Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-33-33-005-2020-00134-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-33-33-005-2020-00134-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-33-33-005-2020-00134-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 63001-33-33-005-2020-00134-01 (5865-2022)1
Demandante: Elizabeth Grimaldos Guinand
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: sustitución pensional. Subtema 1: hija en estado de discapacidad. Subtema
2: dependencia económica.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Quindío, el 24 de junio de 2022, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La accionante, en la calidad de hija con una pérdida de la capacidad laboral del 56 %,
solicitó la nulidad de los actos administrativos que le negaron el reconocimiento de la
sustitución pensional de las pensiones gracia y de jubilación que devengaba su padre.
La entidad demandada negó lo pedido con fundamento en que no probó el requisito
de dependencia económica. A su vez, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda
al considerar que dicha condición no se acreditó, porque la actora percibía ingresos
mensuales y permanentes (salario y luego pensión de invalidez), y era propietaria del
inmueble en el cual residía, así como de una cuota parte de otro bien inmueble.
1 Expediente electrónico.
Radicación: 63001-33-33-005-2020-00134-01 (5865-2022)
Demandante: Elizabeth Grimaldos Guinand
Demandado: UGPP
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1. Elizabeth Grimaldos Guinand presentó demanda el 21 de agosto de 2020, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (en adelante UGPP), con las siguientes pretensiones:
2. Declarar la nulidad de las resoluciones UGM 022930 del 28 de diciembre de
2011 y UGM 047117 del 18 de mayo de 2012, que negaron el reconocimiento de la
sustitución pensional.
3. Declarar la nulidad de las resoluciones RDP 041690 del 3 de noviembre de 2017
y RDP 018551 del 24 de mayo de 2018, que le negaron a la actora el reconocimiento
de la sustitución de las pensiones gracia y de jubilación, en la calidad de hija inválida.
4. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento de las
sustituciones de las pensiones de jubilación y gracia que devengaba el señor
Dagoberto Grimaldos Valencia; así como el pago de las mesadas retroactivas desde
el 5 de enero de 2005. Además, pidió que las sumas adeudadas sean actualizadas y
que se condene en costas a la parte demandada2.
2. Hechos
5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
6. La señora Elizabeth Grimaldos Guinand nació el 24 de marzo de 1961 y es hija
del señor Dagoberto Grimaldos Valencia, quien falleció el 5 de enero de 2005. El
causante era beneficiario de una pensión reconocida por la Caja Nacional de Previsión
Social, a través de la Resolución 10096 del 4 de septiembre de 1986 y de otra pensión,
igualmente a cargo de Cajanal otorgada mediante la Resolución 12542 del 15 de
septiembre de 1987.
7. El señor Dagoberto Grimaldos Valencia estaba casado con la señora Débora
Guinand, madre de la demandante. Con ocasión del deceso del señor Grimaldos,
Cajanal le reconoció a la cónyuge supérstite el derecho a la sustitución de las dos
pensiones, en las resoluciones 30020 del 28 de septiembre de 2005 y 30021 del 30 de
septiembre de 2005.
8. La señora Elizabeth Grimaldos Guinand padece artrosis de cadera clase III, con
pérdida de la capacidad laboral del 56 % de origen común, estructurada el 16 de
octubre de 2003, según el dictamen 2358 del 11 de mayo de 2004, dictado por la Junta
2 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 001. 630013333520200013400, doc. 005.2 DEMANDA.
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Demandante: Elizabeth Grimaldos Guinand
Demandado: UGPP
Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda. La accionante requería cuidados
especiales de salud y vivía con sus padres debido a sus problemas de salud.
9. La UGPP le reconoció una pensión de invalidez a la señora Elizabeth Grimaldos
Guinand, en cuantía de un salario mínimo legal vigente.
10. La actora solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional, en la calidad de
hija inválida, por la muerte de su padre; sin embargo, la entidad negó lo pedido, a
través de las resoluciones demandadas, con fundamento en que no demostró la
dependencia económica al momento del fallecimiento del causante.
11. La señora Débora Guinand, madre de la demandante, falleció el 8 de agosto de
2018.
3. Normas violadas y concepto de violación
12. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
De la Constitución Política, los artículos 48 y 53.
La Ley 100 de 1993.
De la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 25.
Del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 7.
Del Protocolo de San Salvador, el artículo 7.
De la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 16.
13. La parte actora sostuvo que, debido a sus quebrantos de salud e invalidez,
siempre dependió económicamente de su padre Dagoberto Grimaldos Valencia, con
quien vivió en Armenia (Quindío). Afirmó que el causante le brindaba un apoyo
existencial indispensable (vivienda, alimentación, transporte por movilidad reducida y
gastos de salud como medicamentos, terapias y tratamientos), y que esta ayuda
continuó a cargo de la madre, la señora Débora Guinand de Grimaldos.
14. Añadió que después del fallecimiento de ambos padres, la demandante quedó
en una situación de desprotección económica, pues la pensión de invalidez de un
salario mínimo es insuficiente para cubrir arriendo, alimentación, servicios, transporte
y tratamientos, por lo que ha debido endeudarse. En consecuencia, afirmó que la
muerte de sus padres le impidió mantener el mínimo vital y una subsistencia digna que
ellos le garantizaban.
15. La parte actora sostuvo que la sustitución pensional está directamente ligada al
mínimo vital y a la vida digna, porque reemplaza el soporte económico que el
pensionado fallecido brindaba a sus beneficiarios. Por ello, afirma que tiene naturaleza
de derecho fundamental y que la prestación como tal no prescribe, sino únicamente
las mesadas.
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Demandante: Elizabeth Grimaldos Guinand
Demandado: UGPP
16. Por lo tanto, la accionante indicó que debido a su pérdida de capacidad laboral
del 56 %, debía ser reconocida como beneficiaria, ya que dependía económicamente
de su padre. A lo cual adicionó que la finalidad de esta protección es amparar a las
personas frente a la vejez o la imposibilidad física o mental de procurarse su sustento,
para asegurar condiciones de vida dignas.
4. Contestación de la demanda
17. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda porque los actos
administrativos demandados no están viciados de nulidad. Al respecto explicó que si
bien la demandante acreditó la condición de invalidez con fecha de estructuración
anterior al fallecimiento del causante, lo cierto es que además debió probar el requisito
de dependencia económica frente al fallecido. Sin embargo, para la entidad este
aspecto no fue acreditado.
18. La entidad resaltó que en el año 2005, solo la señora Débora Guinand reclamó
la sustitución pensional y no manifestó que existiera otra persona con derecho. Así
pues, resaltó que al no estar probada la dependencia económica de la actora no se
puede arriesgar la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Adicionalmente, la
demandante tiene la calidad de pensionada de la UGPP.
19. En gracia de discusión, solicitó que de accederse al reconocimiento de la
sustitución pensional el pago no sea desde el 5 de enero de 2005 (fecha de
fallecimiento del causante), porque se estaría ordenando un doble pago, en tanto, a
partir del día siguiente al deceso, la UGPP pagó el 100 % de la pensión a la cónyuge
supérstite, hasta su deceso. De modo que el pago procedería desde la ejecutoria de
la sentencia3.
5. Sentencia de primera instancia
20. El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia del 24 de junio de
2022, negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas. Como
fundamento de la decisión expuso que la actora prestó sus servicios en el Ministerio
de Educación Nacional del 24 de marzo de 1992 al 30 de mayo de 2004. Además, la
UGPP le reconoció una pensión por invalidez con efectos desde el 1 de junio de 2004.
Por consiguiente, antes del fallecimiento del causante contaba con ingresos
mensuales permanentes.
21. Ahora bien, a partir de la valoración de los testimonios, consideró que si bien el
señor Dagoberto Grimaldos Valencia le brindaba a la actora el vestuario, la
alimentación, el transporte y los medicamentos, para la Sala no se estableció «la razón
3 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 001. 63001333300520200013400, carpeta 018, contestación de la
demanda.
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Demandado: UGPP
por la cual la demandante con los ingresos que percibía no podía proveerlos por ella
misma, teniendo en cuenta que devengaba una remuneración mensual por su trabajo
y luego una mesada pensional por invalidez».
22. En este orden de ideas, el Tribunal explicó que no está probado que los gastos
de la demandante superaban su capacidad económica y, por lo tanto, que el padre
debía pagarlos, «por ejemplo, en cuanto a los medicamentos no se explica qué
medicamentos requería la demandante que no fueran cubiertos por el sistema de
seguridad en salud del cual era beneficiaria primero por su vinculación laboral con el
Ministerio de Educación Nacional y luego por ser pensionada por invalidez». En lo que
respecta a la necesidad de la demandante de transportarse en taxi, el Tribunal advirtió
que la interesada no explicó con qué frecuencia requería el servicio y el valor de los
gastos mensuales.
23. Para el Tribunal, las afirmaciones de los testigos fueron muy generales y no
explicaron los motivos por los cuales, la accionante no podía pagar sus gastos con su
salario y luego con la pensión de invalidez. Adicionalmente, consideró que los padres
de la actora le colaboraban con la vivienda y alimentación, de lo cual también era
beneficiaria la hermana, debido a que ellas no formaron su propio hogar, a diferencia
de los demás hermanos hombres. Así pues, el apoyo a la «demandante no obedecía
a que ésta no tuviera las condiciones materiales mínimas para auto proporcionarse o
mantener su subsistencia, sino que consistía en la solidaridad de un padre con las
hijas que no habían formado su propio hogar».
24. También, la demandante tiene un apartamento de su propiedad en un primer
piso en el Edificio Valdivia ubicado en la carrera 13 número 10-60, así como el 40 %
sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 280-28196 ubicado en la
carrera 23D 9-52- 948 de la ciudad de Armenia.
25. Igualmente, el Tribunal resaltó que la demandante asumió los gastos del sepelio
de Dagoberto Grimaldos Valencia y, por ello, Cajanal le reconoció un auxilio funerario
de $1.907.500 mediante la Resolución 000643 del 13 de junio de 2005, lo que resulta
poco coherente con la tesis expuesta en el proceso según la cual la señora Elizabeth
Grimaldos Guinand no tenía condiciones mínimas para cubrir sus gastos de
subsistencia.
26. En consecuencia, para el Tribunal la accionante no acreditó el requisito de
dependencia económica como beneficiaria de la sustitución pensional.
27. Finalmente, no condenó en costas, comoquiera que la parte no acreditó la
causación4.
4 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 001. 63001333300520200013400, doc. 34.
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6. Recurso de apelación de la parte actora
28. La accionante, a través de apoderado, solicitó que se revoque el fallo apelado y
se acceda a las pretensiones de la demanda. En este sentido, narró que antes de la
muerte del señor Dagoberto Grimaldos el 5 de enero de 2005, la señora Elizabeth
Grimaldos sufría de una pérdida de la capacidad laboral del 56 %, por artrosis de
cadera, con estructuración del 16 de octubre de 2003. Adicionalmente, antes de la
fecha del fallecimiento de su padre la demandante no era propietaria de los inmuebles
identificados con matrícula inmobiliaria 280-101870 y 280-28196.
29. En cuanto a este último inmueble explicó que lo adquirió en el año 2019, por
adjudicación de la sucesión, en un porcentaje del 20 %, pero posteriormente el 5 de
noviembre de 2020, recibió el otro 20 % por parte de su hermano, John Carlos
Grimaldos, debido a las deudas que este tenía. Señaló que el inmueble no genera
renta porque lo habita su hermano John Carlos Grimaldos.
30. Sobre el inmueble identificado con el folio de matrícula 280-101870, indicó que
se acreditó en el proceso que la demandante no contaba con esa vivienda al momento
del fallecimiento de su padre. En ese sentido, en el certificado de tradición (anotación
012) consta que la compraventa se formalizó mediante escritura 926 del 2 de mayo de
2014 (Notaría 5 de Armenia).
31. Antes del fallecimiento de Dagoberto Grimaldos, la demandante no registraba
bienes a su nombre y, debido a su estado de salud y a la falta de recursos, no podía
adquirir propiedad alguna. Señaló que solo percibía un salario mínimo por pensión de
invalidez, el cual era insuficiente para acumular capital y comprar inmuebles, y que sin
el apoyo económico de sus padres se habría visto comprometido su derecho a una
vida digna. El hecho de que la demandante haya trabajado para el Ministerio de
Educación Nacional entre el 24 de marzo de 1992 y el 30 de mayo de 2004, y que
desde el 1.º de junio de 2004 esté pensionada por invalidez, no permite concluir por sí
solo que pudiera garantizar su mínimo existencial. En el proceso se acreditó que, por
sus problemas de salud, vivió con sus padres desde niña y que ellos le proveían
vivienda, alimentación y el pago de servicios públicos.
32. El reconocimiento del auxilio funerario a favor de la accionante por parte de
Cajanal no demuestra que tuviera ingresos, que le garantizaran la independencia
económica.
33. En cuanto a las declaraciones extrajuicio realizadas por Jairo Arroyave Ocampo
y Teresa Mora Forero, señaló que narraron que Elizabeth Grimaldos siempre ha
presentado problemas de salud, como artrosis y asma, y que Dagoberto Grimaldos
Valencia «era la única persona que velaba económicamente y de manera general en
100 % por su hija Elizabeth Grimaldos Guinand». Respecto a las declaraciones de
Alexander Grimaldos, Luz Nelly Bernal Rendón y Yolanda Calderón Arias, la recurrente
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Demandado: UGPP
señaló que no fueron tachadas por la UGPP y declararon que les constaba la
dependencia económica de la actora frente a su padre.
34. Los testigos manifestaron que la accionante no recibe renta o frutos civiles por
el 40 % de la casa ubicada en el barrio Granada. Respecto del otro inmueble explicó
que Dagoberto Grimaldos Valencia vinculó a la demandante a un proyecto de vivienda
en el barrio La Patria, cuyas cuotas fueron pagadas por él. Después de su
fallecimiento, la actora, con el dictamen de pérdida de capacidad laboral, activó una
póliza que amparaba el crédito y con ello se canceló la deuda de esa vivienda. Luego,
Débora Guinand de Grimaldos promovió la venta de la casa de La Patria y, con el
dinero obtenido más un préstamo de $30.000.000 de Alicia Virguez (gestionado y
pagado por Débora), se compró el apartamento 101 del Edificio Valdivia en Armenia.
En consecuencia, afirmó que la demandante no aportó recursos propios para la
adquisición del apartamento en Valdivia.
35. Precisó que la accionante no podía cubrir sus gastos pese a que haya laborado
y luego devengara una pensión de invalidez. En efecto, en el proceso se acreditó que,
por sus problemas de salud desde la niñez, siempre vivió con sus padres, quienes
conocían sus necesidades y sabían que sus ingresos (como secretaria y luego como
pensionada por invalidez) no eran suficientes para cubrir adecuadamente gastos como
vivienda, alimentación, vestuario y servicios públicos.
36. Dagoberto Grimaldos Valencia proveía a la demandante vivienda, alimentación,
vestuario, tratamientos de salud y transporte. Su madre continuó el apoyo económico
sin interrupción hasta el fallecimiento (8 de agosto de 2018). Después del deceso de
sus padres, sus condiciones se deterioraron porque la actora se vio obligada a dejar
la vivienda familiar y desde noviembre de 2020 vive con su hermano en una habitación
de su apartamento; su alimentación se redujo a dos comidas diarias; el vestuario
depende de ayudas de familiares y conocidos; los tratamientos especializados que
antes recibía ya no los obtiene y solo accede de manera limitada al sistema de salud
para el tratamiento del asma y artrosis; y para movilizarse, al no poder pagar los taxis
con su pensión mínima, depende del apoyo de terceros.
37. Reprochó que el Tribunal pasó por alto que la actora siempre dependió
económicamente de sus padres y que sus ingresos no superaban el salario mínimo.
Por ello, lo devengado por la demandante no era suficiente para cubrir sus gastos.
38. En consecuencia, en el proceso se acreditó que, al fallecer Dagoberto Grimaldos,
la madre de la demandante continuó garantizándole su mínimo existencial; sin
embargo, después de la muerte de ella, dicho mínimo se afectó, pues ya no vive en
condiciones dignas como las que le proporcionaban sus padres.
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Demandado: UGPP
7. Trámite procesal en segunda instancia
39. El auto del 23 de febrero de 20235 admitió el recurso de apelación, conforme el
numeral 3 del artículo 247 del CPACA y prescindió del traslado a las partes para
presentar alegatos de conclusión.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
40. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.
2. Problema jurídico
41. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y teniendo
en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, según el artículo 3286 del
Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir si:
42. ¿La accionante, en la calidad de hija con una pérdida de la capacidad laboral del
56 %, acreditó el requisito de dependencia económica frente a su padre fallecido y, por
tanto, tiene derecho a la sustitución pensional, pese a que devenga una pensión de
invalidez y tiene propiedades inmuebles?
43. Para resolver el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos:
sustitución pensional, dependencia económica, hechos probados relevantes y caso
concreto.
3. Marco normativo y jurisprudencial
3.1. Sustitución pensional
44. De conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por
los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes y la sustitución los miembros del grupo familiar del beneficiario de la
prestación que fallezca, en el siguiente orden:
5 Samai, índice 4.
6 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo tendrá
competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite,
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y
haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad
a su muerte.
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso,
el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a
dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario
de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho,
la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la
cual existe la sociedad conyugal vigente;
c) <Apartes tachados INEXEQUIBLES7> Los hijos menores de 18 años; los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus
estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte,
siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con
el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos
inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos
adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando
hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
[…].
45. Esta corporación ha resaltado que la finalidad de la sustitución pensional «es la
protección de la familia, entendida como el conjunto de personas allegadas al
trabajador que dependían económicamente de él y que quedan desamparadas a
causa de su fallecimiento»8. En consonancia, la Corte Constitucional ha precisado que
7 Corte Constitucional, sentencia C-066 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2018. Radicado 08001-23-
31-000-2010-00983-01(3178-15).
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la finalidad de la sustitución pensional es salvaguardar o mantener el nivel de vida que
tenía el beneficiario antes del deceso del pensionado9.
46. Ahora bien, en cuanto a la norma que rige el derecho pensional, la Sección
Segunda, en sentencia del 25 de abril de 201310, precisó que «el derecho a la pensión
de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del pensionado». Por tanto,
estableció que «rectifica la posición adoptada en sentencias de abril 29 de 2010 11 y
noviembre 1º de 201212, en las que, en materia de sustitución pensional se aplicó una
ley nueva o posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio de la
retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a la aplicación de tal figura,
toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de beneficiarios es
la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una posterior».
3.2. Dependencia económica
47. Por otra parte, en lo que concierne al requisito de dependencia económica, la
Sala destaca que los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los
artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, prevén esta exigencia para los hijos menores
de 18 años; los padres del causante; y los hermanos inválidos (lits. c, d y e. art. 47).
Nótese que la norma dispone que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes
«los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen
ingresos adicionales [aparte tachado declarado inexequible], mientras subsistan las
condiciones de invalidez».
48. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-066 de 201613 estudió una
acción pública de inconstitucionalidad contra los literales c) y e) del artículo 13 de la
Ley 797 de 2003, en la que el interesado manifestaba que la exigencia de dependencia
económica de los hijos y hermanos inválidos respecto del causante configuraba un
trato discriminatorio frente al cónyuge o compañero permanente «ya que a éstos tan
solo se les exige el vínculo sin la necesidad de prueba de la dependencia […]
imponiendo una carga desproporcionada e irrazonable a los hermanos e hijos en
9 Sentencia T-085 de 2021.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-
000-2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
11 Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en la que
se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975, a pesar
de que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970.
12 Radicación No. 13001-23-31-000-2005-02358-01 (0682-11), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, en que se
reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a pesar de
que el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. En esta oportunidad el doctor Gerardo Arenas
Monsalve salvó el voto en los siguientes términos: “Nótese además, desde el punto de vista práctico, el complejo
problema que surge con la tesis mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen general de la Ley 100 de
1993 a situaciones que se resolvieron plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones, y éstas no
tienen término de prescripción, todos los derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en su momento
aplicando válidamente la legislación anterior, resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es decir, susceptibles de
discusión judicial, así el fallecimiento del causante se haya producido en vigencia de esa legislación anterior, y así
se hayan reconocido los derechos derivados del régimen anterior. El principio constitucional de la sostenibilidad
financiera, establecido en la Carta desde el Acto Legislativo No. 1 de 2005 queda en entredicho, con una extensión
tan amplia y generalizada de la aplicación del régimen general”.
13 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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condición de discapacidad». Sin embargo, la Corte entendió que «es legítimo
establecer condiciones de acceso para los beneficios pensionales, en tanto que la
propia Constitución autoriza al Legislador para configurar el Sistema Pensional, y
definir los requisitos para su reconocimiento».
49. En la referida providencia, la Corte explicó el concepto de dependencia
económica como la falta de condiciones materiales del beneficiario del causante para
subsistir, asimismo, aclaró que «la presencia de ciertos ingresos no constituye la falta
de la misma, ya que tan solo se es independiente cuando el solicitante puede por sus
propios medios mantener su mínimo existencial en condiciones dignas».
50. En cuanto a los sujetos en situación de discapacidad, la Corte expuso que
acorde con la Convención de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley
1346 de 2009, la protección «es una garantía y un derecho para las personas en
situación de discapacidad y la posibilidad de tener un trabajo que les permita
procurarse su propio sustento, la capacidad de elegir cómo y con quién vivir, y que
puedan establecer relaciones familiares como las de las demás personas a partir del
libre consentimiento de los interesados, entre otros».
51. Para la Corte, la exigencia para el hijo inválido de la dependencia económica
respecto del causante es una medida razonable y adecuada; no obstante, frente a la
expresión «esto es, que no tienen ingresos adicionales» del literal c) del artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, constató que tal exigencia para el caso de los hijos en situación
de discapacidad «afecta el goce y disfrute de varios derechos fundamentales, tales
como el mínimo vital, la dignidad humana y la seguridad social, garantizados a través
de la pensión de sobrevivientes».
52. Así, el referido aparte de la norma que le exige a los hijos en condición de
discapacidad no tener ingresos adicionales para demostrar la dependencia
económica, en criterio de la Corte, afecta directamente los derechos de las personas
en discapacidad, que son sujetos de especial protección constitucional por encontrarse
en una situación de debilidad manifiesta.
53. En este sentido, la Corte explicó que la dependencia económica del hijo en
condición de discapacidad no es equivalente la inexistencia de ingresos adicionales,
pues esta exigencia constituye una barrera para que el hijo acceda a un trabajo o
desempeñe una profesión. En otras palabras, para la Corte «la demostración de la
ausencia total de ingresos, constituye una barrera de acceso para la superación
personal de este grupo, siendo necesaria la adecuación de la norma en la medida que
si bien se mantenga la dependencia como requisito de acceso, la misma no acentúe
la discriminación».
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54. Ahora bien, resulta relevante traer las reglas expuestas en la sentencia C-111
de 200614, que permiten determinar si una persona es dependiente, a partir de la
valoración de un conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la
congrua subsistencia del beneficiario, así:
1. Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder
a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna15.
2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica16.
3. No constituye independencia económica recibir otra prestación17. Por ello, entre otras
cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de
sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de
199318.
4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario
esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional19.
5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir
ingresos permanentes y suficientes20.
6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia
económica21.
55. En suma, la dependencia económica no significa que el hijo en condición de
discapacidad carezca en absoluto de ingresos. Ciertamente, la Corte Constitucional
ha considerado que «la vida del hombre en términos constitucionales, no se limita al
hecho concreto de sobrevivir, sino que exige un vivir con dignidad, esto es, de acuerdo
con las condiciones que le permitan sufragar -en realidad- los gastos propios de la
vida»22.
56. A su vez, la independencia económica, acorde con el fallo T-574 de 200223,
consiste en la posibilidad que tiene una persona de generar su propio ingreso
económico o de tener los recursos para asumir las necesidades básicas para
garantizar una vida en condiciones de dignidad y justicia; de modo que el concepto de
14 Corte Constitucional, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
15 Sentencia T-574 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
16 Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
17 Sentencia T-281 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
18 Dispone la norma en cita: “Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez”.
19 Sentencias T-574 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T- 996 de 2005. (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Del mismo
modo, la Corte Suprema de Justicia ha dicho: “Fungiendo la Corte como juez de segunda instancia, además de las
consideraciones expuestas en sede de casación, es pertinente acotar que respecto del argumento del Tribunal para
colegir que el demandante disponía de medios económicos suficientes para su subsistencia por recibir de manera
ocasional $20.000 0 $ 25.000 semanales y por estar percibiendo su cónyuge un salario mínimo legal mensual, no
es más que una suposición del juzgador, pues ello no conduce necesariamente a concluir que esta persona sea
autosuficiente económicamente, como erradamente lo concluyó. (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Laboral. Radicación No. 22.132. Sentencia del 11 de mayo de 2004. Magistrado Ponente: Carlos Isaac Nader).
20 Sentencia T-076 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y Auto 127A de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
21
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, fallo del 9 de abril de 2003. Radiación No. 21.360.
22 Corte Constitucional, sentencia C-111 de 2006, M.P. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
23 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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independencia económica debe ser corroborado con la realidad y teniendo en cuenta
si se trata de una persona inválida sin capacidad de trabajar.
57. De suerte que el estudio del requisito de dependencia económica debe observar
la protección de los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y la dignidad
humana, lo cual «admite varios matices, dependiendo de la situación personal en que
se encuentre cada beneficiario»24.
3.3. Hechos probados relevantes
58. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se muestra
a continuación:
59. El señor Dagoberto Grimaldos Valencia nació el 27 de octubre de 192825 y falleció
el 5 de enero de 2005, como consta en el registro civil de defunción26.
60. La señora Débora Guinand de Grimaldos nació el 9 de abril de 193527 y murió el 8
de agosto de 2018, según el registro civil de defunción28.
61. La señora Elizabeth Grimaldos Guinand nació el 24 de marzo de 1961 y sus padres
eran Dagoberto Grimaldos Valencia y Débora Guinand de Grimaldos29.
62. La Caja Nacional de Previsión Social, a través de la Resolución 10096 del 4 de
septiembre de 1986, «por la cual se da cumplimiento a un fallo del Tribunal
Administrativo del Quindío», reconoció al señor Dagoberto Grimaldos Valencia una
pensión gracia, con efectos fiscales desde el 3 de mayo de 1981. En las normas
aplicables incluyó la Ley 114 de 1913 que reguló la pensión gracia30. Esta pensión fue
reliquidada, mediante las resoluciones 05132 del 28 de junio de 198831 y 6002 del 6
de julio de 199532.
63. La Caja Nacional de Previsión en la Resolución 12542 del 15 de septiembre de
24 Corte Constitucional, sentencia C-111 de 2006, M.P. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
25 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
pág 8.
26 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
pág 9.
27 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
pág 3
28 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
pág 5.
29 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
págs 6 y 10.
30 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
pág 27 a 32.
31 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
págs. 34 a 37.
32 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
págs. 39 a 41.
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1987, reconoció una pensión de jubilación al señor Dagoberto Grimaldos Valencia, por
haber prestado sus servicios como profesor de tiempo completo, de conformidad con
la Ley 4 de 1966 y los decretos 2921 de 1948, 1848 de 1969 y 01 de 1984 33.
64. Obra en el proceso el concepto de Salud Ocupacional del 25 de febrero de 2002,
realizado por solicitud de la entidad Quindisalud S.A., que en el aparte del examen
físico realizado a la accionante indica «paciente en regulares condiciones generales.
Marcha con cojera, manifiesta dificultad para subir escalas y para el uso de transporte
público, tiene limitación para las actividades diarias como el calzarse y vestirse, y todas
las actividades que impliquen inclinarse o arrodillarse»34.
65. La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Departamento de Caldas realizó
un dictamen el 11 de mayo de 2004, que estableció una pérdida de la capacidad laboral
del 56 %, con fecha de estructuración del 16 de octubre de 2003, por enfermedad de
origen común, artrosis de cadera clase III35.
66. En la Resolución 30020 del 30 de septiembre de 2005, Cajanal le reconoció una
«pensión de sobrevivientes» a la señora Débora Guinand de Grimaldos, con ocasión
del fallecimiento del señor Dagoberto Grimaldos Valencia, quien tenía una pensión
reconocida en la Resolución 12542 del 15 de septiembre de 198736.
67. En la Resolución 30021 del 30 de septiembre de 2005, Cajanal reconoció una
sustitución pensional a la señora Débora Guinand de Grimaldos, debido al
fallecimiento del señor Dagoberto Grimaldos Valencia, quien tenía una pensión
concedida en la Resolución 5132 de 198837.
68. En la Resolución 843 del 13 de junio de 2005, Cajanal le reconoció a la señora
Elizabeth Grimaldos Guinand la suma de $1.907.500, por concepto de auxilio
funerario, en razón del fallecimiento del señor Dagoberto Grimaldos Valencia38.
69. A través de la Resolución 17261 del 15 de julio de 2005, Cajanal le reconoció a la
señora Elizabeth Grimaldos Guinand una pensión de invalidez por riesgo común, de
conformidad con la Ley 100 de 1993, por pérdida de la capacidad laboral del 56 %. El
valor de la pensión se calculó en $253.580, que fue elevado al salario mínimo legal
mensual vigente que correspondía a $358.000. La efectividad se fijó a partir del 1°. de
33 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
págs. 43 a 46.
34 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
pág 11 y 12.
35 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
págs. 17 a 18.
36 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
págs. 51 a 53.
37 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
págs. 54 a 56.
38 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
págs. 58 a 59.
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junio de 200439.
70. La señora Elizabeth Grimaldos Guinand, el 29 de junio de 2011, solicitó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en la calidad de hija inválida. Sin
embargo, Cajanal a través de la Resolución UGM 022930 del 28 de diciembre de 2011,
negó lo pedido40. Decisión que fue confirmada en la Resolución UGM 047117 del 18
de mayo de 2012 con fundamento en que ya recibía una pensión de invalidez, y por
ello, no acreditó el requisito de dependencia económica41.
71.El 22 de septiembre de 2017, la señora Elizabeth Grimaldos Guinand solicitó
nuevamente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, que fue negada en la
Resolución RDP 041690 del 3 de noviembre de 2017, con fundamento en que42:
Es de aclarar que pese a que la señora Elizabeth Grimaldos Guinand acredita ser la hija
inválida del señor Dagoberto Grimaldo Valencia al momento del fallecimiento del
causante, en el año 2005 ya era inválida, toda vez que la invalidez se estructuró en el 16
de octubre de 2003, lo cual genera duda para esta entidad teniendo en cuenta que no
demuestra la dependencia económica al momento del fallecimiento del causante y que
mediante Resolución 17261 del 15 de julio de 2005 le reconocieron una pensión de
invalidez con efectividad al 1 de junio de 2004. Por otro lado, no es claro para esta entidad
por qué después de 12 años del fallecimiento del causante solicita la pensión de
sobrevivientes generando duda de la dependencia económica exigida por la Ley 797 de
2003, artículo 47 en su literal c.
72.El citado acto administrativo fue confirmado en la Resolución RDP 018551 del 24
de mayo de 2018, que resolvió el recurso de apelación contra la Resolución RDP
041690 de 201743.
73. Declaración extrajuicio del 4 de diciembre de 2017, rendida por la señora Elizabeth
Grimaldos Guinand en la cual expresó:
TERCERO: Igualmente manifiesto que era mi padre el señor Dagoberto Grimaldos
Valencia, quien velaba económicamente de manera general en un cien por ciento (100 %)
por mí. CUARTO: La dependencia económica que siempre tuve con mi padre fue y es
debido a que a temprana edad sufrí de asma y por el consumo de esteroides y cortisona
que me aplicaban constantemente, me generó artrosis degenerativa, progresiva e
irreversible.
74. Declaración extrajuicio de los señores Jairo Arroyave Ocampo y Teresa Mora de
39 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
págs. 60 a 66.
40 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
págs. 71 a 72.
41 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
págs. 76 a 78.
42 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
págs. 84 a 87.
43 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
págs. 92 a 95.
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Forero donde expresaron que conocieron por 50 años a la señora Elizabeth Grimaldos
Guinand, y que les constaba que el señor Dagoberto Grimaldos Valencia era la única
persona que velaba económicamente por el 100 % de los gastos de su hija44.
75. Certificado de tradición y libertad del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 280-28196, ubicado en el municipio de Armenia, en la dirección carrera 23
D # 9-52 9 48, cuya propietaria del 40 % es la señora Elizabeth Grimaldos Guinand,
con ocasión de la adjudicación en sucesión realizada mediante escritura pública 3171
de 201945.
76.Certificado de tradición y libertad del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 280-101870, ubicado en el municipio de Armenia, en la dirección carrera
13 # 10-60, apartamento 101, edificio Valdivia. Esta propiedad fue adquirida por la
señora Elizabeth Grimaldos Guinand, a través de la escritura pública 926 del 2 de
mayo de 201446.
77. Certificado de pagos del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional que
contiene el valor de las mesadas pagadas a la señora Débora Guinand de Grimaldos
por concepto de las sustituciones pensionales desde 2006 a 201847.
78. En la audiencia de pruebas del 8 de marzo de 2022, el Tribunal practicó el
interrogatorio de parte de la señora Elizabeth Grimaldos Guinand. Asimismo, rindieron
testimonio los señores Alexander Grimaldos Cardona, Luz Nelly Bernal Rendón y
Yolanda Calderón Arias48.
79. La señora Elizabeth Grimaldos Guinand relató que, debido a que desde pequeña
ha sido una persona con quebrantos de salud, siempre vivió con sus dos padres.
Señaló que primero falleció su padre y luego su madre, y explicó que su papá, al
considerarla «la hija diferente», es decir, la más enfermiza, se preocupaba por que,
cuando ella fuera mayor y ellos ya no estuvieran, no quedara desamparada. Por esa
razón, la vinculó a un plan de vivienda que, en ese entonces, se llamaba La Patria.
80. Indicó, que su padre le consiguió un empleo en la Secretaría de Educación
Municipal. Agregó que su condición de salud se fue agravando con los años, porque
padece asma desde temprana edad, lo cual —según explicó— le generó
complicaciones que derivaron en artrosis. En ese contexto, su padre decidió ingresarla
al plan de vivienda referido.
44 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
págs. 98 y 99.
45 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, carpeta 18Contestaciondda.
46 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, carpeta 18Contestaciondda.
47 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, carpeta 18Contestaciondda.
48 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, carpeta 030AudienciaPruebas.
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81. Elizabeth explicó que cuando falleció su padre, junto con su madre se trasladaron
a vivir a una casa de un piso que tomaron en arriendo frente a Olímpica del Bosque,
donde residió hasta el año 2020.
82. Añadió que, luego del fallecimiento de su padre, su madre propuso vender la casa
de La Patria para adquirir un inmueble más céntrico, pensando en su movilidad y en
su bienestar futuro. Así, se vendió ese predio y su madre realizó un préstamo, con
dichos recursos se compró el apartamento 001 del edificio Valdivia. En todo caso,
aclaró que, en realidad, quienes ejercían el dominio material y tomaban las decisiones
sobre el apartamento eran sus padres, y que el hecho de que figurara a su nombre era
principalmente formal.
83. Manifestó que su madre permitió que allí viviera su hermano Jairo, quien en ese
momento estaba sin trabajo, junto con su hijo. Posteriormente, a ella le correspondió
trasladarse al apartamento, donde actualmente vive y ocupa una habitación, y
comparte el inmueble con el mismo hermano a quien su madre había autorizado residir
allí.
84. Respecto de la casa ubicada en el barrio Granada, de la cual la accionante
inicialmente figuraba como propietaria del 40 %, indicó que en ese inmueble reside su
hermano menor, John Carlos Grimaldos. Explicó que después del fallecimiento de sus
padres, se adelantó la sucesión y el bien quedó a nombre de los cinco hermanos. Sin
embargo, señaló que su hermano menor atraviesa una situación económica muy difícil
y tiene múltiples deudas, motivo por el cual le solicitó que su cuota parte quedara a
nombre de ella, como medida preventiva para evitar afectaciones a los demás
copropietarios en caso de un eventual embargo. Por lo anterior, precisó que, en
términos reales, su participación efectiva en esa casa sería únicamente del 20 %.
85. Alexander Grimaldos Cardona declaró que es sobrino de la señora Elizabeth
Grimaldos Guinand. Indicó que, desde que era niño, su tía ha presentado serias
afectaciones de salud, en especial asma, y que, hasta el fallecimiento de su abuelo
Dagoberto, este fue quien asumió de manera constante lo relacionado con su
vestuario, alimentación y vivienda. Recordó que, durante su infancia, era frecuente ver
a su tía recibiendo nebulizaciones en su habitación, y que tanto su abuelo como su
abuela estaban permanentemente pendientes de esos tratamientos. Afirmó que su
abuelo sufragaba los gastos del hogar y sostenía a la familia que residía en la casa del
barrio Granada.
86. Al ser preguntado sobre si, en vida de su abuelo y después de su fallecimiento, la
señora Elizabeth ha percibido frutos o canon de arrendamiento por la casa del barrio
Granada, respondió que no, pues el inmueble está ocupado por su tío John Carlos
Grimaldos Aguilar, quien atraviesa una situación económica compleja. Explicó que, por
solidaridad familiar, no se ha arrendado la vivienda, con el fin de permitirle a dicho
familiar habitarla.
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87. Agregó que, actualmente, su tía padece de una enfermedad ósea de carácter
degenerativo, lo que le genera dificultades para caminar. Señaló que hace algunos
años se sometió a una cirugía de reemplazo total de cadera, razón por la cual
permaneció varios meses en silla de ruedas durante su recuperación y,
posteriormente, debió iniciar un proceso de rehabilitación con caminador.
88. Manifestó, además, que cuando a su tía no le alcanzaba el dinero, su abuelo
también le entregaba apoyo económico en efectivo, especialmente para cubrir gastos
de transporte, pues ella debía movilizarse en taxi debido a sus limitaciones físicas y a
su condición respiratoria, que le impiden caminar largas distancias. Precisó que ese
gasto era asumido por el abuelo cuando se requería, dado que el servicio de taxi no
es económico.
89. Indicó que su tía es pensionada por invalidez y que, después del fallecimiento del
abuelo, durante aproximadamente uno o dos años se intentó cubrir los gastos de la
casa con la pensión de su tía, lo cual resultaba difícil por el alto costo de sostenimiento
del hogar. En ese periodo, explicó, su abuela fue quien asumió el rol de apoyo y
cuidado que previamente ejercía el abuelo, para suplir lo que su tía necesitaba.
90. Añadió que Elizabeth debe asistir de manera permanente a controles médicos por
su asma y demás padecimientos, y que, actualmente, la familia le colabora con los
traslados en taxi, pues ninguno de los familiares cercanos en Armenia cuenta con
vehículo particular para facilitar su transporte.
91. Finalmente, al ser interrogado sobre si, antes que Elizabeth se fuera a vivir al
apartamento del edificio Valdivia, ella recibía algún fruto o canon por ese inmueble,
contestó que no, ya que él vivió allí con su padre durante un tiempo, mientras cursaba
su carrera universitaria, sin pagar arriendo a su tía, únicamente asumían los gastos
básicos. También refirió que algunas amigas de Elizabeth le colaboran con el
vestuario, mediante la donación de prendas.
92. En relación con la alimentación, reiteró que, en su momento, su abuelo era el pilar
económico del hogar y cubría las necesidades básicas de la familia, incluida la
alimentación, y que en el caso específico de la señora Elizabeth ese apoyo era
constante debido a su estado de salud. Precisó que, en el caso particular de su tía
Elizabeth, debido a sus condiciones de salud, el abuelo le proveía especialmente la
alimentación. Indicó que, luego del fallecimiento del abuelo, Elizabeth continuó
viviendo en el apartamento y, actualmente, la pensión le permite sufragar el gasto de
alimentación, aunque en condiciones inferiores a las que tenía cuando el abuelo vivía.
93. Al solicitarse una explicación sobre esa diferencia, aclaró que se refiere a la
cantidad y calidad de lo que podía adquirirse, antes se podía «hacer mercado» con
mayor suficiencia; hoy, a su tía no le alcanza el dinero para comprar alimentos como
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antes, porque debe asumir, con la pensión, los gastos del apartamento. Agregó que,
por esa razón, ya no puede abastecerse como anteriormente ocurría cuando el abuelo
cubría esos costos. Frente a la necesidad de transporte, afirmó que el abuelo también
la apoyaba y que, en la actualidad, esa carga pasó a la familia, aunque indicó que son
pocos los integrantes que actualmente la respaldan.
94. El declarante indicó que su padre vive en el apartamento del edificio Valdivia junto
con Elizabeth Grimaldos. Ante la pregunta sobre si su padre asume algún gasto del
inmueble o si todos los costos recaen sobre Elizabeth, explicó que su papá
actualmente está desempleado y es un adulto mayor de 64 años. Precisó que, de
manera ocasional, obtiene ingresos realizando trabajos informales —como cuidar
parqueaderos o edificios— y que, con lo que logra percibir, contribuye en algunos
gastos, por ejemplo, pagando algún recibo de servicios públicos o colaborando con
alimentación.
95. La señora Luz Nelly Bernal Rendón indicó que es amiga de la accionante desde
hace 42 años. Manifestó que Dagoberto Grimaldos Valencia, padre de la accionante,
contribuía a su sostenimiento, en especial con vivienda, alimentación y medicamentos,
ayuda que se mantuvo hasta su fallecimiento. Añadió que, luego de su deceso, dicho
apoyo fue asumido por la señora Débora, quien percibía la pensión. Señaló que
visitaba la vivienda ubicada en Granada cada 15 o 20 días y que, para la época en que
falleció Dagoberto, Elizabeth se encontraba incapacitada desde hacía seis meses por
un problema de cadera. También precisó que, en vida de Dagoberto, Elizabeth
trabajaba como secretaria en una escuela y que, debido a la artrosis que padecía, no
podía movilizarse en bus, sino en taxi.
96. Respecto del apartamento del Edificio Valdivia, afirmó que es de propiedad de
Elizabeth. En relación con los recursos para su adquisición, explicó que don Dagoberto
la apoyó inicialmente con el pago de las cuotas de una vivienda de interés social
ubicada en el barrio La Patria, pues —según refirió— era la única de la familia que no
contaba con vivienda propia. Indicó que dicha casa fue posteriormente vendida y que,
con el producto de la venta, se compró el apartamento de Valdivia; agregó que el valor
restante se completó con un préstamo personal obtenido por la señora Débora.
97. La señora Yolanda Calderón manifestó que Elizabeth Grimaldos siempre vivió
con su padre Dagoberto Grimaldos Valencia y con su madre Débora, inicialmente en
la casa de Granada. Afirmó que Elizabeth dependía de su padre y, tras el fallecimiento
de este (5 de enero de 2005), la dependencia continuó respecto de su madre. Explicó
que dicha dependencia comprendía vivienda, alimentación, servicios públicos,
vestuario, medicamentos, terapias, hospitalizaciones y, en general, los gastos
necesarios para su asma y otras afectaciones de salud.
98. Señaló que Elizabeth ha sido una persona enferma desde la niñez (asma) y que
en su etapa adulta presentó artrosis severa, lo que le impedía movilizarse en bus y la
obligaba a desplazarse en taxi. Indicó que, para la época de la muerte del padre,
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Elizabeth sí trabajaba, pero estaba incapacitada; además, precisó que su salario
mínimo no le alcanzaba para cubrir sus necesidades por la enfermedad, de modo que
lo que recibía lo destinaba a gastos personales y transporte, mientras que el padre
asumía el resto de los costos del hogar y de su manutención.
99. Respecto a la vivienda, relató que, luego de la muerte del padre, permanecieron
en la casa de Granada por uno o dos años y luego se trasladaron a una casa de un
solo piso en el sector del Bosque, más adecuada para la condición física de Elizabeth
(sin escaleras y con espacios amplios). Recordó que Débora falleció el 8 de agosto de
2018 y sostuvo que, después de esa fecha, la situación de Elizabeth desmejoró
notablemente, pues actualmente vive en un lugar más reducido y con barreras físicas;
además, afirmó que pasó de tener tres comidas al día a solo dos, no cuenta con otros
ingresos distintos de una pensión por invalidez y depende de amigas o familiares para
movilizarse. Finalmente, indicó que los tratamientos adicionales no cubiertos por el
sistema de salud eran pagados antes por el padre y que hoy Elizabeth no puede
costearlos.
3.4. Caso concreto
100. La accionante quien sufre de una pérdida de la capacidad laboral del 56 %
solicita la nulidad de las resoluciones que le negaron el reconocimiento de la
sustitución de las pensiones de jubilación y gracia, que devengaba el señor Dagoberto
Grimaldos Valencia.
101. El Tribunal Administrativo del Quindío negó las pretensiones de la demanda
porque consideró que la actora percibía ingresos mensuales y permanentes, puesto
que devengaba una pensión de invalidez y tiene inmuebles, de modo que no cumplió
con el requisito de dependencia económica respecto del causante.
102. Inconforme con esta decisión, la demandante interpuso recurso de apelación
para reiterar que debido a que padecía asma desde niña y luego artrosis, siempre
dependió económicamente de su padre. Explicó que cuando laboraba su ingreso no
era superior al salario mínimo, y que la pensión también corresponde a un salario
mínimo. Entonces ese valor no satisfacía todas sus necesidades, por ello, su padre le
garantizaba la vivienda, alimentación, servicios públicos, transporte, vestuario y
terapias.
103. Visto lo anterior, la Subsección precisa que en el proceso se encuentra
acreditado que el padre de la demandante falleció el 5 de enero de 200549; quien
49 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
pág 9.
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devengaba dos pensiones, una gracia50 y otra ordinaria docente51; que antes del
fallecimiento de su padre, la actora laboraba como secretaria; que la demandante sufre
artrosis y asma, con una pérdida de la capacidad laboral del 56 %52; que la actora está
pensionada por invalidez desde el 1°. de junio de 2004 y el monto de la pensión
corresponde al salario mínimo53; que la demandante es propietaria de un apartamento
en el edificio Valdivia de Armenia54, y del 40 % de una casa en el barrio Granada de la
misma ciudad55; que la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral
de la señora Elizabeth Grimaldos Guinand fue el 16 de octubre de 2003, es decir, antes
del deceso de su padre.
104. Ahora bien, en cuanto al requisito de dependencia económica de la señora
Elizabeth Grimaldos Guinand frente al señor Dagoberto Grimaldos Valencia, en el
proceso se practicó el interrogatorio de parte de la actora, así como los testimonios de
los señores Alexander Grimaldos Cardona, Luz Nelly Bernal Rendón y Yolanda
Calderón Arias.
105. Ciertamente, en el interrogatorio de parte, la accionante manifestó que su padre,
el señor Dagoberto, solventó sus gastos y la protegió económicamente porque desde
niña ha tenido quebrantos de salud y él la consideraba «la hija más enfermiza”»; por
eso se preocupó de que no quedara desamparada. En ese contexto, la vinculó a un
plan de vivienda (La Patria) y, además, le ayudó a conseguir un empleo en la
Secretaría de Educación Municipal.
106. Asimismo, relató el apoyo material que recibía de su padre, en tanto, vivía en la
misma residencia y la vinculó a un plan de vivienda para protegerla. En otras palabras,
la demandante explicó que dependía del respaldo económico de su padre. Agregó que
el apartamento de Valdivia no lo compró ni lo pagó ella; dijo que aunque figure a su
nombre, en realidad, sus padres eran quienes manejaban y decidían quién vivía allí.
Frente a la propiedad del barrio Granada, aseveró que adquirió un porcentaje por la
adjudicación de la sucesión de su padre.
107. Por otro lado, el señor Alexander Grimaldos Cardona expresó que su abuelo, el
señor Dagoberto Grimaldos, era «el que siempre le proveía [a Elizabeth] … todo lo
relacionado con su vestuario, con su alimentación, con la vivienda». En este sentido
señaló que el abuelo «era el que sufragaba todos los gastos que tenía la casa» y quien
50 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
págs. 39 a 41.
51 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
págs. 43 a 46.
52 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
págs. 17 a 18.
53 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, doc. 005.3 anexos, documentales,
págs. 60 a 66.
54 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, carpeta 18Contestaciondda.
55 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta 01. 63001333300520200013400, carpeta 18Contestaciondda.
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pagaba el servicio de taxi para que la actora pudiera movilizarse y los gastos de salud,
debido a las enfermedades que padecía la accionante.
108. En suma, para el testigo, el señor Dagoberto Grimaldos era el sostén económico
principal de Elizabeth Grimaldos, en tanto, cubría los gastos de vivienda, alimentación,
vestuario, salud y transporte, y que esa ayuda no era ocasional sino permanente, al
punto de que tras su muerte esa función la asumió la abuela y, después, la familia de
forma esporádica.
109. A su vez, la señora Luz Nelly Bernal Rendón indicó en la declaración que
Dagoberto Grimaldos era quien le proporcionaba a Elizabeth Grimaldos, el techo, la
alimentación y los medicamentos que necesitaba. Además, relató que Dagoberto le
ayudó a vincularse en un programa para adquirir una casa de interés social y él pagaba
las cuotas. Igualmente, si bien, Elizabeth Grimaldos trabajaba, «antes de finalizar el
mes don Dago le tenía que colaborar […] porque no le alcanzaba».
110. En suma, la testigo declaró que Dagoberto Grimaldos le garantizaba una vida
digna a su hija Elizabeth, pues le proporcionaba vivienda, alimentación y salud,
además de apoyarla económicamente en efectivo, y que debido a sus limitaciones de
salud también le cubría los gastos de transporte.
111. A su turno, la señora Yolanda Calderón Arias narró que Elizabeth Grimaldos
«ella siempre vivió con ellos, con el papá y la mamá […] siempre, siempre, hasta que
ellos murieron» y agregó que «ella jamás se separó de ellos, nunca se emancipó […]
por su estado de salud». La testigo relató que Elizabeth dependía de su padre «en
todo, prácticamente vivienda, alimentos, los servicios, medicamentos». A la pregunta
del magistrado sobre el porqué, aun trabajando, seguía dependiendo del padre,
respondió que «ella ganaba un mínimo y por su enfermedad eso no le alcanzaba […]
lo que ganaba era para cositas personales […] y taxis […] y ya don Dagoberto le
ayudaba para el resto de gastos […] vivienda, servicios, comida, todo».
112. Ahora bien, la Subsección debe decir que el concepto de dependencia
económica comprende que la ayuda económica debe ser significativa, permanente y
constante. Además, cuando se trata de sectores vulnerables de la población, el juez
debe realizar un enfoque diferencial en la revisión de las pruebas, así56:
Ese deber judicial implica recibir la causa, analizarla e identificar si en ella se vislumbran
escenarios discriminatorios, categorías sospechosas o asimetrías entre las partes, que
ameriten que el juzgador actúe de forma diferencial, con el objeto de encontrar y
administrar verdaderamente el derecho y la aplicación de la justicia.
113. En consecuencia, en el presente caso, al valorar las pruebas ese enfoque
diferencial debe tener en cuenta que la señora Elizabeth Grimaldos es una mujer
56 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 8 de abril de 2025, SL1365-2025. Rad.
05001-31-05-001-2018-00300-01. M.P. Giovanni Francisco Rodríguez Jiménez.
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adulta mayor57, en estado de discapacidad y que no conformó un núcleo familiar
propio.
114. Por otra parte, en cuanto al estudio del requisito de dependencia económica, la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha considerado que legalmente no está
previsto que se deba acreditar el monto del dinero aportado, puesto que existe libertad
probatoria y el juez cuenta con libertad de valoración de la prueba. Al respecto, dijo la
Corte58:
Ahora bien, para efectos de la configuración del derecho a la pensión de sobrevivientes,
no es necesario acreditar «el monto del dinero aportado» por el causante, como lo
plantea el casacionista, por la razón de que ese requisito no se encuentra previsto en
la ley, de modo que no podría exigirse a los demandantes el cumplimiento de cargas
adicionales o ajenas a las contempladas en la legislación, que, en este caso, se
concretan en la carga de demostrar la dependencia económica, para lo cual existe
plena libertad probatoria en favor de la parte actora, por una parte, y libertad de
apreciación de las pruebas en favor del juez, por otra.
En similar sentido, esa exigencia, construida ficticiamente por el casacionista, además
de no estar prevista en la ley, coloca en una situación desventajosa y complicada a la
parte accionante, en la medida que la prueba del monto exacto de la contribución del
causante al sostenimiento del hogar, es de muy difícil consecución, si se tiene en
cuenta que, generalmente, el aporte económico y material no viene representado en
una suma de dinero única, sino en contribuciones de distinta índole, orientadas a
satisfacer distintas necesidades, como la alimentación, transporte, recreación,
vivienda, entre otras.
115. En este orden de ideas, toda vez que existe libertad probatoria, la Sala
considera que las pruebas testimoniales son una prueba idónea para demostrar la
dependencia económica de la señora Elizabeth Grimaldos frente a su padre, el señor
Dagoberto Grimaldos. De modo que sí aquellas tienen el valor probatorio suficiente y
la fuerza de convicción necesaria es improcedente exigirle a la parte que demostrara
que con el ingreso de un salario mínimo no podía sufragar sus gastos de manutención,
como lo consideró el Tribunal.
116. En el caso bajo análisis, dichas pruebas testimoniales son coherentes en la
narración en el sentido que la demandante vivía en la residencia de sus padres, que
debido a su estado de salud requería de medicamentos y cuidados especiales los
cuales eran sufragados por su progenitor y que, si bien estuvo activa laboralmente, lo
cierto es que la remuneración correspondía al salario mínimo y no era suficiente para
cubrir todos sus gastos para garantizar una vida digna, teniendo en cuenta su estado
de salud. Estas declaraciones fueron practicadas con la garantía del derecho al debido
proceso de la entidad demandada y no se presentó tacha de falsedad.
57 Según el artículo 7, literal B de la Ley 1276 de 2009, adulto mayor es la persona que cuenta con 60 años de edad
o más.
58 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, fallo del 29 de abril de 2015, SL6502-2015. Radicación
46151. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
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117. Asimismo, aunque la actora devengaba un salario mínimo y luego le fue
reconocida una pensión de invalidez, por el mismo monto, no se puede perder de vista
que según la sentencia C-111 de 200659, percibir un salario mínimo o devengar una
pensión no prueban la independencia económica, tal como se expuso en el marco
normativo y jurisprudencial.
118. La Subsección tampoco pasa por alto que la accionante es propietaria de un
apartamento en el Edificio Valdivia, ubicado en la ciudad de Armenia; sin embargo,
según se demostró en el proceso, ella reside allí junto con su hermano, de donde no
se puede inferir que represente un ingreso para su manutención. En lo que respecta a
la propiedad que tiene sobre el 40 % de una casa en el barrio Granada de la misma
ciudad, debe decirse que en el proceso no está probado que reciba renta alguna por
este porcentaje y tampoco se desvirtuó lo manifestado por Alexander Grimaldos, sobre
que uno de sus tíos, John Carlos Grimaldos, reside en esa vivienda, quien está
atravesando por una situación económica compleja. Por ello, esa propiedad no
representa un ingreso para la demandante. Así pues, el patrimonio de la actora no
excluye el derecho a la sustitución pensional.
119. Entonces, no se comparte lo considerado por el fallador de primera instancia
relativo a que la parte interesada no demostró el requisito de dependencia económica,
puesto que el estudio de las pruebas requiere que se realice un enfoque diferencial
por tratarse de un sujeto de especial protección constitucional. Adicionalmente, es
improcedente la exigencia a la demandante en el sentido de tener que demostrar todos
los gastos que tenía antes del fallecimiento de Dagoberto Grimaldos, puesto que dicho
condicionamiento no tiene fundamento legal.
120. La interpretación del Tribunal sobre que la actora no era dependiente
económicamente de su padre, porque tenía ingresos permanentes derivados de su
salario mínimo, desconoce que, acorde con la jurisprudencia constitucional, el requisito
exigido no consiste en la carencia absoluta de ingresos. Ello, en tanto, dicho
entendimiento sometería a las personas en estado de discapacidad a excluirse del
mercado laboral y a que no tengan ingreso alguno para que puedan ser beneficiarias
de la sustitución pensional, pese a que la Corte Constitucional declaró inexequible ese
aparte «que no tengan ingresos adicionales»60 del literal c) del artículo 47 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
121. Así las cosas, para el entendimiento de la exigencia regulada en la norma
previamente citada, el juez debe preferir la interpretación más beneficiosa para la
peticionaria, puesto que el principio de favorabilidad tiene dos expresiones, a saber,
cuando existe un conflicto en la aplicación de dos normas, y también en los casos
donde un precepto tiene varias interpretaciones. En efecto, «la jurisprudencia
59 Corte Constitucional, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
60 Corte Constitucional, sentencia C-066 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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constitucional ha reiterado que las autoridades judiciales se encuentran sujetas a la
aplicación del principio constitucional de favorabilidad en materia laboral. En este
orden, si bien los jueces, incluyendo las altas cortes, cuentan con un amplio margen
de interpretación en las normas laborales, no les es dable hacerlo en contra del
trabajador, es decir, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquél que
ostensiblemente lo desfavorece o perjudica. En conclusión, una conducta contraria
configura un defecto que viola los derechos fundamentales al debido proceso y a la
seguridad social, por desconocimiento directo del artículo 53 Constitucional»61.
122. Adicionalmente, se precisa que la pensión de sobrevivientes y la pensión de
invalidez son compatibles, en tanto no cubren el mismo riesgo y persiguen finalidades
distintas. En consecuencia, no se configura un supuesto de exclusión entre estas
prestaciones, así el hecho de devengar una pensión de invalidez no impide el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pues para esta última no se exige una
dependencia absoluta respecto del causante, conforme lo ha reconocido la
jurisprudencia constitucional, en los siguientes términos:
Ahora bien, la Sala aclara que las pensiones de sobrevivencia y las de invalidez son
compatibles, toda vez que protegen riesgos, al igual que fines disímiles. Así, la primera
prestación cubre la vulnerabilidad económica en que quedan las personas más
cercanas al causante y su fin responde atender a las personas que sufren el desamparo
al fallecer quien era su sostén económico. Mientras que la segunda pensión
salvaguarda las “contingencias que provocan [los] estados de incapacidad” y pretende
subsanar las necesidades básicas de quien no puede laborar, debido a sus condiciones
de discapacidad. De ahí que no existen supuestos que excluyan esas prestaciones
entre sí. Incluso, el hecho que una persona devengue la pensión de invalidez no le
impide que reciba la de sobrevivientes, comoquiera que en ésta no se exige al
interesado una dependencia absoluta con relación al pensionado o cotizante fallecido.
Por ello, si el interesado demuestra que a pesar de que recibe la prestación de invalidez
necesitaba de la ayuda económica del hijo para satisfacer sus necesidades básicas,
también será titular de la pensión de sobrevivencia.
Al mismo tiempo, las cotizaciones en que se apoyan las referidas prestaciones son
diferentes, dado que la de sobrevivencia se sustenta en lo aportado por el causante,
de otro lado la invalidez descansa en las cotizaciones del afiliado y en los recursos del
sistema derivado del principio de solidaridad62.
123. Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia T-427 de 201163
señaló que en el Sistema de Seguridad Social no existe una prohibición expresa que
61 Corte Constitucional, sentencia T-350 de 2012, citada en el fallo T-831 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
62 Corte Constitucional, sentencia T-326 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
63 El fallo T-427 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, en efecto indica «dentro del sistema de seguridad social
no se encuentra prohibición alguna que establezca que una persona no pueda recibir más de una pensión
sustitutiva. Por tanto, bajo el aforismo del derecho público que establece que el particular puede hacer todo aquello
que no le esté prohibido, mientras que el servidor público únicamente puede realizar lo que le esté específicamente
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impida recibir más de una pensión sustitutiva; por ello, conforme al principio según el
cual el particular puede hacer lo no prohibido, no hay razón jurídica para negar a la
accionante la sustitución pensional solicitada. Ciertamente, el artículo 19 de la Ley 4
de 1992 prevé como excepción a la prohibición de percibir más de una asignación del
tesoro público la pensión sustitutiva, así:
ARTÍCULO 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público,
ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o
de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse las
siguientes asignaciones:
[…]
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
[…].
124. Cabe anotar que el presente reconocimiento no vulnera la sostenibilidad
financiera del sistema pensional, prevista en el acto legislativo 01 de 2005, toda vez
que en la figura de la sustitución pensional el financiamiento se deriva de las
cotizaciones realizadas durante la vida laboral, así como por el tiempo de servicios, los
cuales cubren la contingencia de la muerte del trabajador y del pensionado.
Igualmente, para la pensión de invalidez, los aportes hechos por la empleada amparan
la contingencia de la enfermedad.
125. En este orden de ideas, se revocará el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, y en su lugar, se declarará la nulidad de los actos
administrativos expedidos por Cajanal (hoy UGPP64), y se ordenará a título de
restablecimiento del derecho, el reconocimiento de la sustitución de las pensiones
gracia y de jubilación a favor de la accionante.
126. Frente a la prescripción se tiene que la interesada presentó la primera
reclamación el 29 de junio de 2011, respondida en las resoluciones UGM 022930 del
28 de diciembre de 2011 y UGM 047117 del 18 de mayo de 2012. Por otra parte, la
demanda se interpuso el 21 de agosto de 2020, es decir, que pasaron más de tres
años, de modo que operó la prescripción del derecho al pago de las mesadas
causadas antes de la interrupción realizada con la referida reclamación del 29 de junio
de 2011. Ahora bien, la segunda reclamación fue radicada el 22 de septiembre de
2017, respondida en las resoluciones RDP 041690 del 3 de noviembre de 2017 y RDP
018551 del 24 de mayo de 2018. Entonces, en principio, la prescripción se interrumpió
permitido, se entiende que en este caso no hay motivo alguno para que la accionante no pueda recibir la pensión
sustitutiva del causante. Más aún, si se tiene en cuenta el artículo 19 de la Ley 4 de 1992, que establece como
excepción a la prohibición respecto de recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público la pensión
sustitutiva. Excepción que se debe aplicar en este caso, teniendo en cuenta que la primera pensión sustitutiva de
la que es acreedora la accionante, proviene de la Alcaldía de Montería y la que se encuentra en discusión es de
CAJANAL. Por lo anterior, se concluye que adicional a lo anterior, la accionante cumple con los requisitos legales
para recibir dos pensiones sustitutivas».
64 Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
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frente a las mesadas causadas tres años atrás de la petición, es decir, desde el 22 de
septiembre de 2014.
127. De modo que, en principio, procedería el pago de las mesadas a partir del 22
de septiembre de 2014; sin embargo, la UGPP realizó el pago de la sustitución
pensional a favor de la cónyuge supérstite hasta su fallecimiento, que ocurrió el 8 de
agosto de 2018. Por lo tanto, para que la entidad no incurra en un doble pago por la
misma causa, los efectos fiscales de la sustitución pensional solo proceden desde el
día siguiente a la fecha del deceso de la señora Débora Guinand de Grimaldos.
128. Sobre la efectividad del pago de la sustitución pensional en sentencia del 5 de
agosto de 202165 la Sección Segunda, Subsección B, al reiterar el fallo del 3 de
noviembre de 201666 determinó que si la entidad de previsión social ha pagado el 100
% de la sustitución pensional a la cónyuge supérstite, y tiempo después aparece la
compañera permanente, el reconocimiento por orden judicial del 50 % solo producirá
efectos a partir de la ejecutoria de la sentencia que concede el derecho a la
compañera67.
129. La Subsección explicó que el reconocimiento de la sustitución pensional puede
implicar una doble erogación a cargo de la entidad accionada quien «en cumplimiento
del deber constitucional de obrar de buena fe, ha venido pagando desde el
fallecimiento del causante el 100 % del derecho pensional a la beneficiaria (cónyuge)
a quien creyó deberla en su momento por ser la única que se presentó dentro del
término de ley en el trámite de la actuación administrativa». Además, la providencia
resaltó que el doble pago afecta el tesoro público y la sostenibilidad financiera del
sistema pensional. En estos casos, para definir la fecha de efectividad del pago se
debe tener en cuenta si existió inactividad de la parte interesada al omitir presentar la
reclamación pensional o dejar de controvertir el derecho reconocido a la cónyuge.
130. Entonces, sin desconocer que el derecho a la sustitución pensional se causa
desde la fecha de fallecimiento del causante, se estableció que el pago procedía desde
la ejecutoria de la sentencia; no obstante, como la cónyuge supérstite había fallecido
se dispuso el pago de la sustitución pensional en el 100 % para la compañera
permanente a partir del día siguiente a la fecha de deceso de la esposa del jubilado
fallecido. Dijo la sentencia:
Así las cosas, aunque la sustitución pensional a favor de la demandante se causó
desde la fecha de fallecimiento del causante, conforme con la jurisprudencia transcrita,
el pago se deberá ordenar a partir de la ejecutoria de la sentencia, y no como en forma
65 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 08001-23-33-000-2012-0022-01
(1292-2015), M.P. César Palomino Cortés.
66 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 15001-23-33-000-2013-00557-01
(3479-2015), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
67 Este recuento jurisprudencial fue abordado por la Subsección B del Consejo de Estado, en el fallo del 18 de
septiembre de 2025, proceso con radicado 63001-23-33-000-2018-00190-01 (2018-2021), M.P. Elizabeth Becerra
Cornejo.
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Radicación: 63001-33-33-005-2020-00134-01 (5865-2022)
Demandante: Elizabeth Grimaldos Guinand
Demandado: UGPP
errada el a quo la ordenó, en cuanto no se puede imponer doble pago por un valor que
ya fue desembolsado.
Por lo tanto, el pago de la sustitución pensional reclamada se deberá realizar a partir
de la ejecutoria de la sentencia que reconoce el derecho a la demandante como
beneficiaria sustituta. No obstante lo anterior, la apoderada de la parte demandante, en
memorial radicado ante esta Corporación el 8 de abril de 2018, informa que la señora
Graciela Durán de Gallardo, beneficiaria de la sustitución pensional en el 100 %, falleció
en la ciudad de Barranquilla, el 14 de mayo de 2017, conforme al registro civil de
defunción que allega al proceso visible a folios 637 a 638 del expediente.
Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que la sentencia de primera instancia
deberá ser modificada, en el sentido de indicar que la sustitución pensional reconocida
a la señora Primitiva Payares de Puello, será equivalente al 100 % de la prestación que
recibía la señora Graciela Durán de Gallardo, a partir del 15 de mayo de 2017, en
consideración a que corresponde al día siguiente de su fallecimiento, por lo que le da
el derecho a incrementar la prestación, por haber extinguido el derecho pensional a la
cónyuge.
131. Este criterio fue reiterado en la sentencia del 18 de abril de 2024 68 de la misma
Subsección en el caso de una sustitución pensional que había sido reconocida por la
entidad en el 100 % a un hijo del causante, y con ocasión de la sentencia se ordenó el
reconocimiento para las compañeras permanentes del fallecido, pero desde la
extinción del derecho del hijo, para no incurrir en un doble pago.
132. En síntesis, esta corporación ha valorado diferentes aspectos para determinar la
fecha de pago de la sustitución pensional cuando existen beneficiarios a quienes en
sede administrativa ya se les había reconocido el 100 % y con posterioridad reclama
otro interesado, quien obtiene el derecho a un porcentaje por orden judicial.
133. Así pues, en el caso bajo estudio, los efectos fiscales del pago de la sustitución
pensional a favor de la señora Elizabeth Grimaldos Guinand, en calidad de hija en
condición de invalidez, deben ser desde el día siguiente al fallecimiento de la cónyuge
supérstite, esto es, el 9 de agosto de 2018, por haberse extinguido el derecho
pensional de la esposa del causante.
4. Conclusión
134. La señora Elizabeth Grimaldos Guinand quien sufre de una discapacidad del 56
% por padecer artrosis y asma, acreditó el requisito de dependencia económica
respecto de su padre, el señor Dagoberto Grimaldos Valencia. Dicha condición se
probó a partir de la valoración de las pruebas testimoniales recaudadas en el proceso.
La Subsección considera que no se le puede exigir a la interesada la carencia de
recursos, entonces, el devengar una pensión de invalidez equivalente al salario mínimo
mensual vigente no implica independencia económica. Este hecho tampoco se
68 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 08001-23-33-000-2018-00546-01
(0270-2021), M.P. César Palomino Cortés.
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concluye por ser propietaria del apartamento en el que habita y de un porcentaje de
otro inmueble, que era la vivienda familiar, de los cuales no percibe renta alguna.
135. Por consiguiente, la accionante tiene derecho al reconocimiento de la
sustitución de las pensiones gracia y de jubilación. Los efectos fiscales son a partir del
9 de agosto de 2018, que es el día siguiente al fallecimiento de la cónyuge supérstite,
debido a que la entidad no puede incurrir en un doble pago para no afectar la
sostenibilidad fiscal del sistema pensional.
5. Costas
136. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 69 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
instancia no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte vencida haya
incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Revocar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío, el
24 de junio de 2022, que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone:
Segundo: Declarar la nulidad de la Resolución UGM 022930 del 28 de diciembre de
2011, confirmada en la Resolución UGM 047117 del 18 de mayo de 2012, y de la
69 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandado: UGPP
Resolución RDP 041690 del 3 de noviembre de 2017, confirmada en la Resolución
RDP 018551 del 24 de mayo de 2018, que negaron la sustitución pensional.
Tercero: A título de restablecimiento del derecho, ordenar el reconocimiento de la
sustitución pensional a la señora Elizabeth Grimaldos Guinand, a partir del 9 de agosto
de 2018, en el 100 % de las pensiones de las cuales era beneficiario el señor
Dagoberto Grimaldos Valencia.
Cuarto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor [IPC] certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la aplicación
de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final
índice inicial
Quinto: Dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.
Sexto: Reconocer personería al abogado Jhon Jairo Bustos Espinosa, identificado con
cédula de ciudadanía 1.136.883.951 y tarjeta profesional 291.382 del Consejo Superior
de la Judicatura, según el poder que consta a índice 10 de Samai.
Séptimo: Aceptar la renuncia al poder presentada por el abogado Jhon Jairo Bustos
Espinosa como apoderado de la UGPP, de conformidad con el memorial que obra a
índice 15 de Samai.
Octavo: Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
Salvamento de voto
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Demandante: Elizabeth Grimaldos Guinand
Demandado: UGPP
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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