Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-33-33-006-2018-00419-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 63001-33-33-006-2018-00419-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-33-33-006-2018-00419-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-33-33-006-2018-00419-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 63001-33-33-006-2018-00419-01 (4462-2022)
Demandante: José Remberto Gil Villa
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones ─COLPENSIONES─
Tema: Marco normativo aplicable a la sustitución de la pensión de
jubilación. Acreditación de la convivencia real y efectiva.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal
Administrativo del Quindío, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor José Remberto Gil Villa instauró demanda ordinaria laboral contra la
Administradora Colombiana de Pensiones ─COLPENSIONES─, con el fin que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes o de la sustitución pensional, en su condición de cónyuge supérstite,
con ocasión del fallecimiento de la señora Nidya Ramírez Solorza, a partir del 26 de
octubre de 2012.
Que se condene a COLPENSIONES a pagar el retroactivo pensional, liquidado
desde el 26 de octubre de 2012, fecha en la que falleció la causante, y hasta la
fecha del fallo, sin perjuicio de las mesadas que se causen con posterioridad.
Que se reconozcan y paguen los intereses moratorios a la tasa máxima vigente
hasta el momento en que se efectúe el pago sobre el importe de la obligación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 141 de la Ley 100 de 1993, sin
perjuicio de los intereses que se causen con posterioridad.
HECHOS
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 63001-33-33-006-2018-00419-01 (4462-2022)
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el 5 de septiembre de 1970 contrajo matrimonio con la señora Nidya Ramírez
Solorza, con quien compartió hasta el 26 de octubre de 2012, fecha en la que esta
falleció. Que en dicho matrimonio procrearon 2 hijos.
Manifestó que el Instituto de Seguros Sociales, mediante Resolución Nro. 1043 de
2002, le reconoció a la señora Nidya Ramírez Solorza la pensión de vejez en un
monto de $969.805.
Que el 8 de septiembre de 2017 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes o de la sustitución pensional, la cual fue negada a través de la
Resolución Nro. SUB 250162 del 8 de noviembre de 2017, que se confirmó
mediante las Resoluciones Nro. SUB 295976 del 27 de diciembre de 2017 y Nro.
DIR 474 del 10 de enero de 2018, que resolvieron los recursos de reposición y
apelación, respectivamente.
FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO
Se indicaron como normas violadas los artículos 46, 47 y 141 de la Ley 100 de 1993.
Manifestó que sostuvo una convivencia matrimonial continua e ininterrumpida con
la causante desde el 5 de septiembre de 1970 y hasta el 26 de octubre de 2012,
fecha en la que esta falleció. Que solo por esa razón satisface el requisito
establecido en el literal a, del artículo 47, al superar los 5 años de convivencia
exigidos.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda se presentó ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia,
quien la admitió en auto del 27 de febrero de 20181. COLPENSIONES se opuso a
las pretensiones e indicó que hizo un estudio de la prestación solicitada, el cual
permitió concluir que el demandante no cumplió con los requisitos exigidos. Propuso
como excepciones las de estricto cumplimiento a los mandatos legales, inexistencia
de la obligación, prescripción y procedencia de los descuentos en salud2.
El 14 de marzo de 2018 se celebró audiencia por parte del Juzgado Cuarto Laboral
del Circuito de Armenia, en la cual se declaró fallida la etapa de conciliación, se
resolvió sobre excepciones previas, saneamiento del proceso, fijación del litigio y el
decreto de pruebas3.
El 8 de noviembre de 2018 se celebró audiencia por parte del Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Armenia, en la cual se declaró la falta de jurisdicción y
competencia para asumir el conocimiento del proceso, toda vez que la causante fue
una empleada pública, razón por la que la competencia le correspondía a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo4.
1 Véase el folio 56 PDF, del archivo «Cuaderno principal» del expediente digital.
2 Véanse los folios 61-66 PDF, ibid.
3 Véanse los folios 99-102 PDF, ibid.
4 Véanse los folios 137-138 PDF, ibid.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 63001-33-33-006-2018-00419-01 (4462-2022)
Remitido el proceso, por reparto le correspondió al Juzgado Sexto Administrativo
Oral del Circuito de Armenia5, que celebró la audiencia inicial el 9 de febrero de
2021, en la que se fijó el litigio y se decretaron las pruebas6. En providencia del 19
de marzo de 2021 se declaró la falta de competencia funcional por la cuantía y se
ordenó remitir el proceso al Tribunal Administrativo del Quindío7.
El Tribunal Administrativo del Quindío avocó el conocimiento del asunto por auto del
20 de mayo de 2021 y el 14 de septiembre realizó audiencia de pruebas y corrió
traslado para alegar de conclusión. Posteriormente, se dictó sentencia que fue
apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Quindío, en sentencia del siete (7) de abril de dos mil
veintidós (2022), negó las pretensiones. Indicó que la parte actora no logró
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, en el
entendido que si bien existió un vínculo matrimonial, tal circunstancia por sí sola no
revestía el alcance tal que conlleva disponer el reconocimiento de la sustitución
pensional, al denotar ausente la acreditación plena de los elementos exigidos por la
ley y la jurisprudencia para acceder a las pretensiones.
Que en procesos de esta naturaleza debe determinarse con suficiencia que entre el
presunto beneficiario y la causante existió y se acreditó una convivencia efectiva
para el momento de la defunción, pero que la valoración de las pruebas
documentales permitió concluir que si bien personas allegadas en declaración
extrajuicio dijeron conocer que entre el señor José Remberto Gil Villa y la señora
Nydia Ramírez Solorza existió un vínculo matrimonial, lo cierto era que los hijos de
aquellos declararon que su madre se encontraba separada de cuerpos desde hacía
más de 30 años con su padre.
Manifestó que la entidad demandada detectó, en el estudio de antecedentes
efectuado en sede administrativa, que el señor José Remberto Gil Villa no pudo
determinar con convicción y certeza suficiente que hizo vida marital continua con la
señora Ramírez Solorza, lo cual permitía estimar que el fundamento de los actos
administrativos acusados, en efecto, encontraron sustento en que no se demostró
tal convivencia, pese a existir el acto del matrimonio.
Que el interrogatorio de parte y los testimonios practicados también permitieron
concluir que el demandante no cumplió con la carga probatoria a la que alude el
artículo 167 del Código General del Proceso, por cuanto la sola existencia de dicho
contrato o vínculo matrimonial no era suficiente para pregonar que el derecho le
asiste a quien ostenta la calidad de supérstite, sino que debe ser evidente el socorro
constante y la intensión plena de construir vida en pareja.
Sostuvo que aun cuando al proceso se allegaron diferentes elementos de prueba
con miras a constatar y definir si en efecto estaban dados los elementos para
estimar y tener por desvirtuada la presunción de legalidad de los actos
5 Véase el folio 142 PDF, ibid.
6 Véase el archivo «NR201800419ActaAudienciaInicial», en el expediente digital.
7 Véase el archivo «NR201800419RemiteCompetencia20210319», en el expediente digital.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 63001-33-33-006-2018-00419-01 (4462-2022)
administrativos demandados, ello no logró demostrarse en la instancia judicial,
como tampoco lo advirtió en sede administrativa la entidad demandada, máxime
cuando las declaraciones testimoniales practicadas no tuvieron la conexidad tal que
permitiera al Tribunal tener certeza sobre la convivencia, pues si bien fueron
unísonos en advertir el vínculo matrimonial, no fueron convincentes en la narración
de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la vida en pareja se
desarrolló8.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante argumentó que se probó, fehacientemente, su convivencia
efectiva con la señora Nidya Ramírez Solorza entre el 5 de septiembre de 1970 y
hasta el 26 de octubre de 2012, fecha en la que falleció. Que entre ellos existió una
comunidad de vida forjada en el amor responsable, la ayuda mutua, el afecto
entrañable, el apoyo económico y la asistencia solidaria, que reflejó el propósito de
realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una
convivencia real durante los años anteriores al fallecimiento de la pensionada.
Que todos los testigos reconocieron recordar la existencia de la celebración del
matrimonio entre él y la causante, lo cual encuentra respaldo en el registro civil de
matrimonio; que su vínculo matrimonial no sufrió separaciones o interrupciones en
la convivencia; que procrearon 2 hijos; que él asumía, de su peculio, los gastos del
cuidado que requería la señora Nidya Ramírez Solorza, el cual estuvo dispuesto a
través de una enfermera.
Que la apreciación de la prueba no fue minuciosa, ni detallada al contexto de lo que
declararon los testigos ya que, por el contrario, se trató de una exposición de
argumentos que hilaban demasiado delgado respecto de lo dicho por cada uno de
los testigos para descontextualizar y dejar sin créditos la espontaneidad de los
mismos declarantes que sí percibieron la convivencia, quienes reiteraron que se
trató de un hogar duradero, con vocación de permanencia y ayuda mutua.
Que, en todo caso, el Tribunal omitió que la convivencia por el término de 5 años
pudo darse en cualquier tiempo, lo que reafirma que hubo una valoración errónea
de la declaración de los testigos y de los demás medios probatorios allegados, así
como una separación caprichosa del precedente jurisprudencial contenido en las
sentencias SL7299-2015, SL6519-2017, SL16419-2017 y SL6519-2017, emitidas
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia9.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 31 de agosto de 2022 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados10.
Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público emitió concepto en el que
solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia.
8 Véase el archivo «028Sentencia1Instancia», en el expediente digital.
9 Véase el archivo «030RecursoApelacion», en el expediente digital.
10 Véase a índice 4 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 63001-33-33-006-2018-00419-01 (4462-2022)
Se resolverá previas las siguientes
CONSIDERACIONES
De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico que
deberá resolver la Sala consiste en determinar si el señor José Remberto Gil Villa,
en su condición de cónyuge supérstite, satisface los presupuestos legales para
acceder a la sustitución de la pensión de jubilación que percibía la señora Nidya
Ramírez Solorza, específicamente, frente al requisito de convivencia efectiva.
Marco normativo aplicable a la sustitución de la pensión de jubilación
Dentro de un sistema integral de protección del derecho a la seguridad social, la
inclusión del riesgo por muerte se configura en uno de sus pilares fundamentales,
en cuanto la ausencia definitiva de la persona que atendía el sostenimiento del
grupo familiar deja en situación de desamparo a los integrantes de este.
Con la finalidad de atender dicha contingencia, se consagró el derecho a la
sustitución pensional como un mecanismo de protección a los familiares del
pensionado, que busca suplir la ausencia repentina del apoyo económico que
brindaba un afiliado al grupo familiar y, así, evitar que su deceso se traduzca en un
cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas
beneficiarias de dicha prestación. Este derecho es una protección directa a la
familia, cualquiera que sea su origen o fuente de conformación.
Atendiendo a que el fallecimiento se dio el 26 de octubre de 2012, las normas que
gobiernan la sustitución pensional debatida son las vigentes al momento del deceso
de la causante, es decir, la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, la
cual, respecto de los beneficiarios estableció lo siguiente:
«ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES. <Expresiones "compañera o compañero permanente" y
"compañero o compañera permanente" en letra itálica CONDICIONALMENTE
exequibles>
<Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es
el siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera
o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no
menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La
pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración
máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para
obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el
causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 63001-33-33-006-2018-00419-01 (4462-2022)
permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir
parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha
pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con
el fallecido.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre
un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el
beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no
existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay
una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá
reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido
superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra
cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad
conyugal vigente; […]» (cursivas, negrillas y subrayas originales).
Respecto al requisito de la convivencia, esto es, los cinco años continuos
inmediatamente anteriores a la muerte del causante, es claro que el legislador lo
previó como un mecanismo de protección, para salvaguardar a los beneficiarios
legítimos de quienes pretenden buscar solo un provecho económico.
Igualmente, deberá acreditarse la vocación de estabilidad y permanencia, por lo que
no se tienen en cuenta aquellas relaciones casuales, circunstanciales, incidentales,
ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida el fallecido
pensionado.
Resolución del caso concreto
Dentro del proceso se observan las siguientes pruebas que constituyen piezas
importantes en la resolución del asunto:
Obra prueba de que el señor José Remberto Gil Villa y la señora Nydia Ramírez
Solorza contrajeron matrimonio el 5 de septiembre de 197011 y que procrearon a
Jorge Iván12 y Luis Fernando Gil Ramírez13.
Se encuentra debidamente acreditado que mediante Resolución Nro. 001043 de
2002, el Instituto de Seguros Sociales reconoció, a favor de la señora Nydia Ramírez
Solorza, una pensión de vejez en cuantía de $434,26014.
La señora Nydia Ramírez Solorza falleció el 26 de octubre de 2012, tal y como se
inscribió en el registro civil de defunción con indicativo serial Nro. 0721272315.
En audiencia celebrada el 21 de agosto de 2018 por el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Armenia, se practicaron los testimonios de los señores Héctor
Buitrago Ospina, Dora Ramírez Solorza, María Elisa Gil Villa y Luz Dary Lombo
Arredondo.
La señora Luz Dary Lombo Arredondo, vecina del demandante y de la causante,
11 Véase a folio 17 PDF del archivo «Cuaderno principal», del expediente digital.
12 Véase a folio 18 PDF, ibid.
13 Véase a folio 19 PDF, ibid.
14 Véase a folio 42 PDF del archivo «GRP-HPE-EV-CC-24472200_2», del expediente digital.
15 Véase a folio 14 PDF del archivo «Cuaderno principal», del expediente digital.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 63001-33-33-006-2018-00419-01 (4462-2022)
indicó que conoció a la pareja en 1974, porque residieron por un tiempo en el mismo
barrio. Que conoció que eran esposos y que procrearon 2 varones, quienes viven
en Estados Unidos. También manifestó que la causante se desempeñó como
enfermera y que el accionante trabajó en un banco.
Que hasta la fecha en que la causante falleció tuvo contacto con la pareja ya que
los visitaba en su casa, donde también convivieron con una sobrina de la fallecida.
También señaló que nunca le constó que la pareja se haya separado, pues siempre
los vio juntos.
La señora María Elisa Gil Villa, hermana del demandante, manifestó que estos
contrajeron matrimonio en 1970 y que tuvieron 2 hijos, quienes viven fuera del país.
Que el accionante tenía una finca, la que frecuentaba constantemente, pero que
seguía atendiendo a su esposa. Que la pareja convivía con una sobrina y con la
enfermera que atendía a la señora Nydia Ramírez Solorza, y que mientras la señora
Ramírez Solorza estuvo enferma, el señor José Remberto Gil Villa se mostró muy
atento.
Indicó que los gastos asociados con la causante corrieron por cuenta del
demandante y de sus hijos. Que entre los años 2006 y 2012 los cónyuges
convivieron bajo el mismo techo, lo cual le constaba porque se visitaban
mutuamente. También manifestó que la pareja se reconocía socialmente como
esposos y que no medió ningún tipo de separación entre ellos.
El señor Héctor Buitrago Ospina, amigo del demandante y de la causante, señaló
que los conocía desde 1969 y que al año siguiente contrajeron matrimonio, y que
fruto de la relación nacieron 2 hijos. Que para el momento en que la señora Nydia
Ramírez Solorza se enfermó, convivían con una sobrina de la causante y una
enfermera.
Que los costos de la enfermera los asumió, en una parte, el demandante.
Igualmente, manifestó que no le constaba que ellos se hubieran separado, pues
siempre los vio juntos, y que el trato entre ellos era el de una pareja unida.
La señora Dora Ramírez Solorza, hermana de la causante, indicó que ellos
contrajeron matrimonio y que tuvieron 2 hijos. También señaló que nunca se
separaron y que una sobrina de la causante, junto con una enfermera, estuvo en los
últimos momentos de esta. Que el demandante fue quien asumió los costos
relacionados con la causante, que nunca se separaron y que eran una pareja muy
unida.
En esa misma diligencia se practicó interrogatorio de parte al señor José Remberto
Gil Villa, quien sostuvo que contrajo matrimonio con la causante en 1970 y que
procrearon 2 hijos, quienes, a esa fecha, tenían 43 y 41 años. Indicó que convivió
con la señora Nydia Ramírez Solorza por un lapso de 42 años y hasta que ella
falleció, con ocasión de sus afecciones relacionadas con la presión arterial y los
niveles de azúcar en la sangre.
Que los gastos fúnebres corrieron por cuenta suya y de su hijo mayor. Manifestó
que cuando la causante estaba enferma, convivían con una sobrina y una
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 63001-33-33-006-2018-00419-01 (4462-2022)
enfermera. Que él, junto con sus hijos, fue quien asumió los gastos asociados con
el cuidado de la causante cuando estaba enferma.
Ahora bien, del recurso logra extraerse que la parte cuestiona que la sentencia de
primera instancia no tuvo por acreditada la convivencia entre el demandante y la
causante durante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento de esta. En esa
medida, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 prescribe como requisitos para que en
forma vitalicia se conceda la sustitución pensional, los que a continuación se
relacionan:
i) La calidad de cónyuge o compañera permanente, el cual es un
presupuesto que está relacionado con la legitimación para reclamar el
derecho, es decir, quién tiene la vocación para pretender la titularidad de
este.
ii) Tener, a la fecha de fallecimiento del causante, 30 o más años.
iii) La vida marital con el causante hasta su muerte, el cual está referido a
demostrar la vida bajo un mismo techo, las situaciones de socorro y ayuda
mutua de la pareja, que constituyen elementos fundamentales de un
núcleo familiar, protegido por la Constitución y las leyes.
Por ello, quien aduzca tener la condición de beneficiario de la sustitución
pensional, debe acreditar un compromiso de vida real y con vocación de
permanencia, lo cual pretende dejar de lado aquellas conductas que
pudieran dirigirse únicamente a obtener el beneficio económico de
manera artificial e injustificada.
iv) La convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos,
inmediatamente anteriores a su muerte.
El régimen de convivencia por 5 años que trae la norma solo se fija para
el caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de
disposiciones lo que se pretende es evitar las convivencias de última hora
con quien está a punto de fallecer y así acceder a la sustitución
pensional.
De los anteriores requisitos, nótese que el del criterio temporal de la convivencia es
el que advirtió el juez de primera instancia que no se cumplió. Para ello, la Sala pone
de presente que la ley acoge un criterio material ─convivencia efectiva al momento
de la muerte─ y no simplemente formal en la determinación de la persona legitimada
para gozar de la prestación económica, producto del trabajo de la persona fallecida.
Así, al revisar los actos administrativos demandados, se tiene que estos se
fundamentaron en el Informe Investigativo Nro. 2017_9462692 del 1° de noviembre
de 2017, el cual concluyó, de manera contundente, que:
«[…] NO SE ACREDITÓ el contenido y la veracidad de la solicitud presentada
por José Remberto Gil Villa, una vez analizadas y revisadas cada una de las
pruebas aportadas en la presente investigación administrativa.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 63001-33-33-006-2018-00419-01 (4462-2022)
No se acredita, ya que se logró confirmar que la señora Nydia Ramírez y el
señor José Remberto, contraen matrimonio el 07 de septiembre de 1970, sin
embargo no se logró corroborar que hubieran convivido de manera permanente
hasta el 26 de octubre de 2012, fecha que fallece la causante, pues no se
aportan documentos o fotografías que confirmen convivencia como tampoco
aporta familiares de la causante que confirmen el testimonio del solicitante
aunado a esto no es posible realizar labor de campo debido a que el señor José
Remberto, no recuerda donde fue la convivencia con la causante» (negrillas
originales).
Esta Subsección, en algunas ocasiones, ha indicado que dicha clase de
documentos generados en el trámite administrativo no siempre deben valorarse
como pruebas fehacientes, determinantes y suficientes del hecho de la convivencia
o de cualquiera de los requisitos que se investigan para establecer la procedencia
de un reconocimiento pensional16.
Lo anterior, porque las conclusiones que de allí se deriven o la interpretación que le
haya dado la entidad de previsión, no pueden atar ni comprometer el análisis que
debe realizar el juez, de manera autónoma, sobre este y sobre los demás medios
de convicción practicados en vía judicial desde su propio racionamiento, en virtud
de los principios de inmediación y unidad de la prueba, así como del criterio de la
sana crítica.
Aun así, es evidente que cuando tales elementos probatorios ofrezcan plena
capacidad demostrativa por su nivel de credibilidad respecto de lo que estos
consignan, es pertinente que el juez los valore a partir de su propia convicción que
puede ser igual, parecida o diferente a la de la estimación hecha en el trámite
administrativo.
Revisado el referido informe y las conclusiones a las que se llegó en los actos
demandados, logra corroborarse que su resultado obedeció a que se practicaron
una serie de entrevistas, tanto al demandante, como a algunos vecinos y familiares,
que permitieron afirmar con suficiencia probatoria que entre este y la causante no
existió vínculo alguno en los 5 años anteriores a la muerte de la pensionada.
Igualmente, la investigación también apreció algunos documentos que, aun en el
entendido de que fueron practicados en el trámite administrativo y no judicial, sí
generan un grado de certidumbre suficiente para tener a este informe como una
prueba idónea y, por tanto, conducente, para dar por no acreditada la existencia de
convivencia.
En consecuencia, al analizar en conjunto los antecedentes tenidos en cuenta para
expedir los actos demandados, con las demás pruebas que obran en el plenario,
puede concluirse que los medios de convicción no permitieron acreditar que entre
el demandante y la causante hubiera una relación con las características propias de
una verdadera vida matrimonial, es decir, convivencia, apoyo y soporte mutuo.
Además, las pruebas testimoniales practicadas en sede judicial no desvirtuaron la
investigación administrativa que realizó COLPENSIONES porque, al contrastarlas,
16 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 20 de febrero de 2005. Rad. 52001-23-
33-000-2017-00283-01 (5638-2019).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 63001-33-33-006-2018-00419-01 (4462-2022)
son notorias las contradicciones que hay en la información proporcionada, pues
mientras los testigos del demandante insistieron en que hubo convivencia, del
informe de la demandada y de las declaraciones rendidas dentro de ese trámite,
pudo establecerse que lo anterior no era verídico.
Nótese que incluso el demandante no logró recordar la dirección de la residencia en
la que supuestamente convivía con su cónyuge, ni la causa de la muerte de esta,
además de manifestar no tener documentos recientes que los vincularan como
pareja. Sumado a lo anterior, dentro del expediente administrativo, obran
declaraciones extra juicio de los señores Luis Fernando Gil Ramírez y Jorge Iván
Gil Ramírez, hijos de la pareja, los cuales manifestaron que su madre se encontraba
separada de cuerpos de su padre desde hacía más de 30 años.
En esa medida, aun cuando los señores Héctor Buitrago Ospina, Dora Ramírez
Solorza, María Elisa Gil Villa y Luz Dary Lombo Arredondo fueron contestes al
manifestar que hubo convivencia desde que contrajeron matrimonio, el hecho es
que no ofrecieron el nivel de convencimiento necesario para dar por cierto lo que
afirmaron.
Tales testimonios no lograron comprobar que entre la pareja se hubiese gestado
una comunidad de vida estable, permanente y definitiva en la que la ayuda mutua y
la solidaridad como pareja fuesen la base de la relación, permitiendo que bajo un
mismo techo se consolidase un hogar en el que se buscara la pretensión voluntaria
de crear una familia.
Lo anterior impide tener como cierto el supuesto de la unión de vida permanente de
la pareja en cuestión, pues se evidenció que las pruebas con las que se buscaba
acreditarlo fueron, en sí mismas, inconducentes y, por lo tanto, incumplieron con
uno de los elementos esenciales para que tuvieran capacidad demostrativa.
En cuanto al argumento que el Tribunal omitió que la convivencia por 5 años pudo
acreditarse en cualquier tiempo, tal y como se sostuvo en las sentencias SL7299-
2015, SL6519-2017, SL16419-2017 y SL6519-2017, emitidas por la Corte Suprema
de Justicia, la Sala pone de presente que es cierto que hay interpretaciones
jurisprudenciales que tienden a sostener que para el reconocimiento pensional no
es requisito acreditar que la convivencia haya tenido lugar en los años
inmediatamente anteriores a la muerte del causante.
Por consiguiente, si en gracia de discusión se aceptara dicha posición, lo cierto es
que ello tampoco sucedió, como pasa a exponerse: al proceso se allegó prueba de
que el demandante y la causante contrajeron matrimonio el 5 de septiembre de
1970, así como que su hijo Jorge Iván Gil Ramírez nació el 12 de octubre de 1971
y Luis Fernando Gil Ramírez el 5 de junio de 1976.
Si bien entre el 5 de septiembre de 1970 y el 5 de junio de 1976 ya habían
transcurrido 5 años, lo cierto es que los registros civiles de nacimiento tan solo
determinan que alguien nació, esto es, la existencia de una persona y su filiación,
más no acreditan cuánto tiempo llevan conviviendo quienes se consideran pareja,
por lo que no son un elemento de convicción para demostrar la convivencia, toda
vez que la procreación de hijos, según la Corte Suprema de Justicia, es un «plus
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 63001-33-33-006-2018-00419-01 (4462-2022)
modulativo» que debe venir coligado a la convivencia.
Entonces, aun cuando tener un hijo en común sea una expresión de familia, de
compromiso y de una relación filial, no lo será de convivencia con la pareja, en la
medida que el requisito inexorable para ser beneficiario de la sustitución pensional
es la «convivencia efectiva», la cual se determina por criterios formales y materiales,
entendida como el proyecto de vida estable y permanente, que no ha de reducirse
a compartir «techo, lecho y mesa».
En cuanto a que el fallador de primera instancia no realizó una valoración adecuada
del acervo probatorio, se indica que no se advirtió que el Tribunal haya incurrido en
deficiencias al momento de asignar el mérito individual a cada prueba, porque aun
cuando no se realizó el análisis probatorio conforme al interés del demandante, lo
anterior no significa ausencia o deficiencia de este, ya que tan solo se trató del
ejercicio de valoración de la prueba que le corresponde al juez.
Con base en lo anterior, se da respuesta a las inconformidades planteadas en el
recurso de apelación, las cuales no prosperan y, en consecuencia, se confirmará la
sentencia de primera instancia.
Finalmente, se ordenará reconocer personería al abogado Francisco Fernando
Guerrero Bustos, identificado con la cédula de ciudadanía 1.073.604.568 y la tarjeta
profesional Nro. 343.330 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar
los intereses de la Administradora Colombiana de Pensiones ─COLPENSIONES─
en este proceso17.
De la condena en costas
La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021 fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; y, en ese sentido, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
17 Véase a índice 20 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 63001-33-33-006-2018-00419-01 (4462-2022)
En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
negaron totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo del Quindío.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el siete (7) de abril de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Quindío, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Tercero. RECONÓZCASE personería al abogado Francisco Fernando Guerrero
Bustos, identificado con la cédula de ciudadanía 1.073.604.568 y la tarjeta
profesional Nro. 343.330 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar
los intereses de la Administradora Colombiana de Pensiones ─COLPENSIONES─
en este proceso.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.