Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2017-00283-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2017-00283-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2017-00283-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2017-00283-01 (5638-2019)
Demandante: Jorge Enrique Marinez Bolaños
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Revocatoria prestaciones económicas reconocidas
irregularmente. Motivación del acto administrativo. Garantía del
derecho al debido proceso. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el diecisiete (17) de julio de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual negó las pretensiones de la
demanda.
ANTECEDENTES
El señor Jorge Enrique Marinez Bolaños instauró demanda1 en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución RDP 042377 del 15 de octubre de 2015
y del Auto ADP 014230 del 25 de noviembre de 2016, por medio de los cuales la
UGPP revocó directamente el acto administrativo RDP 031559 del 12 de julio de
1
Folios 1 a 16, C1.
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Radicado: 52001-23-33-000-2017-00283-01 (5638-2019)
2013 que reconoció la pensión gracia a favor del demandante y ordenó su archivo
definitivo.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a continuar
con el pago dicha prerrogativa reconocida mediante Resolución RDP 031559 del 12
de julio de 2013 y su inclusión en la nómina de pensionados, así como el retroactivo
debidamente actualizado de las mesadas adeudadas por dicho concepto desde la
fecha de revocatoria del acto mencionado hasta que se reanude el pago de la
pensión.
Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo
en los términos de los artículos 189 y 195 del CPACA.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que al demandante le fue reconocida la pensión gracia a través de la Resolución
RDP 031559 por haber cumplido todos los requisitos que exige la Ley 114 de 1913,
con efectividad a partir del 11 de noviembre de 2012. La UGPP por medio de los
actos acusados (RDP 042377 de 15 de octubre de 2015 - ADP 014230 del 25 de
noviembre de 2016) decidió revocar unilateralmente su propio acto administrativo
de reconocimiento pensional.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Que con los actos administrativos demandados se transgredieron los artículos: 53
y 29 de la Constitución Política; 19 de la Ley 797 de 2003; 1° y 4° de la Ley 114 de
1913; 4° de la Ley 116 de 1928, 3° de la Ley 37 de 1937, 4° de la Ley 1966, 15 de
la Ley 91 de 1989, y 97 de la Ley 1437 de 2011.
Que la UGPP viola flagrantemente los principios constitucionales y legales del
debido proceso, de la buena fe y de la seguridad jurídica al revocar unilateralmente
el acto administrativo que reconoció un derecho pensional, sin el consentimiento del
titular, escudándose en un estudio que concluyó que la documentación que sirvió
para dicho reconocimiento, que había avalado como legal e idónea, ahora
resultaban falsa.
Que la administración no debió hacer uso del artículo 19 de la Ley 797 de 2003,
revocando unilateralmente el acto de reconocimiento pensional sin el
consentimiento del accionante, debido a que, de las pruebas aportadas, tales como
los certificados, actos administrativos de nombramiento y posesión, se concluye que
cumplió con todos los requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913, para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia.
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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 27 de junio de 2017 fue admitida la demanda2, se notificó a la UGPP3, quien
manifestó4 que, no se encuentran acreditados los tiempos de servicio de docente
antes del 31 de diciembre de 1980 para efectos de reconocimiento de la pensión
gracia, pues revisado el cuaderno administrativo no es posible otorgar dicha dádiva,
ya que por parte de la Subdirección Jurídica Pensional de la entidad se informó que
obra denuncia penal en contra del hoy demandante por la presunta comisión de los
delitos de falsedad en documento público, agravada por el uso, fraude procesal y
estafa agravada, en la medida en que presentó para el trámite pensional una
documentación falsa, esto pese a que no se haya llegado a una decisión de
preclusión de investigación.
Que los documentos idóneos para demostrar la vinculación como docente son el
original o copia autentica del decreto de nombramiento, los cuales no fueron
aportados para acreditar la vinculación legal y reglamentaria. Que, si en gracia de
discusión se aceptaran los certificados, las vinculaciones posteriores a 1980 son de
carácter nacional, por tanto, no válidas para acceder a la pensión gracia.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de vulneración de
principios constitucionales y legales, (ii) cobro de lo no debido, (iii) prescripción, y,
(iv) solicitud de reconocimiento oficioso de excepciones.
El 23 de mayo de 2018 se celebró audiencia inicial5, en la cual el tribunal declaró no
probada la excepción previa de prescripción, se fijó el litigió, se declaró fracasada
la conciliación, se decretaron las solicitadas, y, por último, se fijó fecha para
audiencia de pruebas, la cual se celebró el 27 de febrero de 2019.6 Una vez
terminada, se corrió traslado para que las partes presentaran alegatos de conclusión
y al Ministerio Público, para que, si a bien lo consideraba, emitiera concepto de
fondo.
El 22 de mayo de 20197, por auto de mejor proveer se ordenó a la Fiscalía General
de la Nación para que certificara el estado de la denuncia penal con radicado
201372222414822 por el delito de falsedad en documento público agravado por el
uso, fraude procesal y estafa agravada en contra del actor, a lo cual dicha entidad
dio respuesta mediante memorial de 17 de junio de 20198.
2 Folio 37 a 38, C1.
3 Folios 47 y 49, C1.
4 Folios 51 a 56, C1.
5 Folios 62 a 66, C1.
6 Folio 11 a 117, C1.
7 Folio 131 a 132, C1.
8 Folio 136 a 145, C1.
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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN9
El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 17 de julio de 2019
negó las pretensiones y condenó en costas a la parte actora. Expresó que no
resultaron contundentes los argumentos del reclamante para demostrar los
supuestos vicios de los actos acusados, debido a que fue el legislador a través del
artículo 19 de la Ley 797 del 2003 el que otorgó la herramienta a la demandada para
que revocara unilateralmente y sin consentimiento el acto administrativo de
reconocimiento pensional, a fin de garantizar otros principios, derechos e intereses
que al ser colectivos priman sobre los particulares, como es la protección al erario.
Que analizados los documentos que se tomaron como base para expedir los actos
demandados, los cuales encendieron las alarmas por su autenticidad, se concluyó
que una cosa son los aspectos de forma y otra muy diferente la verificación de la
información que ellos pueden contener. Que el informe de la fiscalía no puede
desatenderse, puesto que, si bien no existe imputación ni menos un fallo de la
justicia ordinaria, ello no significa que no pueda valorarse como prueba indiciaria
que da cuenta de alteraciones o irregularidades en algunos documentos
presentados para el reconocimiento.
Que, respecto del certificado del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, el mismo informe sostuvo que si bien corresponden a los formatos
originales, es posible que se hayan basado en los documentos cuya legalidad se
cuestiona, por ello persiste la duda y no la certeza que conllevaron a la
administración a variar la posición y revocar el acto de reconocimiento.
RECURSO DE APELACIÓN10
La parte demandante interpuso recurso de apelación, expresando que se le violó
el debido proceso porque, si con los actos acusados se le estaba revocando un acto
particular como fue el que reconoció el derecho pensional, este debió dar su
consentimiento, lo cual no ocurrió, trasgrediendo con ello el artículo 97 del CPACA.
De hecho, si la administración consideraba que el acto se profirió por medios
ilegales o fraudulentos, debía acudir a demandarlo y solicitar la suspensión
provisional ante un juez.
Que el tribunal se equivoca al negar las súplicas de la demanda, puesto que, se
está desconociendo el artículo 53 de la Constitución Política, que establece que, en
caso de duda, la situación debe ser más favorable al trabajador en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales del derecho.
9 Folios 147 a 152.
10 Folios 154 a 158.
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Que en el expediente hay una duda parcial en las pruebas, para ello argumenta que
el dictamen rendido por la fiscalía no indica si los documentos aportados para el
reconocimiento pensional son falsos o no, por lo que no se le podrían imputar los
delitos por los cuales está siendo investigado, y no hay sentencia ejecutoriada que
lo condene. Debido a ello, insiste en que se le deben aplicar los principios rectores
y la garantía procesal de presunción de inocencia e in dubio pro reo. Que la
administración no puede suponer o imaginar que el acta de posesión y los
documentos expedidos por la Secretaría Educación de Tumaco son falsos.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 24 de febrero de 202011 se admitió el recurso de apelación y por no haber pruebas
que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar.
La parte demandada12 intervino para solicitar que se confirme el fallo apelado, al
considerar que el uso de documentos o informaciones falsas para inscripción o
ascensos en el Escalafón por parte de un educador debe entenderse como una
causal de mala conducta, lo que impide el reconocimiento y pago de la pensión
gracia.
Que la Fiscalía General de la Nación rindió informe sobre el proceso penal con
ocasión de la denuncia adelantada contra el demandante sobre los documentos
allegados para el reconocimiento de la pensión, los cuales presentaron
irregularidades.
Que las pruebas arrimadas por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio dan cuenta de las inconsistencias en los documentos aportados por
el actor, y, por ese motivo, la entidad procedió a suspender y revocar el acto
administrativo que ordenó el reconocimiento de la pensión gracia a su favor.
Que no se logró desvirtuar la legalidad de las decisiones acusadas, y, por ende, no
le asiste derecho al accionante por no haber cumplido con los requisitos mínimos
exigidos por la ley.
La parte activa y el Ministerio Público guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala debe determinar si se logra desvirtuar la presunción de legalidad del acto
administrativo a través del cual se revocó el acto que reconoció la pensión gracia al
señor Jorge Enrique Marinez Bolaños.
11 Folio 166.
12 Ver índice 14 de SAMAI.
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Para abordar el asunto propuesto resulta necesario, en atención a los supuestos
fácticos, realizar algunas precisiones previas con respecto a la procedencia de la
revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente con fundamento en el artículo
19 de la Ley 797 de 2003.
Marco normativo y jurisprudencial
Revocatoria de las prestaciones económicas irregulares en el marco del
contenido del acto administrativo y la garantía del debido proceso
El artículo 19 de la Ley 797 de 2003 impone a las entidades encargadas del
reconocimiento y pago de las prestaciones económicas, el deber oficioso de verificar
el cumplimiento de los requisitos y la legalidad de los documentos utilizados para
obtenerlas, advirtiendo que, si se detecta un incumplimiento o el uso de documentos
falsos, el acto de reconocimiento debe ser revocado, incluso sin la autorización del
interesado, como se observa:
“Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los
representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes
respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas,
deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del
derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el
reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro
público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer
que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso
de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo
con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria
directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar
copias a las autoridades competentes.”
Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C-835/03, resolvió la acción de
inconstitucionalidad contra la mentada disposición normativa, declarando su
exequibilidad condicionada. Argumentó que con su aplicación se garantiza la
objetividad, transparencia, moralidad y eficiencia necesarias para que la
administración asegure el correcto reconocimiento y pago de las prestaciones en el
sistema de seguridad social, esto siempre y cuando la revocatoria del acto
administrativo de reconocimiento prestacional se fundamente en motivos reales,
objetivos, trascendentes, y verificables.
En la misma providencia se precisó que, si el incumplimiento está tipificado como
delito, dicha conducta reprochable por sí sola sería suficiente para que la
administración revoque su propio acto, sin necesidad de comprobarse los demás
elementos de la responsabilidad penal como lo son la antijuridicidad, la culpabilidad
y la punibilidad. No obstante, la facultad de la administración se debe sujetar a la
salvaguarda del debido proceso, allegando para el efecto las pruebas que acrediten
la irregularidad del acto cuestionado y de esta manera sustentar la decisión en «una
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ritualidad sin vicios y en una fundamentación probatoria real, objetiva y trascendente, en la
cual confluyan de manera evidente todos los elementos de juicio que llevaron al
convencimiento del funcionario competente para resolver.»13
A su vez, destacó la Corte la importancia del contenido del acto de revocatoria y la
necesaria coherencia que debe existir entre la parte que justifica la decisión y la que
establece su resolución final, asegurando que el acto garantice tanto los derechos
de las personas como los intereses del Estado14.
En este contexto, es oportuno recurrir al desarrollo doctrinal que ha tenido el
concepto de acto administrativo, particularmente en lo que respecta a los elementos
esenciales para su existencia y validez.
La validez de un acto administrativo hace alusión a la conformidad que este tiene
con el ordenamiento jurídico, consecuencia del respeto a la legalidad o del
sometimiento a las exigencias del derecho vigente, o, en otras palabras, se refiere
al valor que tiene el acto administrativo cuando es confrontado con los preceptos
legales, los cuales generan acatamiento por parte de los administrados en la medida
en que rigen las relaciones entre ellos y el Estado15.
Respecto a los elementos del acto, Roberto Dromi16 los clasifica según su impacto
en la validez o en la eficacia del mismo, por una parte, define como elementos
esenciales para la existencia del acto administrativo aquellos que afectan la validez
y que necesariamente deben concurrir de manera simultánea, entre estos se
encuentran: i) competencia, ii) objeto, iii) voluntad y iv) forma. Por otro lado,
categoriza como requisitos accidentales o eventuales aquellos que, si bien no
afectan su existencia, sí son determinantes para que el acto tenga trascendencia
jurídica. Los definió como: i) la condición, ii) el modo y iii) el término.
Para la solución del problema jurídico en cuestión, son determinantes el “objeto” y
la “forma”, sobre los cuales se precisará su entendimiento.
Para definir el objeto del acto, como elemento, se resalta el concepto planteado por
Jaime Orlando Santofimio17, quien lo determina como todo aquello sobre lo que
incide la voluntad de la administración. A su vez, Dromi lo explica como el contenido
a partir del cual dicha autoridad toma una decisión, y que debe ser cierto, claro,
preciso y posible, en términos físicos y jurídicos.
13
Ver Sentencia C-835/03, Corte Constitucional.
14
«En conclusión, entre la parte motiva y la parte resolutiva del acto de revocatoria directa deben mediar
relaciones de consonancia que estén acordes con los respectivos mandatos constitucionales y legales,
particularmente, con el debido proceso, la legalidad de los derechos adquiridos y la defensa del Tesoro Público.
(…)» Sentencia C-835/03.
15 Sánchez, C (2004). Acto Administrativo. Teoría General. Editorial Legis.
16 Dromi, R. (2000). El acto administrativo. Ediciones Ciudad Argentina
17 Santofimio, J. (2003). Tratado de Derecho Administrativo- Tomo II. Universidad Externado de Colombia.
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En cuanto a la forma, según R. Dromi, se entiende como «el modo como se
instrumenta y se da a conocer la voluntad administrativa», elemento que, a su vez,
se desglosa en los siguientes subconceptos: a) instrumentación, b) motivación y c)
publicidad. Para el caso que nos convoca, resulta conveniente acentuar el análisis
en el alcance de la b) motivación como parte de la forma.
En los términos del referido autor, la motivación entonces se comprende como las
circunstancias de hecho y de derecho que fundamentan el acto, es decir, “los
considerandos” que constituyen la causa o motivo de la decisión, y que marcan el
derrotero que deben seguir los órganos públicos para proferir el acto, lo que se
traduce finalmente, como lo señala Santofimio, en la concreción de la garantía del
debido proceso y la defensa del administrado, así como la transparencia de la
actividad pública.
Por su parte, la Corte Constitucional, en la sentencia T-204/12, realiza un análisis
importante sobre la inexcusable motivación con la que deben contar los actos,
conforme a los preceptos constitucionales que le permiten al administrado
contradecir las decisiones de los entes públicos y acudir a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo en caso de desacuerdo, esto en garantía del derecho
fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Para el efecto, acudió a la sentencia SU-917 de 2010, la cual consolidó los
preceptos fijados por la referida Corporación e identificó los elementos
constitucionales que sustentan el deber de motivar las decisiones: (i) la cláusula de
Estado de Derecho, en cuanto a la sujeción de las actuaciones de los órganos
públicos al principio de legalidad, (ii) el debido proceso, respecto a la imperiosa
necesidad de que los actos administrativos expresen los motivos que sustentan sus
decisiones, brindándole al particular argumentos que puedan ser controvertidos y
en ese sentido permitirle hacer efectivo el derecho de contradicción y de defensa,
(iii) el principio democrático, en relación a la obligación que tienen las autoridades
de justificar sus decisiones y en consecuencia cumplir con su deber de rendir
cuentas a los administrados acerca de sus actuaciones, y (iv) el principio de
publicidad, que se refiere a la posibilidad de que los administrados conozcan las
decisiones de las autoridades, y de este modo, puedan controvertir aquellas con las
que no estén de acuerdo.
Ahora, sobre el alcance del contenido de la motivación, acude la Corte al concepto
de “razón suficiente”, el cual, si bien se aborda en la providencia citada en el
contexto de los actos administrativos que declaran la insubsistencia de un cargo,
resulta de la misma manera aplicable para aquellos que revocan el reconocimiento
de una pensión. Manifestó la mentada Corporación:
“(…) la necesidad de motivación del acto administrativo no se reduce a un simple
requisito formal de introducir cualquier argumentación en el texto de la providencia.
Por el contrario, esta Corporación ha acudido al concepto de “razón suficiente” para
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señalar que la motivación del acto deberá exponer los argumentos puntuales que
describan de manera clara, detallada y precisa las razones a las que acude el ente
público para retirar del servicio al funcionario.” (líneas intencionales).
Para concluir el análisis, resulta relevante establecer una analogía entre los
requisitos para la respuesta de un derecho de petición y la motivación del acto
administrativo, con el objetivo de ilustrar como ambas declaraciones de voluntad
cumplen un rol esencial en la protección de los derechos fundamentales de los
particulares y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
En los términos de la sentencia C-418 de 2017 de la Corte Constitucional, se fijó
como una de las reglas para resolver el derecho de petición:
“(...) (ii) la respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello,
debe ser clara, precisa y congruente con lo solicitado (...)”
Lo establecido por la Corte en relación con el derecho de petición define los
requisitos esenciales con los que debe cumplir una respuesta, criterios que, en el
contexto de un acto administrativo que implique la revocatoria del reconocimiento
de una prestación económica, deben ser aún más rigurosos, considerando el
impacto directo que tiene dicha actuación sobre un derecho pensional previamente
adquirido.
En síntesis, con relación al caso bajo estudio, aunque una entidad evidencie que el
interesado ejerció una conducta tipificada como delito para lograr el reconocimiento
de una pensión y en consecuencia se justifique por este motivo la revocatoria de su
propio acto administrativo, esta decisión se encuentra condicionada a una efectiva
protección del derecho al debido proceso, lo que implica entonces que la
administración debe presentar pruebas claras y objetivas, así como una motivación
detallada de las razones que justifican su decisión, brindándole de esta manera al
administrado la información clara, completa, y sustentada respecto a la revocatoria
de su derecho previamente reconocido, esto con el fin de que este conozca cada
uno de los razonamientos esbozados por la entidad y que pueden ser impugnados
en ejercicio de su derecho de defensa y contradicción.
Resolución del caso concreto
Para resolver el asunto en cuestión, en primera medida es necesario pronunciarse
sobre el argumento del recurrente respecto a la falta de consentimiento de su parte
para la revocatoria del acto, en virtud del artículo 97 del CPACA.
En este punto, se aclara que, la norma señalada por el actor no resulta aplicable en
tanto el fundamento legal de la resolución demandada fue el artículo 19 de la Ley
797 de 2003, el cual regula la revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente,
y expresamente señala: «En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos
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o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el
funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el
consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes»
(líneas de la Sala).
Así las cosas, el consentimiento del pensionado en este asunto no es objeto de
discusión en el problema jurídico a resolver, lo que en su lugar resulta relevante es
el análisis del contenido de la Resolución RDP 042377 del 15 de octubre de 2015 18,
por medio de la cual, la UGPP revocó el acto por el que le fue reconocida la pensión
gracia al señor Jorge Enrique Marinez Bolaños y verificar en sede judicial si la misma
cumplió con los requisitos exigidos por la norma y la jurisprudencia para proferirla.
La entidad, de manera cronológica relató el procedimiento administrativo surtido
para llevar a cabo su decisión. Resaltó que en primera medida tuvo en cuenta que
la Subdirección Jurídica Pensional solicitó mediante comunicación interna No.
20158001065195219 la revocatoria directa de la Resolución RDP 31559 del 12 de
julio de 2013 por considerar que los certificados de tiempo de servicios allegados
por el actor presentaron inconsistencias que hicieron que el estudio de seguridad
efectuado por CYZA arrojara “semáforo rojo”, esto sumado al hecho de que
simultáneamente se encontraban adelantando una denuncia por “falsedad en
documento público agravada por el uso, fraude procesal y estafa agravada”.
Se observa que, con posterioridad a la advertencia, manifestó la entidad en el acto
aquí analizado que mediante auto ADP 013804 del 17 de octubre de 201320 ordenó
la práctica de pruebas con ocasión al presunto delito puesto en consideración por
la mencionada subdirección a través del memorando No. UGPP
2013214010834321, sin embargo, del examen del referido auto, solo se evidencia
que se hace alusión a la comunicación respecto a la existencia de una denuncia y
la solicitud de revocatoria directa, sin mencionar algún documento o prueba a
practicar.
Continúa el acto administrativo enjuiciado enlistando los autos proferidos de manera
posterior, en los que, primero solicitó el inicio del trámite de una acción de lesividad
(ADP 015851 del 5 de diciembre de 2013) y luego informó que la entidad perdió
competencia para resolver la solicitud (ADP 009720 del 30 de septiembre de 2014).
Relacionó a su vez los dictámenes de seguridad No. 5512422 y 6711923 efectuados
por CYZA, señalando que arrojaron semáforo en rojo frente a los documentos
18 Folios 22 a 24.
19 Páginas 82 a 84 del expediente administrativo (CD) obrante en folio 57.
20 Páginas 46 a 47 del expediente administrativo (CD) obrante en folio 57.
21 Página 18, expediente administrativo (CD) obrante en folio 57.
22 Página 97 a 98, expediente administrativo (CD) obrante en folio 57.
23 Página 97 a 98 , expediente administrativo (CD) obrante en folio 57.
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allegados con los radicados No. 20135140806512 y 20135141770672, y concluyó
decidiendo la revocatoria del acto que reconoció el pago de la pensión solicitada el
18 de marzo de 2013, para la cual aportó el interesado el certificado de factores
salariales del 14 de junio de 2013.
Los argumentos de la UGPP aquí exhibidos, más allá de hacer referencia a la
gestión de una denuncia por falsedad en documento público y a unos dictámenes
que arrojaron un “semáforo en rojo” por inconsistencias, no definió de manera
puntual y clara a qué razonamientos obedecieron dichas determinaciones y
calificaciones. Respecto a la denuncia, nada dijo en cuanto a los hechos que la
provocaron, es decir, en qué consistió la falsedad del documento y en cuanto a los
informes de CYZA, no se puede extraer en ninguna parte del acto ni de los mismos
veredictos periciales la definición de “semáforo en rojo”, sus implicaciones ni en qué
supuesta inconsistencia de los documentos aportados lo están justificando.
El acto de revocatoria y los soportes del mismo, a su vez son confusos respecto a
los documentos presuntamente falsos, pues inició la resolución mencionando que
las irregularidades se presentaron en los certificados de tiempo de servicios; luego
señaló que los dictámenes de CYZA hacían referencia al certificado de información
salarial y de factores salariales; en la parte final del acto señaló que el documento
presentado para el reconocimiento de la pensión fue el certificado de factores
salariales expedido por la Secretaría de Educación de Tumaco el 14 de junio de
2013, y finalmente, las observaciones de los informes del perito únicamente
aludieron a un certificado de tiempo de servicio y factores, mencionando que: “no
hay firma de Cira de Jesús Colorado Marquez para los cotejos respectivos”, como
se observa en la imagen:
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De la revisión de los antecedentes administrativos allegados por la misma parte
demandada, los cuales contienen los documentos suministrados por el accionante
a la entidad para solicitar el reconocimiento de su derecho24, se encuentra que el
Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral25 y el Formato
Único para la Expedición de Certificado de Salarios26 firmados por Cira de Jesús
Colorado Márquez, tiene fecha del 5 de marzo de 2013, lo cual no guarda
coherencia con el certificado aludido por la entidad en su acto de revocatoria.
Por su parte, sí se evidencia un formato de certificado de historia laboral y de
salarios con fecha del 14 de junio de 201327, pero estos fueron firmados por Carlos
Alfredo Ortiz Ortiz, lo cual genera contradicción entre lo establecido en el acto
administrativo y el informe de CYZA respecto al documento que presentó
inconsistencias.
Ahora, pese a que en el expediente se observa memorial allegado por la Fiscalía
General de la Nación28 con ocasión de un requerimiento de oficio del tribunal de
primera instancia, se advierte que el mismo refuerza la falta de claridad del acto
respecto a la falsedad presentada, pues los documentos sobre los que señala
incongruencias son el acta de posesión del 10 de septiembre de 1979 y el Decreto
096 de 1992, los cuales no fueron mencionados en ninguno de los actos
administrativos que hicieron parte del trámite de revocatoria directa efectuado por
la entidad. Respecto al Formato Único para la Expedición de Certificado de Salario,
el ente acusador no encontró ninguna inconformidad.
Así las cosas, el acto administrativo atacado, en lugar de señalar de manera clara,
detallada y precisa los hechos que dieron sustento a la actuación administrativa, lo
que hizo fue generar confusión respecto a la motivación de su decisión.
No queda claro en el acto cuál fue la prueba fraudulenta de la que hizo uso el actor
para obtener su derecho, no hubo claridad respecto a los razonamientos de la
entidad para calificar la prueba como falsa, no se aportaron medios de convicción
contundentes que evidenciaran la conducta reprochable, y en ese sentido, la
actuación administrativa no se ajustó a las condiciones establecidas por la Corte
Constitucional en la sentencia C-835/03 para acudir a la revocatoria directa del
artículo 19 de la Ley 797 del 2003, pues no se acreditó una fundamentación
probatoria real, objetiva y trascendente, y tampoco se observó una coherencia ni
justificación de los supuestos de hecho que definieron el curso de la decisión a
tomar.
24 Se advierte que en primera instancia el tribunal requirió a la respectiva entidad nominadora, quien allegó
nuevamente los formatos únicos de historia laboral y de salarios, los cuales coinciden con la información
contenida en aquellos certificados allegados por el demandante en sede administrativa para obtener su derecho
y que confirman el cumplimiento de las exigencias para adquirirlo.
25 Página 108, expediente administrativo (CD) obrante en folio 57.
26 Página 33, expediente administrativo (CD) obrante en folio 57.
27 Páginas 39 y 92, expediente administrativo (CD) obrante en folio 57.
28 Folios 136 a 145.
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Acudiendo a los elementos esenciales del acto administrativo determinantes para
su existencia y validez, se recuerda que el objeto29 y la forma (motivación) 30, son
componentes intrínsecos del acto, y que en caso de que alguno de ellos falte, no
sería posible considerar la validez del mismo, pues finalmente, la prevalencia de
estos dentro de la estructura de la decisión es indispensable para la garantía del
debido proceso.
A partir de lo anterior, lo que se verifica con la Resolución RDP 042377 del 15 de
octubre de 2015, es que la UGPP dejó al pensionado sin argumentos refutables y
sin la posibilidad de identificar de manera clara el concepto de violación, lo que lo
llevó a colegir que la actuación de la entidad fue arbitraria.
Por tanto, la resolución atacada carece del sustento requerido para cualquier acto
administrativo, al punto que, ni siquiera con la aclaratoria realizada mediante el auto
ADP 014230 del 25 de noviembre de 2016, fue posible identificar un soporte sólido
que respaldara la decisión, por ende, la entidad inhibe la capacidad de presentar
una oposición adecuada contra los fundamentos de lo decidido, pues las
consideraciones expuestas no fueron debidamente justificadas, y, además,
resultaron incongruentes, impidiendo que las mismas pudieran ser objetadas
apropiadamente. Con la expedición de dicho acto, se deja ver una vulneración del
derecho al debido proceso, ya que el interesado quedó desprovisto de los medios
necesarios para ejercer su derecho a la defensa y a la contradicción.
Con base en lo expuesto, la providencia apelada será revocada, y, en su lugar, se
declarará la nulidad de los actos acusados (Resolución RDP 042377 del 15 de
octubre de 2015 y Auto ADP 014230 del 25 de noviembre de 2016) para ordenar
continuar con el reconocimiento y pago de la pensión gracia reconocida en la
Resolución RDP 031559 del 12 de julio de 2013, así como el pago del retroactivo
por las mesadas dejadas de cancelar.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
29 Entendido por Dromi como: «contenido sobre lo que se decide, certifica valora u opina».
30 Comprendida por Dromi como «las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emanación del
acto», esto es, «la fundamentación fáctica y jurídica con que la Administración entiende sostener la legitimada
y oportunidad de su decisión».
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consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la entidad demandada revocó el acto de
reconocimiento pensional y dejó de abonar las correspondientes mesadas. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
De la condena en costas en ambas instancias
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202131 en el que se
indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, pese a que se está revocando la decisión
apelada, en consideración al numeral 4. ° del artículo 365 del CGP32, y observando
los fundamentos esbozados por la demandada en sus distintas intervenciones, no
se presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas en ninguna de las instancias, por el contrario, manifestó argumentos
razonables en defensa jurídica de sus intereses.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución RDP 042377 de 15 de
octubre de 2015 y del Auto ADP 014230 del 25 de noviembre de 2016, por medio
de las cuales la UGPP revocó el acto administrativo RDP 031559 de 12 de julio de
2013 que reconoció la pensión gracia a favor del demandante y ordenó su archivo
definitivo.
TERCERO: ORDENAR a la UGPP continuar con el reconocimiento y pago de
pensión gracia reconocida en la Resolución RDP 031559 del 12 de julio de 2013 e
incluir al reclamante en la nómina de pensionados; a su vez, pagar el retroactivo
pensional correspondiente desde que se hizo efectiva la revocatoria hasta la nueva
inclusión.
31 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.
32 Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias.
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La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las
previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo.
CUARTO: El cumplimiento de este fallo se realizará conforme a lo establecido en el
artículo 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
QUINTO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandada según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.
SEXTO: RECONOCER personería a la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio,
portadora de la tarjeta profesional 214.303, quien a su vez es la representante legal
de Unión Temporal Pensiones, identificada con NIT 901.789.946-7, quien es la
apoderada general de la UGPP conforme al poder conferido mediante escritura
pública visible en el índice 27 de la plataforma SAMAI.
SÉPTIMO: RECONOCER personería a la abogada Evelyn María Molina Padilla,
portadora de la tarjeta profesional 338.949, en calidad de apoderada sustituta de la
UGPP conforme al memorial en el índice 27 de la plataforma SAMAI.
OCTAVO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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