Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2022-00058-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2022-00058-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 63001-23-33-000-2022-00058-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 63001-23-33-000-2022-00058-01 (72477)
Demandante: Municipio de Armenia
Demandados: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. y otra
Referencia: Controversias contractuales
Temas: ANULACIÓN OFICIOSA DEL CONTRATO ESTATAL – Requiere plena demostración de la causal
correspondiente. / VICIOS DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL - Se ubican en el momento de formación
del pacto. / NULIDAD DEL CONTRATO POR OBJETO ILÍCITO – Eventos en los que se configura. Reiteración
de jurisprudencia. / RESTITUCIONES MUTUAS POR NULIDAD DEL CONTRATO – Deben observar, siempre,
las previsiones relacionadas con el objeto y causa ilícitos. / NULIDAD POR OBJETO O CAUSA ILÍCITO – Impide
el reconocimiento de lo ejecutado, cuando no existió beneficio para la entidad pública.
1. La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el demandante,
municipio de Armenia, y la demandada Empresa de Desarrollo Urbano de
Armenia Ltda.1, contra la sentencia anticipada proferida el 21 de noviembre de
2024 por el Tribunal Administrativo del Quindío, que declaró de oficio la nulidad
del contrato interadministrativo n.° 08 de 2015, ordenó que se efectuara la
restitución de los valores contractuales no ejecutados y negó las pretensiones
de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. Entre el municipio de Armenia2 y la EDUA se celebró el contrato
interadministrativo n.° 08 de 2015, que tuvo por objeto la construcción de un
centro cultural y turístico en dicha entidad territorial. El demandante solicitó que
se declare el incumplimiento del negocio, la ocurrencia de los siniestros de
cumplimiento, buen manejo y correcta inversión del anticipo; la efectividad de la
cláusula penal pactada; y que se ordene la devolución del anticipo, con la
correspondiente indexación.
ANTECEDENTES
La demanda
3. El 24 de junio de 20223, el municipio promovió demanda de controversias
contractuales contra la EDUA y la Aseguradora Solidaria de Colombia 4, elevando
las siguientes pretensiones, que se transcriben con sus propios énfasis y errores:
“PRIMERA: DECLARAR el incumplimiento imputable a la contratista EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE ARMENIA - EDUA LTDA con identificación tributaria
890.001.424-3, en relación con las obligaciones contenidas en el contrato
interadministrativo Nro. 008 del 3 de marzo de 2015, suscrito con el MUNICIPIO DE
ARMENIA.
SEGUNDA: Consecuencia de lo anterior, DECLARAR la efectividad de LA CLÁUSULA
PENAL a título de tasación anticipada de perjuicios a favor del MUNICIPIO DE ARMENIA,
1 En adelante, también, la EDUA o la empresa.
2 En lo sucesivo, igualmente, la entidad territorial, el municipio o el demandante.
3 Índice 004 del aplicativo SAMAI, en primera instancia.
4 Asimismo, la aseguradora.
Radicación: 63001-23-33-000-2022-00058-01 (72477)
Demandante: Municipio de Armenia
Demandados: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia
Ltda. y otra
Referencia: Controversias contractuales
por el incumplimiento imputable a la contratista EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE ARMENIA – EDUA LTDA con identificación tributaria 890.001.424-3, conforme
estipula la cláusula décimo cuarta contenida en el contrato interadministrativo Nro. 008 del
3 de marzo de 2015.
TERCERA: Como consecuencia de la declaratoria de efectividad de la cláusula penal,
DECLARAR el SINIESTRO en relación al amparo de cumplimiento contenido en la póliza
300-47-994000007585, expedida por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA con identificación tributaria N° 860.524.654-6 correspondiente al 10% del
valor del contrato, conforme lo estipula la cláusula penal, equivalente a la suma de
cuatrocientos catorce millones trescientos noventa y cuatro mil ciento setenta y
ocho pesos con veintiocho centavos ($414,394,178,28), o la suma que se probaren
durante el proceso judicial, a favor del beneficiario MUNICIPIO DE ARMENIA.
CUARTA: DECLARAR el SINIESTRO en relación al amparo del buen manejo y correcta
inversión del anticipo, contenido en la póliza N° 300-47-994000007585, expedida por la
compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA correspondiente al 100% del
valor del anticipo equivalente a la suma de Dos mil millones cuatrocientos noventa y
nueve millones novecientos cuarenta mil doscientos sesenta y un pesos M/cte.
($2.499.940.261) o la suma que se probaren durante el proceso judicial, a favor del
beneficiario MUNICIPIO DE ARMENIA.
QUINTA: DECLARAR que la contratista EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
ARMENIA EDUA - LTDA, debe reintegrar a favor del MUNICIPIO DE ARMENIA, por
concepto de pago de lo no debido, la suma de Mil ciento cuarenta y nueve millones
trecemil cuatrocientos sesenta y nueve pesos con setenta y nueve centavos
($1.149.013.469,79) o la suma que se probaren durante el proceso judicial.
PRINCIPALES CONDENATORIAS
SEXTA: Consecuencia de la DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, CONDENAR a
pagar a favor del MUNICIPIO DE ARMENIA, por el daño antijurídico contractual, a
los deudores EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA EDUA - LTDA y/o
al garante compañía de seguros – ASEGURADORA SOLIDARIA, con identificación
tributaria nro. 860.524.654-6, la suma de cuatrocientos catorce millones trescientos
noventa y cuatro mil ciento setenta y ocho pesos con veintiocho centavos
($414,394,178,28), o la suma que se probaren durante el proceso judicial, debidamente
indexada, correspondiente al 10% del valor total del contrato por concepto de cláusula
penal pecuniaria como tasación anticipada del perjuicio, con cargo al siniestro del amparo
de cumplimiento contenido en la póliza N°. 300-47-994000007585.
SEPTIMA: Consecuencia de la DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, condenar a
pagar a favor del MUNICIPIO DE ARMENIA, por el daño antijurídico contractual, a
los deudores EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA EDUA - LTDA y/o
al garante compañía de seguros – ASEGURADORA SOLIDARIA, con identificación
tributaria nro. 860.524.654-6, la suma de Dos mil millones cuatrocientos noventa y
nueve millones novecientos cuarenta mil doscientos sesenta y un pesos M/cte.
($2.499.940.261), o la suma que se probaren durante el proceso judicial, debidamente
indexada, correspondiente al 100% del valor del anticipo, con cargo al sinestro del amparo
de buen manejo y correcta inversión del anticipo, contenido en la póliza N° 300-47-
994000007585.
OCTAVA: CONDENAR a la contratista EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
ARMENIA EDUA - LTDA, con identificación tributaria 890.001.424-3, a pagar a título de
reintegro a favor del MUNICIPIO DE ARMENIA, la suma de Mil ciento cuarenta y nueve
millones trece mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos con setenta y nueve
centavos ($1.149.013.469,79) debidamente indexada, como consecuencia del pago de lo
no debido, o la suma que se probaren durante el proceso judicial.
NOVENA: Solicito igualmente condene al contratista y garante a pagar la indexación o
actualización monetaria de las sumas dejadas de percibir o que deba reintegrar, según el
IPC, así como el pago de los intereses por cada una de las sumas debidas o que deba
reintegrar, para lo cual, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre
el valor histórico actualizado (numeral 8, artículo 4, Ley 80 de 1993).
DECIMA: Condenar en costas a la parte demandada”.
4. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se narraron los siguientes:
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Radicación: 63001-23-33-000-2022-00058-01 (72477)
Demandante: Municipio de Armenia
Demandados: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia
Ltda. y otra
Referencia: Controversias contractuales
5. El 3 de marzo de 2015 se suscribió entre el municipio de Armenia y la EDUA el
contrato interadministrativo n.° 08, cuyo objeto consistió en la construcción del
“centro cultural y turístico fase 1” en dicha entidad territorial, por valor de
$4.999’880.522 y con un plazo inicial de ejecución de 7 meses, contados a partir
de la firma del acta de inicio. En la cláusula décima cuarta del negocio se estipuló
una penalidad equivalente al 10% del valor del contrato, en caso de
incumplimiento parcial o total de la empresa. La supervisión del negocio estuvo
a cargo del subsecretario de infraestructura del municipio.
6. El 20 de abril del mismo año se suscribió el acta de inicio. El 25 de junio de dicha
anualidad se suspendió por mutuo acuerdo el plazo de ejecución contractual, y
se reanudó el 25 de agosto de 2015. El 29 de diciembre siguiente, las partes
acordaron prorrogar dicho término por 6 meses, contado a partir del 19 de enero
de 20165.
7. El 12 de febrero ulterior se suspendió nuevamente la ejecución del contrato “por
temas del proceso constructivo relacionado con las características del suelo y
aspectos relacionados con visita técnica del Ministerio de Cultura”.
8. Según el informe elaborado el 4 de marzo de 2021 por la Secretaría de
Infraestructura del municipio, “quien conforme a la Delegación del Alcalde del
Municipio de Armenia, actuó como extremo negocial en calidad de representante
del contratante”, la EDUA no cumplió con su débito negocial, pues de los
$4.499’892.470 entregados a la entidad pública contratista para el desarrollo del
proyecto, solo fueron ejecutados $803’604.773.
9. En los fundamentos de derecho, la demandante expuso que, además del bajo
porcentaje de avance del proyecto constructivo, la empresa accionada no
justificó la inversión del anticipo, se destinaron recursos a mayores cantidades
de obra que nunca fueron legalizadas y se ejecutaron actividades que no fueron
aprobadas por la supervisión del negocio (y que no pueden ser reconocidas por
la ausencia de instrumentos contractuales que las respalden, en los términos de
los artículos 32, 39 y 40 de la Ley 80 de 1993).
La contestación de la EDUA
10. La empresa se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como
excepciones las de “inexistencia del incumplimiento contractual”, “cumplimiento
de las obligaciones y objeto del contrato interadministrativo No. 08 de 2015”,
“falta de demostración de los elementos sustanciales de la responsabilidad
contractual” y la genérica6.
11. En sustento de lo anterior, sostuvo que: (i) los estudios previos y planos
entregados por la Secretaría de Infraestructura del Municipio no contaban con
las coordenadas exactas y las mediciones de profundidad necesarias para la
ejecución de las obras de acueducto y alcantarillado que hacían parte del
proyecto, lo que derivó en la primera suspensión del contrato; (ii) no era
5 En el relato fáctico del escrito genitor no se especificó los motivos que derivaron en la suspensión del contrato
y en la prórroga.
6 Índice 015 del aplicativo SAMAI, en primera instancia.
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Demandante: Municipio de Armenia
Demandados: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia
Ltda. y otra
Referencia: Controversias contractuales
competencia de la EDUA la confección de dichos instrumentos; (iii) la contratista
solicitó reiteradamente la entrega de los nuevos diseños del sistema de
acueducto y alcantarillado, así como la ampliación del plazo contractual para
paliar los efectos de aquella circunstancia; (iv) posteriormente, se presentaron
hallazgos adicionales que exigían actividades no contempladas en los diseños
iniciales y requerían la elaboración de unos nuevos, lo que condujo a la segunda
suspensión del contrato; (v) en suma, las causas que condujeron a las
suspensiones del negocio e impidieron proseguir su ejecución fueron externas a
la contratista; y (vi) la interventoría y supervisión del acuerdo de voluntades
aprobaron los productos entregados y autorizaron los pagos parciales
correspondientes (que incluían la amortización del anticipo), dando por
cumplidas las obligaciones que pudieron ser ejecutadas.
El pronunciamiento de la compañía de seguros
12. La Aseguradora Solidaria de Colombia se opuso a la prosperidad de las
pretensiones y formuló como medios exceptivos los de “inexistencia de
incumplimiento contractual por ausencia de sus elementos estructurales con
relación al EDUA de cara al contrato interadministrativo n° 08 de 2015”; “falta de
prueba de las pretensiones indemnizatorias / no se acreditó eficazmente la
causación ni la extensión del perjuicio por parte del municipio de armenia (sic)”;
“inexistencia de siniestro por la no materialización del riesgo asegurado de
conformidad con el amparo de cumplimiento por falta de prueba de la ocurrena
(sic) del siniestro y de su cuantía”; “terminación del contrato de seguro como
conseccuencia (sic) de la omisión de informar la agravación del estado del
riesgo”; “exclusión del hecho de un tercero y de la culpa de la víctima” y la
genérica7.
13. Como argumentos defensivos, expresó: (i) existieron circunstancias no
imputables a la EDUA que impidieron la ejecución temprana de la etapa
preconstructiva (fase 1), que derivaron en retrasos y traumatismos para el
contratista e impidieron el inicio de la fase 2; (ii) esas incidencias fueron, por el
contrario, atribuibles al municipio por errores en la planeación del proyecto (el
hallazgo y necesaria eliminación de tuberías no contempladas, así como
condiciones de suelos de composición rocosa diversas a las contenidas en los
diseños inicialmente suministrados por la entidad territorial, que alteraron los
cálculos de cargas de la edificación a construir); y (iii) la interventoría y
supervisión del contrato corroboraron, con su firma en las actas parciales de
ejecución, que las obligaciones fueron cumplidas (en lo que resultó posible) por
la EDUA y que el anticipo por ella recibido fue correctamente administrado.
Sentencia de primera instancia
14. El Tribunal Administrativo del Quindío dictó sentencia anticipada el 21 de
noviembre de 2024, en la que declaró de oficio la nulidad absoluta del contrato
debatido y ordenó a la EDUA, a título de restituciones mutuas, que reintegrara
al municipio la suma de $939’441.772,32, correspondientes a los recursos no
7 Índice 017 del aplicativo SAMAI, en primera instancia.
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Demandante: Municipio de Armenia
Demandados: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia
Ltda. y otra
Referencia: Controversias contractuales
ejecutados por la entidad contratista8, en los siguientes términos (se transcribe
con sus propios énfasis y eventuales errores):
“Primero: Abstenerse de resolver la solicitud presentada por el señor Hernán Gómez
Mejía, por carecer de derecho de postulación.
Segundo: Declarar la nulidad absoluta del Contrato Interadministrativo N° 008 de 2015,
el cual tenía por objeto: “la construcción del centro cultural y turístico La Estación Fase
1, celebrado entre el Municipio de Armenia y la Empresa de Desarrollo Urbano, EDUA,
por las razones expuestas.
Segundo: Ordénese a la EDUA que realice la devolución al Municipio de Armenia de la
suma de $939.441.772,32, debidamente indexada con fundamento en el índice de
precios al consumidor IPC, descontando los rendimientos financieros que se hayan
trasladado al ente territorial con posterioridad al 04 de julio de 2019.
Tercero: Niéguese las pretensiones de la demanda.
Cuarto: Sin lugar a condenar en costas en esta instancia.
Quinto: Ejecutoriada esta providencia, archívese oportunamente el expediente y
déjense las anotaciones correspondientes en el Sistema SAMAI”.
15. En sustento de su decisión, señaló que el ordenamiento jurídico (artículos 1742
del Código Civil, 45 de la Ley 80 de 1993 y 141 del CPACA) impone al juez del
contrato estatal el deber de declarar su nulidad absoluta cuando encuentre
plenamente demostrada alguna causal para el efecto. Asimismo, que el artículo
2 de la Ley 1150 de 2007, con la modificación introducida por los artículos 92 y
95 de la Ley 1474 de 2011, dispone que solo pueden celebrarse contratos
interadministrativos cuando las obligaciones asociadas a ellos tengan relación
directa con el objeto de la entidad ejecutora, y que la posibilidad de subcontratar
está restringida a solo “algunas” de las actividades del negocio, pues si recayera
sobre la totalidad se desnaturalizaría el contrato interadministrativo.
16. Refirió que en el sub lite quedó acreditado que, si bien el objeto del acuerdo de
voluntades tiene relación con el de la EDUA, todas las actividades fueron
subcontratadas desde el inicio de la ejecución, al punto que los informes de
avance de obras presentados y el balance financiero realizado por la empresa
se efectuaron con base en los subcontratos celebrados con terceros. Lo anterior,
estimó, revela que la entidad pública demandada carecía de la idoneidad
técnica, experiencia operativa y financiera requeridas para el cumplimiento del
contrato.
17. Indicó igualmente, con base en el material probatorio aportado por las partes,
que no todos los predios en donde se desarrolló la obra eran de propiedad del
municipio de Armenia, y que en uno de ellos se encontraba un inmueble
declarado bien de interés cultual nacional desde 1996, que exigía una
autorización del Ministerio de Cultura para su intervención, la cual, al momento
de iniciar las obras del contrato, no existía.
18. Todo lo anterior, concluyó el a quo, denota una ilicitud del objeto del negocio
debatido, por cuanto: (i) se empleó el contrato interadministrativo para eludir
procedimientos de selección objetiva y beneficiar a terceros, pues la EDUA, en
8 Índice 050 del aplicativo SAMAI, en primera instancia.
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Radicación: 63001-23-33-000-2022-00058-01 (72477)
Demandante: Municipio de Armenia
Demandados: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia
Ltda. y otra
Referencia: Controversias contractuales
la práctica, fungió como simple intermediario; (ii) se contrató la intervención de
un inmueble declarado de interés cultural, sin la respectiva habilitación
ministerial; y (iii) el negocio recayó sobre predios que no eran de propiedad de
la contratante.
19. De otro lado, frente a las restituciones mutuas consecuenciales a la invalidación
del acuerdo, sostuvo que “en este proceso no hay lugar a reconocer el pago de
prestaciones ejecutadas derivadas del contrato nulo” en tanto “no se probó
beneficio mayor que hubiera obtenido la entidad estatal por prestaciones
adicionales cumplidas y que hubieren servido para satisfacer el interés público”.
Sin embargo, expuso que debía ordenarse la devolución del “excedente en los
bancos sin ejecutar de $939.441.772,32”, con arreglo a un informe producido por
la entidad pública demandada con corte al 4 de julio de 2019.
20. Finalmente, en cuanto a la condena en costas, se abstuvo de imponerla
atendiendo a que no se comprobó su causación.
La apelación de la parte demandante
21. El municipio interpuso recurso de alzada9 expresando que el vicio de nulidad
declarado por el tribunal no se configuró, pues el ordenamiento jurídico habilitaba
a la entidad territorial para acudir a la modalidad de contratación directa y
celebrar con la EDUA el contrato interadministrativo debatido, habida cuenta de
la naturaleza jurídica de ambos extremos negociales y de que el objeto del
acuerdo guardaba relación con el de la empresa, conforme a sus estatutos.
Añadió que no existió interés espurio en la celebración del pacto y que ello no
se desprende del hecho de que la entidad contratista efectuara subcontratación.
22. Como segundo motivo de inconformidad, cuestionó el alcance que el a quo le
otorgó a la figura de las restituciones mutuas, señalando que era necesaria la
verificación del beneficio percibido por las partes y la inexistencia de
conocimiento previo de la circunstancia constitutiva de la nulidad del contrato,
aspectos que no fueron analizados en la sentencia de primera instancia, y ante
la falta de prueba de los mismos debía ordenarse la restitución del importe total
de los recursos comprometidos en la ejecución del negocio, y no solamente
aquellos no ejecutados.
La apelación de la entidad pública accionada
23. La EDUA cuestionó la sentencia del tribunal10, arguyendo que los recursos cuya
restitución ordenó de manera indexada son excedentes que nunca fueron objeto
de inversión que generara utilidades o rendimientos financieros, de manera que
“si indexáramos la suma de $939.441.772,32, tendríamos como resultado una
cifra exageradamente alta, situación que consideramos nos generaría un
detrimento injustificado en nuestro patrimonio, pues la indexación es un proceso
que se le aplica a una cifra del pasado para traerla a valor presente, con el
propósito de que la misma no pierda poder adquisitivo”. Por consiguiente, solicitó
9 Índice 057, ibidem.
10 Índice 056 del aplicativo SAMAI, en primera instancia.
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Radicación: 63001-23-33-000-2022-00058-01 (72477)
Demandante: Municipio de Armenia
Demandados: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia
Ltda. y otra
Referencia: Controversias contractuales
que se modifique la decisión del a quo y se disponga que la devolución de los
recursos anotados se produzca sin indexación.
Trámite relevante en segunda instancia
24. Previo a admitir la alzada, por auto del 1.° de octubre de 2025, el Despacho
ponente rechazó una solicitud de nulidad procesal elevada por un tercero11.
Posteriormente, los recursos impetrados contra la sentencia de primera instancia
fueron admitidos mediante providencia del 15 de diciembre de 2025 12.
25. La entidad territorial demandante se pronunció frente a la alzada impetrada por
la EDUA, para señalar que la anulación del acuerdo de voluntades no supone
un menoscabo a los intereses de la entidad ejecutora, ni erosiona el derecho del
municipio a obtener la devolución integral de los recursos comprometidos en el
contrato13. Las accionadas guardaron silencio en esta instancia.
26. El Ministerio Público allegó concepto14 en el que solicitó confirmar el fallo.
Aunque consideró que no se vulneró el principio de selección objetiva, sostuvo
que el contrato está viciado de nulidad por haberse celebrado sin contar con la
autorización del Ministerio de Cultura, lo cual constituía un requisito previo. Con
ello, estimó que el acuerdo incurrió en objeto ilícito, al haberse omitido una
exigencia prevista en las normas relacionadas con la intervención de bienes de
interés cultural, aunado a que no existía claridad respecto de la titularidad de
uno de los predios intervenidos. Frente a las restituciones, estimó que no hay
lugar a ordenarlas, dado que la nulidad por objeto ilícito se produjo a sabiendas
de las partes, que conocían de la protección patrimonial del bien.
Subsidiariamente, señaló que debían tenerse en cuenta para ello las obras
adelantadas por la EDUA, así como la suma ordenada por el a quo, al no haber
sido controvertida por las partes. Por último, refirió que es improcedente la
oposición de la accionada a la indexación, ante la necesidad de realizar la
corrección monetaria de las sumas que ha tenido en su poder sin ejecutar.
CONSIDERACIONES
27. Al no advertirse la configuración de alguna causal de nulidad procesal que
invalide lo actuado, y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos
procesales (jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación
en la causa por activa y por pasiva), la Sala procede a pronunciarse, en segunda
instancia, sobre los recursos formulados en contra de la sentencia anticipada de
primer grado.
28. Con ese propósito, se abordarán los siguientes asuntos: (i) el objeto de los
recursos de apelación y los problemas jurídicos para resolver el litigio; (ii) la
determinación del régimen jurídico del negocio debatido; (iii) la solución al cargo
de la apelación en contra de la sentencia anticipada; y (iv) la condena en costas.
11 Índice 015 del aplicativo SAMAI, en segunda instancia.
12 Índice 025 del aplicativo SAMAI, en segunda instancia.
13 Índice 032 del aplicativo SAMAI, en segunda instancia.
14 Índice 033 del aplicativo SAMAI, en segunda instancia.
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Radicación: 63001-23-33-000-2022-00058-01 (72477)
Demandante: Municipio de Armenia
Demandados: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia
Ltda. y otra
Referencia: Controversias contractuales
El objeto de la alzada y los problemas jurídicos
29. Previo análisis del régimen normativo que gobernó el acuerdo de voluntades, el
primer problema jurídico que debe ser absuelto por la Sala reside en determinar
si el a quo erró al declarar la nulidad del negocio debatido por los argumentos
que se emplearon en el fallo (bajo la causal de objeto ilícito), como lo alegó la
entidad demandante en su recurso de apelación.
30. En función de la respuesta a dicho interrogante, la Subsección abordará una de
las siguientes rutas: (i) si se confirma la configuración de un vicio que implique
invalidar de forma absoluta el acuerdo de voluntades -derivado de lo discutido
en los cargos de la apelación, o bien del estudio de otros motivos de nulidad que
aborde esta Sala-, se analizará si el tribunal erró al limitar el alcance de las
restituciones mutuas a los recursos no ejecutados, y si había lugar a la
indexación ordenada; o (ii) si, por el contrario, se descarta que concurriera
alguna causal de nulidad del acuerdo de voluntades y se concluye que la
sentencia impugnada debe ser revocada, se adoptarán las medidas que
correspondan en punto de la solución de fondo de la controversia, conforme fue
propuesta desde el libelo introductorio.
La naturaleza y el régimen jurídico del negocio celebrado
31. Como primera medida, se destaca que el negocio fue suscrito entre el municipio
de Armenia y la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. -Empresa
Industrial y Comercial del Estado del orden municipal-15. Así, se advierte que
tanto la entidad territorial como la EDUA se encuentran entre las entidades
estatales consagradas en el artículo 2 de la Ley 80 de 199316.
32. Esta Subsección ha precisado que el contrato interadministrativo, a diferencia
del convenio interadministrativo17, es un acuerdo de contenido patrimonial,
característicamente oneroso, donde existe una prestación y una
contraprestación en función del interés de cada una de las partes, y que se
expresa a través de la estipulación de obligaciones recíprocas que se miran
15 Constituida mediante escritura pública n° 331 del 16 de febrero de 1976, de la notaría décima del círculo
notarial de Bogotá D.C., inscrita en la Cámara de Comercio de Armenia el 23 de junio de 1976, bajo el número
934 del libro IX (de conformidad con su certificado de existencia y representación, aportado como prueba
documental con la demanda -índice 028 del aplicativo SAMAI, en primera instancia- )-. Asimismo, aunque en el
expediente no reposa copia de los estatutos de la empresa, la Sala acoge como verdad procesal que la misma
reviste la naturaleza arriba señalada, en tanto en ello coincidieron las partes -acápite I de la demanda y capítulo
I de la contestación-, y en el mismo sentido apuntan los documentos aportados para acreditar las facultades de
quien otorgó poder para agenciar los intereses de la EDUA en el presente trámite -índice 015 de SAMAI, en
primera instancia- así como el texto del contrato debatido -considerandos 14 a 18-).
16 Artículo 2: “Para los solos efectos de esta ley: 1o. Se denominan entidades estatales:
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las
áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía
mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades
descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública
mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles (…)” (se destaca).
17 Este, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 489, se ha definido como una forma de gestión
cooperada de competencias administrativas que asume el ropaje de un negocio jurídico en el cual se regulan
intereses convergentes de, al menos, dos entidades estatales. Se trata de una manifestación de la llamada
actividad negocial de la administración pública que se basa en el principio de cooperación administrativa y, por
tanto, allí no existe una posición prevalente de una parte frente a la otra, ni está presente ánimo o interés
remuneratorio entre ellas (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 20 de noviembre de 2019, radicación 66001-23-33-000-2015-00131-01(61429),
Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico).
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Referencia: Controversias contractuales
como equivalentes, según las previsiones iniciales acordadas al momento de
proponer o contratar18.
33. En el caso concreto, al momento de suscripción del negocio -3 de marzo de
201519-, y de conformidad con su certificado de existencia y representación20, la
Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. tenía como objeto social
(transcrito con sus propios errores): “Desarrollar proyectos urbanísticos o
inmobiliarios en el espacio público y en zonas de renovación urbana, zonas de
expansión, centros históricos, áreas sin desarrollar, mejoramiento integral o
macro proyecto urbano, para la ciudad de Armenia, que incluyan entre otros
aspectos: la promoción, construcción, administración, enajenación, desarrollo,
mantenimiento, adquisición, titularidad, integración y reajuste de predios,
autocosteable, mediante el aprovechamiento económico que garanticen la
viabilidad económica y financiera de las intervenciones en la prestación de
servicios. Participar con las autoridades de tránsito del nivel local, departamental
o nacional en el desarrollo de políticas públicas de seguridad vial, para el mejor
ordenamiento del tránsito de personas, animales, cosas o vehículos por las vías
públicas o privadas abiertas al público, sea de forma directa o a través de una
institución pública o privada, para lo cual podrá celebrar los convenios o
contratos necesarios” (énfasis de la Sala). A su vez, el mismo documento
señalaba como funciones y facultades de la entidad, entre otras, “13. Llevar a
cabo programas de construcción, remodelación y venta de proyectos
urbanísticos”.
34. Por su parte, en los términos del artículo 311 Superior, al municipio, como
entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, “le
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y
las leyes” (énfasis de la Sala). En desarrollo de ese cometido constitucional, el
artículo 3 de la Ley 136 de 199421 señala como función de tales entidades
territoriales: “Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que
demande el progreso municipal”, y el artículo 4 ibidem prescribe que el ejercicio
de sus competencias deberá efectuarse con sujeción al principio de concurrencia
(entre otros), por virtud del cual “Las competencias de los diferentes órganos de
las entidades territoriales y del orden nacional no son excluyentes sino que
coexisten y son dependientes entre sí para alcanzar el fin estatal”, de manera
que, para el cumplimiento de la función o prestación del servicio de que se trate,
las entidades competentes “deberán realizar convenios o usar cualquiera de las
formas asociativas previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para
evitar duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad
administrativa”.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31
de marzo de 2023, exp. (58623), C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Reiterada en providencia del 4 de junio
de 2024, exp. (70.371), C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
19 Folios 167 a 179, archivo “1.1 Tomo 1.pdf”, carpeta “EXPEDIENTE CONTRACTUAL 008-2015”, aportado con
el libelo introductorio de forma digital, mediante vínculo web.
20 Archivo “6. Certificado existencia y representación legal – edua.pdf”, aportado con el libelo introductorio de
forma digital, mediante vínculo web.
21 Con la modificación introducida por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012.
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Demandante: Municipio de Armenia
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35. Ahora bien, la cláusula primera del negocio celebrado estipuló como objeto: “la
construcción centro (sic) cultural y turístico La Estación fase 1”. Asimismo, en
sus considerandos 20 a 29 se especificó que el proyecto, a ejecutarse en la
antigua estación de ferrocarril del municipio, “busca concebir un complejo donde
se consolide un espacio referente de carácter turístico con el fin de recuperar un
sector pero generar una oportunidad de avanzar en el mejoramiento de las
condiciones físicas y sociales con énfasis en actividades que hoy carece la
ciudad (…) El Complejo Turístico y Cultural La Estación tendrá una
infraestructura de primer nivel para la región, y una zona pública para el disfrute
familiar tematizando actividades para toda la familia y la comunidad sin
distinción”. Se señaló igualmente en tales considerandos que, “Por el carácter
de entidad descentralizada del Orden Municipal, la Empresa Desarrollo Urbano
de Armenia ‘EDUA’, es una entidad ejecutora a través de la cual el Municipio de
Armenia puede desarrollar proyectos urbanísticos teniendo como objetivo
principal el beneficio y progreso para la ciudad”.
36. Asimismo, en la cláusula tercera del contrato se señaló que su valor sería de
$4.999’880.552, suma que el municipio pagaría a la EDUA en tres instalamentos,
en función de determinados hitos contractuales, sujetos al avance de la
ejecución del proyecto. Esa forma de contraprestación tiene la característica de
precio, pues comporta un concepto que el demandante paga a cambio de una
prestación recibida de la empresa22, lo que denota la presencia de una relación
permeada por el ánimo o interés remuneratorio de una de las partes en el
acuerdo interadministrativo23.
37. Lo anterior implica, entonces, que se celebró un contrato en toda la extensión
del concepto, pues se estableció un acuerdo conmutativo y bilateral en el que se
consagraron obligaciones y prestaciones recíprocas entre las partes,
estableciéndose un sinalagma contractual.
38. Los elementos que acaban de resaltarse ponen de relieve que el acuerdo de
voluntades que se analiza es, efectivamente, un contrato interadministrativo,
pues: (i) fue suscrito por dos entidades públicas, en los términos del artículo 2
de la Ley 80 de 1993; y (ii) existió un ánimo o interés remuneratorio en el acuerdo
interadministrativo de una de las partes (la empresa), pues se pactó una
contraprestación (dineraria en este caso) a cambio de una prestación ejecutada
(se trató, pues, de una relación conmutativa). De ese modo, el negocio jurídico
en cuestión estuvo sometido al EGCAP24, y bajo él debe analizarse su validez.
22 “El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio” (Código Civil, artículo 1849 y Código de
Comercio, artículo 905). En el sub lite, el proyecto fue estructurado sobre la idea de que el valor a pagar a la
EDUA tendría la característica de “precio”, como contraprestación por la ejecución de la obra, conforme se
desprende de los estudios previos, en el siguiente tenor: “El municipio de Armenia , tendrá un beneficio que se
materializa, en que la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia EDUA, ejecutará el objeto contractual
mencionado, por un precio menor al que normalmente contrata el municipio de Armenia, ya que el A.I.U.
planteado para la ejecución de la obra, será de un 25%, siendo la utilidad del 5%” (folio 9, archivo “1.1 Tomo
1.pdf”, carpeta “EXPEDIENTE CONTRACTUAL 008-2015”, aportado con el libelo introductorio de forma digital,
mediante vínculo web.
23 En los estudios previos del contrato se señaló que “la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia EDUA,
ejecutará el objeto contractual mencionado, por un precio menor al que normalmente contrata el municipio de
Armenia, ya que el A.I.U. planteado para la ejecución de la obra, será de un 25%, siendo la utilidad del 5%”.
24 Que, para la fecha de suscripción del negocio jurídico -3 de marzo de 2015-, lo conformaban la Ley 80 de
1993 y la Ley 1150 de 2007, así como las modificaciones introducidas por la Ley 1474 de 2011.
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Solución al cargo relacionado con la nulidad del contrato
39. Para resolver el primer problema jurídico planteado, debe recordarse que el a
quo declaró la nulidad del contrato interadministrativo n.° 08 de 2015 por
considerar que se configuró un objeto ilícito, que sintetizó en las siguientes
razones: (i) se habría empleado el acuerdo de voluntades para eludir
procedimientos de selección objetiva y beneficiar a terceros -mediante la
subcontratación-, pues la EDUA, en la práctica, fungió como simple intermediario
y no como ejecutor directo; (ii) se contrató la intervención de un inmueble
declarado de interés cultural, sin la requerida habilitación del Ministerio de
Cultura -en tanto se trataba de un bien de interés cultural nacional-; y (iii) el
negocio recayó sobre predios que no eran de propiedad de la contratante.
40. Conforme al artículo 44 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales son
absolutamente nulos, además de los casos previstos en el derecho común 25,
cuando: (i) se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley; (ii) contra expresa
prohibición constitucional o legal; (iii) con abuso o desviación de poder; (iv) se
declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y (v) se
hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo
21 del EGCAP.
41. Como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Subsección, “el instituto de la
nulidad absoluta de los contratos (…) supone una sanción que el ordenamiento
jurídico concibe para afectar la validez de un negocio jurídico, siempre que el
supuesto de hecho que empaña la legalidad del acuerdo se encuadre en una de
las causales taxativas que con ese efecto regula la legislación”26. En ese sentido,
en cuanto hace a las facultades que ostenta el juez para su declaratoria, “dos
aspectos adquieren relevancia en este asunto. El primero atañe a la habilitación
que la ley confiere al juez para examinar la validez del contrato, aun si no media
pretensión anulatoria, siempre que esté plenamente acreditada en el proceso; el
segundo, que es el evento que aquí acontece, ocurre cuando habiéndose
formulado la pretensión de nulidad absoluta del contrato estatal por el
demandante, al avanzar en tal escrutinio, el juez encuentra que procede tal
declaratoria por razones diversas o conexas a las advertidas por el demandante.
En cualquier caso, se impone al juez desatar la sanción advertida ante la
gravedad atribuida por ley a los vicios que la configuran”27.
42. El artículo 141 del CPACA consolida ese entendimiento, al indicar que el juez
administrativo podrá declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato “cuando
esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan
intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”. Sobre el particular, y
bajo el reconocimiento de la relevancia del principio de preservación de los
contratos -que entraña la necesidad de observar la estabilidad y vigencia del
negocio jurídico como realizador de los fines del Estado-, esta Sección ha
25 Esto es: (i) falta de capacidad legal de las partes (1504 del C.C.); (ii) objeto ilícito (1519 del C.C.); (iii) causa
ilícita (1524 del C.C.); y (iv) omisión de formalidades requeridas para ciertos contratos (1741 del C.C.).
26 Sentencia del 17 de octubre de 2023, exp. 69492, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Reiterada en sentencia
del 11 de julio de 2025, exp. 71.312, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
27 Sentencia del 6 de diciembre de 2024, exp. 68406, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Reiterada en
sentencia del 11 de julio de 2025, exp. 71.312, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
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Referencia: Controversias contractuales
precisado que “la nulidad absoluta [del contrato] puede y debe ser declarada de
oficio cuando aparezca plenamente demostrada y no es susceptible de ser
ratificada por las partes”28, precepto igualmente contenido en los artículos 45 de
la Ley 80 de 1993 y 1742 del Código Civil29.
43. Así, aunque el juez del contrato no se encuentra limitado en sus facultades
anulatorias por el hecho de que las partes invoquen una determinada causal, o
no aludan a ninguna, el ordenamiento sí condiciona la posibilidad de invalidación
absoluta a la plena demostración sobre su configuración.
44. Con estas premisas, la Sala abordará, en primer término, lo relacionado con el
vicio de nulidad por objeto ilícito, declarado por el tribunal y que constituye,
precisamente, el motivo inicial de controversia planteado en la alzada del
municipio. Para tal efecto, se destacarán los elementos de juicio relevantes,
para, posteriormente, analizar el régimen de la causal de anulación estudiada y,
con ese fundamento, descender al examen del caso concreto. Así, del plenario
se extraen los siguientes antecedentes pertinentes:
45. Por medio de la Resolución n° 3277 del 17 de octubre de 201430, el Ministerio
de Cultura aprobó “el Plan Especial de Manejo y Protección de la Estación para
la Ferrocarril (sic) de Armenia, Quindío, localizada en la carrera 19ª con calle 26,
barrio La Estación, declarada monumento nacional, hoy bien de interés cultural
del ámbito nacional”. En los considerandos de dicho acto administrativo, se
consignó:
“Que es necesario adelantar un fortalecimiento institucional que permita implementar los
distintos proyectos y acciones por parte de la administración municipal de Armenia.
Que el Ministerio de Cultura, previo concepto del Consejo de Monumentos Nacionales,
mediante el Decreto n° 746 del 24 de abril de 1996, declaró monumento nacional (hoy
bien de interés cultural del ámbito nacional -BICN-) el conjunto de las estaciones de
pasajeros del ferrocarril existentes en el país, que incluye la estación de Armenia;
(…)
Que el citado consejo dio concepto favorable para la aprobación del Plan Especial de
Manejo y Protección de la estación de Ferrocarril de Armenia, bien de interés cultural de
carácter nacional, según consta en el Acta n° 9 del 29 de noviembre del 2013 ”.
46. En el mismo instrumento se delimitó el área afectada y la zona de influencia del
bien de interés cultural nacional que posteriormente sería objeto de intervención
con el negocio aquí debatido, indicando que:
“ARTÍCULO 6. DELIMITACIÓN DEL ÁREA AFECTADA. El área afectada corresponde a la
zona declarada BICN, de acuerdo el (sic) Decreto 0746 de 1996, y corresponde a la Estación
de Pasajeros del Ferrocarril, cuyos datos de identificación se especifican a continuación:
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de abril de
2013, exp. 23042, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Reiterado, entre otras, en sentencias del 5 de marzo
de 2021, exp. 62250, y del 1 de noviembre de 2023, exp. 55939, en ambas C.P. Nicolás Yepes Corrales.
29 “La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de
manifiesto en el acto o contrato (…)”.
30 Folios 125 a 150, archivo “1.1 Tomo 1.pdf”, carpeta “EXPEDIENTE CONTRACTUAL 008-2015”, aportado con
el libelo introductorio de forma digital, mediante vínculo web.
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Número catastral Folio de Nombre y Área Descripción Propietario
matrícula característica del lote
inmobiliaria del inmueble m2
010301160001000 280-78026 Edificio 718,12 Cra. 19ª Empresa
principal, con calle Colombiana
estación de 25, barrio de Vías
pasajeros La Estación Férreas
(Ferrovías)
(…)
ARTÍCULO 8. SECTORIZACIÓN DEL ÁREA AFECTADA Y LA ZONA DE INFLUENCIA.
Para efectos de la clasificación y determinación de niveles de intervención y normas
urbanísticas relacionadas, el conjunto arquitectónico se ha distribuido en dos zonas
atendiendo lo dispuesto en la declaratoria de las estaciones de pasajeros de ferrocarril. Una
zona, correspondiente al área afectada y otra -zona de influencia-, en la cual se incluyen los
inmuebles que inicialmente formaron parte del conjunto y las construcciones que considere
deben ser afectadas para proteger los valores de la totalidad del conjunto .
ARTÍCULO 9. NIVELES DE INTERVENCIÓN DEL ÁREA AFECTADA. El área afectada
corresponde a la estación de pasajeros, inmueble que cuenta con la declaratoria como BICN.
El mismo se clasifica dentro del Nivel 1. Conservación Integral.
Este inmueble se encuentra identificado en el plano PI-02, “Niveles permitidos de
intervención”, que hace parte integral de la presente resolución.
La definición de cada una de las obras permitidas está consignada en el artículo 41 del
decreto 763 de 2009 o las nomas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
ARTÍCULO 10. NIVELES DE INTERVENCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA. La
clasificación de los niveles de intervención de la zona de influencia se realizó de acuerdo
con la valoración de cada uno de los inmuebles que forman parte del conjunto original de la
estación del ferrocarril, según se establece en los siguientes cuadros:
Nivel 2: De conformidad con lo previsto en el ‘Documento técnico de soporte’, se les asigna
nivel de intervención 2 a los siguientes inmuebles”.
47. En los estudios previos del contrato31 se detalló que el proyecto se ejecutaría en
el inmueble denominado “Antigua Estación del Ferrocarril”, precisando que: “La
Antigua Estación del Ferrocarril de la ciudad de Armenia se encuentra ubicada
en la Centro (sic) Occidental en un sector de alta incidencia poblacional pero con
zonas y espacios en el entorno con diferentes categorías urbanas donde se
busca recuperar algunos sectores y consolidar otros con el fin de generar
integración comunitaria en torno a la educación, la cultura, la lúdica, el turismo,
entre otros (…) El municipio como ente territorial es el encargado de proteger,
asegurar, conservar y recuperar los parques, escenarios deportivos, patrimonios
culturales para el disfrute y goce de la comunidad, motivo por el cual la
Secretaría de Infraestructura, adelantó los estudios y diseños arquitectónicos y
constructivos, para la construcción de, (sic) donde jóvenes, niños y adultos,
puedan disponer de un espacio en condiciones físicas acordes para la
interacción, distracción y esparcimiento de la comunidad”.
48. Allí, igualmente, se señaló, frente al área a intervenir y los permisos previos
requeridos para su ejecución, lo siguiente:
“2.2 PERMISOS:
31 Ibidem, folios 1 a 53.
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2.2.1 INTERVENCIÓN AL PATRIMONIO: Dado a que (sic) el área a intervenir contiene
edificaciones que hacen parte del patrimonio cultural, se adelantó con el Ministerio de
Cultura un Plan especial de Manejo y protección para la Estación de ferrocarril de
armenia por medio de la Resolución 3277 del 2014 dada el 17 de octubre de 2014,
por el Ministerio de Cultura, Además (sic) cualquier riesgo o afectación Ambiental que se
presente en el desarrollo de la obra deberá ser informado al supervisor y comunicado a
la Corporación Autónoma Regional del Quindío para acatar las posibles
recomendaciones.
2.2.2 LICENCIAS: El Municipio a través de la Secretaría de Infraestructura requirió las
Licencias necesarias para Intervención del Espacio Público al Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, las cuales se adelantaron por medio de la
Curaduría urbana No. 2, licencia de Construcción No. 1-1420222 expedida el 30 de
diciembre del año 2014”. (énfasis de la Sala)
49. En el análisis del sector, la entidad territorial especificó, en punto al objeto a
contratar, que32:
“2. Objeto del contrato: ‘CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO
DE ARMENIA Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA EDUA,
PARA LA CONSTRUCCIÓN (sic) CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO LA ESTACIÓN
FASE 1’
3. Lugar de ejecución: Antigua Estación del ferrocarril del Municipio de Armenia.
4. Plazo de Ejecución. La duración del presente contrato será de siete (7) meses,
contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio.
5. Presupuesto. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato a celebrar será
de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M7CTE $4,999,8880,522
(sic), recurso que se encuentra debidamente apropiado según los certificados de
disponibilidad presupuestal número No. 20151147 Rubro: Cofinanciación de proyectos
de renovación urbana de interés nacional para el fortalecimiento de la oferta turística,
Fuente: Crédito Interno. Con un valor de CINCO MIL MILLONES DE PESOS M7CTE
(5,000,000,000) (sic)’’.
50. A través de la Resolución n° 045 de 2015, el municipio de Armenia justificó el
empleo de la modalidad de contratación directa para la celebración del futuro
contrato33. En sus considerandos, expresó que la EDUA “es una entidad con
reconocida idoneidad y experiencia para desarrollar en los términos del objeto
social Proyectos Urbanos Integrales” y que “ha participado y ejecutado diversos
proyectos, de índole regional, por su competencia y celeridad en el desarrollo de
procesos administrativos, contractuales y operativos entre ellos: Construcción
del puente peatonal sector Proviteq, Construcción (sic) obras de infraestructura
urbana en el Municipio de Armenia (sic) puentes peatonales, construcción de
obras civiles en la concentración básica primaria República del Ecuador en el
Municipio de Armenia, Construcción, ampliación, remodelación y terminación
(sic) Villa Olímpica fase II, Adecuación, (sic) y dotación de la antigua Estación
del ferrocarril para funcionamiento de la biblioteca pública del municipio de
Armenia (…)”, entre otros proyectos urbanísticos.
51. El negocio jurídico en cuestión fue objeto de dos suspensiones. El acta que da
cuenta de la primera de ellas34 es ilegible, y de la misma no pueden extraerse
32 Ibidem, folios 61 a 92.
33 Ibidem, folios 151 a 166.
34 Visible a folio 224 del archivo “1.1 Tomo 1.pdf”, carpeta “EXPEDIENTE CONTRACTUAL 008-2015” (aportado
con el libelo introductorio de forma digital, mediante vínculo web).
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los motivos que condujeron a la paralización de la ejecución. Por su parte, la
segunda, suscrita el 12 de febrero de 2016, estuvo amparada en (i) el hallazgo
de condiciones de suelos que requerían recalcular las cargas de cimentación de
la edificación, a través de nuevos diseños estructurales; y (ii) la “recomendación”
del Ministerio de Cultura de “hacer la suspensión de la ejecución de obras, hasta
tanto no se subsanen aspectos técnicos y procedimentales del proyectos (sic)”35.
52. En el informe del 13 de julio de 2018, elaborado por la EDUA en el marco del
acuerdo de voluntades objeto de litigio, se efectuó una relación de 25 contratos
derivados, celebrados para la satisfacción del objeto pactado en el negocio
principal. En el instrumento en comento se especificó que el valor total
subcontratado ascendió a $4.697’095.007,33 y que ello equivale al 93,94% del
contrato interadministrativo n° 08 de 201536.
53. Revisado el clausulado del acuerdo de voluntades, se tiene que, en la
descripción de las obligaciones a cargo de la empresa -cláusula segunda- se
consignó: “1. La EDUA ejercerá la dirección y coordinación general del proyecto
para la construcción del Centro Cultural y Turístico la Estación FASE 1 del
Municipio de Armenia. (…) 20. Constituir las garantías que se requieran en el
contrato interadministrativo y así mismo exigir la constitución de estas garantías
en los contratos que suscriba de acuerdo a la naturaleza de los mismos”37
(énfasis de la Sala).
54. A través de la Resolución n° 1512 de 201838, el Ministerio de Cultura impuso al
municipio de Armenia una sanción pecuniaria por incurrir en falta contra el
patrimonio cultural de la Nación, consistente en “la intervención sin autorización
(…) en el inmueble denominado Bodega del Costado Sur, localizada en la zona
de influencia de la Estación del Ferrocarril de Armenia, bien de interés cultural”.
En sus motivaciones, expresó el ente ministerial lo siguiente:
“(…) la Estación del Ferrocarril de Armenia cuenta con un Plan Especial de manejo y
Protección (en adelante PEMP), aprobado mediante la resolución n° 3277 de 2014
emitida por el Ministerio de Cultura (publicada en el Diario Oficial 43.333 del 12 de
noviembre de 2014).
(…)
Como se mencionó anteriormente, la Estación del Ferrocarril de Armenia cuenta con un
PEMP que establece los lineamientos urbanos – arquitectónicos y las acciones concretas
de protección y salvaguardia del bien declarado. En este sentido, es necesario que los
proyectos para intervenir la Estación sean formulados bajo este instrumento normativo y
presentados al Ministerio de Cultura para su revisión y autorización.
En el marco de la evaluación del proyecto de intervención presentado ante este
Ministerio, el día 19 de noviembre de 2015, se realizó visita técnica al conjunto de
inmuebles de la Estación del ferrocarril de Armenia evidenciándose la ejecución de obras
en la BODEGA DEL COSTADO SUR, sin contar con autorización del Ministerio, razón
por la cual se recomendó suspender las obras.
35 Folio 376, archivo “3. Tomo 3.pdf”, carpeta “EXPEDIENTE CONTRACTUAL 008-2015”, aportado con el libelo
introductorio de forma digital, mediante vínculo web.
36 Folios 22 a 33, archivo “7. Tomo 7.pdf”, carpeta “EXPEDIENTE CONTRACTUAL 008-2015”, aportado con el
libelo introductorio de forma digital, mediante vínculo web.
37 Folio 172, archivo “1.1 Tomo 1.pdf”, ibid.
38 Folios 79 a 112, archivo “8. Tomo 8.pdf”, carpeta “EXPEDIENTE CONTRACTUAL 008-2015”, aportado con
el libelo introductorio de forma digital, mediante vínculo web.
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Referencia: Controversias contractuales
(…)
Así las cosas, no se hace evidente que dentro de los objetivos de los PEMP se otorgue
autorización expresa y tácita para realizar intervenciones en un bien de interés cultural
que se intenta proteger y conservar, como sí sucede en el artículo mencionado con
anterioridad [en alusión al artículo 39 del Decreto 763 de 2009], donde se hace clara la
exigencia de pedir autorización a la autoridad competente que haya realizado la
declaratoria, en este caso el Ministerio de Cultura”.
55. Efectuado el recuento de los elementos probatorios relevantes, resulta necesario
recapitular la postura mantenida por la Subsección en punto de la causal de
nulidad por objeto ilícito, en clave del presente litigio. Así, se ha sostenido que
dicha hipótesis de invalidación tiene lugar, entre otros eventos, cuando se
desconoce el deber de selección objetiva en la contratación estatal, lo cual
redunda en la presencia de un vicio de origen o nacimiento mismo del negocio
jurídico39. A propósito de la irregularidad en comento, esta Sección puntualizó,
en otra oportunidad, lo siguiente:
“En segundo lugar los artículos 6 y 1519 del Código Civil son las normas básicas sobre
el objeto ilícito como causal de nulidad absoluta al prever respectivamente que ―... en
materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley, si en
ella misma no se dispone otra cosa...‘ y que hay un objeto ilícito en todo lo que
contraviene al derecho público de la nación...‘, lo que se traduce en que los artículos
1521, 1523 y 1741 del Código Civil y el artículo 899 del Código de Comercio son
solamente aplicaciones concretas de ellos y por consiguiente toda violación a un
mandato imperativo o a una prohibición de la ley, comporta un vicio que genera nulidad
absoluta si, por supuesto, ella no consagra una sanción diferente.
Y es que las normas imperativas no son solamente aquellas que prohíben sino también
las que mandan u ordenan y por ende la transgresión del orden público se presenta
cuando se viola la que prohíbe, así como cuando no se observa o se desatiende la que
ordena, casos todos estos que conducen a una nulidad absoluta por objeto ilícito ”40.
56. Así, en materia de contratación estatal, el legislador prohibió a las autoridades
eludir los procedimientos de selección objetiva previstos en el EGCAP, de
manera que se colige que un acuerdo de voluntades celebrado en contravención
de este mandato está viciado de objeto ilícito, y de esa forma debe ser declarado.
57. Aun cuando la administración tiene la potestad de perfeccionar los negocios que
sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, la autonomía de la voluntad
que le permite contraer obligaciones con los particulares (y con otras entidades
públicas) se encuentra acotada por las normas de orden público que no pueden
ser desconocidas ni derogadas por las decisiones de los propios contratantes
(artículos 6 y 16 del Código Civil41).
58. En ese contexto, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 42 habilita a las entidades
sometidas al EGCAP a acudir a la modalidad de selección de contratación
39 Sentencia del 6 de diciembre de 2024, exp. 68.406, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Reiterada en
sentencia del 11 de julio de 2025, exp. 71.312, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20
de octubre de 2014, radicación 66001-23-31-000-1999-00435-01(24809)A, C.P.: Jaime Orlando Santofimio
Gamboa. La Sala recuerda que esta providencia fue resultado de la orden emitida, en sede de tutela, por la
Sección Cuarta de esta corporación, en el sentido de que se profiriera un nuevo fallo de segunda instancia en
ese proceso “bajo el entendido de que el desconocimiento del principio de planeación no genera nulidad del
contrato por objeto ilícito”.
41 “ARTÍCULO 6. (…) En materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley, si en
ella misma no se dispone otra cosa”.
42 Con la modificación introducida por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011.
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directa, entre otros, para celebrar contratos interadministrativos siempre que las
obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la
entidad ejecutora, exceptuando “los contratos de obra, suministro, prestación de
servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos
técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de
educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con
participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro
conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de
entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser
ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación
pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales
1 y 2 del presente artículo”.
59. Recapitulando, el EGCAP, aplicable al negocio debatido según se estableció,
solo contempla como condicionantes expresos para acudir al mecanismo de
contratación directa para la celebración de contratos interadministrativos: (i) que
las obligaciones derivadas de aquellos tengan relación directa con el objeto de
la entidad ejecutora; y (ii) que no se trate de contratos de obra, suministro,
prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o
reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública, cuando la entidad
ejecutora sea una institución de educación superior, sociedad de economía
mixta con participación mayoritaria estatal, personas jurídicas sin ánimo de lucro
conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de
entidades territoriales.
60. Descendiendo a la solución que corresponde al primer problema jurídico,
conforme se precisó en el acápite anterior, la Sala observa que el objeto del
contrato -la construcción del centro cultural y turístico La Estación fase 1- no
guardó correspondencia directa con el de la EDUA -desarrollar proyectos
urbanísticos o inmobiliarios en el espacio público y en zonas de renovación
urbana, zonas de expansión, centros históricos, áreas sin desarrollar,
mejoramiento integral o macro proyecto urbano, para la ciudad de Armenia-.
61. Para tal efecto, resulta necesario distinguir entre un desarrollador de proyectos
urbanísticos y un constructor de obras, a la luz de la finalidad estatutaria de la
persona de que se trate y la naturaleza de la actividad que el ordenamiento
jurídico le habilita a desempeñar. En este caso, el vocablo “construcción”,
contenido en el objeto societario43, no puede ser entendido de forma aislada del
resto del enunciado estatutario, de manera que de ella no se sigue que la EDUA,
en el momento de celebración del pacto, tuviese la calidad de sociedad
43 Conforme a sus estatutos (citados supra), el objeto de la EDUA (predefinido jurídicamente por el acto que
autorizó su creación) es del siguiente tenor: “Desarrollar proyectos urbanísticos o inmobiliarios en el espacio
público y en zonas de renovación urbana, zonas de expansión, centros históricos, áreas sin desarrollar,
mejoramiento integral o macro proyecto urbano, para la ciudad de Armenia, que incluyan entre otros aspectos:
la promoción, construcción, administración, enajenación desarrollo, mantenimiento, adquisición, titularidad,
integración y reajuste de predios, autocosteable, mediante el aprovechamiento económico que garanticen la
viabilidad económica y financiera de las intervenciones en la prestación de servicios. Participar con las
autoridades de tránsito del nivel local, departamental o nacional en el desarrollo de políticas públicas de
seguridad vial, para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales, cosas o vehículos por las vías
públicas o privadas abiertas al público, sea de forma directa o a través de una institución pública o privada, para
lo cual podrá celebrar los convenios o contratos necesarios” (énfasis de la Sala). A su vez, el mismo documento
señalaba como funciones y facultades de la entidad, entre otras, “13. Llevar a cabo programas de construcción,
remodelación y venta de proyectos urbanísticos”. Vid. supra, párr. 33.
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constructora o que actuara en el mercado de servicios de construcción de obras,
en tanto su objeto, se insiste, era el de desarrollar de proyectos urbanísticos o
inmobiliarios. Así, no puede perderse de vista que, en los términos del artículo
32, numeral 1, de la Ley 80 de 1993, del contrato de obra emanan obligaciones
de realizar intervenciones constructivas o trabajos materiales directos sobre un
bien inmueble44. En ese contexto, es a esa noción a la que debe aludir el objeto
social de quien pretende ejecutar una construcción, condición que no puede
entenderse satisfecha con la simple inclusión del verbo “construir” y su lectura
inconexa del contexto en que se inscribe.
62. Ciertamente, en reciente oportunidad, la Subsección analizó el alcance del
objeto social de la EDUA, bajo el siguiente razonamiento que, para el caso
concreto, resulta pertinente45:
“Expresiones como zona de renovación urbana, espacio público o actuación urbanística son
propias de la legislación sobre ordenamiento territorial municipal, por lo que es necesario
tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 para interpretar el objeto de la EDUA.
Esta ley, promulgada con el objetivo de establecer mecanismos que permitan a los
municipios promover el ordenamiento de su territorio y el uso equitativo y racional del suelo,
distingue los conceptos de acción urbanística y de actuación urbanística.
El artículo 8º establece que la acción urbanística es el medio por el cual el municipio ejerce
la función pública de ordenamiento del territorio municipal e interviene en los usos del suelo.
Asimismo, señala que esta acción se materializa en actos administrativos que no consolidan
situaciones jurídicas de contenido particular y concreto. Estos actos incluyen, entre otros, la
clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana; la determinación de
zonas no urbanizables; la calificación de terrenos como objeto de desarrollo y construcción
prioritaria; y la dirección de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos
domiciliarios y los equipamientos públicos.
El artículo 36 de la Ley 388 de 1997 define la actuación urbanística como actividades
materiales de “parcelación, urbanización y construcción de inmuebles”, cuyos
procedimientos de gestión y ejecución dependen de las decisiones administrativas de acción
urbanística. Asimismo, establece que los actos administrativos que autorizan estas
actuaciones sí consolidan situaciones jurídicas particulares, siendo estos las licencias de
parcelación, urbanización, construcción y otras establecidas por la normativa nacional.
Finalmente, el artículo 114 de la norma estableció que los macroproyectos urbanos
constituyen el medio para ejecutar actuaciones urbanas integrales, esto es, un conjunto de
acciones definidas y evaluadas técnicamente que, orientadas a la implementación de una
operación urbana de gran escala, buscan generar impactos en la estructura urbana y orientar
el crecimiento general de la ciudad.
El Decreto 1469 de 2010, reglamentario de la Ley 388 de 1997, establece que las licencias
urbanísticas comprenden las de urbanización, parcelación, subdivisión, construcción e
intervención y ocupación del espacio público. Respecto de las licencias de urbanización,
indica que estas constituyen la autorización para la creación de espacios públicos y privados,
vías públicas y la infraestructura de servicios públicos domiciliarios que permitan la
adecuación, dotación y subdivisión de estos terrenos para la futura construcción de
edificaciones destinadas a usos urbanos. En cuanto a las licencias de construcción,
establece que estas son la autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de
circulación y zonas comunales en uno o varios predios, conforme a lo previsto en el Plan de
Ordenamiento Territorial. Sin embargo, el artículo 11 del Decreto 1469 de 2010 precisó que
no se requeriría licencia urbanística en ninguna de las modalidades anteriores para la
ejecución de proyectos de infraestructura de la red vial nacional, regional, departamental y/o
municipal.
De conformidad con lo anterior, el objeto de la EDUA abarca un conjunto de actividades que
se despliegan en diferentes momentos (formulación, diseño y ejecución) y que tienen como
objetivo principal el desarrollo de lo que la Ley 388 de 1997 denomina actuaciones
44 “Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento,
instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles,
cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”.
45 Sentencia del 18 de noviembre de 2024, exp. 69.233, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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urbanísticas. Estas actividades se concretan en intervenciones materiales planificadas en el
espacio público, en zonas de renovación y expansión urbana, así como en centros históricos
y áreas sin desarrollar, con el fin de satisfacer necesidades colectivas, como la provisión de
soluciones de vivienda, en cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial”.
63. Ahora, se rememora que, en el informe del 13 de julio de 2018, la EDUA (i)
relacionó 25 contratos derivados, para la satisfacción del objeto pactado en el
negocio principal; (ii) especificó que el valor total subcontratado ascendió a
$4.697’095.007,33 y (iii) refirió que ello equivale al 93,94% del contrato
interadministrativo n° 08 de 201546. El Tribunal, por su parte, invocó el vocablo
normativo “algunas”, contenido en el artículo 2, numeral 4, literal d) de la Ley
1150 de 200747, para señalar que ello supuso una vulneración del señalado
mandato, al haberse empleado el negocio como una ruta de intermediación con
el sector privado.
64. Si bien dicha disposición no puede ser entendida como una prohibición para que
la subcontratación recaiga sobre la totalidad del objeto primigenio -como lo
entendió el Tribunal-, y por ello no es dable sostener que aquella circunstancia
supusiera la transgresión de una prohibición normativa o la inobservancia de
previsiones de orden público del acuerdo de voluntades que derivaran en la
ilicitud de su objeto; lo anotado en precedencia sí revela que, en la práctica, el
objeto social de la demandada no comprendía la construcción de obras civiles.
Dicho de otro modo, aunque la subcontratación no está proscrita ni es fuente,
per se, de ilicitud, la realidad acreditada en el sub lite contribuye, como elemento
de convicción auxiliar, a concluir que la aptitud técnica necesaria para ejecutar
directamente la obra contratada no concurría en la Empresa de Desarrollo
Urbano de Armenia, al punto que debió recurrir a terceros para desarrollarla.
65. En consecuencia, aunque el primer razonamiento esgrimido por el fallador de
primera instancia para concluir la ilicitud del objeto negocial, según el cual la
entidad ejecutora subcontrató, en contra de prohibición legal, “todas y cada una
de las actividades” del contrato interadministrativo n° 08 de 2015 no encuentra
respaldo normativo, máxime cuando estimó que el objeto de la entidad ejecutora
guardó relación con el acuerdo de voluntades48, la Sala concluye que no se
satisfizo esta condición normativa49 para la celebración del contrato
interadministrativo.
46 Folios 22 a 33, archivo “7. Tomo 7.pdf”, carpeta “EXPEDIENTE CONTRACTUAL 008-2015”, aportado con el
libelo introductorio de forma digital, mediante vínculo web.
47 La norma establece: “En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las
actividades derivadas del contrato principal (…)”. El Tribunal, por su parte, valoró que “si bien el mismo artículo
establece la posibilidad de subcontratar deja claro que solo es frente a ‘algunas de las actividades del contrato
principal’, pues si se subcontratan todas las actividades se desnaturalizaría el contrato interadministrativo”.
48 Según el a quo: “(…) el objeto de la entidad ejecutora, es decir, de la EDUA puede tener relación con las
obligaciones del contrato interadministrativo No. 008 de 2015, pues según sus estatutos protocolizados
mediante escritura pública No. 1118 de 2012 se encuentran los de formular, diseñar, promover, gestionar, y
ejecutar proyectos urbanísticos y/o inmobiliarios en el espacio público y en zonas de renovación urbana, zonas
de expansión, centros históricos, entre otros (…)”.
49La otra, se itera, consiste en que la entidad ejecutora no sea una institución de educación superior, sociedad
de economía mixta con participación mayoritaria estatal, personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por
la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales (en los contratos de obra,
suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos
técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública). En el sub examine, según lo explicado, esa exigencia fue
satisfecha, en la medida que la entidad ejecutora es una empresa industrial y comercial del estado del orden
municipal.
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66. Así, la ausencia de uno de los requisitos para acudir al mecanismo de
contratación directa en materia de contratos interadministrativos, denota una
transgresión del deber de selección objetiva, postulado -de imperativo
acatamiento en los términos del EGCAP- que tiene la vocación de asegurar el
cumplimiento de los principios de la contratación pública y garantizar la
adecuada elección de la oferta más favorable para la entidad y el interés público
implícito en su actividad negocial.
67. En suma, la realidad procesal analizada permite a esta Subsección concluir que
el contrato interadministrativo n.° 08 de 2015 es espurio en su objeto, no porque
se atentara contra una expresa prohibición legal de subcontratar -como quedó
descartado-, sino porque se celebró con un objeto que no coincidió con el de la
entidad ejecutora, como lo exige el artículo 2, numeral 4, literal c) de la Ley 1150
de 2007; lo que, a su vez, no permitía la contratación directa.
68. Por lo expuesto, pese a que las razones esgrimidas por el a quo para anular el
contrato no tienen respaldo normativo, la Sala debe confirmar tal invalidación,
por idéntica causal, pero al amparo del discernimiento que acaba de efectuarse,
en atención a que la razón de la nulidad desarrollada se encuentra plenamente
demostrada. En el mismo orden de ideas, la comprobación de la ilicitud del
objeto analizada en precedencia se estima suficiente para confirmar la decisión
anulatoria del acuerdo de voluntades adoptada por el a quo; de modo que resulta
inocuo adentrarse en el estudio de las dos vicisitudes contractuales restantes,
en torno a las cuales el Tribunal afincó tal determinación -referidas a la
autorización previa del Ministerio de Cultura para la intervención del inmueble
objeto del proyecto contratado y la titularidad de los predios sobre los que el
mismo recayó-, pues una conclusión diferente no tendría la virtud de enervar la
causal comprobada.
69. Ahora bien, conforme fue esbozado en el itinerario de esta providencia, la
anterior conclusión exige descender sobre las cuestiones relacionadas con las
restituciones mutuas ordenadas por el tribunal, que constituyen el segundo cargo
de la apelación interpuesta por el municipio.
Sobre las restituciones mutuas derivadas de la nulidad
70. Rememorando, la entidad territorial cuestionó, en su impugnación, el alcance
que el a quo otorgó a la figura de las restituciones mutuas, señalando que era
necesaria la verificación del beneficio percibido por las partes y la inexistencia
de conocimiento previo de la circunstancia constitutiva de la nulidad del contrato.
Reprochó que dichos aspectos no fueron analizados en la sentencia de primera
instancia, y que, ante la falta de prueba de los mismos, debía ordenarse la
restitución del importe total de los recursos comprometidos en la ejecución del
negocio, y no solamente aquellos no ejecutados.
71. Para resolver este punto de la litis, es preciso señalar que la jurisprudencia de
esta Corporación50, en armonía con aquella emanada de la Corte Suprema de
50 Ver, entre otras: Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 62.250, C.P. Nicolás
Yepes Corrales: “En este orden, en los contratos regidos por la Ley 80 de 1993 cuando se declare la nulidad
absoluta por objeto o causa ilícita el ejecutante o prestador del objeto contractual tiene derecho a ser restituido
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Justicia51, ha reconocido que el principio de congruencia exige pronunciarse
sobre las restituciones mutuas cuandoquiera que se declare la nulidad de un
contrato, pues “el negocio declarado nulo de forma absoluta desaparece del
mundo jurídico y, en virtud de ello, la ley consagra en cabeza de las partes
afectadas con esa decisión el derecho de restituirse mutuamente lo recibido
como prestación frente a la ejecución de ese contrato, con el fin de retrotraer los
efectos de ese acuerdo”52.
72. En segundo término, debe puntualizarse que, para el caso de los contratos
estatales de ejecución sucesiva (como el examinado), el artículo 48 de la Ley 80
de 1993 establece que la configuración de la nulidad absoluta no constituye un
motivo para desconocer, en principio, el pago de las prestaciones ejecutadas a
satisfacción o de forma idónea por el contratista hasta el momento de su
declaratoria53. Sin embargo, agrega que, en los casos en que la nulidad se funde
en objeto o causa ilícitos, aquel reconocimiento no procede a menos que se
acredite un beneficio para la entidad estatal, como se observa a continuación:
“ARTÍCULO 48. DE LOS EFECTOS DE LA NULIDAD. La declaración de nulidad de un
contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones
ejecutadas hasta el momento de la declaratoria.
Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo
por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y
únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido. Se entenderá que
la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren
servido para satisfacer un interés público”.
73. A su vez, con fundamento en el artículo 13 ejusdem, en punto de las
restituciones, debe acudirse al derecho privado, particularmente, al artículo 1746
del Código Civil, que regula los efectos de la nulidad pronunciada judicialmente
respecto de actos o contratos. Por virtud de lo allí dispuesto, las partes del
negocio tienen “derecho a ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si
no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el
objeto o causa ilícita”.
74. La remisión a las previsiones relacionadas con el objeto o causa ilícitos resulta
particularmente relevante, no solo para la claridad conceptual que aquí se
ausculta, sino para dilucidar, en el caso concreto, cuáles son los efectos que la
invalidación del contrato interadministrativo nº 008 de 2015 está llamada a
producir. Así, la normativa vigente enseña lo siguiente para este proceso:
(i) La invalidación absoluta de un acuerdo de voluntades produce como
efecto general que las cosas vuelvan al estado anterior a su celebración
(artículo 1746 del C.C.).
por el valor equivalente a las prestaciones ejecutadas, siempre y cuando se encuentre demostrado que la
entidad se ha beneficiado con éstas para la satisfacción de un interés público , restituciones que, no obstante,
no proceden en todos los casos como lo ha indicado esta Corporación, por ejemplo, en aquellos en los que
resulta materialmente imposible efectuarlas”.
51 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de febrero de 2003, Exp. 6610, M.P.
José Fernando Ramírez.
52 Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de octubre de 2024, exp. 71.105, C.P. Fernando Alexei
Pardo Flórez.
53 Ibidem.
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(ii) Como consecuencia de ello, las partes tienen derecho, por regla, a ser
restituidas mutuamente en lo dado o pagado, siempre que ello resulte
posible (ibid.).
(iii) En todo caso, las previsiones relacionadas con el objeto y causa ilícitos
deben ser observadas para dicho efecto (ibid.).
(iv) Cuando el negocio -de tracto sucesivo- está sometido a las normas de la
contratación estatal pública -que incluyen el derecho privado-, la nulidad
no impide, en principio, el reconocimiento y pago de las prestaciones
ejecutadas hasta el momento de la declaratoria.
(v) No obstante, si el vicio declarado consistió en la ilicitud del objeto o causa,
solo procede el referido reconocimiento si se prueba que la entidad estatal
ha obtenido beneficio, y únicamente hasta el monto de él (artículo 48 de
la Ley 80 de 1993)54.
75. En ese orden de ideas, considerando que en el caso concreto la invalidación del
contrato interadministrativo tiene su fuente, precisamente, en la ilicitud del
objeto, es necesario determinar, en primera medida, en punto de la procedencia
o improcedencia de las restituciones mutuas, si el contrato derivó en un beneficio
comprobable para la entidad estatal contratante.
76. Para dicho propósito, resulta insoslayable lo previsto en el inciso final del referido
artículo 48 de la Ley 80 de 1993, cuando define qué debe entenderse por
beneficio de la entidad estatal, en los siguientes términos: “se entenderá que la
entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le
hubieren servido para satisfacer un interés público”.
77. De conformidad con la realidad probatoria del expediente, quedó establecido
que: (i) el negocio jurídico en cuestión aún se encuentra vigente, toda vez que
fue suspendido y su objeto no ha sido satisfecho55; (ii) fue sujeto de dos
suspensiones, la última de las cuales se suscribió el 12 de febrero de 201656; (iii)
a la presentación de la demanda, el contrato permanecía suspendido; y (iv)
según informe elaborado por la propia entidad demandada el 4 de julio de
201957, que coincide con el informe rendido por la Secretaría de Infraestructura
municipal58, la finalización de la ejecución requiere ajustes presupuestales y en
los diseños estructurales, así como la evacuación de los trámites administrativos
ante del Ministerio de Cultura -relacionados con la autorización para
intervención-.
54 Para el caso concreto, la aplicación de la hipótesis normativa relacionada con la comisión “a sabiendas” de
la ilicitud que vicia el negocio pierde relevancia de cara al ejercicio restitutorio que efectuará la Sala pues, como
se precisará infra, la ausencia de demostración de un beneficio para la entidad pública contratante, impide el
reconocimiento pecuniario de las prestaciones ejecutadas por la contratista.
55 A la fecha de presentación de la demanda, la segunda suspensión seguía vigente y estuvo amparada, entre
otras razones, en la “recomendación” del Ministerio de Cultura de “hacer la suspensión de la ejecución de obras,
hasta tanto no se subsanen aspectos técnicos y procedimentales del proyectos (sic)” (folio 376, archivo “3. Tomo
3.pdf”, carpeta “EXPEDIENTE CONTRACTUAL 008-2015”, aportado con el libelo introductorio de forma digital,
mediante vínculo web).
56 Ibid.
57 Folios 264 a 299, archivo “8.Tomo 8.pdf”, carpeta “EXPEDIENTE CONTRACTUAL 008-2015”, aportado con
el libelo introductorio de forma digital, mediante vínculo web.
58 Archivo “1.1. INFORME PARA COMITÉ DE CONTRATACIÓN CONTRATO DE OBRA PUBLICA 08 DE
2015.pdf”, aportado con el libelo introductorio de forma digital, mediante vínculo web.
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78. Ante ese escenario, considerando que la obra objeto del acuerdo
interadministrativo se encontraba inconclusa a la fecha de la demanda (y no se
observan elementos probatorios que den cuenta de lo contrario a la presente
data), no podría sostenerse válidamente que el interés público perseguido con
el negocio hubiese sido satisfecho o que las actividades desarrolladas hasta el
momento redunden en una utilidad comprobable para el municipio, el patrimonio
cultural de la Nación o la comunidad beneficiaria de la intervención civil. Así, la
ausencia de dicha condición impide aplicar el supuesto contenido en el segundo
inciso del citado artículo 48 de la Ley 80, pues no se puede entender, para el
caso concreto, que la entidad pública contratante hubiese obtenido provecho de
lo ejecutado, de manera que no hay lugar al reconocimiento pecuniario por las
prestaciones llevadas a cabo por la EDUA.
79. Como consecuencia de la imposibilidad de reconocer beneficio alguno por razón
de lo ejecutado por la demandada, el efecto retroactivo pecuniario derivado de
la nulidad debe circunscribirse al reintegro del importe total de los recursos
comprometidos en la ejecución del negocio (no solo frente a aquellos no
ejecutados); de manera que le asiste razón al apelante en su reclamo.
80. En este punto, resulta necesario señalar, con arreglo a la jurisprudencia de esta
Sección, que existen eventos en los cuales no es posible efectuar las
restituciones mutuas desde el punto de vista material “cuando los contratos ya
se han ejecutado y existe un beneficio por esas prestaciones. En efecto, se
ha reconocido que, en el caso de contratos de tracto sucesivo en los que la
obligación material se ha cumplido (v.gr., la ejecución de obras), es inviable
ordenar que se restablezcan los patrimonios al estado de cosas anterior a la
celebración del negocio, máxime cuando se encuentra que la finalidad que se
perseguía ya se ha satisfecho y ésta ya ha sido debidamente retribuida por la
entidad. Lo anterior, en todo caso, no significa que las partes del acuerdo de
voluntades puedan beneficiarse de la comisión de una irregularidad como la
advertida, sino que, por el contrario, están obligadas a recuperar la realidad
fáctica y jurídica en la medida en que ello sea posible”59.
81. En el caso concreto, se itera, como no hay lugar a predicar un beneficio por el
contrato celebrado, las restituciones proceden con el matiz antes señalado60.
Con el objetivo de determinar el alcance de lo anterior, se destaca que, según el
acta parcial n° 1 del 28 de agosto de 2015, a la EDUA le fueron desembolsados
$1.999’952.209, correspondientes al avance de ejecución financiera reportado
en informe emitido por la ejecutora el 31 de julio de 2015, entregado por la
entidad contratista al municipio61. En el mismo instrumento, se relacionó que a
la empresa se le habían girado, previamente, $2.499’940.261 -por concepto de
59 Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de octubre de 2024, exp. 71.105, C.P. Fernando Alexei
Pardo Flórez. En otra oportunidad, la Corporación apuntó: “(...) se puede convertir en un imposible físico volver
las cosas a su estado primigenio (…) como sucede por ejemplo, cuando no se puede deshacer lo ejecutado por
una de las partes … tales como los de suministro de bienes de consumo, prestación de servicios, obra pública
(…) en los cuales las prestaciones se han cumplido y no pueden restituirse” (Sección Tercera, sentencia del 18
de marzo de 2010, exp. 14.390.
60 Se itera que, para el caso concreto, aunque los dos sujetos actuaron “a sabiendas” de la ilicitud que vicia el
negocio, recabar en ello resulta inane para el ejercicio restitutorio, pues la ausencia de demostración de un
beneficio para la entidad pública contratante impide el reconocimiento pecuniario de las prestaciones que habría
ejecutado la contratista.
61 Folio 235, archivo “1.1Tomo 1.pdf”, carpeta “EXPEDIENTE CONTRACTUAL 008-2015”, aportado con el libelo
introductorio de forma digital, mediante vínculo web
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“anticipo”-, y que en ese momento el saldo pendiente por pagar del contrato
ascendía a $499’988.052.
82. Esa información es coincidente con lo referido en el hecho trigésimo del libelo
introductorio, admitido expresamente por la accionada en su contestación,
según la cual el siguiente es el balance financiero del negocio celebrado, a la
fecha de presentación de la demanda:
BALANCE FINANCIERO
Valor Inicial del Contrato $4.999.880.522,00
Valor del Anticipo $2.499’940.261,00
Valor Acta Parcial No. 1 $4.249’898.444,00
Amortización del Anticipo 2.249’946.235,00 (sic)
Valor a Pagar (40% del Contrato) $1.999’952.209,00
Saldo $ 499’988.052,00
Fecha de Corte: 31 de julio de 2015
83. Adicionalmente, de conformidad con el informe rendido por la entidad ejecutora
el 4 de julio de 2019, el municipio le transfirió un total de $4.499’892.468 62. Al
realizar la sumatoria entre (i) el valor del anticipo girado y (ii) el del acta parcial
no. 1 (ya detallados), se obtiene la suma de $4.499’892.470, cifra que varía de
forma insignificante respecto del guarismo indicado en el informe, por lo que la
Sala tomará este último para efectos de la decisión correspondiente. Se enfatiza,
además, que la EDUA no disputó en su alzada dichos valores.
84. Ante ese contexto, la Subsección modificará el fallo impugnado para condenar
a la entidad demandada a que efectúe el reintegro de la totalidad de los recursos
que le fueron girados por el municipio, esto es, los $4.499’892.468 ya
referenciados. Se responde así de forma afirmativa el problema jurídico
correspondiente, en tanto el Tribunal sí erró al limitar el alcance de las
restituciones mutuas a los recursos no ejecutados. Se debe destacar que esta
modificación a la condena no implica una vulneración a los derechos de la
EDUA, toda vez que (i) este ejercicio se deriva de una facultad oficiosa del
juzgador, y (ii) dicha entidad no ostenta la calidad de apelante único.
La indexación de las sumas que se ordenan devolver
85. El último problema jurídico propuesto en el itinerario, derivado del cargo de la
apelación esgrimido por la EDUA, gravita en torno a la indexación de los
recursos cuya devolución fue dispuesta por el a quo, argumentado en los
siguientes términos: “si indexáramos la suma de $939.441.772,32, tendríamos
como resultado una cifra exageradamente alta, situación que consideramos nos
generaría un detrimento injustificado en nuestro patrimonio, pues la indexación
es un proceso que se le aplica a una cifra del pasado para traerla a valor
presente, con el propósito de que la misma no pierda poder adquisitivo”. Si bien
el cargo se sustentó en la citada suma, que fue por la que el Tribunal condenó a
la accionada, debe analizarse a la luz del rubro precisado en el acápite anterior,
toda vez que versa sobre la viabilidad, o no, de traer a valor presente, por
mandato legal, el monto producto de la orden de restitución (como consecuencia
de la nulidad).
62 Folios 264 a 299, archivo “8.Tomo 8.pdf”, carpeta “EXPEDIENTE CONTRACTUAL 008-2015”, aportado con
el libelo introductorio de forma digital, mediante vínculo web.
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86. Para absolver ese reproche, se debe señalar que, a las voces del artículo 187
del CPACA, y como parte del contenido de toda sentencia adoptada por esta
jurisdicción, “[l]as condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de
dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor”.
Así, la actualización del monto a reintegrar resulta un imperativo normativo,
insoslayable para el operador jurídico, de manera que la orden de indexación
emitida por el a quo fue ajustada a derecho -no así el monto derivado de dicho
ejercicio, como se estableció previamente-. Contrario a lo sostenido por la EDUA
en su recurso, los rendimientos financieros que hayan generado los saldos
insolutos no reemplazan de ninguna manera el señalado ejercicio, que -se
insiste- responde a un imperativo normativo que no puede ser sustituido por otro
monto, de modo que la censura de la entidad demandada a la sentencia de
primera instancia no encuentra prosperidad.
87. Lo que viene de señalarse no es aplicable únicamente a la primera instancia,
pues el señalado ejercicio de indexación, de igual forma, es imperativo para el
fallo de segundo grado, dado que la precitada norma no realizó ninguna
distinción al respecto. En ese sentido, para efectos de la actualización que
corresponde al valor que la Subsección ordenará reintegrar ($4.499’892.468), se
debe aplicar la siguiente fórmula:
Vh x Índice final
Vp= ----------------
Índice inicial
88. En este cálculo, el índice inicial equivale al IPC vigente a la fecha en que se
efectuó el desembolso de los recursos, que, según lo indicado, correspondió a
dos momentos (anticipo y acta parcial no. 1) y el índice final el del momento en
que se profiere la presente decisión o el último publicado, esto es, aquel
correspondiente al del mes de marzo de 2026. Según lo indicado por la norma,
la condena debe ser objeto de actualización en el mismo fallo que la profiere, lo
que impide a esta Corporación tomar la fecha del pago efectivo para esa
finalidad, toda vez que se desconoce el momento en el que se realizará.
89. Para dicho efecto, conforme el acta parcial n° 1 y el informe presentado por la
Secretaría de Infraestructura del 28 de febrero de 2021 -arriba referenciados-, la
EDUA recibió $1.999’952.209 el 18 de septiembre de 2015. De otro lado, de los
documentos que componen el expediente contractual no puede extraerse en qué
momento se produjo la transferencia de los recursos correspondientes al anticipo
a la entidad ejecutora.
90. De hecho, en el mencionado informe de la Secretaría de Infraestructura, que el
extremo demandante esgrimió como soporte de su reclamo judicial 63, se
reconoce que “[n]o se encontraron evidencias de los aspectos considerados por
el Contratante y Contratista para la suscripción del Acta Número 01, de manera
que no se encuentra el Acta (balance que contemple las actividades, unidades,
cantidades y valores unitarios estipulados en el Contrato Interadministrativo y
ejecutadas a la fecha de suscripción del Acta Parcial. El balance mencionado
63 Archivo “1.1. INFORME PARA COMITÉ DE CONTRATACIÓN CONTRATO DE OBRA PUBLICA 08 DE
2015.pdf”, aportado con el libelo introductorio de forma digital, mediante vínculo web.
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fue solicitado a la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia mediante oficio SI
POI 1252 del 3 de julio de 2020 que según la información que actualmente
reposa en sus archivos no se ha encontrado documentación correspondiente a
un balance de obra”. En dicho instrumento solo se detalla la fecha del primer
desembolso, a pesar de que allí mismo se refiere que el valor total del acta
parcial n° 1 ascendió a $4.249’898.444 (que corresponde a la suma del valor
que fue efectivamente amortizado y el pago de la señalada acta).
91. Bajo tales condiciones, la Sala adoptará el IPC vigente a la fecha de la cuenta
de cobro emitida para el desembolso del anticipo, que data del 24 de abril de
201564. Para tal efecto, según lo indicado, se debe emplear la fórmula y
parámetros precisados en el presente acápite, efectuando la actualización de
manera separada, para cada uno de los valores desembolsados, atendiendo sus
respectivas fechas.
92. Ahora bien, como lo ha entendido la Subsección65 para los casos de
restituciones por consecuencia de la nulidad absoluta, sobre el valor histórico
actualizado deben liquidarse intereses, en los términos de lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 1746 del Código Civil66, lo que guarda consonancia
con lo señalado por la jurisprudencia civil, conforme a la cual “la causa de la
orden de restitución con intereses que sigue a la declaratoria judicial de nulidad,
inexistencia o en general ineficacia del acto jurídico estriba en una razón de
equidad, como ya se dijo, que el propio legislador ha tomado en consideración
como base de una obligación de fuente legal, desde el encabezado mismo del
transcrito artículo 1746 del Código Civil”67.
93. Para tal efecto, la tasa de interés aplicable será la prevista en el artículo 1617
del Código Civil, equivalente al 6% anual. En casos como el presente, la Sala ha
definido68 que no resulta procedente aplicar el artículo 4.8 de la Ley 80 de 1993,
pues (i) dicha norma regula los intereses en eventos de mora, entendida como
la sanción derivada del incumplimiento culpable de una obligación dineraria 69 y
(ii) el reconocimiento de intereses dentro del régimen de restituciones mutuas
responde a un mandato expreso del ordenamiento civil, previsto en el citado
artículo 1746 del Código Civil, el cual remite, en lo relativo a los frutos del dinero,
al contenido del artículo 1617 del mismo estatuto70.
64 Archivo 44, pág. 209. La Sala precisa, en todo caso, que la data empleada como hito inicial para el cálculode
la actualización atiende a la realidad procesal construida a partir de los elementos probatorios aportados a la
actuación, que gobiernan las decisiones que se adoptan -también- en esta instancia, y que -se estima- aportan
un grado de certeza suficiente para imponer la condena en concreto en relación con la indexación del capital
ordenado en la sentencia. Ello sin perder de vista que incumbía a las partes demostrar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (artículo 167 del CGP) y, en tal contexto, los
extremos procesales no aportaron elementos suasorios que disputen o pongan en entredicho la fecha indicada.
65 Sentencia del 4 de abril de 2025, exp. 70.045, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
66 “En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será
cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de
las mejoras necesarias (…)”.
67 C.S.J., Cas. Civil, SC10097-2015, jul. 31/2015, M.P. Jesús Vall de Rutén Ruiz.
68 Vid. sentencia del 4 de abril de 2025, exp. 70.045, previamente citada.
69 Al respecto, en la sentencia C-965 de 2003, la Corte Constitucional señaló: “En este contexto, se repite, la
tasa del doble del interés legal busca amparar al acreedor por el daño antijurídico que le representa el retardo
injustificado de la entidad en el pago de la obligación, pero sin consideración a su poder adquisitivo”.
70 En este sentido, la jurisprudencia civil ha precisado que, en el marco de la obligación restitutoria, la
cuantificación de los frutos del dinero tampoco puede fundarse en lo dispuesto en el artículo 884 del Código de
Comercio: “Si como queda visto, en la composición del interés legal comercial, identificado con el interés
bancario corriente, se fusionan los factores preanotados, uno de los cuales procura recomponer el capital, es
decir, compensar la depreciación que pueda experimentar, ningún error cometió el Tribunal cuando dejó de
aplicar, para los efectos que se comentan, el artículo 884 del Código de Comercio, por considerar que al
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94. En el anterior orden de ideas, la indexación de los montos en cita se efectuará
año a año, en aras de determinar, con esa misma periodicidad, el valor del capital
actualizado sobre el que deben calcularse los frutos civiles correspondientes:
95. Indexación del valor recibido por anticipo:
IPC inicial
Mes de
Valor histórico IPC final (abril de Valor actualizado
IPC final
2015)
$2.499’940.261 dic-15 88,05 84,9 $2.592’694.228
$2.499’940.261 dic-16 93,11 84,9 $2.741’689.490
$2.499’940.261 dic-17 96,92 84,9 $2.853’877.622
$2.499’940.261 dic-18 100 84,9 $2.944’570.390
$2.499’940.261 dic-19 103,8 84,9 $3.056’464.065
$2.499’940.261 dic-20 105,48 84,9 $3.105’932.847
$2.499’940.261 dic-21 111,41 84,9 $3.280’545.871
$2.499’940.261 dic-22 126,03 84,9 $3.711’042.062
$2.499’940.261 dic-23 137,72 84,9 $4.055’262.341
$2.499’940.261 dic-24 144,88 84,9 $4.266’093.581
$2.499’940.261 dic-25 152,27 84,9 $4.483’697.333
$2.499’940.261 mar-26 156,94 84,9 $4.621’208.770
96. Liquidación de intereses derivados del valor recibido por anticipo:
Interés
Interés Capital
Inicio Final Días
legal Intereses periodo
proporcional actualizado
anual
24/04/2015 31/12/2015 247 6% 4,06% $2.592’694.228 $105’263.385,7
1/01/2016 31/12/2016 365 6% 6% $2.741’689.490 $164’501.369,4
1/01/2017 31/12/2017 365 6% 6% $2.853’877.622 $171’232.657,3
1/01/2018 31/12/2018 365 6% 6% $2.944’570.390 $176’674.223,4
1/01/2019 31/12/2019 365 6% 6% $3.056’464.065 $183’387.843,9
1/01/2020 31/12/2020 365 6% 6% $3.105’932.847 $186’355.970,8
1/01/2021 31/12/2021 365 6% 6% $3.280’545.871 $196’832.752,3
1/01/2022 31/12/2022 365 6% 6% $3.711’042.062 $222’662.523,7
1/01/2023 31/12/2023 365 6% 6% $4.055’262.341 $243’315.740,5
1/01/2024 31/12/2024 365 6% 6% $4.266’093.581 $255’965.614,9
1/01/2025 31/12/2025 365 6% 6% $4.483’697.333 $269’021.840
1/01/2026 20/04/2026 110 6% 1,80% $4.621’208.770 $83’181.757,86
TOTAL $2.258’395.679,56
97. Actualización del valor recibido por el acta parcial no. 1:
IPC inicial
Mes de IPC
Valor histórico IPC final (septiembre de Valor actualizado
final
2015)
condenar simultáneamente al pago de una suma de dinero indexada, e intereses legales comerciales sobre el
mismo valor, se privilegiaría injustamente al acreedor, quien doblemente vería retribuida la desvalorización del
capital, en perjuicio del deudor, y con evidente desconocimiento de la finalidad buscada por el artículo 1746 del
Código Civil”. C.S.J., Cas. Civil, SC3971-2022, mar. 23/2023, M.P. Hilda González Neira.
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Referencia: Controversias contractuales
$ 1.999.952.209 dic-15 88,05 86,39 $ 2.038.381.665
$ 1.999.952.209 dic-16 93,11 86,39 $ 2.155.522.053
$ 1.999.952.209 dic-17 96,92 86,39 $ 2.243.724.599
$ 1.999.952.209 dic-18 100 86,39 $ 2.315.027.444
$ 1.999.952.209 dic-19 103,8 86,39 $ 2.402.998.487
$ 1.999.952.209 dic-20 105,48 86,39 $ 2.441.890.948
$ 1.999.952.209 dic-21 111,41 86,39 $ 2.579.172.076
$ 1.999.952.209 dic-22 126,03 86,39 $ 2.917.629.088
$ 1.999.952.209 dic-23 137,72 86,39 $ 3.188.255.796
$ 1.999.952.209 dic-24 144,88 86,39 $ 3.354.011.761
$ 1.999.952.209 dic-25 152,27 86,39 $ 3.525.092.289
$ 1.999.952.209 mar-26 156,94 86,39 $ 3.633.204.071
98. Liquidación de intereses derivados del valor recibido por el acta parcial no. 1:
Interés
Interés Capital
Inicio Final Días legal Intereses periodo
proporcional actualizado
anual
18/09/2015 31/12/2015 103 6% 1,69% $ 2.038’381.665 $ 34’448.650,14
1/01/2016 31/12/2016 365 6% 6% $ 2.155’522.053 $129’0331.323,2
1/01/2017 31/12/2017 365 6% 6% $ 2.243’724.599 $134’623.475,9
1/01/2018 31/12/2018 365 6% 6% $ 2.315’027.444 $138’901.646,6
1/01/2019 31/12/2019 365 6% 6% $ 2.402’998.487 $144’179.909,2
1/01/2020 31/12/2020 365 6% 6% $ 2.441’890.948 $146’513.456,9
1/01/2021 31/12/2021 365 6% 6% $ 2.579’172.076 $154’750.324,6
1/01/2022 31/12/2022 365 6% 6% $ 2.917’629.088 $175’057.745,3
1/01/2023 31/12/2023 365 6% 6% $ 3.188’255.796 $191’295.347,8
1/01/2024 31/12/2024 365 6% 6% $ 3.354’011.761 $201’240.705,7
1/01/2025 31/12/2025 365 6% 6% $ 3.525’092.289 $211’505.537,3
1/01/2026 20/04/2026 110 6% 1,8% $ 3.633’204.071 $65.397’673,28
TOTAL $ 1.727’245.795,88
99. Con ello, la sumatoria de los rubros destacados arroja un valor de
$8.254’412.841, a título de capital, y $3.985’641.475,44, por concepto de
intereses, para un total de $12.240’054.316,44; por lo que se condenará a la
EDUA a su devolución por concepto de la restitución de lo pagado, a raíz de la
anulación del negocio que se celebró. Para el cumplimiento de la sentencia,
deberá darse aplicación a lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA.
100. Por último, contrario a lo advertido por el Tribunal, a la anterior suma no
deben restarse -al momento del pago- aquellos rendimientos financieros que se
hayan trasladado a la entidad territorial, en la medida que estos, como frutos
civiles del capital comprometido en la ejecución del negocio, perteneció ab initio
a la entidad pública contratante, de manera que su devolución previa no implica
que deba disminuirse la cuantía de la obligación restitutoria, ni que puedan
reputarse como abonos a la suma adeudada por este concepto. En
consecuencia, también se modificará este aspecto del fallo impugnado
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Conclusiones
101. En las condiciones previamente analizadas, la Subsección modificará el fallo
impugnado, por las razones que a continuación se recapitulan:
102. El negocio celebrado por las partes comportó, como fue efectivamente
denominado, un contrato interadministrativo, sometido a las disposiciones del
EGCAP.
103. El juez del contrato estatal no se encuentra limitado en su facultad de declarar
la nulidad absoluta por el hecho de que las partes la soliciten o no, o de que
invoquen solo una determinada causal. Sin embargo, el ordenamiento
condiciona ese ejercicio a la plena demostración sobre su configuración.
104. El EGCAP, aplicable al negocio debatido, solo contempla como
condicionantes expresos y especiales para la celebración de contratos
interadministrativos: (i) que las obligaciones derivadas de aquellos tengan
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora; y (ii) que no se trate de
contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de
conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos
fiduciarios y fiducia pública, cuando la entidad ejecutora sea una institución de
educación superior, sociedad de economía mixta con participación mayoritaria
estatal, personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de
entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales.
105. En el caso concreto, el objeto del contrato no guardó correspondencia directa
con el de la EDUA, pues la locución “construcción”, contenida en este, no puede
ser entendida de forma aislada de su finalidad estatutaria, de manera que de ella
no se sigue que la demandada, en el momento de celebración del pacto, tuviese
la calidad de sociedad constructora o que actuara en el mercado de servicios de
construcción de obras públicas o civiles, pues su objeto era el de desarrollar de
proyectos urbanísticos o inmobiliarios.
106. En los términos del artículo 32, numeral 1, de la Ley 80 de 1993, del contrato
de obra emanan obligaciones de realizar intervenciones constructivas o trabajos
materiales directos sobre un bien inmueble, de manera que es a esa noción a la
que debe aludir el objeto social de quien pretende ejecutar un proyecto
constructivo, condición que no puede entenderse satisfecha con la simple
inclusión del verbo “construir” y su lectura aislada del contexto en que se
inscribe.
107. El hecho de que la entidad territorial tenga la condición de contratante y
estructuradora y la empresa el de entidad ejecutora, le exigía a la última contar
con habilitación jurídica -conforme a sus estatutos- y capacidad técnica para
llevar a cabo, directamente, la obra, sin limitarse a una genérica suma de
esfuerzos desligada de las actividades constructivas propiamente dichas -como,
en la práctica, aconteció-.
108. Si bien la locución normativa “algunas”, contenida en el artículo 2, numeral 4,
literal d) de la Ley 1150 de 2007 no puede ser entendida como una prohibición
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para que la subcontratación recaiga sobre la totalidad del objeto primigenio -
como lo entendió el Tribunal-, y por ello no es dable sostener que aquella
circunstancia supusiera la transgresión de una prohibición normativa o la
inobservancia de previsiones de orden público del acuerdo de voluntades que
derivaran en la ilicitud de su objeto; aquello sí revela que, en la práctica, el objeto
social de la demandada no comprendía la construcción de obras civiles, a tal
punto, que debió recurrir a terceros para desarrollar la obra contratada.
109. En suma, la realidad procesal analizada permite concluir que el contrato
interadministrativo n.° 08 de 2015 es espurio en su objeto, no porque se atentara
contra una expresa prohibición legal de subcontratar -como quedó descartado-,
sino porque se celebró con un objeto que no coincidió con el la entidad ejecutora,
como lo exige el artículo 2, numeral 4, literal c) de la Ley 1150 de 2007; lo que
impedía su celebración directa.
110. La ilicitud del objeto del contrato interadministrativo nº 008 de 2015, derivada
del examen oficioso desplegado en esta instancia, reveló que ese acuerdo no
redundó en un beneficio para la entidad contratante. Ello impide que surja el
derecho -consagrado en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993- al reconocimiento
y pago de las prestaciones ejecutadas durante la relación negocial que se
invalida por la jurisdicción.
111. La actualización del monto que la sentencia ordena reintegrar comporta un
imperativo normativo, insoslayable para el operador jurídico en ambas
instancias, en los términos del artículo 187 del CPACA; así como la liquidación
de intereses, a las voces del artículo 1746 del Código Civil.
112. De la suma que se ordena restituir no hay lugar a descontar los rendimientos
que hubiesen sido entregados por la contratista, en la medida que estos
comportan frutos civiles derivados de un capital que, desde siempre, perteneció
a la entidad pública contratante.
La condena en costas
113. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA71, y según
lo establecido en el artículo 365 del CGP, la condena en costas no requiere de
la apreciación o calificación de una conducta de la parte a la cual se le
imponen72.
71 Cuya modificación, introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, resulta aplicable al caso concreto,
atendiendo la fecha de interposición de los recursos de apelación (10 de octubre de 2024). “Artículo 188.
Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
72 En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la demandante
(no así a la demandada vencida), podría acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación del mandato incorporado
-con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual en todos los casos (salvo en litigios
relacionados con grave violación de derechos humanos, donde no procede, o en las actuaciones gobernadas
con reglas especiales, como en recursos extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció
manifiestamente de fundamento legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica,
por lo que -hasta tanto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual
posición mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
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Radicación: 63001-23-33-000-2022-00058-01 (72477)
Demandante: Municipio de Armenia
Demandados: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia
Ltda. y otra
Referencia: Controversias contractuales
114. En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del
artículo 365 ibidem, la Sala condenará en costas de segunda instancia a la
entidad demandada, toda vez que: (i) el recurso de apelación incoado por el
municipio accionante fue parcialmente favorablemente, y (ii) la providencia que
aquí se profiere resulta desfavorable a los intereses de su contraparte, que, en
consecuencia, resulta vencida.
115. Respecto de las agencias en derecho, en atención a que el demandante
ejerció su defensa a través de la designación de apoderado judicial que debió
vigilar el proceso en sede de apelación, se considera que dicha situación es
suficiente para entenderlas causadas. Así, por ese concepto, en los términos del
Acuerdo PSAA16-10554 de 201673, se fijará la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de esta sentencia, a cargo de la
parte demandada y en favor del municipio de Armenia. No se reconocerán
agencias en derecho en favor de la Aseguradora Solidaria de Colombia, por
hacer parte del extremo pasivo de la controversia.
Remisión de copias
116. Como colofón, la Sala ordenará compulsar y remitir copia del presente
expediente a la Fiscalía General de la Nación, a efectos de que, en el marco de
sus competencias, adelante las actuaciones que correspondan en punto de la
eventual infracción del ordenamiento jurídico penal en la estructuración y
celebración del contrato interadministrativo n° 08 de 2015, conforme a los
razonamientos expuestos en precedencia, que condujeron a confirmar la nulidad
absoluta por la ilicitud de su objeto.
117. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Quindío, cuya parte resolutiva queda así:
PRIMERO: ABSTENERSE de resolver la solicitud presentada por el
señor Hernán Gómez Mejía, por carecer de derecho de postulación.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad absoluta del Contrato
Interadministrativo N° 008 de 2015, el cual tenía por objeto: “la
construcción del centro cultural y turístico La Estación Fase 1, celebrado
entre el Municipio de Armenia y la Empresa de Desarrollo Urbano, EDUA,
por las razones expuestas.
TERCERO: CONDENAR a la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia
Ltda. -EDUA a reintegrar al municipio de Armenia la suma de OCHO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE
($8.254’412.841), a título de capital, y TRES MIL NOVECIENTOS
73 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
1. Procesos declarativos en general (...) En segunda instancia entre 1 y 6 S.M.L.M.V. (...)”.
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Radicación: 63001-23-33-000-2022-00058-01 (72477)
Demandante: Municipio de Armenia
Demandados: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia
Ltda. y otra
Referencia: Controversias contractuales
OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y
CUATRO CENTAVOS M/CTE $3.985’641.475,44), por concepto de
intereses; para un total de DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA
MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS
PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE
($12.240’054.316,44), sin que haya lugar a descontar los rendimientos
financieros que se hubieren trasladado previamente a la entidad territorial.
CUARTO: Para el cumplimiento de la sentencia, deberá darse aplicación
a lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA.
QUINTO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEXTO: Sin lugar a condena en costas en esta instancia.
SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, archívese oportunamente el
expediente y déjense las anotaciones correspondientes en el Sistema
SAMAI.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la demandada Empresa
de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. -EDUA, y FIJAR las agencias en derecho
en la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria
de esta providencia, en favor del municipio de Armenia.
TERCERO: COMPULSAR y REMITIR, por Secretaría, copia del presente
expediente a la Fiscalía General de la Nación, a efectos de que, en el marco de sus
competencias, adelante las actuaciones que correspondan en punto de la eventual
infracción del ordenamiento jurídico penal en la estructuración y celebración del
contrato interadministrativo n° 08 de 2015, conforme a los razonamientos expuestos
en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada esta sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
VF
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