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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00224-01

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00224-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas a la parte vencida. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal de origen. Tercero. Reconocer personería a la abogada Yeliseth Carreño Quintero, identificada con la cédula de ciudadanía 1.065.649.382 y la tarjeta profesional Nro. 274.071 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar los intereses de la 18 Véase a índice 8 de SAMAI. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicado: 76001-23-33-000-2020-00224-01 (4723-2024) Administradora Colombiana de Pensiones ─COLPENSIONES─, en este proceso. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-00224-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2020-00224-01 (4723-2024)
Demandante: Ángela Katherine Moncada Quintero
Demandadas: Administradora Colombiana de Pensiones ─COLPENSIONES─

Tema: Marco normativo aplicable al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.
Improcedencia del reconocimiento pensional al no demostrarse
la convivencia entre la beneficiaria y el causante. Deber general
de denuncia del servidor público. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Ángela Katherine Moncada Quintero instauró demanda ordinaria laboral
contra la Administradora Colombiana de Pensiones ─COLPENSIONES─, con el fin
que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes, así como a la mesada 13 de cada anualidad, con ocasión del
fallecimiento del señor Rodrigo Largo Molina, a partir del 31 de mayo de 2014.

Que se condene a COLPENSIONES a pagar los intereses moratorios de los que
trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 6 de mayo de 2015, es decir,
2 meses después de haberse presentado la solicitud, de conformidad con el artículo
1 de la Ley 717 de 2001; y que se condene a la demandada a pagar las costas y
agencias en derecho.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

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Que sostuvo una convivencia marital continua e ininterrumpida con el causante
desde febrero de 2008 y hasta el 30 de mayo de 2014, fecha en la que este falleció.

Que el 5 de marzo de 2015 presentó una petición ante COLPENSIONES en la que
solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la cual se le negó
a través de la Resolución Nro. GNR 282115 del 15 de septiembre de 2015 y se
confirmó mediante la Resolución Nro. GNR 390179 del 2 de diciembre de 2015.

FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO

Se indicaron como normas violadas los artículos 46, 47 y 141 de la Ley 100 de 1993.

Indicó que sostuvo una convivencia marital continua e ininterrumpida con el
causante desde febrero de 2008 y hasta el 30 de mayo de 2014. Que solo por esa
razón satisface el requisito establecido en el literal a, del artículo 47 de la Ley 100
de 1993, al superar los 5 años de convivencia exigidos.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda se presentó ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira,
quien profirió fallo de primera instancia el 6 de diciembre de 2018 1. En trámite del
recurso de apelación, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga declaró la
nulidad de todo lo actuado; determinó que las pruebas practicadas conservarían su
validez; y que el expediente se remitiría a los Juzgados Administrativos de Cali,
porque el causante se desempeñó como servidor público de la Gobernación del
Valle del Cauca2.

El Juzgado Tercero Administrativo de Cali, por auto del 26 de febrero de 2020,
declaró su falta de competencia debido a la cuantía y ordenó que el expediente se
enviara al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca3. Avocado el conocimiento
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se concedió el término para que
se adecuara la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho4.

En cumplimiento de lo anterior, pretendió que se declare la nulidad de la Resolución
Nro. GNR 282115 del 15 de septiembre de 2015, por medio de la cual se negó el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, con ocasión del
fallecimiento del señor Rodrigo Largo Molina; y la nulidad de las Resoluciones Nro.
GNR 390179 del 2 de diciembre de 2015 y Nro. VPB 10492 del 3 de marzo de 2016,
que resolvieron los recursos de reposición y apelación.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a COLPENSIONES
a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes, con la inclusión de la mesada 13
de cada anualidad, a partir del 31 de mayo de 2014; así como los intereses
moratorios, de los que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 19935.

1 Véanse los folios 48-55 PDF del archivo «005Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09», del expediente digital.
2 Véanse los folios 81-84 PDF, ibid.
3 Véanse los folios 102-103 PDF, ibid.
4 Véase el archivo «2AUTOAVOCACONOCIMIENTO», del expediente digital.
5 Véase el archivo «7ALLEGAMEMORIAL_ILOVEPDF_MERGED.PDF» del expediente digital.

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Radicado: 76001-23-33-000-2020-00224-01 (4723-2024)

La demanda se admitió en providencia del 24 de octubre de 2022 6.
COLPENSIONES contestó y se opuso a las pretensiones, para lo cual indicó que
de acuerdo con la información verificada, cotejo de documentación, entrevistas y
labores de campo, no logró establecerse la convivencia del señor Rodrigo Largo
Molina con la señora Ángela Katherine Moncada Quintero, durante los últimos 5
años de vida de este.

Señaló que la entidad actuó conforme a la ley y la jurisprudencia, porque la
demandante no acreditó el requisito de la convivencia, el cual es indispensable para
acceder a la pensión de sobrevivientes, porque con ello busca protegerse a quien
realmente hizo vida en común con el causante y estuvo con él hasta sus últimos
días. Propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación, innominada,
buena fe y prescripción7.

El 5 de marzo de 2024 se celebró audiencia inicial en la que se fijó el litigio y se
decretaron las pruebas8. Una vez se corrió traslado para alegar de conclusión, se
dictó sentencia que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante sentencia del veintidós (22)
de mayo de dos mil veinticuatro (2024), negó las pretensiones. Indicó que las
pruebas no fueron precisas en señalar cuándo la accionante y el causante iniciaron
vida en pareja, porque: en la demanda y en el interrogatorio de parte se indicó que
en febrero de 2008; las declaraciones extrajuicio señalaron que en noviembre de
2008; la entrevista informó que en 2009; y los testigos señalaron que a mitad de
enero de 2008, mientras que otros indicaron que nunca hubo convivencia.

Que se presentaron múltiples inconsistencias que no permitieron la demostración
plena del requisito de convivencia exigido para reconocer la prestación. Que el
informe investigativo Nro. 10188 del 9 de julio de 2015 concluyó que el señor
Rodrigo Largo Molina y la demandante no convivieron como pareja durante los 5
años anteriores al fallecimiento.

Se señaló que la accionante afirmó, en la entrevista escrita rendida en el informe
administrativo, que convivió con el causante desde 2009 hasta 2012, porque el
señor Rodrigo Largo se mudó a la ciudad de Cali para cuidar de su mamá. Y que la
prueba testimonial permitió acreditar que el causante, para su fallecimiento,
trabajaba en la ciudad de Cali, donde cumplía un horario laboral.

Que del testimonio del señor Luis Alberto González Ochoa, padrastro de la
demandante, pudo concluirse que si bien el causante departía momentos con esa
familia, no vivía en Palmira, porque este convivía con sus hermanas y era el
encargado de la manutención de aquellas.

Igualmente, se expuso que la señora Ligia Aidee Largo Molina, hermana del
causante, fue coherente en su testimonio, así como en el informe investigativo, ya

6 Véase el archivo «19_AUTOADMITEDEMANDA» del expediente digital.
7 Véase el archivo «8_CONTESTACIONDEDEMANDA_008CONTESTA.PDF» del expediente digital.
8 Véase el archivo «078ACTADEAUDIENC_20200022400ACTADEAUD.pdf» del expediente digital.

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que sostuvo que el causante convivió en la casa paterna con sus hermanas y que
en vida no conoció a alguna compañera permanente, hecho que la condujo a
formular denuncia en la Fiscalía.

Finalmente, se condenó en costas a la demandante y se compulsó copias de la
providencia a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia9.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que argumentó que de
los medios probatorios que tuvo en cuenta la primera instancia para tener por
acreditada la convivencia, solo uno sostuvo que la misma no existió.

Que 7 de las 10 pruebas valoradas refirieron que la convivencia con el causante
empezó en 2008 y las otras 2 señalaron que en 2009. Que el Tribunal debió tener
como fecha cierta del inicio de la convivencia, por lo menos, la que se indicó en el
certificado emitido por SaludCoop, es decir, 23 de mayo de 2009, con la cual sí se
tenían estructurados los 5 años que exige la normativa aplicable al caso.

Considera que la sentencia objeto de recurso erró en la interpretación de las
normas, en la medida que exigió el requisito del tiempo de convivencia en pareja,
cuando este solo aplica para el pensionado fallecido.

Que como el señor Rodrigo Largo Molina ostentaba, al momento de su fallecimiento,
la calidad de afiliado al sistema de seguridad social, y no la calidad de pensionado,
a ella como beneficiaria no le es aplicable la exigencia de los 5 años de convivencia
anteriores a la muerte, tal y como lo expuso la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en la sentencia SL579 de 2024.

Expresó que el fallador de primera instancia tampoco tuvo en cuenta que las
declaraciones rendidas en el trámite ordinario laboral fueron concordantes y
coincidentes en torno a la convivencia de vida en pareja; testigos que, dada su
cercanía a la pareja, eran conocedores de tal vínculo, sin que en ningún momento
hubiere sido presentada tacha de sospecha respecto a sus manifestaciones.

Que el material probatorio que se allegó al proceso demostró que ella hacía parte
del grupo familiar del causante como compañera permanente y que él, al momento
del fallecimiento, se encontraba activo laboralmente y afiliado al sistema con más
de 50 semanas de cotización dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a su
fallecimiento.

Finalmente, solicitó que no se compulsen copias a la Fiscalía General de la
Nación10.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 7 de octubre de 2024 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una

9 Véase el archivo «092Sentencia de pr_SentenciaNo115Rad202» del expediente digital.
10 Véase el archivo «093_MemorialWeb_Recurso-Apelacionsentencia.pdf» del expediente digital.

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vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados11. Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no
emitió concepto.

Se resolverá previas las siguientes

CONSIDERACIONES

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico que
deberá resolver la Sala consiste en determinar si la señora Ángela Katherine
Moncada Quintero, en su condición de compañera permanente, satisface los
presupuestos legales para acceder a la pensión de sobrevivientes, con ocasión del
fallecimiento del señor Rodrigo Largo Molina, específicamente, frente al requisito de
convivencia efectiva.

Marco normativo aplicable al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes

Dentro de un sistema integral de protección del derecho a la seguridad social, la
inclusión del riesgo por muerte se configura en uno de sus pilares fundamentales,
en cuanto la ausencia definitiva de la persona que atendía el sostenimiento del
grupo familiar deja en situación de desamparo a los integrantes de este.

Con la finalidad de atender dicha contingencia, se consagró el derecho a la pensión
de sobrevivientes como un mecanismo de protección a los familiares del afiliado
que fallece, que busca suplir la ausencia repentina del apoyo económico que
brindaba un afiliado al grupo familiar y, así, evitar que su deceso se traduzca en un
cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas
beneficiarias de dicha prestación. Este derecho es una protección directa a la
familia, cualquiera que sea su origen o fuente de conformación.

Atendiendo a que el fallecimiento se dio el 30 de mayo de 2014, las normas que
gobiernan el derecho debatido son las vigentes al momento del deceso del
causante, es decir, la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, la cual,
respecto de los beneficiarios estableció lo siguiente:

«ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES. <Expresiones "compañera o compañero permanente" y
"compañero o compañera permanente" en letra itálica CONDICIONALMENTE
exequibles>

<Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es
el siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera
o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no
menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

11 Véase a índice 4 de SAMAI.

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b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La
pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración
máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para
obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el
causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera
permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir
parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha
pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con
el fallecido.

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre
un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el
beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no
existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay
una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá
reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido
superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra
cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad
conyugal vigente; […]» (cursivas, negrillas y subrayas originales).

Respecto al requisito de la convivencia, esto es, los 5 años continuos
inmediatamente anteriores a la muerte del causante, es claro que el legislador lo
previó como un mecanismo de protección, para salvaguardar a los beneficiarios
legítimos de quienes pretenden buscar solo un provecho económico.

Igualmente, deberá acreditarse la vocación de estabilidad y permanencia, por lo que
no se tienen en cuenta aquellas relaciones casuales, circunstanciales, incidentales,
ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida el fallecido.

Interpretaciones sobre el requisito de la convivencia establecido en el 47 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003

Destaca la Sala que sobre el requisito de la convivencia durante los últimos 5 años
respecto de los beneficiarios del pensionado o del afiliado, se han presentado
posturas diferentes a nivel de altas cortes.

Inicialmente, existió igual interpretación tanto en la Corte Constitucional como en la
Corte Suprema de Justicia, pues ambas consideraban que el requisito de la
convivencia era necesario para consolidar el reconocimiento y pago de la pensión
de sobrevivientes por muerte del pensionado y del afiliado12.

12 En la SU-428 de 2016, la Corte Constitucional manifestó que para consolidar el reconocimiento y pago (en

forma vitalicia) de la pensión de sobrevivientes a un miembro del grupo familiar del afiliado al sistema, se hace
necesario: (i) Que el causante hubiera cotizado por lo menos cincuenta (50) semanas dentro de los tres (3) años
anteriores a la fecha del deceso. (ii) la compañera permanente supérstite del afiliado deberá tener 30 años o
más de edad, al momento del fallecimiento de aquel. (iii) se deberá demostrar que hizo vida marital con el
causante hasta su muerte y, por lo menos, durante los cinco (5) años anteriores a esta.
En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, señalaba que,
según el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, es requisito indispensable para acceder a la pensión de
sobrevivientes la exigencia de la convivencia real y efectiva. Esta interpretación ha sido reiterada en
providencias SL793-2013, CSJ SL1402-2015 y CSJ SL14068 de 2016.

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Sin embargo, en sentencia SL1730 del 3 de junio de 2020, la Corte Suprema de
Justicia reevaluó dicha posición, sentando una nueva postura frente a la
interpretación de lo dispuesto en el literal a, del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y,
de acuerdo con el nuevo criterio adoptado, la convivencia mínima de 5 años solo
es exigible en caso de muerte del pensionado y no cuando la pensión de
sobreviviente se causa por muerte del afiliado, pues en este último caso, con la
simple acreditación de la calidad exigida, cónyuge o compañero (a), y la
conformación del núcleo familiar con vocación de permanencia vigente para el
momento de la muerte, se da cumplimiento al supuesto previsto en el literal de la
norma.

No obstante, la Corte Constitucional en providencia SU-149 de 202113, haciendo
referencia al literal a) de la Ley 797 de 2003, dejó sin efectos la sentencia SL1730-
2020 y le ordenó a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
que dictara providencia de reemplazo, al considerar que no se observó el
precedente adoptado en el sentido que, en los términos del artículo 47 de la Ley
100 de 199314, la convivencia mínima requerida para ostentar la calidad de
beneficiario de la pensión de sobrevivientes, tanto para el cónyuge como para el
compañero o la compañera permanente, es de 5 años, independientemente de si
el causante de la prestación es un afiliado o un pensionado.

En cumplimiento de la orden anterior, la Corte Suprema de Justicia profirió la
sentencia SL4318-2021, dando aplicación el precedente de la Corte Constitucional.
Sin embargo, el criterio fijado en la sentencia anulada se retomó y ratificó en fallo
CSJ SL5270-2021, en el que se dijo que «[…] en caso de muerte de afiliado, no fue
previsto por el legislador un requisito de tiempo mínimo de convivencia, para que
cónyuge o compañero o compañera permanente, ostenten la condición de
beneficiario de la pensión de sobrevivientes, puesto que tal requisito, solo fue
instituido para el caso de muerte del pensionado».

Es importante precisar que en providencia de 30 de octubre de 2024 15, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia cambió nuevamente su criterio
respecto a que el requisito de la convivencia mínima de 5 años anteriores a la
muerte es exigible tanto para el afiliado como para el pensionado.

En dicha providencia se dijo que al armonizar los literales a) y b) del artículo 13 de
la Ley 797 de 2003 con el canon 47 de la Ley 100 de 1993, era imperativo concluir
que el requisito de la convivencia mínima de 5 años anteriores a la muerte es
predicable tanto del afiliado como del pensionado, en cualquiera de las hipótesis
que se desprenden de la misma. También se concluyó que la exigencia fue pensada
para evitar fraudes al sistema pensional, objetivo del legislador que no sólo fue
destinado para el caso de los pensionados, dado que no escapa de la órbita de

13 En dicha providencia, manifestó puntualmente: «(…)la redacción del precepto legal, se itera, el literal a) del

art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 47 de la Ley 100 de 1993, se advierte con suma claridad y
contundencia que la exigencia de un tiempo mínimo de convivencia de 5 años allí contenida, se encuentra
relacionada únicamente al caso en que la pensión de sobrevivientes se causa por muerte del
pensionado; una intelección distinta, comporta la variación de su sentido y alcance, toda vez que, no puede
desconocerse tal distinción, que fue expresamente prevista por el legislador en la norma acusada». (Negrilla
fuera del texto original).
14 Modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
15Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia SL 3507 de 30 de octubre de 2024. Exp.

Rad. 87665. M.P. Clara Inés López Dávila.

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Radicado: 76001-23-33-000-2020-00224-01 (4723-2024)

quien ostenta la calidad de afiliado(a), con quien eventualmente se pueden formar
uniones de última hora, pues le basta contar con 50 semanas cotizadas dentro los
3 años anteriores para causar la prestación de sobrevivientes.

Finalmente, se trae como referencia de esta Corporación, la sentencia proferida el
1° de febrero de 202416, a través de la cual se negó el reconocimiento de la pensión
vitalicia de sobrevivientes en calidad de compañera permanente de un afiliado por
cuanto no se demostró la convivencia dentro de los 5 años anteriores al fallecimiento
del causante, lo anterior, dando aplicación al precedente de la Corte Constitucional
fijado en las sentencias SU428-2016 y 149-2021.

En dicha oportunidad se dijo «[…] que la Sentencia SU-428 de 2016 es el
precedente de la Corte Constitucional en la materia. Además, la ratio decidendi de
esta providencia señala que, para que la compañera permanente supérstite del
afiliado tenga derecho a la pensión de sobrevivientes en forma vitalicia, deberá
acreditar la convivencia con el causante por lo menos durante cinco años antes de
su fallecimiento» (subrayas fuera de texto).

Resolución del caso concreto

Dentro del proceso se observan las siguientes pruebas que constituyen piezas
importantes en la resolución del asunto:

El señor Rodrigo Largo Molina falleció el 30 de mayo de 2014, tal y como se inscribió
en el registro civil de defunción con indicativo serial Nro. 08568280.

El 17 de junio de 2014, la señora Ángela Katherine Moncada Quintero rindió una
declaración extrajuicio en la Notaría Primera del Círculo de Palmira, en la que
expuso que convivió con el causante desde el 20 de noviembre de 2008 y hasta el
30 de mayo de 2014, fecha en la que este falleció. Que su convivencia fue de
manera continua e ininterrumpida, bajo el mismo techo, donde conformaron una
unión marital de hecho.

Igualmente, se aportó declaración extrajuicio del señor Luis Alberto González
Ochoa, quien manifestó que conoció al causante por un término de 10 años y que
le constaba que este vivió con la señora Moncada Quintero desde el 20 de
noviembre de 2008 y hasta el 30 de mayo de 2014.

El 10 de julio de 2014, SaludCoop EPS expidió un certificado de afiliación, que dio
cuenta que el causante fungía como cotizante y que la accionante fungía como
beneficiaria de este.

En audiencia celebrada el 31 de agosto de 2018 por el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Palmira, se practicaron los testimonios de María Elena Cáceres
Daza, Leandra María Varona Quintero y Luis Alberto González Ochoa.

La señora María Elena Cáceres Daza, vecina de la demandante, indicó que esta y

16 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 1° de febrero de 2024. Rad. 05001-23-

33-000-2018-02318-01 (4112-2023). C.P. César Palomino Cortés.

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el causante convivieron como pareja desde febrero de 2008 y hasta el día en que
este falleció. Que no procrearon hijos, que vivían en una casa alquilada, que este la
afilió a la EPS, que ella era ama de casa y que dependía económicamente del
causante.

También señaló que tuvo conocimiento que COLPENSIONES visitó a la
demandante en el nuevo lugar donde esta se mudó después de fallecido el señor
Rodrigo Largo Molina y que como no la conocían, por esa razón le negaron el
reconocimiento de la prestación. Que la relación de Ángela Katherine Moncada
Quintero con la familia del causante no era buena, dado que estos reprobaban el
vínculo sentimental que tenían.

La señora Leandra María Varona Quintero, prima de la demandante, manifestó que
conoció al causante porque era la pareja de Ángela Katherine Moncada Quintero.
Que convivieron en la misma casa desde 2008, dado que para ese año decidieron
vivir juntos en el barrio El Sembrador, en la ciudad de Palmira. Señaló que no
procrearon hijos; que su prima era ama de casa, razón por la que dependía
económicamente de Rodrigo Largo Molina; que las hermanas del causante fueron
las que se encargaron de los gastos relacionados con sus exequias; y que el
causante afilió a su prima a la EPS.

Que, ante la sociedad, ellos se reconocían como pareja, dado que iban de compras
juntos y el causante se encargaba de los gastos de su prima. Manifestó, igualmente,
que la familia del señor Rodrigo Largo Molina no aprobaba la relación de este con
la señora Ángela Katherine Moncada Quintero, debido a la diferencia de edad entre
ellos.

Informó que el causante falleció en la ciudad de Cali, porque su deceso ocurrió una
vez se acabó su jornada laboral. Finalmente, adujo desconocer los motivos por los
cuales COLPENSIONES le negó el reconocimiento de la prestación a su prima.

El señor Luis Alberto González Ochoa, amigo de la demandante, manifestó que los
conocía desde hacía unos 10 años. Que la pareja empezó a convivir desde 2008 y
hasta que el causante falleció en el 2014. Que no procrearon hijos y que el señor
Rodrigo Largo Molina la afilió a la EPS. Manifestó que el causante falleció en la
ciudad de Cali y que la señora Ángela Katherine Moncada Quintero asistió al
sepelio, pues fue quien la transportó desde Palmira.

Que, socialmente, ellos eran reconocidos como pareja y que Ángela Katherine
Moncada Quintero no tenía buena relación con la familia de Rodrigo Largo Molina.
Igualmente, indicó que la demandante era ama de casa y que el señor Largo Molina
era el que sostenía el hogar.

Finalmente, sostuvo que al fallecer el señor Rodrigo Largo Molina, esta quedó con
problemas económicos, motivo por el cual regresó a vivir con su madre e inició el
trámite de reconocimiento de la pensión.

En esa misma diligencia se practicó interrogatorio de parte a la señora Ángela
Katherine Moncada Quintero en el que manifestó que conoció al causante alrededor
de 2006, en un evento de la gobernación, y que después de eso sostuvieron un

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noviazgo por 2 años. Que en 2008 decidieron vivir juntos en el barrio El Sembrador,
en la ciudad de Palmira. Indicó que desde el 2008 y hasta el 30 de mayo de 2014,
convivió con el causante bajo el mismo techo. Que no procrearon hijos y que el
señor Rodrigo Largo la afilió a SaludCoop como su compañera permanente.

Además, señaló que el señor Largo Molina falleció en la ciudad de Cali, motivo por
el cual las hermanas de aquel se hicieron cargo de sus exequias. Que
COLPENSIONES visitó a la familia del causante, quienes sostuvieron que entre
ellos no existió ningún tipo de convivencia y que, por esa razón, la entidad le negó
el reconocimiento de la prestación. Finalmente, manifestó que el causante siempre
vivió con ella y que este solo se ausentó en un tiempo, porque su madre se
encontraba enferma.

En audiencia de pruebas celebrada por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca el 19 de marzo de 2024, se practicó el testimonio de la señora Ligia Aidé
Largo Molina, hermana del señor Largo Molina. Sostuvo que el causante siempre
convivió con ella y sus demás hermanas. Que su hermano no tuvo ningún tipo de
relación sentimental y que no conocía a la señora Ángela Katherine Moncada
Quintero, pero que interpuso una denuncia contra ella por el delito de fraude
procesal, porque se presentó a reclamar las prestaciones de su hermano.

Igualmente, informó que no tenía conocimiento sobre quién era beneficiario de su
hermano en la EPS. Que el señor Largo Molina falleció en la ciudad de Cali y que
se hizo cargo de los trámites relacionados con las exequias de este, en las cuales
no vio que la demandante hiciera acto de presencia.

Que su hermano trabajaba en la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Valle
del Cauca y que desconocía si este debía trasladarse o no a otros lugares a
desempeñar sus labores. Que el señor Largo Molina estaba a cargo del
sostenimiento del hogar, porque ella y sus hermanas no trabajaban.

En cuanto al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora
Ángela Katherine Moncada Quintero, en su calidad de compañera permanente, se
tiene que COLPENSIONES, mediante Resolución Nro. GNR 282115 del 15 de
septiembre de 2015, negó el reconocimiento y pago de la prestación. Tal negativa
se confirmó mediante las Resoluciones Nro. GNR 390179 del 2 de diciembre de
2015 y Nro. VPB 10492 del 3 de marzo de 2016, que resolvieron los recursos de
reposición y apelación, respectivamente.

Ahora bien, del recurso logra extraerse que la parte increpa que la sentencia de
primera instancia no tuvo por acreditada la convivencia entre la demandante y el
causante. En esa medida, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 prescribe como
requisitos para que en forma vitalicia se conceda la pensión de sobrevivientes, los
que a continuación se relacionan:

i) La calidad de cónyuge o compañera permanente, el cual es un
presupuesto que está relacionado con la legitimación para reclamar el
derecho, es decir, quién tiene la vocación para pretender la titularidad de
este.

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ii) Tener, a la fecha de fallecimiento del causante, 30 o más años.

iii) La vida marital con el causante hasta su muerte, el cual está referido a
demostrar la vida bajo un mismo techo, las situaciones de socorro y ayuda
mutua de la pareja, que constituyen elementos fundamentales de un
núcleo familiar, protegido por la Constitución y las leyes.

Por ello, quien aduzca tener la condición de beneficiario de la pensión de
sobrevivientes, debe acreditar un compromiso de vida real y con vocación
de permanencia, lo cual pretende dejar de lado aquellas conductas que
pudieran dirigirse únicamente a obtener el beneficio económico de
manera artificial e injustificada.

iv) La convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos,
inmediatamente anteriores a su muerte.

De los anteriores requisitos, nótese que el del criterio temporal de la convivencia es
el que advirtió el juez de primera instancia que no se cumplió. Para ello, la Sala pone
de presente que la ley acoge un criterio material ─convivencia efectiva al momento
de la muerte─ y no simplemente formal en la determinación de la persona legitimada
para gozar de la prestación económica, producto del trabajo de la persona fallecida.

Así, al revisar los actos administrativos demandados, se tiene que estos se
fundamentaron en el Informe Investigativo Nro. 10188 del 9 de julio de 2015, el cual
concluyó, de manera contundente, que:

«[…] “En virtud a los elementos de juicio con los que se cuenta al momento
de la elaboración del presente informe, se indica que NO EXISTIÓ
CONVIVENCIA como COMPAÑEROS PERMANENTES entre RODRIGO
LARGO MOLINA (causante) y ANGELA KATHERINE MONCADA
QUINTERO (solicitante), durante los cinco años anteriores al fallecimiento
del causante de manera constante e ininterrumpida”» (cursivas y negrillas
originales).

Esta Subsección, en algunas ocasiones, ha indicado que dicha clase de
documentos generados en el trámite administrativo no siempre deben valorarse
como pruebas fehacientes, determinantes y suficientes del hecho de la convivencia
o de cualquiera de los requisitos que se investigan para establecer la procedencia
de un reconocimiento pensional17.

Lo anterior, porque las conclusiones que de allí se deriven o la interpretación que le
haya dado la entidad de previsión, no pueden atar ni comprometer el análisis que
debe realizar el juez, de manera autónoma, sobre este y sobre los demás medios
de convicción practicados en vía judicial desde su propio racionamiento, en virtud
de los principios de inmediación y unidad de la prueba, así como del criterio de la
sana crítica.

Aun así, es evidente que cuando tales elementos probatorios ofrezcan plena
capacidad demostrativa respecto de lo que estos consignan, es pertinente que el

17 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 20 de febrero de 2005. Rad. 52001-23-

33-000-2017-00283-01 (5638-2019).

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juez los valore a partir de su propia convicción que puede ser igual, parecida o
diferente a la de la estimación que se haya hecho el trámite administrativo.

Revisado el ticket 10188 del 9 de julio de 2015, se corrobora que el resultado de
ese informe obedeció al hecho que se practicaron una serie de entrevistas, a la
demandante, a la hermana del causante y a algunos vecinos, que permitieron
afirmar que entre la demandante y el causante no existió vínculo alguno.

Igualmente, la investigación también apreció documentos que, aun en el entendido
de que fueron practicados en el trámite administrativo y no judicial, sí generan un
grado de certidumbre suficiente para tener a este informe como una prueba idónea
y conducente, para dar por desacreditada la existencia de convivencia entre la
señora Ángela Katherine Moncada Quintero y el señor Rodrigo Largo Molina.

En consecuencia, al analizar en conjunto las actuaciones adelantadas en el trámite
administrativo con las demás pruebas que obran en el plenario, se concluye que los
medios de prueba no permitieron acreditar que entre la demandante y el causante
hubiera una relación con las características propias de una verdadera vida marital,
es decir, convivencia, apoyo y soporte mutuo.

Las pruebas testimoniales practicadas en sede judicial no desvirtuaron la
investigación administrativa que realizó COLPENSIONES pues, al contrastarlas,
son notorias las contradicciones que hay en la información proporcionada, porque
mientras los testigos de la demandante insistieron en que entre ella y el causante
hubo convivencia, el informe de la demandada y el testimonio de la señora Ligia
Aidé Largo Molina permitieron concluir que lo anterior no era verídico.

En esa medida, aun cuando los señores María Elena Cáceres Daza, Leandra María
Varona Quintero y Luis Alberto González Ochoa fueron contestes al manifestar que
entre la accionante y el causante hubo una relación desde 2008, el hecho es que
no ofrecieron el nivel de convencimiento necesario para dar por cierto lo que
afirmaron.

Estos últimos testimonios no lograron comprobar que entre la demandante y el
señor Rodrigo Largo Molina se hubiese gestado una comunidad de vida estable,
permanente y definitiva en la que la ayuda mutua y la solidaridad como pareja
fuesen la base de la relación, permitiendo que bajo un mismo techo se consolidase
un hogar en el que se buscara la pretensión voluntaria de crear una familia.

Se recuerda que la sola demostración de la existencia de un vínculo marital vigente
o las manifestaciones reiteradas de que vivían bajo el mismo techo, donde
compartían lecho y mesa, no son criterios suficientes para poder acceder al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, cuya carga onerosa y vitalicia debe
tener una justificación clara y evidente para que su titularidad se reconozca a un
tercero.

En síntesis, hubo deficiencias probatorias, en la medida que no se aportaron
pruebas idóneas que dieran cuenta, sobre la comunidad de vida de la demandante
con el causante. De ese modo, ante la ausencia de este material, las pretensiones
no tienen vocación de prosperar, por cuanto su estudio exigía la demostración, de

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una unión con vocación de permanencia, lo cual obedece a lo dispuesto por el
artículo 167 del Código General del Proceso, conforme con el cual incumbe «[…] a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen».

Ahora, respecto al argumento de que el Tribunal debió tener como fecha cierta del
inicio de la convivencia, por lo menos, la que se indicó en el certificado emitido por
SaludCoop —es decir, 23 de mayo de 2009—, se recuerda que la ley acoge un
criterio material y no simplemente formal para la demostración de la convivencia,
razón por la que aun cuando dicho certificado acredite los 5 años que exige la
normativa aplicable al caso, lo cierto es que siguen echándose de menos los
aspectos sustanciales que se predican de quienes afirman ser compañeros
permanentes, a saber: el amor, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo
económico, la asistencia solidaria, el acompañamiento espiritual.

En cuanto a que el fallador de primera instancia erró en la interpretación de las
normas, en la medida que exigió el requisito del tiempo de convivencia en pareja
cuando este solo aplica para el pensionado fallecido, se pone de presente que la
Ley 100 de 1993 regula, en sus artículos 46 y 47, los requisitos para acceder a la
pensión de sobrevivientes o a la sustitución pensional, con el objetivo de garantizar
la seguridad económica de los familiares de aquel que, encontrándose afiliado o
pensionado por el sistema, falleció.

Dicho de otro modo: ya sea porque el causante fuera pensionado —evento en el
que se alude al reconocimiento de la «sustitución pensional»— o se encontrara
afiliado al sistema y no hubiese consolidado el estatus pensional —caso en el que
se hace alusión al reconocimiento de la «pensión de sobrevivientes»—, la
regulación aplicable al caso es la dispuesta en los artículos señalados en el párrafo
anterior, razón por la que fue acertada la aplicación normativa que hizo el Tribunal.

Y, sobre la solicitud de revocar la orden de compulsar copias a la Fiscalía General
de la Nación, se precisa que tal mandato se encuentra fundamentado en las pruebas
valoradas por el juez de primera instancia y responde al deber general de denuncia
que le asiste a cualquier servidor público ante la posible comisión de una conducta
punible. Compulsa que, jurisprudencialmente, se concibe como una facultad
discrecional del fallador, que se emitió en términos generales y sin que se endilgara
un delito específico, lo cual impide realizar juicios de tipicidad que son ajenos a la
especialidad de la primera y segunda instancia, motivo por el cual, será la autoridad
competente la que determine si hay o no lugar a adelantar investigación y
posteriores imputaciones.

Así, ante el incumplimiento de la carga probatoria para satisfacer el requisito de
convivencia indispensable a fin de conceder la pensión de sobrevivientes pretendida
por la demandante, se confirmará la sentencia proferida el veintidós (22) de mayo
de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
medio de la cual se negaron las pretensiones.

Finalmente, se reconocerá personería a la abogada Yeliseth Carreño Quintero,
identificada con la cédula de ciudadanía 1.065.649.382 y la tarjeta profesional Nro.
274.071 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar los intereses de la

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Administradora Colombiana de Pensiones ─COLPENSIONES─, en este proceso18.

De la condena en costas

La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021 fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; y, en ese sentido, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

En consecuencia, se impondrán costas a la parte vencida, por cuanto se negaron
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintidós (22) de mayo de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de
la cual se negaron las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas a la parte vencida. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal de origen.

Tercero. Reconocer personería a la abogada Yeliseth Carreño Quintero,
identificada con la cédula de ciudadanía 1.065.649.382 y la tarjeta profesional Nro.
274.071 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar los intereses de la

18 Véase a índice 8 de SAMAI.

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Administradora Colombiana de Pensiones ─COLPENSIONES─, en este proceso.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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