y ii) recibir más de una
asignación del tesoro público, salvo las excepciones que expresamente previstas
en la ley.

41. Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia C-133 del 1° de abril
de 1993, definió el alcance de la expresión “asignación” como:

«(…) El término "asignación" comprende toda clase de remuneración que emane del
tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional, etc. Siendo así, bien podía
el legislador ordinario establecer dicha incompatibilidad dentro de la citada Ley 4a. de 1992,
sin contrariar mandato constitucional alguno. Aún en el remoto caso de que se hubiere
concluído que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los funcionarios públicos
debía ser regulado por medio de ley ordinaria, el artículo 19, objeto de acusación, tampoco
sería inconstitucional, por cuanto el legislador estaba perfectamente facultado para hacerlo.
(…)» (Destacado fuera de texto).

42. Al respecto el Consejo de Estado ha manifestado11: «(…) Como se indicó
anteriormente, la Constitución Política establece la prohibición de recibir más de una asignación
proveniente de varios empleos públicos y de otras remuneraciones o asignaciones que tengan la
misma fuente, situación que configura la incompatibilidad de salarios y pensiones, reconocida
pacíficamente en el ordenamiento jurídico. (…)»

2.2.4. Compatibilidad de asignaciones salariales del personal de la salud

11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 3 de mayo de 2018. Radicación número: 08001-23-33-
000-2014-00016-01(0727-16).

10

Número Interno: 0715-2025
Demandante: Ramsés Alvarán Hidalgo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

43. El artículo 19 de la Ley 4ª de 199212, dispuso:

«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir
más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse las
siguientes asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores
de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial
de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de
salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de
su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.
PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más
de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.» (Subrayado y destacado
fuera de texto)

44. En tal sentido, se observa que entre las excepciones a la prohibición del
desempeño de más de un empleo público en el caso concreto de los profesionales
de salud, se encuentra prevista en el literal e) anterior el cual hace referencia a los
honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales en salud.

45. La Ley 269 de 199613 reguló parcialmente el artículo 128 de la Constitución
Política, y respecto de las personas que prestan servicios de salud en las entidades
de derecho público, dijo:

«ARTÍCULO 2o. GARANTÍA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD.
Corresponde al Estado garantizar la atención en salud como un servicio público esencial, y
en tal carácter el acceso permanente de todas las personas a dicho servicio, razón por la
cual el personal asistencial que preste directamente servicios de salud podrá desempeñar
más de un empleo en entidades de derecho público.

La jornada de trabajo del personal que cumple funciones de carácter asistencial en las
entidades prestadoras de servicios de salud podrá ser máximo de doce horas diarias
sin que en la semana exceda de 66 horas, cualquiera sea la modalidad de su
vinculación.

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará los incentivos salariales y no salariales
establecidos en el artículo 193 de la Ley 100 de 1993, con el fin de estimular el eficiente
desempeño de los trabajadores oficiales y empleados públicos de la salud y su localización
en las regiones con mayores necesidades, facilitar la consecución del recurso humano en

12
«Por la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y
para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad
con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.»
13
Por la cual se regula parcialmente el artículo 128 de la Constitución Política, en relación con quienes prestan servicios de
salud en las entidades de derecho público.

11

Número Interno: 0715-2025
Demandante: Ramsés Alvarán Hidalgo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

aquellos sitios apartados de la geografía nacional o definidos como zonas de orden público,
donde no se disponga de personal de salud para la prestación del servicio». (Destacado
fuera de Texto)

46. Tal garantía, conforme a la previsión del legislador, se mantiene siempre y
cuando no exista concurrencia de horarios, salvo la excepción de las actividades
docente en las mismas instituciones en las cuales se encuentre vinculado, de la
siguiente manera:

«ARTÍCULO 3o. CONCURRENCIA DE HORARIOS. Prohíbase la concurrencia de horarios,
con excepción de las actividades de carácter docente asistencial que se realicen en las
mismas instituciones en las cuales se encuentre vinculado el profesional de la salud, y que
por la naturaleza de sus funciones, ejerza la docencia y la prestación directa de servicios de
salud.»

47. Es pertinente señalar, que el interrogante planteado por el Ministro de Salud y
Seguridad Social ante el Consejo de Estado, alrededor de la situación de los
médicos a quienes el artículo 2º de la Ley 269 de 1996 les permite desempeñar más
de un empleo en entidades de derecho público frente a la prohibición constitucional
de la doble asignación (art. 128 C.N.), fue resuelto por la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado, emitiendo Concepto 880 del 27 de agosto de 1996 14,
en el que indicó:

“Con respecto a los médicos se presenta una situación semejante a la de los profesores de
cátedra: ya se afirmó que el artículo 128 de la Constitución prohíbe el desempeño simultáneo
de más de un empleo público; igualmente "recibir más de una asignación del tesoro público";
pero la misma disposición constitucional faculta al legislador para que en casos especiales se
disponga otra cosa. Y es precisamente lo que ocurre con lo previsto en la ley 269 de 1996,
"por la cual se regula parcialmente el artículo 128 de la Constitución Política", en relación con
quienes prestan sus servicios de salud en las entidades de derecho público. En efecto, en su
artículo 2o. se permite al "personal asistencial que preste directamente servicios de salud"
para que pueda "desempeñar más de un empleo en entidades de derecho público".
[…]
Los médicos que presten servicio de salud podrán desempeñar más de un empleo de su
especialidad en diversas entidades de derecho público, con derecho a las correspondientes
prestaciones sociales, ciñéndose a las prescripciones legales que rigen la materia (artículo 1o.
Ley 269 de 1996).”

48. Así las cosas, la ley citada desarrolla la excepción que permite a un médico
tener más de un empleo público y recibir más de una asignación proveniente del
tesoro, con el fin de prestar sus servicios médico asistenciales de forma directa, lo
cual ayuda al Estado a garantizar la cobertura de dicho servicio esencial.

14
C.P. Dr. Roberto Suarez Franco.

12

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49. La Corte Constitucional mediante sentencia C-206 de 2003, se pronunció sobre
el artículo 2º de la Ley 269 de 1996 y explicó la aplicación de la excepción de la
prestación del servicio médico asistencial frente a la prohibición dispuesta en el
artículo 128 constitucional, bajo el siguiente tenor:

«5.- Para establecer cuál es el alcance del segundo inciso del artículo 2° de la Ley 269 de
1996, comienza este Tribunal por interpretar el mismo de acuerdo con una visión sistemática
que permita analizar el texto de acuerdo con su ubicación en el cuerpo de la ley. El inciso
demandado está ubicado en el artículo 2°, titulado “garantía de la prestación del servicio
público de salud” cuyo primer inciso se refiere a que, debido a que el Estado debe garantizar
la prestación del servicio de salud de manera permanente, “el personal asistencial que preste
directamente servicios de salud podrá desempeñar más de un empleo en entidades de
derecho público”. Así, el sentido del artículo es explicar que en virtud de la necesidad de
garantizar el servicio de salud, el Estado acude a la posibilidad de permitir el desempeño de
más de un empleo en entidades de derecho público en el caso del personal asistencial que
preste directamente el servicio de salud. La interpretación del texto completo del artículo
lleva a concluir que la disposición -en su integridad y por tanto también el inciso segundo
demandado- establece una de las excepciones a la prohibición constitucional de tener más
de un empleo en entidades de derecho público.

6.- Lo anterior es reforzado por un análisis de la totalidad de la ley y del título de la misma.
La ley 269 de 1996 consta de siete artículos en los cuales establece el ámbito de aplicación,
la garantía de prestación del servicio público de salud, la concurrencia de horarios, la
incompatibilidad de los miembros de una junta directiva u organismo directivo y los
representantes legales de las instituciones prestadoras de servicio de salud, la adecuación
de la jornada laboral, la inspección, vigilancia y control, y la vigencia del cuerpo normativo.
Este estudio del conjunto de la ley de la cual, obviamente, forma parte la disposición
acusada muestra que ese cuerpo normativo se refiere al personal asistencial que
presta servicios de salud y que labora en más de una entidad pública.

Lo anterior es aún más claro cuando se analiza el título de la Ley 269 de 1996, pues éste
señala expresamente que ella “regula parcialmente el artículo 128 de la Constitución Política,
en relación con quienes prestan servicios de salud en las entidades de derecho público”.
Ahora bien, el artículo 128 constitucional establece que “nadie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga
del tesoro público, o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado, salvo los casos expresamente determinados por la Ley”. Es pues evidente que la
ley se refiere a la regulación de una de las excepciones a la prohibición constitucional para
desempeñar más de un empleo público y recibir más de una asignación que provenga del
tesoro público. Por tanto, normas como la aquí demandada se ocupan de establecer las
excepciones a la prohibición del artículo 128 constitucional, y por ello no regulan en general
la jornada laboral del personal asistencial que labora en instituciones públicas sino
exclusivamente de aquellos que desempeñen más de un empleo en entidades de derecho
público». (Resalta la Sala)

50. Así, la Corte señaló, que dicha disposición flexibiliza entonces las condiciones
laborales del personal asistencial que presta servicios de salud en las entidades de
derecho público, al permitirles más de una vinculación en dicho sector, mientras no
exista cruce de horarios, a fin de garantizar el acceso permanente al servicio público
de salud, indicando además, que así fue expresado en los antecedentes legislativos
de la Ley 269 de 1996, en la Gaceta del Congreso No. 170 del 6 de octubre de 1994
que contiene la exposición de motivos del proyecto que culminó con esta ley.

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51. Entonces, no cabe duda de que la excepción normativa permitida para los
profesionales de la salud, consistente en percibir doble erogación con cargo al
tesoro público, tiene que ver con la posibilidad de desempeñar más de un empleo
en instituciones prestadoras de servicios de salud oficiales, y a devengar las
remuneraciones correspondientes.

2.2.5 Configuración de relaciones de trabajo subordinadas con el Estado,
suscitadas en el marco de la ejecución de contratos de prestación de
servicios. Principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.

52. El tema de derecho que ocupa el particular refiere a la interpretación de las
condiciones legales previstas en el artículo 32, numeral 3º, de la Ley 80 de 1993, el
artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, y la jurisprudencia en vigor en
casos en los cuales se suplica la aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formas, característico de las relaciones laborales subordinadas.

53. Sea lo primero advertir que, la tipología de contratación estatal de prestación de
servicios personales se encuentra regulada por el artículo 32, numeral 3º, de la Ley
80 de 1993, forma jurídica de vinculación de personas naturales con la
administración que está dirigida a «[…] desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad», y se caracterizan porque «[…] sólo podrán
celebrarse […] cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados», «no generan relación laboral ni prestaciones sociales» , y porque

«[…] se celebrarán por el término estrictamente indispensable».

54. La norma en cita fue examinada por la Corte Constitucional en sentencia C-154
de 1997, oportunidad en la que determinó, entre otros aspectos, las características
del contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el contrato de trabajo.
En esa oportunidad, sostuvo que, «[…] sus elementos son bien diferentes, de manera que
cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para
los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos »; y concluyó que «el
elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral
frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un
contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a
contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente
consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta

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el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios.

55. Posteriormente, el Alto Tribunal Constitucional15 determinó los criterios que
permiten establecer lo que constituye una actividad permanente, al precisar que «[…]
la administración no puede suscribir contratos de prestación de servicios para desempeñar funciones
de carácter permanente de la administración, pues para ese efecto debe crear los cargos requeridos
en la respectiva planta de personal», momento en el que, a propósito del esclarecimiento

del criterio de permanencia, indicó que «la jurisprudencia constitucional ha precisado los
criterios para determinarla, los cuales se refieren [i] al criterio funcional, que hace alusión a “la
ejecución de funciones que se refieren al ejercicio ordinario de las labores constitucional y legalmente
asignadas a la entidad pública” [artículo 121 de la Constitución]; [ii] al criterio de igualdad, esto es,
cuando “las labores desarrolladas son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en
planta de personal de la entidad y, además se cumplen los tres elementos de la relación laboral”; [iii]
al criterio temporal o de habitualidad, si “las funciones contratadas se asemejan a la constancia o
cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de trabajo o la realización frecuente de la
labor, surge una relación laboral y no contractual”; [iv] al criterio de excepcionalidad, si “la tarea
acordada corresponde a “actividades nuevas” y éstas no pueden ser desarrolladas con el personal
de planta o se requieren conocimientos especializados o de actividades que, de manera transitoria,
resulte necesario redistribuir por excesivo recargo laboral para el personal de planta”; y [v] al criterio
de continuidad, si “la vinculación se realizó mediante contratos sucesivos de prestación de servicios
pero para desempeñar funciones del giro ordinario de la administración, en otras palabras, para
desempeñar funciones de carácter permanente, la verdadera relación existente es de tipo laboral».

56. En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha proferido sendas
sentencias de unificación jurisprudencial, como la CE-SUJ2-005-1616 del 25 de
agosto de 2016, en la cual coligió que «[…] el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación
personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el
derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado
en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos
mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia».

57. En el mismo sentido, la Sección Segunda de esta Colegiatura profirió la

15
Sala Plena de la Corte Constitucional, Expediente No. D-8666, Sentencia C-171 del 7 de marzo de 2012, M.P. Dr. Luis Ernesto
Vargas Silva.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; Sentencia de unificación jurisprudencial CE-
SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016; expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01[0088-15]; C.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.

15

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sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-202117 del 9 de septiembre
de 2021, en la que identificó algunos criterios para desentrañar el suceso o no de
subordinación en el ámbito de las contrataciones estatales, tales como el lugar de
trabajo, los horarios de labores, la dirección y el control efectivo de las actividades
a ejecutar, y la comprobada identidad funcional con empleados de la planta de
personal, y señaló que «el ordenamiento jurídico nacional proscribe la simulación del contrato
estatal de prestación de servicios para evadir el pago de prestaciones sociales y otras garantías
propias de la relación laboral ocultada, en tanto dicha práctica no solo es contraria a la Constitución
y a la ley, sino que conduce, irremediablemente, a la precarización de las condiciones
socioeconómicas mínimas para la supervivencia digna de los trabajadores» .

58. Asimismo, en la referida providencia, esta Corporación introdujo el criterio de
necesidad temporal, con el fin de evaluar el encubrimiento de relaciones de trabajo
subordinadas a través de contratos de prestación de servicios, tema para el cual
estableció que, conforme lo preceptúa el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, estos últimos deben ser celebrados por el «término estrictamente indispensable»,
concepto que alude al lapso «señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el
cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la
prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia».

59. De lo anterior resulta claro que si bien el ordenamiento legal permite celebrar
contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de las
entidades públicas, esta modalidad de contratación no fue instituida para encubrir
relaciones laborales subordinadas, pues de ser así surgen, en forma inmediata, los
derechos para el contratista de acceder al reconocimiento y pago de los derechos y
prerrogativas propios de una relación laboral, especialmente en aquellos casos en
los cuales se trata de atender actividades consustanciales al giro ordinario u objeto
misional del ente contratante, esto es: para suplir necesidades administrativas
permanentes, necesarias e indispensables para la consecución de sus fines

60 Luego, para efectos de demostrar la relación laboral subordinada entre dos
sujetos, se requiere que la parte interesada acredite los elementos esenciales de la
misma, esto es, que la actividad haya sido prestada de manera personal, es decir,
por sí mismo; que por dicho oficio haya recibido una remuneración o pago; y,

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-
025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021; expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

16

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además, que en la relación con el empleador exista continua subordinación o
dependencia, situación entendida como aquella facultad para exigir al prestador del
servicio el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por
todo el tiempo de duración del vínculo. De estos tres elementos, el de subordinación
resulta ser el de mayor relevancia, toda vez que, marca la diferencia entre el contrato
de prestación de servicios y una verdadera relación laboral.

2.2.6. Pruebas recaudadas

61. Al plenario se allegó el siguiente acervo probatorio:

i) Vinculación del demandante con el Ministerio de Defensa- Ejército Nacional.

a) Según el cartular entre el señor Ramsés Alvarán Hidalgo y el Ministerio de
Defensa- Ejército Nacional, se celebraron los siguientes contratos de prestación de
servicio18.

No. Contrato Objeto Valor contratado Fecha inicio Fecha
terminación
Prestación de
servicios
asistenciales
como médico
096-2016 $11.088.000 27/01/2016 31/12/2016
general en el
ESM 3026 del
Batallón ASPC
No. 08
Prestación de
servicios
055 DIADQ- asistenciales
CADCO- como médico
$11.088.000 27/01/2017 19/07/2017
CENACARM- cirujano en el
ESM.3026-2017 ESM 3026 del
Batallón ASPC
No. 08
Prestación de
servicios
asistenciales
170
como médico
CENACARM- $20.328.000 26/07/2017 31/12/2017
general en el
ESM-2017
ESM 3026 del
Batallón ASPC
No. 08
Prestación de
015- servicios
CENACARM asistenciales $44.204.160.00 15/01/2018 31/12/2018
ESM-2018 como médico
general en el

18
Samai del tribunal de origen, índice 00061

17

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Demandante: Ramsés Alvarán Hidalgo
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ESM 3026 DEL
BATALLON DE
ASPC No. 08

b) De los referidos contratos se resaltan las siguientes cláusulas:

Contrato Cláusula Aspectos relevantes
096-2016 Cláusula Primera Prestación de servicios
Asistenciales MEDICO
GENERAL en el
establecimiento de
Sanidad Militar 3026 del
Batallón de ASPC No.08
096-2016 Cláusula Segunda Requerimientos del
servicio, funciones
asignadas, brigadas de
salud, desplazamientos,
productividad obligatoria,
programación mensual
por coordinador médico,
aviso de ausencias,
reuniones médicas y
atención de pacientes
programados.
096-2016 Cláusula Novena Supervisor puede
impartir instrucciones,
solicitudes,
observaciones y
recomendaciones.
096-2016 Cláusula Décima Prohibición de cesión sin
Primera autorización escrita.
055-2017 Cláusula Primera La Prestación de
Servicios Profesionales
como Médico Cirujano,
en el Establecimiento de
Sanidad No.3026 del
Batallón de A.S.P.C
No.08.
055-2017 Cláusula Segunda Productividad mensual,
puntualidad en turnos,
presentación personal,
obligación de asistir a
turnos, informar
ausencias y realizar
estadísticas.
055-2017 Cláusula Quinta Lugar de ejecución: ESM
3026 y otros lugares
requeridos en el territorio
nacional.
055-2017 Cláusula Novena Facultad de supervisión
e instrucciones
contractuales.
170-2017 Cláusula Primera Prestación de servicios
Asistenciales como
MEDICO GENERAL en
el Establecimiento de
Sanidad Militar 3026 del
Batallón de ASPC N° 08

18

Número Interno: 0715-2025
Demandante: Ramsés Alvarán Hidalgo
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170-2017 Cláusula Tercera Funciones médicas,
brigadas de salud,
desplazamientos,
productividad,
programación mensual y
reuniones científicas.
170-2017 Cláusula Sexta Prestación del servicio
en ESM 3026 y otros
lugares requeridos.
170-2017 Cláusula Décima Supervisor puede emitir
instrucciones y
recomendaciones.
015-2018 Cláusula Primera Prestación de servicios
Asistenciales como
MEDICO GENERAL en
el Establecimiento de
Sanidad Militar 3026 del
Batallón de ASPC N° 08
015-2018 Cláusula Tercera Productividad
obligatoria, mínimo 450
consultas, programación
mensual por
coordinador,
cumplimiento de tiempos
de atención, turnos,
reuniones y urgencias.
015-2018 Cláusula Cuarta Pago condicionado a
informes de gestión,
supervisión y aportes a
seguridad social.
015-2018 Cláusula Sexta Lugar de ejecución en
ESM 3026 y demás
sitios requeridos.

c) Cuadros de turnos, parcialmente legibles, de donde se logra extraer que el
demandante prestó sus servicios en turnos y horas previamente programadas de
manera mensual desde febrero 2016 a diciembre 201919.

d) Reportes de relación de distintos pagos efectuados a Ramsés Alvarán Hidalgo
con ocasión de la prestación de servicios profesionales como médico en el ESM-
3026 BASPC No. 07 Cacique Calarcá de Armenia20.

e) Certificados de aportes a seguridad social efectuados por el actor en la
ejecución de los distintos contratos21.

f) Prueba testimonial recaudada en audiencia celebrada el 13 de febrero de
202422

19
Samai del tribunal de origen, índice 00018 (folios 106-153)
20
Samai del tribunal de origen, índice 00061 (Archivos 040Contrato 015-2018 (.pdf); 039Contrato 055-207; 037Contrato
170-2017 y Archivo038Contrato 096-2016)
21
Samai del tribunal de origen, índice 00061 (Archivos 037Contrato 170-2017, 039Contrato 055-207, 040Contrato 015-2018
y Archivo038Contrato 096-2016)
22
Samai del tribunal de origen, índice 00070

19

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Demandante: Ramsés Alvarán Hidalgo
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Identificación Declaración
LUZ ALBA BOTERO GUEVARA Manifestó haber prestado sus servicios como médico al
servicio de la entidad demandada en el dispensario del
(audiencia de pruebas) batallón Calarcá entre el 2013 y el 2017 bajo la modalidad
de contrato de prestación de servicios, indicó haber conocido
al demandante porque este también había sido contratado
como médico por el Ejército Nacional a través de contrato de
prestación de servicios, que él hacía consulta externa, él
hacía urgencias, turnos nocturnos, festivos dominicales igual
que todos nosotros.
En cuanto a la jornada de trabajo del actor indicó que ella
trabajaba en la mañana, y el señor AlvaránHidalgo
en las tardes y en las noches y los fines de semana, ese era
el horario que él tenía. Ella también trabajaba en fines de
semana también y nocturnos. No obstante, interrogada frente
a si compartía en el trabajo con el actor indicó que a se
encontraban en los pasillos o al entrar en los consultorios o
cuando a él le tocaba entregar el turno. El horario era fijado
a través de los cuadros de turnos elaborados por el Teniente
Coronel Harold Hernández o por el doctor Ceiner Quiroz, y
que los mismos tenían que cumplirse.
Resalta que quienes ejercían como superiores del
demandante eran el Director del Dispensario y el Subdirector
Científico que en esa época era Harold Hernández; en
cuanto al cumplimiento de horas extras resaltó que tenía que
cumplirse con lo pactado en los cuadros de turno y que en
todo caso no podían ausentarse mientras no recibiera el que
llegaba. Agregó que para el pago de la remuneración
pactada en los contratos había que presentar unas planillas
donde se informaba, cuántas horas fueron laboradas por
pacientes hospitalizados, por consulta externa y por
prioritaria junto con los certificados de pago de Seguridad
Social.
En relación con los permisos e incapacidades solicitadas por
el demandante, alegó que eso era muy difícil, si usted se
enfermaba para que no le descontaran, tenía que pagar las
horas después de que usted estuviera aliviado. Si no se le
eran descontadas las horas de incapacidad médica, no había
permisos, no había nada.
Respecto a las consecuencias disciplinarias de la ausencia
indicó que las mismas si existían porque eso era abandono
de cargo y como es en el Ejército, decía usted se evadió del
servicio. Manifestó no constarle que al doctor Ramsé señaló
también le hayan sido asignadas labores administrativas y
finalmente señaló que: “me parece muy importante que nos
ajustaran o al doctor Albarán, que es el que está en este
momento. En este caso, el horario de las horas nocturnas, el
pago, porque ellos nunca nos realizaron pagos ni de
vacaciones, ni de prestaciones, ni de cesantías, ni de
festivos, ni dominicales, ni nocturnos. Eso era un salario raso
y hágale.”
MARÍA ALEJANDRA ARENAS Manifestó haber trabajado para el Ejército Nacional en el
RIVERA Batallón Baser de la ciudad de Armenia como auxiliar de
enfermería contratada bajo órdenes de prestación de
(audiencia de pruebas) servicio entre los años 2014 a 2018, señaló que cuando se
encontraba laborando al servicio de la institución llegó a
trabajar como médico encargándose de atender a los
pacientes que consultaban, si había urgencias y en algunas
en la parte de consulta externa. Manifestó que el demandante
tenía horarios de 7 de la mañana a las 19:00 horas o de 13:00
horas de la tarde a 19:00 de la noche, los cuales eran fijados

20

Número Interno: 0715-2025
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por el Coronel encargado del dispensario, quien
mensualmente pasaba los cuadros de turnos, tanto a la parte
de enfermería como a los médicos.
En cuanto al cumplimiento de horas extras adicionales a las
fijadas en los cuadros de turnos, precisó que los médicos
laboraban al igual que ellas, dominicales, festivos, que
había momentos en que de pronto un médico no llegaba
a tiempo por algún motivo o algo y ellos continuaban
mientras se solucionaba algo con otro médico. Agregó que
también se les asignaban turnos de noche. Destacó que el
señor Alvaran recibía ordenes respecto al número de
pacientes a atender y el horario para poder realizar las
actividades por parte del coronel o el que estuviera a cargo
de la parte de ahí de urgencias que era de apellido
Hernández. Además, que en caso de que se presentaran
situaciones que les impidieran asistir al servicio debían pedir
permiso al coronel, todo había que notificárselo a ellos.
Destacó que el tiempo que trascurría entre contratación y
contratación no les era reconocido económicamente y
finalmente que al Dr. Ramses al igual que a los demás
médicos y enfermeras les tocó asistir a algunas
capacitaciones entre ellas la relacionada con el cambio del
programa para ingresar a los pacientes en el sistema de
computación que se manejaba para la atención.
MARÍA CRISTINA ARIAS LARA Manifestó haber prestado sus servicios como médica por 5
años al Ministerio de Defensa- Ejército Nacional (septiembre
(audiencia de pruebas) de 2013 hasta mayo de 2015 y de enero de 2016 al 31 de
diciembre de 2018) en el dispensario médico del Baser de
Armenia siendo vinculada bajo la modalidad de contratos de
prestación de servicios.
Informó que el señor Ramses Alvaran Hidalgo empezó a
laborar como médico al servicio de la accionada desde en
enero de 2016 y trabajó con ella hasta el 31 de diciembre del
2018, al igual que ella hacía consulta externa, o sea, veía
pacientes en el horario de por la tarde de una a 19:00 de la
noche, y también hacía turnos por las noches y los fines de
semana en consulta prioritaria, empezábamos, por ejemplo,
trabajaba de 1 a 7 cuando le tocaba consulta externa.
En cuanto al cumplimiento de ordenes indicó que sí las
recibía porque allá hay unos directores del BASER, de la
parte médica y ellos les impartían órdenes a todos, les
hacían reuniones y a veces cuando había un problema les
mandaban por escrito. Tenían que seguir los parámetros que
ellos dijeran; interrogada específicamente sobre el tipo de
órdenes que recibían indicó que ellos les hacían los turnos
entonces había que cumplirlos, que cuando había problemas
por ejemplo, con medicamentos, entonces hablaban de qué
medicamentos no había. Si había algún problema con algún
paciente, pues a veces los pacientes se quejan, entonces
uno tenía que defenderse y explicar qué había pasado.
Que en la parte que le correspondía al Dr Ramses había un
coronel que se llamada John Harold Hernández, él era como
el Subdirector Científico, el realizaba los turnos de todos los
médicos entonces, pues colocaba los que iban a hacer de
día, pues por supuesto, los que trabajan de día, los que
trabajan por la tarde, pues eso sí, lo escogíamos nosotros,
cierto, o sea, pues por ejemplo, trabajaba por las tardes, pero
ya ellos colocaban los turnos; había que cumplir con unas
horas de acuerdo al contrato que cada cual tuviera, sí, por
ejemplo, el doctor Ramsés trabajaba, creo que tiempo
completo; entonces tenía que cumplir, no recuerdo si eran
192 horas y esas horas se las se las distribuían en consulta

21

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externa y en los turnos prioritarios de consulta que eran los
sábados, los domingos o por las noches o por las tardes
también, y ellos eran los que decían los turnos. Nosotros
mirábamos los turnos y los cumplíamos, pues a cabalidad de
acuerdo, si de pronto uno no podía hacer un turno porque
tenía que cambiarlo, había que hablar con ellos previamente
solicitar por escrito y para poder cambiarlos y pues mirar a
ver quién podía cambiarle el turno a uno. No se podían
cambiar los turnos sin que ellos supiera.
Ellos estaban pendientes, llevaban como unas bitácoras,
entonces estaban pendientes de que siempre hubiera un
médico, por ejemplo, en prioritaria y que la consulta externa
se llevara a cabo. Interrogada por la labor en horas extras no
sabía si el demandante las cumplió no. No obstante, aclaró
que a veces por la misma demanda de los médicos los
coordinadores ponían por ejemplo más horas y después las
restaban para cumplir, pero que le pagara a uno horas extras
como tal eso no se lo pagaban a uno, de pronto después
ellos cuadraban para después mermarlas. En cuanto al
trámite para el pago de la remuneración, señaló que tenían
que presentar una cuenta de cobro en la que ponían todos
los datos, adjuntar una copia del contrato y en una hoja
adicional, la relación de los pacientes atendidos, si la había
sido en consulta externa o en prioritaria y la constancia de
pago de los aportes a salud y pensión.
En el caso de tener que ausentarse de sus funciones tenían
que pedirle permiso al Director Científico o al del
Dispensario; en cuanto a consecuencias disciplinarias o
castigos en esos eventos informa que no se presentaban,
que se presentaba la excusa y reprogramaban las horas
pactadas y no prestadas porque si no pagaban esas horas.
Interrogada sobre llamados de atención o felicitaciones
efectuadas al doctor Alvarán Hidalgo por parte de quienes
ejercían como jefes indicó que no personalmente, porque
eso lo maneja cada médico y a veces uno no tenía tiempo
de comunicarse con los otros y no recuerda que a él le hayan
hecho un llamado de atención, que en ese caso él debe tener
las pruebas para aportar. Finalmente refirió la existencia de
unas bitácoras manejadas por las enfermeras en las que se
registraba a qué hora ingresaba y salía cada uno y un militar
que estaba pendiente de todo.

ii) Vinculación del demandante con el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses.

62. Respecto a la vinculación legal y reglamentaria del señor Ramsés Alvarán
Hidalgo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se aportó
lo siguiente.

a) En respuesta al requerimiento hecho por la primera instancia23, el Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de la Coordinadora del Grupo

23
Samai del tribunal de origen, índice 00079

22

Número Interno: 0715-2025
Demandante: Ramsés Alvarán Hidalgo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Nacional de registro y Control, certificó que el señor Ramsés Alvarán Hidalgo, «
Presta sus Servicios al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante relación
legal y reglamentaria (Nombramiento por Resolución), desde el 04 de mayo de 2015,»en el cargo

de Profesional Especializado forense Grado 12.

b) Igualmente reposa en el expediente digital las certificaciones aportadas por el mismo
demandante al momento de suscribir los contratos de prestación de servicios con el
Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, la cuales dan fe de su vinculación legal con el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses:

23

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2.2.7. Caso concreto

63. En el sub judice el Tribunal negó las pretensiones de la demanda pese a
reconocer que se cumplían los requisitos para una verdadera relación laboral, entre
el señor Ramsés Alvarán Hidalgo y el Ministerio de Defensa- Ejército Nacional. Al
encontrar acreditado que, el demandante desde el 4 de mayo de 2015 tiene una
relación legal y reglamentaria con Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses desempeñado el cargo de Profesional Especializado Forense Grado 12 y,
coetáneamente celebró contratos de prestación de servicios con el Ministerio de
Defensa- Ejército Nacional, para desempeñarse como médico general en el
Dispensario del Batallón de ASPC No. 8 «Cacique Calarcá» ESM 3026, ubicado en
Armenia.

64. Los motivos de disenso refieren a que, la situación del demandante se encuentra
cobijada por la excepción prevista en el literal e) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992,
concretamente a, «Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de la
salud».

65. En ese sentido arguye que, la certificación del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses no brinda mayor información respecto de, “horario asignado
al médico demandante, su jornada laboral, si es de medio tiempo o tiempo completo, ni contiene
información sobre cuántas horas labora al día y en qué jornadas, si es por la mañana, la tarde o la
noche, ni las funciones que tenía asignadas en el cargo de Profesional Especializado Forense Grado
12 o como Médico”

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66. En todo caso, no hubo concurrencia de horarios en la prestación del servicio en
ambas entidades, toda vez que el señor Ramsés Alvarán Hidalgo, prestaba sus
servicios profesionales para el dispensario militar en su periodo vacacional del
Instituto Nacional de Medicina Legal, «pues la verdad es que el médico prestaba sus servicios
profesionales en salud por la mañana en el instituto y luego en el Ejército Nacional, siempre en
jornadas diferentes.»

67. Del recaudo probatorio, la Sala encuentra demostrado que, el demandante
desarrolló labores simultáneamente con dos entidades estatales: una con
vinculación legal y reglamentaria con el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, en el que ostentó la calidad de empleado público desde el 4 de
mayo de 2015, y otra relación de carácter contractual con el Dispensario Médico del
Batallón de ASPC No. 8 “Cacique Calarcá” ESM 3026, a través de una serie de
contratos de prestación de servicios celebrados de 27 de enero de 2016 al 31 de
diciembre de 2018.

68. También se acreditó que, para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses el señor Ramsés Alvarán Hidalgo ostenta la calidad de Profesional
Especializado Forense Grado 12, y con el dispensario militar se contrató como
médico general.

69. Cobra relevancia señalar que, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
es un establecimiento público del orden nacional, cuya función principal es
prestar auxilio y soporte técnico y científico a la administración de justicia en
todo el territorio nacional, en lo concerniente a medicina legal y las ciencias
forenses (artículos 160 del decreto 2699 de 1991 y 48 del decreto 261 de 2000).

70. La ley 270 de 1996, en su artículo 31 definió la naturaleza jurídica del Instituto
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así:

« ARTÍCULO 31. INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
Adscrito a la Fiscalía General de la Nación funciona el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, como una entidad de derecho público, dotada de personería jurídica, con
autonomía administrativa y patrimonial y organizada con el carácter de establecimiento público
de orden nacional. El instituto está encargado de prestar auxilio y soporte técnico y científico
a la administración de justicia en todo el territorio nacional en lo concerniente a medicina legal
y las ciencias forenses, de organizar y dirigir el Sistema Único de Medicina Legal y Ciencias
Forenses y controlar su funcionamiento y de cumplir las demás funciones que le atribuya la
ley.»

25

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71. En este contexto, no cabe duda alguna sobre la misión fundamental Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, consistente en prestar auxilio y soporte
científico y técnico a la administración de justicia, en lo referente a medicina legal y
las ciencias forenses.

72. En ese sentido se infiere que, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses no es una institución prestadora de servicios de salud ni tiene como misión
brindar tratamiento médico asistencial a pacientes en los términos propios de la
atención en salud. Su función principal es prestar auxilio científico y técnico a la
administración de justicia mediante actividades médico-legales y forenses24

73. Por su parte, el Decreto 1975 de 201325, identifica al Profesional Especializado
Forense Grado 12 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como «[…]
empleos cuya naturaleza demanda la aplicación de los conocimientos forenses y de apoyo propios
de cualquier carrera profesional, diferente a la formación técnica profesional y tecnológica,
reconocida por la ley y que según su complejidad, experiencia y competencias exigidas, le puedan
corresponder, además funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas
encargadas de ejecutar planes, programas y proyectos institucionales[…]»

24
Ley 938 de 2004:
«Artículo 33. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pertenece a la Rama Judicial y se encuentra
adscrito a la Fiscalía General de la Nación, como establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa.
Artículo 34. El Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses en todo el territorio nacional, es organizado y controlado por
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Artículo 35. La misión fundamental del Instituto es prestar auxilio y soporte científico y técnico a la administración de justicia
en todo el territorio nacional, en lo concerniente a medicina legal y las ciencias forenses.
Artículo 36. En desarrollo de su misión, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene las siguientes
funciones:
1. Organizar y dirigir el Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses y controlar su funcionamiento.
2. Prestar servicios médico-legales y de ciencias forenses que sean solicitados por los Fiscales, Jueces, Policía
Judicial, Defensoría del Pueblo y demás autoridades competentes en todo el territorio nacional.
3. Desarrollar funciones asistenciales, científicas, extra-periciales y sociales en el área de la medicina legal y las
ciencias forenses.
4. Prestar asesoría y absolver consultas sobre medicina legal y ciencias forenses a las unidades de fiscalías,
tribunales y demás autoridades competentes.
5. Definir los reglamentos técnicos que deben cumplir los distintos organismos y personas que realicen funciones
periciales asociadas con medicina legal, ciencias forenses y ejercer control sobre su desarrollo y cumplimiento.
6. Servir de organismo de verificación y control de las pruebas periciales y exámenes forenses practicados por los
cuerpos de policía judicial del Estado y otros organismos a solicitud de autoridad competente.
7. Servir como centro científico de referencia nacional en asuntos relacionados con medicina legal y ciencias
forenses.
8. Ser organismo de acreditación y certificación de laboratorios, pruebas periciales y peritos en medicina legal y
ciencias forenses, practicadas por entidades públicas y privadas.
9. Coordinar y adelantar la promoción y ejecución de investigaciones científicas, programas de postgrado, pregrado,
educación continuada y eventos educativos en el área de la medicina legal y ciencias forenses.
10. Coordinar y promover, previa existencia de convenios, las prácticas de docencia de entidades educativas
aprobadas por el ICFES.
11. Divulgar los resultados de las investigaciones, avances científicos, desarrollo de las prácticas forenses y demás
información del Instituto considerada de interés para la comunidad en general.
12. Delegar o contratar en personas naturales o jurídicas la realización de algunas actividades periciales y controlar
su ejecución»
25
« Por el cual se modifica el régimen de nomenclatura, clasificación y remuneración de empleos del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses y se dictan otras disposiciones.»

26

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74. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que, en razón a la naturaleza
misional del instituto del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses26, el señor
Ramsés Alvarán Hidalgo no cumple labores médico asistencial en el Instituto, como
lo pretende hacer valer el recurrente; por lo cual la tesis de la apelación no se
encuadra en los supuestos normativos de la excepción establecida en la letra e) del
artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 y la Ley 269 de 1996, dentro de las cuales se
encuentran los honorarios o salarios del personal asistencial que presta servicios
de salud en las entidades de derecho público.

75. Persiste entonces la prohibición constitucional, según la cual, no es posible
desempeñar dos cargos públicos ni recibir doble erogación proveniente del tesoro
público.

76. Siendo así las cosas, se confirmará integralmente la sentencia de primera
instancia proferida el veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025), por el
Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Tercera de Decisión –, que negó las
pretensiones de la demanda sin condenar en costas.

2.2.8. Conclusión.

77. En el sub lite, se acreditó que el demandante laboró simultáneamente para dos
entidades estatales y percibió doble asignación del tesoro público, desconociendo
la prohibición constitucional aplicable. Por tal razón, no puede pretender derivar de
esa situación irregular el reconocimiento de derechos patrimoniales.

Condena en costas

78. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. Por
lo tanto, se revocarán las impuestas en primera instancia y se abstendrá de
imponerlas en esta instancia.

26 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B Consejera ponente: Carmelo
Perdomo Cueter treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 25000-23-42-000-2015-
00753-01(3786-16)

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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida veintitrés
(23) de enero de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo
del Quindío – Sala Tercera de Decisión –, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
(con aclaración de voto) (con aclaración de voto)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

28

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